La última amenaza de Donald Trump a Irán el martes 7 de abril afirmando que “toda una civilización morirá esta noche” si las autoridades de la República Islámica no hacían caso a su ultimátum de rendición insinuaba, claramente, que EE. UU. e Israel podían hacer uso de armamento nuclear para poner fin a una guerra en la que EE. UU. está actuando de manera errática, sin una clara estrategia de salida. 

Esta posibilidad, no obstante, ha estado presente desde que los ataques del 28 de febrero pasado de Israel y EE. UU. contra Irán se han convertido en una prolongada guerra asimétrica que ha provocado un escenario donde la alternativa a una retirada humillante sería la escalada en forma de envío de tropas sobre el terreno, con el consiguiente riesgo de empantanamiento y el resurgimiento de traumas como el síndrome de Vietnam.

Los cálculos estadounidenses parecen no haber contemplado que Irán iba a desplegar su potente arsenal de misiles balísticos causando bajas considerables a sus atacantes y a la infraestructura de sus bases de apoyo en los Estados del Golfo aliados. Pero, más importante aún, la respuesta de Irán ha logrado poner en jaque la economía mundial controlando el paso por el Estrecho de Ormuz, lugar por el que circula más del 20% del petróleo y el gas licuado que se consume globalmente, y buena parte de los fertilizantes imprescindibles para las cosechas de EE. UU. o de Europa, es decir, para la soberanía alimentaria.  

A pesar del asesinato del líder supremo, Alí Jamenei; del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Lajrani; y de tantos otros altos mandos militares y civiles, el régimen iraní, y su defensa militar, siguen en pie. Irán ha demostrado que su sistema político se basa en instituciones que van más allá de los liderazgos personales, además de dejar claro, con su adaptación táctica, que estaba preparado para esta guerra. Los estrategas estadounidenses que decidieron armar a los kurdos, y a otros sectores de la población iraní para provocar ese alzamiento contra la teocracia que pedía Trump los primeros días de los ataques, tampoco previeron que la mayoría de los iraníes iban a cerrar filas con sus dirigentes o a utilizar las armas para disparar a los helicópteros estadounidenses que sobrevolaran el país para rescatar a sus pilotos caídos en combate. 

Conforme avanza la imposibilidad de EE. UU. e Israel de frenar la respuesta iraní, y se frustran sus planes para el cambio de régimen, la derrota de facto de EE. UU. y, en menor medida, de Israel, pues este país sí está llevando a cabo su agenda expansionista con ataques e incursiones en el Líbano, se hace evidente. De ahí la necesidad de EE. UU. de aumentar la presión amenazando con la destrucción de toda la infraestructura energética y la civilización iraní misma.

La guerra está debilitando internamente a Trump

La guerra contra Irán ha desatado una desestabilización regional de alcance económico y geopolítico global. Pero también está generando un creciente cuestionamiento dentro de EE. UU., con un sector de los congresistas demócratas pidiendo que se aplique la sección 4 de la 25ª enmienda al presidente Trump, por estar incapacitado para ejercer las facultades y deberes de su cargo, al iniciar una guerra sin la autorización del Congreso y amenazar abiertamente con cometer más crímenes de guerra y genocidio contra Irán. Tampoco se descarta que Trump acabe padeciendo un tercer impeachment en este segundo mandato, superando el récord que ya tenía de ser el único presidente estadounidense en haber sido sometido dos veces al juicio político del Congreso en su primera presidencia.

También se está planteando un impeachment para Pete Hegseth, actual secretario de Defensa. En este contexto, doce altos mandos militares, algunos pertenecientes al Estado Mayor de Defensa, han sido cesados. Los cambios en el Pentágono no son menores y se vienen produciendo desde la llegada de Hegseth, con el despido masivo de abogados del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como la sustitución de otros funcionarios. Además, Hegseth se está deshaciendo de los asesores jurídicos militares encargados de establecer la legalidad de las operaciones y seleccionar objetivos militares para evitar crímenes de guerra contra civiles.

Por su parte, la población estadounidense desaprueba en un 60% una guerra cuyos beneficios para la seguridad de EE. UU. o del mundo no se perciben. Se trata de una guerra que aparece como parte de los intereses de Israel más que de los estadounidenses, que además está generando un gasto diario de mil millones de dólares a los contribuyentes, y cuyo impacto económico se puede sentir directamente en los bolsillos de los ciudadanos que han de llenar su tanque pagando mucho más cara la gasolina en un país donde tener un coche es prácticamente imprescindible para la supervivencia.  

EE.UU. cuando negociar puede no acabar la guerra  

A pesar de las numerosas –y contradictorias- declaraciones de Donald Trump y su secretario de Defensa sobre la victoria en la guerra, lo cierto es que tener que recular después de haber amenazado a Irán prácticamente con el exterminio nuclear, aceptando el alto al fuego de dos semanas propuesto por el presidente paquistaní, e iniciar negociaciones basadas en los diez puntos del plan de acuerdo de Irán, se puede considerar asimismo una victoria para el país asiático. Todavía más porque el acuerdo supone que se abra el Estrecho de Ormuz bajo control exclusivo de Irán, que podrá cobrar peaje por ello, algo que no sucedía antes de la guerra.

