Artículo original publicado en menorca.info por Pablo Jiménez
La Comisión Europea, con su presidenta Ursula Von der Leyen al frente, ha decidido aplicar provisionalmente el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur, una decisión contraria a los procesos supuestamente democráticos que rigen o deberían regir los procesos institucionales de la Unión.
El pasado 21 de enero, el Parlamento europeo votó a favor de pedir al Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) un dictamen sobre este acuerdo comercial para determinar si se ajusta al derecho de la UE, en cuanto a competencias institucionales europeas y estatales y al procedimiento elegido para su tramitación y aprobación.
La votación fue solicitada por los Verdes europeos y por La Izquierda (The Left) y apoyada por un grupo heterogéneo de diputadas y diputados, desde la extrema derecha a la izquierda alternativa, pasando por socialdemócratas y populares, ya que no todos siguieron las indicaciones de su grupo parlamentario. Ello da una idea de la división existente en torno a este acuerdo.
El procedimiento indica que, con la solicitud de dictamen aprobada, la decisión de aprobar el acuerdo queda suspendida hasta que el TJUE se pronuncie. Para la Comisión Europea este contratiempo es un varapalo, máxime si tenemos en cuenta que la votación se fue retrasando por las dudas de Italia y Francia -cuyos votos eran fundamentales- para aprobar el acuerdo en el Consejo de la UE, algo que finalmente pudo conseguirse con unas concesiones de salvaguarda al país transalpino.
Las dudas que ha de resolver el TJUE se mueven en dos ámbitos. Uno interno y otro externo, relativo a los países del Mercosur. El primer ámbito se refiere a la división del acuerdo en dos partes: una comercial y otra política. En la primera la competencia es de la Comisión Europea y su decisión es sometida únicamente a la aprobación del Consejo de la UE y del Parlamento Europeo. En la segunda, la política y de cooperación sí requiere la ratificación de los parlamentos nacionales de los Estados miembros. Las dudas se establecen desde el momento en que se entiende que muchas de las cuestiones comerciales planteadas, tales como las agrarias, laborales, sanitarias o ambientales, tienen un profundo trasfondo político que puede condicionar las políticas nacionales de los Estados miembros. En cuanto al segundo ámbito se refiere al ‘mecanismo de reequilibrio’ por el que los países latinoamericanos podrían adoptar medidas compensatorias ante decisiones reguladoras europeas que perjudicarán a sus productos. La duda aquí es determinar hasta qué punto terceros países pueden influir o condicionar las políticas europeas de cualquier sector económico, social o ambiental contempladas en el acuerdo.
Las dudas planteadas son legítimas y deben resolverse en el marco institucional y para ello se dispuso en su momento la constitución del TJUE. La decisión de la Comisión Europea y del Consejo Europeo (jefes de Estado o de Gobierno, distinto al Consejo de la UE) de aplicar provisionalmente el acuerdo comercial sin esperar el dictamen del TJUE y la votación posterior del Parlamento europeo no es acorde por tanto con el procedimiento institucional instaurado. Además de poco democrática, esta decisión socava el papel del Parlamento europeo y resulta muy arriesgada ya que el TJUE puede determinar no compatible con el derecho de la UE algunos de los planteamientos competenciales o procedimentales adoptados, lo cual obligaría a renegociar el acuerdo y enfrentarse política y económicamente a las consecuencias de una aplicación probablemente puesta ya en marcha en el momento de hacerse efectivo el dictamen. Asimismo, aumenta la pérdida de confianza de la ciudadanía, ya de por sí baja, en las instituciones europeas, al ver como se ningunea a la única de ellas votada por la población.
Como ha indicado The Left “la aplicación provisional del acuerdo Mercosur antes de que el Parlamento Europeo haya dado su consentimiento no es jurídicamente sólida ni institucionalmente apropiada y, por lo tanto, debe ser rechazada”.
En realidad, no debería ratificarse este acuerdo en las instituciones europeas, que la Comisión Europea quiere aprobar cueste lo que cueste por intereses geopolíticos y económicos de las multinacionales, ya que arrastra desde su origen, según denuncia la Campaña No a los TCI “una fuerte contestación social por sus impactos previsibles, en ambos lados del Atlántico, sobre la agricultura familiar campesina, los derechos laborales, la seguridad alimentaria, el deterioro de los servicios públicos y la aceleración de la deforestación en América Latina”.
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