Diez años después de la publicación de “Los Papeles de Panamá” no se han tomado medidas eficaces para evitar la evasión de capitales en estos “puntos ciegos” para las haciendas de los países.

Plataforma por la Justicia Fiscal. 01/04/2026

Con motivo del Día Mundial por la Abolición de los Paraísos Fiscales que se celebra el 3 de abril, la Plataforma por la Justicia Fiscal ha reclamado al Gobierno de España y a las instituciones europeas “una revisión urgente y profunda” del actual listado de  donde grandes fortunas y empresas multinacionales esconden sus beneficios para evitar contribuir a los sistemas públicos de aquellos países donde obtienen sus beneficios. 

Una década después de la histórica filtración conocida como Papeles de Panamá que evidenció el uso sistemático de estructuras para ocultar patrimonio y eludir impuestos, la plataforma denuncia que los avances han sido insuficientes y que persisten importantes lagunas en la regulación internacional que siguen permitiendo la evasión de capitales a estas “guaridas fiscales donde se refugian los piratas”

“Los criterios utilizados por la Unión Europea para elaborar su lista siguen siendo claramente ineficaces y dejan fuera a jurisdicciones clave que facilitan la evasión fiscal. La lista negra comunitaria apenas incluye actualmente una decena de territorios, mientras que numerosos países con baja o nula tributación como Bahamas, Bermudas, Islas Caimán o Luxemburgo continúan operando con total normalidad dentro del sistema financiero global. Esta falta de ambición permite mantener un modelo en el que grandes fortunas y multinacionales eluden su responsabilidad fiscal”,  destaca el coordinador de la plataforma, el economista Juan A. Gimeno. 

Según los cálculos de la plataforma Tax Justice Network, solo en 2024 España perdió cerca de 9.400 millones de euros por culpa del abuso fiscal de las multinacionales y los grandes patrimonios. Además, la Plataforma señala la desigualdad en el sistema tributario actual, puesto que las grandes empresas llegan a pagar tipos efectivos menores que la media de la ciudadanía y son precisamente las grandes fortunas quienes mayor uso hacen estos “refugios”.

Por todo ello, la Plataforma por la Justicia Fiscal insta al Gobierno español a liderar en el ámbito europeo una reforma de los criterios de identificación de paraísos fiscales, así como a apoyar iniciativas internacionales como la futura convención fiscal de Naciones Unidas y la tasa global para gravar con un 2% anual a las grandes fortunas del planeta. 

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El 11 de febrero, la presidenta Von der Leyen se reunió de nuevo con cientos de representantes empresariales durante un evento organizado por CEFIC, un poderoso grupo de presión de la industria química europea, apenas unas horas antes de reunirse con los jefes de Estado de la UE. Este patrón recurrente de compromiso exclusivo plantea una pregunta fundamental: ¿la política europea está siendo moldeada por sus 450 millones de ciudadanos o por los mayores grupos de presión industriales del continente? El momento elegido también brinda a la industria una oportunidad privilegiada para transmitir sus demandas directamente a la cumbre de jefes de Estado de la UE sobre competitividad que se celebrará al día siguiente. El retroceso amenaza con intensificarse tras esta cumbre, en la que se debatirá un conjunto de propuestas de desregulación, la mayoría de las cuales provienen directamente de la industria¹.

Desde 2024, la Declaración de Amberes ha actuado como una hoja de ruta paralela para la Unión Europea. Lo que se presenta como algo que impulsará la economía se ha convertido cada vez más en un vehículo para desmantelar las salvaguardias democráticas de la UE. Estamos asistiendo a un retroceso sistemático de protecciones climáticas, medioambientales y sociales vitales: los avances conseguidos con tanto esfuerzo se están cambiando ahora por concesiones a las empresas a puerta cerrada. Hasta ahora, la UE ha actuado con rapidez y dureza en favor de los contaminadores, las empresas que violan los derechos y los accionistas, pero no en favor de las personas. 

