“Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Donald J. Trump, está mostrando un patrón reconocible de prácticas autoritarias y de erosión de los derechos humanos”. Con esta frase inicia la organización Amnistía Internacional su informe Suena la alarma: aumento de las prácticas autoritarias y erosión de Derechos Humanos en Estados Unidos, publicado con motivo del primer aniversario del segundo mandato de Trump.

Este documento hace un repaso por las doce alarmas que alertan de las prácticas de Trump, entre las que destacan los ataques a los medios de comunicación y a la libertad de expresión, las amenazas a las universidades y docentes, las coacciones al sistema judicial y al Estado de derecho, la normalización de la militarización y del control a través de la inteligencia artificial, así como el señalamiento de comunidades específicas, el aumento de políticas que marginan a grupos vulnerables y las deportaciones masivas.

“Los esfuerzos de la administración Trump por intimidar, silenciar y castigar a manifestantes y críticos, restringir a la prensa y reconfigurar el acceso a la información, y erosionar sistemáticamente el Estado de derecho están creando una emergencia de derechos humanos”, insisten. Desde Amnistía advierten que han visto “a dónde conduce este camino cuando se castiga la disidencia” pero también subrayan que “la deriva no es inevitable”.

Por eso, el informe incluye recomendaciones que animan a la sociedad civil a movilizarse para “salvaguardar el espacio cívico, restablecer las garantías del Estado de derecho y evitar la normalización de la represión”. 

Sin voces críticas

Los medios de comunicación están en el punto de mira. A menudo son atacados verbalmente en las ruedas de prensa de Donald Trump, quien incluso les amenaza con retirarles acreditaciones -y de ese modo el acceso a información- y financiación. Esta última configura la supervisión periodística del gobierno permitiéndole «controlar el mensaje y desalentar la cobertura crítica”, escribe Amnistía Internacional.

Otro ejemplo de condicionar las voces críticas es el de Mario Guevara, periodista con 20 años de trayectoria en Estados Unidos, detenido por el ICE el pasado junio mientras transmitía en directo las protestas del No Kings Day contra las redadas de inmigración en el estado de Georgia. Guevara contaba con un permiso de trabajo y una “suspensión administrativa” de órdenes de deportación. Sin embargo, las autoridades migratorias reabrieron su caso tras arrestarle por cargos de tres delitos menores: reunión ilegal, obstrucción y ubicarse como peatón en la calzada. Según informó The Guardian, se trata de uno de los periodos de encarcelamiento más prolongados de un periodista detenido por su labor profesional en la historia de Estados Unidos. Y es tan solo uno de los casos que muestra el viraje de la administración pública hacia prácticas más autoritarias.

Aunque el foco de Trump no está solo puesto en los medios de comunicación sino en cualquier voz crítica. A través del programa “Catch and Revoke” (“Capturar y revocar”) -que combinaba el monitoreo de redes sociales, el seguimiento del estatus migratorio y evaluaciones automatizadas de amenazas para revocar visas de manera masiva-, la administración Trump detuvo y trató de deportar a estudiantes que expresaron opiniones y participaron en protestas, en particular, con los derechos del pueblo palestino. 

Al inicio del mandato presidencial, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que había revocado las visas de al menos 300 estudiantes y visitantes, alegando que esas personas habían participado en “actos de vandalismo en universidades, acoso a estudiantes, ocupación de edificios y alteración del orden”.

Un ejemplo es el de la activista palestina Leqaa Kordia, detenida por primera vez en marzo de 2024 en una manifestación de solidaridad con Gaza en la Universidad de Columbia. Los cargos en su contra fueron desestimados, pero en marzo de 2025 la volvieron a arrestar cuando se presentó a una cita de control del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

«El presidente Trump ataca a quienes imparten la docencia y la forma en la que lo hacen. Ataca a la libertad de expresión, la autonomía institucional y la gobernanza compartida, y esto amenaza con socavar la solidez de la educación superior estadounidense que hasta ahora presumía de independencia frente a la interferencia política», denunciaba Lynn Pasquerella, presidenta de la Asociación Estadounidense de Colegios y Universidades, en RTVE.

