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El Congreso sigue sin aplicar medidas contra la violencia digital presentadas por Pikara Magazine en 2018
Los últimos ataques denunciados por políticas o comunicadoras como Tesh Sidi, Cristina Fallarás, Laura Arroyo o Sarah Santaolalla evidencian que se sigue sin dar respuesta a la violencia organizada contra mujeres visibles. La revista, junto con la jurista Laia Serra, ya analizó este tipo de violencias para darles respuesta.
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La paz es blanca
¿De qué paz hablamos, teniendo en cuenta que la violencia es constitutiva del sistema capitalista colonial?
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Aumentar el gasto militar, ¡un peligro!
Cuando se pretende justificar el aumento del gasto militar con el argumento de que es una de las piezas clave del fortalecimiento del proyecto europeo, cuando se relaciona dicho aumento con la modernización y reestructuración de la economía… cuando se razona en esos términos se abre una puerta que será, que ya es, muy difícil cerrar.
Porque, sin que haya existido un debate en condiciones –¿para qué debatir lo que resulta obvio?–, con estos planteamientos se pretenden cargar de razón los que defienden un crecimiento sustancial del gasto militar.
Abundan los pronunciamientos en esa dirección. El primero. En una entrevista reciente publicada en El País (12 de febrero), Anders Fogh Rasmussen (antiguo secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN) señala: “Tenemos que poner a nuestras economías en pie de guerra… las fábricas de automóviles deberían aprovechar su exceso de capacidad para producir armamento”. Otro. En un artículo publicado en el mismo diario (13/09/2025) Josep Borrell se manifestaba en estos términos: “La defensa europea debe situarse en el mismo nivel de prioridad que la política energética, la transición verde o la digital. Porque sin seguridad no habrá prosperidad ni libertad”. Y otro más. En una nota de prensa de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, comisario de Economía y Productividad de la Unión Europea, afirma que “la inversión en nuestras capacidades de defensa… impulsará el crecimiento económico, fomentará la innovación y creará puestos de trabajo”.
Tres ejemplos, entre otros muchos, que apuntan en la misma dirección: el aumento del gasto militar es inevitable, inaplazable y positivo. Constituye una pieza esencial, imprescindible, en el proceso de modernización y reestructuración de las economías (incluso en el mantenimiento del gasto social). En consecuencia, hay que apostar fuerte por el mismo, integrándolo en el conjunto de la política industrial y tecnológica.
Una pregunta, para mí obvia y obligada: ¿Cómo se puede hacer una valoración del impacto económico del gasto militar si no se realiza un análisis previo de las necesidades y las urgencias sociales, productivas y climáticas? ¿Dónde está ese debate y también dónde están las políticas económicas y sociales que lo concretan? Responder a estas cuestiones es crucial e ignorarlas o darlas por contestadas es un fraude, una estafa a la ciudadanía.
Porque, lejos de las visiones megaoptimistas y sesgadas, lo cierto es que la economía no va bien para las clases populares en aspectos fundamentales. Una parte sustancial del empleo es de mala calidad y los salarios de muchos trabajadores son bajos, la pobreza se mantiene en niveles elevados, el cambio climático y la degradación de los ecosistemas avanza sin freno y el acceso a la vivienda es cada vez más difícil para una buena parte de la población. Asimismo, el Estado, sus recursos, políticas y marcos regulatorios, constituyen un espacio de disputa estratégica donde los intereses corporativos son cada vez más fuertes, encontrándose los defensores de lo público en posiciones de inferioridad.
En un terreno más concreto, de hecho, el aumento del gasto militar va de la mano de la reducción o estancamiento del gasto social (ya es una realidad) y representa la negación de una eventual agenda climática (que, en realidad no existe). Asimismo, es muy discutible la supuesta porosidad gasto civil/militar y tecnologías de doble uso y, al ser en su mayor parte actividades intensivas en capital, tienen un limitado impacto en el empleo.
