En el este de Ucrania, el frente apenas se ha movido en meses. Las líneas de trincheras continúan prácticamente en el mismo lugar, pero el entorno ha cambiado de forma radical. Ciudades destruidas, infraestructuras energéticas bajo ataque constante y una población civil sometida a una guerra que ya no avanza, pero tampoco retrocede.

Durante las primeras semanas de la invasión, la posición rusa era respaldada (aunque con la boca pequeña), por una parte de la izquierda española que veía en el movimiento ruso la inevitable respuesta ante la expansión del imperialismo americano y de la OTAN. Cuatro años después, son pocas, si es que las hay, las voces que se sitúan al lado de Putin.

Según la Misión de Observación de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania (HRMMU), 2025 fue el año más letal para la población civil desde el inicio de la invasión a gran escala, con al menos 2.514 muertos y 12.142 heridos, un 31% más que en 2024. Este aumento no responde a grandes ofensivas puntuales, sino a la consolidación de una dinámica de desgaste sostenido basada en ataques a distancia y una violencia distribuida en el tiempo.

Este estancamiento militar coincide con otro desplazamiento menos visible, pero igual de decisivo: el cambio en el marco internacional desde el que se interpreta el conflicto. “En muy poco tiempo ha cambiado el escenario”, señala Francesc Serra Massansalvador, doctor en Relaciones Internacionales por la Universitat Autònoma de Barcelona y especialista en la Rusia contemporánea. Moscú, explica, ha dejado de ocupar el centro de atención global. La agenda internacional se ha desplazado hacia otros focos de conflicto y otros actores, desde China hasta Oriente Próximo, y por supuesto, Irán. Ese cambio no implica una menor gravedad de la guerra en Ucrania, sino su progresiva integración en un contexto más amplio de inestabilidad.

Para Serra, este desplazamiento refleja un problema más profundo: la pérdida de capacidad del sistema internacional para ordenar los conflictos. Lo que en 2022 aparecía como una ruptura –la invasión a gran escala de un Estado soberano– hoy se inscribe en una dinámica más amplia de normalización del uso de la fuerza. Esa misma erosión del marco internacional preocupa especialmente a las organizaciones de derechos humanos.

“Estamos viendo una bajada de la determinación internacional para exigir responsabilidades”, advierte Daniel Vilaró, responsable de Amnistía Internacional en Catalunya. El cambio de posición de Estados Unidos, añade, ha debilitado el compromiso con la investigación de los crímenes de guerra y ha abierto la puerta a escenarios en los que la impunidad se convierta en moneda de cambio para alcanzar un acuerdo de paz.

El cruce entre ambos planos –el geopolítico y el jurídico– define el momento actual del conflicto. Mientras el frente se estabiliza sobre el terreno, el marco que debía garantizar sus límites empieza a desdibujarse. Sobre el mapa, la guerra parece congelada. Sobre el terreno, no lo está.

Los combates continúan, pero ya no se traducen en avances significativos. En los últimos tres años, las ofensivas de ambos bandos se han saldado con desplazamientos mínimos del frente. Pueblos pequeños, posiciones tácticas, enclaves cuya importancia estratégica se diluye a medida que quedan arrasados. La única variación relevante fue la retirada rusa de la ciudad de Jersón, que respondió más a una decisión operativa que a una derrota estructural. “Desde hace tiempo no hay grandes movimientos”, explica Serra. “Lo que vemos es una guerra de desgaste, donde cada parte intenta mejorar ligeramente su posición de cara a una eventual negociación”.

Ese horizonte negociador existe. Las conversaciones, más o menos discretas, se han producido en distintos escenarios durante los últimos meses. Estambul, Abu Dabi u otros espacios intermedios han acogido contactos que, aunque no han desembocado en acuerdos concretos, indican que el conflicto ha entrado en una fase distinta.

El problema es que las posiciones de partida son incompatibles: Rusia busca consolidar el control sobre los territorios ocupados y transformar la situación militar en una realidad política estable. Ucrania, por su parte, no puede aceptar esa pérdida territorial sin asumir un coste interno difícilmente sostenible. El resultado más plausible, según los analistas, no es una paz definitiva, sino una forma de suspensión del conflicto.

Un armisticio de facto

“Lo más probable es que se llegue a una situación de congelación del frente”, apunta Serra. “Algo que no se reconoce jurídicamente, pero que en la práctica se mantiene durante años o décadas”. El precedente de Chipre, dividido desde 1974, aparece como referencia recurrente. Pero este tipo de “solución” no cierra la guerra. En el mejor de los casos, la congela.

En paralelo a este estancamiento militar, el coste humano sigue aumentando. Los ataques contra infraestructuras críticas –centrales eléctricas, redes de suministro, sistemas de transporte– han intensificado su impacto sobre la población civil. La guerra se ha desplazado progresivamente desde el frente hacia la vida cotidiana. Menos ofensivas relámpago, más presión constante.

En las zonas ocupadas, las denuncias recogidas por organizaciones internacionales dibujan un patrón de control sostenido. Torturas a prisioneros de guerra, trabajos forzados y procesos de adoctrinamiento en el sistema educativo forman parte de un mismo dispositivo orientado a consolidar la ocupación.

“Tenemos constancia de prácticas que constituyen crímenes de guerra”, afirma Vilaró. “Y lo preocupante es que, en el contexto actual, existe el riesgo de que muchos de estos crímenes no lleguen a investigarse”.

A medida que se abre la posibilidad de negociaciones, emerge una tensión de fondo: hasta qué punto la paz puede implicar la renuncia a la justicia. La historia reciente ofrece múltiples ejemplos de acuerdos que han priorizado la estabilidad sobre la rendición de cuentas. Ucrania podría convertirse en uno más. Para Amnistía Internacional, esa deriva resulta inaceptable. “Cualquier presión sobre Ucrania para que renuncie a exigir responsabilidades por los crímenes cometidos es ilegítima”, sostiene Vilaró. No solo por una cuestión moral, sino por el precedente que establecería en el sistema internacional.

Desgaste más allá del campo de batalla

En Rusia, la guerra se ha convertido en un factor de transformación interna. La represión política, ya presente antes de la invasión, se ha intensificado de forma significativa. El caso de Alexéi Navalni, cuya muerte en prisión ha sido calificada por distintas investigaciones como un asesinato, marca un punto de inflexión.

A partir de ahí, el endurecimiento del control estatal se ha extendido a distintos ámbitos. Más de un centenar de procesos penales vinculados a su entorno, condenas a abogados y periodistas, restricciones crecientes sobre las redes sociales y un aumento de la vigilancia sobre las comunicaciones digitales configuran un escenario de cierre progresivo del espacio público.

“El objetivo es claro: reducir al mínimo la capacidad de organización de la sociedad civil”, explica Vilaró. Organizaciones independientes, movimientos sociales y colectivos críticos (especialmente el movimiento antiguerra y el colectivo LGTBIQ+) han sido objeto de campañas de presión, tanto legales como informales.

Una parte significativa de esta estrategia se basa en mecanismos administrativos. La catalogación de entidades como “extremistas”, “terroristas” u “organizaciones indeseables” permite ilegalizar de facto cualquier estructura incómoda para el poder. En el último año, más de 60 organizaciones han sido incluidas en estas listas.

No toda la represión es visible. “También existe una represión más difusa, orientada a generar miedo y desgaste”, añade Vilaró. Un proceso gradual de reducción del espacio cívico.

En ese contexto interno, la capacidad de Rusia para sostener la guerra plantea una paradoja. Desde el inicio del conflicto, numerosos análisis anticipaban un colapso económico que no se ha producido. Las sanciones han tenido impacto, pero no han generado un deterioro inmediato del sistema. La economía rusa ha mostrado una capacidad de adaptación mayor de la prevista. “Hace cuatro años que se dice que Rusia no aguantará, y sigue aguantando”, resume Serra.

Esa resistencia, sin embargo, tiene límites. Parte de la estabilidad se concentra en grandes ciudades como Moscú o San Petersburgo, donde la vida cotidiana mantiene una apariencia de normalidad. Fuera de esos núcleos, el deterioro es más evidente.

A largo plazo, los factores estructurales apuntan en otra dirección. La pérdida de población joven –con cientos de miles de personas que han abandonado el país para evitar el reclutamiento–, el envejecimiento demográfico y las dificultades para mantener el ritmo de incorporación de nuevos soldados configuran un escenario de desgaste acumulativo. “Hay tensiones que se van acumulando y que en algún momento pueden estallar”, señala Serra. No se trata de un colapso inminente, sino de una fragilidad latente.

El papel de los aliados añade otra capa de complejidad: China, principal socio estratégico de Rusia, mantiene una posición ambivalente. Ha evitado una implicación directa en el conflicto y ha aprovechado la situación para reforzar su propia posición. En el ámbito energético, por ejemplo, compra gas ruso en condiciones más ventajosas que las que ofrecía el mercado europeo. “No es una relación de igualdad”, explica Serra. “China sale beneficiada en casi cualquier escenario”.

En otras regiones, como Asia Central, África o América Latina, ambas potencias compiten por influencia. La guerra no ha consolidado una alianza, sino que ha acentuado una relación asimétrica.

Al mismo tiempo, el bloque occidental empieza a mostrar signos de desgaste. La Unión Europea mantiene formalmente su apoyo a Ucrania, pero las fisuras son cada vez más visibles. Gobiernos como los de Hungría o Eslovaquia han expresado reticencias a continuar con la ayuda, reflejando una fatiga que podría intensificarse si el conflicto se prolonga. “El apoyo sigue, pero ya no es tan sólido como al principio”, apunta Serra.

Cuatro años después, la guerra en Ucrania ya no puede entenderse únicamente como un enfrentamiento entre dos Estados. Es también un síntoma que revela las limitaciones de un sistema internacional incapaz de prevenir la guerra, de detenerla una vez iniciada y, cada vez más, de juzgar sus consecuencias.

Sobre el terreno, las líneas de frente permanecen. En el plano político, las líneas que definían el orden global se han vuelto más difusas.

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En los últimos años ha emergido un fenómeno difícil de clasificar que mezcla espiritualidad alternativa, teorías de la conspiración y discursos políticos cada vez más radicalizados. En Conspiritualidad (Capitán Swing), Matthew Remski analiza ese cruce entre el universo New Age, la cultura digital de las conspiraciones y la creciente influencia de la extrema derecha. El resultado es un ecosistema donde la crítica difusa a las élites convive con el rechazo a la ciencia, la desconfianza hacia las instituciones y una promesa de “despertar” espiritual que promete explicar el mundo entero.

Remski (como Derek Beres y Julian Walker, coautores del libro) sostiene que este fenómeno no puede entenderse solo como una excentricidad marginal de Internet. A su juicio, expresa tensiones más profundas de la modernidad tardía. La sensación de alienación frente a las instituciones, la crisis de autoridad del conocimiento experto y la precariedad social producida por el capitalismo contemporáneo crean el terreno donde prosperan estas narrativas. La conspiritualidad, dice, ofrece una crítica intuitiva al sistema sin llegar nunca a enfrentarlo realmente.

En esta conversación hablamos del origen histórico de estas corrientes, de su relación con el pensamiento conspirativo, del uso político que actores como Donald Trump hacen de ese imaginario y del papel ambiguo de las instituciones en una época donde la transparencia documental convive con una creciente desconfianza pública.

Para empezar con algo sencillo para quien no haya leído el libro, ¿cómo definirías el término “conspiritualidad”? ¿Qué intentáis captar con ese concepto?

La conspiritualidad es un movimiento social que hoy se desarrolla sobre todo en Internet, donde se mezclan teorías de la conspiración y espiritualidad, especialmente del tipo New Age. Aunque también analizamos la influencia del fundamentalismo cristiano y, más recientemente, del sionismo fundamentalista. Todo eso se combina en una mezcla de dinámicas casi sectarias, promoción de pseudociencia y una deriva hacia posiciones de extrema derecha.

Las personas que se ven envueltas en este entorno llegan a convencerse de algo que en parte es cierto, pero sin herramientas para afrontarlo. Están convencidas de que ocurren cosas terribles en el mundo y que están provocadas por élites malvadas. Pero la respuesta que encuentran es pensar que basta con tomar conciencia de ello. Esa conciencia se convierte en una especie de virtud espiritual. No surge del análisis de las condiciones materiales ni de la comprensión del capitalismo, sino de ideas como la luz espiritual contra la oscuridad, casi como si estuviéramos en Star Wars.

Pero en un marco ultracapitalista…

Sí, ciertamente. Creen que el despertar espiritual individual es el camino para sanar el mundo, pero a partir de ahí aparece también un elemento de mercado: se consumen productos de meditación, suplementos, se rechazan las vacunas por una ética de la purificación, se escuchan tarotistas o canalizadores. Y además se cree que todas las instituciones humanas –gobierno, educación, medicina, periodismo– no solo están corruptas, sino que existen precisamente para bloquear el crecimiento espiritual auténtico.

De algún modo, la conspiritualidad utiliza impulsos religiosos para criticar el orden capitalista sin enfrentarse realmente a él. Eso la hace muy poderosa, porque los ataques del orden capitalista solo van a intensificarse. A veces pienso en la conspiritualidad como un mecanismo amortiguador frente a la necesidad real de reconocer que es el capitalismo el que produce muchas de estas crisis.

Eso es difícil de asumir para quien está formado en la espiritualidad New Age, que se basa en una promesa infinita. Incluso más que el cristianismo tradicional. No exige sacrificio. Básicamente pide que perfecciones tu narcisismo y lo conviertas en un proyecto virtuoso.

¿Convertir, de algún modo, el narcisismo en virtud?

Exacto. En el cristianismo, al menos en algunos momentos, el sufrimiento se convierte en sabiduría. Pero la espiritualidad New Age funciona de otro modo.

¿Hasta qué punto ves una continuidad entre esa ética individual que describe Max Weber y esta forma contemporánea de espiritualidad?

Sí, sería como una etapa nueva más. Y además divorciada de la historia y del conflicto, porque surge en el periodo neoliberal, donde existe una especie de creencia casi espiritual en la tesis de Fukuyama: el fin de la historia. Hemos llegado al final de la historia y ya no hay nada que hacer salvo realizar el propio estado de iluminación personal.

La conspiritualidad parece contener una paradoja: desconfía radicalmente de las instituciones, pero al mismo tiempo deposita una fe absoluta en narrativas cerradas que prometen dar sentido total a la realidad. ¿Es una crisis de autoridad o una mutación de la autoridad?

Tiene todo que ver con la autoridad. Y en parte hay buenas razones para ello. Los aspectos más comprensibles de la conspiritualidad nacen de una percepción de alienación.

Si retrocedemos unos 150 años, muchas personas empiezan a percibir intuitivamente lo que Foucault describirá más tarde como la frialdad del espacio clínico que produce el sujeto moderno. Aparece la sensación de que el sistema médico patologiza y separa a quienes no encajan en la reproducción capitalista, con elementos incluso eugenésicos.

También se produce un cambio respecto a la medicina folclórica anterior, donde el cuidador podía conocerte personalmente y recoger las hierbas de tu propio jardín para curarte, funcionasen o no. Surge entonces esa sensación profunda, presente también en la literatura romántica, de que el mundo moderno ha roto nuestra conexión orgánica con la realidad.

Alexander Pope decía: “Asesinamos para diseccionar”. La ciencia moderna separa al ser humano de su realidad orgánica. Ahora expertos nos dicen qué ocurre dentro de nuestros cuerpos, cuando antes eso solo lo interpretaban sacerdotes o se descubría en la relación personal con Dios.

Todo eso genera una pregunta: ¿qué significa convertirse en sujeto moderno, cuya realidad está mediada por grandes instituciones estatales? Y la respuesta es que se siente extraño, alienado.

Por eso dentro del New Thought, de la espiritualidad New Age o de muchas prácticas de bienestar nacidas en el siglo XIX existe la idea de que uno debería recuperar autoridad sobre su propio cuerpo y su mente. Hay algo razonable en eso. El problema es que también aleja a la gente del conocimiento generado colectivamente por instituciones científicas.

Es decir, ¿crees que forma parte de una demanda del sujeto por recuperar autonomía en su vida?

Sí, hay una fragilidad enorme alrededor de la pregunta de quién tiene autoridad para decirme qué ocurre con mi cuerpo o con mi vida. Pero también conectaría esto con la lógica del colonialismo y la blancura. Muchos practicantes contemporáneos del bienestar y el turismo espiritual buscan culturas que sienten que ellos no tienen. Es parte de la herida imperial. Cuando te conviertes en el centro de la jerarquía de los cuerpos, también pierdes el sentido de origen.

En ciudades del norte global, rodeadas de personas con vínculos culturales claros con sus lugares de origen, muchos occidentales sienten que ellos no tienen esa raíz. Por eso en los años sesenta y setenta hubo una enorme ola de viajes al sur global: India, Tailandia, Birmania… Buscaban una cultura que pareciera intacta, auténtica, no completamente homogeneizada por el capitalismo.

Durante la Segunda Guerra Mundial hubo expediciones nazis a las montañas cercanas a Barcelona, en Montserrat. Las SS creían que había objetos espirituales importantes allí.

Sí, los nazis también estaban desarraigados culturalmente. Intentaban reconstruir una cultura alemana premoderna. Pero lo hacían como un pastiche. Al mismo tiempo estudiaban yoga, leían el Bhagavad Gita o se interesaban por el ocultismo.

En España, durante el franquismo, uno de los lemas de los golpistas era “Muera la inteligencia”. Y hay algo curioso: muchos conspiracionistas actuales se ven a sí mismos como pensadores críticos. No quieren ser parte de una masa obediente como en el fascismo clásico. Quieren verse como individuos únicos.

Sí, es un antiintelectualismo que nace de una ansiedad frente a la jerarquía del conocimiento. Si alguien puede decirle a Himmler que está inventando la historia de la India, él no quiere escuchar a esa persona. Si alguien dice a Trump que el calentamiento global afectará a la temporada de huracanes, quiere despedirlo.

El rechazo a la intelligentsia, a la autoridad científica o histórica, es central en los proyectos fascistas. Pero deja un vacío. No puedes negar la historia sin inventar otra.

Por eso es interesante que mencionaras a Foucault. Él trataba de descentralizar las figuras de autoridad mostrando cómo se construyen, pero la conspiritualidad parece adoptar esa crítica y llevarla directamente a sus propias conclusiones.

Exacto. Ese lenguaje foucaultiano –la idea de que el Estado produce sujetos mediante vigilancia, clasificación o la mirada médica– es usado muy eficazmente por conspiracionistas contemporáneos.

Quizá tenga que ver con el propio anticomunismo de Foucault. Porque lo que queda fuera es la pregunta de por qué ocurre esa categorización. Se pierde la explicación material: que esas estructuras sirven a la acumulación capitalista.

Así todo el mundo acaba pensando que el Estado es violento o deshumanizador, pero nunca se aborda para qué sirve realmente.

Hay algo curioso con la idea de “despertar”, pues muchos de estos grupos se declaran despiertos, pero al mismo tiempo son profundamente antiwoke (woke significa, literalmente, “despierto/a”).