La Comisión ha llegado incluso a socavar sus propias salvaguardias procedimentales, al no proporcionar evaluaciones de impacto ni pruebas científicas o económicas creíbles para propuestas clave, y al descuidar procesos de consulta significativos. Cuando el Defensor del Pueblo Europeo expresó su preocupación, la respuesta de la Comisión no fue corregir su enfoque, sino debilitar sus propias normas de mejora de la regulación.

Al mismo tiempo, el lobby industrial ha conseguido miles de millones en subvenciones públicas, justificadas por alegaciones de crisis económica y escasez de capital que desde entonces han demostrado ser muy exageradas. Muchas de estas mismas empresas siguen dando prioridad a los pagos a corto plazo a los accionistas frente a la inversión en una transición justa y sostenible. 

Considerar las normas democráticas como obstáculos para el crecimiento alimenta una peligrosa carrera a la baja, en la que las industrias más perjudiciales se ven recompensadas con normas más laxas y más financiación pública, mientras que la población se enfrenta a la austeridad y a la disminución de las protecciones.

Rechazamos esta agenda de desregulación impulsada por las empresas. La estrategia industrial y económica de Europa debe reforzar, y no sacrificar, la integridad medioambiental, la justicia social, los derechos humanos y la responsabilidad democrática. Las normas estrictas no son una carga, sino la base de la resiliencia económica a largo plazo de Europa. El dinero público y el poder político deben servir a la sociedad en su conjunto, y no afianzar la influencia y los beneficios de las industrias más responsables de las crisis a las que nos enfrentamos.

Para defender los derechos del público a la salud, a un medio ambiente habitable y a condiciones de trabajo dignas, afirmamos que necesitamos

Normas para proteger la democracia, las personas y el planeta

1. Revitalizar la democracia europea

El enfoque de la segunda Comisión Von der Leyen en la competitividad se refleja en su contacto más intenso con los actores corporativos: el 40 % de las reuniones de los miembros del gabinete de los comisarios fueron con representantes de empresas, el 29 % con asociaciones empresariales y solo el 16 % con ONG. Este desequilibrio supone un riesgo de captura política²; Además, la Comisión ha creado nuevos espacios, como los «talleres de verificación de la realidad» y los «diálogos de implementación», que se han establecido de forma poco transparente y refuerzan aún más este desequilibrio, abriendo nuevas vías para la influencia de las empresas.

Las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, las organizaciones medioambientales, los sindicatos y el mundo académico, como representantes clave del interés público, deben ser escuchados, protegidos y tener un acceso significativo a la toma de decisiones. 

La actual agenda de desregulación de la UE refleja más el lobby empresarial que las prioridades de la gente común: abordar el coste de la vida, garantizar unos servicios públicos sólidos y tomar medidas decisivas sobre las crisis climática, de biodiversidad y de contaminación. La elaboración de leyes no debe estar dirigida por las mismas industrias responsables de la contaminación, el daño climático, la discriminación, el tratamiento ilegal de datos sensibles, la vigilancia masiva y otros daños. Estas salvaguardias no pueden desmantelarse para satisfacer las demandas de los sectores más contaminantes y riesgosos.

En lugar de reducir el espacio cívico y marginar las voces públicas, la UE debe reforzar la participación democrática. 

2. Las normas existen para proteger al público

Los ciudadanos de toda la UE están cada vez más expuestos a sustancias químicas persistentes (PFAS), a la contaminación por pesticidas y a fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes. Esto genera enormes costes para la sociedad, tanto económicos como en términos de bienestar³. En lugar de más «leyes omnibus⁴» que socavan las protecciones, necesitamos normas mejores y más estrictas que garanticen el acceso al agua, el aire y los alimentos limpios, garanticen lugares de trabajo más seguros, protejan nuestra privacidad y nuestros datos personales en línea y nos protejan de las aplicaciones peligrosas de la inteligencia artificial. 