Esta respuesta de EE. UU., aceptando negociar tras haber amenazado de manera drástica a Irán, se ha definido con el acrónimo TACO (“Trump Always Chickens Out”, Trump siempre se acobarda). Más que acobardarse, Trump lleva tiempo usando las amenazas y el chantaje como arma de extorsión política previa a la negociación, sea de aranceles, de un acuerdo de paz en Ucrania o para evitar una invasión a Groenlandia. Pero esta estrategia de negociación no ha sido incompatible con acciones claramente ofensivas que demuestran el poderío estadounidense, como la Operación Lanza del Sur en el Caribe y el Pacífico, que acabó con el secuestro del presidente Maduro y Cilia Flores, iniciando un nuevo momento en las relaciones entre EE. UU. y Venezuela, con EE. UU. controlando de facto el negocio petrolero venezolano.

La política exterior de EE. UU. puede parecer impredecible en una administración Trump que ha demostrado no tener principios ni palabra. Que EE. UU. se siente a negociar en Islamabad con Irán sobre el levantamiento de sanciones, el control iraní sobre el Estrecho de Ormuz o el programa de enriquecimiento nuclear no garantiza que se vaya a producir un alto el fuego permanente, ni tampoco que la posibilidad de una agresión nuclear futura de EE. UU. o Israel salga de la ecuación. Conviene recordar que EE. UU. decidió, junto con Israel, bombardear a Irán en el marco de un proceso de negociaciones que daban a EE. UU. incluso más garantías de las que había logrado con el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA por sus siglas en inglés) de 2015. Un acuerdo nuclear que, por cierto, el Gobierno Trump abandonó unilateralmente en 2018.

Las declaraciones cada vez más enajenadas de Trump deben tomarse como las amenazas que son mientras que su aceptación de un alto el fuego temporal probablemente no acabe siendo la última palabra. Después de un momento de repliegue táctico, puede venir una ofensiva mayor si no se llega a un acuerdo, sobre todo ante la constatación de que no pueden doblegar a Irán a pesar de la asimetría de fuerzas. Como se ha demostrado en Venezuela, esta administración sigue operando con una combinación de fuerza bruta y lógica empresarial pragmática, y no se va a conformar con un mal negocio para sus intereses geoestratégicos y geopolíticos, que pasan por el control de hidrocarburos, minerales críticos y mercados frente a sus competidores. De hecho, Trump lanzaba hace días la idea de que fuera EE. UU. quien cobrara los peajes en el Estrecho de Ormuz. 

El escenario es incierto, pero se puede afirmar que EE. UU. ya ha perdido esta guerra aunque afirme lo contrario. Pase lo que pase, la guerra contra Irán ha puesto a EE. UU. frente al abismo de una crisis energética similar a la de 1973, a su pérdida de control económico si el dólar deja de ser la moneda de intercambio petrolero, a su debilidad frente a las fluctuaciones de los mercados y a unas alianzas geopolíticas que se fracturan porque EE. UU. carece, cada día más, de algo fundamental para mantener la hegemonía en el sistema internacional: el temor de los adversarios y el respeto de los aliados. 

Hoy es Irán quien está ganando esa guerra simbólica por el liderazgo moral del Sur Global, aglutinando simpatías de los pueblos del mundo y el respeto de quienes en los centros de poder se dan cuenta de que los equilibrios geopolíticos preexistentes ya no sirven y deben ser cambiados. El fracaso de EE. UU. en Irán promete ser el inicio de un nuevo reparto de poder global que tendrá profundas consecuencias económicas y geopolíticas.

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El 16 de marzo Donald Trump se refería a Cuba en el Despacho Oval: «Creo que tendré el honor de tomar Cuba. Eso sería estupendo. Es un gran honor. Puedo liberarla o tomarla, creo que puedo hacer lo que quiera. Son una nación muy debilitada ahora mismo”. Estas declaraciones no son sólo palabras al viento, producto de su proverbial verborragia, sino que forman parte de una escalada de amenazas directas que el presidente de los Estados Unidos de América (EE. UU.) viene lanzando contra el Gobierno socialista de Cuba en los últimos meses. Y, habida cuenta de cómo el autodenominado presidente de la paz ha iniciado el año, activando al máximo su Departamento de Guerra, con el secuestro del presidente de Venezuela y una guerra abierta contra Irán, no es nada descartable que las amenazas pasen de la retórica a los hechos. 

Atacar a Cuba ahora serviría para desviar la atención de la previsible derrota estratégica a la que EE. UU. e Israel parecen dirigirse en Irán. Poder presentar alguna victoria frente a un país que constituye el principal escollo que ha tenido la política exterior estadounidense para la expansión hemisférica de sus intereses desde tiempos de la Guerra Fría, tendría una gran carga simbólica en términos ideológicos y geoestratégicos. Acabar con el socialismo en Cuba, sea con un cambio de régimen violento, o a través de una negociación que lleve al sometimiento de su dirigencia, como se ha hecho en Venezuela, se podría rentabilizar políticamente ante unas elecciones de medio término que se prevén adversas para los republicanos. 

