La Comisión Europea, con su presidenta Ursula Von der Leyen al frente, ha decidido aplicar provisionalmente el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur, una decisión contraria a los procesos supuestamente democráticos que rigen o deberían regir los procesos institucionales de la Unión.
El pasado 21 de enero, el Parlamento europeo votó a favor de pedir al Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) un dictamen sobre este acuerdo comercial para determinar si se ajusta al derecho de la UE, en cuanto a competencias institucionales europeas y estatales y al procedimiento elegido para su tramitación y aprobación.
La votación fue solicitada por los Verdes europeos y por La Izquierda (The Left) y apoyada por un grupo heterogéneo de diputadas y diputados, desde la extrema derecha a la izquierda alternativa, pasando por socialdemócratas y populares, ya que no todos siguieron las indicaciones de su grupo parlamentario. Ello da una idea de la división existente en torno a este acuerdo.
El procedimiento indica que, con la solicitud de dictamen aprobada, la decisión de aprobar el acuerdo queda suspendida hasta que el TJUE se pronuncie. Para la Comisión Europea este contratiempo es un varapalo, máxime si tenemos en cuenta que la votación se fue retrasando por las dudas de Italia y Francia -cuyos votos eran fundamentales- para aprobar el acuerdo en el Consejo de la UE, algo que finalmente pudo conseguirse con unas concesiones de salvaguarda al país transalpino.
Las dudas que ha de resolver el TJUE se mueven en dos ámbitos. Uno interno y otro externo, relativo a los países del Mercosur. El primer ámbito se refiere a la división del acuerdo en dos partes: una comercial y otra política. En la primera la competencia es de la Comisión Europea y su decisión es sometida únicamente a la aprobación del Consejo de la UE y del Parlamento Europeo. En la segunda, la política y de cooperación sí requiere la ratificación de los parlamentos nacionales de los Estados miembros. Las dudas se establecen desde el momento en que se entiende que muchas de las cuestiones comerciales planteadas, tales como las agrarias, laborales, sanitarias o ambientales, tienen un profundo trasfondo político que puede condicionar las políticas nacionales de los Estados miembros. En cuanto al segundo ámbito se refiere al ‘mecanismo de reequilibrio’ por el que los países latinoamericanos podrían adoptar medidas compensatorias ante decisiones reguladoras europeas que perjudicarán a sus productos. La duda aquí es determinar hasta qué punto terceros países pueden influir o condicionar las políticas europeas de cualquier sector económico, social o ambiental contempladas en el acuerdo.
Las dudas planteadas son legítimas y deben resolverse en el marco institucional y para ello se dispuso en su momento la constitución del TJUE. La decisión de la Comisión Europea y del Consejo Europeo (jefes de Estado o de Gobierno, distinto al Consejo de la UE) de aplicar provisionalmente el acuerdo comercial sin esperar el dictamen del TJUE y la votación posterior del Parlamento europeo no es acorde por tanto con el procedimiento institucional instaurado. Además de poco democrática, esta decisión socava el papel del Parlamento europeo y resulta muy arriesgada ya que el TJUE puede determinar no compatible con el derecho de la UE algunos de los planteamientos competenciales o procedimentales adoptados, lo cual obligaría a renegociar el acuerdo y enfrentarse política y económicamente a las consecuencias de una aplicación probablemente puesta ya en marcha en el momento de hacerse efectivo el dictamen. Asimismo, aumenta la pérdida de confianza de la ciudadanía, ya de por sí baja, en las instituciones europeas, al ver como se ningunea a la única de ellas votada por la población.
Como ha indicado The Left “la aplicación provisional del acuerdo Mercosur antes de que el Parlamento Europeo haya dado su consentimiento no es jurídicamente sólida ni institucionalmente apropiada y, por lo tanto, debe ser rechazada”.
En realidad, no debería ratificarse este acuerdo en las instituciones europeas, que la Comisión Europea quiere aprobar cueste lo que cueste por intereses geopolíticos y económicos de las multinacionales, ya que arrastra desde su origen, según denuncia la Campaña No a los TCI “una fuerte contestación social por sus impactos previsibles, en ambos lados del Atlántico, sobre la agricultura familiar campesina, los derechos laborales, la seguridad alimentaria, el deterioro de los servicios públicos y la aceleración de la deforestación en América Latina”.
Las organizaciones de la campaña Stop UE-Mercosur denuncian el anuncio hoy de la Comisión Europea sobre la entrada en vigor provisional del acuerdo comercial con Mercosur.
· Califican este paso de la UE como “un grave atropello democrático” y “un intento de imponer por la puerta de atrás un tratado profundamente rechazado por amplios sectores sociales».
· Se prevé que el acuerdo UE-Mercosur tenga fuertes impactos sociales y ambientales, al tiempo que consolida un modelo agroexportador intensivo, dependiente de cadenas largas altamente emisoras, incompatible con los compromisos climáticos europeos.
En una carta abierta dirigida a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, 170 organizaciones sociales, ecologistas, sindicales y agrarias exigen que se detenga la aplicación provisional del acuerdo antes de que el Parlamento Europeo vote y antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emita su dictamen sobre las cuestiones jurídicas planteadas.