Las personas no quieren sustancias químicas tóxicas en sus cuerpos, condiciones de trabajo inseguras, alimentos y agua potable contaminados, ni un seguimiento constante en línea. Los niños deben poder jugar en los parques sin estar expuestos a sustancias nocivas como los PFAS, y las familias no deben encontrar sustancias químicas persistentes (TFA⁵) en sus comidas debido a la desregulación de la legislación sobre pesticidas. 

3. No a los cheques en blanco para las industrias contaminantes

Las industrias contaminantes pagan dividendos astronómicos a sus accionistas, año tras año. Entre 2010 y 2023, las empresas europeas de sectores clave para la transición energética generaron 2,1 billones de euros en beneficios netos y distribuyeron 1,6 billones de euros a los accionistas, lo que supone un asombroso 75,3 % de sus beneficios netos totales (y alrededor del 40 % del PIB de Alemania, a modo de comparación⁶). No necesitan inyecciones de capital adicionales pagadas por los contribuyentes, que se enfrentan a recortes en sanidad, educación y acción climática. El problema no es la falta de capital, sino la mala asignación de los recursos existentes. Debemos invertir en una economía orientada al futuro, libre de sustancias tóxicas y descarbonizada, y no apoyar a los sectores intensivos en combustibles fósiles tóxicos que se resisten a la transición energética y libre de sustancias tóxicas. Por último, las empresas contaminantes deben asumir los costes de los daños causados por sus productos, y no la sociedad, respetando el principio de «quien contamina paga».

4. El nuevo espíritu de la elaboración de leyes debe basarse en la evidencia.

Los paquetes ómnibus están desmantelando protecciones cruciales sin pruebas científicas ni evaluaciones de impacto adecuadas⁷. Las propuestas son miopes, están impulsadas por la industria e ignoran sus efectos sobre las personas y el planeta⁸. La elaboración de leyes debe basarse en pruebas y salvaguardar la salud, los derechos, el medio ambiente y los objetivos de sostenibilidad a largo plazo de Europa. Basar las leyes en las demandas inmediatas de las industrias impulsadas por los beneficios, que a menudo son las mismas responsables de la contaminación, la explotación, la discriminación impulsada por la tecnología y la crisis climática, es fundamentalmente erróneo.

En cambio, la legislación de la UE debe basarse en pruebas sólidas, en el asesoramiento de expertos y en las opiniones de las comunidades más afectadas. Las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, las organizaciones medioambientales y los sindicatos, los científicos y los expertos independientes deben orientar la toma de decisiones, garantizando que las políticas sirvan a las personas y al planeta, y no solo a un puñado de empresas contaminantes y con un alto consumo energético.

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Imagen: reproducción de grafity de Banksy.

Albino Prada.

En el año 2001 se publicaba en castellano el ensayo de Susan George titulado “El informe Lugano” (Icaria-Intermón, Barcelona) -en lo sucesivo IL- con prólogo de Manuel Vázquez Montalbán. Veinticinco años después, y aunque la autora volvió sobre el asunto en el año 2012, me parece clarificador y oportuno reflexionar sobre el contenido de un trabajo de crítica social del máximo interés. Pues lo fue en su momento, como escribía Montalbán, y lo sigue siendo a día de hoy. Lo que intentaré argumentar en esta breve nota.

La autora se valía de un truco para desplegar su análisis. En vez de redactar en primera persona su crítica al sistema capitalista  -a la altura de finales del siglo XX- el ensayo se presentaba como un informe elaborado por un equipo interdisciplinar de expertos a petición de importantes agentes económicos, para evaluar las debilidades del sistema o economía de mercado y hacer propuestas para su blindaje en este siglo XXI. Como resume con ironía su autora[1] al final del texto, se trataba de realizar una “evaluación clara y responsable de la situación que afronta el capitalismo global y la economía de mercado en el siglo XXI y los medios teóricos y prácticos para evitar una catástrofe” (224). El lector es conocedor de este simulacro que permite así a la autora real del informe razonar formalmente al servicio del sistema pero, al mismo tiempo, deslizar las múltiples contradicciones y atolladeros que el presunto equipo de investigación comprueba y expone a lo largo de su informe.