Desde el Gobierno de Cuba son conscientes de que, en el actual escenario geopolítico, con un EE. UU. que parece dispuesto a tirar por tierra la precaria hegemonía que todavía atesora como súperpotencia dominante en el sistema internacional, deben tomarse muy en serio las palabras de Trump.  El presidente Miguel Díaz-Canel, quien anunció el pasado 13 de marzo que Cuba había iniciado conversaciones con EE. UU. dirigidas por él mismo, ha denunciado el aumento de las amenazas estadounidenses y afirmado que “cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”. La asfixia económica que vive la isla, a la que no ha llegado, en los últimos tres meses, ningún buque petrolero por órdenes de EE. UU., ha provocado que los dirigentes cubanos tengan que sentarse a conversar en una situación, interna y externa, muy distinta a la que permitió la normalización de relaciones entre Cuba y EE. UU. en 2015 con Barack Obama al frente de la Casa Blanca.

A la situación económica, ya de por sí precaria por tener que lidiar todavía con los estragos que dejó el Período Especial; las décadas de bloqueo económico; las acciones de la primera administración Trump revirtiendo el deshielo diplomático con Cuba, activando el título III de la Ley Helms-Burton e impidiendo de nuevo el incipiente turismo estadounidense hacia la isla; o el impacto de la pandemia en ese mismo sector turístico, fuente esencial en los ingresos del país; se suma ahora el quiebre de la relación con Venezuela, uno de sus principales proveedores de energía. Esto, junto a diversos problemas endógenos de gestión y de las características estructurales del modelo económico cubano, ha derivado en apagones constantes que han paralizado, en buena medida, la actividad del país.

La presión de Washington a diversos países afines en la región para que pusieran fin a sus acuerdos de cooperación médica con Cuba ha dado como resultado el fin de las brigadas médicas cubanas en Honduras, Guatemala, Paraguay, San Vicente y Las Granadinas, Bahamas, Antigua y Barbuda, Jamaica o Guyana, cerrando esta vía de entrada de divisas para el Estado cubano. 

La activación de una solidaridad internacional insuficiente

Esta nueva fase de agresión a Cuba ha activado, como no podía ser menos, la solidaridad con la isla. Diversas iniciativas se han puesto en marcha desde los colectivos sociales y políticos que llevan décadas apoyando a la Revolución Cubana y denunciando el bloqueo frente a la falta de acción de los Estados, a pesar de su voto favorable en 33 resoluciones de condena a su existencia en la Asamblea General de la ONU. Algunos activistas ya han llegado a La Habana y está previsto que el 21 de marzo toda esta solidaridad, ideada inicialmente en forma de Flotilla que rompiera simbólicamente el cerco naval petrolero, confluya en un gran acto en el Malecón. El Nuestra América Convoy a Cuba es una campaña necesaria y meritoria, como todas las que hacen los denodados militantes de la solidaridad con Cuba, conformada en muchos países por cuadros comunistas que cargan en sus espaldas décadas de lucha en todos los frentes. 

Atender la crítica situación económica que padece la población cubana, llevando alimentos, productos higiénicos, medicamentos o cualquier otra ayuda, parece una medida urgente en estos momentos. En estos últimos meses hemos visto, además, acciones del Gobierno de México enviando ayuda humanitaria, ante la prohibición de enviar petróleo por parte de EE. UU., a China enviando toneladas de arroz o a un expresidente mexicano como Andrés Manuel López Obrador que ha salido de su retiro para proponer una campaña de acopio de ayuda a Cuba. 

Pero no hemos visto a ningún Estado capaz de confrontar las agresiones de EE. UU. desafiando sus amenazas, que parecen haberse convertido en órdenes mundiales que se acatan sin remedio. La extraterritorialidad con la que la súperpotencia impone desde hace décadas su voluntad al resto del mundo, sea con leyes, chantajes económicos o bombas, es preocupante y ahí deberíamos mirar. Esta geopolítica de la soledad cubana, como la definió Iramis Rosique, debería interpelar al mundo, máxime en esta fase de descomposición acelerada del orden internacional donde se abren posibilidades de construir otro tipo de relaciones entre países, y dentro de los países.

Las denuncias del presidente Pedro Sánchez sobre la guerra ilegal de EE. UU. e Israel en Irán, o su defensa enunciativa de Gaza, contrastan con su silencio ensordecedor sobre el recrudecimiento de la ofensiva de EE. UU. contra Cuba. A pesar de que Cuba fue la última colonia española en América Latina y el Caribe, un país con el que España siempre ha defendido tener estrechos vínculos históricos y culturales que trascendían las diferencias ideológicas, el presidente Sánchez no parece interesado en hablar alto y claro también en este tema.

De hecho, es lamentable que el actual Gobierno de España despache su relación con Cuba, justo en estos momentos, por la vía de la cooperación internacional, recibiendo hace un mes al canciller cubano para justificarlo después con un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores donde se aclaraba que se trataba de una reunión “a petición de éste”, se mostraba preocupación por “la situación de las empresas españolas en el país” y ni siquiera se llamaba al bloqueo por su nombre sino que se usaba el término preferido por EE. UU.: “embargo”. Una posición asistencialista, por lo demás teñida de interés empresarial, que empaña el vínculo político.

Trascender la solidaridad y luchar por el socialismo 

Sin duda, la solidaridad de los pueblos que suple lo que sus gobiernos no hacen conmueve y es imprescindible como medida de urgencia para Cuba. Pero la clase trabajadora y los pueblos organizados necesitamos otras vías de relación con el pueblo cubano que no pasen por una cooperación asimétrica en la que Cuba recibe un poco por lo mucho que ha aportado, en lo simbólico y en lo tangible, a las luchas de liberación del mundo y a nuestra inspiración revolucionaria.