En esta breve nota valorando las consecuencias sobre la economía del aumento del gasto militar, es obligado hacer una mención especial al fortalecimiento del denominado complejo militar industrial. Una densa y opaca red donde, además de las firmas fabricantes de armamentos, se dan cita fondos de inversión, grandes bancos, oligopolios tecnológicos, compañías energéticas, medios de comunicación, empresas proveedoras de servicios, grupos de presión…; en definitiva, un actor decisivo y cada vez más relevante, con demostrada capacidad para colonizar instituciones y gobiernos.
Cuestiones en mi opinión trascendentes que merecen un debate ciudadano, que no puede sustituirse por declaraciones grandilocuentes y vacías; un debate con una carga política y social muy importante, que no puede dejarse en manos de los “técnicos” ni de las cúpulas de los partidos y las instituciones. La pregunta que me parece pertinente y que es obligado responder es esta: ¿qué supone en el contexto que acabo de describir brevemente más gasto militar, más militarización?
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El riesgo de depender de los oligarcas-intelectuales del trumpismo
Este reportaje se publicó originalmente en #LaMarea109, dentro del dossier ‘El mundo según Trump’. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para seguir apoyando el periodismo independiente
El mundo se ha transformado tanto en una década que a veces resulta difícil orientarse. Se siente un poco como pasear por Times Square: la sensación de estar atrapado en un filtro de realidad donde toda experiencia de lo nuevo surge como un anuncio, y la noción del tiempo auténtico y genuino se funde en lo frenético del scroll. La jerga tecnopopulista que a veces utiliza la izquierda tampoco ayuda mucho a entender los problemas sistémicos en el presente. ¿Vivimos bajo el «tecnofeudalismo»? ¿Seguimos en el «capitalismo de la vigilancia»? ¿El «capitalismo de plataforma»? ¿El «capitalismo cognitivo»? ¿Acaso el «4.0»? ¿O el «5.0»? ¿Ha acontecido un «tecnogolpe de Estado» invisible ante nuestros feeds? ¿Asistimos a un régimen «tecnoautoritario»? Esperen, ¿pero Internet no era una promesa utópica?
Para responder a estas preguntas de manera seria lo más recomendable es actualizar la famosa frase popularizada por el caso Watergate: «Seguir la pista de las infraestructuras», en lugar de focalizarse en el análisis superficial del discurso de las élites. Eso es lo que ha hecho recientemente la economista italiana Francesca Bria –profesora de la UCL Institute for Innovation and Public Purpose, promotora de la New European Bauhaus de la Comisión Europea, antigua directora de tecnología de Barcelona y fundadora de Decode– en The Authoritarian Stack, un estudio con XOF Research en el que ha participado el periodista de investigación José Bautista. «Los multimillonarios tecnológicos están construyendo una América posdemocrática», indica Bria, que sostiene que Europa será la siguiente pieza en caer. Ya alertó de este riesgo en su anterior investigación, EuroStack, que sitúa la dependencia estructural de las firmas estadounideneses en el centro del debate político sobre la soberanía digital: «Silicon Valley ya no crea aplicaciones. Construye imperios».
La transformación del sector tecnológico en el segundo mandato de Trump, señala Bria en su síntesis para Le Monde Diplomatique, parte de la maduración de lo que Evgeny Morozov denomina «oligarcas-intelectuales». Ahora, los consejos de administración de los fondos diseñan las políticas públicas, no los políticos; también determinan la cultura, estética y arte de nuestro tiempo, y configuran la ideología sobre cómo interpretar las proyecciones tecnológicas futuras.
Inversión, control y política
A diferencia de los intelectuales de antaño, que debatían ideas, la riqueza, ambición y filosofía del capital riesgo determina la realidad mediante la inversión en infraestructura, el control de los medios de comunicación, pero también a través de la influencia política en sectores estratégicos de la administración. «No es una usurpación de las prerrogativas del Estado, sino una forma más rápida de profundizar su alcance», señalaba Morozov en su intervención en READ Barcelona.