“Un desprecio a la democracia”
Las organizaciones señalan que el acuerdo UE-Mercosur arrastra desde su origen una fuerte contestación social por sus impactos previsibles, en ambos lados del Atlántico, sobre la agricultura familiar campesina, los derechos laborales, la seguridad alimentaria, el deterioro de los servicios públicos y la aceleración de la deforestación en América Latina.
“Aplicarlo provisionalmente sin esperar al Parlamento Europeo y sin conocer la opinión del Tribunal es un desprecio frontal a los procedimientos democráticos europeos”, afirman desde la campaña. A su juicio, la Comisión pretende blindar los capítulos comerciales mientras esquiva el debate político de fondo y minimiza la oposición social creciente en varios Estados miembros.
Las organizaciones recuerdan además que la tramitación del acuerdo ya ha estado marcada por decisiones polémicas que excluyeron de la ratificación a los parlamentos nacionales y por una aprobación en el Consejo de la UE sin unanimidad, algo inédito en tratados de esta magnitud.
“Estamos ante un precedente extremadamente peligroso: convertir la política comercial en un ámbito inmune al control democrático real”, advierten.
Impactos sociales y climáticos ignorados
Las 170 organizaciones firmantes, entre las que se encuentra Attac, subrayan que el acuerdo consolida un modelo agroexportador intensivo, dependiente de cadenas largas y altamente emisoras, incompatible con los compromisos climáticos europeos. También alertan de una mayor presión competitiva sobre sectores agrarios y ganaderos europeos ya golpeados por crisis de precios y por la concentración corporativa.
En América Latina, añaden, el tratado incentivaría la expansión de monocultivos y ganadería industrial vinculados a la deforestación y a conflictos socioambientales: “Mientras la ciudadanía exige transición ecológica justa, soberanía alimentaria y protección del empleo, la Comisión insiste en un tratado anclado en la lógica del libre comercio sin límites».
Las organizaciones de la campaña Stop UE-Mercosur exigen que se revierta la aplicación provisional del acuerdo, que se respete el voto del Parlamento Europeo y que se espere el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE.
Asimismo, plantean que se abra un debate público real sobre los impactos sociales, laborales y climáticos del acuerdo y de la política comercial de la UE.
Las 170 organizaciones firmantes anuncian que intensificarán la movilización social y la presión política en los próximos meses para impedir la entrada en vigor de un acuerdo que consideran “social, ambiental y democráticamente inaceptable”.
Estimada Señora Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, Estimado Señor Costa, presidente del Consejo Europeo,
Les instamos a que respeten los procesos democráticos y se abstengan de aplicar el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur antes de que el Parlamento Europeo haya ejercido su derecho a votar sobre el acuerdo.
El acuerdo UE-Mercosur es muy controvertido y ha suscitado repetidamente la preocupación de muchos ciudadanos y grupos de la sociedad civil, tanto en la UE como en los países del Mercosur, por cuestiones como las normas de seguridad alimentaria, las repercusiones en el empleo y la agricultura, y la deforestación. En una democracia, es fundamental que se escuche la voz de la ciudadanía en asuntos como estos.
La base democrática del acuerdo ya ha sido puesta en tela de juicio. El acuerdo solo ha podido seguir adelante gracias a decisiones polémicas que han eludido a los parlamentos nacionales. Además, la aprobación del Consejo Europeo se obtuvo por una estrecha mayoría, siendo la primera vez que un acuerdo comercial se ha llevado a cabo sin el apoyo unánime de todos los Estados miembros. Ahora, el Parlamento Europeo ha solicitado asesoramiento al Tribunal de Justicia Europeo sobre cuestiones jurídicas relacionadas con el acuerdo, lo que envía una clara señal de que los/as parlamentarios/as no quieren aprobar el acuerdo sin un examen adecuado.
La aplicación provisional, sin la opinión del Tribunal y sin el consentimiento del Parlamento, pisotearía los procesos democráticos que existen precisamente para que las voces de los ciudadanos puedan ser escuchadas, representadas y tenidas en cuenta cuando surgen desacuerdos. Socavaría la confianza pública y la legitimidad democrática de la Unión Europea. En un momento en el que muchos en nuestra sociedad se sienten marginados y están perdiendo la fe en los procesos políticos, optar por la aplicación provisional sería profundamente antidemocrático y correría el riesgo de avivar las tensiones en y entre los Estados miembros de la Unión.
Les pedimos que apoyen los principios democráticos establecidos y se comprometan a esperar la opinión del Tribunal y el voto en el Parlamento Europeo antes de aplicar el acuerdo.
¿Cuáles son las diferencias entre las normas sobre estos compuestos químicos de los dos bloques, que intercambiaron más de 15.000 millones de euros (unos 17.400 millones de dólares) en productos agrícolas en 2024?
La AFP comparó las normas europeas con las de Brasil, gigante agrícola que representa el 80% de los intercambios de la Unión Europea (UE) con esa alianza suramericana conformada además por Argentina, Paraguay y Uruguay.
A finales de noviembre, Brasil autorizaba 330 sustancias activas. El uso del 60% de ellas no estaba aprobado por la UE, el 37% estaba permitido y el 3% en proceso de revisión, según datos cruzados de la agencia de vigilancia sanitaria brasileña (Anvisa) y la Comisión Europea.
Por el contrario, de las 421 sustancias activas aprobadas por la UE, el 73% no lo estaba formalmente en Brasil.