Por eso, la mejor manera de ayudar a Cuba es haciendo que el socialismo sea el modelo político que guíe también nuestros respectivos territorios. Puede sonar muy utópico o aparecer muy distante en el horizonte de posibilidad, pero es la única manera de no relegar a los cubanos, ni a ningún pueblo que ose desafiar a EE. UU., a este aislamiento de facto que facilita el hostigamiento colectivo por haber decidido autodeterminarse fuera de la lógica del capitalismo. 

Para ello, quizás podríamos empezar dando pequeños pasos. Por ejemplo, realizando un ejercicio más sencillo que pasa por no negar la legitimidad del sistema político cubano, tildándolo de “régimen” o de “dictadura”. Eso nos llevaría a tener perspectiva histórica y entender que el socialismo fue el que permitió que una pequeña nación insular, periférica y dependiente, pudiera desarrollarse económicamente logrando niveles de vida para el conjunto de su población, inimaginables para sus vecinos del Caribe. Una situación que cambió con el fin de la Unión Soviética y el bloque socialista, contrapeso geopolítico que sirvió para equilibrar el poder en el sistema internacional, pero también para abrir espacios a que los pueblos del mundo pudieran luchar con el respaldo de un Estado que –no sin contradicciones o sin ejercer su propia represión– fue un ejemplo de cómo enfrentar al imperialismo estadounidense, el colonialismo y la voracidad capitalista.

En definitiva, nuestra primera tarea es entender que Cuba no ha llegado a este punto crítico por el “fracaso del socialismo” sino, más bien, por todo lo contrario, porque falta más socialismo en el mundo que arrope a Cuba en su lucha, que es la de todas. 

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Estados Unidos de América (EE. UU.) e Israel han vuelto a bombardear Irán y, con ello, se ha desatado una guerra abierta en Asia Occidental. La respuesta defensiva de Irán, atacando la ciudad de Tel Aviv pero también las bases militares y embajadas de EE. UU. en varios países de la zona e, incluso, en Chipre, ha sorprendido a Donald Trump, según sus propias palabras. Los analistas debaten si la apertura de este nuevo frente bélico, de consecuencias imprevisibles, ha sido un error estratégico para EE. UU. o bien se trata de un escenario calculado por Washington. En el Congreso de EE. UU. el debate es, además, si lo que ha iniciado el Gobierno Trump este 28 de febrero puede ser definido como guerra y si el país se encuentra, nuevamente, ante una agresión contra un país extranjero sin el necesario aval del poder legislativo. 

Mientras llegan los poderes de guerra que respaldarían legalmente los ataques del Gobierno estadounidense, el conflicto se expande en Asia Occidental y las acciones y víctimas mortales se multiplican con el paso de los días. Irán ya ha declarado que está preparado para una guerra prolongada; Hizbulá ha entrado a la contienda en Líbano, mientras el Gobierno de ese país permite la entrada de tropas israelíes; en Bahréin, la mayoría chií, gobernada por una monarquía suní, se suma a las protestas contra los ataques a Irán; y las manifestaciones de población musulmana frente a embajadas de EE. UU. se suceden en distintos países asiáticos, como Pakistán. 

Por su parte, la Unión Europea (UE) sigue demostrando su doble rasero moral y su voluntad de profundizar su sometimiento geopolítico a EE. UU. Incapaces de condenar el asesinato de EE. UU. e Israel a casi 200 niñas en una escuela de Minab y a otros cientos de iraníes, incluido el líder supremo Alí Jamenei, la UE de Ursula Von der Leyen y Kaja Kallas cierra filas con sus aliados occidentales a la vez condena el derecho a la legítima defensa que ejerce Irán ante este crimen de agresión, amparándose en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. 

En paralelo, Francia, Alemania y el Reino Unido, el bloque conocido como E3, ha dado un paso al frente y, en una declaración conjunta del 1 de marzo, se muestra dispuesto a facilitar “acciones defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de disparar misiles y drones” proponiéndose “colaborar con Estados Unidos y sus aliados en la región en este asunto”. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha abundado en esta idea de cooperación con los aliados, a pesar de condenar el ataque fuera del marco legal de EE. UU. e Israel, y ha puesto nuevamente a disposición de Europa la capacidad de disuasión nuclear de Francia. 

En este contexto de belicismo rampante, emerge en Europa la voz discordante de Pedro Sánchez, quien se ha mostrado contrario a que EE. UU. pueda usar sus bases militares en territorio español para los ataques a Irán, lo que ha provocado una nueva escalada declaratoria de Trump contra el Gobierno español. Más allá de la distancia que puede mediar entre las declaraciones del presidente español y los hechos de la realpolitik, como ha demostrado el caso del comercio de armas con Israel, Pedro Sánchez está usando hábilmente su confrontación con Trump. 

Oponerse a la guerra de Trump y Netanyahu contra Irán, quienes representan el liderazgo de la ultraderecha mundial y simbolizan la demolición del Derecho Internacional, para construir un perfil antagónico, basado en la defensa del Derecho Internacional y de los derechos humanos, le otorga a Sánchez una gran proyección internacional. Rescatar, además, el lema que en 2003 movilizó al 90% de la población española contra la guerra de Irak, “No a la guerra”, le puede dar réditos electorales en la política interna. 

