El 18 de marzo a las tres de la mañana comienza el incendio en una nave con residuos plásticos y neumáticos en el municipio de La Bañeza, a día de hoy, el siniestro sigue activo sin que se tengan noticias de las toneladas calcinadas y del impacto ambiental que está teniendo.

El humo y las cenizas está contaminando el aire y poniendo en peligro la seguridad y la salud de miles de personas en el entorno de La Bañeza y sus comarcas, llegando incluso en algunos momentos al valle del Tuerto, Sequeda y Astorga. provocando una situación inaceptable e insostenible.

Después del tiempo transcurrido, ¿Como es posible que todavía no se haya informado a la ciudadanía de manera real sobre la peligrosidad del incendio? ¿Se ha analizado la calidad del aire? ¿Sí se ha hecho porque no se ha dado información pública sobre estos análisis? ¿Porque el Ayuntamiento de la Bañeza no ha desmantelado este depósito que parece ilegal?
El gobierno de Castilla y León lejos de tomar las medidas oportunas para evitar los incendios oferta continuamente la región como un lugar adecuado para recibir todo tipo de residuos de otras comunidades o países, un ejemplo claro es el vertedero que se pretende construir en San Justo de la Vega.

Debido a esta política han aumentado los incidentes en instalaciones de residuos de todo tipo. Por el contrario, las medidas legales, administrativas y económicas se postergan. Ni las normativas ni las tasas medioambientales se han adaptado a los tiempos mientras los mecanismos de control y sancionadores se debilitan constantemente.

La Junta de Castilla y León no han adoptado las medidas adecuadas para evitar que vuelva a producirse un caso similar y ya son dos en la provincia de León en pocos años, RMD y La Bañeza.

Este tipo de incendios están siendo habituales mientras se incentiva la misma política de gestión y se deja de lado la dotación de medios de vigilancia y sanción.

Ecologistas en Acción exige que la Junta de Castilla y León asuma sus responsabilidades, se favorezca la prevención, los controles e inspección de los gestores y extienda la responsabilidad del productor en la gestión de los residuos.

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• El informe publicado por Ecologistas en Acción destaca el papel clave del metano (CH4) en la crisis climática  y propone una transformación estructural de los tres sectores más responsables de estas emisiones: el sistema energético, agroalimentario y de residuos.
• Este gas es responsable de entre un 20% y un 30% del calentamiento global desde la era industrial. Un recorte de sus emisiones del 40% al 45% antes de 2030 podría contribuir de forma decisiva a limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C, en línea con las recomendaciones científicas internacionales. 

El informe “Situación del CH4: ¿por qué el metano importa? Impactos, retos y oportunidades de mitigación y transformación sistémica de sectores claves” pone el foco en el metano como uno de los gases de efecto invernadero más relevantes —y menos conocidos— en la lucha contra el cambio climático. Responsable de entre un 20 % y un 30 % del calentamiento global desde la era industrial, este gas también desempeña un papel clave en la formación de ozono troposférico, un contaminante perjudicial para la salud humana y los ecosistemas.

El documento destaca que reducir las emisiones de metano es una acción muy eficaz para frenar el calentamiento global a corto plazo. Gracias a su alta capacidad de calentamiento y su corta vida en la atmósfera, recortes del 40 % al 45 % antes de 2030 podrían contribuir de forma decisiva a limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C, en línea con las recomendaciones científicas internacionales. Sin olvidar que esta reducción debe ir acompañada de una disminución sostenida de las emisiones de CO₂, necesaria para abordar las causas estructurales del cambio climático a largo plazo.

Tres sectores clave concentran la mayoría de las emisiones

El informe identifica a la industria agroalimentaria, el sector energético y la gestión de residuos como los principales responsables de las emisiones de metano de origen humano. En conjunto, estos ámbitos representan el 60 % de las emisiones globales de este gas.

Además, advierte de que estos sectores forman parte de un modelo de producción y consumo interconectado que resulta ambientalmente insostenible y socialmente desigual. La producción intensiva de alimentos, la expansión de la ganadería industrial, la alta dependencia de combustibles fósiles y la gestión ineficiente de residuos no solo impulsan las emisiones de metano, sino que también contribuyen a la pérdida de biodiversidad, la degradación de suelos y el aumento de las desigualdades globales.

Un marco político insuficiente frente a un problema urgente

A pesar de la gravedad del problema, el informe señala que las políticas climáticas han prestado históricamente poca atención al metano. Iniciativas como el Compromiso Mundial del Metano, impulsado en la COP26 y suscrito por más de 140 países, entre ellos España, marcan un avance relevante, pero aún insuficiente.

En el caso del Estado español, aunque existen medidas parciales, no se cuenta con un objetivo específico de reducción de emisiones de metano para 2030 ni con un plan integral que abarque todos los sectores implicados.

Más allá de la tecnología: un cambio de modelo necesario

El informe concluye que las soluciones no pueden limitarse a mejoras tecnológicas o incrementos de eficiencia. Es necesario un cambio estructural que transforme los sistemas energético, agroalimentario y de gestión de residuos hacia modelos más sostenibles, justos y regenerativos.

Entre las principales líneas de acción destacan:

• La transición hacia energías renovables y la reducción de la demanda energética y del uso de combustibles fósiles.
• El impulso de prácticas agroecológicas frente a la ganadería industrial intensiva, acompañado de una reducción drástica de la cabaña ganadera industrial y de cambios en los hábitos alimentarios que reduzcan el consumo de productos de origen animal.
• La mejora de la gestión de residuos, reduciendo el desperdicio alimentario y fomentando modelos circulares.

El informe concluye que actuar sobre el metano no solo es clave para el clima, sino también para mejorar la calidad del aire y la salud pública, y llama a adoptar medidas urgentes, ambiciosas y estructurales.

Marta Orihuel, portavoz de Ecologistas en Acción, ha declarado: “El metano puede suponer una palanca para frenar el cambio climático a corto plazo, pero también pone de manifiesto los límites del modelo actual. Reducir sus emisiones implica repensar cómo producimos energía, alimentos y cómo gestionamos nuestros residuos”.

 

 

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Por qué el metano importa hoy: clima y calidad del aire

El metano es un importante gas de efecto invernadero (GEI) cuyo incremento atmosférico durante la era industrial ha causado entre un 20% y un 30% del calentamiento global. Además, tiene un papel crucial en  la formación del ozono troposférico, un contaminante dañino para la salud humana y los ecosistemas.

La industria agroalimentaria, junto con los sectores de la energía y los residuos, son los principales responsables  del exceso de emisiones de metano a la atmósfera. Dado su alto potencial de calentamiento global y su corta permanencia en la atmósfera en comparación con el dióxido de carbono (CO₂), reducir las emisiones de  metano entre un 40 % y un 45 % para 2030 es esencial para lograr vías más rápidas en la lucha contra el cambio climático y limitar el calentamiento global a 1,5 °C este siglo, según el IPCC. No obstante, estos esfuerzos deben complementarse con la reducción de las emisiones de CO₂, mediante la transición hacia fuentes de energía renovable, la descarbonización del transporte y la disminución de la demanda energética.

El metano es un GEI poco conocido, pese a su relevancia en el cambio climático y en la contaminación atmosférica:

• Se calcula que es responsable de 0,5 °C del calentamiento global desde la era preindustrial, siendo el segundo GEI más relevante después del CO₂ (IPCC, 2021).
• La Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA)  estima que el 37 % de la contaminación de fondo por ozono troposférico en Europa se debe al metano emitido globalmente.