Sin embargo, estas cifras deben matizarse. Los Estados miembros pueden autorizar temporalmente el uso nacional de químicos no aprobados a nivel europeo.
En Francia, el herbicida flufenacet, reconocido como disruptor endocrino y retirado del mercado europeo en diciembre, se beneficia así de un período de gracia que permite su uso durante un año más.
Por el contrario, un país puede prohibir en su territorio una sustancia autorizada por Bruselas si considera que los riesgos medioambientales y sanitarios son demasiado elevados.
Es el caso del acetamiprid, un neonicotinoide muy nocivo para las abejas, actualmente vedado en Francia pero autorizado en el resto de la UE.
Residuos en productos importados
Aunque los productos importados del Mercosur deben cumplir legalmente las normas de la UE, los agricultores denuncian una falta de controles que da lugar a una competencia desleal.
Los detractores del acuerdo UE-Mercosur señalan una tolerancia a los residuos de plaguicidas (por debajo de un umbral considerado seguro), incluidos los prohibidos en el bloque europeo.
Sobre este tema, la Comisión Europea prometió a principios de enero vetar totalmente la importación de productos que contengan rastros de tres fungicidas: carbendazim, benomilo y tiofanato-metilo.
Los dos primeros ya están prohibidos en Brasil, pero el tiofanato-metilo, retirado del mercado europeo en 2021 por ser sospechoso de ser peligroso para la salud, figura entre las sustancias que aún se pueden comercializar en el gigante suramericano.
Algunos Estados van más allá. Francia ha suspendido las importaciones de productos que contengan residuos de mancozeb o glufosinato, además de los tres fungicidas señalados por Bruselas.
El mancozeb, utilizado en aguacates, mangos o pimientos, está clasificado como disruptor endocrino por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (Efsa) y como sospechoso de ser cancerígeno y tóxico para la reproducción por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (Echa).
El glufosinato, un herbicida utilizado principalmente en las papas, también se considera nocivo para la reproducción.
Prohibidas en la UE, estas sustancias se encuentran entre las más vendidas en Brasil: el mancozeb ocupa el segundo lugar entre los ingredientes activos más comercializados y el glufosinato, el sexto.
Prohibidos en Europa, enviados al Mercosur
Aún con un veto europeo, algunos pesticidas siguen siendo producidos por industrias europeas y exportados al Mercosur.
En 2024, grupos como BASF, Corteva, Syngenta o Bayer notificaron la exportación a estos países de 18.000 toneladas de productos fitosanitarios prohibidos en Europa, según datos de la Echa y autoridades nacionales obtenidos por la ONG suiza Public Eye y el medio Unearthed de Greenpeace UK.
A la cabeza se encuentra la picoxistrobina, fungicida utilizado en cereales y soja, vedado en la UE desde 2017 debido a sus riesgos genéticos y medioambientales.
La soja, de la que Brasil es el primer exportador mundial, llega a Europa en forma de forraje (residuos fibrosos del prensado de la semilla) para alimentar al ganado. En 2024-2025, Europa importó más de 20 millones de toneladas.
En cuanto a las sustancias señaladas por Bruselas y París la semana pasada, las empresas europeas notificaron la exportación de 2.300 toneladas de glufosinato, 260 toneladas de tiofanato-metilo y 250 toneladas de mancozeb al Mercosur, según cifras de septiembre de 2025.
Un comercio calificado entonces de «cínico y amoral» por asociaciones como Générations Futures, Foodwatch y CCFD-Terre Solidaire, que denunciaron una «política de doble rasero» de prohibir ciertos pesticidas en Europa mientras se siguen exportando.
La presidencia conservadora del Parlamento Europeo ha bloqueado la votación de una resolución que pretendía pedir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) un examen jurídico del acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur. La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola (Partido Nacionalista, Malta), declaró “inadmisible” la propuesta pese a contar con 145 firmas de eurodiputados de cinco grupos políticos. Una decisión sin base legal explícita que ha sido denunciada como una maniobra política para impedir el control democrático del polémico tratado.
Desde septiembre, un grupo informal de eurodiputadas y eurodiputados ha promovido una propuesta de resolución en la que iban a solicitar al TJUE que se pronuncie sobre si el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur y del Acuerdo Comercial Provisional UE-Mercosur estén acordes con los Tratados de la Unión.
Tras 25 años de desencuentros, ambos textos se terminaron de negociar en diciembre de 2024 entre la Comisión Europea y los gobiernos del Mercosur, el bloque comercial que agrupa a Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Venezuela está suspendido del bloque y a Bolivia se aplicaría más tarde. Aunque en 2019 ya se había alcanzado otro “acuerdo político” —cuando aún presidía Brasil el ultraderechista Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado— no se logró rematar por la oposición que el asunto suscitó en numerosos países.
El Ejecutivo comunitario de Ursula von der Leyen inició el proceso de ratificación en septiembre y pretende firmar el acuerdo el 20 de diciembre.
Hace dos semanas, se registró la resolución y si se hubiera aprobada en la sesión del Parlamento Europeo, podría haber arruinado el plan de la presidenta de la Comisión Europea de rubricar el acuerdo en Foz do Iguaçu (Brasil) para crear una zona de “libre comercio” con el Mercosur.
