15 de marzo

Nueva debacle de los partidos situados a la izquierda del PSOE, esta vez en Castilla y León. No recuerdo qué candidato, ya antes de las elecciones, atribuía los malos pronósticos a la concentración del voto útil en el PSOE. Pero quizá debería preguntarse por qué tanta gente está empezando a ver como voto inútil el de Podemos, Sumar, etc.

Y por qué, a pesar de que políticas impulsadas desde la izquierda han beneficiado a tanta gente –en los ámbitos de la vivienda y del trabajo, por ejemplo–, las y los votantes han abandonado a los partidos que las defienden.

Lo que está claro es que la derecha y la extrema derecha, cada vez más difíciles de distinguir, están arrasando. Ojalá no haya elecciones anticipadas; no tengo el estómago preparado para lo que se avecina.

16 de marzo

Me deja perplejo el Oscar a la mejor película para Una batalla tras otra. Es cierto que no estoy muy cualificado para juzgarla porque solo aguanté unos veinte minutos. Las actuaciones me parecieron tan impostadas y torpes, los diálogos tan ridículos, la sexualización de la actriz principal con un erotismo tan barato, las situaciones tan absurdas y mal rodadas, que no tuve ganas de continuar viéndola. Por suerte, a Edurne le pareció lo mismo y nos pusimos a ver otra, que he olvidado; quizá no fuera tan memorable pero si menos ofensiva.

Es la segunda vez que me pasa con una película de Paul Thomas Anderson; la primera fue con Licorice Pizza. Esta no me irritó, pero sí me aburrió y tampoco terminé de verla.

17 de marzo

Leo un bluit del periodista Alberto Moyano en el que aparece un texto de la novela Elegía, de Philip Roth (Everyman, en el original inglés), en el que se habla del llanto. En una conversación de dos personajes, se lee:

…y empezó a sollozar con las manos en la cara–. Es tan vergonzoso.

–No tiene nada de vergonzoso.

–Sí, sí que lo tiene –insistió ella, llorosa–. No poder cuidar de ti misma, la patética necesidad de que te consuelen….

Le respondo que Elegía es, precisamente, uno de los pocos libros con los que he llorado. Al releer ahora este diálogo pienso que uno no llora necesariamente para ser consolado; llorar no supone un «otro» presente que debe reaccionar al llanto. Cuando lloré leyendo Elegía estaba solo, absurdamente sentado en un avión, y desde luego no habría deseado que me consolase mi compañero de asiento.

El llanto, como la literatura, a veces busca una respuesta, establece una relación; otras veces, es la mera expresión de un estado de ánimo o un pensamiento, con el cuerpo en un caso, con el texto en otro.

18 de marzo

Hace unos meses nos pusimos a ver una serie basada en la vida de George Sand, pero no la acabamos –últimamente dejamos a medias un número considerable de películas y series–. Nos pareció demasiado plana, más pedagógica que sicológica. Leo que, cuando George Sand dejó a su marido, se fue a vivir a París llevándose a sus hijos. Tendría que revisarla para estar seguro de lo que voy a decir, pero en mi recuerdo de la serie los niños están casi absolutamente ausentes en su primera etapa en París. Me pregunto si el sentido de esa omisión se debe al deseo de mostrar a una mujer independiente, empoderada, alejada del papel de madre para centrarse en su creación y su carrera.

Si es así, creo que hace un flaco favor a las mujeres. Sería mucho más impactante verla teniendo que lidiar con dos críos dependientes de ella –por mucho que tuviese ayuda de una cuidadora– y al mismo tiempo intentando abrirse paso en el mundo literario masculino. Lo que se ajusta más a la realidad de tantas mujeres, de su época y posteriores.

La que sí terminamos, aunque tuvimos que verla en dos veces porque estábamos cansados y son tres horas de película, es Andrei Rublev, de Tarkovsky. Qué maravilla de película, qué imágenes potentes. Aunque los subtítulos son a ratos incomprensibles, pero al final la historia te la está contando sobre todo a través de lo que ves, así que no es tan catastrófico.

Hacia el final de Andrei Rublev, un ejército ruso con sus aliados tártaros entra en una ciudad en la que saquean, asesinan, torturan y violan; las cosas no han cambiado tanto, pienso. Hace poco leíamos cómo la policía israelí asesinó a un matrimonio y dos de sus niños, sin razón ni excusa alguna, y probablemente sin tener que responder del crimen. Y oigo a una mujer de no sé que instituciones israelíes decir que si se ha empezado la guerra contra Irán habrá que acabarla y que el régimen iraní mataba a mucha gente. No dice, para qué, que Trump hablaba de devastar Irán, ni que la guerra empezó con el asesinato de más de cien niñas de un colegio y está costando, también en los países vecinos, miles de muertos. Seguro que los rusos y los tártaros del siglo XV encontrarían también un discurso para justificar sus masacres.

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Sira Rego (Valencia, 1973) es ministra de Juventud e Infancia y forma parte de la dirección federal de Izquierda Unida. Desde que desembarcó en el ministerio, a finales de 2023, trabaja con varias fórmulas para solucionar un problema que le subleva: erradicar la pobreza infantil en nuestro país. Una de sus propuestas es la Prestación Universal por Crianza, una ayuda mensual y universal de 200 euros por hijo o hija que no está exenta de críticas incluso dentro de la propia izquierda. Esta ayuda permitiría reducir la brecha de desigualdad existente entre «ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho» –como a Rego le gusta definirlos– de estas edades.

Su cartera, además, está de actualidad por su participación en la ley para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales. Según su propuesta, los menores de 16 años no podrán acceder a las redes sociales sin el consentimiento expreso de sus padres o sus tutores legales. El PSOE quiere ir más allá y prohibir ese acceso totalmente. En ambos casos, la medida cuenta con dificultades técnicas asociadas al sistema de verificación de edad de los usuarios.

Pero no queda ahí la cosa: en el Ministerio de Juventud también están dando los últimos retoques a la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Lopivi). Esta ley, entre otras cosas, contempla la obligatoriedad de escuchar a niños y niñas en los procedimientos judiciales que les afecten, independientemente de su edad (algo que no ocurrió, por ejemplo, en el caso de Daniel Arcuri, el hijo de Juana Rivas).

Todo esto en un contexto de reorganización de la izquierda a la izquierda del PSOE de cara a las próximas elecciones generales. Hay mucho de qué hablar.

Nadie duda de la buena voluntad de la Ley de Entornos Digitales Seguros, ¿pero prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales es realmente posible a nivel técnico?