Sí, tienen que marcar muy bien la diferencia entre woke y awakening (‘despertar’). Si eres woke, según ellos, has hecho lo contrario de despertar. Significa que has identificado fallos estructurales del capitalismo y te has obsesionado con cosas como raza, género o clase. Para ellos, despertar significa darse cuenta de que esas categorías no importan realmente y que lo que importa es una especie de purificación espiritual del orden internacional.

Hablemos de política: Trump se presenta a menudo como alguien que lucha contra un deep state. ¿Ves paralelismos entre ese lenguaje y la conspiritualidad?

Trump no tiene un interés real por la espiritualidad. Es completamente cínico. Es una persona de televisión. Su atención se dirige a aquello que capta audiencia. Cuando vio que QAnon generaba mucho engagement mediático, empezó a amplificar cuentas relacionadas con ese movimiento. Pero nunca se comprometió realmente con esas ideas.

También busca ser reconocido por la derecha cristiana. Cuando va a reuniones de oración y deja que los pastores recen sobre él, entiende el papel que está interpretando. Y lo utiliza. Después de los intentos de asesinato dijo que Dios lo había mantenido con vida para cumplir una misión. Sabe que ese lenguaje funciona con su base electoral.

¿Crees que estos movimientos conspirativos están organizados por la extrema derecha para desmovilizar a la gente, o más bien que la extrema derecha aprovecha narrativas que ya existen?

Creo que muchas explicaciones conspirativas sobre esto repiten el mismo problema. Por ejemplo, hay gente que dice que Jeffrey Epstein estuvo detrás del origen de QAnon. Es una historia atractiva, pero con muy poca evidencia. Parte de la premisa de que los cambios políticos se producen porque un pequeño grupo de actores malvados lo decide. Pero QAnon tiene un origen mucho más amplio.

Es más plausible pensar que jóvenes deprimidos y precarizados empezaron a producir historias nihilistas que se convirtieron en memes y acabaron fuera de control. Después actores políticos astutos –Steve Bannon sería un ejemplo– supieron aprovechar esos movimientos. Nadie podría haber diseñado QAnon desde arriba. Es demasiado caótico.

Hace unos días se publicaron documentos sobre el intento de golpe del 23-F en España. Algo parecido a lo que ocurrió con los documentos de JFK. Se liberan archivos, pero nadie sabe qué hacer con ellos, pues se pueden seleccionar fragmentos que confirmen casi cualquier relato. ¿Hasta qué punto las propias instituciones contribuyen a este clima de sospecha al publicar documentos incompletos?

Una de las cosas más desorientadoras del paisaje informativo contemporáneo es la ausencia de responsabilidad institucional. Cuando se publican documentos parcialmente censurados o fragmentarios, la gente sin recursos tiene que reconstruir historias por su cuenta. Añaden detalles, especulan, rellenan los huecos.

La publicación de esos documentos responde a una necesidad contemporánea de exposición total. Existe la sensación de que todo puede encontrarse en Internet, que basta con localizar el enlace correcto.

El problema es que esa publicación parece transparencia. Parece honestidad. Pero está basada en la premisa liberal de que exponer un error o un crimen automáticamente lo corrige. Y eso rara vez ocurre.

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En sus orígenes, Silicon Valley se presentó como el laboratorio del futuro de cara amable en el que se nos hablaba de que la conexión con otras personas del mundo nos haría sentir menos solos, que la optimización en la eficiencia de procesos productivos nos liberaría del trabajo, y que el aceleramiento científico sería para acabar con todas las enfermedades. Pero esa cara amable se ha ido revelando, con el tiempo, como una impostura, una máscara que escondía el camino que se iba constituyendo en silencio y que se preguntaba: ¿qué hacer cuando el Estado ya no sea útil a nuestros intereses?

Hoy, una parte de la élite tecnológica ya no piensa el Estado como espacio a reformar, sino como una estructura histórica en inevitable declive. En su lugar, comienzan a diseñar un futuro, su futuro: comunidades tecnologizadas, con seguridad privada, y un marco jurídico propio y afín a sus necesidades. Esta tecnofantasía –que tiene más de ambición narcisista turbocapitalista que otra cosa–, considera que la digitalización de la economía, la movilidad del capital, las criptomonedas y la automatización reducirán progresivamente la capacidad de los gobiernos para regular, gravar y redistribuir. 

Lo relevante no es que esta hipótesis exista en debates académicos, sino que ya está guiando decisiones concretas de inversión y diseño institucional. Desde compras de tierra en territorios considerados seguros, a creación de zonas económicas con marcos regulatorios propios, pasando por experimentos jurídicos en países con instituciones frágiles hasta propuestas de comunidades digitales que aspiren a reconocimiento político. Pero vayamos a dos casos concretos: Honduras Próspera Inc., y el “estado-red” de Balaji Srinivasan. 

Roatán, Honduras: Próspera Inc

A unos cincuenta kilómetros de la costa de Honduras, en el Caribe, se encuentra la llamada ciudad Próspera en la Isla Roatán. Alejada de parlamentos y cumbres internacionales, la isla es uno de los primeros prototipos donde parte de la élite capitalista y empresarial ensaya cómo operar en un futuro sin Estado, pero manteniendo la soberanía –y el poder– por encima de las masas. 

Detrás del diseño institucional está la empresa Honduras Prospera Inc., financiada por capital estadounidense vinculado al ecosistema libertario tecnológico. Entre sus impulsores figura Erick Brimen, empresario venezolano formado en círculos de inversión estadounidenses, que ha defendido abiertamente la idea de competencia entre jurisdicciones como motor de eficiencia política. El proyecto contó además con el respaldo ideológico de figuras cercanas a Peter Thiel y al entorno del capital riesgo de Silicon Valley, que desde hace años explora modelos de charter cities o ciudades con carta fundacional propia.

Próspera es la cristalización de una corriente que lleva décadas defendiendo la posibilidad de diseñar marcos legales desde cero para atraer inversión y talento tecnológico. La diferencia es que aquí se consiguió territorio real y reconocimiento jurídico inicial. Y eso cambia la escala del experimento.

Ese reconocimiento jurídico llegó bajo el paraguas de las ZEDE, las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico aprobadas en Honduras tras la reforma constitucional de 2013. Las ZEDE permitían crear territorios con amplísima autonomía administrativa, fiscal y judicial. Próspera se instaló en la isla de Roatán bajo ese marco. Su estatuto le permitía operar con un régimen tributario propio, contratar servicios públicos de manera independiente y diseñar regulaciones adaptadas a los intereses de sus inversores. La promesa oficial era atraer capital extranjero y generar empleo, pero la arquitectura institucional iba mucho más lejos en tanto que se trataba de demostrar que la soberanía podía modularse, fragmentarse y reconfigurarse por contrato. Tecnofeudalismo.

El experimento, sin embargo, chocó con la política nacional. En 2022, el Tribunal Supremo de Honduras declaró inconstitucional el régimen de las ZEDE y el gobierno anunció su derogación. Próspera Inc. respondió activando mecanismos de arbitraje internacional, reclamando miles de millones de dólares en compensaciones por la cancelación del marco jurídico que había hecho posible su existencia. En 2025, Honduras Próspera Inc se vió forzada a reducir hasta un 85% el valor original de su demanda debido a la negativa del Tribunal Constitucional hondureño de validar las ZEDE. 

Más allá del litigio, el caso hondureño ha funcionado como prueba de concepto. Ha mostrado que es posible negociar con Estados debilitados o necesitados de inversión la cesión parcial de competencias. Ha demostrado que el territorio puede convertirse en plataforma experimental para rediseñar reglas desde cero. Y, sobre todo, ha evidenciado que la iniciativa no surge de movimientos sociales ni de demandas ciudadanas, sino de capital organizado que busca entornos regulatorios más favorables.

El Estado de red: de la teoría a los primeros ensayos privados

Si Próspera representa el prototipo territorial ya materializado, el segundo ejemplo no parte del suelo, sino de la red. Aquí el arquitecto principal es Balaji Srinivasan, ex director tecnológico de Coinbase y socio del fondo Andreessen Horowitz, uno de los núcleos financieros más poderosos del ecosistema tecnológico estadounidense.

Srinivasan ha sistematizado en The Network State un modelo político que ya no necesita negociar primero con un Estado debilitado. Su propuesta invierte el proceso: primero se construye una comunidad digital cohesionada, con identidad compartida, gobernanza interna y financiación propia basada en tecnologías descentralizadas. Después se adquiere territorio físico. Y finalmente se busca reconocimiento diplomático.

Este planteamiento no surge en el vacío. La empresa de capital riesgo Andreessen Horowitz –cuyo lema reza “Software is eating the world” (el software se está comiendo el mundo)–, ha invertido miles de millones en criptomonedas, blockchain e infraestructuras descentralizadas. La narrativa que acompaña esas inversiones es clara: reducir la dependencia de estructuras estatales tradicionales. No reformarlas, sino superarlas mediante código.

La idea de Estado de red es la extrapolación política de esa misma lógica financiera. Si el dinero puede descentralizarse, también la soberanía. Si las comunidades pueden coordinarse globalmente mediante blockchain, pueden también estructurar su propio sistema normativo.

Uno de los proyectos que intenta traducir ese esquema en realidad es Praxis. Presentado como una comunidad soberana para “constructores” tecnológicos, Praxis ha recaudado decenas de millones de dólares de inversores vinculados al ecosistema cripto con la intención declarada de fundar una nueva ciudad. No una startup urbana dentro de un Estado, sino el embrión de una nueva jurisdicción.

El proceso sigue la lógica srinivasaniana. Primero se constituye una comunidad digital cohesionada mediante tokenización y gobernanza online; después adquisición de territorio, y finalmente se busca el reconocimiento político. Pero aquí aparece el primer límite estructural. Praxis, como todos los proyectos similares, sigue necesitando un Estado que le ceda espacio o le permita instalarse bajo condiciones favorables. No hay territorio neutral esperando ser ocupado. Cada metro cuadrado pertenece a una soberanía preexistente, así que la supuesta superación del Estado comienza, paradójicamente, negociando con él.

El segundo límite es más político que jurídico. La comunidad digital que precede al territorio no es una comunidad abierta. Es una comunidad de capital, y la pertenencia se articula mediante inversión, afinidad tecnológica y capacidad económica. No hay ciudadanía en sentido clásico, sino membresía. Es, básicamente, un club de tecnofílicos multimilionarios cuya soberanía no emana de un demos territorial sino de una red de inversores coordinados.

Biotecnología y transhumanismo

Buena parte de los actores que orbitan este modelo financian investigación en longevidad, terapias génicas, optimización cognitiva e interfaces neuronales. Su obsesión es la misma que la que tuvieren algunos reyes, chamanes e investigadores de antaño: esquivar la muerte. Su filosofía, el transhumanismo.

Y es que estos nuevos modos de intento de soberanía son también una hipótesis sobre el futuro de la especie, que parte de la convicción de que la humanidad se encuentra en una fase de transformación acelerada y de que quienes lideren esa transición no pueden quedar sujetos a los ritmos deliberativos y a las limitaciones normativas de la democracia liberal. La cuestión biológica, en ese marco, deja de ser secundaria y pasa a integrarse en el propio proyecto político.

En un Estado tradicional, los ensayos clínicos, la experimentación biomédica o la edición genética están sometidos a supervisión pública, comités éticos y procedimientos que introducen fricción. En un enclave autónomo o en una jurisdicción negociada, esas fricciones pueden reducirse. 

Próspera ya ha funcionado como ejemplo de flexibilización normativa en el ámbito biomédico. Praxis aspira a algo más ambicioso, no solo operar bajo reglas distintas, sino constituir comunidades donde esa aceleración tecnológica forme parte del contrato fundacional y de la identidad colectiva. La “mejora humana” deja entonces de ser una promesa futurista y se convierte en horizonte organizador.

En ese punto, la separación que estos proyectos ensayan ya no es solo jurídica o territorial. Si el capital puede desplazarse sin fricción y la soberanía puede fragmentarse por contrato, también el cuerpo aparece como ámbito susceptible de optimización diferencial. El acceso a esas mejoras, sin embargo, no es universal. Depende de capital, y del alineamiento tecnológico.

Con ello, se camina hacia una forma de desigualdad que deja de ser exclusivamente económica y comienza a proyectarse sobre la propia condición humana. Esa es la última barrera real del proyecto transhumanista. 

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Durante décadas, la vivienda fue uno de los grandes organizadores silenciosos del orden social en España. Comprar un piso equivalía a algo más que resolver una necesidad material. Era una promesa de estabilidad, un mecanismo de integración y también una forma de gobierno. En Generación inquilina (Capitán Swing), Javier Gil reconstruye esa historia y la conecta con el presente para mostrar cómo el mercado inmobiliario se ha convertido en uno de los principales dispositivos de desigualdad del capitalismo contemporáneo.

El libro tiene una virtud poco frecuente. Parte de una investigación sólida, pero renuncia al lenguaje cerrado de la academia para intervenir en un debate público atravesado por lugares comunes, simplificaciones y falsas salidas. Gil analiza el paso de la sociedad de propietarios a una nueva etapa marcada por el alquiler permanente, la concentración de vivienda en manos de grandes actores financieros y la aparición de una generación que vive bajo un régimen de precariedad habitacional estructural. “La vivienda en propiedad ha funcionado como un dispositivo político”, resume. Y añade otra idea que recorre toda la conversación. “La generación inquilina es un sujeto de explotación, pero se puede transformar en sujeto político y tiene las llaves del cambio”.

Hablamos con él sobre el trabajo de investigación detrás del libro, el papel de las políticas públicas en la construcción del modelo español de propiedad, la financiarización del mercado de la vivienda, la fuerza política de los fondos de inversión y las posibilidades de articular una salida democrática a una crisis que ya no afecta solo al acceso a la vivienda, sino al conjunto de las condiciones de vida.

Durante décadas en España se fomentó la propiedad como modelo dominante de acceso a la vivienda, siguiendo aquella frase del ministro franquista José Luis de Arrese. ¿Qué papel han tenido las políticas públicas en la construcción de ese modelo?

Han sido centrales. España no solo siguió ese modelo, sino que fue punta de lanza de una forma de organizar la cuestión de la vivienda que luego se impulsaría también en otros países, por ejemplo, en el Reino Unido de Thatcher. La idea era transformar a la población en propietaria para evitar el conflicto de clases, para generar un mecanismo ideológico y un dispositivo político. La vivienda en propiedad ha funcionado como un dispositivo político.

En el caso español esto fue muy claro. Era una forma de integrar a toda esa población obrera que se estaba constituyendo en las periferias de Madrid, Barcelona y otras ciudades. La lógica era muy sencilla: Si las conviertes en propietarias, las haces conservadoras. O por lo menos reduces el antagonismo, introduces una expectativa de estabilidad y una vinculación con el orden existente.

Luego eso se vio también en otros contextos. Thatcher, mientras destrozaba a los mineros, transformaba a parte de la población que vivía en vivienda pública en propietaria de su vivienda. Y ese modelo funcionó. El neoliberalismo ganó la batalla ideológica y política en buena medida así, articulando procesos de desposesión de forma relativamente pacífica. Hubo conflicto, claro, pero también una capacidad muy grande de integración.

Yo siempre pongo un ejemplo muy concreto: mi madre, votante del Partido Comunista, se compra un piso en Vallecas en 1982. Es decir, una parte del mundo obrero y de la izquierda se lanzó también a la propiedad como forma de asegurar su vida. Ese es el éxito histórico de ese modelo. El problema es que ese modelo salta por los aires en 2008. Y ahí empieza otra fase.

Ahora, sin embargo, parece que estamos ante una vuelta de tuerca. Mucha gente vuelve a querer ser propietaria, pero igual con perspectivas distintas. ¿Cómo entiendes este retorno del sueño de la propiedad?

Como un síntoma de que no hay alternativa socialmente articulada. La gente sabe que no puede vivir de alquiler en condiciones dignas, porque vivir de alquiler es ser cautivo de un rentismo que impide tener una vida estable o acceder a un bienestar mínimo. Entonces hay que huir del alquiler y solo queda la propiedad. Pero eso no significa que la propiedad sea la solución. Lo que significa es que no hemos construido otras salidas.

La propiedad es una salida que ya se probó y fracasó. Genera desigualdad, genera especulación y vuelve a poner en marcha dinámicas parecidas a las de los años 2000. Y además hoy hay un elemento añadido, que es que la extrema derecha está disputando precisamente ese horizonte. Lo que quiere la extrema derecha es una población española que se sienta clase media, que acceda a la propiedad, mientras se excluye a una población pobre o migrante que quedará condenada al alquiler, a la precariedad y a una ciudadanía degradada.

Por eso, desde posiciones transformadoras, lo que necesitamos no es volver al viejo sueño, sino impulsar nuevos paradigmas de vivienda. Formas de propiedad y de acceso que tengan que ver con lo público, con la cesión de uso, con lo colectivo. Que ya no sea la propiedad individual lo que garantiza el bienestar, sino instituciones de bienestar sostenidas desde otras formas de organización.

Cuando hablas de un nuevo paradigma, ¿de qué estás hablando exactamente?

De romper con una concepción de la propiedad que viene de muy lejos y que la entiende como un poder casi absoluto. Hay toda una tradición jurídica y política que identifica propiedad con capacidad de uso y abuso, es decir, con la posibilidad de hacer prácticamente lo que quieras con un bien. Pero eso está en cuestión. De hecho, ya lo está socialmente.

Lo interesante es que una parte importante de la población empieza a decir basta. Empieza a asumir que este sistema de propiedad no vale, que no sirve para sostener una vida digna. Hemos visto encuestas donde una mayoría importante está a favor de poner límites al número de viviendas que puede tener una persona. En Berlín, por ejemplo, hubo un referéndum en el que el 56% votó a favor de expropiar viviendas a los grandes caseros de la ciudad.

Eso muestra que no se trata solo de qué dice la ley ahora mismo, sino de la potencialidad política de transformarla. Porque además en España y en Europa la propiedad privada no es un derecho absoluto. Tiene límites, tiene función social. El problema no es jurídico en sentido estricto. El problema es político. Hay herramientas para intervenir en el mercado y transformar la relación con la propiedad, lo que ocurre es que hay muchísimo dinero en juego y una oposición fortísima por parte de quienes concentran la propiedad, el capital y el poder.

En el debate público se habla mucho de fondos buitres o fondos de inversión, pero a menudo sin explicar bien quiénes son ni cómo operan. ¿Qué tipo de actores estamos describiendo cuando hablamos de ellos?

Estamos hablando de los instrumentos que han encontrado las grandes oligarquías internacionales para agrupar su dinero, organizarlo y defenderlo de manera colectiva. Son una especie de sindicato de los más ricos. Un fondo de inversión lanza productos para invertir en el sector inmobiliario en Europa, por ejemplo, y ahí ponen dinero gobiernos, fondos de pensiones, aseguradoras, grandes fortunas, instituciones financieras. Todo ese capital se canaliza hacia operaciones especulativas sobre vivienda en España, Portugal o donde toque.

Por eso digo que son actores que controlan el mundo en un sentido muy concreto. No porque decidan absolutamente todo, sino porque tienen capacidad real para definir políticas, para decidir dónde se invierte el dinero, para rescatar o ahogar países, para condicionar mercados enteros. Ahora mismo son el verdadero poder.