La moción ha sido firmada por 145 diputadas y diputados del Partido Popular Europeo (PPE), Renew, S&D, los Verdes/EFA y la Izquierda, de 21 nacionalidades diferentes. Los firmantes proceden en su mayoría de países que tradicionalmente se han opuesto al acuerdo, como Polonia, Francia, Bélgica e Irlanda.
La resolución se apoyaba en el artículo 117 del Reglamento del Parlamento Europeo y en el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que permiten solicitar al TJUE un dictamen previo sobre la compatibilidad de un acuerdo internacional con los Tratados antes de su aprobación.
Estas normas ofrecen una vía limitada para ejercer control democrático, dado que el parlamento no participa en las negociaciones comerciales y sólo puede votar sí o no a los textos cerrados por la Comisión Europea, sin añadir ni una sola coma.
Manifestación de la Confédération Paysanne el 14 de octubre en París. Tom Kucharz
“No admisible”
El martes, 18 de noviembre, mientras varias organizaciones protestaron ante el Ministerio de Agricultura en Madrid contra el acuerdo comercial, los representantes del grupo informal recibieron una respuesta oficial de la administración de la eurocámara argumentando que la resolución no era admisible porque el Consejo de la UE (los gobiernos de los 27 Estados Miembros) no había requerido aún el consentimiento del Parlamento.
Los legisladores también solicitaban que el TJUE evaluara la base jurídica utilizada para dividir el acuerdo en dos partes: un capítulo comercial y otro de diálogo político y cooperación
“No han ofrecido ninguna base legal para justificar esta decisión. Por una simple razón, no existe base legal para ello”, respondieron en un comunicado Krzysztof Hetman (EPP), Benoît Cassart (Renew), Chloé Ridel (S&D), Majdouline Sbai (Greens/EFA), Manon Aubry (Left), Céline Imart (EPP), Ciaran Mullooly (Renew), Jean-Marc Germain (S&D), Saskia Bricmont (Greens/EFA) y Lynn Boylan (Left).
Bajo la presión de von der Leyen y Manfred Weber, presidente del grupo parlamentario del Partido Popular Europeo (PPE), la presidenta Metsola (de la misma fracción) ha utilizado esta interpretación retorcida para abortar el voto e impedir que el Parlamento Europeo obstaculice la firma del acuerdo, ya de por sí altamente controvertido, entre la UE y el Mercosur.
La Conferencia de Presidentes —que reúne a las direcciones de los grupos parlamentarios— avaló el veto de Metsola, aunque algunos “líderes de grupo se pronunciaron en contra de la decisión de Metsola, incluidos los Verdes, la Izquierda y Renew”, indicaron fuentes del Parlamento Europeo a El Salto. Por lo que la resolución no se ha incluido en el orden del día de la sesión plenaria, que se celebra en Estrasburgo. Una cacicada en toda regla.
El movimiento refleja la preocupación de que el Parlamento no cuente con mayoría suficiente para respaldar el pacto. En octubre, 269 eurodiputados rechazaron un párrafo de otra resolución sobre la estrategia política de la UE para América Latina que valoraba positivamente el acuerdo con el Mercosur, frente a 259 a favor.
¿Qué dice el derecho?
Según el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la UE, cualquier Estado miembro, el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión pueden solicitar al Tribunal de Justicia un dictamen sobre la compatibilidad con los Tratados de un acuerdo internacional antes de su entrada en vigor. Si el dictamen fuera negativo, el acuerdo no podría aplicarse sin modificarlo o revisar los Tratados. Esta posibilidad, conocida por las juristas como “control preventivo ex ante”, no exige que una institución espere a otra para activar la consulta.
El artículo 117 del Reglamento interno del Parlamento añade que, antes de votar la aprobación de un acuerdo, la comisión competente o al menos una décima parte de los eurodiputados pueden proponer solicitar ese dictamen al Tribunal. Las prerrogativas parlamentarias derivadas de los Tratados no pueden ser restringidas ni por interpretaciones del reglamento interno —norma jerárquicamente inferior— ni por las decisiones de otras instituciones, señalan los promotores de la iniciativa.
El propio TJUE, en su opinión 2/94, reconoció que puede pronunciarse incluso sobre textos preliminares. Además, existe un precedente directo: en abril de 2019 el Parlamento pidió un dictamen sobre la adhesión de la UE al Convenio de Estambul antes de que el Consejo iniciara formalmente la ratificación.
El sector ganadero familiar, especialmente en España, Francia, Irlanda y Polonia, teme pérdidas y cierres ante un aumento de importaciones
Finalmente, ya ha comenzado en la Comisión de Comercio el proceso para elaborar la resolución de acompañamiento del acuerdo UE–Mercosur. Por coherencia institucional, argumentan los legisladores, el Parlamento no puede avanzar hacia su adopción sin haber solicitado previamente la opinión del Tribunal.
Un dictamen del TJUE retrasaría la ratificación
“Más allá de las opiniones sobre los pros y contras del acuerdo con el Mercosur, debemos garantizar que sea plenamente compatible con los Tratados europeos”, señaló la eurodiputada belga Saskia Bricmont. De haberse aprobado la resolución, la votación de ratificación habría quedado suspendida hasta que el TJUE emitiera su dictamen.