Su origen disperso, corta vida atmosférica y menor presencia en las políticas climáticas y en la narrativa pública puede haber contribuido a este hecho. Pero, como veremos más adelante, reducir las emisiones de  metano se muestra como una de las acciones más eficaces para frenar el calentamiento global a corto plazo y además contribuiría a desencadenar un necesario cambio de modelo energético, alimentario y de residuos.

El necesario cambio de modelo: más allá de reducir las emisiones de metano

El sistema actual de producción y consumo energético, alimentario y de gestión de residuos constituye el núcleo de las emisiones antropogénicas de metano a escala global. Estos tres sectores —estrechamente  interconectados y dependientes entre sí— sustentan un modelo de desarrollo que se apoya en bases estructuralmente insostenibles e injustas. Su funcionamiento conjunto contribuye de manera significativa al cambio  climático, ya que el metano emitido por la industria alimentaria, el mal manejo de residuos orgánicos y las fugas en la producción y uso de combustibles fósiles representa cerca del 60% del total de emisiones globales de este gas (Global Methane Budget, 2023). Además, estos sistemas se sostienen sobre un modelo globalizado que externaliza sus impactos ambientales y sociales, superando con frecuencia los límites  planetarios y generando desequilibrios ecológicos y económicos de gran escala.

En el ámbito agroalimentario, la producción intensiva de alimentos según modelos de cultivos y explotaciones ganaderas industriales generan graves impactos socioambientales. Por ejemplo, la producción intensiva  de piensos para la ganadería industrial depende de monocultivos a gran escala, que provocan deforestación, destrucción de  biodiversidad y degradación de suelos en terceros países. Del mismo modo, el sistema energético continúa basado en la explotación de recursos fósiles, reproduciendo un patrón extractivista que contribuye a la crisis climática y a la desigualdad global. Por su parte, el modelo de gestión de residuos mantiene altos niveles de desperdicio alimentario y generación de desechos innecesarios, cerrando el ciclo de un sistema lineal basado en la sobreproducción y el descarte.

 

Estos tres pilares no sólo comparten una lógica de sobreexplotación, sino que además se retroalimentan entre sí: la producción intensiva de alimentos depende del consumo de combustibles fósiles; la gestión  ineficiente de residuos genera nuevas emisiones de metano; y el modelo energético vigente impulsa la expansión de actividades agrícolas y ganaderas de alto impacto ambiental.

A nivel político, las medidas internacionales para reducir las emisiones de metano han sido escasas y tardías. No es hasta la COP26 de Glasgow (2021) cuando se lanza el Compromiso Mundial del Metano (Global  Methane Pledge), suscrito por más de 140 países, entre ellos España, que establece el objetivo de reducir al menos un 30 % las emisiones para 2030 respecto a 2020. Sin embargo, otros instrumentos legislativos a  nivel internacional, como el Protocolo de Gotemburgo o la Directiva Nacional de Techos de Emisión (NECD), que abordan la contaminación atmosférica, no incluyen el metano entre los contaminantes regulados, a  pesar de su papel clave en la formación de ozono troposférico. Por su parte, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) , aunque contempla alguna medida para reducir las emisiones de metano, no  establece un porcentaje de reducción de emisiones de metano para 2030, ni un plan específico con medidas para todos los sectores.

Por ello, el marco regulatorio internacional, europeo y estatal sigue siendo poco ambicioso. Las estrategias futuras deben ir más allá de la eficiencia o las mejoras tecnológicas, y apuntar a una transformación estructural de los sectores emisores —la industria agroalimentaria, el sistema energético y la gestión de residuos—, pilares de un modelo de producción, consumo y desperdicio sin límites.

Esta transformación es esencial no sólo para reducir el metano, sino también para mitigar los impactos sociales y ambientales que agravan la crisis climática y la pérdida de biodiversidad. Avanzar hacia prácticas  sostenibles, justas y regenerativas representa una oportunidad para reconstruir los sistemas productivos sobre bases ecológicas y de equidad, fundamentales para la salud de los ecosistemas y de las personas.

Este  informe quiere ofrecer una visión sobre la situación del metano en España y en el mundo, explicando por qué este gas es clave en el cambio climático y en la calidad del aire. Su propósito es ayudar a comprender de dónde provienen las emisiones, cuáles son sus impactos ambientales y sociales y qué medidas son necesarias para reducirlas de forma eficaz.

El informe analiza las principales fuentes emisoras —sistema alimentario  industrial, energía y residuos—, evalúa el marco regulatorio vigente y propone acciones prioritarias para lograr una reducción significativa. Su finalidad es ofrecer una base sólida para la toma de decisiones y para avanzar hacia un modelo más sostenible, justo y alineado con los límites planetarios.

 

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Se trata de una ley que viene a relevar a la ley de Gestión Integral de Andalucía, GICA de 2007 , y supone un grave retroceso de forma generalizada, porque:

1. A pesar de que se postule como un avance respecto a la ley anterior, no es una ley integral, porque la prevención, el control y la evaluación de los recursos hídricos quedan al margen, al igual que la ordenación territorial y lo relativo a la economía azul. Resulta incongruente que una Consejería que ha abandonado las competencias en materia de agua y de economía azul pretenda regular las actuaciones en esas tres áreas de forma integral y omnicomprensiva, cuando carece de la atribución de responsabilidades. La Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (LEGAM) debería incluir la gestión de los impactos hídricos, no solo al suelo y a la atmósfera, de forma que las autorizaciones en dominio público hidráulico se integren en la autorización ambiental unificada.
2. No deja de ser significativo la pérdida de la palabra “integral” que contenía la antigua GICA, revelando que se renuncia a integrar a todo plan, proyecto y programa en la perspectiva de la calidad ambiental.
3. No es seguro que la “simplificación administrativa”, con unas nuevas Autorizaciones Ambientales Unificadas Simplificadas, no vaya a representar un retroceso en garantías ambientales.
4. Las atribuciones del nuevo Consejo Asesor de Medio Ambiente se limitan a “proponer, asesorar, impulsar,…”, sin poder intervenir en el diseño de las políticas ex ante, no a posteriori.
5. La participación pública en asuntos con incidencia medioambiental no establece ninguna herramienta previa de publicidad y de apertura de un proceso participativo con la sociedad sobre los proyectos, planes y programas objeto de evaluación ambiental y autorización ambiental, con lo que la “participación real y efectiva” se convierte en un simulacro. Además, se sugiere a todas las personas interesadas en los procedimientos de evaluación y de prevención ambiental a inscribirse en un Registro voluntario.
6. La fiscalidad ambiental se reduce a una mera concesión de posibles “incentivos” a las empresas con desempeño ambiental, obviando las múltiples fórmulas que tanto la Administración local como la autonómica tienen para favorecer conductas responsables y disuadir aquellas que ponen en riesgo el medio ambiente.
7. La ecoinnovación se limita a un escueto objetivo aspiracional, restringiendo la economía circular a una posibilidad y no una exigencia; las mejores técnicas disponibles no figuran como una herramienta de obligado cumplimiento para asegurar la producción limpia, solo se “procurará favorecer”.
8. Las contaminaciones acústica y lumínica no son objeto de restricción, solo de medición y “planes de acción” que se limitan a “afrontar cuestiones y determinar las acciones a realizar”. La contaminación lumínica y acústica se tratan con poco rigor, al no establecer límites, objetivos, medios o control para corregirlas, además de estar plagadas de excepciones que terminan de hacer esta ley ineficaz.
9. La constatación de la sobrecarga de trabajo de los servicios técnicos de la Consejería no va acompañada de medidas de refuerzo, sino de una externalización de funciones en entidades colaboradoras con la Administración, que podrán tener capacidades inspectoras. Significa un retroceso tremendo en la función disuasoria y preventiva de la potestad sancionadora de la Administración. Uno de los aspectos más negativos de la Ley es la sustitución de las labores hasta el momento encomendadas a la Administración Pública y, por ende, a sus funcionarios, de “actuaciones de verificación y control de las actividades” así como de las “tareas de vigilancia, el control y seguimiento, y apoyo a la inspección ambiental” a las entidades colaboradoras. Se trata de una PRIVATIZACIÓN del servicio público en favor de las entidades privadas. La norma se aleja de la responsabilidad que compete a la Administración Pública Andaluza. El aumento de actividades que podrán gestionar los ayuntamientos mediante declaraciones responsables, que reemplazan a la calificación ambiental, reducirán la carga administrativa municipal, pero pueden limitar las garantías ambientales.
10. La llamada en la nueva Ley prestación ambiental sustitutoria representa un abandono por parte de la Administración de su potestad y de su obligación sancionadora. Significa permitir a los infractores que eludan el pago o inflen presupuestos de proyectos de restauración, educación ambiental o mejora, dejando de ingresar en las arcas públicas el dinero proporcional al daño causado. Es muy peligroso recurrir a la fórmula de actividades de compensación de daños para sancionar conductas atentatorias contra el medio ambiente, sustituyendo el necesario castigo disuasorio por tareas restaurativas, de forma que se podría quitar la sanción que corresponda y sustituirla por restaurar. De aprobarse, las infracciones saldrían muy ventajosas, por mucho que enfatice la norma matiene la misma cuantía.
11. La LEGAM debería desarrollar la legislación relativa a la gestión de residuos, sin limitarse a mencionar la Ley estatal de 2022.
12. La Ley debería asegurar la Restauración del Espacio Natural Afectado por las Actividades o Actuaciones cuya evaluación, y autorización ambiental regulan. Ejecutar un Plan de Restauración e imponer un aval de restauración para asegurar que su realización se lleva a cabo, deberían estar incluidos en la Ley.