Ante un problema tecnológico, siempre hay una solución tecnológica. El problema no es técnico porque ya ha quedado acreditado que si se quiere bloquear una aplicación o el acceso a una web, se puede hacer. Ocurre en muchos lugares del mundo. Si Facebook sabe más cosas de ti que tú mismo, seguramente también podrá saber qué edad tienes y ofrecer una herramienta de verificación de edad con garantías. Pero al margen de esto, desde el Gobierno de España estamos trabajando con una herramienta de verificación que se está probando a nivel europeo y que es muy potente, muy buena. Las pruebas están muy avanzadas y funciona muy bien. El problema no es ese. El problema es saber hasta qué punto hay una voluntad colectiva de ponerle límite a las plataformas y de democratizar el entorno digital. No puede ser que haya multinacionales tecnológicas que estén por encima de la ley, porque eso significa que están por encima de nuestros derechos y de nuestras libertades.

Por su componente económico, que lo desvirtúa todo, es evidente que esta ley digital está generando mucho ruido, pero hay otras que cuesta creer, quizás ingenuamente, que no tengan un amplio consenso. Sobre la Lopivi, por ejemplo, ¿quién podría estar en contra de que se escuche a los niños y las niñas en los procesos judiciales?

El sentido común a mí me dice que es una ley a la que no debería oponerse nadie, pero sí he oído voces que ponen en cuestión el derecho de un niño a ser escuchado. Hay casos de jueces que se han negado a escuchar a los niños. Y hablo de casos dramáticos. Se trata de niños que están sufriendo muchísimo. Estamos viendo cosas muy duras. Por supuesto, no te expresas igual cuando tienes 5 años que cuando tienes 25, pero esto no significa que los niños no puedan hablar y que no puedan comunicarse y explicar lo que les ha sucedido. Lógicamente, esto se tiene que hacer con un acompañamiento profesional adecuado y en unas instalaciones que tengan perspectiva de infancia. Esto ya está muy trabajado, está sustentado por el trabajo de los profesionales y por multitud de estudios académicos. Es decir, hay un rigor científico detrás de estos procesos de acompañamiento del niño y de la niña a la hora de tomar testimonios que tienen validez.

Usted ha defendido la instauración de la Prestación Universal por Crianza. Una ayuda mensual de 200 euros por hijo. ¿Por qué debe ser universal? ¿No beneficiará precisamente a las familias más pudientes, con más hijos, que no necesitan esa ayuda según sus ingresos?

Lo defendemos porque los derechos tienen que ser universales.

Pero es una ayuda del Estado.

No, es un derecho, una renta de ciudadanía, un reconocimiento a la infancia de este país. De la misma manera que cuando uno va a un hospital público le atienden igual si tiene 0 euros en la cuenta que si tiene 100.000.

Pero no es lo mismo una familia que no tiene suficientes ingresos para alimentar bien a sus hijos que una familia rica que usará esos 200 euros para regalarle al niño unas zapatillas último modelo con el dinero del contribuyente.

Es que esta prestación no tiene un enfoque asistencialista. Y ayudará, además, a cerrar una brecha de desigualdad. Es la demostración de que el Estado cuida a sus infancias. A todas. Y lo más importante para instaurarla es que debe ir ligada a un mecanismo de justicia económica que se aplique a través de la declaración de la renta: que quién más tiene, más pague. ¿Para qué? Para que el acceso al derecho sea el mismo. De esta forma, la redistribución se da a través de la renta.

Explicado así suena diferente. De la otra forma, esa prestación recuerda a los colegios concertados de niños ricos que además cuentan con el dinero público que les da Ayuso.

Pero no se trata de eso. De hecho, es todo lo contrario. No puede ir disociado de la renta. Es más, nos hemos planteado la posibilidad de instaurar la tasa Zucman para que los superricos paguen un 2% de su patrimonio neto y que esto sirva para financiar la prestación universal por crianza. En resumen: la financiación debe venir siempre a través de la presión fiscal a los ultrarricos.

Ustedes han utilizado recurrentemente una frase para definir su proyecto político: «Mejorar la vida de la gente». Y la han mejorado con las subidas del SMI, con los ERTE durante la pandemia o con la ley Rider. ¿Por qué esas políticas no han calado entre el electorado? O dicho de otra manera: ¿por qué las políticas materiales parece que no importan hoy en día?

Sí, hemos mejorado algunas parcelas de la vida de la gente con esas leyes que, por cierto, surgen de una parte muy concreta del gobierno de coalición. Digo esto para recalcar la importancia de nuestra presencia ahí, que sirve para que salgan leyes que protegen a la gente trabajadora. Pero también es importante reconocer una cosa: esas mejoras, que entran en el bolsillo de la ciudadanía vía Gobierno de España, se van por la puerta de atrás por el problema de la vivienda. Si el 70% de los ingresos de un hogar está destinado a pagar la vivienda, el resultado es que esas políticas no tienen una traslación en términos reales, contantes y sonantes. Y la mayor parte de la responsabilidad en este problema la tienen las comunidades autónomas que se han negado a aplicar mecanismos que podrían frenar la actividad especulativa.

Pero esas comunidades las gobierna el PP y Vox. Según algunas encuestas, estos dos partidos conseguirían en torno a 200 escaños en las próximas elecciones generales. Visto así, no parece que el problema de la vivienda importe demasiado a la ciudadanía. Parece que tiene mucha más importancia ese concepto detestable llamado «batalla cultural».

A eso me quería referir también. No sé si llamarlo «batalla cultural» o decir mejor la «conversación del país». O la «agenda pública del país». Quizás lo que ocurre es que los partidos que formamos la coalición de gobierno tenemos diferentes intereses. En cualquier caso, debemos tener más empuje a la hora de tratar algunos temas. Conviene politizar determinados aspectos de la vida. Estamos en una espiral de ruido que evita que nos centremos en los temas importantes. Mientras hablamos de la ficción del burka, no estamos hablando, por ejemplo, de la posibilidad de la expropiación del uso de la vivienda. Mientras PP y Vox, que cada vez se parecen más, nos tienen entretenidos con sus cosas, no estamos hablando de que las comunidades autónomas que gobiernan están recortando todos los programas de protección a mujeres víctimas de violencia de género. O cómo están recortando los servicios públicos, en educación y en sanidad. Aquí, en Madrid, estamos viendo lo que la señora Ayuso está haciendo con la sanidad pública y cómo está hinchando de millones a un montón de empresas de la sanidad privada. Nos toca recuperar la iniciativa en estos temas.

¿Eso puede ocurrir a partir de un nuevo liderazgo? Ahora que Yolanda Díaz da un paso atrás, ¿puede llegar alguien nuevo que coloque esos asuntos en la agenda del país?