El sistema judicial maniatado

Abogados particulares, bufetes y asociaciones de abogados fueron amenazados con investigaciones y sanciones por llevar a cabo su trabajo. También algunos fiscales han sido despedidos, como Michael Ben’Ary. Con más de 20 años de experiencia, fue relevado de su puesto mientras estaba trabajando en un caso de terrorismo que el propio Trump había mencionado en su discurso al Congreso. ¿El motivo alegado? Se difundió que había trabajado con Lisa Monaco, una figura clave en la administración de Joe Biden, y que supuestamente había sido parte de una «resistencia interna» contra Trump.

Los ataques verbales del presidente Trump contra jueces también han sido habituales. Incluso el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, reprendió públicamente a Trump después de que este solicitara el juicio político contra el juez Boasberg -quien supervisa un litigio contra Trump que impugna la implementación de la Ley de Enemigos Extranjeros-. 

Como informó Reuters, el presidente Trump atacó al menos a 470 personas, instituciones y grupos mediante despidos, suspensiones, investigaciones y la revocación de autorizaciones de seguridad. También los amenazó con investigaciones o sanciones, incluida la congelación de fondos federales.

Expulsiones masivas y asedio a las personas migrantes

La aceleración de las detenciones masivas y las deportaciones aterroriza a las comunidades y crea una narrativa deshumanizante. “Paraliza la vida cotidiana: las familias evitan la escuela, la atención médica y los servicios básicos por miedo”, explican en el informe. “Desde el primer día, la administración Trump impulsó una agenda anti-migrante y anti-refugiados, implementando órdenes ejecutivas racistas y xenófobas que deshumanizaban y criminalizaban a los migrantes y a las personas que buscaban seguridad”. 

El sistema de detención masiva de inmigrantes se expandió, manteniendo a miles de personas en instalaciones superpobladas. Se construyeron nuevos centros de detención financiados por el Estado, como “Alligator Alcatraz” y Krome, en Florida. En ambos centros se ha denunciado trato cruel, inhumano y degradante.

La expulsión masiva de migrantes y solicitantes de asilo venezolanos mediante la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros el 15 de marzo de 2025 -se había utilizado por última vez para detener a más de 120.000 estadounidenses de origen japonés en campos de internamiento en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial- es una de las violaciones de los derechos humanos señaladas por Amnistía Internacional. Para Trump es tan solo la respuesta a una «invasión» que motivó el uso extraordinario de una ley de tiempos de guerra. 

Un ejemplo del uso de esta ley es el caso del venezolano Andry Hernández Romero, quien fue deportado acusado de ser miembro de la banda criminal Tren de Aragua. Después de esto, fue detenido durante cuatro meses en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador. Su deportación fue una más de las 200 hechas a sus compatriotas sin antecedentes penales.

Además, la administración Trump ha puesto fin al Estatus de Protección Temporal para muchas nacionalidades.

El control como objetivo: militarizado o con IA

El uso de los recursos militares para las protestas bajo el pretexto de combatir la delincuencia urbana se ha hecho “con el fin de apoyar una aplicación agresiva y a menudo ilegal de la ley migratoria”, denuncia el informe. El patrón de despliegues puso sobre la mesa la relación entre delincuencia y raza. Seis de las nueve ciudades donde el presidente Trump amenazó o desplegó a la Guardia Nacional tenían un alcalde negro y una gran población negra y latina. 

Pero el control no llega solo por la fuerza sino que el monitoreo de las redes sociales es otra de sus herramientas. La IA Babel X, proporcionada por Babel Street, y el sistema operativo Immigration OS de Palantir, permiten la vigilancia masiva de las redes sociales de millones de personas bajo la potencial amenaza del «terrorismo».

