El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos ha emitido la sentencia de fecha 17 de marzo de 2026 estimatoria del recurso contencioso administrativo interpuesto por Ecologistas en Acción de Segovia contra la aprobación de un Estudio de Detalle aprobado por el Ayuntamiento de Cerezo de Arriba. Provincia de Segovia, a solicitud de la empresa propietaria de la Estación de La Pinilla, La Pinilla Management Corporation S.L., para la edificación de las primeras diez viviendas unifamiliares en el núcleo urbano de La Pinilla.

El objeto del estudio de detalle era edificar 10 chalets en parcelas de unos 200 m2 sobre una subparcela de 3.000 m2 de suelo urbano consolidado.

El Tribunal acepta los motivos alegados en la demanda y anula el Estudio de Detalle por:

1. La Pinilla no justifica de suficiencia de agua y hay un informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Duero. Motivo de anulación, a pesar de estar clasificado como suelo urbano consolidado, aunque el Tribunal pone en cuestión esta categoría de suelo urbano sea la que corresponde a su situación física.
2. El carácter determinante y desfavorable del informe de la Confederación, que exigía adaptar/construir con carácter urgente unas instalaciones de depuración adecuadas para la urbanización obligaba a emitir una Informe ambiental estratégico desfavorable y, sin embargo, el Informe Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente fue favorable
3. Existencia de parcelación ilegal en fraude de ley bajo la figura de la propiedad horizontal tumbada, con accesos privados.
4. Agotamiento y superación de la densidad máxima de viviendas por hectárea preexistentes en la finca matriz (100 viv/ha)
5. Infracción del período de información pública: un mes, en lugar de los dos preceptivos.
6. Tipología de vivienda unifamiliar prohibida en la parcela.
7. No aportar alternativas en el estudio de impacto ambiental

Este Tribunal ya había suspendido cautelarmente la ejecución del Estudio de Detalle el 6 de junio de 2025, pero la propietaria arrasó el pinar existente en la parcela aprovechando el gran incendio de la sierra de Ayllón del final del verano de ese año.
La sentencia es relevante por cuanto paraliza de hecho cualquier desarrollo urbanístico futuro en la Estación de La Pinilla, tanto en suelo urbano como en suelo urbanizable.

También es relevante porque, por falta de agua, se impide la construcción una parcela clasificada como suelo urbano aparentemente consolidado. El agua se utiliza sin concesión legal alguna, incluso para la creación de nieve artificial sobre las pistas de esquí.

Por último, es relevante, porque desenmascara un fraude de ley consistente en parcelar mediante propiedad horizontal tumbada, esto es, sin creación de parcelas independientes, sino por asignación de exclusividad de uso de cada parcela.

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El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Huelva ha acordado la suspensión cautelar provisionalísima de las obras del Proyecto de Urbanización del Sector SUS C-2 “Nuevo Rompido Este”, promovido en el término municipal de Cartaya y vinculado al desarrollo inmobiliario impulsado por la promotora vasca Loiola.

La resolución judicial, dictada el 17 de marzo de 2026, estima la solicitud presentada por la Federación Ecologistas en Acción de Huelva y ordena la paralización inmediata de cualquier actuación de tala, desbroce, arranque de vegetación, movimiento de tierras o alteración del terreno en el ámbito afectado por el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartaya de 8 de mayo de 2025, por el que se aprobó definitivamente el proyecto de urbanización.

La medida ha sido adoptada con carácter urgente y sin oír previamente a las partes demandadas, al apreciar el juzgado la concurrencia de circunstancias de especial urgencia. En particular, la jueza considera que la continuidad de los trabajos podría hacer perder la finalidad legítima del recurso contencioso-administrativo interpuesto, dado que los daños ambientales denunciados podrían resultar irreversibles.

Según recoge el auto, de no suspenderse la ejecución del proyecto “el recurso perdería su finalidad dado que, una vez dictada la sentencia, aun resultando estimatoria, la zona habrá desaparecido y perdido su valor botánico y ecológico, siendo difícil revertir la situación a su estado anterior”.

El informe pericial aportado por Ecologistas en Acción acredita que desde el 24 de febrero se habrían ejecutado actuaciones sobre una superficie aproximada de 50.000 metros cuadrados, incluyendo la tala de más de un centenar de pinos adultos (Pinus pinea), la eliminación de matorral mediterráneo y la alteración física del suelo mediante maquinaria pesada. La resolución judicial subraya que estos daños no son fácilmente reversibles y que su continuación ampliaría la superficie afectada.