En definitiva, esta Ley que pretende “establecer un marco jurídico garante de un alto nivel de protección del medio ambiente”, dista mucho de esa finalidad; lo que sí consigue con esta Ley la Junta de Andalucía es establecer un alto nivel de protección de la actividad económica, ya que se suprimen controles, se privatizan otros y hace corresponsable de la protección a la propia sociedad civil, en un quitarse de en medio irresponsable. Ninguna de las sugerencias que Ecologistas en Acción introdujo en el anteproyecto de 2024 ha sido aceptada, ni siquiera contestadas. El deseo de que la ley “aspira a garantizar un alto nivel de protección del medio ambiente” se quedará insatisfecho e incumplido.

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• La organización ecologista ha emplazado por escrito a los ayuntamientos de la provincia de Cádiz a aplicar de forma correcta la ley de residuos 7/2022, implantando sin demora las medidas que allí se contemplan:

1. La recogida separada de la fracción orgánica de las basuras (biorresiduos), obligatoria a partir del 1 de julio 2022, bien mediante el sistema puerta a puerta o por el quinto contenedor con control de usuario.
2. La aplicación de la tasa o prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos.
3. Nuevas ordenanzas de residuos. Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, estableció la obligación de que todos los municipios cuenten con una ordenanza de residuos actualizada.
4. Información detallada y actualizada de la cantidad de residuos generados en el municipio, los costes económicos asociados a dichos residuos, así como el grado de cumplimiento de los objetivos de prevención y gestión.

También solicita Ecologistas en Acción que la tasa contemple bonificaciones para aquellos ciudadanos que realicen compostaje doméstico o comunitario y que participen en la recogida separada de los biorresiduos o de otros residuos en los puntos limpios, así como reducciones de la cuota para personas o unidades familiares en riesgo de exclusión social.

La gestión de los residuos municipales en nuestras ciudades está resultando un caos completo, por la inhibición de la Administración ambiental. La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, por boca de su nefasto delegado territorial en Cádiz, se niega a abordar estos compromisos en el Consejo Provincial de Medio Ambiente, mientras la Diputación provincial tiene aparcado desde hace más de tres años el Plan de Prevención y Gestión de Residuos Provincial. Solo el programa de Economía Circular de la Sierra de Cádiz se libra de este desastre.

Muy en particular, la organización ecologista denuncia el despliegue de contenedores marrones sin control de usuario, una forma lamentable de reproducir otro contenedor gris, así como alerta de la pretensión de algunos ayuntamientos de aplicar la tasa de basuras de forma indiferenciada, sin identificar a quienes separan las basuras de los que no lo hacen.

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• El proyecto de Economía Circular de la Sierra de Cádiz, gestionado por la Mancomunidad de Municipios, avanza de forma exitosa, con altos niveles de recogida selectiva y reciclaje de residuos, muy por encima de otros municipios de la provincia, demostrándose que el sistema de recogida puerta a puerta es el más eficiente para poblaciones medianas y pequeñas.

Los objetivos de este proyecto pionero en Andalucía, que se inició en 2019 y se generalizó a partir de 2022, son el cumplir con los objetivos europeos en materia de residuos y con la normativa nacional y andaluza, incorporar la separación de la fracción orgánica, aumentar la separación de todas las fracciones y disminuir los residuos que van a vertedero.

La principal novedad de este sistema es la separación de la fracción orgánica para su compostaje, y que antes se mezclaba con los restos haciendo muy difícil su compostaje. La fracción orgánica recogida de forma separada, junto a la fracción vegetal compostable, ha pasado de 132.240 kg en 2021 a 4.070.959 en 2025, 30 veces más. Los municipios que separan más porcentaje de materia orgánica son Villamartín, Espera, Bornos y Zahara de la Sierra. Los que menos son Algodonales, Torre Alháquime, Benaocaz, Alcalá del Valle y Villaluenga, estos dos últimos con un 0%.

La recogida separada de envases ha pasado de 1.289.506 kg en 2018 a 2.494.830 kg en 2025, con un incremento del  93,5%. Encabezan este aumento El Gastor (un 460% más), Zahara de la Sierra (un 441% más) y Algar (un 388% más). Excepto Algodonales, todos los municipios superan la media andaluza de recogida selectiva de envases por habitante, que es de 14,8 kg/h/año. El Gastor, con 53,49 8 kg/h/año, lo supera 3,6 veces; Torre Alháquime, con 42,58 kg/h/año, lo supera  2,8 veces; y Grazalema, con 40,2 kg/h/año, lo supera 2,7 veces.

La recogida separada de papel cartón ha pasado de 1.290.000 kg en 2018 a 2.691.370 kg en 2025, destacando Zahara de la Sierra, con un aumento de 574%, Villamartín con 439% y Benaocaz con 352%. En el lado opuesto, Torre Alháquime y Villaluenga han reducido la recogida de papel y cartón. Teniendo en cuenta que la ratio de recogida de papel y cartón en Andalucía es de 13,9 kg/h/año; Ubrique, con 44,63 kg/h/año lo supera 3,2 veces; y Villamartín, con 39 kg/h/año lo supera 2,8 veces.