No creo que se trate solamente de un asunto de liderazgo. Creo que debemos pararnos a pensar en cómo convertir esta agenda en tema de conversación. Sé que esto no es sencillo. Lo bueno es que ya se están haciendo muchas cosas, pero no se han trasladado a la conversación pública. Y la otra buena noticia de estos días es que la izquierda, en sus distintas expresiones, se ha parado a pensar, se ha juntado y se está preguntando cosas. Tenemos margen. Vamos con tiempo. Creo que se puede trabajar en un proyecto electoral. Creo que debemos hablar a la gente, pero también escuchar lo que la gente tenga que decir. Hay muchas personas en muchos sitios haciendo cosas muy interesantes y debemos abrir un canal directo con ellas. Esto es importantísimo. Y también creo que podemos buscar otras formas de liderazgo, más allá de cómo cristalicen los proyectos electorales. Las fuerzas de la izquierda pueden caminar con una cierta cooperación, con un cierto acompañamiento, aunque se presenten por separado. Se puede pactar un itinerario de entendimiento, porque hay muchas cosas que tenemos en común.

No sé si lo estoy comprendiendo bien. ¿Está hablando de la propuesta de Rufián de que haya fuerzas que se presenten en una provincia y no en otra?

No exactamente. Hablo de un proceso de cooperación entre las distintas fuerzas. Ya veremos cómo cristaliza eso. Queda tiempo todavía. En nuestros equipos hay una gran inteligencia colectiva que ya está trabajando y sé que acabarán encontrando una buena fórmula. Y quizás no haya que encontrar a un único líder o a una única líder.

¿Cómo se haría entonces?

Quizá se pueda plantear un espacio en el que haya varias personas que representen a la izquierda transformadora o radical del país, y que representen también una determinada forma de hacer política. Porque puede que no baste con una sola persona, pero sí con unas cuantas que representen militancias diversas. Ahora nos toca imaginar, nos toca pensar muy bien cómo queremos caminar hacia ese proyecto electoral en el que vamos a tener que ser supergenerosos y vamos a tener que escuchar muchísimo. Dentro y fuera de las formaciones. Para mí es primordial el reconocimiento explícito de la movilización popular. La fuerza de la izquierda siempre viene a través del empuje social. Esa relación no se debe romper nunca.

Últimamente se está escribiendo mucho sobre determinados votantes que siempre han votado a la izquierda y que ahora votan a la ultraderecha. Para recuperarlos, recuerdo que Fabien Roussel, del Partido Comunista Francés, apareció comiéndose un chuletón. No sirvió de nada, por cierto.

Es que no funciona así. Hay una parte muy deshonesta en la comunicación política. Deshonesta en el sentido de que, por muy buena que sea, no puede suplantar un proyecto político. A veces nos quedamos en lo superficial. Un ejemplo de esta fascinación por la comunicación política es la victoria de Zohran Mamdani. Decimos: «¡Qué bonito!». Y es cierto, pero esa victoria de Mamdani es un proyecto político que lleva años cociéndose en Nueva York. Un proyecto que ha movilizado a muchísima gente en los barrios. Es la movilización social la que ha conseguido ese éxito. Luego, claro, una buena comunicación ayuda mucho. Un candidato majo, muy solvente políticamente, con un encanto indudable es importante, pero no gana por sí solo. Viene a culminar un proceso. No es el líder primero y luego el proyecto. No se trata sólo de comunicación.

Seguramente eso fue lo que no entendió Pablo Iglesias.

Claro. En sus inicios, lo que plantearon desde Podemos fue una maquinaria de guerra electoral. Nosotros hablamos mucho con ellos y les dijimos que había que tener una estructura, una organización que sostuviera esa maquinaria. Ellos decían que no, que eso ya lo tenían estudiadísimo y que todo tenía que basarse en la batalla comunicativa. Y hay que admitir que eso es importantísimo y me parece que fueron muy brillantes a la hora de detectar dónde estaba la grieta y cómo contar la historia desde otro lugar. Insisto, fueron extraordinariamente brillantes, pero yo vengo de otra tradición, de la tradición comunista, donde la organización es muy importante. Y no es algo espontáneo. Hay que trabajar mucho, en muchos sitios y durante mucho tiempo. Y en cada época, además, aparecen nuevas formas de hacer ese trabajo. En el momento actual, entender eso es fundamental.

¿En el momento actual? ¿A qué se refiere?

Pues a que tú no organizas igual a la gente que trabaja en macrofábricas que a la gente de una economía basada fundamentalmente en el sector servicios como la nuestra, y en un país que tiene una idiosincrasia y una cultura como la nuestra. No es lo mismo.

Entiendo. No es lo mismo en un contexto en el que se ha desarticulado el movimiento sindical y en el que ya ni siquiera trabajamos juntos, sino cada uno en su casa.

Exacto. Por eso yo estoy empeñadísima en que el desafío de la izquierda en este momento pasa por interpretar correctamente lo que sucede en el ámbito digital. Porque ahí hay una posibilidad de organización social que no estamos ni pensando ni explorando. Vamos, no nos estamos ni acercando.

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 El pasado 15 de febrero supimos, a través de la prensa, que el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya prevé condicionar el presupuesto de los Centros de Atención Primaria (CAP) a la duración de las bajas médicas que concedan. La propuesta, comunicada a los CAP, implica una suerte de estímulo económico, calculado en el 5% de los recursos asignados, si los médicos de los centros evitan que las bajas de salud mental o de lesiones osteomusculares se prolonguen “más de lo debido”. Una medida que pone la presión en el colectivo médico, ya de por sí sometido a condiciones laborales estresantes que lo han llevado esta semana a convocar huelga en todo el Estado.

Este “más de lo debido” condensa toda la lógica de funcionamiento del capitalismo: la clase trabajadora no puede enfermarse “más de la cuenta” pues el tiempo es oro. El sistema necesita cuerpos sanos, fuertes, útiles para que la maquinaria de la producción siga funcionando, a costa de la salud –nunca mejor dicho– de quienes sólo tienen su fuerza de trabajo y, por tanto, su cuerpo y su mente, para poder subsistir en este sistema. 

Como se han encargado de recordarle estos días a la consellera Olga Pané, médico especialista en Medicina del Trabajo, máster en gestión hospitalaria por la Universitat de Barcelona, diplomada en gestión de hospitales por ESADE y responsable última de esta propuesta, la administración de un ente público, y mucho más de uno que tenga en sus manos la gestión de la salud de los ciudadanos, no debería guiarse bajo criterios empresariales de costo y beneficio. Sin embargo, esta propuesta, por lo demás de una Generalitat gobernada por el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), no es una decisión improvisada o un simple globo sonda. Supone una línea de continuidad en el Departamento de Salud, encabezado por Pané.