Ese trámite podría haber retrasado el proceso, ya que las consultas judiciales en Luxemburgo suelen prolongarse. Un dictamen crítico obligaría a reabrir el texto, reavivando la oposición de gobiernos reticentes —como Francia, Polonia o Irlanda— y tensando la relación con los países del Mercosur. Incluso sin invalidar todo el acuerdo, cualquier cambio podría posponer su aprobación durante un año o más.
Los impulsores de la iniciativa anuncian que volverán a plantearla en 2026, tras la votación del Consejo.
¿Qué dudas debería aclarar el tribunal?
Los miembros del Parlamento Europeo querían que el Tribunal de Justicia analizara varios puntos del acuerdo. El primero es el llamado “mecanismo de reequilibrio”, que permitiría a cualquiera de las partes exigir compensaciones —en forma de aranceles o cuotas— si considera que una medida del otro lado “anula o perjudica” los beneficios comerciales del pacto.
Organizaciones como ClientEarth y Greenpeace alertan de que este mecanismo podría debilitar la aplicación del Reglamento europeo contra la deforestación (EUDR), convirtiendo decisiones ambientales en objeto de disputa comercial y presión política. Con ello, los Estados miembros podrían verse disuadidos de aplicar controles estrictos por temor a represalias, favoreciendo los intereses de grandes multinacionales como Bunge, Cargill o JBS.
Los legisladores también solicitaban que el TJUE evaluara la base jurídica utilizada para dividir el acuerdo en dos partes: un capítulo comercial, que podría ser aprobado rápidamente solo por el Consejo y el Parlamento Europeo, y otro de diálogo político y cooperación, sujeto a un proceso más largo. La coalición Stop EU–Mercosur considera que esta separación es un “truco institucional” para evitar la intervención de los parlamentos nacionales, reducir la capacidad de veto y acelerar la aprobación de la parte comercial, la más lesiva en términos socioambientales. Según estas organizaciones, el “splitting” rebaja la transparencia, el control democrático y la rendición de cuentas.
Por último, los eurodiputados pedían que el Tribunal analizara si el acuerdo respeta el principio de precaución, ante el riesgo de que quede debilitado cuando la UE intente actuar frente a amenazas sanitarias o medioambientales.
La “cláusula de salvaguardia”, bajo sospecha
El cuarto aspecto para ser evaluado por el alto tribunal europeo es la “cláusula de salvaguardia”, introducida por la Comisión para convencer a Estados miembros reticentes, especialmente Francia, de apoyar la ratificación del acuerdo. París había sido uno de los principales opositores por motivos agrícolas y ambientales, pero suavizó su postura tras el anuncio de esta medida.
La cláusula prevé activarse si los precios medios de un producto sensible —como carne de cerdo, azúcar o miel— caen un 10% y las importaciones anuales aumentan un 10% en uno o varios Estados miembros. Sin embargo, la Coordinadora Europea de La Vía Campesina la considera improvisada, arbitraria e ineficaz, diseñada “para no activarse nunca” y sin capacidad para responder a impactos estructurales sobre el mundo rural. Apunta que ignora diferencias territoriales y sectoriales, y que las variaciones de precios pueden deberse a la especulación financiera. El sector ganadero familiar, especialmente en España, Francia, Irlanda y Polonia, teme pérdidas y cierres ante un aumento de importaciones controladas por operadores cárnicas gigantes como JBS.
Acción de la Confédération Paysanne contra la multinacional BASF el 17 de noviembre en Saint Aubin lès Elbeuf. Tom Kucharz
Las organizaciones agrarias subrayan que el mecanismo no permite suspender importaciones ni imponer contingentes adicionales, solo aranceles limitados, mientras los costes de producción en Brasil son tres veces inferiores a los franceses. A su juicio, esto empujará al abandono de explotaciones y desincentivará el relevo generacional. Aunque los contingentes agrícolas del acuerdo son relativamente pequeños respecto a la producción europea, llegan en un contexto de fuerte tensión y tras la pérdida de 4,5 millones de empleos agrarios entre 2005 y 2020.
La abogada Clémentine Baldon advierte además que el reglamento propuesto por la Comisión solo define cómo la UE pretende aplicar la salvaguardia, pero no garantiza que sea considerada legal por los países del Mercosur. Para La Vía Campesina, la cláusula es una herramienta de comunicación destinada a calmar al sector y permitir a los responsables políticos “lavarse las manos” mientras “fingen” preocuparse por la protección del campo.
Un atropello generalizado
Para incorporar la “salvaguardia” al acervo comunitario, los embajadores de los Estados miembros aprobaron el Reglamento sin modificaciones, aunque aún debe validarlo el Parlamento Europeo. El Partido Popular Europeo intentó tramitarlo por vía de urgencia para evitar el paso por las comisiones de Comercio (INTA) y Agricultura (AGRI) y someterlo directamente al pleno esta semana, pero retiró su solicitud a última hora por temor a una derrota.
La maniobra tampoco contó con el apoyo de sus aliados habituales —Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y Patriotas por Europa (PfE)— y fue rechazada por los presidentes de los grupos. Aun así, el PPE ha impuesto un calendario acelerado que apenas permite presentar enmiendas y que “equivale casi a ir directo al plenario”, según fuentes de La Izquierda. Parte de sus propias delegaciones —rumana, irlandesa, polaca y francesa— también se posicionó en contra, un dato relevante dada la incierta postura del Gobierno rumano.