En la recogida separada de vidrio no ha habido grandes incrementos, ya que se ha seguido con la recogida en contenedores verdes tipo iglú instalados en la vía pública. La recogida de vidrio ha pasado de 1.250.000 kg en 2015 a 1.781.305 kg en 2025. De todas formas, hay que destacar que en la práctica totalidad de los municipios se supera la media andaluza de recogida selectiva de vidrio, que es de 15,3 kg/h/año, siendo la media de Cádiz de sólo 12,7 kg/h/año. El Bosque, con 29,85 kg/h/año, casi duplica la media andaluza y supera en 2,3 veces la media de la provincia de Cádiz; y Setenil, con 28,01 kg/h/año supera 1,8 veces la media andaluza y 2,2 veces la gaditana. Por el contrario, Puerto Serrano, con 10 kg/h/año, está por debajo de la media andaluza y gaditana. En la cola está Alcalá del Valle que, con 5,5 kg/h/año, no llega ni a la mitad de la media andaluza y gaditana.

La fracción resto, aquellos residuos que por sus características o por venir mezclados no son reciclables y terminan en el vertedero, se ha reducido desde 37.960.948 kg en 2020 a 33.500.000 kg en 2025, con una distribución desigual. Los municipios con recogida puerta a puerta han disminuido hasta un 40% la fracción restos, y muchos lo han superado en más de un 20%. Sin embargo, hay municipios que han aumentado la fracción de restos, como Algodonales, El Gastor y Villaluenga.

Los municipios que han superado en 2025 el 50% de separación de residuos y por tanto de materiales reciclados, son Ubrique, Algar, Setenil, Olvera, El Bosque, Prado del Rey, Espera, Grazalema, El Gastor, Villamartín, Zahara y Bornos, superando estos dos últimos el 60% de residuos separados. A la cola, Villaluenga del Rosario y Alcalá del Valle, que no tienen implantada la recogida puerta a puerta.

El sistema de recogida selectiva puerta a puerta está consiguiendo un éxito incontestable en los municipios de la sierra, demostrando una eficacia superior al sistema de contenedores en la separación de los residuos urbanos y, por tanto, permite un mayor reciclaje de estos materiales y reduce el derroche de recursos, evitando la importación de toneladas de petróleo y abonos, la tala de miles de árboles o la apertura de canteras.

Este sistema abarata la gestión de los residuos, con un claro beneficio para la ciudadanía. La Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz está aplicando un sistema de tasas justas, ya que quien menos separa asume un mayor coste, entre otras cosas porque se valorizan menos los residuos y aumenta el coste por terminar en un vertedero. Esta medida contrasta con el sistema de tasas del resto de municipios de la provincia, en los que pagan igual los que separan los residuos que quienes lo mezclan todo, imposibilitando su reciclaje y aumentando los costes de gestión. La cuota trimestral que se paga en los municipios de la sierra es de 24,64 € para quienes separan la basura, y de 39,29 para quienes no lo hacen, existiendo un sistema de verificación y avisos a los vecinos que no cumplen con las normas de separación.

Es decir, a una vivienda que separe correctamente los residuos puede bajarle la tasa a 8 € al mes. Por esta exigua cantidad se recogen los residuos de las casas, se transportan a las plantas de tratamiento y se transforman en materiales útiles para incorporarlos de nuevo al ciclo productivo. Si se compara con las tasas mensuales de Cádiz (21 €), Rota (15,3 €) o El Puerto (12,8 €), en los que la mayor parte de la basura no se recoge selectivamente ni se recicla, se puede comprobar cuál es el sistema más barato, además de eficaz, y pone en evidencia a los detractores de la recogida puerta a puerta.

La reducción de la fracción resto reduce, por tanto, el impacto ambiental de los residuos, ya que terminan en el vertedero una menor cantidad, abarata el coste de gestión, y se pueden vender los materiales recogidos selectivamente (compost, vidrio, papel, plásticos…).

Y es muy importante destacar que en estos municipios se está cumpliendo con la normativa de residuos. La Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular obliga a la implantación de la recogida separada de la fracción orgánica de las basuras, bien mediante el sistema “puerta a puerta” o mediante el quinto contenedor marrón “con control de usuario”, lo que sólo se está haciendo en los municipios de la Sierra de Cádiz. La UE obliga a aumentar el reciclaje de papel, metal, vidrio, plástico, biorresiduos u otras fracciones reciclables hasta un mínimo del 50% en peso desde el 2020, el 55% en 2025 y el 60% para 2030. Los municipios de la Sierra de Cádiz son los únicos de la provincia que se están acercando o cumpliendo con estos porcentajes. Este sistema no es, por tanto, ninguna afrenta ni discriminación, como algunos partidos políticos difunden malintencionadamente, sino un ejemplo al que tendrán que unirse el resto de los municipios de todo el país con un mayor coste para sus habitantes, ya que este proyecto pionero está financiado con fondos europeos, con equipos y plantas de tratamiento que les salen gratis a la ciudadanía.

Por todo ello, Ecologistas en Acción apoya decididamente a todos los actores que están llevando a la Sierra de Cádiz a niveles tan altos de separación de residuos mediante el sistema puerta a puerta, y pide a todos los partidos políticos sensatos que recapaciten, que se dejen de demagogia electoralista y que informen bien a los ciudadanos, por el bien del medio ambiente y de sus pueblos.

Ecologistas en Acción hace un llamamiento a los vecinos y vecinas de los pueblos de la Sierra de Cádiz para que se informen de los costes del servicio de recogida y tratamiento de residuos según las modalidades, que colaboren en este sistema que les acarreará indudables beneficios económicos y ambientales, y que no se dejen manipular por quienes les importa poco el medio ambiente y la calidad de vida de estos pueblos.

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• La Mancomunidad del Sur ha presentado solicitud para una nueva ampliación del vertedero con capacidad para 20 millones de metros cúbicos, la mayor solicitada hasta la fecha.
• La propuesta es incompatible con la jerarquía europea de residuos y con la normativa que exige medidas para reducir el residuo que va a vertedero hasta el 10 por ciento para 2035.
• Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid ha solicitado al gobierno regional que rechace una propuesta que perpetuaría un vertedero que se inauguró en 1986 otros 40 años.

Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid ha presentado sugerencias a la solicitud de determinación de alcance del proyecto «Nuevo vaso de vertido (Fase V) en el vertedero de residuos urbanos de Pinto», promovido por la Mancomunidad del Sur en los términos municipales de Pinto y San Martín de la Vega. Hay que recordar que el vertedero se extiende actualmente entre los municipios de Pinto, que alberga la mayor parte de su superficie, y Getafe, dentro de la demarcación del Parque Regional del Sureste, único espacio natural protegido con el que cuenta el sur de la región.

La propuesta de la mancomunidad se sustancia en un documento denominado “Memoria ambiental de proyecto de modificación” que recoge como principal propuesta la ampliación de la capacidad del vertedero actual en 20 millones de metros cúbicos, adheridos a la Fase III del mismo, con lo que según el citado documento se “garantiza la eliminación de los residuos para los próximos 30 o 40 años”.

El vertedero de Pinto y Getafe se inauguró en 1986, lleva ya cuarenta años recibiendo los residuos de 71 municipios con sus casi dos millones de personas. Desde las 45 hectáreas que ocupaba en su primera fase, se han producido sucesivas ampliaciones tras las que se ha llegado a las 148 hectáreas actuales que lo sitúan como uno de los vertederos más grandes de Europa.