Ya en diciembre de 2025 la CGT Catalunya denunció la campaña iniciada por dicho departamento para que la clase trabajadora hiciera “buen uso” de las bajas médicas. Como explicaba el sindicato, la Generalitat no sólo criminalizaba a los más débiles, sino que trasladaba implícitamente la responsabilidad a los trabajadores enfermos y a los médicos, a la vez que desviaba la atención de las causas estructurales detrás de la enfermedad: las condiciones de vida y las condiciones de trabajo. 

CGT recordaba, por ejemplo, cómo el aumento del 20% en las bajas médicas de Catalunya se debía, en buena medida, a la salud mental. Y daba datos alarmantes sobre cómo la juventud trabajadora del Estado, con condiciones estructurales de precariedad laboral, con bajos salarios, 36% de sobre cualificación, contratos temporales y a tiempo parcial, concentraba el 32,5% de las bajas laborales, con un “incremento significativo de las bajas por problemas de salud mental, como estrés, ansiedad y depresión”. Una juventud trabajadora que ve cómo su formación –universitaria o no universitaria– no garantiza una inserción laboral que asegure unos ingresos mínimos para poder afrontar los precios desbocados de la vivienda, además. Pero la juventud trabajadora no es la única que padece la presión de un sistema enfocado a maximizar beneficios exprimiendo el tiempo, es decir, la vida, de la fuerza de trabajo. Estamos ante un problema que afecta a la clase trabajadora en su conjunto.

Si los cuerpos y las mentes jóvenes no aguantan una presión que no sólo es del ámbito laboral, pero que pasa por él, ¿qué se puede esperar de quienes llevan décadas de desgaste? Pues que se incrementen las enfermedades, en términos globales, pero que también, como muestran datos de la Encuesta de calidad y condiciones de trabajo 2025 de la Generalitat de Catalunya, el presentismo, esto es, el asistir a trabajar a pesar de estar enfermo, se imponga. Así, el 51,3% de la clase trabajadora catalana declara haber ido a trabajar enferma en los últimos doce meses. Un presentismo que tiene mayor incidencia entre mujeres y las personas con bajos niveles formativos, así como en sectores como la hostelería, educación, agricultura, servicios sociales o actividades sanitarias.

A pesar de ello, y de todos los mecanismos de presión que tiene la patronal en su relación de fuerzas asimétrica con la clase trabajadora para hacer que ésta anteponga los beneficios empresariales a su bienestar, los empresarios consiguen posicionar su queja sobre el aumento del absentismo laboral. La prensa nos recuerda que las empresas están introduciendo “cláusulas antiabsentismo” para dar incentivos a las personas trabajadoras que no hagan uso de su derecho a ir al médico y evitar así las ausencias en el centro de trabajo. Queda claro que la salud laboral es una molestia para los empresarios, un estorbo que les hace perder dinero, que es lo único que les importa al final. 

Pero también queda claro que, en esta ofensiva patronal, los empresarios presionan para echar por la borda derechos adquiridos por la clase trabajadora a lo largo de décadas de lucha, con la ayuda inestimable de sus amigos en los gobiernos que dicen ser de izquierda y que, paradójicamente, reciben el voto de esa clase trabajadora a la que venden cuando llegan a posiciones de poder.  

El punto del debate, por tanto, no es el absentismo laboral, ni las bajas que se extienden “más de lo debido”, sino por qué tantos trabajadores acaban yendo a trabajar, incluso enfermos, ante un sistema que los usa y los desecha cuando son inservibles. Por qué las administraciones públicas han permitido que exista un sistema de mutuas privadas decidiendo por la salud de la clase trabajadora, y organismos siniestros como el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (ICAM), capaces de negar la incapacidad laboral a personas con cáncer metastásico. Y, no, no es un caso aislado. Plataformas como la PAICAM llevan años denunciando estos abusos en Catalunya. Una realidad que, por desgracia, no es exclusiva de este territorio pues atiende a una lógica capitalista global.

El mensaje que envía el capitalismo a la clase trabajadora es claro: trabaja, produce, enferma, sigue trabajando y muere. Pero no te enfermes antes de la cuenta, espérate a la jubilación. Si te mueres justo después de la jubilación mejor que mejor, es más, le haces un favor a las “arcas del Estado” porque ya sabemos que los jubilados viven a tutiplén a costa de los pobres jóvenes que no se pueden emancipar por su culpa, como nos repiten algunas jóvenes en los medios, la prensa y hasta en libros, en un mensaje que no sólo no cuestiona, sino que legitima, el orden del capitalismo.

Estamos en tiempos en que recordar cosas básicas se hace vital. La explotación en el trabajo y la precariedad laboral enferman. La clase trabajadora tiene derecho –al menos hasta ahora en el territorio en el que se escriben estas líneas– a no ir a trabajar si no está en condiciones de hacerlo. Por tanto, no hay un problema de absentismo laboral sino de trabajadores que enferman por culpa del trabajo y que, a pesar de ello, siguen yendo a trabajar.

Las bajas o incapacidades temporales, como puntualiza el abogado laboralista Vidal Aragonés, del Col·lectiu Ronda: “son el ejercicio de un derecho y de una obligación que suspende el contrato de trabajo y la relación laboral a efectos de que la persona trabajadora pueda recuperarse de una situación que justifica su ausencia en el trabajo”. Y el ejercicio de este derecho no debería ni cuestionarse ni limitarlo presionando, todavía más, a las personas trabajadoras y a los facultativos médicos. Tome nota, señora Pané, gracias.

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El acto, un diálogo entre Gabriel Rufián y Emilio Delgado moderado por Sarah Santaolalla, había sido anunciado como una conversación para abrir un nuevo espacio. Un espacio que, en realidad, lleva tiempo rondando como un fantasma en el discurso de Rufián. Desde hace meses, el diputado de Esquerra viene insistiendo en la necesidad de articular una izquierda plurinacional capaz de competir no solo electoralmente, sino culturalmente, frente al bloque que se consolida en la derecha. Porque el contexto es ese. No se trata de un simple relevo parlamentario: existe la sensación de que lo que viene no es alternancia, sino algo más áspero. Una derecha que ya no se presenta como adversario, sino como amenaza. Y una izquierda que, mientras tanto, se consume en debates internos, siglas superpuestas y guerras de pureza.

Lo significativo es que el movimiento de Rufián ha recibido, hasta ahora, más portazos que adhesiones. Esquerra ha marcado distancias. Bildu también. Otros actores del espacio progresista han preferido leer el gesto como una maniobra personal o como un globo sonda sin recorrido. Y, sin embargo, pese a todos esos noes, la sala estaba llena. Incluso, como subrayó Santaolalla al abrir el acto, estaban todos los partidos políticos. Algo pasaba, precisamente porque no había nada cerrado.

La presentadora arrancó con una pregunta directa a Emilio Delgado, de Más Madrid: ¿Qué es esto? ¿Qué hacéis aquí?