Como documenta The Authoritarian Stack, las puertas giratorias entre la Casa Blanca y los proveedores de software militar, Anduril o Palantir, están plenamemte engrasadas. Los lazos son tan fluidos que directamente se ha producido la integración de estas y otras firmas (Meta u OpenAI) en la Armada, donde han desembarcado hasta cuatro ejecutivos tecnológicos.
Por no señalar la llegada al frente de DOGE de Elon Musk, el CEO de SpaceX y Tesla, mimadas por el Gobierno, xAI y X, que inició el giro de Trump hacia el sector privado como solución a los problemas públicos. Los datos de la investigación son concluyentes: al menos 22.450 millones de dólares del dinero de los contribuyentes estadounidenses ha ido a parar al Pentágono, a los servicios de inteligencia o a DOGE.
Básicamente, este dinero se canaliza a través de contratos públicos a dichos proveedores, inflando la rentabilidad de los oligarcas-intelectuales trumpistas, quienes habían invertido en las mismas empresas que ofrecen los servicios de seguridad nacional del Estado.
La máquina del capital es como un bucle perfecto para enriquecer a los nuevos billonarios tecnológicos. «Cada capa refuerza a las demás. La ideología justifica la inversión. La inversión captura el poder estatal. Los contratos construyen la infraestructura, que se vuelve indispensable. Eso genera rendimientos que financian más ideología». Francesca Bria describe así una amplia red que llama «Kingmakers», una fuerza política que influye en las elecciones y en la política exterior estadounidense.
Está compuesta por una amalgama de ultraconservadores radicales cuya doctrina se desarrolla en los think tanks que históricamente han nutrido de ideas a la industria militar del imperio: National Conservatism (NatCon), Edmund Burke Foundation, Heritage Foundation, Cato Institute, America PAC, CNAS, Hudson Institute… Todos, por supuesto, movilizados en torno al Project 25.

El príncipe de la stack es Peter Thiel, cofundador de Palantir, una maquinaria de minería de datos enfocada a la seguridad nacional cuyo valor en bolsa ha pasado de 50.000 millones de dólares hace un año a casi 300.000 millones en la actualidad. Se sienta en la cima de Founders Fund, que maneja 17.000 millones de dólares en inversiones en, por ejemplo, Anduril, Mithrill Capital o Space X. Ahora susurra al oído de J.D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos, pero antes fue el asesor tecnológico de Trump en su primer gobierno, su gran estratega y financiador principal.
¿La línea de puntos? Los ingresos del negocio de Palantir con el Gobierno crecieron un 52% solo en el último trimestre con respecto al año anterior (486 millones de dólares), casi la mitad de los 1.000 millones en ingresos. Entre ellos, InmigrationOS, una tecnología de rastreo diseñada para la caza de migrantes. Thiel también recibe rendimientos de los lazos del Gobierno a través de sus inversiones en Anduril o SpaceX, y en 1789 Capital, lanzada junto a Donald Trump Jr. Canaliza las decenas de millones que llenan el imperio orbital de Musk y la IA militar.
La red también involucra a Marc Andreessen, fundador de Andreessen Horowitz (a16z), una firma de capital riesgo de California, valedora de Facebook, Instagram y Airbnb, entre otras. Tras reunir a toda la clase multimillonaria de Silicon Valley para la campaña de Trump de 2024, Andreessen lidera el fondo American Dynamism, que integra a los «constructores del Estado estadounidense». Desempeña una función similar Alex Karp, CEO de Palantir e ideólogo de las plataformas Foundry y Gotham.