Además, Trump también ha recortado la financiación de las instalaciones y programas de atención reproductiva, forzando el cierre de clínicas -según el Gender Equity Policy Institute, las mujeres embarazadas que viven en estados que prohibían el aborto tenían casi el doble de probabilidades de morir-. Asimismo, ha atacado los derechos y la atención LGBTI, en particular de las personas transgénero, firmando una orden ejecutiva para “restaurar la verdad biológica”, definiendo el sexo como una “clasificación biológica inmutable como masculino o femenino”.

«Estamos presenciando una escalada alarmante de la represión patrocinada por el Estado y el abandono del estado de derecho y las normas de derechos humanos en todo el mundo», dice Erika Guevara-Rosas, directora sénior de Investigación, Políticas, Incidencia y Campañas, en el informe. Aunque el gobierno de Estados Unidos se había posicionado durante mucho tiempo – al menos en teoría- como un defensor mundial de los derechos humanos, la administración Trump ha hecho que Estados Unidos dé marcha atrás retirándose de acuerdos y organismos globales cruciales en materia de derechos humanos.

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Octavio Alberola
 
Aunque la historia oficial fija el inicio de la Revolución Cubana con la entrada triunfal de los Barbudos en La Habana el 1 de enero de 1959, no es hasta el 16 de abril de 1961 que Fidel Castro declara el carácter socialista de esa Revolución. Pero la realidad de la vida cotidiana de los trabajadores cubanos ha desmentido desde entonces el pretendido objetivo emancipador de esa revolución. No solo por ser el socialismo castrista una simple expresión caribeña del socialismo soviético -en realidad capitalismo de Estado- sino también por ser una excusa dialéctica de Fidel Castro y la burocracia castrista para apoderarse y mantenerse en el Poder.

Más allá de los discursos y proclamas, la realidad es que esa Revolución no ha intentado cumplir en ningún momento la promesa de erradicar la explotación capitalista ni suprimir las diferencias de clase. Por eso en Cuba los turistas y los cubanos con dólares han podido disfrutar de todo, mientras la mayoría ha vivido en la escasez y algunos hasta en la miseria desde los primeros tiempos de la Revolución hasta ahora, como lo han podido comprobar todos los que han viajado a Cuba (1) a lo largo de estos 62 años de Revolución.

Una realidad agravada durante el "Periodo Especial" -provocado por el derrumbe de la Unión Soviética- en el que los cubanos no podían entrar, y aún menos comprar, en las Diplotiendas. Esa práctica de apartheid, que llegó a abarcar mercados, hoteles, hospitales y centros de recreación, además del apartheid político. Una práctica autoritaria constante de la Revolución que ha impedido todos los cambios propiciados -desde el interior como del exterior de ella- para democratizarla y hacer posible un socialismo verdaderamente emancipador. De ahí que los únicos cambios producidos hayan sido solo los necesarios para que todo siga siendo lo mismo y sin alterar la tradicional relación entre la élite y la sociedad.

Límites y dirección de los cambios

No es pues de sorprender que los cambios -que comienzan a producirse en la década de los noventa por la caída del campo socialista y más desde que Fidel deja en 2006 la dirección del Estado a su hermano Raúl- se hayan concentrado en la esfera económica para abrir mayores espacios al mercado en la asignación de recursos. Pero solo para eliminar las excesivas prohibiciones que saturan la vida cotidiana y la administración en la Cuba "socialista", obligando a la mayor parte de la población a refugiarse en un sinnúmero de practicas sociales de supervivencia y simulación. Sobre todo durante los años del Periodo Especial; aunque el triunfo de Chávez en Venezuela incita a las autoridades cubanas a volver a privilegiar el modelo centralizado y estatizado.