El estudio de los datos de recepción y tratamiento de residuos en la instalación revelan que, pese a las instalaciones existentes de tratamiento, como la planta de biometanización y compostaje, más de la mitad de los mismos acaban en el depósito controlado sin tratamiento alguno. Estos materiales mezclados con materia orgánica, generan numerosos impactos en el entorno en forma de emisiones de gases tóxicos, entre los que destaca el metano, cuyas desproporcionadas dimensiones han sido divisadas y registradas por satélites en diversas ocasiones, la más significativa en agosto de 2021 con la detección de hasta 8.000kg. /hora entre los vertederos de Vademingómez y Pinto-Getafe. Cabe recordar que este gas no solo colabora en el calentamiento del planeta, sino que interfiere significativamente en la formación de ozono troposférico, perjudicial para la salud humana y para la vegetación.

Pese a que recientemente se aprobó la Declaración de Impacto Ambiental para la construcción de una nueva planta para el tratamiento de la fracción resto y la fracción orgánica recogida de forma separada (FORS), que requerirá de una inversión millonaria por parte de la Mancomunidad del Sur, y que prometía reducir la materia que finalmente va a vertedero, se propone ahora una ampliación, la mayor hasta la fecha, que la  organización ecologista considera contradictoria e ineficaz para resolver el incumplimiento sistemático de la jerarquía europea de residuos, que sitúa el vertido en último lugar.

Para Ecologistas en Acción, la propuesta de la mancomunidad pasa por encima de la Ley 1/2024, de 17 de abril, de Economía Circular de la Comunidad de Madrid y  la Estrategia de Economía Circular de la Comunidad de Madrid (2025-2032), ambas basadas en la trasposición de la Directiva (UE) 2018/850, del Parlamento Europeo y del Consejo, que insta a los Estados miembros a adoptar “las medidas necesarias para garantizar que para 2035 la cantidad de residuos municipales depositados en vertederos se reduzca al 10 %, o a un porcentaje inferior, de la cantidad total de residuos municipales generados”.

Precisamente el artículo 1 de la citada Ley 1/2024 indica que su objeto y finalidad es establecer los principios y la regulación necesaria para la efectiva implantación en la Comunidad de Madrid del modelo de economía circular, con el fin de favorecer la utilización más eficiente y sostenible de los recursos, extender la vida útil de los productos, prevenir y reducir la generación de residuos, potenciar la valorización de los residuos para evitar el vertido y su reintroducción como nuevos recursos en el ciclo productivo, con la mayor eficiencia energética.

Lejos de tomar medidas para alcanzar los objetivos que señala la propia Comunidad de Madrid y que vendrían a cumplir las prescripciones de la Unión Europea, la organización ecologista considera que la propuesta de la Mancomunidad del Sur se orienta de manera preponderante a perpetuar el vertido como sistema principal de gestión, presentando una propuesta basada en el promedio de las entradas anuales registradas entre 2014 y 2023, que dan como resultado un proyecto que prevé la mayor cantidad de metros cúbicos que se ha planteado hasta la fecha, lo que indica que ni se prevé tomar medidas para reducir el residuo, ni se contempla cómo afectará la construcción del futuro complejo medioambiental en la cantidad que finalmente se deposite como vertido.

Ecologistas en Acción denuncia que este sistema obsoleto de gestión, no solo perpetúa los problemas socioambientales derivados de los vertederos, sino que previsiblemente supondrá la imposición de sanciones por pate de la administración europea, que deberán ser satisfechas con cargo al dinero público.

La organización  recuerda que según Resolución del 16 de diciembre de 2013, la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid subrogó la concesión administrativa para la utilización y aprovechamiento de los terrenos e infraestructura del vertedero, lo que supuso el cambio de titularidad de la Autorización Ambiental Integrada de la actividad “Depósito en vertedero de residuos urbanos y Planta de Biometanización”, en el término municipal de Pinto, a favor de la Mancomunidad del Sur para la gestión, tratamiento y eliminación de residuos urbanos.  La Mancomunidad asumió, de este modo, no solo la gestión del vertedero propiamente dicha, sino las decisiones políticas que corresponden a la gestión de los residuos, adoptando como marco jurídico la normativa existente y promoviendo la implantación de políticas que, como dictan sus estatutos, contemplen “la debida protección del medio ambiente, fomentando, en su caso, el reciclaje y el aprovechamiento de tales residuos mediante la adecuada recuperación de los recursos contenidos en ellos”.

Para la organización, no es asumible que hasta 71 municipios, que nada tienen que ver con la demarcación geográfica del “sur”, alejados decenas de kilómetros, trasladen sus residuos al vertedero de Pinto en detrimento del territorio que le sustenta, por lo que valoran el documento presentado por la Mancomunidad del Sur carente de una visión amplia, integral y ajustada tanto a la actual normativa, como al contexto de cambio climático en el que nos encontramos.

Ecologistas en Acción reclama a la Comunidad de Madrid, como órgano ambiental competente, la exigencia a la Mancomunidad del Sur de un estudio integral basado en datos contrastados, donde se propongan soluciones basadas en la prevención de los residuos, mejoras de la recogida selectiva, medidas para mejorar el reciclaje y garantías para la protección del medio ambiente y la calidad de vida de todos los vecindarios, en este sentido reclaman actuaciones que eliminen el desequilibrio territorial existente y aporten criterios de proximidad y descentralización de las infraestructuras, orientando las actuaciones hacia un cambio de paradigma que transite hacia una verdadera economía circular para la que la región ya va tarde.

 

 

 

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L’organització presenta al·legacions al projecte d’FCC i critica que no es tenen en compte els riscos geotècnics, ambientals i contaminants que suposen, a més, possibles incompliments legals a nivell estatal i europeu.

Ecologistes en Acció del País Valencià ha presentat al·legacions a la modificació substancial de l’Autorització Ambiental Integrada (AAI) sol·licitada per fCC Medi Ambient S.A. per a ampliar l’abocador de residus no perillosos situat en el paratge de les Canyades, al Campello (Alacant).

El projecte preveu construir un nou got d’abocament que ocuparia prop de 71.000 metres quadrats addicionals, la qual cosa elevaria la capacitat total de l’abocador a més de cinc milions de metres cúbics i permetria prolongar la seua explotació fins aproximadament 2045.

No és la primera vegada que els ecologistes es posicionen contra aquest projecte, motiu pel qual van tenir l’accés a justícia gratuïta al contenciós presentat en 2025.

L’organització ecologista considera que la documentació presentada conté greus errors i irregularitats. Entre elles, denúncia que l’Estudi d’Impacte Ambiental presentat en l’expedient és pràcticament idèntic a l’elaborat en 2021 per a un projecte diferent, amb plans i dades que no es corresponen amb l’ampliació ara plantejada.

Les al·legacions també alerten de riscos geotècnics i ambientals associats al projecte. Segons Ecologistes en Acció, el nou got se situaria en un terreny amb forts pendents i materials geològics permeables, la qual cosa podria comprometre l’estabilitat de l’abocador i augmentar el risc de filtracions i contaminació de les aigües subterrànies.

A més, l’organització denuncia que la bassa de lixiviats existent tindria una capacitat insuficient per a gestionar episodis de pluges intenses, cada vegada més freqüents en el litoral mediterrani, la qual cosa podria provocar abocaments contaminants.