Esta última, diseñada para planificar misiones y ejecutar investigaciones utilizando big data, tiene la fama de haber ayudado a la CIA a encontrar a Bin Laden. Completan el elenco Palmer Luckey, encargado de la «guerra automatizada» en Anduril y Oculus (anteriormente de Meta) y David Sacks, el criptozar, proveniente de la conocida como PayPal Mafia, y ahora con fondos en a16z e inversiones en Anduril y OpenAI. Denominado a sí mismo como «criptonacionalista», Sacks diseñó el GENIUS Act de 2025, la ingeniosa legislación que desregula las industrias del crypto para afianzar la hegemonía del dólar (cualquier transacción estará respaldada por bonos del Tesoro de EE. UU., valores a corto emitidos por el Gobierno estadounidense).
Bajo la bandera de la tecnología patriótica, documenta Bria, este nuevo bloque histórico está construyendo su sistema integrando registros históricamente estáticos (archivos de tráfico, atestados policiales, datos de los servicios sociales, así como historiales de ubicación o mensajes privados) para construir una infraestructura de control y vigilancia planetaria compuesta de nubes, inteligencia artificial, finanzas, drones, satélites: «Las infraestructuras estatales críticas se están privatizando en cinco ámbitos: datos, defensa, espacio, energía y dinero». Estos ámbitos conforman «la arquitectura de la soberanía privatizada», donde el poder político del capital fluye a través de las plataformas corporativas.
Integraciones peligrosas
La pregunta que Francesca Bria lanza a Europa es si puede reconocer esta formación histórica como lo que es y «crear alternativas antes de que la infraestructura de control se arraigue demasiado como para poder desmantelarla». El panorama político que arrojan sus datos no es halagüeño para las democracias liberales.
En Francia, Palantir se ha integrado en el Ministerio del Interior y desempeña funciones de predicción policial y de lucha antiterrorista. Anduril System, incluso, ha sido propuesto en los programas EU Frontext de 2025 para el control de fronteras y la vigilancia de drones. Italia ha desplegado una red nacional conectada mediante Starlink, de SpaceX, y Palantir y Anduril han iniciado negociaciones con el Ministerio de Defensa. En Alemania, el servicio de contrainteligencia utiliza el programa Gotham y Starlink para sus comunicaciones. Muchas de estas empresas se han integrado en los distintos Estados a través de la OTAN y proveen tanto la infraestructura de comunicación de batallas, tecnología de combate y algoritmos de targeting en Ucrania, como las herramientas de machine learning necesarias para procesar los datos de los pacientes del servicio de salud británico.

¿Y España? El riesgo es que el embargo total de armas a Israel termine siendo sorteado por la dependencia nacional de las empresas que participan del genocidio y testan sus plataformas en Gaza, como Palantir o Anduril. «Los países deben bloquear los contratos con estas empresas y dejar de ceder su soberanía, en particular en lo que respecta a los sistemas de misión críticos», aconseja Bria, también miembro del Consejo de Inteligencia Artificial formado por Pedro Sánchez.
La primera adjudicación a Palantir se produjo en 2023 en un contrato negociado sin publicidad valorado en 256.200 euros. Esto abrió la puerta a la adjudicación del análisis de inteligencia del Sistema de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (SIFAS), de 20 millones, catalogada como secreto oficial. También se puede comprobar que el Centro de Inteligencia de esta entidad utiliza la herramienta Gotham. Cuando la secretaria de Estado de Inteligencia Artificial de entonces, Carme Artigas, entregó un contrato de 2 millones a la consultora Deloitte y OdiseIA, Palantir también estaba allí. En la junta directiva de OdiseIA no había ningún representante de la sociedad civil, pero sí figuraba Javier Fernandez-Castañón (que trabaja para Thiel) como director de Salud. Hasta Som Solidaritat, la web de la Generalitat Valenciana del gobierno de Carlos Mazón, fue delegada a los ingenieros de una empresa hostelera y de una filial española de Palantir, tal y como la Generalitat publicó tan solo seis días después de la dana.