Y además hay un proceso de transferencia de propiedad muy claro. Mucha vivienda no solo ha pasado de manos públicas o bancarias a fondos de inversión, sino también de viejas burguesías locales a oligarquías financieras internacionales. El ejemplo típico es el de familias que tenían varios edificios enteros en el centro de Madrid o Barcelona, heredados, perfectamente rentabilizados, y a las que llega un fondo y les ofrece una cantidad enorme de dinero. De pronto esa propiedad cambia de escala y de lógica. Ya no está en manos de un rentista local, sino integrada en grandes circuitos globales de acumulación.

¿Entonces, hasta qué punto consideras que la política de vivienda en Europa y en España la están marcando los fondos de inversión?

Hasta un punto muy alto. Basta ver la relación entre política monetaria, regulación financiera y mercado inmobiliario. Los fondos de pensiones, por ejemplo, dejan de obtener rentabilidad en otros espacios cuando los tipos bajan y se desplazan al mercado inmobiliario a través de grandes gestores como Blackstone o Cerberus. Eso no ocurre en el vacío. Ocurre porque hay una determinada arquitectura política y monetaria que lo favorece.

Y luego está la dimensión del poder político directo. El fundador de Blackstone, por poner un caso, ha sido uno de los grandes donantes de Donald Trump y uno de sus principales asesores. Ese músculo económico se traduce también en capacidad de influir en leyes, en gobiernos, en orientaciones estratégicas. Por eso digo que la política de vivienda no la están decidiendo solo los parlamentos o los ministerios, sino un entramado mucho más amplio en el que los grandes fondos tienen una centralidad enorme.

Ante ese poder transnacional, ¿qué margen real existe a escala estatal?

Se pueden hacer muchas cosas. Otra cosa es que haya voluntad política de hacerlas. Gran parte del nuevo paradigma de vivienda se puede impulsar a nivel estatal. Técnicamente, muchas medidas son perfectamente viables. El problema es que no se atreven.

Un ejemplo muy claro: todo el dinero barato que llegó desde Europa, los fondos Next Generation y otros créditos blandos, se podría haber utilizado para comprar vivienda. No para construir sin más, sino para intervenir en operaciones especulativas entre fondos. Blackstone está vendiendo parte de las viviendas que compró a través de la antigua cartera de la banca en Madrid. Esas viviendas podrían comprarse ejerciendo derecho preferente de compra, por el mismo precio, y sacarse al alquiler por debajo del precio de mercado. Con esos alquileres se podría pagar la hipoteca y aun así mantener precios más bajos. 

Por tanto, sí, hay restricción europea, hay poder económico transnacional, hay lobby y presión supranacional. Todo eso es cierto. Pero también hay margen estatal. Lo que falta es una decisión política de entrar en conflicto con ese modelo.

En ese punto aparece la “generación inquilina” como sujeto posible de cambio o emancipación. ¿Cómo ves esa batalla política e ideológica?

Yo ahí sí soy optimista en un sentido concreto. La generación inquilina es un sujeto de explotación, pero se puede transformar en sujeto político y tiene las llaves del cambio. Ahora bien, eso no ocurre solo: tiene que organizarse. Tiene que dejar de verse como un conjunto de individuos aislados y empezar a percibirse como parte de un mismo grupo social.

Ahí la referencia histórica es clara. Si vivimos en un capitalismo rentista, hay que hacer con él algo parecido a lo que el movimiento obrero hizo con el capitalismo industrial. Mediante lucha sindical, desobediencia civil y creación de nuevas instituciones colectivas. Eso es lo que permite generar cultura común, comunidad, fuerza social.

La clave es que inquilinos muy diferentes entre sí empiecen a vivir una experiencia común y a organizarse a partir de intereses compartidos. Que eso se exprese de forma antagónica frente a otro grupo que tiene intereses opuestos y que también se está organizando. Ahí empieza un proceso de formación de clase.

Y además esa generación inquilina tiene que disputar a la población propietaria, no entregársela a la derecha. Porque propietarios e inquilinos forman parte de la misma clase trabajadora en momentos históricos distintos. La derecha va a intentar separarlos, como hace con las campañas sobre ocupación o inseguridad. Pero la cuestión es articular una alianza más amplia, porque también quienes tienen vivienda en propiedad están amenazados por este capitalismo rentista que invade cada vez más ámbitos de la reproducción social.

La herencia sigue siendo un tabú político fuerte. ¿Es imprescindible repensar la herencia para abordar de verdad la crisis de la vivienda?

Sí, pero incluso iría más allá. Hay que intervenir antes de la herencia. Hay que replantear el sistema de propiedad y de concentración del patrimonio en nuestra sociedad. La herencia es uno de los momentos en los que eso se reproduce, pero el problema ya está antes. Lo que muestran los datos es que entre 2008 y 2024 se dispara la concentración de propiedad, es decir: no es solo que la generación inquilina no pueda comprar viviendas, es que otros las están comprando para especular con ellas y quedarse con la mitad del sueldo de quienes viven de alquiler.

Por eso ni siquiera lo planteo solo en términos morales. Es que la sociedad se está rompiendo. Este sistema genera malestar, desigualdad y una fractura cada vez más profunda. Cuanto más tarde se intervenga, peor será.

Y ya la última: ¿si pudieras aplicar una o dos políticas mañana mismo, ¿qué crees que debería hacerse?

De entrada, intervenir todas las compras especulativas de fondos de inversión con derecho de tanteo y retracto y lanzar un gran fondo público para comprar vivienda. En el libro calculo que con una operación así se podrían comprar hasta tres millones de viviendas. El mensaje sería clarísimo: aquí ya no se especula más. 

Y esas viviendas podrían ir a alquiler digno, por debajo del precio de mercado, porque el problema para muchísima gente no es pagar mensualmente una vivienda, sino la barrera de entrada inicial. Ahí es donde el Estado tendría que actuar.

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En la sala de CaixaForum Barcelona el diagnóstico aparece pronto y con una palabra pegajosa. Slop. Así llama Kate Crawford a la avalancha de imágenes, textos y vídeos sintéticos que la inteligencia artificial (IA) generativa expulsa sin descanso en internet. Un residuo cultural que se multiplica en redes sociales, en publicidad, en propaganda política o en simples contenidos diseñados para provocar clics y reacciones rápidas. Basura digital, pero también combustible. Porque ese mismo material alimenta a los modelos que lo producen.

Crawford, investigadora y autora de Atlas of AI, invitada dentro del ciclo Diálogos para pensar el presente, presentó en Barcelona una conferencia titulada Eating the future. The metabolic logic of AI slop. La idea central es que la inteligencia artificial funciona cada vez más como un sistema metabólico que devora imágenes, textos y datos producidos por humanos para devolverlos transformados en una masa sintética que vuelve a circular por la red. Un proceso extractivo que recuerda a los ciclos materiales de la industrialización, aunque ahora ocurre también en el plano cultural y cognitivo.

El término slop describe precisamente ese resultado visible. Imágenes generadas en masa, vídeos absurdos, memes automáticos, propaganda política fabricada por máquinas. “La simulación reemplaza lo real”, recuerda Crawford citando a Jean Baudrillard. En ese sentido, la estética de la IA no es solo un fenómeno cultural, sino el producto de una transformación económica más amplia: una nueva capa del capitalismo digital que convierte la producción simbólica en un circuito de extracción, digestión y expulsión permanente.

Crawford recupera una vieja idea de Karl Marx sobre la ruptura del metabolismo entre sociedad y naturaleza provocada por la industrialización. “En el siglo XIX ese desequilibrio se manifestaba en la acumulación de residuos y en la transformación acelerada de los ecosistemas. Hoy la inteligencia artificial produce algo parecido, pero extendido también al conocimiento. El sistema consume información humana para producir más información sintética que vuelve a alimentar los modelos”, afirma. 

El resultado es una especie de círculo autoalimentado en el que los sistemas de inteligencia artificial devoran el contenido existente y generan cantidades crecientes de material que vuelve a entrar en el ciclo de entrenamiento. Pero en lugar de darnos resultados cada vez mejores, lo que ocurre es lo contrario: la calidad de las imágenes generadas es cada vez peor, lo que se conoce por “model collapse”, cuando los sistemas comienzan a degradarse porque se entrenan cada vez más con contenido generado por otras máquinas: “El ruido aumenta, las respuestas se vuelven menos fiables y el conocimiento pierde densidad”, sentenció. 

Pero el problema no es solo el deterioro cognitivo, como Crawford y Peirano insistirán más de una vez. No; la “inteligencia artificial” también tiene graves consecuencias materiales. El entrenamiento de grandes modelos consume cantidades crecientes de energía, agua y recursos informáticos, tantos como las de un Estado de medio tamaño. Pero los costes no hacen más que aumentar, y algunas estimaciones apuntan a que hacia 2030 el consumo energético de la IA podría alcanzar niveles similares a los de países como Japón, nos recuerda la experta australiana. 

Este impulso se explica por una lógica que Crawford describe como capital computacional: las grandes empresas tecnológicas compiten por acelerar los algoritmos unos pocos milisegundos, mejorar ligeramente el rendimiento o ampliar la escala de sus modelos, y en ese proceso se construyen enormes centros de datos y redes de cálculo cuyo objetivo es mantener una ventaja mínima sobre los competidores. Un esquema que recuerda al funcionamiento de los imperios industriales tempranos.

La consecuencia es un sistema que parece obligado a crecer incluso cuando sus beneficios sociales resultan ambiguos y los futuros escenarios de ruptura, más que plausibles: colapso cognitivo, material, y ambiental. La pregunta ya no sería si estos límites aparecerán, sino cuándo.

En acabar la conferencia, la periodista y ensayista Marta Peirano tomó el escenario para abrir el diálogo. La conversación volvió al concepto de simulación. Peirano citó Cultura y simulacro de Baudrillard para plantear qué queda al final de este proceso metabólico. Si la red se llena de contenido sintético producido por máquinas, ¿qué ocurre con la realidad que supuestamente representaba?

Crawford respondió que el sistema funciona como una especie de ouroboros digital, la serpiente que se muerde la cola, un símbolo procedente del imaginario del antiguo Egipto que representa un ciclo que se consume y se reproduce a sí mismo.

La inteligencia artificial devora el mundo para producir imágenes, textos y datos que después vuelven a entrar en el mismo circuito como nuevo alimento. El riesgo aparece cuando ese bucle empieza a sustituir las fuentes originales de conocimiento y el sistema termina alimentándose principalmente de sus propios residuos.

El diálogo se desplazó entonces hacia una nueva fase de la tecnología derivada de los modelos de lenguaje, los llamados agentes de IA, sistemas capaces de interactuar entre sí y tomar decisiones autónomas, y que podrían intensificar este proceso. Si los algoritmos están diseñados para maximizar la interacción y el engagement, el resultado podría ser una producción automática de contenido sin destinatario humano real. Bots generando material para otros bots, ese parece ser el futuro hacia el que nos dirigimos.

Peirano también señaló otra transformación en marcha: el cambio de interfaz, el paso de lo táctil a lo auditivo. Como apuntó, en las dos últimas décadas la relación con internet ha pasado por la pantalla, pero la inteligencia artificial abre la posibilidad de interfaces basadas en la voz: a diferencia de la comunicación auditiva que conocemos, esta se convertirá en una presencia constante, casi íntima, capaz de seleccionar noticias, organizar relaciones o decidir qué información aparece ante nosotros. Una especie de capa invisible que media entre el individuo y el mundo.

Y, sin embargo, la cuestión no es regresar a un mundo anterior a la inteligencia artificial, concluyeron. El desafío consiste en imaginar otros modelos de propiedad, cooperación y gobernanza que permitan frenar la lógica puramente extractiva del sistema. Una tarea que, más que tecnológica, es política y ecológica. Porque la máquina que hoy devora imágenes, textos y datos también está devorando algo más difícil de medir: la manera en que una sociedad piensa, recuerda e imagina su propio futuro.

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En el tercer día de guerra abierta entre Estados Unidos, Israel e Irán, la escalada iniciada tras los bombardeos conjuntos sobre territorio iraní ha adquirido una dimensión regional de alto impacto estratégico. Tras el asesinato del líder supremo iraní y la destrucción de múltiples infraestructuras militares, Teherán ha respondido con una oleada coordinada de ataques con drones y misiles dirigidos contra bases estadounidenses en el Golfo, infraestructuras israelíes y posiciones diplomáticas en Arabia Saudí y Kuwait. Irán no es, en este sentido, Venezuela. La rendición, por ahora, no se contempla.

Organizaciones de derechos humanos estiman que más de 700 civiles han muerto desde el inicio de los bombardeos conjuntos, con cifras que oscilan entre los 555 fallecidos reconocidos por la Media Luna Roja iraní y los 742 civiles documentados por la agencia Human Rights Activists, entre ellos al menos 176 menores, aunque el apagón casi total de internet dentro de Irán dificulta la verificación independiente y alimenta la preocupación por un balance aún mayor.

La respuesta iraní apunta a una estrategia de resistencia sostenida orientada a multiplicar frentes y elevar el coste político y económico del conflicto. Como parte de esa contraofensiva, la Guardia Revolucionaria cerró el estrecho de Ormuz, paso por el que circula cerca del 20% del petróleo mundial. Los “mercados” ya han comenzado a reaccionar al alza, como no podía ser de otra manera; el precio del crudo se ha incrementado un 10%, y el de gas natural más de un 40%.

La expansión bélica también se ha desplazado hacia el norte. Israel ha iniciado el despliegue de tropas en el sur del Líbano tras intercambios de fuego con Hizbulá, abriendo un nuevo frente que reconfigura el mapa del conflicto. En el horizonte está el proyecto político del sionismo religioso del “Gran Israel” que abarcaría desde el río Nilo en Egipto hasta el río Éufrates en Irak, incluyendo Jordania, Cisjordania, la Franja de Gaza, el Sinaí y partes de Siria, Líbano y Turquía.

La promesa de una guerra breve

Donald Trump comenzó declarando que la guerra duraría entre cuatro o cinco semanas. Poco después admitió que podría prolongarse más tiempo, afirmando que ello no le preocupa porque Estados Unidos dispone del ejército más grande del mundo y puede “relajarse y esperar”. Es decir, que Trump está haciendo exactamente lo contrario a lo que dijo durante la campaña electoral, cuando prometió acabar con el pasado reciente intervencionista y virar hacia una política internacional aislacionista. Lo que está acabando, en realidad, son las últimas trazas de derecho internacional que se habían constituido –con sus faltas e incapacidades–, después de la segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, la confianza presidencial parece apoyarse en precedentes recientes percibidos como victorias rápidas, como la intervención indirecta en Venezuela. Ese marco refuerza la percepción de que la capacidad de proyectar fuerza y eliminar objetivos estratégicos puede producir resultados inmediatos sin consecuencias estructurales. Un análisis que, según el profesor chino-canadiense Jiang Xueqin (que previamente había previsto con acierto la victoria electoral de Trump y el posterior ataque estadounidense a Irán), es errónea y puede ser causante de que Irán se convierte en el Vietnam de Trump.

Por qué Estados Unidos puede perder

Para Jiang Xueqin, la guerra contra Irán no responde a la lógica convencional de superioridad tecnológica y golpes rápidos de decapitación estratégica. Se trata de una guerra de desgaste, híbrida y económicamente asimétrica. Y en ese terreno, sostiene, Estados Unidos parte con desventaja estructural. Su análisis es el que sigue:

El primer elemento es la asimetría de costes: el sistema militar estadounidense se diseñó para la Guerra Fría: tecnología sofisticada, sistemas complejos, plataformas de altísimo coste. En cambio, Irán opera con una lógica distinta. Drones de bajo coste, misiles relativamente baratos y redes distribuidas obligan a Estados Unidos a activar interceptores que multiplican por diez o por veinte el precio del ataque inicial. Cada intercepción exitosa supone una victoria táctica, pero un desgaste financiero estratégico. En una guerra prolongada, esta ecuación erosiona recursos.

El segundo elemento es el tiempo: Irán lleva dos décadas preparándose para este escenario. Ha estudiado las capacidades israelíes y estadounidenses, ha probado respuestas, ha construido una red de aliados y milicias en la región. Estados Unidos, en cambio, se enfrenta a un teatro fragmentado, sin un frente claro, con múltiples puntos de presión simultáneos. La guerra no se concentra en una capital ni en un ejército regular que pueda rendirse. Se dispersa en bases, rutas marítimas, infraestructuras energéticas y nodos logísticos.

El tercer factor es el Golfo: Arabia Saudí, Emiratos, Bahréin y Qatar constituyen el núcleo financiero del sistema del petrodólar. Venden energía y reciclan esos ingresos en activos estadounidenses, alimentando mercados financieros y, más recientemente, la expansión de la inteligencia artificial y los centros de datos. Irán ha desplazado la presión hacia ese espacio, y el cierre del estrecho de Ormuz afecta directamente al flujo energético mundial. Los ataques o amenazas sobre infraestructuras críticas saudíes –incluidas plantas desalinizadoras que proveen alrededor del 60% del agua potable del país–introducen vulnerabilidad civil y política. Una desestabilización prolongada del Golfo altera no solo la seguridad regional, sino la arquitectura financiera que sostiene al dólar.

El cuarto elemento es la economía digital: los ataques contra infraestructuras logísticas vinculadas a grandes plataformas tecnológicas trasladan la guerra al corazón de la cadena de suministro global. Centros asociados a Amazon y otros actores tecnológicos en Emiratos y Arabia Saudí forman parte de redes que sostienen comercio, datos y servicios en la nube. Cuando estos nodos se convierten en objetivos, el conflicto deja de ser exclusivamente militar. Y si el capital del Golfo reduce su exposición a activos estadounidenses por inestabilidad prolongada, el impacto se proyecta hacia el mercado bursátil y hacia la burbuja de inversión en inteligencia artificial.

El quinto factor es el dilema de la escalada: la historia reciente muestra que el cambio de régimen raramente se consigue exclusivamente desde el aire. En este sentido, si los objetivos estratégicos iniciales no se materializan, la presión para introducir tropas terrestres puede aumentar, especialmente si los aliados regionales exigen protección reforzada. Una intervención limitada puede transformarse en compromiso ampliado bajo la lógica de credibilidad y prestigio. En ese escenario, el coste humano y político se intensifica.

Ahora bien, también cabe hacerse otra pregunta, que introduce, si se quiere, un escenario todavía más turbulento: ¿Y si Trump no viera con malos ojos alargar una guerra que le sirviera para llevar al país en un estado de semi-excepción que le permitiera perpetuarse en el poder un tercer mandato?

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El Gobierno ha iniciado la desclasificación de documentos relativos al 23 de febrero de 1981. La decisión llega más de cuatro décadas después del intento de golpe de Estado y se produce bajo un marco jurídico que sigue siendo anómalo en términos democráticos: la Ley de Secretos Oficiales vigente es de 1968, aprobada en plena dictadura franquista y apenas modificada tras la Transición. No fija plazos automáticos de desclasificación ni establece un órgano independiente que supervise qué debe abrirse y cuándo.

En la práctica, eso significa que la transparencia no es un derecho estructural garantizado por calendario, sino una decisión política. El Ejecutivo conserva el control sobre el ritmo, el alcance y la arquitectura de la apertura. Los documentos publicados contienen información relevante. Pero aparecen como piezas sueltas. Y en esa fragmentación es donde surgen las zonas de sombra. Las analizamos.