El juzgado destaca, además, la relevancia constitucional de la protección ambiental, recordando que el artículo 45 de la Constitución impone a los poderes públicos el deber de velar por la conservación del Medio Ambiente, y que en la ponderación de intereses realizada el único riesgo de perjuicio irreparable apreciado es el relativo a los valores ambientales.

La resolución concede ahora un plazo de tres días al Ayuntamiento de Cartaya y a la Junta de Compensación del Sector para formular alegaciones, tras lo cual el juzgado decidirá si mantiene, modifica o levanta la suspensión acordada.

Ecologistas en Acción de Huelva valora positivamente la decisión judicial que considera un paso importante en la defensa de los valores naturales del ámbito afectado. La organización recuerda que su actuación se ejerce al amparo de la acción pública en materia ambiental y reafirma su compromiso de velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística y ambiental en el desarrollo previsto para Nuevo Rompido Este.

La medida cautelar adoptada no prejuzga el fondo del asunto, que deberá resolverse en sentencia, pero implica la paralización inmediata de las actuaciones materiales hasta nueva decisión judicial.

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Ecologistas en Acción, con la colaboración ADTA Ecologistas en Acción Aljarafe, ha presentado alegaciones a un Proyecto de Actuación para la ejecución de una urbanización, supuestamente turística, de 6 hectáreas y 75 bungalós, en plena Cornisa del Aljarafe, en el municipio  de Camas a solo 220 metros de Caño Ronco, pero situada muy cerca de Castilleja de la Cuesta, de la que le separa 450 metros.

Las alegaciones se fundamentan en que no queda acreditado que la actividad tenga interés público o social; ni la procedencia o necesidad de ubicarse en el suelo rural. El uso pretendido es un uso hostelero que debe estar en suelo urbano que esté clasificado como tal y asignado a uso terciario; y no es el caso.

Además, la ubicación proyectada conculca el principio en el que se fundamenta la calificación “Espacios Agrarios de Interés” del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla, destinados a evitar la dispersión de usos urbanos por el territorio para preservar sus valores agrarios y paisajísticos.

Y también se argumenta que, por la misma razón, se infringe el artículo 76 de las Normas del POTAUS.

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• La promotora podría llegar a construir más de 5.000 viviendas, gracias a terrenos forestales que no cumplen la Ley del Suelo, según la Consejería de Fomento.
• Supone que más de la mitad de lo edificable sería gracias al famoso “Teletransporte” que tanto se utilizó en los pelotazos urbanísticos de la época del alcalde Cámara.
• Una de las urbanizaciones se encuentra dentro de un área delimitada por el Plan de Recuperación del Águila Perdicera.

El pasado mes de mayo el pleno de Ayuntamiento de Murcia, con el único voto a favor del Partido Popular, aprobó el avance de la modificación del Plan General de Murcia a propuesta de una conocida promotora urbanística, en las pedanías de Baños y Mendigo, y Corvera. Se trata de tres nuevos sectores ZU-SB-CV5 en Corvera, y ZU-SB-BM13 y ZU-SR-BM14, donde se pretende construir nada menos que casi 9.000 nuevas viviendas en estos “resorts”.

Según cálculos de los ecologistas a partir de la documentación presentada por la mercantil promotora (PROFUSA), la mayor parte de esas viviendas (el 60%, más de 5.000) podrán ser construidas gracias a la cesión como sistemas generales de terrenos forestales que ya están protegidos dentro del Parque Regional de Carrascoy y El Valle, lo cual según esta organización “es un disparate y pura especulación prohibida por la Constitución. El teletransporte genera para los promotores, sin hacer prácticamente nada, plusvalías 100 veces superiores a las habituales. Es el regreso al urbanismo a la carta del anterior alcalde Miguel Ángel Cámara y un falso regalo”. De hecho, la propia Consejería de Fomento del gobierno regional ya paralizó un desarrollo urbanístico similar en término municipal de Murcia, en Sangonera La Verde, debido a que “los terrenos situados dentro del Parque Regional de Carrascoy no cumplen los requisitos vigentes establecidos en el art. 116.1 LOTURM, y no está justificada su incorporación ni siquiera como sistemas generales al ámbito de desarrollo propuesto”. Este desarrollo en Sangonera fue iniciado por esta misma promotora que ahora promueve las tres nuevas modificaciones, si bien posteriormente aparece como impulsora una sociedad mercantil que tiene cerrado el registro mercantil por falta del depósito de las cuentas anuales.