Una vuelta al centralismo y a la letanía del socialismo estatista que entra de nuevo en crisis en julio de 2006 con la virtual desaparición de escena de Fidel -por graves problemas de salud- y su reemplazo provisional por su hermano Raúl, consciente de la critica situación económica y de apatía social reinantes en Cuba pese a los alegres subsidios venezolanos. Una situación, difícil de mantener, que le obliga a apelar al cambio y convocar en 2007 un "debate popular" de para fijar los Lineamientos de la Política Económica y Social de Cuba. Un debate intrascendente, pero necesario, para justificar el alcance y ritmo de los nuevos cambios que Raúl anuncia en su discurso de investidura: "En diciembre hablé del exceso de prohibiciones y regulaciones, y en las próximas semanas comenzaremos a eliminar las más sencillas".

Efectivamente, en marzo se eliminan las prohibiciones más "sencillas" y absurdas para que los cubanos puedan alojarse en cualquier hotel de su país, alquilar un vehículo o una moto de turismo y pasar sus vacaciones en un establecimiento turístico de la isla, incluido Varadero (en función de sus recursos), así como vender una propiedad sin autorización previa. Pero no es hasta 2011 que las autoridades deciden dar un nuevo impulso a la actividad por cuenta propia aprobando 181 actividades, y dos años después 201 oficios más, además de autorizar a los cubanos a salir legalmente del país por dos años sin perder el derecho de residencia. Un reformismo gradual que alcanza un nuevo hito con las nuevas medidas migratorias, de 2016 y 2018, facilitando las visitas temporales de los cubanos que salieron ilegalmente del país antes de 2013.

Hitos reformistas y aperturistas a los que hay que agregar el nuevo plan de medidas económicas anunciado por el actual Presidente de la República, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, avalado por Raúl en tanto que presidente del PCC desde que le cedió la Presidencia del Estado el 10 de octubre de 2019.

Un Plan que, además de la "unificación monetaria y cambiaria", y de eliminar la lista de actividades permitidas en el sector privado, dejándolas vedadas a solo 124 ocupaciones, se aplicará "sobre la base de garantizar a todos los cubanos mayor igualdad de oportunidades, derechos y justicia social, la cual no será posible mediante el igualitarismo, sino promoviendo el interés y la motivación por el trabajo".

La deriva de la Revolución hacia el capitalismo privado

Ante un tal balance, de los límites y la dirección en que han ido los cambios en Cuba, ¿cómo no concluir que la Revolución socialista cubana es cada vez menos socialista (capitalismo de Estado) y de más en más capitalismo privado?

Una deriva decidida por esa dirigencia frente a las propuestas y tentativas -del interior como del exterior del movimiento revolucionario- para democratizar y orientar el proclamado socialismo de esa Revolución hacia objetivos realmente emancipadores. Propuestas y tentativas rechazadas y reprimidas con igual o mayor celo que el puesto en rechazar y reprimir las de la derecha exiliada en Miami para volver a instalar en Cuba la democracia burguesa.

Una deriva que el nuevo Plan de Diaz-Canel pretende justificar con la invocación de la "eficiencia económica" y la "eliminación de subsidios excesivos y gratuidades indebidas" para poder justificar cínicamente la "transformación de los ingresos" y celebrar en "familia" el nuevo año y el 62 aniversario de la Revolución en función de las potencialidades de cada bolsillo: unos en palacetes y otros en chozas, como en cualquier país capitalista.

Las perspectivas

A pesar de los frecuentes retrocesos en la historia y de que nada permite asegurar si ella tiene un sentido, el devenir de ella parece ir hacia horizontes cada vez más democráticos y emancipadores; pero, en Cuba, nada indica que las perspectivas inmediatas sean ésas.

Sea por el efecto de los cambios producidos durante los 62 años de la Revolución o por la represión (en algunos casos extrema) de la disidencia y el éxodo masivo provocado por la imperiosa necesidad para la mayor parte del pueblo cubano de buscar cómo sobrevivir en un país en donde todo depende del Estado, en Cuba no se ha podido articular una oposición capaz de ser una alternativa real al régimen. Y aún más en estos momentos con un espectro político tan fragmentado y polarizado.