Con estas premisas paso a sintetizar algunas de las previsiones que el paso de los últimos veinticinco años ha ido confirmando, así como algunas cuestiones que se presentaban algo borrosas en este magnífico trabajo, limitando -en mi opinión- en parte su enorme potencial para seguir siendo de lectura útil a aquellos que sigan aportando los imprescindibles argumentos para construir una sociedad decente[2].

*

“Hay que tratar de volver … a una mentalidad anterior a la Ilustración en el Norte” (169). Con esta consigna el IL resume una estrategia de extremismo neoliberal que no ha cesado de avanzar posiciones hasta llegar al actual trumpismo global. Nada de ciudadanía cosmopolita, sino grupos fundamentalistas y supremacistas (115) que desprestigien a los aún solidarios. Nada de multilateralismos deliberantes, sino liderazgos ejecutivos, en “gobiernos necesariamente más autoritarios” (113). Todo ello alimentado por grandes oligopolios mediáticos (Warner, Disney, …) con el creciente concurso de “legionarios ideológicos” (107) y “patrioteros del correo electrónico” (128). No está nada mal para intuir lo que, veinticinco años después, acabará inundando las redes sociales con sus influencers y extremismo viral. Una guerra ideológica total, con una mezcla tóxica de Darwin & Hayek (darwinismo social), que se mofa de que existan libertades o derechos humanos garantizados[3].

El IL acertó también en otra profecía: “El riesgo de que se produzca un importante accidente financiero se intensifica; de hecho nos sorprende que no se haya producido aún” (35, 41, 50). Algo Escrito en 1999 que apenas diez años después -en 2008- se cumplirá cuando los mercados de derivados provoquen una Gran Recesión que ponga patas arriba las economías de los principales países capitalistas del mundo. Claro que, a pesar de ello, lejos de agrietarse, el ideologema neoliberal y la plutocracia financiera global, conseguirán que los recursos públicos los saquen del atolladero para seguir hegemonizando nuestras sociedades.

No menos dramática será la consecuencia de otro artículo de fe neoliberal que se asume en el IL: “El aire, el agua y el suelo se consideran bienes gratuitos; no se reconoce ni se calcula su valor en función de la escasez” (25), “después de nosotros, el Diluvio” (31, 60). Y su conclusión, sin pelos en la lengua, pues no habrá “medidas drásticas, coactivas e inmediatas para frenar la emisión de gases de efecto invernadero” (68). Con lo que el capitalismo neoliberal nos lleva al colapso ambiental: capitaloceno. Como se comprueba con la evolución de los niveles de partículas por millón de CO₂ y en las cumbres del IPCC. Y en sus consecuencias como oleadas de incendios forestales, deshielos, graves inundaciones y no menos graves sequías. Estamos ante otra profecía autocumplida.

Y vayamos con la siguiente profecía: la relativa a la pandemia del Covid-19. Pues en el IL ya se nos decía en el año 2001: “rodeados que estamos de virus que mutan rápidamente, no cabe descartar la posibilidad de que aparezca otra gripe española (que en realidad vino de Asia)” (185). Hoysabemos que la pandemia del Covid se llevó por delante siete millones de personas, de sectores menos favorecidos y del Sur global sobre todo, que se sumarán a los cuarenta y cuatro millones del Sida (el 75 % en África). Situaciones de guerra virtual que se gestionan con una batuta: “los gobiernos occidentales … deberían hacer que sus ciudadanos se sientan amenazados” (137). Que sumadas a la proliferación de guerras tradicionales (Gaza, Ucrania, Irán, …), de terrorismos suicidas y de Estados mafiosos fallidos favorecen la corrosión social y la quiebra de todo vínculo de fraternidad y solidaridad. Más leña para la onda incendiaria neoliberal global.

