Un exhaustivo informe auspiciado por Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluye que el asesinato de la defensora hondureña se produjo en un “contexto de tolerancia, encubrimiento y omisión por parte de agentes estatales y financistas internacionales”. Diez años después del crimen, su recuerdo sigue impulsando resistencias y exigiendo justicia.
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