Por ello, aunque en un tal contexto se produzcan explosiones sociales y haya mucha frustración y descontento, el cada uno a lo suyo impide a las oposiciones que se manifiestan ser perspectivas realmente emancipadoras para la sociedad cubana. Tal es el caso del Movimiento de San Isidro y las movilizaciones para exigir diálogo a las autoridades, como también el de la última protagonizada por 300 cubanos -de diferentes estratos profesionales e ideológicos residentes en Cuba o en el extranjero- enviando una "Carta abierta al Presidente Joseph R. Bilden, Jr." para pedirle poner fin al bloqueo de Cuba. Una Carta, publicada por La Joven Cuba, en la que, a pesar de reconocer que "EE UU no es el único responsable de los problemas que enfrenta el país" y que aún se está lejos de "una Cuba totalmente democrática", no se dice claramente (aunque algunos de los firmantes lo reconozcan en lo privado) que es el bloqueo interno el que impide solucionar esos problemas y conseguir ese objetivo. Además de que ninguna de estas iniciativas cuestiona la deriva del capitalismo de Estado imperante en Cuba hacia el capitalismo privado. Deriva que, además de ser promovida por el sector empresarial de la Revolución, es el principal reclamo de la Oposición derechista de Miami.

De ahí que, por mucho ruido mediático que se haga en torno de tales iniciativas, no sea a partir de ellas que se abrirán perspectivas emancipadoras o siquiera democratizadoras para el pueblo cubano. No solo por no serlo la deriva hacia el capitalismo privado sino también por ser esta deriva compatible con el mantenimiento de la dictadura. Pues, aunque se dice frecuentemente que capitalismo rima con democracia, la verdad es que hay muchos ejemplos de que rima muy bien con dictaduras de todo tipo.

Ante tal evidencia, la única perspectiva es la del statu quo revolucionario autoritario, del gobierno de Partido único, con extensión de la economía empresarial a todos los sectores de la actividad económica (salvo los 124 prohibidos), en un proceso gradual controlado por la élite que no ha cesado de controlar el gobierno y el partido durante los 62 años de la pretendida "Revolución cubana".

Claro que ser consciente de ello no impide seguir deseando una "sociedad donde todos los asuntos públicos sean resueltos mediante la auto-organización de quienes convivimos, trabajamos, creamos y amamos, en Cuba y el planeta", como lo desean los libertarios cubanos (2). Una sociedad "donde no exista el trabajo asalariado, la imposición de la autoridad, el culto de la personalidad, las diversas violencias directas, estructurales ni simbólicas, la hiper-competitividad, el burocratismo, las decisiones en manos de una élite, la concentración de la riqueza y la apropiación desigual del conocimiento", como la que deseamos y por la que luchamos todos los libertarios del planeta. Pues, a pesar de que "el actual deterioro organizativo de la clase trabajadora y los segmentos más precarizados de la sociedad cubana" y del mundo vuelven irrealista un tal deseo en un futuro inmediato, la historia de los pueblos no ha cesado de demostrar que nada está escrito definitivamente para siempre y que, por consiguiente, no es utópico desearlo. Además de ser cada vez más necesario avanzar hacia ella -por razones de justicia social y de supervivencia de la humanidad frente a las actuales amenazas sanitarias y medioambientales- en todos los países del planeta ante el catastrófico fiasco del capitalismo privado y de Estado.

Notas:
 
(1)https://www.fifthestate.org/archive/383-summer-2010/cuba-state-private-capitalism/

(2) https://www.portaloaca.com/opinion/15348-sobre-el-comunicado-del-taller-libertario-alfredo-lopez-de-la-habana.html

[Tomado de http://rojoynegro.info/articulo/ideas/cuba-la-econom%C3%ADa-cambia-el-estado-autoritario-sigue.]