Nuevos escenarios, viejas excusas

Es inevitable pensar en la guerra de Irak estos días, en la invasión a Afganistán iniciada en 2001 y en el punto de inflexión que supuso la guerra contra el terror global que desató EE. UU. con la excusa de los atentados del 11 de septiembre. Guerras que sentaron las bases de un nuevo momento de unilateralidad fuera de la ley internacional, y sin justificaciones humanitarias, en la política exterior estadounidense. Sin embargo, el punto de inflexión no fue sólo exterior. En el plano doméstico, este nuevo momento conllevó la aprobación de la Ley Patriota, que consagró un estado de excepción de facto al permitir el control masivo en aras de la lucha contra el terrorismo, así como el aumento de los niveles de represión a la disidencia interna. 

Las declaraciones de Donald Trump y Marco Rubio para justificar la ofensiva del pasado sábado 28 de febrero han ido variando a lo largo de los días. De reconocer abiertamente la búsqueda del cambio de régimen en Irán, se ha pasado a hablar del objetivo de destruir la “amenaza de los misiles balísticos de corto alcance” y de los “activos navales” del país, presionado por Israel (otras fuentes mencionan las presiones de Arabia Saudí). La imposibilidad de dar un argumento convincente que permita justificar un ataque a un país con el que se estaba sentado en la mesa de negociaciones, a punto de obtener un acuerdo sobre el programa nuclear iraní mucho mejor que el firmado por Barak Obama en 2015, es notoria. Parece que EE. UU. y sus aliados querían evitar ese escenario de distensión con Irán. 

De hecho, el pre-emptive attack esgrimido en el primer comunicado de Israel, traducido como “ataque preventivo” en español, fue la misma lógica doctrinal que EE. UU. usó en Afganistán. Pero la falta de originalidad en los paralelismos no acaba ahí. Estos días vuelve a posicionarse la idea de que Irán tendría armas nucleares, a pesar de la supuesta erradicación del programa nuclear iraní anunciada por Donald Trump tras los bombardeos estadounidenses de junio de 2025. Una excusa que recuerda al argumento de las inexistentes armas de destrucción masiva de Saddam Hussein que se usó, junto con el pretexto de la democratización, para defender la guerra ilegal del EE. UU. de George W. Bush contra Irak.

La supuesta voluntad de democratización de entonces planea también en quienes utilizan las vulneraciones a los derechos humanos, y en concreto de los derechos de las mujeres, para respaldar, desde una elástica moralidad, las actuaciones imperialistas que pretenden salvar a los pueblos del mundo a base de bombas. La instrumentalización de la legítima lucha de las mujeres iraníes por ganar espacios de mayor autodeterminación es especialmente obscena entre la ultraderecha que sigue a rajatabla el guion de un feminacionalismo claramente islamófobo. Una ultraderecha que, además, suspendería cualquier análisis comparativo sobre los derechos efectivos de las mujeres en distintos países de la zona.

Si alguien a estas alturas cree que EE. UU., o el ente genocida de Israel, tienen algún tipo de interés en defender a las mujeres musulmanas, promover los regímenes democráticos o salvaguardar los derechos humanos, sólo tiene que preguntarse por qué EE. UU. no bombardea Arabia Saudí y encontrará la respuesta. Pero también puede mirar adentro de sus fronteras y ver cómo EE. UU. responde a los ciudadanos estadounidenses que se manifiestan en contra del ICE, o cómo Israel trata a los palestinos israelíes, por no hablar de los que habitan en Gaza o Cisjordania. 

Ni las mujeres iraníes necesitan ser salvadas por Occidente ni el mundo en su conjunto puede sostener ya más hipocresía por parte de quienes se erigen en faro moral de la humanidad cuando cargan en sus espaldas la responsabilidad por algunos de los crímenes más abyectos que se hayan cometido, en el pasado, pero también en el presente. Por eso, es fundamental no perder las coordenadas ideológicas, ni caer en las trampas discursivas o en las equidistancias. Puede que hoy, más que nunca, defender el Derecho Internacional frente a los poderes hegemónicos que siempre lo han ignorado parezca revolucionario y, sin duda, lo es. Pero lo más revolucionario es defenderlo hasta sus últimas consecuencias, no negando el derecho a la legítima defensa de los Estados atacados por el imperialismo y el sionismo. 

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 El pasado 15 de febrero supimos, a través de la prensa, que el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya prevé condicionar el presupuesto de los Centros de Atención Primaria (CAP) a la duración de las bajas médicas que concedan. La propuesta, comunicada a los CAP, implica una suerte de estímulo económico, calculado en el 5% de los recursos asignados, si los médicos de los centros evitan que las bajas de salud mental o de lesiones osteomusculares se prolonguen “más de lo debido”. Una medida que pone la presión en el colectivo médico, ya de por sí sometido a condiciones laborales estresantes que lo han llevado esta semana a convocar huelga en todo el Estado.