Próximos pasos: la comisión de Comercio votará el texto de las salvaguardias el 8 de diciembre y el pleno el 16 de diciembre, apenas cuatro días antes del viaje previsto de von der Leyen a Brasil para la ceremonia de firma.
Macron traiciona al campo francés
Las organizaciones agrarias francesas han estallado después de que Emmanuel Macron parezca suavizar su oposición al acuerdo UE-Mercosur, lo que llevó al sindicato FNSEA a acusarlo de “traición”. Tras reunirse con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante la COP30 en Belém, el mandatario francés adoptó un tono más conciliador, lo que fue interpretado como una ruptura con los intereses agrícolas.
Aunque Macron intentó rectificar posteriormente y la ministra de Agricultura, Annie Genevard, afirmó que “Francia no puede aprobar por ahora el acuerdo porque no protege a los agricultores”, todo indica que París ya no aspira a liderar una minoría de bloqueo en el Consejo y que se conformará con la cláusula de salvaguardia como garantía simbólica.
Una minoría de bloqueo requiere al menos cuatro Estados miembros que representen el 35% de la población. Por ahora, Hungría y Polonia se oponen; Irlanda y Austria siguen indecisas, mientras que el nuevo gobierno neerlandés ha pasado a una posición favorable.
Además, la Asamblea Nacional francesa votará este jueves una resolución presentada por La Francia Insumisa que insta al Gobierno a no autorizar la firma del acuerdo y denuncia como ilegal que la Comisión evite la aprobación por los parlamentos nacionales.
Movilización en Estrasburgo y Belém
Pese al escaso margen político, la Confédération Paysanne se ha concentrado ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo para apoyar la petición de un dictamen del TJUE y reclamar el rechazo del acuerdo UE-Mercosur. La organización alerta de riesgos jurídicos y posibles vulneraciones del derecho comunitario, especialmente porque el mecanismo de reequilibrio podría limitar nuevas medidas de protección ambiental o sanitaria.
Las protestas recuerdan a las tractoradas del invierno de 2024, cuando el descontento rural estalló frente a los tratados comerciales, los recortes en las ayudas agrarias y la futura PAC post-2027. Desde entonces los problemas no se han disipados para la mayoría de explotaciones agrícolas. En este contexto, las principales organizaciones agrarias europeas han convocado una gran protesta en Bruselas para el 18 de diciembre.
En paralelo, durante las movilizaciones de la Cumbre de los Pueblos contra las “falsas soluciones” en la COP30 de Belém, la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y otros actores sociales denunciaron que el comercio con la UE beneficia a grandes empresas agroindustriales a costa de las comunidades indígenas y campesinas, la mitigación climática y bosques como la Amazonía. Las políticas comerciales incentivan la expansión de la ganadería intensiva y el cultivo de soja o algodón para exportación, lo que impulsa la deforestación, destruye ecosistemas y concentra el poder agrícola en grandes empresas, desplazando la producción local y sostenible.
El acuerdo de la Unión Europea con Mercosur –el bloque económico que aúna Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay– es una quimera que lleva décadas negociándose, pero pronto podría ser una realidad. El Consejo de Asuntos Exteriores de la UE se reunió el 24 de noviembre para conversar sobre este y otros acuerdos comerciales con terceros países, según informan a este medio fuentes del Ministerio de Economía. La firma formal podría tener lugar durante el mes de diciembre y después se espera que el Parlamento Europeo ratifique el texto. Este facilitará las relaciones comerciales entre los Veintisiete y los países del grupo latinoamericano, pero tiene una cara B: importación de pesticidas prohibidos en la UE, impulso a la minería y a las emisiones derivadas de la agroindustria, así como una mayor deforestación de la Amazonía.
«El acuerdo de Europa con Mercosur supondrá la reducción de aranceles entre ambas zonas geográficas», explica a Público Andrés Muñoz, responsable de Soberanía Alimentaria en Amigas de la Tierra. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa señala que el bloque latinoamericano cuenta con «más de 270 millones de consumidores» y que se encuentra «relativamente cerrado al exterior». Por esta razón, la cartera de Carlos Cuerpo considera que este acuerdo con Bruselas «va a generar grandes beneficios». En concreto, se espera que las exportaciones europeas obtengan «un ahorro arancelario de 4.000 millones de euros anuales«.
Fuentes ministeriales afirman a este medio que el acuerdo «actuará como un instrumento para fomentar la cooperación política y económica entre la UE y Mercosur y, por tanto, contribuirá a reforzar la seguridad económica de la UE«. Asimismo, aseguran que la liberalización entre ambos mercados «contribuirá a la diversificación de los flujos comerciales, la resiliencia de las cadenas de suministro, el crecimiento económico y la creación de empleo».
«Un contexto geopolítico difícil»
Desde la cartera añaden que en la reunión mantenida este lunes en Bruselas se ha presentado un informe que «pone de manifiesto cómo la amplia red de acuerdos comerciales de la Unión Europea ayuda a las empresas a encontrar mercados alternativos para sus exportaciones, al tiempo que reduce las dependencias en un entorno geopolítico difícil». Rafael Jiménez Aybar, experto en diplomacia climática, indica a este diario que Europa busca ampliar sus redes comerciales para hacer frente a la guerra arancelaria desatada por EEUU bajo la Administración Trump.