Delgado tomó la palabra con una apelación directa, casi generacional. Quienes estaban allí, vino a decir, eran quienes no se resignan a bajar los brazos y abandonar el país. Quienes creen que todavía hace falta abrir la conversación, aunque sea tarde, aunque sea incómodo, aunque sea difícil.

Su intervención giró rápidamente hacia un diagnóstico más ambicioso. Lo que tienen delante, sostuvo, es un bloque histórico, refiriéndose al eje PP-Vox. Un bloque capaz de convertir los intereses de los ricos en sentido común mayoritario. Y eso, advirtió, no se frena solo con una coalición de partidos: “Hace falta algo más amplio. Organizar un bloque democrático equivalente, con sindicatos, estudiantes, movimientos vecinales, consumidores. Un gran debate nacional entre demócratas”.

Pero la unidad no es el único problema, advirtió Delgado. El problema real es que la derecha ha ganado la hegemonía. Ha logrado apropiarse de banderas que durante décadas parecían patrimonio de la izquierda. La libertad, pero también la seguridad.

Un terreno, admitió, en el que a la izquierda le cuesta entrar sin incomodidad. Hablar de seguridad genera recelos, pero abandonar ese marco implica dejar a mucha gente por el camino. Recuperar esas banderas, defendió, es parte central de cualquier proyecto de mayorías.

Rufián respondió a la misma pregunta con otro registro. Arrancó con ironía, enumerando insultos recibidos durante años, pero enseguida se colocó en un tono más grave. Dijo que tiene miedo como demócrata. Y añadió que lo que viene no es solo una alternancia política, sino algo salvaje. Imitadores baratos de Milei y de Trump, afirmó.

La amenaza, en su relato, no era abstracta. Habló de ilegalizaciones, de sufrimientos, de un horizonte de endurecimiento que exige responsabilidad. Aunque me hicieran dimitir mañana, dijo, seguiría sintiendo esa responsabilidad. Y entonces volvió la frase que atravesó toda la noche como un estribillo. No solo quiere ilusionar, quiere ganar: “Ganar exige ciencia, método y orden. Porque si no, se repite la historia. Intentemos hacer algo diferente”.

Y trató de aterrizar el problema en términos prácticos: “¿Qué sentido tiene que catorce izquierdas representando lo mismo se presenten en el mismo sitio? ¿Quién se presenta en Girona, en Sevilla, en Valencia, en Madrid…? ¿Vale la pena seguir compitiendo entre nosotros para ver quién es más puro y quién hace mejores tuits?”.

Su argumento no era un llamamiento a la desaparición de las siglas, sino a la coordinación. No le pide a nadie que renuncie a su identidad. Lo único que pido, dijo, “por primera vez en nuestra historia, es orden, método y eficiencia. Lo demás son tuits”. ¿Porque de qué sirve que Bildu o el BNG obtengan buenos resultados si Abascal termina siendo ministro del Interior?

Rufián defendió que “Podemos ha sido, es y será una fuerza imprescindible para la izquierda del país”. Reivindicó a Pablo Iglesias como el mejor de su generación y a Irene Montero como una fuerza de la naturaleza. Los quiere dentro de cualquier intento de recomposición. “Quien crea que esta gente sobra, se equivoca”, aseguró.

Delgado recogió el guante desde otro ángulo. Hay sectores sociales a los que la izquierda no llega, afirmó, como los campesinos o ciertos jóvenes alejados del progresismo urbano. Puso un ejemplo provocador. No le gusta la caza, dijo, pero si con un cazador comparte la defensa de la sanidad pública, lo quiere de su lado.

Rufián, después, defendió que la izquierda no puede seguir evitando determinados debates por miedo a ser estigmatizada desde dentro. Habló de seguridad, de multirreincidencia y de flujos migratorios como retos reales. Que le llamen racista por decirlo, afirmó, le parece injusto. Gobernar implica hablar también de derechos y obligaciones.

Ese razonamiento desembocó en una afirmación que marcó un punto de inflexión claro respecto a buena parte del discurso que la izquierda a la izquierda ha sostenido en los últimos años. Desde una defensa explícita del laicismo, Rufián afirmó que “el burka es una salvajada” y que “una izquierda verdaderamente laica no puede permitir que se esconda a las mujeres de esa manera”. En el fondo, era también una forma de disputar un terreno cultural que durante años la izquierda ha preferido esquivar por miedo a fracturarse.

Diferenció esa práctica de otras expresiones religiosas, como el velo o el hábito de una monja, enmarcándolas en otra tradición cultural.

“Hay límites que la izquierda debe atreverse a defender sin complejos si quiere disputar la hegemonía y no replegarse en una identidad defensiva”, dijo, ante una sala que, en este punto, dudaba entre el silencio y el aplauso. “Yo me niego a que la izquierda reparta carnés de pureza”, concluyó.

Santaolalla empujó entonces la conversación hacia el punto donde inevitablemente se atasca. Entendido el diagnóstico, “¿cómo se lleva eso a la papeleta? ¿A quién vota la gente? ¿Quién decide quién se presenta en cada provincia?”, inquirió.

Rufián lo formuló como una propuesta de base: “Requiere de un acto de generosidad inédito de todos los partidos de izquierda. Entender que no se compite entre iguales, sino contra un bloque que ya ha aprendido a jugar unido”. Y luego: “Tres o cuatro puntos compartidos para que los partidos se presenten provincia a provincia. Antifascismo, derecho a la autodeterminación, coordinación interparlamentaria”. Y un guiño explícito a la IU de Anguita: “Programa, programa, programa”.

La idea de fondo era clara. Renunciar a la pureza como identidad. Construir mayoría como tarea. Dejar de hablar solo para convencidos. Encontrar un mínimo común denominador. Pero la pregunta seguía flotando: ¿cómo hacerlo cuando los partidos, en tanto partidos, no tienen muchos incentivos para dar ese paso?

Será difícil articular realmente todo lo que se dijo en la Sala Galileo, pero durante unas horas, al menos, algo parecido a la ilusión volvió a iluminar una parte de la izquierda. No como nostalgia, sino como necesidad.

Luego ya veremos si la mecha prende.

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Este artículo se publicó originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.

Después de las elecciones de Aragón, donde la extrema derecha ha vuelto a dar un paso adelante y la izquierda un paso atrás, el diputado Gabriel Rufián publicaba un post en la red X que comenzaba afirmando que “quien no vea que hay que hacer algo o no ve bien o ya le va bien que no lo haya”, y concluía con una pregunta retórica: “¿No vale la pena intentar hacer algo diferente para frenarlo?” —una pregunta que, se supone, todo el mundo, al leerla, asentiría rotundamente con la cabeza: “Claro que sí”. Analicemos qué puede pretender Rufián y qué posibilidades de éxito puede llegar a tener.