Este “más de lo debido” condensa toda la lógica de funcionamiento del capitalismo: la clase trabajadora no puede enfermarse “más de la cuenta” pues el tiempo es oro. El sistema necesita cuerpos sanos, fuertes, útiles para que la maquinaria de la producción siga funcionando, a costa de la salud –nunca mejor dicho– de quienes sólo tienen su fuerza de trabajo y, por tanto, su cuerpo y su mente, para poder subsistir en este sistema. 

Como se han encargado de recordarle estos días a la consellera Olga Pané, médico especialista en Medicina del Trabajo, máster en gestión hospitalaria por la Universitat de Barcelona, diplomada en gestión de hospitales por ESADE y responsable última de esta propuesta, la administración de un ente público, y mucho más de uno que tenga en sus manos la gestión de la salud de los ciudadanos, no debería guiarse bajo criterios empresariales de costo y beneficio. Sin embargo, esta propuesta, por lo demás de una Generalitat gobernada por el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), no es una decisión improvisada o un simple globo sonda. Supone una línea de continuidad en el Departamento de Salud, encabezado por Pané.

Ya en diciembre de 2025 la CGT Catalunya denunció la campaña iniciada por dicho departamento para que la clase trabajadora hiciera “buen uso” de las bajas médicas. Como explicaba el sindicato, la Generalitat no sólo criminalizaba a los más débiles, sino que trasladaba implícitamente la responsabilidad a los trabajadores enfermos y a los médicos, a la vez que desviaba la atención de las causas estructurales detrás de la enfermedad: las condiciones de vida y las condiciones de trabajo. 

CGT recordaba, por ejemplo, cómo el aumento del 20% en las bajas médicas de Catalunya se debía, en buena medida, a la salud mental. Y daba datos alarmantes sobre cómo la juventud trabajadora del Estado, con condiciones estructurales de precariedad laboral, con bajos salarios, 36% de sobre cualificación, contratos temporales y a tiempo parcial, concentraba el 32,5% de las bajas laborales, con un “incremento significativo de las bajas por problemas de salud mental, como estrés, ansiedad y depresión”. Una juventud trabajadora que ve cómo su formación –universitaria o no universitaria– no garantiza una inserción laboral que asegure unos ingresos mínimos para poder afrontar los precios desbocados de la vivienda, además. Pero la juventud trabajadora no es la única que padece la presión de un sistema enfocado a maximizar beneficios exprimiendo el tiempo, es decir, la vida, de la fuerza de trabajo. Estamos ante un problema que afecta a la clase trabajadora en su conjunto.

Si los cuerpos y las mentes jóvenes no aguantan una presión que no sólo es del ámbito laboral, pero que pasa por él, ¿qué se puede esperar de quienes llevan décadas de desgaste? Pues que se incrementen las enfermedades, en términos globales, pero que también, como muestran datos de la Encuesta de calidad y condiciones de trabajo 2025 de la Generalitat de Catalunya, el presentismo, esto es, el asistir a trabajar a pesar de estar enfermo, se imponga. Así, el 51,3% de la clase trabajadora catalana declara haber ido a trabajar enferma en los últimos doce meses. Un presentismo que tiene mayor incidencia entre mujeres y las personas con bajos niveles formativos, así como en sectores como la hostelería, educación, agricultura, servicios sociales o actividades sanitarias.

A pesar de ello, y de todos los mecanismos de presión que tiene la patronal en su relación de fuerzas asimétrica con la clase trabajadora para hacer que ésta anteponga los beneficios empresariales a su bienestar, los empresarios consiguen posicionar su queja sobre el aumento del absentismo laboral. La prensa nos recuerda que las empresas están introduciendo “cláusulas antiabsentismo” para dar incentivos a las personas trabajadoras que no hagan uso de su derecho a ir al médico y evitar así las ausencias en el centro de trabajo. Queda claro que la salud laboral es una molestia para los empresarios, un estorbo que les hace perder dinero, que es lo único que les importa al final. 

Pero también queda claro que, en esta ofensiva patronal, los empresarios presionan para echar por la borda derechos adquiridos por la clase trabajadora a lo largo de décadas de lucha, con la ayuda inestimable de sus amigos en los gobiernos que dicen ser de izquierda y que, paradójicamente, reciben el voto de esa clase trabajadora a la que venden cuando llegan a posiciones de poder.  

El punto del debate, por tanto, no es el absentismo laboral, ni las bajas que se extienden “más de lo debido”, sino por qué tantos trabajadores acaban yendo a trabajar, incluso enfermos, ante un sistema que los usa y los desecha cuando son inservibles. Por qué las administraciones públicas han permitido que exista un sistema de mutuas privadas decidiendo por la salud de la clase trabajadora, y organismos siniestros como el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (ICAM), capaces de negar la incapacidad laboral a personas con cáncer metastásico. Y, no, no es un caso aislado. Plataformas como la PAICAM llevan años denunciando estos abusos en Catalunya. Una realidad que, por desgracia, no es exclusiva de este territorio pues atiende a una lógica capitalista global.

El mensaje que envía el capitalismo a la clase trabajadora es claro: trabaja, produce, enferma, sigue trabajando y muere. Pero no te enfermes antes de la cuenta, espérate a la jubilación. Si te mueres justo después de la jubilación mejor que mejor, es más, le haces un favor a las “arcas del Estado” porque ya sabemos que los jubilados viven a tutiplén a costa de los pobres jóvenes que no se pueden emancipar por su culpa, como nos repiten algunas jóvenes en los medios, la prensa y hasta en libros, en un mensaje que no sólo no cuestiona, sino que legitima, el orden del capitalismo.