Para la organización ecologista, el colmo de la “desfachatez urbanística” consiste -como sucede en concreto en uno de los tres nuevos sectores propuestos- en que la promotora prácticamente no es propietaria del suelo edificable cuya transformación promueve, pero consigue la edificabilidad gracias a las fincas forestales ya protegidas dentro del Parque.

Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones dentro del trámite urbanístico y medioambiental, denunciando además que uno de los sectores, situado en la pedanía de Corvera (denominado “Cv5”) está íntegramente dentro de una zona protegida por Decreto del Consejo de Gobierno 59/2016, de 22 de junio, por el que se aprueban los planes de recuperación de varias especies de fauna silvestre amenazadas, entre ellas el águila perdicera. Los ecologistas advierten que aprobar la posible urbanización choca frontalmente con esta protección faunística y exigen coherencia al Gobierno regional, que será quien en su caso apruebe las tres modificaciones del plan general: “No se puede estar un día soltando linces con evidentes fines propagandísticos, y al otro enladrillando las áreas protegidas para la fauna silvestre en peligro”.

El concejal Antonio Navarro Corchón informó en su día de la existencia de un informe de la Dirección General de Patrimonio Natural que “ha justificado su idoneidad por el valor ambiental que tienen los terrenos». Los ecologistas indican que han solicitado copia de dicho informe y advierten de que “no consentiremos otra Zerrichera, ni otro Novo Carthago”, aludiendo a estos polémicos desarrollos urbanísticos, ambos fracasados. “Es además irónico que se puedan beneficiar de esta operación los sectores económicos que se oponen a la aprobación de las normativas de ordenación del Parque Natural y que el gobierno regional tiene 30 años bloqueadas”, insisten los ecologistas.

También piden que la tramitación de estas modificaciones se suspenda mientras se tramita el nuevo Plan General de Murcia, ya que en su opinión se está tratando de eludir los cambios que sin duda se avecinan. Según responsables de la organización, que el Ayuntamiento de Murcia tramite en estos momentos a la vez tres modificaciones del mismo promotor resulta “altamente sospechoso desde el punto de vista urbanístico, ya que lo lógico sería analizar estas operaciones de acuerdo con los nuevos criterios que favorecen el crecimiento denso alrededor de los núcleos ya existentes, que es donde trabaja la gente: la nueva movilidad y otras infraestructuras provocada por estos desarrollos desaforados será inasumible”.

Ecologistas en Acción ha declarado que “estamos a favor de que las fincas privadas dentro del Parque Regional pasen a propiedad pública, pero no al precio de un desarrollo urbanístico insostenible, especulativo y contrario a la Ley del Suelo, sino como el suelo rústico sin apenas valor monetario que es, según las normas de valoración vigentes”. Justamente hace unos días el Ayuntamiento de Mazarrón ha rechazado la cesión de la isla de Adentro a cambio de otros terrenos mediante una permuta debido a que, según su alcalde, «el valor de la isla es cero», ya que se trata de un espacio natural protegido europeo de la Red Natura 2000, exactamente igual que los terrenos forestales que se quiere vincular a las nuevas urbanizaciones en tramitación.

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Ecologistas en Acción Sierras de la Comunidad de Madrid advierte sobre un proyecto irrespetuoso de viviendas colaborativas de lujo que se pretende levantar en la cumbre del Monte de La Serranilla, en Guadarrama, junto a los términos de Los Molinos y Collado Mediano, así como del enorme impacto ambiental y paisajístico que tendría y de la pretensión de levantarlo sin infraestructuras adecuadas ni alcantarillado.

Ecologistas en Acción informa que ha tenido conocimiento de este proyecto a través de la página https://residencialguadarrama.es/, en la que se publicita un “Luxury Cohousing” en bloques de tres pisos, más lo que parece ser una residencia para mayores, justo en la cumbre del Monte de La Serranilla, a 1.078 metros de altitud. Ese complejo tendría un impacto brutal sobre el paisaje, al ser una construcción en altura que se haría notar desde una amplísima cuenca visual, además de que implicaría la destrucción del denso bosque de miles de encinas (chaparras) que lo cubre.