Gabriel Rufián, el político

Rufián es un político de carrera; su pasado en departamentos de recursos humanos es una anécdota en su historial profesional, aunque, de vez en cuando, le resulte útil para diferenciarse de algunos de sus colegas de hemiciclo que nunca han ejercido otro oficio. Pero, a estas alturas, ya puede decirse que Rufián es un político en todos los sentidos de la palabra.

De hecho, si atendemos a las encuestas del CIS, Rufián es un político excelente. De los mejores oradores del hemiciclo. En los últimos años —ya lejos de aquel joven que aparecía en chándal, con aspecto desaliñado, e intentaba gustar a la izquierda más a la izquierda de su partido—, se ha constituido en una voz del sentido común para la izquierda situada a la izquierda del PSOE, que se siente perdida y, sobre todo, decepcionada. Rufián es, por tanto, un político al alza que no quiere dejar de ser político. Y aquí aparece el primer problema.

Esquerra Republicana de Catalunya

Gabriel Rufián es miembro de ERC, pero como dicen las malas lenguas, “Rufián es más podemita que indepe”. Seguramente esta frase sea falsa e injusta, pero no deja de tener cierto interés, en tanto que sintetiza algo en lo que casi todo el mundo puede estar de acuerdo: por sus discursos y posicionamientos, Rufián pertenece, como Joan Tardà, al sector de izquierdas de su partido. Prefiere a Podemos antes que a Junts, y se le puede oír pronunciar más veces la palabra expropiación que la palabra inversión (en un sentido financiero, se entiende).

La segunda parte de la frase es quizá más difícil de abordar. No se sabe bien hasta qué punto es independentista, ni tampoco si tiene sentido medir el sentimiento independentista en gradientes; lo que queda claro, sin embargo, es que hace tiempo que Rufián no habla de independencia. Habla menos que su propio partido, que ya es decir. Pero este silencio sobre la independencia, perteneciendo al partido político que más años ha defendido ese proyecto, puede despertar suspicacias entre sus colegas. Especialmente entre aquellos que tienen claro que son más indepes que podemitas, y que antes se irían con Junts que con Ione Belarra.

Es posible, por tanto, que Rufián, como el excelente político que es, y viendo que después de tantos años en Madrid su rol dentro del partido —como casi podemita y como no tan indepe— queda desdibujado, busque una alternativa.

Un frente amplio de izquierdas

Aceptemos, para el desarrollo del argumento, que los dos primeros puntos son ciertos. Rufián quiere hacer política, su prestigio aumenta en España y disminuye ligeramente en Cataluña, especialmente entre sus colegas de partido. En defensa de esta tesis, puede argumentarse que Oriol Junqueras ya dijo antes del verano que ERC no se planteaba la propuesta —no propuesta— de Rufián. Y Rufián, como quien oye llover, ha decidido tirar hacia adelante y organizar un primer acto en la capital de España de la mano de Emilio Delgado, de Más Madrid.

Pero la pregunta que se hacen politólogos de todas partes es la siguiente: ¿y cómo pretende hacerlo? ¿Por qué la izquierda a la izquierda del PSOE —Podemos, Sumar, IU, Bildu, BNG, ERC, Más Madrid— tendría incentivos para aceptar esta propuesta —no propuesta— de un frente amplio?

La respuesta, aquí, se complica. Pero siempre es útil, cuando se habla de política representativa, tener este mantra bien grabado: los partidos siempre buscan maximizar votos y minimizar pérdidas. Ahora bien, hay un añadido a esta frase, que diría: “Siempre que no ponga en peligro la estructura orgánica del partido”.

Dicho de otra manera: los partidos son siempre reticentes a diluir sus siglas. Las siglas son lo que permite a los políticos negociar una posición en las listas conjuntas. Cuanta más fuerza tengan las siglas, más candidatos y candidatas podrán entrar, y más posibilidades tendrán de encabezar la lista.

¿Qué interés tendría ERC, un partido consolidado al que lo que realmente le importa son los resultados en Cataluña y no en Madrid, y para quien Rufián no representa un gran activo político, en poner sus siglas en suspenso por un resultado incierto? Ninguno. Ya pueden descartarse. Y, dicho esto, también puede decirse lo mismo de Bildu y del BNG. De hecho, ya lo han dicho. Son dos formaciones que atraviesan un buen momento y cuyo arraigo está en sus respectivos territorios, Galicia y País Vasco. Una propuesta plurinacional sin representantes de esa España “pluri” no tiene recorrido.

¿Qué queda? IU también ha rechazado la propuesta. Años atrás se abrazó a Podemos precisamente porque sabían que no podían confrontarlo y que mantenerse cerca era una manera de garantizar su supervivencia (algo similar, por cierto, puede acabar pasando con ICV y Barcelona en Comú en el futuro). Queda Más Madrid, Sumar y Podemos. Y aquí es donde se juega todo.

Las tres organizaciones penden de un hilo. Estos partidos no tienen una historia tan vasta como otras formaciones a la izquierda del PSOE, como IU o el BNG; pero puede argumentarse que, de las tres, es Podemos quien ha logrado consolidar un pequeño nicho que le garantiza la supervivencia (uno o dos diputados) y, en consecuencia, la no necesidad de sumarse a aventuras épicas encabezadas —recordémoslo— por un independentista catalán.

Sumar, por su parte, no es nada; antes de comenzar la legislatura, era Yolanda Díaz —al alza—, más Íñigo Errejón. Ahora es Yolanda Díaz, pero a la baja. De hecho, su principal activo político en este momento no es ni su líder, sino Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Gobierno de España, un ministerio de nombre largo y competencias cortas, al que Bustinduy está sabiendo sacarle mucho partido.

Queda, por tanto, Sumar y Más Madrid. Estas son las dos formaciones susceptibles de unirse a este frente amplio que Gabriel Rufián propone sin proponer.

No es tan descabellado que lo intenten. Lo harán si las encuestas los dejan sin representación. Y entonces es cuando comenzará de nuevo la política obtusa, la que manda sin hacerse visible, la que se reúne a puerta cerrada y discute cuotas y puestos en las listas. Lo extraño sería que, llegado ese punto, no fuera Rufián quien lo encabezara. Al fin y al cabo, se lo ha ganado. Al menos, eso es lo que dicen las encuestas.

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El acto de Rufián y Delgado tendrá lugar mañana en la sala Galileo Galilei, en Madrid, a las 18.30 horas. A él acudirán representantes de Sumar, Más Madrid y Catalunya en Comú. Izquierda Unida y Podemos han anunciado que no irán.

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Tres mentiras, repetidas hasta la saciedad, sobre el papel de los salarios en la economía.