En el caso de Elon Musk, el riesgo de quedar atrapados en las redes de la ultraderecha es aún más extremo. España ha lanzado –desde Cabo Cañaveral, Florida– su segundo satélite de comunicaciones de última generación, SpainSat NG-II, a bordo de un cohete SpaceX Falcon 9. Es el programa de defensa espacial más grande y avanzado del país hasta la fecha: Hisdesat Servicios Estratégicos ha invertido unos 1.300 millones de euros del Ministerio de Defensa para proporcionar a Madrid enlaces de comunicación seguros y fiables para «operaciones militares y misiones humanitarias».
Junto con su satélite gemelo, lanzado en enero, prestará apoyo a las Fuerzas Armadas españolas, la OTAN, la red de comunicaciones gubernamentales por satélite de la Unión Europea y a los países socios. Sus instalaciones estarán en Tres Cantos (Madrid). Todavía no se conoce –es secreto de Estado– cuántos contratos existen. Los registros arrojan acuerdos del Ministerio de Defensa con intendencias locales y también otras ramas de la administración, como el SEPI y RTVE. La pregunta sigue latente, ¿corremos el riesgo de vernos atrapados en una stack autoritaria?
Las conexiones son interminables. Pero, dada la vehemencia con la que Trump ha atacado al Gobierno de Sánchez por no alienar su inversión en Defensa con los nuevos intereses militares de las empresas estadounidenses, la pregunta es cuánto tardarían los fontaneros de Vox en acercarse a estos oligarcas-intelectuales para colocar a las Fuerzas Armadas españolas al servicio de Palantir, Anduril o Space X.
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¿El anarquismo entra en conflicto con la "Naturaleza Humana"?
Nathan Goodman
“Sé lo suficiente sobre la naturaleza humana para saber que él [anarquismo] es un concepto ingenuamente defectuoso.”
“La anarquía es una hermosa idea, pero entra en conflicto con la naturaleza humana”.
Los anarquistas estámos acostumbrados a escuchar objeciones como estas sin cesar. Parece que mucha gente está segura de que la sociedad sin Estado construida en torno a principios libertarios de izquierda es incompatible con la naturaleza humana. ¿Pero es esto cierto?
Las investigaciones en antropología e historia confirman la existencia de sociedades estables sin nada que podamos llamar “Estados”. James C. Scott documenta algunos de estos en el sudeste asiático en su libro _El Arte de no ser Gobernado_. También hay evidencia de una sociedad efectivamente apátrida que ha existido con una ley policéntrica funcional durante un período prolongado en Islandia.
¿Qué tal la investigación desde la psicología? Bueno, experimentos en psicología social como los de Milgram y Zimbardo muestran que la jerarquía y la autoridad (que son esencialmente intrínsecas a los estados) crean fuertes incentivos para el abuso. El psicólogo Sharon Presley, resume algunas de las investigaciones sobre la obediencia y la autoridad en https://web.archive.org/web/20161106120508/http:/www.rit.org/authority/futureobedience.php.
¿Qué pasa con la investigación en economía? Bueno, Elinor Ostrom utilizó modelos de teoría de juegos y una extensa investigación empírica para demostrar que las instituciones sociales participativas de base y descentralizadas pueden administrar y gobernar de manera efectiva los recursos de uso común sin regulación estatal. Si bien la propia Ostrom no era anarquista, su investigación demuestra las vibrantes posibilidades del autogobierno e ilumina cómo la organización descentralizada y voluntaria puede construir una acción colectiva sin los problemas de información que afectan a los Estados. La investigación económica que refuerza el caso del anarquismo no se limita al trabajo de Ostrom. Por ejemplo, en el asunto de los Estados, la teoría de la elección pública parte de premisas bastante razonables sobre la naturaleza humana utilizadas por la economía dominante y muestra que los Estados a menudo vienen con incentivos innatamente perversos que los llevarán a comportarse de manera destructiva e irresponsable.
Entonces si miramos la “naturaleza humana” a través de la lente de las ciencias sociales, no es nada obvio a partir de la evidencia que la “naturaleza humana” sea un punto fuerte contra el anarquismo. De hecho, puede proporcionar un argumento sólido a su favor.
[Tomado de https://c4ss.org/content/53979.]
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