El relato que consolida la versión oficial

Entre los papeles desclasificados, el documento titulado «Sucinto relato de los sucesos sucedidos los días 23 y 24 de Febrero de 1.891 a raíz del asalto al Congreso de los Diputados según fueron conocidos en el Palacio de la Zarzuela» es especialmente relevante.

A diferencia de las conversaciones espontáneas o las notas que recogen rumores, este texto ofrece una narración coherente de las horas clave. Su contenido refuerza el relato institucional: presenta al Rey como ajeno a cualquier trama golpista y garante del orden constitucional.

En el documento se relata cómo el general Armada llama a Zarzuela con intención de trasladarse al Palacio, y la respuesta aparece formulada de manera tajante: un “NO” rotundo que bloquea cualquier aproximación. La negativa es determinante y refuerza la imagen de la Corona desvinculada de la trama.

El texto detalla también cómo el Rey coordina con capitanes generales, organiza el mensaje televisado y encauza la respuesta institucional. Todo encaja en un relato ordenado, y el Rey aparece como garante decisivo de la democracia.

Ahora bien, es fundamental matizar qué tipo de documento es, pues no se trata ni de transcripción literal ni una grabación, sino que es un relato interno, reconstruido a posteriori. Esto no implica que sea falso, pero sí que no estamos ante palabras exactas. Es una narración institucional que, naturalmente, consolida el relato oficial.

Armada, el gobierno de concentración y la conversación con Tejero

Entre los papeles desclasificados figura la conversación telefónica entre Juan García Carrés y Antonio Tejero. Leída sin marco institucional que la contextualice, la conversación muestra tensión, expectativa de apoyos militares y referencias constantes a figuras clave como Milans del Bosch y, sobre todo, el general Alfonso Armada.

En el intercambio aparece mencionada la propuesta de Armada de articular un gobierno de concentración que incluiría incluso a Santiago Carrillo. Esta hipótesis ha sido discutida durante años, pero su aparición en una conversación directa entre implicados en el golpe devuelve al centro la pregunta esencial: ¿qué papel jugaba exactamente Armada y bajo qué legitimidad operaba?

Armada no era un actor marginal, y su proximidad histórica a la Casa Real convierte cualquier iniciativa suya en una cuestión políticamente sensible. Si proponía una salida institucional alternativa, ¿lo hacía por iniciativa propia o convencido de contar con una cobertura superior? El documento no resuelve esa incógnita.

Además, la conversación revela la precariedad del momento. García Carrés intenta utilizar a la esposa de Tejero como canal indirecto de comunicación, pidiéndole que él hable en voz alta para poder retransmitir el mensaje desde el exterior. Es una escena casi improvisada que muestra un golpe dependiente de señales inciertas y expectativas frágiles.

Sin embargo, la publicación no conecta este diálogo con otras comunicaciones paralelas ni con movimientos institucionales en la misma franja horaria. La pieza queda aislada. Y lo aislado no cierra el relato.

Los rumores cualificados sobre reuniones con la Casa Real

Otro documento especialmente delicado es la nota interior del Ministerio del Interior fechada el 5 de febrero de 1982. A diferencia del documento que narra cómo ocurrieron los hechos en la Moncloa (que consolida el relato oficial), esta pieza es la que más claramente ha reactivado interpretaciones críticas sobre el papel de la Corona.

El texto recoge informaciones procedentes de “núcleos cualificados de opinión” en Cantabria y de ambientes castrenses que daban por seguras entrevistas confidenciales del Rey con militares implicados en el 23-F, concretamente con el general Armada y con Milans del Bosch. El documento insiste en que no se trata de rumor “callejero”, sino de círculos restringidos y con presencia militar.

Si bien no prueba implicación alguna de la Corona en la trama golpista, sí demuestra que, en determinados sectores militares y de opinión restringida, se consideraba verosímil que el Rey hubiera mantenido contactos reservados con algunos de los principales implicados. Y esa percepción, en un contexto tan delicado como el posterior al 23-F, no es políticamente irrelevante.

Además, el propio documento añade un elemento significativo: según esas versiones, el objetivo de tales encuentros sería evitar que la Corona saliera lesionada del proceso y que los intentos de señalarla no provinieran de militares de “reconocida vocación monárquica”. Esta frase es particularmente sensible porque introduce la idea de una posible gestión política de daños institucionales.

De nuevo, nada de esto constituye una prueba de implicación directa del Rey en el golpe. Pero sí convierte dicho documento en el texto que más alimenta la hipótesis de que el entorno de la Corona pudo haber estado, como mínimo, en una zona de contacto político con algunos de los protagonistas. De ahí que este documento sea el más delicado de los publicados hasta ahora.

Estados Unidos y la frase diplomática que no es neutra

Entre los documentos desclasificados aparece también una referencia a la posición de Estados Unidos ante la crisis española. La fórmula que circula es conocida: Washington no se “mete en los asuntos internos” de España. En términos diplomáticos, es una expresión estándar. Pero en el contexto de un intento de golpe en un país estratégico del flanco sur europeo, la frase no es inocua.

Lo relevante no es sugerir una implicación directa de Estados Unidos, sino constatar que la dimensión internacional formaba parte del clima político del momento. Los actores implicados eran conscientes de que la reacción exterior importaba. La ausencia de condena inmediata podía interpretarse como margen de maniobra.

El problema, de nuevo, no es el documento en sí, sino su aislamiento. No sabemos qué información manejaban las autoridades españolas sobre la postura estadounidense en tiempo real, ni si hubo comunicaciones diplomáticas adicionales no publicadas. La pieza aparece, pero no se integra en una reconstrucción global del contexto internacional.

Transparencia fragmentaria y reforma pendiente

La cuestión no es alimentar teorías conspirativas ni desmontar sin pruebas el relato institucional, pero mientras España siga operando bajo una Ley de Secretos Oficiales heredada del franquismo, sin plazos automáticos de apertura ni supervisión independiente, la desclasificación seguirá siendo discrecional. La historia se abrirá por decisión política, no por derecho ciudadano.

El 23-F es el episodio fundacional de la democracia española. Si la desclasificación quiere fortalecer la confianza institucional, no basta con liberar documentos. Es necesario reformar el régimen del secreto y asumir que el archivo no es propiedad del poder ejecutivo. Porque abrir papeles es un gesto, que, en el mejor de los casos, obedece a una buena voluntad del Ejecutivo de Sánchez, pero no basta con liberar documentos si se hace de manera que la estructura global del acontecimiento permanezca difusa.

En este sentido, tenía razón Javier Cercas cuando insistía en que la democracia española solo podría madurar del todo cuando el episodio dejara de estar rodeado de zonas opacas. Y esto, por desgracia, todavía no ha sucedido.

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En La fosa abierta (Anagrama), Brigitte Vasallo toma como punto de partida la memoria campesina gallega y la experiencia de la emigración a París para cuestionar los marcos desde los que solemos pensar la identidad, la integración y el mundo rural. El libro no es una evocación nostálgica del pasado, sino una intervención en debates muy presentes: la figura del “migrante ejemplar”, la instrumentalización política de la lengua, la construcción cultural del campesinado como sujeto atrasado o incapaz de pensarse.

A través de la historia de su madre –que pasó de una aldea gallega a trabajar como interna en el distrito 16 de París– y de las capas de la migración interna en Catalunya, Vasallo discute la idea misma de integración y señala las dificultades de la izquierda para reconocer al campo como sujeto político con autonomía propia. La memoria, aquí, no es un refugio, sino un campo de disputa.

En esta conversación, la memoria deja de ser relato íntimo para convertirse en herramienta crítica. Hablamos del “migrante útil”, de la integración como tecnología de poder, de la lengua como derecho y no como prueba de pureza, y de la dificultad de las izquierdas para pensar el campo sin convertirlo en objeto. La memoria, aquí, no es un refugio: es una forma de desobediencia.

La memoria –la de tu madre antes de ser madre, la tuya propia, la de la población migrante que viene del mundo campesino– atraviesa todo el libro. No como nostalgia, sino como campo de disputa. Para empezar, ¿qué papel juega la memoria para quienes han migrado y han tenido que desplazarse no solo geográficamente, sino también social y culturalmente? 

A mí me interesa mucho la cuestión de la memoria y, en este caso, que hago memoria de la diáspora, la pregunta de cómo podemos hacer esta memoria sin que responda a las lógicas memorialistas de los lugares fijos. Porque nuestro estar en el mundo y nuestra memoria es necesariamente una cosa distinta.

Entonces, ¿cómo construir esa memoria que no sea una memoria museitable y que no responda a la quietud, sino al movimiento?

Me decía Geni Núñez, que es una pensadora brasileña, que en las cartas jesuíticas de la conquista de los territorios que llamarán americanos se hablaba de que los pueblos nómadas no son colonizables. Entonces, una de las primeras preocupaciones era precisamente eso, parar el movimiento. Y a mí eso me interesa también en el sentido de comportamiento colonizable, cómo conservamos ese movimiento que también es la fluctuación en el pensamiento.

¿Y cómo se puede consolidar una identidad basada en el movimiento? Es decir, ¿la identidad nos remite necesariamente a una serie de representaciones fijas a las que volver? 

Es que tal vez no responde a la lógica de la identidad. También lo que estoy buscando con todo este viaje no es una identidad.

Por eso me gusta y he usado siempre estas dos palabras para definirme a mí misma: charnega y marimacho. ¿Por qué? Porque son palabras que abren una conversación, no la cierran. La identidad es una cosa que cierra más, que ya tiene un tipo de consenso alrededor.

En cambio, usar términos donde no hay aún consenso permite la conversación. Y eso es lo que a mí me interesa. No sé si me interesa tanto buscar una identidad en la diáspora.

Cuando narras en el libro que reunís gente con distintas experiencias de la diáspora, hay un común denominador, aunque las experiencias sean distintas. Hay un apelar a algo compartido.

Sí, en ese caso te remitiría a Spivak cuando habla de identidades estratégicas. Es como lo máximo que me podría interesar en el término identidad. Somos nosotres en ese momento en que hablamos de la diáspora y hay unas cosas en común.

Pero atendiendo a los lugares de salida, que en este caso es el mundo campesino antes de esos últimos procesos capitalistas, es distinta la experiencia en una aldea gallega que la experiencia de las jornaleras sin tierra andaluzas. Y cuando pensamos en los lugares de llegada, es distinta mi experiencia nacida en Catalunya que la de la gente que emigró a América o se quedó en Francia.

Entonces ahí vuelve a haber unos otros que se reconfiguran. Me interesa esa flexibilidad en la construcción y la posibilidad de una no confrontación entre las diferencias. Que no sea exactamente la misma experiencia no significa que sea la experiencia contraria ni que una memoria anule otras.

Si atendemos a las lógicas del pensamiento situado, esta es una pieza del puzzle que yo entrego. El puzzle no invalida las otras.

Se trata, entonces, de encadenar esas experiencias y abrirlas de una forma que no se tapen las unas con las otras.

Exacto. Eso es lo que se llama la estratificación de la clase obrera en términos del capitalismo y también la estratificación de las migraciones. Es uno de los mecanismos que tiene el capitalismo: generar estratos y ponerlos a competir.

Cuando hacemos esta memoria en Catalunya y se nos responde «también había catalanes pobres», claro, una cosa no quita la otra. Es interesante ver cómo el sistema puso a competir a catalanes pobres con migrantes pobres, igual que ahora se nos dice que el problema son los migrantes.

Y nosotras, hijas de migrantes internos, no saltamos las alarmas porque no sentimos que estén insultándonos, cuando también lo están haciendo.

Entender todos esos estratos forma parte de un relato que no alterice y que no haga brocha gorda con las clases subalternas.

Hablas del campesinado como una clase social difícilmente colonizable, casi impermeable a ciertas lógicas del capitalismo. ¿Por qué el campesino ha sido visto históricamente como alguien peligroso o indomable para el sistema?

El campesinado, en verdad, como clase social y como grupos sociales, es bastante indomable en ese sentido. ¿Por qué? Porque son grupos bastante autónomos. Eso ya lo decía Berger: un campesinado –a no confundir con el capitalismo agrario– es una clase social totalmente impermeable al consumismo.

Ya no es que tenga que hacer un esfuerzo para no dejarse atrapar, es que no necesitan nada. Yo estoy aquí en casa de mis primas y prácticamente no necesitan nada. Hoy en día tienen que pagar impuestos, claro, y ya no se fabrican la ropa como antes, pero por lo demás la cuestión de la acumulación, cuando hablamos de patatas, nabos y zanahorias, es un poco extraña.

Entonces es una clase social impermeable. Para los sistemas que se han ido instalando desde la modernidad, tanto el capitalismo como el Estado liberal, no se puede permitir que eso exista. Yo hago un paralelismo con las lesbianas o con las mujeres trans. Pienso: ¿para qué tanto ensañamiento si somos cuatro? Proporcionalmente somos una cosa irrisoria. Tal vez tanto ensañamiento porque somos un ejemplo disciplinar. Si existimos, quiere decir que hay otras formas de existencia posibles.

Y eso pasa también con el campesinado. Si el campesinado existe, quiere decir que hay otras formas de vida posibles. Y eso es lo que al sistema no le interesa. Entonces se disciplina, se invisibiliza, se barbariza al campesinado para que no podamos ni siquiera vernos reflejadas ahí.

Y a veces, desde la ciudad, también se romantiza el campo…

Claro, claro. Pero romantizar es fetichizar, y solo puedes fetichizar un objeto. El franquismo lo hizo. Primero fetiche y después, cuando ya no sirve, se tira. Es una cosificación.

Quería preguntarte por Paco Candel, una figura que en Catalunya se presentó como una suerte de “migrante modélico” y que tú criticas en tanto que representa tan bien la idea de integración del amo. 

Paco Candel fue el migrante útil. Y cuando digo útil no lo digo como juicio moral, sino como función política. Es el migrante que no solamente acepta asimilarse, sino que además acepta ocupar el lugar ejemplar desde el que se mide a los demás. Se convierte en referencia normativa.

Entonces, si Paco Candel se integró, ¿por qué no se integran los musulmanes? Si la migración anterior funcionó, ¿qué pasa con la actual? Ahí se produce un desplazamiento muy claro. El problema deja de ser estructural, deja de tener que ver con condiciones materiales, con racismo institucional, con desigualdad, y pasa a colocarse en el grupo migrante más débil del momento. Se individualiza y se culturaliza el conflicto.

Además, esa figura del “buen migrante” cumple otra función. No solo disciplina hacia fuera, también cierra el debate hacia dentro. Se construye una voz autorizada que habla en nombre de una experiencia entera. El año pasado se celebró el aniversario Candel y nadie me invitó a hablar de la cuestión charnega. Eso no es anecdótico. Se establece una especie de canon. Hay una figura que puede hablar por los siglos de los siglos de las migraciones internas, y otras voces quedan fuera.

Y cuando esa figura se utiliza como ejemplo comparativo frente a otras migraciones, lo que se está haciendo es reforzar una jerarquía racial y cultural. Se dice: antes funcionó, ahora no funciona. Entonces el fallo no es del sistema, es del nuevo migrante. Ese es el mecanismo.

Dices también que la mutación de clase de tu madre, que pasó de la aldea a trabajar de sirvienta en París, para luego volver a Galicia, fue también una mutación de género. 

Esto es un salto filosófico que me he permitido hacer. Cuando escribí el libro sobre lenguaje inclusivo y exclusión de clase empezaron a aparecer imágenes sobre mi origen campesino de forma poco intencional. Yo ya ponía la imagen de mi tía Erundina, que tenía bigote, y a mí eso siempre me pareció una cosa atrasada, porque era una campesina con bigote.

Hasta que en los ambientes transfeministas se empezó a hablar de no depilarse y eso me pareció súper moderno. Pero esos cuerpos yo ya los había visto. Lo que pasa es que no les había dado legitimidad política.

Entonces pienso en ese cuerpo campesino que no es un cuerpo refinado. Cuando Kollontai habla de la nueva mujer que no va a depender de un hombre, mis abuelas nunca dependieron de un hombre. Aquí hay un montón de hijos de soltera, mujeres que han criado y han tirado adelante la casa sin depender de nadie.

Federici nos dice que con el salario llega un tipo nuevo de patriarcado: la vida depende del salario y con él se crea desigualdad de género. En las colonias industriales catalanas los hombres cobraban salario entero, ellas la mitad y los niños menos. Eso genera una estructura que pasa a depender de los hombres.

En el campo no hay tarea que no sea cuidado. Todas las tareas tienen el mismo prestigio.

Mi madre, campesina de una aldea donde todos estamos emparentados, se marchó a París. No sabía leer ni escribir. Llegó al barrio 16, entró de interna en una casa rica y pasó diez años allí. Tuvo que aprender a usar el tenedor y el cuchillo, a cocinar como ellos. Tuvo que sofisticar su género.

Quería preguntarte por la llamada España vaciada, que aparece un poco como música de fondo en el libro. Hay todo un relato político y mediático sobre el vacío, sobre territorios que supuestamente ya no tienen sujetos, casi como si fuesen espacios disponibles para proyectos externos. ¿Qué hay de cierto en esa idea de lo vacío? ¿Existe realmente ese vacío o es una forma de nombrar otra cosa?

No, ciertamente, lo vacío no existe. Las resistencias siguen existiendo. A mí me preocupa mucho la relación entre las izquierdas políticas y el campesinado; hay una arrogancia y una mentalidad cosificante respecto a la gente del campo.

La gente del campo es diversa y vota a todo el espectro. ¿Cómo es que no hay un acercamiento en horizontal, una escucha real, un apoyo a los proyectos que existen aquí?

Con los incendios se vio claro: no se puede desbrozar el monte para prevenir que el fuego se extienda, pero sí se desbroza para postes eléctricos, eólicos o placas solares. Eso genera un malestar muy fuerte.

Cuando dices que la izquierda no tiene proyecto político para el campo, pero sí existe una narrativa cultural muy potente sobre lo rural, pienso en el cine de Carla Simón o en As bestas, de Sorogoyen. ¿Qué te parece problemático de esa representación? ¿Qué es lo que está narrando realmente la película sobre el campesinado?

Una de las cosas que me ha enseñado esta investigación es que todo el pensamiento político que hacemos desde la modernidad es hijo de la modernidad. No planteamos la modernidad como uno de los marcos posibles, sino como la neutralidad. Todo el pensamiento que hacemos dentro del capitalismo es capitalista, incluso el anticapitalismo.

Uno de los éxitos narrativos de la modernidad ha sido construir al campesino como un ser incapaz de pensarse a sí mismo, como alguien al que tiene que venir la gente de ciudad a explicarle lo que le pasa. Y eso lo vemos también en productos culturales que, incluso siendo críticos, siguen reproduciendo esa mirada.

En el caso de As bestas, mucha gente de izquierdas no había leído la película en ese sentido. Pero ahí vuelve a aparecer esa figura del campesino como bruto, como incapaz de entender el mundo, como alguien reaccionario por naturaleza. No se plantea qué conflictos materiales hay, qué tensiones reales existen, qué choque de proyectos se está produciendo.