Un altre aspecte criticat és que el projecte planteja retardar la captació i tractament del biogàs fins al tancament de l’abocador, l’ampliació del qual implicaria mantindre durant 18 anys un volum anual d’abocament molt elevat. Tot això, podria incomplir la normativa estatal que obliga a controlar les emissions durant la fase d’explotació, així com normatives europea i estatal que obliga a reduir el depòsit de residus en abocador fins a situar-lo per davall del 10% en 2035.

Ecologistes en Acció també qüestiona la legalitat de l’ampliació, al no estar contemplada en els plans de gestió de residus vigents, i denúncia l’absència de documentació obligatòria, com el certificat de compatibilitat urbanística municipal o estudis actualitzats sobre l’impacte de les olors. De fet, la instal·lació ja ha generat nombroses queixes per olors entre els veïns d’urbanitzacions pròximes i del municipi d’Aigües.

Davant aquesta situació, Ecologistes en Acció sol·licita a la Generalitat Valenciana que denegue l’ampliació de l’abocador i revise l’expedient per a garantir el compliment de la normativa ambiental i la protecció de l’entorn i de la salut de la població.

Alegaciones vertedero El Campello

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La organización presenta alegaciones al proyecto de FCC y critica que no se tienen en cuenta los riesgos geotécnicos, ambientales y contaminantes que suponen, además, posibles incumplimientos legales a nivel estatal y europeo.

Ecologistes en Acció del País Valencià ha presentado alegaciones a la modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) solicitada por FCC Medio Ambiente S.A. para ampliar el vertedero de residuos no peligrosos situado en el paraje de Les Canyades, en El Campello (Alicante).

El proyecto prevé construir un nuevo vaso de vertido que ocuparía cerca de 71.000 metros cuadrados adicionales, lo que elevaría la capacidad total del vertedero a más de cinco millones de metros cúbicos y permitiría prolongar su explotación hasta aproximadamente 2045.

No es la primera vez que los ecologistas se posicionan contra este proyecto, motivo por el cual tuvieron acceso a justicia gratuita por el contencioso presentado en 2025.

La organización ecologista considera que la documentación presentada contiene graves errores e irregularidades. Entre ellas, denuncia que el Estudio de Impacto Ambiental presentado en el expediente es prácticamente idéntico al elaborado en 2021 para un proyecto diferente, con planos y datos que no se corresponden con la ampliación ahora planteada.

Las alegaciones también alertan de riesgos geotécnicos y ambientales asociados al proyecto. Según Ecologistes en Acció, el nuevo vaso se ubicaría en un terreno con fuertes pendientes y materiales geológicos permeables, lo que podría comprometer la estabilidad del vertedero y aumentar el riesgo de filtraciones y contaminación de las aguas subterráneas.

Además, la organización denuncia que la balsa de lixiviados existente tendría una capacidad insuficiente para gestionar episodios de lluvias intensas, cada vez más frecuentes en el litoral mediterráneo, lo que podría provocar vertidos contaminantes.

Otro aspecto criticado es que el proyecto plantea retrasar la captación y tratamiento del biogás hasta el cierre del vertedero, cuya ampliación implicaría mantener durante 18 años un volumen anual de vertido muy elevado. Todo ello, podría incumplir la normativa estatal que obliga a controlar las emisiones durante la fase de explotación, así como normativas europea y estatal que obliga a reducir el depósito de residuos en vertedero hasta situarlo por debajo del 10% en 2035.

Ecologistes en Acció también cuestiona la legalidad de la ampliación, al no estar contemplada en los planes de gestión de residuos vigentes, y denuncia la ausencia de documentación obligatoria, como el certificado de compatibilidad urbanística municipal o estudios actualizados sobre el impacto de los olores. De hecho, la instalación ya ha generado numerosas quejas por olores entre los vecinos de urbanizaciones cercanas y del municipio de Aigües.

Ante esta situación, Ecologistes en Acció solicita a la Generalitat Valenciana que deniegue la ampliación del vertedero y revise el expediente para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y la protección del entorno y de la salud de la población.

Alegaciones vertedero El Campello

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• Ochenta puntos destinados al depósito de basuras domésticas carecen en la actualidad de contenedor marrón, favoreciendo que la fracción orgánica se siga mezclando con la de resto.
• La mezcla de los residuos supone un coste anual de casi dos millones de euros, gasto que podría verse sensiblemente reducido con una gestión más eficiente y sostenible.
• El Equipo de Gobierno traslada a la ciudadanía el fracaso de su modelo, aplicando una tasa de basuras que no atiende al pago por generación, ni bonifica ni incentiva el reciclaje y la reducción de residuos

Espartal-Ecologistas en Acción denuncia el fracaso de la gestión de residuos en la localidad y en particular del despliegue del denominado contenedor marrón, el destinado a la recuperación de la materia orgánica. Según la asociación ecologista, los responsables municipales no están garantizando la correcta separación de los biorresiduos generados en los domicilios. Ello es resultado de la precaria distribución de estos contenedores específicos y de sus características, como la de encontrarse accesibles las 24 horas del día y sin registro de su uso. Esta es una de las conclusiones de un informe elaborado por la entidad valdemoreña, en el que se identifican algunas de las notables carencias de la actual gestión municipal.

El documento destaca que el Ayuntamiento de Valdemoro lleva incumpliendo desde julio de 2022 la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, al privar a importantes zonas de la ciudad de contenedores marrones, más de tres años y medio después por tanto de su obligación legal como entidad local con más de cinco mil habitantes. El completo despliegue debería haberse hecho ya efectivo a través del servicio adjudicado en febrero de 2022 a la UTE RBU Valdemoro, formada por Alfonso Benítez S.A. (ABSA) y Servicios Especiales de Limpieza S.A. (SELSA), empresas filiales de FCC Medio Ambiente. Los 315 contenedores anunciados en septiembre de 2023 han quedado reducidos en la actualidad a una dotación inferior a las 200 unidades. En este sentido, la asociación recuerda que en abril del pasado año el Equipo de Gobierno evidenció su nula disposición a cumplir la ley, al rechazar una moción del Grupo socialista para acelerar la instalación del quinto contenedor.El informe identifica en la ciudad hasta ochenta puntos para el depósito de residuos domésticos desprovistos de contenedor marrón, lo que provoca que la fracción orgánica —de gran valor por su potencial aprovechamiento energético— sea indebidamente desechada en el contenedor gris, el conocido como resto. Esta situación es muy crítica en el entorno del Paseo de la Comunidad de Madrid, con una absoluta falta de contenedor marrón; en el de Cristo de la Salud, donde el vecindario tampoco dispone de estos depósitos, y en zonas tan céntricas como las calles Doctor Fleming, San Vicente de Paul, Apóstol Santiago o el Paseo de los Hoteles. Tanto es así que los residentes deben recorrer cientos de metros para encontrar depósitos específicos para sus biorresiduos. Este es también el caso del Centro Histórico, donde solo cuentan con dos contenedores, los de las calles Luis Planelles y de las Vacas.
Mala gestión municipal que daña el bolsillo ciudadano.

Los residuos impropios son aquellos que se tiran consciente o erróneamente en un contenedor o lugar al que no están destinados. Ello dificulta mucho el proceso de reciclaje y su recuperación, resultando más caro su tratamiento. La falta de datos precisos por la tardía implantación del contenedor marrón llevó a la Concejalía de Hacienda a basarse en una proyección de gasto para 2025, situando en un millón novecientos mil euros el coste de la mezcla de residuos municipales con destino a vertedero. Ello representa el 34% del coste total del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. Desde septiembre de 2024, la cuota por tonelada para el tratamiento de la fracción orgánica con una proporción de impropios superior al 20% —o lo que es lo mismo, el coste de mezclar los residuos orgánicos con la fracción resto— es de 80 euros, frente a los 23 que cuesta retirar una tonelada de residuos por debajo de ese porcentaje.