El encuentro de alto nivel incluía en la agenda otros acuerdos de libre comercio además del de Mercosur. Entre ellos, fuentes del ministerio de Carlos Cuerpo mencionan a Público «socios claves en Asia, incluyendo acuerdos ya negociados pero aún pendientes de conclusión formal, así como negociaciones en curso». En el caso de la alianza mercantil con el bloque latinoamericano, Economía destaca que «se estima que la liberalización elevará las exportaciones de mercancías y servicios de la UE a Mercosur entre un 52 y un 68%, y las importaciones de la UE entre un 11 y un 14%».
Agrotóxicos y pesticidas prohibidos
Este potenciado binomio importación-exportación «favorecerá a la industria de pesticidas de Alemania y Francia, que en Europa están prohibidos por su enorme toxicidad tanto ambiental como para la salud humana», pero que se venderán a los países del Mercosur, critica Andrés Muñoz. «El acuerdo comercial prevé la eliminación de los aranceles para más del 90% de las exportaciones europeas de productos químicos, incluidos los pesticidas. Hasta ahora, estos aranceles ascendían hasta un 18%», informa a este medio Tom Kucharz, miembro de Ecologistas en Acción-Madrid. «La reducción de los aranceles aduaneros provocará un aumento de las exportaciones y del uso de estos productos, con consecuencias dramáticas para el medio ambiente y la salud de la población local».
«Entre estos plaguicidas no autorizados en la UE, pero exportados al Mercosur, se encuentran, por ejemplo, el fungicida carbendazim, que puede dañar el material genético, o los insecticidas imidacloprid y fipronil, responsables, entre otras cosas, de la muerte de las abejas», asevera Kucharz. «Este ‘ciclo tóxico’ se agravaría significativamente si se implementara el acuerdo comercial».
«La exposición múltiple a auténticos ‘cócteles de pesticidas’ no se tiene en cuenta a la hora de determinar los límites máximos de residuos permitidos. Esto se debe a que los límites máximos, incluso en la UE, se refieren únicamente a una sola sustancia activa aislada. Sin embargo, las posibles consecuencias de las interacciones entre varias sustancias activas de pesticidas en determinados alimentos apenas se han investigado y, por lo tanto, tampoco se tienen en cuenta a la hora de establecer los límites máximos», añade el activista de Ecologistas en Acción.
Protestas itinerantes contra el acuerdo
Una acción llevada a cabo el pasado 19 de noviembre por varias organizaciones ecologistas y sindicatos protestaba contra el acuerdo de la UE con Mercosur precisamente por este motivo. Las entidades convocantes, Attac, Amigas de la Tierra, CGT, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Greenpeace, Justicia Alimentaria y Sindicato Labrego Galego, colocaron una pirámide de barriles tóxicos mientras iban disfrazados del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen y el ministro de Agricultura, Luis Planas.
La performance formaba parte del Toxic Trade Tour,una protesta itinerante por diversas ciudades europeas contra este acuerdo comercial. «Este tratado establece una relación tóxica entre la UE y los países del Mercosur, al perpetuar un modelo de relaciones internacionales de corte extractivista y neocolonial, consolidando una forma de globalización que destruye la naturaleza, pone en riesgo la salud y amenaza la pervivencia de culturas y economías locales a ambos lados del Atlántico. Por eso reclamamos al PSOE que no apoye la firma de este acuerdo y sea coherente con sus propias promesas electorales en esta materia», afirmaron las organizaciones.
El acuerdo «no incorpora actualmente ‘cláusulas espejo‘ estrictas sobre estándares medioambientales, que reflejen los europeos, según las definiciones promovidas por muchos sectores agrícolas y ambientales en Europa», explica Jiménez Aybar. Este tipo de cláusulas «son disposiciones que exigen que los productos importados cumplan exactamente los mismos estándares medioambientales, sanitarios, sociales o de bienestar animal que se exige a la producción dentro de la Unión Europea, de forma totalmente equivalente«, aclara. Sobre la posibilidad de que se incorporen esta clase de instrumentos, el experto en diplomacia climática considera que no es una prioridad de la actual Comisión Europea, marcada por una tendencia desreguladora de la política verde.
Contra la agricultura y ganadería española
Muñoz también coincide en que «no va a haber salvaguardas, lo cual supone un agravio comparativo con los diferentes estándares que se exigen». De hecho, el tratado comercial también produce disensos entre las propias patronales. La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) publicó el pasado 18 de noviembre un informe realizado con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). La patronal valora que el acuerdo abre un abanico de oportunidades comerciales en el sector alimentario y también alude a «un clima de tensión geopolítica y comercial a nivel global«.
La FIAB también «resalta la necesidad de cláusulas espejo que garanticen los mismos estándares de calidad, seguridad y normativas sanitarias y medioambientales europeas para los productos de los países del Mercosur que lleguen a Europa». Sin embargo, su posicionamiento favorable del acuerdo difiere de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). La organización declara a Público que el tratado comercial con Mercosur es «una amenaza directa para la viabilidad económica de las pequeñas y medianas explotaciones agrarias, las más vulnerables». «Los ganaderos europeos seguimos asumiendo costes crecientes para cumplir normativas ambientales, sanitarias, laborales y de bienestar animal que a nuestros competidores no se les exige (y no tienen en sus países de origen)», lamentan.