Estamos en tiempos en que recordar cosas básicas se hace vital. La explotación en el trabajo y la precariedad laboral enferman. La clase trabajadora tiene derecho –al menos hasta ahora en el territorio en el que se escriben estas líneas– a no ir a trabajar si no está en condiciones de hacerlo. Por tanto, no hay un problema de absentismo laboral sino de trabajadores que enferman por culpa del trabajo y que, a pesar de ello, siguen yendo a trabajar.

Las bajas o incapacidades temporales, como puntualiza el abogado laboralista Vidal Aragonés, del Col·lectiu Ronda: “son el ejercicio de un derecho y de una obligación que suspende el contrato de trabajo y la relación laboral a efectos de que la persona trabajadora pueda recuperarse de una situación que justifica su ausencia en el trabajo”. Y el ejercicio de este derecho no debería ni cuestionarse ni limitarlo presionando, todavía más, a las personas trabajadoras y a los facultativos médicos. Tome nota, señora Pané, gracias.

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En el año 2005, trabajaba como joven investigadora del Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya. Escribí un artículo, Costa Rica, tan lejos de Suiza, tan cerca de Centroamérica, sobre los casos de corrupción que salpicaban a varios exmandatarios costarricenses, reflexionando sobre cómo Costa Rica había construido, no sin cierto sentimiento de superioridad, una imagen nacional basada en las diferencias culturales y políticas respecto a sus vecinos del istmo que se estaba desmoronando en los últimos años. El título tenía su dosis de provocación y así fue. Un sociólogo costarricense envió una réplica a mi centro de trabajo, con la solicitud de ser publicada, Costa Rica, cerca de Centroamérica y de la Europa del bienestar, destacando la capacidad de las instituciones de su país para enfrentar la crisis y lo injusto que era, por mi parte, no valorar esa fortaleza institucional. 

Pero la causa exclusiva de la crisis de principios de los 2000 era más profunda y no se circunscribía a los casos de corrupción. Se vivía ya una transformación del pacto fundacional de la nación, posterior a la guerra de 1948, según el cual el Estado propiciaría la movilidad económica y la estabilidad social a través de unas potentes políticas sociales. Gracias a este acuerdo de las élites políticas, la sociedad costarricense mantuvo durante décadas unos estándares de vida superiores a la media centroamericana, además de gozar de relativa paz social en un contexto regional de revoluciones, lucha armada y contrainsurgencia estadounidense. Se acuñó el mito de la “Suiza centroamericana”, un supuesto oasis que, en realidad, era un espejismo detrás del cual se escondía la desigualdad, la pobreza y una represión a la disidencia más sutil pero no menos efectiva. La izquierda, fuera de la socialdemocracia gobernante, era minoritaria y Costa Rica se alineaba claramente con EE. UU. en tiempos de la Guerra Fría.

Sin embargo, los años noventa y sus políticas de ajuste afectaron a Costa Rica, como al resto de países de América Latina y el Caribe, iniciando la penetración de las políticas neoliberales. El país se movilizó en contra del intento de privatización en 2001 del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que consiguió frenarse, y también contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE. UU., que, este sí, entrará en vigor en 2009, después de un referéndum nacional en 2007 que lo aprobó con el 51,22% de los votos.

La introducción de la agenda neoliberal produjo el descrédito del liderazgo político que se tradujo en un cambio en el sistema de partidos costarricense. La implosión del bipartidismo o, a decir de otros, del hegemónico Partido Liberación Nacional (PLN), de tinte socialdemócrata, aunque cómplice del desmontaje del Estado social, dio lugar al surgimiento de nuevas fuerzas políticas que trataron de canalizar el descontento, bajo el liderazgo de exmiembros del PLN, como el centrista Partido Acción Ciudadana (PAC). 

Ese fue el caso de Luis Guillermo Solís, politólogo, profesor e investigador, que ganó las elecciones presidenciales con el PAC en 2014, después de una primera vuelta en que la izquierda del Frente Amplio (FA) alcanzó más del 17% de los votos, un hecho inédito en la historia de este moderado país. A Solís le siguió otro gobierno del PAC, encabezado por Carlos Alvarado, quien disputó la segunda ronda a un partido evangélico que obtuvo el 24% de los votos. La fragmentación partidaria llegó a la Asamblea Legislativa.  

Alvarado y el PAC, que pretendían ser gobiernos de ruptura, no lograron contener el avance de la desigualdad. Algunas de las medidas fiscales que tomaron después de 2018 tampoco ayudaron a mejorar la situación y acabaron generando rechazo. La pandemia agravó la situación. La aprobación de una “ley anti-huelgas” en 2020 dejó claros los límites para canalizar las demandas sociales. El incumplimiento de la promesa democrática sobre la que se erigió la Segunda República costarricense era un hecho y dejó el camino allanado para la emergencia de nuevos liderazgos, como el de Rodrigo Chaves. Un personaje que se presentaba como outsider a pesar de haber sido ministro de Hacienda en la administración Alvarado y ser, además, un exfuncionario de carrera del Banco Mundial, con 27 años de servicio a sus espaldas y varias denuncias de acoso sexual. 