Para la aplicación de la nueva tasa de basuras, el Ayuntamiento de Valdemoro estableció tres tramos utilizando como exclusivo criterio el valor catastral de la vivienda, sin tener en cuenta el número de miembros de las unidades familiares ni su comportamiento en la generación de residuos. Con ello incumplía el objetivo central de la tasa: que cada individuo pague en función de la cantidad de residuos que genere, el denominado pago por generación.

Un modelo muy mejorable

La asociación ecologista califica de ineficiente el actual sistema de contenedores abiertos, que no garantiza su correcta utilización. Las malas tasas de recuperación han llevado a los responsables municipales a probar un proyecto piloto con tarjeta de apertura para el contenedor orgánico en el entorno de la avenida de las Comunidades. El sistema elegido adolece sin embargo de claras insuficiencias y no evitará que los usuarios arrojen cualquier tipo de residuos a este contenedor. Resultan muy preocupantes además la creciente desafección y el rechazo que se detectan en ciertos sectores de población que, en respuesta a la imposición de la injusta y desproporcionada tasa de basuras, declaran su voluntad de desentenderse por completo del reciclaje.

Desde el consistorio acaba de presentarse como un éxito la recogida de 1.100 toneladas de residuos orgánicos en los últimos 22 meses. Durante este período se generaron en nuestra ciudad —en una estimación conservadora— alrededor de 50.000 toneladas de residuos. Considerando que la fracción orgánica representa —como repite la publicidad institucional— el 40% de la bolsa de basura doméstica, la ínfima tasa de recuperación alcanzada pone de manifiesto el fracaso del actual modelo municipal.

Espartal-Ecologistas en Acción propone la puesta en funcionamiento de experiencias más ambiciosas y eficientes, como la recogida separada puerta a puerta (PaP) en barrios que por su tipología de viviendas unifamiliares —como el Caracol o el Restón II— resultan favorables para ensayar este sistema de recogida de residuos, en especial los orgánicos. Por último, al respecto de las campañas locales de concienciación sobre reciclaje, la asociación ecologista considera que, aun admitiendo su necesidad, estas se revelan insuficientes si no vienen acompañadas de incentivos concretos, como bonificaciones económicas para las aportaciones al Punto Limpio y al compostaje doméstico.

Algunas cuestiones sobre la gestión de los residuos en Valdemoro. El despliegue del contenedor marrón PDF>

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El grupo ecologista Alwadi-ira Ecologistas en Acción ha comunicado a la Delegación Municipal de Medio Ambiente y la Delegación Municipal de Hábitat Urbano del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, el crecimiento del vertedero localizado junto al camino de Cuesta Carretilla a unos cuatrocientos metros de distancia del club de tiro al arco.

Alwadi-ira en su escrito indica que en el vertedero predominan enseres domésticos y numerosos sacos de escombros procedentes de reformas caseras. Lo más preocupante son las planchas de fibrocemento (uralita) que no cesan de aumentar.

Desde el grupo ecologista, consideran que estamos ante un nuevo ejemplo de como abundan y se extienden los vertederos de todo tipo de residuos en el término municipal de Alcalá. Resulta evidente que existen ciudadanos y pequeñas empresas que son íncivicos. Más aún, cuando existen servicios municipales que se encargan de la recogida de estos residuos junto a nuestras casas o en el mismo Punto Limpio donde se pueden depositar.

No obstante, desde Alwadi-ira remarcan que si se reflexiona puede afirmarse que ante estos desmanes que cometen ciudadanos incalificables, la actuación del Ayuntamiento es muy débil y en la mayoría de las ocasiones mínima. Conviene recordar, que todo lo referente a la gestión de los residuos es competencia municipal.

El grupo ecologista alcalareño concluye solicitando a la Delegación Municipal de Medio Ambiente y la Delegación de Hábitat Urbano una serie de medidas. Entre ellas: erradicar el vertedero descrito para evitar que siga aumentando y para recoger las planchas de fibrocemento dado la peligrosidad que poseeen; que aumente el servicio de inspección en nuestro término municipal; que desde el Ayuntamiento, una vez se eliminen los vertederos, se señalicen los terrenos y se indiquen las sanciones por arrojo de residuos; que se realicen campañas de información para la ciudadanía sobre el tema de los vertederos; que se cree un nuevo Punto Limpio en nuestro municipio. El actual es insuficiente y su funcionamiento más que controvertido y polémico, que se estudien y consideren nuevas fórmulas de vigilancia y localización de nuevos vertederos, así como de detección de este tipo de infracciones, sin excluir la innovación tecnológica como tele detección, drones,… y por último que coordinen las medidas necesarias con Aira y otras Delegaciones Municipales para que sean efectivas en la tarea de eliminar todos los vertederos de nuestro término municipal.

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• Ecologistas en Acción respalda a la vecindad ante la denuncia de riesgo tóxico y exige medidas urgentes de protección de la barriada Guadalquivir en Coria del Río.
• Denuncia “envenenamiento” inminente en una Guardería y falsas declaraciones de la Consejería de Salud ante la oleada de muertes. 

Ecologistas en Acción ha mostrado su apoyo público a la Asociación de Vecinos y Vecinas de la barriada Guadalquivir ante la grave situación sanitaria que, según denuncian, atraviesa el barrio. La organización ecologista alerta de una posible exposición continuada a contaminantes peligrosos y critica lo que considera una gestión institucional “insuficiente, opaca y carente de medidas preventivas adecuadas”.

La vecindad viene señalando desde hace meses un incremento alarmante de fallecimientos y problemas de salud en la zona, incluyendo el reciente fallecimiento de una mujer joven por infarto. En este contexto, denuncian que las autoridades sanitarias no han ofrecido información transparente ni han activado protocolos de protección a la población pese a la existencia de picos reconocidos de sustancias como ácido sulfhídrico y benceno.

Cuestionamiento de las mediciones oficiales
Según trasladan los portavoces vecinales, las declaraciones públicas de la Consejería de Salud sobre la movilidad del camión de mediciones ambientales no se corresponderían con la realidad observada por la propia ciudadanía. Aseguran que el dispositivo permanece estacionado en el mismo punto durante largos periodos, lo que, a su juicio, impediría una evaluación rigurosa y representativa de la calidad del aire en distintos enclaves del barrio.

Ecologistas en Acción subraya que, si la propia Administración reconoce la existencia de picos de contaminantes peligrosos, resulta incomprensible que no se hayan adoptado medidas cautelares como evaluaciones exhaustivas, controles independientes, restricciones temporales o planes de protección para la población más vulnerable.

Especial preocupación por la guardería
Uno de los aspectos más sensibles de la denuncia se centra en la ubicación de una guardería próxima a viviendas donde se habrían detectado niveles elevados de contaminantes en interiores. La asociación vecinal advierte de un posible riesgo para la salud infantil y reclama mediciones urgentes dentro del propio centro educativo.

Ecologistas en Acción exige la realización inmediata de catas y análisis independientes de calidad del aire en el interior de la guardería y en las viviendas colindantes, así como la adopción de medidas preventivas mientras se esclarece la situación. La organización recuerda que la protección de la infancia debe regirse por el principio de precaución ante cualquier indicio de riesgo ambiental.