La primera de estas mentiras nos dice que los costes laborales constituyen una pieza esencial de la competitividad de las empresas, de su presencia tanto en el mercado doméstico como en el internacional, de modo que su reforzamiento y la propia supervivencia de las mismas obligaría a la implementación de políticas de contención salarial. El segundo de los supuestos es tan atrevido como el primero, pues supone la existencia de una relación inversa entre los salarios y el nivel de ocupación; por lo que el mantenimiento y la creación de puestos de trabajo obligaría a moderar o en su caso reducir las retribuciones de las personas trabajadoras. En tercer lugar, esa contención sería condición imprescindible en el éxito de las políticas de reducción de la inflación y del mantenimiento de los precios en niveles bajos.

Si la evidencia empírica disponible apunta en una dirección muy distinta, si la complejidad de las relaciones económicas cuestionan abiertamente postulados tan simplistas, si, al contrario de lo que sostiene la economía convencional y dominante, el crecimiento de los salarios no sólo es compatible con la mejora de la competitividad de las empresas sino que es condición imprescindible de la misma, si el aumento de las retribuciones de los trabajadores supone una pieza clave de las políticas de creación de empleo, si el comportamiento de los precios trasciende con mucho la dinámica retributiva de los asalariados, si las denominadas políticas de austeridad salarial, además de ser injustas, además de ser un factor esencial en el aumento de la desigualdad, han tenido un efecto calamitoso sobre las dinámicas económicas, si las medidas de disciplina aplicadas sobre los salarios han penalizado sobre todo a los colectivos más débiles y, por esa razón, más vulnerables, dejando intactos los privilegios de los equipos directivos y las cúpulas empresariales… si todo esto es así, ¿por qué se insiste en la necesidad de implementar políticas de moderación salarial como condición sine qua non de una dinámica económica fuerte, saludable y sostenible? ¿Cuál es la razón de que este conjunto de falacias y lugares comunes continúe siendo una de las piedras angulares de la docencia en las facultades de Economía? ¿Qué explicación tiene que, tanto en coyunturas recesivas como de crecimiento, se repita una y otra vez el mantra de la contención salarial?

Yo lo tengo claro, más allá del razonamiento estrictamente económico –si es que tal cosa existe– detrás de esa retórica hay una estrategia política. Porque el triunfo de esa lógica, de esa deriva salarial, que, más allá de la coyuntura, se defiende con carácter estructural, representa, en primer lugar, el debilitamiento, el fracaso de las organizaciones sindicales, cuya razón de ser pasa necesariamente por exigir y conseguir la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. Y, no hay que olvidarlo, el salario constituye la piedra angular de esa mejora: para la gran mayoría es su principal fuente de ingreso. Si los sindicatos mayoritarios renuncian a librar esa batalla o si la dan por perdida o si la pierden por no apostar decididamente por la movilización –presuponiendo, erróneamente, que el aumento de los niveles de ocupación se traduce automática y necesariamente en una mejora de los niveles salariales– queda cuestionada para muchos su razón de ser como sindicatos de clase.

Pero no sólo está la dimensión sindical. Hay una clave política que resulta asimismo imprescindible poner sobre la mesa. La institucionalización de la austeridad salarial, la centralidad de la misma en las estrategias económicas, su aceptación de facto no sólo debilita sino que contribuye a la deslegitimación de las izquierdas, que para muchos trabajadores pasan a formar parte del statu quo.

¿Nos preocupa el hasta ahora imparable ascenso de la extrema derecha y de las derechas extremas (que en aspectos fundamentales son lo mismo)? ¿Nos inquieta la desmovilización social ante el evidente ascenso de los fascismos? ¿Y el discurso de «todos son iguales» o «nada se puede hacer»? No hay respuestas fáciles, ni caben simplificaciones, pues son muchos los factores que pueden ayudar a explicar esa deriva, pero, como he querido plantear en las líneas precedentes, me parece en todo caso necesaria una reflexión acerca de las estrategias y las prácticas sindicales y políticas de las (denominadas) izquierdas.

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Dicen que Aragón es tierra de pactos. De ello se enorgullecen habitualmente los políticos y las políticas de ese lugar. Allí, por ejemplo, se fraguó en 2019 una entente que se antoja antinatura, con el PSOE, Podemos, Chunta Aragonesista (CHA) y el Partido Aragonés (PAR), al frente del primer gobierno cuatripartito en la historia de la comunidad. 

Sin embargo, esa facilidad para el acuerdo postelectoral transmuta en incapacidad en la izquierda (a la izquierda del PSOE) en los periodos preelectorales, cuando hay que decidir las siglas y los nombres que concurrirán a los comicios. Los de 2026 no serán una excepción, a pesar de que desde Podemos e IU (la opción de que CHA también se integrara en una candidatura unitaria siempre estuvo lejos) aseguran que nunca han estado tan cerca. 

El efecto de este nuevo desacuerdo es incierto, aunque los antecedentes más cercanos no invitan al optimismo. En las últimas elecciones municipales en Huesca, la dispersión fue máxima, ya que se presentaron cuatro candidaturas de izquierdas y todas recabaron (por muy poco) menos del porcentaje mínimo de apoyos que hay que recibir para obtener representación, que en las elecciones a los ayuntamientos se establece en el 5%: Podemos (4,68%), Cambiar Huesca (4,47%), CHA (4,43%) y EQUO (4,3%). Resultado: gobierno en solitario del PP, que obtuvo 12 concejales. El Pleno se completó con los 10 del PSOE y tres de VOX. 

Ni aquella estruendosa llamada de atención ni el hecho de que las encuestas para las elecciones del 8 de febrero de 2026 barrunten subidas del PP y, sobre todo, del partido de ultraderecha de Abascal, además de una caída del PSOE (con la exportavoz del Gobierno central Pilar Alegría al frente), han hecho sonar la alerta a la hora de pergeñar las listas electorales: tres opciones a la izquierda del PSOE estarán en las papeletas: CHA, Podemos e IU-Sumar. 

¿Qué pasó en otras elecciones autonómicas?

La realidad es que esta discordia no es noticia, y no solo porque sea una impronta histórica de la izquierda española, sino porque en Aragón nunca ha habido unión en esa izquierda alternativa. A pesar de ello, esta sí ha sido capaz de gobernar. 

En 2015, la unidad era una utopía. Era el momento de Podemos y, lógicamente, no estaban dispuestos a perder ni un ápice de visibilidad y protagonismo. Las urnas les dieron la razón: los morados (con Pablo Echenique como candidato a la Presidencia) lograron 137.325 votos, que les otorgaron 14 escaños. CHA consiguió dos (30.618 votos) e Izquierda Unida se quedó con uno (28.184 votos). En total, 196.127 votos. El socialista Javier Lambán se convirtió en presidente, con el apoyo de Podemos, CHA e IU, aunque solo los aragonesistas entraron en el Gobierno con una consejería.