Ecologistas en Acción explica que en el folleto propagandístico de ese proyecto se informa que el “cohousing” (vivienda colaborativa) tendría 36 viviendas (áticos y apartamentos), un restaurante, sala de té y cafetería, salones, una sala de cine, gimnasio, piscina climatizada, sauna y spa, pista de pádel, guardería para perros, lavandería, tienda, peluquería, capilla, consulta médica y enfermería, sala de rehabilitación, solárium, zonas de ocio, etc., a lo que, según aparece en los dibujos, estaría añadida también una residencia para mayores. Es decir que se trataría de un enorme complejo de edificaciones que se publicita para disfrutar del paisaje y de la tranquilidad de la Sierra, mientras se atenta contra ambos valores.

Ecologistas en Acción considera que, por interés general, debe prevalecer la calidad ambiental y paisajística de esa cumbre, por delante del uso lucrativo, e informa que esa zona está dentro de una Reserva de la Biosfera y en el Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, rodeada de zonas forestales de la Comunidad de Madrid y lindante con un Monte Preservado y cercana a un Hábitat Natural de Interés Comunitario. El Cerro de La Serranilla está calificado por la Comunidad de Madrid como un área de Alta Calidad de Paisaje y Alta Fragilidad del Paisaje.

Asimismo, en dicha cumbre y en todo el cerro, existe una destacada red de fortificaciones de la Guerra Civil, que han sido documentadas por especialistas de tanto renombre como Jacinto Arévalo y otros estudiosos del Grupo de Estudios del Frente de Madrid, y que están protegidas como Bienes de Interés Patrimonial, de acuerdo a lo que establece la Disposición Adicional Tercera de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.

Ecologistas en Acción informa también que, de acuerdo al artículo 14 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, esa zona no puede considerarse suelo urbano, pues carece de alcantarillado, aceras y acceso rodado adecuado al tráfico que generaría ese complejo en una urbanización de calles muy estrechas y empinadas. Considera también que los niveles de protección del entorno no permiten que se construyeran en esa cumbre las enormes fosas sépticas que se necesitarían para albergar las aguas fecales y servidas que produciría ese gran complejo lo que, además de una fuente de olores, riesgos y posibles vertidos contaminantes, generaría un tráfico cotidiano de grandes camiones para extraer los fluidos de las fosas sépticas y llevarlos a una depuradora.

Ecologistas en Acción informa de que el ámbito en el que se pretende construir el complejo está dentro de una urbanización de los años setenta del siglo pasado, carente de viales adecuados, de aceras y de alcantarillado, y que las parcelas donde se quiere edificar están calificadas como suelo dotacional por la normativa urbanística vigente en Guadarrama (Normas Subsidiarias de 1985) por lo que no se pueden construir allí viviendas, aunque una reciente normativa de la Comunidad de Madrid (Resolución 940/2022, de 1 de marzo, de la Dirección General de Evaluación, Calidad e Innovación, por la que se establecen los criterios que han de regir el régimen de autorización de viviendas colaborativas para la promoción de la autonomía personal y la atención a la dependencia de personas mayores) permite, con determinadas condiciones, instalar ese tipo de viviendas “colaborativas” para mayores, sin que se puedan adquirir en propiedad, sino solo en usufructo o alquiler, con la condición de que “El número de personas residentes que hayan alcanzado la edad de jubilación deberá superar el cincuenta por ciento del total, y las que no reúnan esta condición deberán tener una edad igual o superior a cincuenta años. No obstante, podrán residir en el centro personas con una edad inferior a cincuenta años, siempre que convivan en la misma vivienda colaborativa con, al menos, una persona residente de edad igual o superior a cincuenta años, y siempre que se respete, en el cómputo global del centro, el porcentaje mencionado” (Apartado Segundo de la Resolución citada).

Por otro lado, en el folleto propagandístico de los promotores se plantea que se buscan personas que adquieran esas viviendas que podrían alquilar a aquellas que cumplan las condiciones, lo que indica que el grupo promotor pretende juntar recursos de “inversores” para poner en marcha esa iniciativa, bien por estrategia empresarial o bien porque carece de recursos propios para realizar la urbanización del ámbito
(Ver anexo).