*

Si de las profecías autocumplidas del IL pasamos a los aspectos borrosos (ambos con la perspectiva que nos permite hablar desde el año 2026) el que me parece más fundamental es el no haber enfatizado la existencia de dos capitalismos diferentes: el financiero (que domina en los muy reiterados ejemplos en el texto de EE.UU., la Unión Europea o Japón) que en el IL se caracteriza muy bien, y el capitalismo de Estado (sobre todo, pero no solo, el caso de China). Pues no se concreta esta diferencia en las, escasas, referencias[4] que se hacen a la evolución de China.

No  hacerlo así impide que el IL pudiese prever la singular situación actual de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y de la actual ruptura de la globalización unipolar.  Porque si bien es cierto que la OMC nacío subordinada al neoliberalismo financiero y a la globalización de finales del siglo XX, ambos al servicio de “una única economía global” (43-44), lo cierto es que el imparable papel del capitalismo de Estado chino en la economía global ha obligado al imperio declinante (EE.UU.) a disputar a cara de perro la rivalidad tecnológica y de áreas vitales. Aunque ambos compartan la corrosión de los derechos laborales, ambientales y sociales de los trabajadores (232-233) a lo largo y ancho del mundo. Y ello a la vista de que no se ha podido[5] “crear una globalización alternativa” (243) como querría Susan George (que no los “redactores” del IL).

Me interesa resaltar otro aspecto borroso en el análisis del IL que si bien resulta funcional para sus “redactores virtuales” me parece muy problemático para abrir camino a una alternativa social al capitalismo (ya sea financiero, ya sea de Estado). Me refiero al posible interés del sistema capitalista (o economía de mercado) en frenar el explosivo crecimiento demográfico, que nos llevaría de los seis mil millones de habitantes de entonces a los ocho mil millones actuales frente a los cuatro mil millones que el IL quería alcanzar (100) por medio de muchas y variadas propuestas en las que aquí no me detendré. Suponer que este sea el interés del sistema me parece contradictorio con la funcionalidad que este derroche demográfico supone en cuanto ejército laboral de reserva de mano de obra (sobre todo desde el Sur al Norte). Porque, como muy bien se recuerda en un pasaje del IL, el concepto  “proletario” significa eso: servir al sistema no con tus propiedades sino con tus hijos[6] (83). Tal como se comprobaría en la propia China al desdecirse de su política de hijo único en años más recientes.

Es este un enfoque focalizado en el impacto de la población[7] (por ejemplo la Huella Ecológica se evalúa por habitante) y en sus impactos como demanda potencial, que se desliza así hacia el concepto de Antropoceno frente al de Capitaloceno[8]. Este focalizado en la lógica del capitalismo como sistema productivo y de oferta tal como se señaló más arriba. El sistema capitalista -y su relato neoliberal según los “autores” del IL -nos juega estas malas pasadas al abducirnos con su lógica individualista y no social. Porque, si bien se reiteran propuestas de disciplina neoliberal y de privatización masiva[9] que no han hecho más que ganar terreno desde entonces, pareciera que sus contrarias quedan huérfanas en el IL.

Y así, aunque solo sea para descalificarlas con ironía, no aparecen nunca propuestas sobre la reducción de la jornada laboral semanal, anual o a lo largo de la vida (adelantar y no retardar la jubilación), nada sobre que los sistemas públicos de pensiones garanticen una vida digna los jubilados, o sobre una red pública de atención a la dependencia, o sobre el blindaje de los precios de alquiler para la vivienda, o sobre un transporte público y colectivo gratuito que frene las emisiones (directas o indirectas con coches eléctricos) de CO₂, etc. Cosas que están más allá de la lógica universal neoliberal.