Incluso cuando desde la izquierda se habla de “llevar el arte al campo” o de intervenir culturalmente en lo rural, hay algo de esa misma lógica: como si aquí no hubiese pensamiento, ni cultura, ni capacidad de producir discurso propio.

No se reconoce al sujeto campesino como sujeto político y sujeto de su propia historia.

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El acto, un diálogo entre Gabriel Rufián y Emilio Delgado moderado por Sarah Santaolalla, había sido anunciado como una conversación para abrir un nuevo espacio. Un espacio que, en realidad, lleva tiempo rondando como un fantasma en el discurso de Rufián. Desde hace meses, el diputado de Esquerra viene insistiendo en la necesidad de articular una izquierda plurinacional capaz de competir no solo electoralmente, sino culturalmente, frente al bloque que se consolida en la derecha. Porque el contexto es ese. No se trata de un simple relevo parlamentario: existe la sensación de que lo que viene no es alternancia, sino algo más áspero. Una derecha que ya no se presenta como adversario, sino como amenaza. Y una izquierda que, mientras tanto, se consume en debates internos, siglas superpuestas y guerras de pureza.

Lo significativo es que el movimiento de Rufián ha recibido, hasta ahora, más portazos que adhesiones. Esquerra ha marcado distancias. Bildu también. Otros actores del espacio progresista han preferido leer el gesto como una maniobra personal o como un globo sonda sin recorrido. Y, sin embargo, pese a todos esos noes, la sala estaba llena. Incluso, como subrayó Santaolalla al abrir el acto, estaban todos los partidos políticos. Algo pasaba, precisamente porque no había nada cerrado.

La presentadora arrancó con una pregunta directa a Emilio Delgado, de Más Madrid: ¿Qué es esto? ¿Qué hacéis aquí?

Delgado tomó la palabra con una apelación directa, casi generacional. Quienes estaban allí, vino a decir, eran quienes no se resignan a bajar los brazos y abandonar el país. Quienes creen que todavía hace falta abrir la conversación, aunque sea tarde, aunque sea incómodo, aunque sea difícil.

Su intervención giró rápidamente hacia un diagnóstico más ambicioso. Lo que tienen delante, sostuvo, es un bloque histórico, refiriéndose al eje PP-Vox. Un bloque capaz de convertir los intereses de los ricos en sentido común mayoritario. Y eso, advirtió, no se frena solo con una coalición de partidos: “Hace falta algo más amplio. Organizar un bloque democrático equivalente, con sindicatos, estudiantes, movimientos vecinales, consumidores. Un gran debate nacional entre demócratas”.

Pero la unidad no es el único problema, advirtió Delgado. El problema real es que la derecha ha ganado la hegemonía. Ha logrado apropiarse de banderas que durante décadas parecían patrimonio de la izquierda. La libertad, pero también la seguridad.

Un terreno, admitió, en el que a la izquierda le cuesta entrar sin incomodidad. Hablar de seguridad genera recelos, pero abandonar ese marco implica dejar a mucha gente por el camino. Recuperar esas banderas, defendió, es parte central de cualquier proyecto de mayorías.

Rufián respondió a la misma pregunta con otro registro. Arrancó con ironía, enumerando insultos recibidos durante años, pero enseguida se colocó en un tono más grave. Dijo que tiene miedo como demócrata. Y añadió que lo que viene no es solo una alternancia política, sino algo salvaje. Imitadores baratos de Milei y de Trump, afirmó.

La amenaza, en su relato, no era abstracta. Habló de ilegalizaciones, de sufrimientos, de un horizonte de endurecimiento que exige responsabilidad. Aunque me hicieran dimitir mañana, dijo, seguiría sintiendo esa responsabilidad. Y entonces volvió la frase que atravesó toda la noche como un estribillo. No solo quiere ilusionar, quiere ganar: “Ganar exige ciencia, método y orden. Porque si no, se repite la historia. Intentemos hacer algo diferente”.

Y trató de aterrizar el problema en términos prácticos: “¿Qué sentido tiene que catorce izquierdas representando lo mismo se presenten en el mismo sitio? ¿Quién se presenta en Girona, en Sevilla, en Valencia, en Madrid…? ¿Vale la pena seguir compitiendo entre nosotros para ver quién es más puro y quién hace mejores tuits?”.

Su argumento no era un llamamiento a la desaparición de las siglas, sino a la coordinación. No le pide a nadie que renuncie a su identidad. Lo único que pido, dijo, “por primera vez en nuestra historia, es orden, método y eficiencia. Lo demás son tuits”. ¿Porque de qué sirve que Bildu o el BNG obtengan buenos resultados si Abascal termina siendo ministro del Interior?

Rufián defendió que “Podemos ha sido, es y será una fuerza imprescindible para la izquierda del país”. Reivindicó a Pablo Iglesias como el mejor de su generación y a Irene Montero como una fuerza de la naturaleza. Los quiere dentro de cualquier intento de recomposición. “Quien crea que esta gente sobra, se equivoca”, aseguró.

Delgado recogió el guante desde otro ángulo. Hay sectores sociales a los que la izquierda no llega, afirmó, como los campesinos o ciertos jóvenes alejados del progresismo urbano. Puso un ejemplo provocador. No le gusta la caza, dijo, pero si con un cazador comparte la defensa de la sanidad pública, lo quiere de su lado.

Rufián, después, defendió que la izquierda no puede seguir evitando determinados debates por miedo a ser estigmatizada desde dentro. Habló de seguridad, de multirreincidencia y de flujos migratorios como retos reales. Que le llamen racista por decirlo, afirmó, le parece injusto. Gobernar implica hablar también de derechos y obligaciones.

Ese razonamiento desembocó en una afirmación que marcó un punto de inflexión claro respecto a buena parte del discurso que la izquierda a la izquierda ha sostenido en los últimos años. Desde una defensa explícita del laicismo, Rufián afirmó que “el burka es una salvajada” y que “una izquierda verdaderamente laica no puede permitir que se esconda a las mujeres de esa manera”. En el fondo, era también una forma de disputar un terreno cultural que durante años la izquierda ha preferido esquivar por miedo a fracturarse.

Diferenció esa práctica de otras expresiones religiosas, como el velo o el hábito de una monja, enmarcándolas en otra tradición cultural.

“Hay límites que la izquierda debe atreverse a defender sin complejos si quiere disputar la hegemonía y no replegarse en una identidad defensiva”, dijo, ante una sala que, en este punto, dudaba entre el silencio y el aplauso. “Yo me niego a que la izquierda reparta carnés de pureza”, concluyó.

Santaolalla empujó entonces la conversación hacia el punto donde inevitablemente se atasca. Entendido el diagnóstico, “¿cómo se lleva eso a la papeleta? ¿A quién vota la gente? ¿Quién decide quién se presenta en cada provincia?”, inquirió.

Rufián lo formuló como una propuesta de base: “Requiere de un acto de generosidad inédito de todos los partidos de izquierda. Entender que no se compite entre iguales, sino contra un bloque que ya ha aprendido a jugar unido”. Y luego: “Tres o cuatro puntos compartidos para que los partidos se presenten provincia a provincia. Antifascismo, derecho a la autodeterminación, coordinación interparlamentaria”. Y un guiño explícito a la IU de Anguita: “Programa, programa, programa”.

La idea de fondo era clara. Renunciar a la pureza como identidad. Construir mayoría como tarea. Dejar de hablar solo para convencidos. Encontrar un mínimo común denominador. Pero la pregunta seguía flotando: ¿cómo hacerlo cuando los partidos, en tanto partidos, no tienen muchos incentivos para dar ese paso?

Será difícil articular realmente todo lo que se dijo en la Sala Galileo, pero durante unas horas, al menos, algo parecido a la ilusión volvió a iluminar una parte de la izquierda. No como nostalgia, sino como necesidad.

Luego ya veremos si la mecha prende.

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Este artículo se publicó originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.

Después de las elecciones de Aragón, donde la extrema derecha ha vuelto a dar un paso adelante y la izquierda un paso atrás, el diputado Gabriel Rufián publicaba un post en la red X que comenzaba afirmando que “quien no vea que hay que hacer algo o no ve bien o ya le va bien que no lo haya”, y concluía con una pregunta retórica: “¿No vale la pena intentar hacer algo diferente para frenarlo?” —una pregunta que, se supone, todo el mundo, al leerla, asentiría rotundamente con la cabeza: “Claro que sí”. Analicemos qué puede pretender Rufián y qué posibilidades de éxito puede llegar a tener.

Gabriel Rufián, el político

Rufián es un político de carrera; su pasado en departamentos de recursos humanos es una anécdota en su historial profesional, aunque, de vez en cuando, le resulte útil para diferenciarse de algunos de sus colegas de hemiciclo que nunca han ejercido otro oficio. Pero, a estas alturas, ya puede decirse que Rufián es un político en todos los sentidos de la palabra.

De hecho, si atendemos a las encuestas del CIS, Rufián es un político excelente. De los mejores oradores del hemiciclo. En los últimos años —ya lejos de aquel joven que aparecía en chándal, con aspecto desaliñado, e intentaba gustar a la izquierda más a la izquierda de su partido—, se ha constituido en una voz del sentido común para la izquierda situada a la izquierda del PSOE, que se siente perdida y, sobre todo, decepcionada. Rufián es, por tanto, un político al alza que no quiere dejar de ser político. Y aquí aparece el primer problema.

Esquerra Republicana de Catalunya

Gabriel Rufián es miembro de ERC, pero como dicen las malas lenguas, “Rufián es más podemita que indepe”. Seguramente esta frase sea falsa e injusta, pero no deja de tener cierto interés, en tanto que sintetiza algo en lo que casi todo el mundo puede estar de acuerdo: por sus discursos y posicionamientos, Rufián pertenece, como Joan Tardà, al sector de izquierdas de su partido. Prefiere a Podemos antes que a Junts, y se le puede oír pronunciar más veces la palabra expropiación que la palabra inversión (en un sentido financiero, se entiende).

La segunda parte de la frase es quizá más difícil de abordar. No se sabe bien hasta qué punto es independentista, ni tampoco si tiene sentido medir el sentimiento independentista en gradientes; lo que queda claro, sin embargo, es que hace tiempo que Rufián no habla de independencia. Habla menos que su propio partido, que ya es decir. Pero este silencio sobre la independencia, perteneciendo al partido político que más años ha defendido ese proyecto, puede despertar suspicacias entre sus colegas. Especialmente entre aquellos que tienen claro que son más indepes que podemitas, y que antes se irían con Junts que con Ione Belarra.

Es posible, por tanto, que Rufián, como el excelente político que es, y viendo que después de tantos años en Madrid su rol dentro del partido —como casi podemita y como no tan indepe— queda desdibujado, busque una alternativa.

Un frente amplio de izquierdas

Aceptemos, para el desarrollo del argumento, que los dos primeros puntos son ciertos. Rufián quiere hacer política, su prestigio aumenta en España y disminuye ligeramente en Cataluña, especialmente entre sus colegas de partido. En defensa de esta tesis, puede argumentarse que Oriol Junqueras ya dijo antes del verano que ERC no se planteaba la propuesta —no propuesta— de Rufián. Y Rufián, como quien oye llover, ha decidido tirar hacia adelante y organizar un primer acto en la capital de España de la mano de Emilio Delgado, de Más Madrid.

Pero la pregunta que se hacen politólogos de todas partes es la siguiente: ¿y cómo pretende hacerlo? ¿Por qué la izquierda a la izquierda del PSOE —Podemos, Sumar, IU, Bildu, BNG, ERC, Más Madrid— tendría incentivos para aceptar esta propuesta —no propuesta— de un frente amplio?

La respuesta, aquí, se complica. Pero siempre es útil, cuando se habla de política representativa, tener este mantra bien grabado: los partidos siempre buscan maximizar votos y minimizar pérdidas. Ahora bien, hay un añadido a esta frase, que diría: “Siempre que no ponga en peligro la estructura orgánica del partido”.

Dicho de otra manera: los partidos son siempre reticentes a diluir sus siglas. Las siglas son lo que permite a los políticos negociar una posición en las listas conjuntas. Cuanta más fuerza tengan las siglas, más candidatos y candidatas podrán entrar, y más posibilidades tendrán de encabezar la lista.

¿Qué interés tendría ERC, un partido consolidado al que lo que realmente le importa son los resultados en Cataluña y no en Madrid, y para quien Rufián no representa un gran activo político, en poner sus siglas en suspenso por un resultado incierto? Ninguno. Ya pueden descartarse. Y, dicho esto, también puede decirse lo mismo de Bildu y del BNG. De hecho, ya lo han dicho. Son dos formaciones que atraviesan un buen momento y cuyo arraigo está en sus respectivos territorios, Galicia y País Vasco. Una propuesta plurinacional sin representantes de esa España “pluri” no tiene recorrido.

¿Qué queda? IU también ha rechazado la propuesta. Años atrás se abrazó a Podemos precisamente porque sabían que no podían confrontarlo y que mantenerse cerca era una manera de garantizar su supervivencia (algo similar, por cierto, puede acabar pasando con ICV y Barcelona en Comú en el futuro). Queda Más Madrid, Sumar y Podemos. Y aquí es donde se juega todo.

Las tres organizaciones penden de un hilo. Estos partidos no tienen una historia tan vasta como otras formaciones a la izquierda del PSOE, como IU o el BNG; pero puede argumentarse que, de las tres, es Podemos quien ha logrado consolidar un pequeño nicho que le garantiza la supervivencia (uno o dos diputados) y, en consecuencia, la no necesidad de sumarse a aventuras épicas encabezadas —recordémoslo— por un independentista catalán.

Sumar, por su parte, no es nada; antes de comenzar la legislatura, era Yolanda Díaz —al alza—, más Íñigo Errejón. Ahora es Yolanda Díaz, pero a la baja. De hecho, su principal activo político en este momento no es ni su líder, sino Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Gobierno de España, un ministerio de nombre largo y competencias cortas, al que Bustinduy está sabiendo sacarle mucho partido.

Queda, por tanto, Sumar y Más Madrid. Estas son las dos formaciones susceptibles de unirse a este frente amplio que Gabriel Rufián propone sin proponer.

No es tan descabellado que lo intenten. Lo harán si las encuestas los dejan sin representación. Y entonces es cuando comenzará de nuevo la política obtusa, la que manda sin hacerse visible, la que se reúne a puerta cerrada y discute cuotas y puestos en las listas. Lo extraño sería que, llegado ese punto, no fuera Rufián quien lo encabezara. Al fin y al cabo, se lo ha ganado. Al menos, eso es lo que dicen las encuestas.

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El acto de Rufián y Delgado tendrá lugar mañana en la sala Galileo Galilei, en Madrid, a las 18.30 horas. A él acudirán representantes de Sumar, Más Madrid y Catalunya en Comú. Izquierda Unida y Podemos han anunciado que no irán.

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Hoy debería estar escribiendo estas líneas desde la tribuna del Congreso. Hace un par de semanas compramos el billete de ida y vuelta Barcelona-Sants/Madrid-Atocha para ver en directo cómo el presidente del gobierno defendería su gestión sobre los accidentes de Adamuz y Gelida y el pobre estado del sector ferroviario. Ironías de la vida, pocos días después, recibimos un correo anunciando que mi tren, la joya de la corona de alta velocidad, el orgullo patrio de gobiernos socialistas y populares durante años, llegará con un retraso de dos horas.

Y claro, el viaje pierde todo su sentido. Las primeras dos horas son las que marcarán los mensajes clave que se replicarán en las tertulias de radio y en los informativos de la tele. Se cortarán los discursos para generar titulares, que se aprovecharán desde ambos lados del espectro ideológico para vender salchichas.

Hoy debería estar escribiendo estas líneas desde la tribuna del Congreso, pero lo hago sentado (medio tumbado, de hecho) desde el sofá de mi casa. No es lo mismo, pero vamos a hacerlo igual:

Arrancaba la sesión –como no podría ser de otro modo– el presidente del Gobierno su excelentísimo ciudadano Pedro Sánchez. Su objetivo, como si fuera una obra narrativa clásica, se dividía en tres partes. La primera: defenderse de los ataques que vendrían sobre la gestión de los trenes y las tragedias de Adamuz y Gelida. La segunda: comparar la gestión de su partido con la del PP durante la dana. Aquí ganará por goleada, porque Mazón representa algo así como el punto más bajo posible –inútil y ruin– que se puede alcanzar en política. La tercera: el contrataque “épico”.

Dirá Pedro Sánchez que la red española de trenes, si se pusiera toda en línea recta, podría unir el polo norte con el polo sur… y yo no puedo evitar soltar una carcajada, solo en mi sofá, pensando en ese o esa spin doctor que le redactó el párrafo al presidente. Añadirá, también, una frase que sintetiza por qué el problema con los trenes continuará en el futuro: “Somos el segundo país del mundo con más kilómetros de alta velocidad después de China”, dice, sacando pecho.

España es ese país que le gustaría ser, pero que no es. Un país de gente rica y próspera, que se compara con los mejores y que tiene un orgullo “imperial”; que habla de trenes rápidos, pero obvia el hecho de que la inmensa mayoría de la población no cogerá esos trenes en su vida. Los suyos se llaman Rodalies y Cercanías, y van lentos, y van tarde, y van apretados. Porque no son ricos, y les cuesta pagar el alquiler. La España Real.

Luego le sigue Feijóo, y al poco dice algo que me pone en alerta: “Lo ha mezclado todo; yo no lo haré”. Traducción: prepárense, que vienen curvas. Asegura que “se ha jugado a la ruleta rusa con nuestra seguridad” –discutible, pero entendible en el contexto–, y enseguida lo enlaza con la corrupción de Cerdán y Ábalos. Remata, además, con una pulla a un expresidente: “Parece que Zapatero puede tener una idea de adónde ha ido nuestro dinero”. Y entonces llega el eslogan perfecto: “Tenemos impuestos nórdicos e infraestructuras tercermundistas”. Chupito.

Pero eso no es nada, porque ahora sale Abascal. Pero me aburre, porque ya he escuchado ese discurso mil veces, que no es más que un refrito de lo que se divulga desde la extrema derecha estadounidense: que todo es un plan de George Soros para reemplazar a la población “española” con la población de malos inmigrantes asesinos, porque estos votarán a Pedro Sánchez, dice, ignorando conscientemente que la regularización no implica la ciudadanía, y que, sin esta última, no hay derecho a voto.

Dice también que “los inmigrantes duermen en un hotel con pensión completa y aire acondicionado”, y algo sobre Bill Gates y el cambio climático que no acabo de comprender. Recuerdo aquello de David Graeber de que nuestras democracias no son herencia del modelo ateniense, sino del circo romano.

Le sigue la portavoz de Sumar, Verónica Martínez. Empieza con un tono amable y dialogante, y termina hablando de fascismo, de Elon Musk y de los oligarcas tecnológicos. Un discurso bastante representativo del lugar en el que se encuentra hoy esta formación política: encallada en un espacio estrecho, obligada a abrirse paso entre el supuesto talante moderado de los socialistas y el tono más brusco y combativo de Podemos.