Cuatro años más tarde, el gran problema –grosso modo– estuvo en los puestos que ocuparía cada partido en las listas. Finalmente, aquellos comicios estuvieron marcados por el descalabro de Podemos, que perdió más del 50% de los votos: recibieron 54.252 (cinco escaños). CHA subió hasta los 41.879 (tres) e IU descendió a 22.229 (uno). En total, 118.360 votos (-39,6% respecto a 2015). De nuevo, Lambán consiguió ser investido, con el apoyo de Podemos (que esta vez sí entró en el Ejecutivo), CHA (que repitió con una consejería), el PAR (que se hizo con la Vicepresidencia y la cartera de Industria) e IU (que se siguió quedando fuera).

Y en 2023 la fricción preelectoral advino por el enfoque que había que darle a la campaña: Podemos pretendía basarla en su buena gestión durante el gobierno de coalición con el PSOE, e IU quería marcar distancia. Los morados continuaron en caída libre: 26.923 votos y un escaño. CHA se quedó con 34.163 (tres asientos) e IU mantuvo su escaño, aunque perdió votos (20.959). La suma fue 82.045 votos (-58,2% sobre los resultados de 2015).

Las ‘reuniones’ entre la izquierda

Con las encuestas a favor, la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos generales fue la excusa perfecta para que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, anunciara un adelanto electoral para el próximo 8 de febrero. Otra vez, planeaba la idea de que hubiera unidad a la izquierda del PSOE. Como era de prever, esta no ha llegado.

Los hechos confirmados por las fuentes de los tres partidos con las que ha hablado La Marea son: entre CHA y Podemos solo ha habido conversaciones telefónicas; CHA e IU llegaron a sentarse; Podemos e IU lo intentaron hasta el último momento, y no ha habido ninguna reunión a tres bandas. Partiendo de lo anterior, lo que varía es la visión de cada una de las formaciones acerca de cómo se condujeron esas negociaciones y quién puso más (o menos) para lograr la unidad.

En Chunta Aragonesista (CHA) reiteran que querían una reunión con todos los partidos, en la que cada uno planteara sus condiciones. Lo consideraban (obviamente) un punto de partida imprescindible para la unidad, pero la realidad es que los aragonesistas nunca propusieron de manera oficial que se produjera ese encuentro.

Deslizan (y critican) injerencias y vetos estatales por parte de Podemos, tanto a CHA como a Sumar (que surge como una pieza distorsionadora del posible puzle, por la negativa de los morados a compartir ningún tipo de espacio con ellos). «Si era una candidatura de coalición, tenía que ser de todas las fuerzas políticas y sin mandatos desde Madrid, que es lo que ha pasado», aseguran fuentes de la formación nacionalista. 

Se da la circunstancia, de que el candidato de CHA a la Presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, es actual diputado por Sumar en el Congreso de los Diputados. A este respecto, desde Chunta indican que el problema surge cuando Sumar se constituye como partido político: «Era un paraguas y ha dejado de serlo». Sobre cómo puede responder el votante de izquierdas, afirman que tienen una fidelidad de voto muy alta y que no creen que les perjudique el concurrir separados. 

Los (escasos) momentos clave del proceso se corroboran escuchando a Podemos (excepto la mención a Sumar): solo hablaron por teléfono con CHA, y con IU hubo opciones hasta el final. Pero los detalles cambian, puesto que aseveran que los aragonesistas nunca les dieron opción a hablar de nada.

Respecto a IU, afirman que «Podemos era quién más interés tenía en la unidad», que hablaron de la condición programática y que había coincidencia en muchos puntos. Los morados explican que hicieron la última oferta a IU el mismo día 26 por la mañana, y les acusan de tener ya cerrado un pacto con Sumar mientras seguían negociando con ellos. 

¿Les castigará el electorado? Reconocen que siempre hay miedo a que eso suceda, pero que los y las votantes son lo suficientemente inteligentes como para entender el momento crucial que se está viviendo y que el verdadero enemigo es la extrema derecha.

IU y CHA sí llegaron a sentarse, aunque parece que con pocas esperanzas, ya que, como señalan fuentes de IU a este medio, Chunta nunca ha querido unidad en los procesos autonómicos, porque consideran que si van con otras formaciones se diluyen y pierden su identidad. 

A Podemos, detallan, les propusieron un reparto igualitario (50-50) de recursos y visibilidad, pero el problema fue quién lideraba la lista. Confirman esa última oferta del día 26 y la concretan en que los morados ofrecían un 60-40 de recursos a favor de IU, y con su candidata, María Goikoetxea, liderando. En IU lo recibieron como una suerte de compra de la cabeza de lista y lo rechazaron. Reconocen también que tenían un pacto con Sumar, pero con una salvedad: este incluía una condición consistente en que, si alcanzaban un acuerdo con Podemos, cancelaban el que habían cerrado con Sumar. 

Como el resto de formaciones, en IU quieren mirar hacia adelante y conseguir que la gente vaya a votar, porque la derecha en Aragón no es tan grande, advierten. En 2023 únicamente subieron dos escaños, «el problema es que perdimos muchos votos por la izquierda».

El futuro

A pesar de este nuevo fiasco en el intento de conseguir la unidad de la izquierda en Aragón, y de que el foco esté puesto en las elecciones del próximo 8 de febrero, en Podemos miran un poco más allá e indican que seguirán trabajando para crear esa unión, y que la nueva dirección del partido en la Comunidad tiene ganas de trabajar y está dispuesta a levantar una izquierda alternativa que le dé certezas a la ciudadanía. 

También son optimistas en Izquierda Unida. Fuentes de esta formación señalan que incluso han visto en CHA una actitud algo más favorable que en otras ocasiones. Para IU ya ha pasado el tiempo de las confluencias y es la hora de las coaliciones, una fórmula que permite mostrar una cara de unidad total al exterior, aunque internamente haya diferencias y una separación de partidos.

En su opinión, se han fijado unas bases para el futuro, respecto al reparto igualitario de recursos o visibilidad, aunque el elefante en la habitación sigue siendo el de siempre: cómo decidir quién lidera la candidatura. Hay que establecer un mecanismo, y en IU creen que ahora están más cerca de lograrlo.

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No podía ser de otro modo, pero sorprende la impunidad de una organización tan filo-fascista para tomar partido.

Borrell se arroga el derecho de señalar a quienes considera enemigos de su jefe supremo: el gran capital europeo.

El poder de la Iglesia (también para tapar delitos de toda índole) es infinito.

Una lucha de la clase obrera.