Bloqueo informativo y responsabilidades
La vecindad denuncia además la falta de entrega de informes forenses y la ausencia de comparecencias clave en el procedimiento judicial abierto. En particular, señalan que no se habría llamado a declarar a la empresa pública responsable de la red de saneamiento del municipio, Aljarafesa, cuya infraestructura podría estar relacionada con el origen de los gases detectados.

Asimismo, se cuestiona la gestión clínica de los casos atendidos, denunciándose altas médicas pese a la persistencia de síntomas compatibles con exposición a contaminantes ambientales.

Advertencia legal y exigencia de responsabilidades
Ante lo que consideran una inacción administrativa prolongada, la representación vecinal ha formalizado una advertencia jurídica invocando posibles responsabilidades por omisión en el ejercicio de funciones públicas. Reclaman que se depuren responsabilidades, se garantice el acceso a toda la documentación y se practiquen pruebas periciales independientes.

Ecologistas en Acción respalda estas demandas y exige a la Junta de Andalucía y a las autoridades competentes que actúen con transparencia, diligencia y rigor científico. “No se puede normalizar la exposición a contaminantes reconocidos ni minimizar el impacto en la salud colectiva. La ciudadanía tiene derecho a saber qué está respirando y a vivir en un entorno seguro”, señala la organización.

Tanto la asociación vecinal como Ecologistas en Acción insisten en la necesidad de aplicar el principio de precaución, activar protocolos de emergencia si procede y garantizar una investigación exhaustiva que permita esclarecer el origen de la contaminación y proteger de forma inmediata a la población de la Barriada Guadalquivir.

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Originalmente las centrales de energía nuclear se crearon dentro de un plan de estrategia energética, debido a la gran dependencia que existía hasta esa fecha, de los combustibles fósiles. Así, tras la creación, en la antigua URSS, del primer reactor de energía nuclear en 1954, sobrevino un periodo de edad dorada nuclear, entre 1960 y 1988, cuando se pasó de apenas 16 centrales de energía nuclear a 416.

Acontecimientos como el ocurrido en la central nuclear americana de Three Mile Island en 1979, o el de Chernóbil en 1986 supusieron un alto a una mayor implantación de este tipo de modelo energético. De hecho, desde entonces apenas se ha construido una central nuclear al año en todo el mundo.

El terremoto y posterior tsunami ocurrido el pasado 2011 en Japón derivó en otra catástrofe nuclear, cuya magnitud eclipsó a la del propio terremoto y volvió a recordarnos los peligros de la actividad nuclear. La alarma social creada llevó a políticos de todo el mundo a hacer promesas, más o menos comprometidas con los movimientos antinucleares, especialmente en aquellos países que más dependen de la energía nuclear. Y es que actualmente, debido a la inversión y el desarrollo de sistemas de generación energética a partir de fuentes renovables, es el momento de traer a primer plano de la actualidad la discusión sobre la necesidad de las plantas de energía nuclear a fin de conseguir compromisos políticos aprovechando el momento de sensibilidad social.

En este contexto, y quizá debido a él, en Europa el pasado año se aprobó el llamado “Paquete Nuclear” de directivas sobre seguridad nuclear y tratamiento de residuos nucleares, en un intento de comprometer a los Estados Miembros, no ya con la seguridad en las plantas de energía nuclear, sino sobre todo, con el tratamiento de los residuos generados por el combustible consumido en los reactores. Así en las directivas se compromete a los Estados Miembros para el desarrollo, en el ámbito nacional, de plantas de almacén final para residuos nucleares.

Y es que tras más de 50 años utilizando energía nuclear para uso civil, es necesaria la generación de lugares de almacenamiento final de residuos procedentes del combustible empleado en las centrales nucleares. Actualmente la mayoría de los residuos de combustible nuclear se encuentran en las piscinas de los reactores nucleares, pues se necesitan entre 40-50 años para que estos residuos puedan ser manipulados en unas condiciones de seguridad permisibles. Aunque hay distintos tipos de tratamiento del combustible nuclear, ninguno de ellos puede ser considerado como definitivo. Por lo que durante todo este tiempo se ha utilizado y se sigue usando la energía nuclear, sin saber exactamente qué hacer con los residuos que se ella se derivan.

Dadas las características de los residuos, en muchos países se ha optado por la creación de almacenes en espacios geológicos a gran profundidad, en los que gracias a una superposición de barreras naturales y artificiales se quiere aislar al máximo la radiación para evitar daño a las personas y el medioambiente. El almacén consistiría en túneles o cavernas en las que se depositarían los residuos empaquetados. En algunos casos los contenedores de residuos serán rodeados por material como cemento o arcilla para proveer otra barrera. Las opciones de contenedor varían según el tipo de residuo y la naturaleza geológica del lugar. La profundidad de estos lugares varía desde 250 a 1000 m. Sin embargo debido a la gran duración de la radiactividad de estos residuos (del orden de decenas o centenas de miles de años) es imposible pronosticar la total efectividad de las medidas.

Un antecedente conocido, y sobre el que se han realizado multitud de estudios que sirven de base para plantear este tipo de almacenes, ocurrió hace 2 millones de años, cuando por las condiciones naturales, en una zona del oeste de África rica en uranio, se produjo una serie de reacciones nucleares. La actividad se prolongó durante 500.000 años, y actualmente los residuos que quedan no presentan radioactividad.

Según recomendaciones de la Agencia Internacional para la Energía Atómica, estos lugares de almacenaje de residuos nucleares deben garantizar el aislamiento de los residuos nucleares de forma pasiva, es decir sin que sean necesarias medidas de control o mantenimiento a generaciones futuras. Por lo que todo empleo generado en la región será temporal, mientras que la contaminación será para siempre o al menos durante decenas de miles de años, en el mejor de los casos.

Aún hay controversia a nivel internacional sobre si estos espacios geológicos a gran profundidad deben ser cerrados y sellados completamente, lo que mejoraría en la medida de lo posible el aislamiento de los residuos; o si debe permitirse la posibilidad de recuperar los residuos por si en el futuro el posible utilizarlos nuevamente como fuente de energía. En la actualidad no existe en el mundo ningún almacén final de residuos nucleares. El único ejemplo es una planta piloto en EEUU donde se almacenan desde 1999 residuos nucleares derivados de la actividad investigadora y de la industria bélica.

Quizá haya llegado el momento de echar tierra sobre la energía nuclear, o quizá veamos florecer en los próximos años más plantas de energía nuclear alrededor del mundo (ante el problema del pico del petróleo… pero tengamos en cuenta que los costes previstos de construir y desmantelar centrales nucleares, y guardar sus residuos en ATCs se calculan teniendo en cuenta precios del petróleo asequibles, como los actuales, lo cual puede durar no mucho). En todo caso, ya que la tecnología nos ha llevado hasta aquí, esperemos seguir progresando y encontrar soluciones, aunque sean para problemas generados en el pasado.

Francisco J. López
Voluntario Greenpeace (grupo local de Málaga)

Más información:

• Las lecciones de Fukushima, un año después, por Greenpeace.
• Argumentos Aplastantes CONTRA las Centrales Nucleares.
• ¿Son Defendibles las Centrales Nucleares? (la lotería nuclear y los dos argumentos a favor de las centrales nucleares).
• Un Cementerio Nuclear (ATC) es una Mala Inversión.
• Las Nucleares obligan a parar nuestros Aerogeneradores.
• Ventajas e Inconvenientes de las Energías Sostenibles: Renovables y Ecológicas.