Se esperaba a Rufián, y aunque esté en el sofá de mi casa puedo notar ese silencio extra que denota el interés de una intervención esperada. Repite aquello de “ser un chungo está de moda”, atiza la hipocresía de la derecha extrema por odiar simplemente a los migrantes pobres, y aceptarles cuando venían con la Golden Visa. Y luego defiende primero la gestión de Óscar Puente, como para decir “eh, yo sé de qué lado del muro estoy”, para luego poder atizar –no sin razón–, los errores del gobierno. Acaba su intervención lanzando un alegato para reforzar su propuesta de un frente de izquierdas plurinacional: “Yo soy catalán, indepe, y republicano. Quien crea que el fascismo se va a frenar en su frontera se equivoca. Hablemos entre nosotros, o nos vamos al carajo”.

Míriam Nogueras (Junts) dirá aquello de que Catalunya era la gallina de los huevos de oro y ya no lo es tanto. Qué obsesión, la de mis paisanos, con la metáfora de la gallina. Josep Pla la utilizaba a menudo, pero con otro sentido, para mí, mucho más sutil y acertado. Decía que las gallinas, como Catalunya, son aves que por el hecho de serlo se creen que pueden volar. Luego baten las alas, pero no se separan casi del suelo.

Nogueras dirá, también, que ellos defienden un escudo social, un sistema social público, la vivienda pública y políticas sociales. ¿He oído bien? La esquizofrenia discursiva de Junts está alcanzando su punto álgido, pues mientras habla en socialdemócrata, vota conjuntamente con el PP y Vox no renovar las medidas de protección antidesahucios. Junts es un partido en peligro de extinción.

Y ahora habla Mertxe Aizpurua, la portavoz de Bildu. Como de costumbre, tengo la sensación de que Bildu juega a otra cosa. Me recuerda un poco al Partido Comunista Chino pero no por su supuesto autoritarismo, sino porque parece que es un partido con un rumbo fijo y una mirada a largo plazo. Alterna el español con el euskera (Rufián ha hablado íntegramente en castellano, y Míriam Nogueras lo ha hecho en catalán). Aprovecha para desmentir algunos bulos sobre la ocupación, y pide, sin estridencias, la necesidad de replantear el modelo de infraestructuras.

Acabo ya con Ione Belarra, que llevo horas delante de la tele tumbado y esto se está haciendo largo. Escuchar a Podemos es escuchar a la Izquierda y todas sus nobles causas: la lucha contra el imperialismo yankee y sus guerras por el petróleo; la salida inmediata de la OTAN, las demandas de “crujir” a los ricos a impuestos. Ay, la izquierda. ¿Dónde fueron esos tiempos, cuando todo era posible? ¿Y, sobre todo, cuándo volverán?

Viendo Aragón, no parece que pronto. Pero quién sabe, quién sabe. El futuro es esquivo, y algo tramposo. Casi tanto como los políticos. Por ahora la sesión continuará, y se repetirán algunos mensajes matutinos, pero con expresiones distintas. Se aplaudirán a sí mismos, abuchearán a los otros… y los trenes seguirán llegando tarde.

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El Partido Comunista de China presentó en octubre de 2025 la propuesta del nuevo Plan Quinquenal que deberá ser aprobado por su Comité Central en marzo de este año. Se trata del decimoquinto plan desde que Mao Zedong inaugurara esta tradición político-organizativa con la puesta en marcha del primer plan quinquenal, implementado entre 1953 y 1957. Pero la China de hoy poco tiene que ver con la de entonces. Ha pasado de ser una economía mayoritariamente rural, con niveles masivos de pobreza, a ocupar una posición central en las cadenas globales de producción, inversión y financiación. Este salto no ha eliminado las contradicciones del modelo, pero sí ha transformado radicalmente su escala y su impacto global.

El XV Plan Quinquenal se inscribe en un momento especialmente delicado. La economía mundial atraviesa una fase de desaceleración, el orden multilateral surgido tras la Segunda Guerra Mundial muestra signos evidentes de agotamiento y la rivalidad entre grandes potencias se ha intensificado. En este escenario, China combina una ambición creciente de liderazgo internacional con una insistencia en la estabilidad interna, el control político y la gestión de riesgos económicos, sociales y demográficos.

El documento refleja esta tensión de fondo. Por un lado, proyecta a China como un actor capaz de ofrecer alternativas al orden dominante, desde el multilateralismo hasta la transición ecológica o la defensa selectiva del derecho internacional. Por otro, reafirma un modelo político fuertemente centralizado, poco permeable al pluralismo y orientado a subordinar derechos y participación a la cohesión y a los objetivos estratégicos del Estado.

El Plan no promete rupturas abruptas, pero sí consolida tendencias. Más allá de su dimensión técnica, funciona como una declaración estratégica del Estado chino, y lo hace fijando una lectura del mundo, del momento histórico y del lugar que China aspira a ocupar en él.

Los seis ejes que siguen son un resumen analítico de hacia dónde mira Pekín, qué riesgos identifica y qué tipo de poder está dispuesto a ejercer en un mundo cada vez más fragmentado.

1) El análisis del mundo y sus retos

El XV Plan Quinquenal parte de una lectura del contexto internacional marcada por la inestabilidad estructural. El documento subraya que las relaciones entre las grandes potencias condicionan decisivamente el orden global y, por extensión, el desarrollo interno de cada país. China se sitúa en una fase en la que conviven oportunidades estratégicas con riesgos crecientes, en un entorno caracterizado por incertidumbres y factores imprevistos.

El documento afirma que “cambios de una magnitud no vista en un siglo se están desplegando a mayor velocidad en todo el mundo”, acompañados de un “profundo desplazamiento en el equilibrio internacional de poder” y de avances acelerados ligados a una nueva revolución tecnológica e industrial. Esta combinación, señala el texto, ha generado condiciones favorables para que China actúe de manera proactiva en la escena internacional y contribuya a configurar un entorno externo más favorable a sus intereses.

Sin embargo, se evita una lectura triunfalista: “El desorden continúa intensificándose, los conflictos geopolíticos estallan con demasiada facilidad y frecuencia, y el unilateralismo y el proteccionismo están en ascenso”. A ello se suma una crisis del orden económico y comercial internacional, una desaceleración del crecimiento global y una rivalidad entre grandes países “más compleja e intensa que nunca”. China asume que el escenario internacional será más hostil y competitivo, y que la confrontación entre potencias se ha convertido en un rasgo estructural del sistema global.

En el plano interno, el texto combina una sólida confianza estratégica con el reconocimiento de sus propios límites reales. La economía china, afirma el texto, cuenta con una base sólida, una alta resiliencia y un gran potencial de crecimiento a largo plazo. Se destacan como fortalezas el mercado interno, el sistema industrial completo y la abundancia de recursos humanos. No obstante, el documento reconoce desequilibrios persistentes. La demanda efectiva es débil, existen cuellos de botella que dificultan la circulación económica y la transición hacia nuevos motores de crecimiento se describe como una tarea “formidable”.

El diagnóstico interno no esquiva cuestiones sensibles. Se admiten retrasos en la modernización agrícola y rural, una presión considerable sobre el empleo y los ingresos personales, y lagunas en las políticas de bienestar. También señala que los cambios demográficos plantean nuevos desafíos para el desarrollo económico y la gobernanza social, y que persisten riesgos latentes en sectores clave. Frente a este panorama, el texto refuerza el papel del liderazgo político y la cohesión interna como condiciones necesarias para gestionar la incertidumbre y “atreverse a navegar vientos fuertes, aguas turbulentas e incluso tormentas peligrosas”.

2) Economía, industria y salto tecnológico

El XV Plan Quinquenal es, ante todo, un plan económico. Se articula a partir de la idea estructural que atraviesa todo el documento y sintetiza la línea ideológica del modelo chino, según la cual “el mercado debe desempeñar el papel decisivo en la asignación de recursos” al mismo tiempo que el Estado refuerza su capacidad de orientación estratégica. Esto es, resumidamente, lo que se entiende por “capitalismo de Estado” y caracteriza el camino del gigante asiático, combinando dinamismo de mercado con regulación estatal activa.

Esta arquitectura se apoya en una apuesta clara por la economía productiva y la modernización industrial. El plan afirma que “un sistema industrial modernizado proporciona las bases materiales y tecnológicas para la modernización china” y plantea desarrollar un sistema industrial con la manufactura avanzada como columna vertebral. Al mismo tiempo, propone actualizar sectores industriales tradicionales reforzando su posición global y asegurando que las cadenas industriales sean “más autosuficientes y resilientes frente a riesgos”, con especial énfasis en sectores industriales clásicos junto a su digitalización y automatización progresiva.

El documento vincula este salto industrial con la estrategia tecnológica nacional al señalar que la modernización económica debe apoyarse en la modernización científica y tecnológica y en “la nueva oleada de revolución tecnológica y transformación industrial”. En este marco fija objetivos concretos como lograr avances decisivos en tecnologías clave en campos como circuitos integrados, equipamiento industrial avanzado, software base, materiales avanzados y biomanufactura, junto a grandes programas nacionales de ciencia y tecnología orientados a necesidades estratégicas.

La lógica que se desprende del documento apunta a mantener su condición de “fábrica del mundo” mientras desplaza progresivamente el núcleo competitivo hacia los ámbitos donde se concentra más margen económico, más capacidad tecnológica y más poder estructural dentro de la economía global. Esta estrategia se combina con el desarrollo acelerado de sectores emergentes y de industrias del futuro como nuevas energías, nuevos materiales, aeroespacial, computación cuántica, biomanufactura, hidrógeno, interfaces cerebro-máquina, inteligencia artificial incorporada y comunicaciones 6G. En este sentido, el plan plantea “reforzar de forma significativa nuestra capacidad en investigación básica e innovación original” para “mantener el ritmo o incluso liderar en muchos más ámbitos”, con el objetivo de sostener el crecimiento elevando productividad, autonomía tecnológica y resiliencia industrial en la competencia tecnológica global.

Además, el plan incorpora la economía verde no solo como agenda ambiental sino como vector de transformación productiva. El documento insiste en avanzar hacia un desarrollo “inteligente, verde e integrado” y vincula la transición energética con la modernización industrial, la seguridad económica y la competitividad tecnológica. En este marco, sectores como nuevas energías, materiales avanzados, electrificación industrial o hidrógeno aparecen no solo como herramientas de descarbonización, sino como pilares de las futuras ventajas industriales, lo que presenta la economía verde menos como límite al crecimiento y más como nueva frontera de acumulación tecnológica, productiva y geopolítica.

3) Soft power

Soft power es el término de las relaciones internacionales acuñado por Joseph Nye en los años noventa que pretende definir el poder en términos de recursos intangibles como la cultura, los valores, o la reputación exterior. Estados Unidos lideró el mundo con la fuerza de sus fusiles y tanques, pero también gracias al poder de la industria de la música, el arte, y el cine de Hollywood.

China prestó poca o ninguna atención al soft power durante las últimas décadas, pero el XV Plan Quinquenal marca un punto de inflexión en este sentido. El documento asume explícitamente que el poder en el siglo XXI no se ejerce solo mediante la capacidad militar o tecnológica, sino también a través de recursos intangibles como la cultura, los valores y la reputación internacional. En este sentido, la propuesta plantea que debe producirse “un aumento sustancial de la cohesión de la nación china y del atractivo de la cultura china, así como un incremento continuado del soft power del país”.

Este giro llega en un contexto internacional significativo. Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, ha optado por una estrategia que prescinde en gran medida del poder blando y apuesta por la coerción militar y tecnológica. China interpreta este repliegue cultural como una oportunidad para ocupar espacios simbólicos vacantes y reforzar su influencia global desde otros registros menos abiertamente confrontativos.

4) Democracia de base y derechos humanos

El XV Plan Quinquenal dedica un apartado específico a la democracia de base y al avance integral de los derechos humanos. Afirma que debe reforzarse la participación a nivel local, garantizar que la población gestione los asuntos públicos conforme a la ley y mejorar los mecanismos para recoger la opinión pública canalizando la “sabiduría del pueblo”. Esta concepción de la democracia se articula a través de organizaciones sociales reconocidas por el Estado, como los sindicatos, la Liga de la Juventud Comunista o las federaciones de mujeres, llamadas a desempeñar un papel más activo en la representación de intereses y en el desarrollo de políticas sociales.

En el plano internacional, esta retórica se inscribe en un giro más amplio de la política exterior china. En los últimos años, Pekín ha adoptado posiciones que contrastan con las de Estados Unidos en foros multilaterales clave. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, han apoyado resoluciones orientadas a frenar la ofensiva israelí sobre Gaza o ha defendido altos el fuego, frente al bloqueo sistemático ejercido por Washington. Este posicionamiento ha permitido a China presentarse como defensora de ciertos principios vinculados a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, un terreno que históricamente había evitado por considerarlo parte del repertorio normativo occidental.

Este desplazamiento no implica, sin embargo, que China se haya convertido en un referente en la defensa de los derechos humanos. El propio Plan evita cualquier referencia a derechos civiles y políticos entendidos como límites al poder del Estado, y los concibe fundamentalmente en términos de desarrollo material, estabilidad y cohesión social.

Son múltiples los informes de Amnistía Internacional y de otras organizaciones de derechos humanos que han documentado graves vulneraciones en este campo, especialmente en el trato a minorías étnicas y religiosas. En la región de Xinjiang, la población uigur y otras comunidades musulmanas han sido objeto de políticas de detención masiva, vigilancia intensiva, reeducación forzada y restricciones severas a la práctica religiosa y cultural.

El bloque de derechos humanos refleja así una paradoja central del proyecto chino actual. Mientras Pekín gana espacio como actor que interpela el orden internacional desde un lenguaje de derechos y legalidad, su modelo interno sigue marcado por un control político estricto que subordina esos derechos a la estabilidad y a los objetivos estratégicos del Estado.

Lo que sí que parece evidente, es que mientras China da –o quiere dar– pasos hacia una cierta concepción de los derechos humanos (que es un concepto altamente debatible, pero ese es otro debate) y del derecho internacional, Estados Unidos hace justamente lo contrario. Y eso, a ojos de la comunidad internacional, suma puntos en la carrera para convertirse en el nuevo líder del orden mundial.

5) Medioambiente

Gran parte del brutal crecimiento económico de China en las últimas décadas se ha basado en un uso extensivo del carbón, tiñendo las urbes de gris y haciendo del aire un gas irrespirable para sus ciudadanos. El texto lo afirma implícitamente. Sin embargo, ya hace unos años que China comenzó el camino de la transición verde, que ahora se pretende intensificar.

La propuesta del XV Plan Quinquenal afirma que debe mantenerse de forma inquebrantable el principio según el cual “las aguas limpias y las montañas verdes son activos invaluables”, y que este principio debe traducirse en políticas concretas. Bajo los objetivos de alcanzar el pico de emisiones y la neutralidad de carbono, el plan apuesta por reducir emisiones, recortar la contaminación, impulsar un crecimiento verde y reforzar la seguridad ecológica.

El énfasis ambiental cumple una doble función. Internamente, responde a una presión social creciente y a la necesidad de sostener la legitimidad del proyecto político. Externamente, permite a China presentarse como un actor responsable en un contexto de retirada climática de otras potencias.

6) Hong Kong, Macao y la cuestión de Taiwán

El XV Plan Quinquenal dedica un apartado específico a Hong Kong y Macao que combina continuidad institucional y refuerzo del control político. El documento reafirma la política de “un país, dos sistemas”, subrayando que debe aplicarse de manera “resuelta”, garantizando un alto grado de autonomía. Al mismo tiempo, insiste en que ambas regiones deben estar “administradas por patriotas” y gobernadas de forma más eficaz conforme a la ley, una formulación que en la práctica ha reducido de forma sustantiva el margen de pluralismo político, especialmente en Hong Kong.

No es ninguna sorpresa, pero el texto evita cualquier referencia al conflicto político abierto desde 2014, cuando el “movimiento de los paraguas” articuló una protesta masiva contra las limitaciones al sufragio universal. Tras las movilizaciones de 2019, la imposición de la Ley de Seguridad Nacional en 2020 supuso un punto de inflexión, con la criminalización de la disidencia, la reconfiguración del sistema electoral y la neutralización de la oposición organizada. El plan asume este proceso como una normalización necesaria, sin mención al deterioro de derechos civiles ni al impacto sobre el ecosistema político y mediático de la ciudad.

En paralelo, el documento insiste en reforzar el papel internacional de Hong Kong como centro financiero, comercial e innovador, y en diversificar la economía de Macao más allá del turismo y el juego. Ambas regiones son presentadas como nodos estratégicos cuya utilidad global debe ponerse al servicio del desarrollo nacional, incluso a costa de diluir los rasgos institucionales que históricamente las distinguieron.

La sección dedicada a Taiwán eleva el tono estratégico. Taiwán es el epicentro de la lucha por la hegemonía mundial con Estados Unidos, y el redactado no deja ninguna duda al respecto: “Debemos implementar plenamente la política general de nuestro Partido para la nueva era sobre la solución de la cuestión de Taiwán, luchar resueltamente contra las fuerzas separatistas que aspiran a la ‘independencia de Taiwán’, oponernos a la interferencia externa, salvaguardar la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán y mantener firmemente la iniciativa y la capacidad de dirección en las relaciones entre ambos lados del Estrecho”.

La isla concentra una parte decisiva de la producción mundial de semiconductores avanzados, componentes esenciales para la industria tecnológica, militar y energética contemporánea. Este hecho convierte a Taiwán en un punto crítico de la rivalidad entre Estados Unidos y China, en un contexto marcado por restricciones tecnológicas, políticas de desacoplamiento y disputas por el control de las cadenas de suministro.

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El paso atrás de Héctor de Miguel, que decidió dejar su programa de humor en la Cadena SER, no llegó acompañado de una gran explicación pública. No hizo falta. Bastó con que se filtrara el contexto para que el mensaje se entendiera con claridad. Meses de amenazas, campañas coordinadas de acoso en redes, señalamientos explícitos y una escalada de violencia verbal que había desbordado el terreno de la sátira para adentrarse en la intimidación directa. No era la primera vez que ocurría y, tristemente, tampoco será la última.

Durante los primeros años de expansión de Internet se impuso una narrativa que hoy suena casi ingenua. La red aparecía como un espacio horizontal en el que la comunicación escapaba al control de los grandes grupos mediáticos y abría posibilidades inéditas de cooperación, autoorganización y producción cultural distribuida. Blogs, foros y primeras redes sociales alimentaron la idea de que el poder simbólico se estaba descentralizando y que la ciudadanía ganaba herramientas para hablar en primera persona, sin intermediarios ni peajes. La promesa tenía un alcance tecnológico y político al mismo tiempo.

Dos décadas después, el balance es bastante más sombrío. La arquitectura técnica y económica de Internet no solo no ha debilitado a las grandes corporaciones, sino que las ha reforzado. Plataformas privadas concentran audiencias masivas, extraen datos a gran escala y fijan las reglas del juego comunicativo. La promesa de horizontalidad convive con dinámicas de acoso, linchamiento y violencia simbólica que se despliegan con una facilidad inédita. El ciberacoso forma parte de la estructura de un ecosistema diseñado para maximizar la atención, el conflicto y la polarización.