Pero que son asuntos que conforman lo que vengo denominando una sociedad decente[10] en idéntico sentido al que señala Susan Sontang cuando al final de su ensayo, refiriéndose al criterio del velo de la ignorancia de Rawls, concluye que nadie eligiría “un mundo sometido a la lógica del Informe Lugano” (247). Sin embargo, para ello, hoy más que nunca antes necesitamos perfilar propuestas concretas de como sería esa otra lógica.

Albino Prada Blanco  es un economista, profesor y ensayista gallego, especializado en el análisis crítico del crecimiento y desarrollo económico regional. Esmiembro del Consejo Científico de Attac España

[1]     Entre paréntesis después de cada cita figura la página de la edición en castellano del año 2001

[2]     En el año 2013 la autora publica “El Informe Lugano II”, texto que aquí dejo fuera de mi análisis para no contradecir el título del mismo.

[3]     En “La nueva razón del mundo” Christian Laval y Pierre Dardot (Gedisa, 2013, Barcelona) resumen a la perfección el ingente alcance de esta estrategia.

[4]     Ver páginas 145, 152 y 211-217 del IL

[5]     Por ejemplo una Tasa Tobin (245)

[6]     Aunque bien podría la IA abrir camino a políticas eugenésicas a consecuencia de provocar un excedente de mano de obra humana.

[7]     Ver páginas 63-70 y 96

[8]     https://www.sinpermiso.info/textos/algunas-consecuencias-de-un-diagnostico-antropoceno-o-capitaloceno

[9]     Por ejemplo sobre la privatización sanitaria en pp. 109, 168,170, 172

[10]    Prada, A. (2023) “Sociedad de mercado o sociedad decente” (Universidade de Vigo), acceso online (aquí)

Albino Prada es miembro del Consejo Científico de Attac

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Por Julien Dourgnon. Publicado en Alternativas Económicas

Creado en 2020 por el Banco Central, el sistema de pago instantáneo Pix solivianta a la banca privada, pero trae consigo una cascada de beneficios para la economía y la soberanía del país.

En Brasil, ningún vendedor de playa, tienda o gran cadena de distribución concibe prescindir de Pix. Este sistema de pago instantáneo, ideado, operado y regulado por el Banco Central Brasileño (BCB), lanzado en 2020, se ha propagado a la velocidad del rayo por todo el país.

Para efectuar una compra, el consumidor abre en su móvil el espacio Pix dentro de la aplicación de su banco comercial, introduce la clave Pix del vendedor (por ejemplo, su número de teléfono) o escanea un código QR en el terminal de pago. Es un procedimiento simple y rápido que se aplica a las transacciones efectuadas en un punto de venta físico y en una compra por Internet.

Desde un punto de vista más general, Pix sirve para efectuar cualquier transferencia de moneda de un punto a otro; por ejemplo, entre amigos, sea cual sea la entidad financiera de unos y otros. En todos los casos, las cuentas están debitadas o acreditadas a través de una vía de pago instantáneo (SPI) creada por el BCB. Da igual la hora del día o de la noche, 350 días al año, con total seguridad y en tiempo real (frente a de 2 a 28 días en el caso de las tarjetas bancarias).Además, es gratis para las personas físicas o cobra una reducida comisión del 0,2% a las personas jurídicas.

Para leer el artículo completo puedes hacerlo en la Revista Alternativas económicas

Irresistible ascensión

Como incluso han confesado los bancos comerciales, todos los cuales han integrado Pix en su sistema informático, …

Para seguir leyendo:

Alternativas económicas es una revista, y medio amigo, cooperativa e independiente que explica la economía con rigor y de forma clara, poniendo el foco en cómo las decisiones económicas afectan a la vida de las personas. En esta ocasión comparten con los usuarios de ATTAC el artículo: “Brasil: la revolución financiera no ha hecho más que empezar”. Puedes leerlo gratis: solo tienes que registrarte en la newsletter de Alternativas económicas y podrás acceder al contenido completo.  Pincha aquí para registarte, ¡vale la pena!