Ecologistas en Acción hace un llamamiento a los grupos municipales del Ayuntamiento de Guadarrama, así como a los de Los Molinos y Collado Mediano, y a los vecinos y vecinas de estos municipios a que se opongan a este despropósito ambiental y paisajístico.

Anexo Cohousing La Serranilla

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Houda Akrikez, presidenta de la Asociación Tabadol y mediadora cultural, es de una de las personas más visibles y más luchadoras contra el desmantelamiento de la Cañada Real en Madrid. Hace unos días, lideró una marcha hasta su barrio en la que participaron unas 3.000 personas.

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Este artículo ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.

Hace unos días murió el famoso arquitecto Frank Gehry, premio Pritzker y autor, entre otros, del Museo Guggenheim de Bilbao. Su lamentable desaparición podría suponer una oportunidad para reflexionar sobre los efectos que dicho equipamiento generó y el papel que las ciudades en el capitalismo contemporáneo juegan en nuestras sociedades. Sí, porque caminar por una ciudad ya no significa simplemente desplazarse de un punto a otro: significa atravesar espacios concebidos por urbanistas y administraciones públicas en aras de ser mercantilizados, capas de promesas, marketing urbano y disputas de sentido y clase, en definitiva, una especie de pasaje contemporáneo de un tratado sobre la espectacularización del espacio público. Desde la academia se ha denominado a este tipo de intervenciones efecto Guggenheim; un efecto que transformó un espacio basura en un ornamento urbano, aunque sin preguntar para quién, y a cambio de qué.

Porque la ciudad, en el fondo, no es solo un conjunto de calles y edificios: la ciudad es el depositario de la sociedad urbana, de lo urbano, que denominara Henri Lefebvre, un conjunto complejo de memorias compartidas e intereses enfrentados. Cuando ese conjunto se rompe, cuando los museos —templos del turismo cultural— se elevan como tótems en medio de barrios que alguna vez fueron hogares o antiguos espacios industriales —no escenografías—, lo que se produce es una traición a la ciudad. La gran obra no ilumina, seduce: promete transformación, verticalidad, globalidad, pero también distancia social. Es una promesa dirigida a quienes tienen poder adquisitivo, a esos turistas que cruzan fronteras sin pisar vulnerabilidad; a las clases medias.

Detrás de esas obras de arquitectura icónica, auténticos contenedores culturales, hay siempre un cálculo político. Porque una obra faraónica —ya sea un museo de renombre internacional, una torre vanguardista o una intervención arquitectónica de efecto mediático— no solo ordena ladrillos, sino que reconfigura mercados, revaloriza suelo, atrae inversiones y legitima privilegios estéticos y simbólicos. La ciudad deviene mercancía, y la arquitectura colabora con el escaparate urbano.

Esta lógica invita a abrir los ojos: no hablamos de una simple renovación urbanística, sino de una transformación profunda del sentido mismo de lo que consideramos urbano. Los barrios ya no son lo que eran; se convierten en escenarios pensados para consumir: consumir identidad, consumir experiencias, consumir asfalto convertido en nostalgia editable. Los viejos vecinos se esfuman. Llegan visitantes de paso. La ciudad espectáculo avanza y la memoria colectiva se erosiona.

Y mientras tanto, se inicia un nuevo ciclo de expulsiones: precios de alquiler que suben, comercios de proximidad que cierran, rituales cotidianos que desaparecen. Lo que antes era cotidianidad se disuelve en la bruma del turismo sofisticado y la gentrificación urbana. Porque lo que vale ya no es el uso, sino la apariencia; no la comunidad, sino la postal.

Alguien podría decir que estos proyectos traen prestigio y dinamismo. Pero la pregunta persiste: ¿para quién se produce ese prestigio? ¿Para la ciudad real o para la ciudad mercancía? Numerosos estudios han demostrado que esta transformación no es casual, sino parte de un modelo de urbanismo neoliberal que convierte la ciudad en vehículo de acumulación simbólica y rentista.

El fallecimiento de Gehry invita a recuperar una pregunta sencilla pero urgente: ¿qué tipo de ciudad queremos construir? ¿Una ciudad pensada para el turismo y el capital o una ciudad como espacio de vida? Porque cuando la arquitectura solo quiere atraer visitantes, acaba expulsando vecinos. Y cuando se vacía el derecho a la ciudad, lo que se pierde no es solo el barrio, sino la posibilidad misma de habitarlo.

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