Desde la COAG inciden en que «en la UE está prohibido el uso de hormonas y promotores de crecimiento que allí aún se utilizan». Con la regulación derivada del Pacto Verde Europeo, la patronal agraria indica que se llevan a cabo «controles sanitarios exhaustivos» y «trazabilidad total», en sintonía también con las normativas laborales comunitarias. Sin embargo, «las producciones de Mercosur se benefician de prácticas que aquí serían ilegales y, además, están vinculadas en muchos casos a la deforestación del Amazonas«, denuncian. «Es una competencia absolutamente desleal que castiga precisamente a quien produce de forma más sostenible». Por este motivo, abogan también por la inclusión de cláusulas espejo en el acuerdo.
Si bien todavía no existe un texto definitivo sobre el tratado comercial, desde Ministerio de Economía aseguran a este medio que «todas las exportaciones hacia la Unión Europea deben cumplir con los exigentes estándares sanitarios y fitosanitarios europeos, que abarcan tanto la seguridad alimentaria, como la salud animal y vegetal. Esto garantiza que los productos importados cumplan con los niveles de salubridad exigidos por la UE, protegiendo así la salud de los consumidores europeos». Además, abundan que «nada en el acuerdo restringe el derecho a regular en este ámbito y la UE mantiene su derecho a fijar niveles máximos de residuos de plaguicidas, medicamentos veterinarios o contaminantes».
Jiménez Aybar advierte de que la desatención a las peticiones del sector primario por parte del Gobierno puede redundar en un beneficio para la ultraderecha. Vox rechaza frontalmente este acuerdo, pero lo hace asumiendo un discurso de defensa de los intereses nacionales de la agroganadería y a la vez en contra del Pacto Verde Europeo. Por otro lado, el experto en diplomacia climática teme que la Comisión Europea decida rebajar las exigencias comunitarias para salvaguardar la competitividad de los profesionales locales, en lugar de aumentar los estándares de seguridad, sostenibilidad y calidad del Mercosur.
Aumento de las emisiones
Además de los pesticidas, el fomento de prácticas agrícolas menos sostenibles y la competencia con el sector primario europeo, las emisiones de CO2 son otro de los principales puntos que destacan los ecologistas frente al acuerdo de la UE con Mercosur. Los grupos convocantes de la protesta del 19 de noviembre remarcan que el tratado comercial promueve «procesos de deforestación y gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero«. Al respecto, existen diferentes informes que han estudiado la inferencia de esta liberalización arancelaria en la contaminación.
El Banco de España publicó uno en enero de 2022. Los análisis realizados concluyeron que sí habría un incremento de emisiones de CO2 derivados del acuerdo entre la UE y el Mercosur, si bien este sería limitado. Asimismo, concluyen que en algunos escenarios «podrían incluso conllevar un descenso» en los países del grupo latinoamericano. Las organizaciones convocantes de la protesta también recuerdan en un comunicado una Evaluación del Impacto sobre la Sostenibilidad (EIS), realizada a finales de 2020 por encargo de la Comisión Europea. Sus cálculos estimaron un «aumento moderado general» de las emisiones.
Los movimientos sociales rechazan cualquier incremento de la contaminación, incluso si este es «limitado» o «moderado». «Sin una reducción inmediata y profunda de las emisiones en todos los sectores será imposible limitar el calentamiento global a 1,5ºC y evitar los peores efectos», reivindicaron en su comunicado. Además, señalan que la EIS no tuvo en cuenta los efectos de la deforestación ni los cambios en los usos de la tierra para sus proyecciones. Algo que tampoco sucedió en el informe del Banco de España y que sin embargo, los ecologistas afirman que «representan el 55% de las emisiones de CO2 de Brasil y el 70% de las de Paraguay».
Además, Tom Kucharz pone de relieve los efectos de la deforestación vinculada a los cambios en los usos del suelo. «La producción de productos agropecuarios para la exportación a la Unión Europea ya está destruyendo grandes extensiones de bosque en Argentina, Brasil y Paraguay. El acuerdo aceleraría la destrucción de la Amazonía y otros ecosistemas en esos países, como el Cerrado, el Pantanal, el Chaco, la Mata Atlántica ya que provocaría un aumento de las exportaciones de productos agrícolas como la soja, la carne de vacuno, el maíz y el algodón que se encuentran entre las principales causas de la deforestación», insiste. «Además, el aumento de las exportaciones socavaría el reglamento de la UE sobre cadenas de suministro libres de deforestación y contradiría el objetivo de la UE de alcanzar la neutralidad climática para 2050″.
«La evaluación del impacto social y ambiental de este acuerdo comercial ha sido un mero trámite. La política comercial de la UE no se puede construir escondiendo debajo de la alfombra la deforestación», afearon las organizaciones. De igual modo, subrayaron que «todo lo que rodea el acuerdo UE-Mercosur es tóxico» y que el apoyo del Gobierno de España «contradice sus compromisos frente al cambio climático y los derechos humanos». En este sentido, COAG reclama al Ejecutivo central y a la Comisión Europea, además de las cláusulas espejo, controles rigurosos en frontera y «un etiquetado obligatorio de origen claro y visible en todos los productos». «Los consumidores tienen derecho a saber qué están comprando y apoyar la producción local«, defienden. Por su parte, los ecologistas van un paso más allá y exigen el rechazo íntegro al acuerdo.