Este fenómeno se inscribe además en un marco político más amplio. Como ha señalado Miquel Ramos, la extrema derecha ha entendido antes que nadie el potencial de las redes como espacio de intimidación y disciplinamiento. Amenazas de muerte coordinadas, campañas de acoso sostenidas y ataques dirigidos contra periodistas, feministas, humoristas o activistas no buscan únicamente silenciar a una persona concreta. Buscan enviar un mensaje al conjunto. El objetivo es generar miedo, elevar el coste de hablar y normalizar la retirada. La extrema derecha y el beneficio corporativo convergen aquí sin fricciones. El conflicto genera tráfico, el escándalo produce clics y la indignación se monetiza mejor que la deliberación.

En ese contexto va tomando forma una nueva subjetividad que encaja con precisión en la fantasía neoliberal, una que ya anticipó Michel Foucault con el concepto de un nuevo modo de gubernamentalidad definida por la idea del “empresario de sí mismo”, en la que el sujeto deja de pensarse como parte de un entramado social y pasa a concebirse como una unidad económica aislada, responsable de gestionar su capital humano, su imagen pública y su rendimiento. El riesgo se internaliza, el fracaso se moraliza y la precariedad aparece como una deficiencia personal, no como un problema estructural. Y el ser-streamer encarna a la perfección la figura predilecta del nuevo neoliberalismo.

Xokas, el sujeto de sí mismo

El ser-streamer condensa lo que Byung-Chul Han ha descrito como el sujeto de rendimiento que se autoexplota creyéndose libre. Como ya anticipaba Foucault, el poder no necesita hoy imponerse desde fuera, sino que opera a través de la interiorización de normas de productividad, visibilidad y éxito. Sin embargo, esta subjetividad incorpora además una ficción específica de individualidad; el streamer se percibe a sí mismo como un yo autónomo, encerrado en su habitación frente a una cámara, convencido de que todo lo que ocurre es fruto exclusivo de su talento y de su esfuerzo, ignorando la red que hace posible su actividad.

Detrás de cada emisión hay decisiones algorítmicas, criterios editoriales de plataformas privadas y, sobre todo, una comunidad activa que sostiene, amplifica y da valor a su trabajo. La supuesta independencia descansa en una infraestructura colectiva que permanece invisibilizada, y el resultado es un sujeto que cree producir solo lo que en realidad es el efecto de una cooperación asimétrica, organizada y explotada por terceros, y que interpreta esa dependencia como libertad individual.

El caso de Xokas, uno de los mayores streamers del país, resulta especialmente ilustrativo. En su paso reciente por El Hormiguero, afirmó que en España se paga “una barbaridad de impuestos” y que el sistema “castiga a quien le va bien”, una formulación que condensa con notable claridad el núcleo ideológico del emprendedor contemporáneo. Huelga decir que ese discurso no es nuevo. Representa el discurso de la derecha de siempre, desde que los monárquicos ocuparon tal parte en el hemiciclo de la Asamblea Nacional Constituyente durante la revolución francesa de 1789. Pero hay un cambio, una nueva aportación al esquema neoliberal que ve al ser-streamer como una oportunidad para fortalecer su propaganda.

El primer neoliberalismo se aferró al mito del self-made man, y utilizaba los ejemplos del “genio creador” que, como Amancio Ortega, comenzaron su camino al éxito en un pequeño taller. Así, en base a su supuesto talento y a un gran esfuerzo lograron, con el tiempo, levantar un imperio (dejemos por ahora a un lado cómo ambas historias están llenas de momentos turbios en su carrera, como la explotación de las costureras gallegas que señala Fonsi Loaiza en su obra Oligarcas, los dueños de España.

Este relato, aunque relativamente eficiente, chocaba con el sentido común de la gente, a la que no se le escapa que, en la inmensa mayoría de los casos, quienes habían logrado levantar grandes fortunas económicas era principalmente porque ya habían heredado otras fortunas previas. Trump y Elon Musk son dos ejemplos claros de hijos de padres ricos que han multiplicado su fortuna. El dinero, ya se sabe, llama al dinero. Si eres pobre, el interés bancario que recibirás por tus ahorros será ínfimo. Si eres rico, puedes “generar” dinero simplemente estando sentado en tu sofá, y a más que tengas, mayor será tu recompensa. Esta lógica regresiva intrínseca al capitalismo hacía que el discurso del “si quieres puedes”, para la mayoría de la población, todavía sonara a farsa. Así que al neoliberalismo le faltaba algo; una nueva subjetividad que pudiera completar su relato.

Hoy, el “si te esfuerzas, puedes” resulta más verosímil mediante la figura de streamers/creadores de contenido de éxito que, como el Xokas, Jordi Wild o Ibai, han levantado una fortuna sin la necesidad de ser hijos de padres ricos. Basta con una cámara, una conexión a Internet y tiempo. Esa accesibilidad aparente completa una promesa que antes chirriaba, y es clave para eludir lo que es una realidad estructural del sistema; del mismo modo que por mucho que alguien se esfuerce jugando al baloncesto es extraordinariamente improbable que llegue a la NBA, las probabilidades de vivir dignamente del streaming son mínimas. El sistema oculta esa estadística bajo relatos de éxito extremo.

La consecuencia no es solo individual. Es política. Por el camino quedan trayectorias truncadas y jóvenes que renuncian a invertir en formación o en proyectos colectivos, empujados por narrativas épicas que invisibilizan la precariedad real del modelo. Al mismo tiempo, se refuerza una concepción de la sociedad como suma de individuos en competencia permanente, sin lazo social ni horizonte compartido. Esta fragmentación beneficia directamente a las grandes plataformas, que concentran el poder económico y simbólico mientras los sujetos se perciben como rivales y no como aliados.

En ese engranaje, figuras como Xokas funcionan como piezas perfectamente integradas en el sistema. El ser-streamer se presenta como libre de cadenas, pero en la práctica actúa como peón de un orden económico que necesita sujetos aislados, despolitizados y convencidos de que el juego es justo, incluso cuando las reglas ya están escritas.

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La pregunta que conviene hacerse no es si la inteligencia artificial (IA) vive una burbuja. Las burbujas, cuando se describen en abstracto, parecen fenómenos casi naturales: aparecen, crecen, estallan y desaparecen. El problema es que, en economía política, las burbujas no caen del cielo. Se construyen. Y, una vez construidas, no siempre explotan, sino que a menudo se institucionalizan. Lo que a menudo se presenta como el desarrollo orgánico de los distintos agentes que participan libremente en un mercado, es en realidad una compleja trama de intereses políticos ideológicamente cargados que se alimentan de recursos públicos. 

Y si hablamos de la IA en 2026, el riesgo principal no es un colapso súbito del sector, sino algo más persistente y menos espectacular: la normalización de un modelo altamente concentrado, intensivo en recursos energéticos y… sostenido por un relato tecnosolucionista en manos de una élite ultraderechista que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial.

Concentración: cuando el índice deja de ser un índice

Hoy, una parte sustancial del valor bursátil estadounidense –y, por extensión, del ahorro global indexado– descansa en apenas una decena de compañías, la mayoría de ellas grandes tecnológicas. Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon y Meta concentran buena parte del peso del S&P 500 y dominan el top 10 del índice junto a algunas excepciones puntuales como Berkshire Hathaway, la empresa matriz de Warren Buffet. 

Según datos de S&P Dow Jones Indices, el peso agregado de estas diez empresas suma ya más de un tercio del total del índice, un nivel de concentración que no se registraba desde antes del estallido de la burbuja puntocom. Cuando un índice supuestamente diversificado depende en tal medida de un núcleo reducido de gigantes tecnológicos, deja de funcionar como termómetro del conjunto de la economía y pasa a reflejar, sobre todo, la hegemonía de la Big Tech y su promesa de crecimiento futuro ligada a la inteligencia artificial.

Por eso el Banco de España, en sus últimos Informes de Estabilidad Financiera, ha señalado explícitamente los riesgos asociados a la elevada concentración bursátil y a las valoraciones exigentes en determinados sectores tecnológicos: “La potencial corrección de la valoración de las empresas tecnológicas de EEUU y su elevado peso bursátil continúa suponiendo un factor adicional de riesgo de mercado”, señalan. 

Infraestructura: la nube pesa toneladas

El segundo pilar de esta burbuja no es financiero, sino material. La inteligencia artificial no flota en el aire como pompas de jabón. Se ejecuta en centros de datos que consumen electricidad, agua, suelo y capacidad de red. Y lo hacen a una escala que ya no puede considerarse marginal. 

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima que los centros de datos, junto con la IA y las criptomonedas, consumen ya alrededor del 1,5% de la electricidad mundial y que esa cifra podría duplicarse antes de 2030, alcanzando niveles comparables al consumo anual de países como Japón. Además, según apuntan, el crecimiento de la demanda eléctrica asociada a la IA está siendo mucho más rápido de lo previsto hace apenas dos años.

Cada nuevo centro de datos compite por electricidad con hogares, transporte e industria. Obliga a acelerar inversiones en redes de alta tensión, subestaciones y sistemas de respaldo que, en la práctica, se financian en gran medida con dinero público. Presiona territorios concretos –municipios, comarcas– que asumen impactos ambientales y urbanos mientras los beneficios económicos se concentran lejos. Es decir; la burbuja de la IA no se infla solo con capital privado, sino con decisiones públicas sobre suelo, red eléctrica y prioridades energéticas.

Agua, territorio y externalidades invisibles

A la electricidad se suma otro recurso cada vez más escaso: el agua. El enfriamiento de grandes infraestructuras digitales requiere cantidades significativas de agua dulce, especialmente en climas cálidos o en centros de datos de alta densidad. La UNESCO ha advertido de que el auge de la inteligencia artificial está disparando simultáneamente la demanda de energía, agua y minerales críticos, intensificando tensiones ecológicas ya existentes.

Estudios académicos publicados subrayan que la huella hídrica del entrenamiento de grandes modelos de IA es todavía poco transparente y, en muchos casos, subestimada. La burbuja no es solo financiera, también es territorial. Se manifiesta cuando se prometen empleos y modernización a cambio de infraestructuras que consumen recursos locales y cuyos beneficios fiscales y productivos apenas revierten en el entorno inmediato.

Poder de mercado: la IA como oligopolio de hecho

El ecosistema de la IA se organiza en torno a unos pocos actores que controlan simultáneamente la infraestructura en la nube, los chips especializados, los modelos fundacionales y, en muchos casos, los datos. Tres empresas –Amazon Web Services, Microsoft Azure, y Google Cloud–, concentran aproximadamente dos tercios del mercado global de nube. Una empresa –NVIDIA–, controla más del 80% de la producción de chips. Y cuatro empresas –OpenAI, Google DeepMind, Meta y Anthropic– concentran el desarrollo de los modelos fundacionales más avanzados. 

La OCDE también ha alertado de que la inteligencia artificial presenta una fuerte tendencia a la concentración debido a las economías de escala, las barreras de entrada y el control de infraestructuras críticas. No estamos ante un mercado emergente abierto, sino ante un oligopolio en formación que fija precios, condiciones de acceso y ritmos de innovación.

De hecho, la situación adquiere todavía un tono más grave si tenemos en cuenta que algunas de estas grandes empresas, como Tesla o Palantir, están al servicio ideológico de una ultraderecha que cada día que pasa se parece más al fascismo de entre guerras del siglo pasado. La burbuja de la IA, con su corazón en Estados Unidos, se funde en un conjunto de intereses corporativistas y oligopolistas en el que las subvenciones, las excepciones regulatorias, los contratos públicos y recalificaciones de suelo se convierten en moneda de cambio para no quedarse fuera de la carrera tecnológica. 

A todo ello se superpone un relato omnipresente. La inteligencia artificial aparece como solución transversal al estancamiento productivo, al envejecimiento demográfico, a la crisis climática, incluso a la escasez de recursos públicos. Cada problema tiene su algoritmo pendiente, un discurso que cumple la función política precisa de desactivar el conflicto. Si la tecnología promete hacerlo todo más eficiente mañana, cualquier crítica hoy se presenta como miedo, atraso o falta de visión.

Y así se matan dos pájaros de un tiro: el que pretende defender un cierto grado de privacidad, y el que pretende defender la necesidad de un mayor grado de redistribución económica. 

¿Burbuja o proyecto político?

Llegados a este punto, la pregunta cambia. No se trata de saber si la burbuja de la inteligencia artificial explotará en 2026 o en 2028. Se trata de entender qué ocurre si no explota. Qué pasa si se consolida un sistema altamente concentrado, energéticamente voraz y políticamente blindado por la urgencia tecnológica.

Porque incluso sin crash, el resultado puede ser profundamente disfuncional: más dependencia tecnológica, más desigualdad territorial, más transferencia de recursos públicos hacia rentas privadas y menos capacidad democrática para decidir prioridades.

La historia económica reciente ofrece suficientes precedentes. Las grandes crisis no suelen llegar por sorpresa. Llegan después de años de advertencias ignoradas, normalizaciones progresivas y relatos tranquilizadores. Cuando el ajuste llega –si llega– ya no se discute el modelo: se gestiona el daño. Y se hace siempre protegiendo aquellos que generaron la burbuja y se beneficiaron de ella. ¿Y los perdedores, quienes serán? También los de siempre, por supuesto. 

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La propuesta de la ministra de Vivienda de articular un decreto ley para ofrecer bonificaciones fiscales a los caseros nació prácticamente muerta. No solo generó una oleada inmediata de críticas desde fuera del Gobierno, sino que encontró un rechazo explícito dentro de la propia coalición, especialmente en sectores de Sumar, que cuestionaron su utilidad y su orientación social. Todo apunta a que difícilmente llegará a materializarse. Pero precisamente por eso merece ser tomada en serio como síntoma político: no tanto por lo que va a hacer, sino por lo que revela sobre cómo se sigue pensando la vivienda desde el poder.

La idea de fondo es conocida, demasiado conocida: si se reduce la carga fiscal a los propietarios que contengan o rebajen el alquiler, estos trasladarán ese alivio al precio y el mercado se autorregulará en beneficio de los inquilinos. Es una lógica que se presenta como pragmática y “realista”. El problema es que descansa sobre dos supuestos empíricamente frágiles: que los caseros necesitan incentivos para no subir precios en un mercado tensionado, y que los beneficios fiscales no acabarán absorbidos como renta adicional.

Basta mirar los datos para entender por qué esta política es, como mínimo, profundamente regresiva. Según cifras difundidas por el propio Ministerio de Derechos Sociales a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida, la renta mediana de quienes cobran alquileres ronda los 52.000 euros anuales, frente a unos 28.800 de quienes los pagan. Los caseros tienen, de media, una renta un 82% superior a la de los inquilinos. 

Mientras tanto, la situación material de los inquilinos se ha deteriorado hasta niveles difícilmente sostenibles. En las grandes ciudades españolas, una parte muy significativa de los hogares destina ya más del 50% de sus ingresos al pago del alquiler, y en los tramos más precarizados esa proporción se acerca o incluso supera el 70%. Son cifras muy por encima de cualquier umbral internacionalmente aceptado de accesibilidad (en torno al 30%). En este contexto, resulta difícil sostener que la prioridad de la política pública deba ser aliviar la fiscalidad de quienes ya están en una posición estructuralmente favorable.

Ideas viejas que nunca funcionaron

No estamos delante de un nuevo debate o idea. A principios del siglo XX, el Estado español ya ensayó una estrategia muy parecida a la que propone hoy la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez: incentivos fiscales, subvenciones indirectas y apelaciones a la “responsabilidad social” de los propietarios como vía para resolver la crisis habitacional. Aquella política se presentó como moderna y realista. Y fracasó. No porque faltara buena voluntad, sino porque estaba mal planteada de raíz: intentaba resolver un problema estructural con herramientas diseñadas para no molestar a quienes se beneficiaban de él.

De allí en adelante, las bonificaciones y las exenciones fiscales se han promovido en casi todos los gobiernos. Los ministros socialistas Miguel Boyer y Carlos Solchaga apostaron por incentivos fiscales y liberalización del mercado del alquiler, y los gobiernos del PP, en sus distintas etapas, echaron mano de reducciones del IBI a los propietarios que alquilaban viviendas. Todos lo hacían bajo el pretexto de “incentivar la oferta” y reducir los precios. Y los precios han seguido subiendo, y el mercado de la vivienda se ha ido concentrando cada día más en manos de menos personas. Hasta hoy.

Aun así, que esta idea vuelva a aparecer no es casual. Responde a un marco mental muy arraigado en la política española: la vivienda se sigue tratando como un bien intercambiable más, como si fuera un paquete de chuches o un nuevo detergente, y no como una infraestructura social básica. Desde ese marco, la solución “natural” siempre pasa por incentivos de mercado, nunca por regulación dura ni por planificación pública ambiciosa.

El propio rechazo interno dentro del Gobierno revela hasta qué punto esta medida no encaja ni siquiera dentro del relato progresista oficial. Sumar ha sido claro al señalar que bonificar a los caseros no solo no garantiza una bajada de precios, sino que desplaza recursos públicos hacia un grupo social ya privilegiado. Es una cuestión de eficiencia, si se quiere. Pero sobre todo es una cuestión de principios.

La necesidad de un parque público de viviendas (y otras medidas)

La alternativa no es ningún misterio. Los sindicatos de vivienda y las plataformas de inquilinas llevan años señalando un conjunto bastante coherente de medidas que no requieren alquimia jurídica, sino voluntad política: congelar efectivamente los precios del alquiler; cerrar el coladero del alquiler temporal y por habitaciones; actuar contra fondos de inversión y grandes tenedores que mantienen viviendas vacías para presionar al alza el mercado; y reforzar de forma real los mecanismos antidesahucios.

Y, en el horizonte estructural, la cuestión es todavía más clara. Sin un parque público de vivienda amplio, no hay control real de precios. Los países y ciudades que han conseguido estabilizar sus mercados no lo han hecho a base de desgravaciones, sino con una oferta pública robusta que marque suelo y techo. Un 30% del total de vivienda en manos públicas no es una fantasía ideológica, es el estándar de ciudades tan poco sospechosas de ser comunistas como podrían ser Viena o Ámsterdam.

Desde esta perspectiva, la propuesta de bonificar a los caseros no es solo una mala política pública, sino más bien un síntoma de hasta qué punto el campo político sigue cooptado por la lógica inmobiliaria. Solo se entiende por dos vías: o por una ignorancia histórica llamativa, o –lo que parece más probable– por la interiorización profunda del marco mental de una clase rentista que ha logrado presentar sus intereses como “sentido común económico”.

Ahora bien, no todo son malas noticias. En paralelo a este inmovilismo político, empieza a abrirse una grieta en el frente jurídico. En las últimas semanas, el Tribunal Supremo ha empezado a consolidar una doctrina que cuestiona algunos de los principales atajos legales utilizados por grandes propietarios para eludir la regulación: desde el uso fraudulento del alquiler de temporada hasta la desnaturalización de los contratos para sortear topes y prórrogas.

Es un movimiento tímido, pero políticamente significativo. No porque los tribunales vayan a resolver el problema de la vivienda –no lo harán–, sino porque demuestra que incluso dentro del marco jurídico actual hay margen para reequilibrar mínimamente la relación entre propietarios e inquilinos cuando la presión social y el conflicto acumulado empiezan a ser demasiado evidentes.