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Manuel Noya. Plataforma por una Banca Pública

Campaña de recogida de firmas para pedir al gobierno la creación de una Banca Postal.

La voracidad en el proceso de desmantelamiento de lo público tiene una contestación muy general en los ámbitos de la sanidad o la enseñanza. Es posible que una de las razones sea que aún queda allí un sector que referencia bien un derecho que la ciudadanía se niega a perder.

Los servicios financieros también son hoy esenciales para el público. Hablamos de un servicio público. Ya no se puede ni recibir nóminas, pensiones, o pagar recibos de grandes compañías sin que nos obliguen a una cuenta corriente, sin la intermediación de la banca. Sin embargo, llevamos decenios de desmantelamiento de cualquier organismo financiero público con la mayor impunidad. No importa si eran rentables, no sólo socialmente, sino económicamente; también los gobiernos del PSOE entregaron las carteras económicas a colaboradores de ese desmantelamiento. 

Por otro lado, el enorme poder mediático (incluso político) de la banca ha naturalizado que sus ingentes beneficios son imprescindibles, porque si les va mal (normalmente por su irresponsable asunción de riesgos) tendremos que salvarles y asumir sus pérdidas. ¡Y la sociedad, anestesiada!

La tendencia esencial del capitalismo a la concentración demostró sus inconvenientes y lleva a los poderes a la necesaria regulación contra los monopolios, o los oligopolios, los cuales coordinan sus políticas para imponer condiciones de abuso. Pues eso tenemos en los servicios bancarios de España. 

Con cada crisis se reduce la competencia. El último gran mordisco se lo dieron a casi la mitad de los depósitos del país: Las Cajas de Ahorro, que, aún no siendo públicas sino de propiedad social, habían cumplido un gran papel y con menos crisis que los bancos hasta que, empujadas por la marea neoliberal, empezaron a “bancarizarse”. En la crisis de la burbuja financiera, además de muchos bancos (de los que no se habla) se reflotaron Cajas con ingentes cantidades de dinero, para luego ser “regaladas” a la banca privada (beneficiada por tanto en última instancia de su crisis). ¡Y la sociedad, anestesiada!

Buen trabajo de publicidad para convencernos de las malicias de lo público en lo que al servicio financiero se refiere. Y mientras, la exclusión financiera de personas y de territorios avanza galopante al tiempo que la banca reduce personal y atención a los usuarios, a la vez que abusa de posición dominante para imponernos pago de comisiones, créditos más caros y retribuciones más bajas por nuestros depósitos. ¡Y la sociedad, anestesiada!

A diferencia de los países europeos, España es una anomalía en la que sólo queda pública una reducida participación accionarial en la Caixa y un escuálido ICO que no cumple las funciones de desarrollo e inversión pública que todo el mundo demanda.

Digo todo lo anterior porque aún tenemos tiempo de salvar algún mueble y recuperar una actividad de banca de proximidad que tan buen recuerdo dejó en la ciudadanía: la Caja Postal. Hacerlo dentro del servicio público de Correos permitirá aprovechar la extensa red de oficinas y la capilaridad de sus miles de carteros. Aunque lo fundamental será los beneficios sociales de la existencia de un polo de referencia público en el servicio bancario, también puede esa iniciativa dar mayor viabilidad a una empresa pública que está amenazada por una despiadada competencia internacional de plataformas de distribución mientras va desapareciendo la cartería física. 

En estos días hay una campaña de recogida de firmas para pedir al gobierno la creación de esa Banca Postal. Ojalá tenga amplitud como para presionar a los poderes públicos. Está en el siguiente enlace: https://c.org/DDSKpYFprL y te invitamos a firmarla.

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