Ello no fue óbice para que Chaves fuera el hombre capaz de presentarse como la solución al descontento. Ganó en 2022 frente a un candidato del PLN, el expresidente José María Figueres Olsen, protagonista de uno de los escándalos de corrupción que relataba en mi artículo de 2005. Chaves ha gobernado estos cuatro años con niveles de popularidad superiores al 60%. Su retórica de mano dura contra la delincuencia contrasta con el hecho de que durante su mandato el narcotráfico ha podido penetrar en Costa Rica como nunca. Si su modelo político es El Salvador de Nayib Bukele, de quien ha copiado la idea de crear una mega cárcel en la que encerrar a los delincuentes, un discurso que cala a medida que los índices de criminalidad se multiplican, su modelo económico es la Argentina de Javier Milei. De hecho, el también economista Chaves ha logrado subsumir bajo su liderazgo a los libertarios costarricenses, es decir, a los representantes del supuesto “anarcocapitalismo”.

Sus detractores destacan sus ataques al resto de poderes del Estado desde el Ejecutivo, su persecución a la oposición política desde el Gobierno, la confrontación con los medios y el victimismo constante que, sin embargo, ha acrecentado sus apoyos y reforzado un perfil antisistema que no es tal. Chaves no necesita ser coherente entre lo que dice y lo que hace. Tiene un discurso y unas prácticas que lo alinean con las extremas derechas continentales y mundiales, aunque con características ticas. También en su caso ha contado con un ecosistema de medios favorables en las redes sociales cuya financiación se desconoce. 

Chaves ha gozado del apoyo de los EE. UU. de Trump para que Costa Rica siga siendo el fiel aliado estadounidense en Centroamérica que siempre fue, reforzando una agenda compartida de securitización de las migraciones y de combate selectivo al crimen organizado que apuntala las alianzas geopolíticas de Washington en un momento de rearticulación hemisférica estadounidense. Un respaldo que seguirá teniendo, sin duda, la próxima presidenta, Laura Fernández, elegida este 1 de febrero con más del 48% de los votos, quien se convertirá en la segunda mujer mandataria. Fernández, joven politóloga, ha sido la candidata del Partido Pueblo Soberano (PPS) ante la imposibilidad de la reelección inmediata en el país centroamericano. Ya ha anunciado el inicio de una Tercera República y la “continuidad del cambio” que, en su caso, supone una profundización de las líneas establecidas por su antecesor y mentor, Rodrigo Chaves. 

Para acometer algunos de los cambios, que podrían requerir modificaciones constitucionales, el PPS de Fernández cuenta con 31 de los 38 diputados necesarios para lograr la mayoría de dos tercios sobre los 57 diputados de la Asamblea Legislativa. La mayoría simple de 29 diputados ya la tiene. Entre las propuestas que prevén algunos analistas está la aprobación de la reelección presidencial, la venta del Banco Central de Costa Rica, el desfinanciamiento del Estado o la redacción de una nueva Constitución. 

Pero, más allá de especulaciones, lo que sí le tocará a esta nueva bancada es renovar a la mitad de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, con afectaciones en la Sala Tercera y la Sala de Casación Penal encargada del combate a la corrupción y el narcotráfico. Esta renovación afecta asimismo a áreas como la Sala Constitucional, que en Costa Rica depende del Poder Judicial, la Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Policía Judicial. Por ello, varios expresidentes han mostrado su preocupación ante lo que ven como un “riesgo para la democracia”. 

No obstante, la evolución de la política costarricense en las últimas décadas, las transformaciones de su sociedad y los impactos económicos experimentados por las políticas neoliberales de las administraciones precedentes, así como la presencia creciente de una realidad desconocida como el narcotráfico, demuestran que Costa Rica no es inmune a las problemáticas que asolan Centroamérica y América Latina en general. Tampoco a las corrientes ideológicas que parecen imponerse en el mundo. Y no está claro que la fortaleza de sus instituciones vaya a resistir la arremetida.

Pero el respaldo a la “continuidad del cambio” en estas elecciones deja otro elemento para la reflexión, quizás menos evidente pero más acuciante, que apunta a una erosión de las promesas y los consensos democráticos que vendría de lejos. Aquí radica hoy, como antes, el origen de los problemas que enfrenta Costa Rica. La revisión pormenorizada de los resultados de votación por cantones –unidades administrativas– muestra que los cantones con peor índice de desarrollo han votado mayoritariamente por Fernández, en porcentajes superiores al 60% en muchos casos. Lo lógica inversa se encuentra en los cantones con mejor índice de desarrollo. La desigualdad se expresa en las preferencias electorales y en la búsqueda de soluciones.

Como en otras latitudes, cuando la democracia liberal no logra satisfacer las condiciones materiales de vida de la gente, la frustración puede ser canalizada por quienes dicen venir a mejorar los problemas pero, en realidad, no son más que oportunistas defensores del mismo sistema económico capitalista que está en la base de la generación de pobreza y desigualdad. En este sentido, lo que está pasando en Costa Rica no es más que parte de un fenómeno ya visto en otros escenarios que, dadas las características de la historia política costarricense, se puede interpretar como altamente excepcional, aunque no lo sea tanto. Estamos ante un caso más de víctimas votando a sus verdugos en una espiral de autodestrucción que está llevando a la humanidad a la barbarie colectiva. 

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