Y eso vuelve todavía más anacrónica la propuesta de bonificar a los caseros. Mientras una parte del aparato judicial empieza a cerrar las grietas más obscenas del mercado del alquiler, el Gobierno plantea reabrirlas por arriba mediante incentivos fiscales. Aunque este decreto ley no vea la luz, la pregunta sigue en pie: ¿cuántas veces más tiene que fallar la misma idea para que dejemos de presentarla como solución? 

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Este artículo sobre las intervenciones de Estados Unidos en América Latina ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.

A lo largo del último siglo, las intervenciones de Estados Unidos en América Latina han configurado buena parte de la historia política, económica y social del continente. Desde ocupaciones militares directas hasta golpes de Estado, guerras por delegación y sanciones económicas, la política exterior estadounidense ha tratado la región como un espacio de intervención legítima. No se trata de una suma de errores aislados, sino de una lógica persistente de dominación que atraviesa distintas épocas y gobiernos.

Hacemos un repaso a las principales intervenciones estadounidenses –directas o indirectas– en el continente americano.

Cuba, Puerto Rico y el origen del imperio (1898–presente)

La guerra hispano-estadounidense de 1898 marca el inicio del siglo americano en la región. Puerto Rico no fue “intervenido”: fue colonizado. Más de un siglo después sigue siendo un territorio no incorporado, sin soberanía plena y sometido a decisiones económicas y fiscales impuestas desde Washington.

Cuba, formalmente independiente, quedó bajo tutela estadounidense durante décadas, con bases militares, gobiernos condicionados y una economía subordinada. La Revolución de 1959 rompió ese marco y desencadenó una represalia prolongada: invasión en Bahía de Cochinos (1961), operaciones encubiertas, sabotajes y un embargo económico que persiste hasta hoy. El objetivo no fue solo derrocar a un gobierno, sino hacer inviable un modelo político alternativo.

México (1914–1917): ocupación y castigo ejemplar

En 1914, Estados Unidos ocupó militarmente Veracruz durante siete meses. Años después, lanzó la Expedición Punitiva contra Pancho Villa, con miles de soldados penetrando en territorio mexicano. No se trató de una guerra formal, sino de una demostración de poder: México podía ser castigado sin declaración de guerra.

Haití (1915–1934): ocupación, trabajo forzoso y Estado fallido

La ocupación de Haití por los marines supuso la disolución del Parlamento, la reescritura de la Constitución para permitir la propiedad extranjera de la tierra y la imposición de sistemas de trabajo forzoso (corvée). La represión de las revueltas campesinas dejó miles de muertos, según estimaciones históricas. Estados Unidos se retiró dejando un Estado debilitado y una estructura represiva que condicionaría todo el siglo XX haitiano.

Nicaragua (1912–1933): marines, Sandino y Somoza

Las ocupaciones estadounidenses en Nicaragua culminaron con la retirada formal de los marines, pero no con el fin del control. Washington dejó el monopolio de la violencia en manos de la Guardia Nacional, creada y entrenada por EE. UU. En 1934, esta fuerza asesinó a Augusto César Sandino. Poco después, su jefe, Anastasio Somoza García, instauró una dictadura familiar que duró más de cuatro décadas. La intervención no fue puntual: fue estructural.

República Dominicana (1916–1924 / 1965): invasión para frenar la democracia

Estados Unidos ocupó el país entre 1916 y 1924 y volvió a intervenir en 1965, cuando 42.000 soldados desembarcaron para impedir el retorno del presidente constitucional Juan Bosch. La invasión dejó miles de muertos civiles y consolidó un régimen alineado con Washington tras la dictadura de Trujillo.

Guatemala (1954): el golpe que abrió la era del terror

En 1954, la CIA organizó el derrocamiento del presidente Jacobo Árbenz, mediante bombardeos limitados, guerra psicológica y presión diplomática. El golpe puso fin a un gobierno democrático y abrió una cadena de dictaduras militares.

El resultado final fue una guerra interna de 36 años con más de 200.000 muertos y desaparecidos, mayoritariamente población indígena. La ONU calificó las campañas contrainsurgentes de los años ochenta como genocidio. Washington nunca asumió responsabilidad alguna.

Brasil (1964): el golpe preventivo

Estados Unidos apoyó logística y políticamente el golpe militar contra João Goulart. La dictadura resultante (1964–1985) dejó centenares de asesinados, miles de torturados, censura y persecución política. El mensaje fue claro: incluso reformas moderadas eran inaceptables.

Chile (1973): democracia aplastada

Estados Unidos financió la desestabilización económica y política del gobierno de Salvador Allende. El 11 de septiembre de 1973, los militares bombardearon el palacio de La Moneda. Allende murió ese día.

La dictadura de Pinochet dejó más de 3.000 asesinados y desaparecidos, decenas de miles de torturados y un país transformado en laboratorio neoliberal. No fue una desviación: fue una decisión estratégica.

Operación Cóndor (1975–1983): terrorismo de Estado coordinado

Chile no fue una excepción. Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil coordinaron secuestros, torturas y asesinatos a través de la Operación Cóndor. Estados Unidos no dirigió cada operación, pero facilitó inteligencia, formación y cobertura diplomática. En Argentina, el saldo fue de 30.000 desaparecidos. Washington sabía. Y calló.

Centroamérica en los años ochenta: guerras sucias por delegación

En El Salvador, Estados Unidos financió un ejército responsable de masacres como El Mozote, donde casi 1.000 civiles fueron asesinados. La guerra dejó 75.000 muertos. En Nicaragua, armó a la contra, un grupo paramilitar acusado de terrorismo sistemático contra la población civil. Honduras se convirtió en plataforma militar regional.

El resultado fue devastador: sociedades rotas y democracias frágiles.

Granada (1983): invasión exprés

Estados Unidos invadió Granada para derrocar al gobierno surgido tras el asesinato de Maurice Bishop. La operación, presentada como rescate humanitario, fue una intervención militar directa contra un pequeño Estado caribeño.

Panamá (1989): invasión abierta

Cuando Manuel Noriega dejó de ser útil, Estados Unidos invadió Panamá. Bombardeó barrios densamente poblados para capturar a un antiguo aliado. Las estimaciones independientes sitúan las víctimas civiles entre varios centenares y algunos miles. La operación fue presentada como quirúrgica. Fue una invasión clásica.

Haití (2004): derrocamiento en el siglo XXI

Estados Unidos participó activamente en la destitución forzada de Jean-Bertrand Aristide, junto a Francia y Canadá. El resultado fue una nueva ocupación internacional y el colapso institucional que aún persiste.

Honduras (2009): golpe legitimado

El golpe contra Manuel Zelaya fue condenado retóricamente, pero tolerado en la práctica. Desde entonces, Honduras ha vivido una intensificación de la violencia política y el asesinato de activistas como Berta Cáceres.

Bolivia (2019): presión y ruptura institucional

Estados Unidos no ejecutó el derrocamiento, pero respaldó el marco político y diplomático que legitimó la salida forzada del gobierno de Evo Morales y abrió un periodo de represión con decenas de muertos.

Venezuela (2002–presente): sanciones y asfixia

Desde el apoyo al golpe fallido de 2002 hasta las sanciones económicas, la estrategia ha sido el cambio de régimen. El impacto ha recaído de forma directa sobre la población civil. El secuestro del Nicolás Maduro es solamente el último acto de una larga historia de opresión, intervencionismo, e incumplimiento del derecho internacional.

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Este artículo ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.

Comienza un nuevo año y las trompetas del apocalipsis resuenan con más fuerza que nunca. La internacional reaccionaria avanza sin freno. Al frente, Donald Trump, amigo íntimo del pederasta Jeffrey Epstein. Europa no queda al margen de este movimiento de fondo. Al contrario: el continente gira cada vez más hacia la militarización de los presupuestos y la “protección” de las fronteras, externalizando la violencia mediante acuerdos con terceros Estados para que hagan el trabajo sucio que los gobiernos ya no quieren asumir directamente.

La normalización de la extrema derecha

En el Reino Unido, uno de los pocos gobiernos socialdemócratas del viejo continente, el primer ministro Keir Starmer se muestra incapaz de frenar el ascenso de Nigel Farage, líder de UKIP y figura central del proyecto que empujó al país hacia el Brexit. El laborismo gobierna, pero no marca agenda. Mientras tanto, la extrema derecha impone el marco mental, el lenguaje y las prioridades, mientras Downing Street administra el desgaste.

En Alemania, Friedrich Merz, canciller de la CDU y rostro visible del partido que ha sido motor de la economía europea durante décadas, inauguraba el año con una frase cargada de ironía histórica: “Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”. Es la misma expresión que, durante la crisis de 2008, los líderes alemanes repetían con cierta petulancia a la población española para justificar recortes y austeridad. Hoy, pronunciada desde Berlín, la sentencia revela una evidencia incómoda. El viejo catecismo económico no ha desaparecido: ha regresado al centro, revestido de un nuevo lenguaje de orden y sacrificio.

Francia y el final del espejismo centrista

En Francia, la crisis institucional parece no tener fin, pero su horizonte político es cada vez más claro. A medida que se agota el mandato de Emmanuel Macron, la figura de Marine Le Pen se vislumbra con nitidez al final del túnel. El macronismo, que se presentaba como un dique de contención frente a la extrema derecha, ha acabado erosionando los mismos cimientos que decía querer proteger. Partidos desarticulados, Parlamento bloqueado y una política reducida a la gestión tecnocrática del conflicto. En este contexto, Le Pen ya no aparece como una amenaza excepcional, sino como una sucesora plausible.

Mientras tanto, Suecia —paradigma durante décadas del pleno empleo y del Estado del bienestar— muestra hoy niveles de desigualdad, segregación y violencia impensables hace apenas una generación. El relato del “modelo nórdico” se resquebraja al mismo tiempo que la extrema derecha entra en los gobiernos o los condiciona desde fuera.

Pedro Sánchez, sin cartas

En España, la situación no difiere demasiado del panorama general de las democracias liberales occidentales. Pedro Sánchez, el prestidigitador, parece empezar a quedarse sin trucos. O, directamente, con el manual de resistencia agotado. La disidencia interna aflora, como siempre que los mandos subalternos empiezan a oler sangre. La política de partidos es un negocio despiadado, y la lealtad dura exactamente lo que duran las expectativas de poder.

Apostar por la supervivencia política de Sánchez ya no es una cuestión de habilidad personal. Es, sobre todo, una cuestión de inercia institucional. Gobernar sin presupuestos sólidos, sin una mayoría estable y con una oposición que no aspira a ganar sino a desgastar tiene un recorrido limitado. Sin embargo, el relato de la resistencia, que durante años le ha permitido convertir cada crisis en una victoria táctica, empieza a perder eficacia. La ciudadanía está fatigada, y el partido ya piensa en el post-sanchismo.

La excepción catalana

¿Cómo consiguen, entonces, los socialistas catalanes sobrevivir al terremoto que amenaza con llevarse por delante el legado de la familia política más poderosa que ha existido en democracia liberal? La respuesta solo se entiende desde el ecosistema catalán y los años del procés independentista. Es ahí donde se construye una especificidad propia dentro del Estado.

El apoyo a la independencia, que llegó a rozar el 47–48% en el momento álgido del procés, se ha reducido de manera sostenida hasta situarse hoy en torno al 38–40%. Este descenso no implica la desaparición del independentismo. Pero sí la pérdida de su centralidad como eje vertebrador del sistema político catalán. En este nuevo contexto, el PSC ha sabido ocupar el espacio de fuerza estabilizadora en un país cansado de la confrontación permanente.

Además, la principal fuerza de la oposición, Junts, se ve erosionada por el ascenso de Aliança Catalana. Se trata de una formación independentista con rasgos de ultraderecha que fragmenta aún más el espacio soberanista. Su presencia dificulta cualquier alianza transversal que permita un cambio de gobierno. Por un lado, imposibilita pactos con las fuerzas de izquierda. Por otro, hace inviable una entente con la derecha españolista del PP y Vox. Esta combinación —menor apoyo independentista, fragmentación interna y ausencia de una derecha capaz de sumar— garantiza al socialismo catalán una cierta tranquilidad electoral a corto plazo, aunque se trate de un equilibrio precario y profundamente contingente.

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El objetivo principal del manual de resistencia de Pedro Sánchez es resistirlo todo. Pareciera una tautología –y, por tanto, redundante–, pero resistir, en política, es un asunto serio. No consiste simplemente en esperar a verlas venir. Por ejemplo: hay que resistir los ataques de los rivales políticos y de la opinión pública ante la corrupción de un secretario de organización, o incluso de un par de ellos.

También hay que poder pactar con quienes en el pasado fueron señalados como enemigos de la patria, mientras se intenta consolidar el relato de que quien la defiende eres tú, y no los que vendrán. Mantener la disidencia interna a raya ayuda, siempre que se conserve la apariencia de diálogo y talante. Sobre todo, la apariencia.

Por si fuera poco, aun haciendo todo eso –y haciéndolo bien–, la resistencia no está garantizada. A Sánchez no le basta con sobrevivir de forma aislada: sus socios de coalición también deben hacerlo. Y eso, a día de hoy, se antoja todavía más complicado.

2026: comienza la carrera de obstáculos

El futuro no está escrito, pero tampoco es un lienzo en blanco. Está condicionado por el presente, y cuanto más cerca está ese futuro, mayor es la dependencia. Traducido a términos políticos, el camino de Pedro Sánchez para llegar a las elecciones generales está plagado de piedras, barrancos y controles policiales. Ahora bien, en política representativa un año puede ser mucho tiempo. Siempre hay margen para equivocarse, y todavía más cuando la alternativa al sanchismo la lidera un sofista mediocre colega de un narcotraficante.

La fecha límite para la celebración de las elecciones generales es el 22 de agosto de 2027. De agotarse la legislatura, todavía quedaría más de un año y medio para la decimonovena «fiesta de la democracia» tras el franquismo. La pregunta es si Sánchez será capaz de llegar hasta ahí o si se verá forzado a convocar elecciones anticipadas. Y, sobre todo, qué obstáculos deberá sortear para hacerlo con alguna opción real de disputarle el poder político a la extrema derecha.

8 de febrero de 2026 – Elecciones autonómicas en Aragón

Aragón será la primera cita y, como suele ocurrir con las primeras, servirá más para marcar clima que para repartir poder real. No es una comunidad decisiva en términos aritméticos, pero sí un buen termómetro del estado anímico del PSOE fuera de sus plazas más protegidas. Allí, donde el partido conserva una implantación reconocible pero debilitada, Sánchez ha decidido intervenir directamente.

Lo ha hecho colocando al frente de la candidatura a Pilar Alegría, hasta hace poco portavoz del Gobierno, forzando su salida del Ejecutivo. No se trata de un relevo discreto ni de una transición orgánica, sino de un movimiento visible y deliberado, pensado para concentrar foco y disciplina en una comunidad donde el PSOE no despega por inercia. Alegría llega con el encargo de recomponer un espacio político erosionado, en un contexto de fragmentación a la izquierda y con el PP gobernando sin sobresaltos.

El resultado, sea cual sea, tendrá lectura nacional. No tanto por lo que se gane o se pierda en Zaragoza, sino porque marca una pauta que se repetirá después en otros territorios. Como ocurrirá en Andalucía, Sánchez parece asumir que algunas batallas autonómicas solo pueden librarse trasladando parte del Gobierno al terreno y aceptando que el coste de hacerlo forma parte del precio de seguir resistiendo.

Marzo 2026 – Elecciones autonómicas en Castilla y León

Castilla y León será el siguiente revés para el PSOE autonómico y, por extensión, para el partido en su conjunto. La reedición del gobierno de coalición entre PP y Vox, encabezado por Alfonso Fernández Mañueco, se da prácticamente por hecha. Y eso pese a que el PSOE ganó las elecciones autonómicas de 2019 con 35 diputados, seis más que el PP. En 2022, en cambio, los populares quedaron primeros con 31 escaños frente a los 28 socialistas.

Para que a Sánchez no se le atragante Salamanca, bastaría con reducir distancias. Para ganar oxígeno de verdad, necesitaría algo mucho menos probable: un vuelco electoral que, aun sin permitir al candidato socialista Carlos Martínez alcanzar la presidencia –el bloque de la derecha mantiene un margen amplio–, serviría como golpe de efecto. Impactante. Improbable.

La resolución de la Ley de Amnistía y el regreso de Puigdemont

Si el Gobierno sigue en pie y Junts per Catalunya no ha roto todavía con Pedro Sánchez, no es por afinidad ideológica ni por una súbita vocación de estabilidad institucional. Es por la Ley de Amnistía. La legislatura entera gravita alrededor de esa promesa, y todo lo demás –los amagos de ruptura, las advertencias públicas, la teatralidad parlamentaria– responde más a la necesidad de marcar perfil que a una voluntad real de romper la baraja.

Junts acepta el desgaste por su flanco derecho y la sangría constante hacia Aliança Catalana a cambio de una expectativa concreta: cerrar el frente judicial abierto desde 2017 y permitir el regreso de su líder. Pero ese movimiento tiene un coste elevado para Sánchez, y no se limita al ruido de la derecha ni a la ofensiva mediática permanente. La amnistía erosiona también por dentro. Entre una parte del electorado socialista que no acaba de asumirla como un mal necesario y entre dirigentes territoriales que no están dispuestos a pagar ese peaje en sus comunidades. Emiliano García-Page ha sido el más explícito, aunque no el único.

En ese contexto, el eventual regreso de Carles Puigdemont no será solo una imagen de alto voltaje simbólico, sino la confirmación de algo más incómodo: que la resistencia también desgasta a quienes resisten. La amnistía puede ser condición necesaria para sostener la legislatura. Difícilmente será un activo electoral. Y eso, en Moncloa, lo saben desde el primer día. Todavía no hay una fecha concreta, aunque se espera que la resolución del Tribunal Constitucional llegue durante el primer trimestre de 2026.

Junio de 2026 – Elecciones autonómicas en Andalucía

Al PSOE le duele Andalucía. Como en la típica escena de una película barata de detectives, se encuentran delante del cadáver mientras se preguntan, anonadados, cómo pudo suceder algo así. Antaño principal feudo socialista, cuna del felipismo y cantera de cuadros orgánicos del principal partido de España, Andalucía pasó de ser una base sólida a un problema estructural.

La mayoría absoluta de Juanma Moreno en 2022 certificó ese cambio de ciclo. Y, como en Aragón, Sánchez ha decidido quemar otra carta de alto valor, repitiendo una estrategia que ya no es táctica, sino defensiva: enviar a María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, a encabezar la candidatura socialista. Sacarla del núcleo duro del Gobierno no es un gesto menor. Es admitir que Andalucía no se recupera con perfiles intermedios ni con discursos amortiguados. El problema es que incluso esa jugada llega con el terreno ya muy erosionado. Aun mejorando resultados, desalojar al PP parece fuera de alcance. Y una nueva derrota, por ajustada que sea, consolidaría una idea peligrosa para Moncloa: que el PSOE no solo perdió Andalucía, sino que todavía no ha terminado de entender por qué.

Resistir hasta lo desconocido y más allá

Así de complicado es el camino que tiene Pedro Sánchez para llegar hasta agosto de 2027. Y eso sin mencionar que, al final de esa ruta, se abrirá un nuevo ciclo electoral con las elecciones municipales y otras tantas autonómicas. Eso, en todo caso, lo analizaremos el año que viene…si es que Sánchez todavía sigue resistiendo.

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