En estos tiempos críticos, un fantasma asedia a la monarquía constitucional española: el fantasma del franquismo. En el campo de la reacción, cada vez son más las voces que lo reivindican, comprenden o justifican, y su progresión electoral es innegable. Los sectores populares desclasados, al no sentirse amparados por el sistema de partidos, han dejado de creer en los valores liberales y se decantan por el autoritarismo a cara descubierta. El franquismo, en vías de rehabilitación, tiene el viento a favor y vuelve a levantar cabeza sin complejos. ¿Culpa del mal perder de la derecha, que vuelve la mirada a un pasado más confortable para ella? Explicación simplista si cabe, puesto que quien representa políticamente a la dominación no es solo la “derecha”, ni la nostalgia de los orígenes es su principal motivación. Más bien decepción de la clientela votante ante la ineptitud e inoperancia del progresismo de izquierdas o de derechas y pérdida de credibilidad del parlamentarismo. Lo entenderemos mejor si partimos del hecho de que el franquismo nunca fue derrotado. Al contrario, el régimen del 78 “que tanto costó” no fue producto de una victoria, sino de una reforma pactada y llevada a cabo gracias a la mismísima legislación franquista. Se puede decir que fue más hijo del franquismo que del antifranquismo. Hubo continuidad estructural y permanente conexión jurídico-administrativa. Desde el principio, el franquismo estuvo ahí, disimulado en el sistema llamado “democracia” por sus beneficiarios, hasta que la descomposición política y social lo ha sacado del baúl de los recuerdos y lo ha vuelto a poner en la partida, bien como espantajo electoral izquierdista (¡Que viene el lobo!), o bien como estandarte patriotero extemporáneo (¡Arriba España!). ¿Realmente va de democracia? ¿se trata de franquismo sociológico? No, simplemente de capitalismo. Los intereses económicos, las crisis no resueltas y la geopolítica apuntan en dirección al cambio de escenario, esta vez para representar una farsa.

La ley del punto final de 1977 amnistió al franquismo en su totalidad y obvió todo reconocimiento y toda reparación moral a sus víctimas. Ningún partido se preocupó por ellas. El pacto de silencio imposibilitó políticas de memoria oficiales: la primera exhumación de una fosa de fusilados (en el Bierzo) fue cosa de una iniciativa privada en el 2000, más de veinte años después. En el mismo año 77, los Pactos de la Moncloa pusieron fin al movimiento obrero autónomo. Dirigidos y neutralizados por los sindicatos, los obreros nunca volverían a ser una amenaza seria. Eso sí, la simbología democrática se fue imponiendo. A pesar de que todo el aparato político, mediático, judicial, policial, militar y eclesiástico de la dictadura quedó intacto, apenas han quedado restos simbólicos franquistas: el nombre de una calle, alguna placa conmemorativa, un monumento que atrae poco la atención, el Valle de Los Caídos sin la tumba de Franco… Las más de doscientas normas de la dictadura que se han conservado no contradicen el marco constitucional salvo la ley de Secretos Oficiales, que vuelve oscuras las altas instancias estatales, o la Ley del Suelo, constantemente ampliada en el sentido más especulativo. Asimismo, dudoso es el Concordato con el Vaticano, aunque haya sido retocado, o el delito de Secesión establecido en el Código Penal, derogado muy tarde, en 2023.

Lo más preocupante ha sido siempre la propia Constitución, aprobada por diputados mayoritariamente burgueses o de clase media alta, tanto progresistas como conservadores, cuya ambigüedad favorecía desarrollos autoritarios muy evidentes. Su carácter retrógrado y su obsesión por el orden quedaba manifiesto en las leyes de seguridad ciudadana, especialmente la ley “de la patada en la puerta” y la ley “mordaza”; en la introducción subrepticia del Derecho Penal del Enemigo (p.e., la normativa antiterrorista): en la ley de los estados de alarma, de excepción y de sitio, en el régimen carcelario FIES; en la ausencia notoria de una ley de huelga, derecho regulado por un restrictivo decreto preconstitucional (proscripción de piquetes, servicios mínimos abusivos…); en la prohibición de pegar carteles y realizar pintadas, en la práctica imposibilidad de llevar adelante una iniciativa legislativa popular, etc. El “déficit democrático” al que aluden muy post festum algunos críticos benevolentes, resultado de la “reconciliación” entre los franquistas y la oposición, se completó con una cesión de soberanía económica sin precedentes en la dictadura, puesta de relieve con el acatamiento absoluto de las exigencias formuladas por las finanzas internacionales. La excusa fue la integración a la Comunidad Económica Europea. En fin, si alguna vez hubo democracia, en el sentido liberal y parlamentario, es decir, burgués, fue una democracia vaciada, postiza y fraudulenta, tal como comprobaremos al abordar con veracidad la nada edificante Transición consensuada.

El periodo del tránsito de la dictadura a la democracia espuria fue llamado “Transición”, aunque quedaría mejor retratado si lo llamáramos posfranquismo. Fue todo menos ejemplar. Un modelo ibérico de impunidad para genocidas, un ejemplo de amnesia voluntaria culpable, un caso histórico de complicidad protagonizado por equipos cooptados según criterios empresariales y financiados por gobiernos y fondos extranjeros. El resultado final fue un régimen ligeramente reformado por una oligarquía de partidos profesionalizados, que tuvo buen cuidado en confeccionar un relato edulcorado y mirífico de su advenimiento, bautizado por el periodista Guillem Martínez como “CT. Cultura de la Transición”. La serie documental de Victoria Prego sería el ejemplo más fariseo de dicha cultura, nunca superado por los editorialistas, tertulianos y presentadores televisivos. Si la Transición no fue ejemplar, tampoco fue pacífica, pues no contó con la unanimidad de una población pasiva, satisfecha y supuestamente complaciente, sino con una resistencia tenaz que hubo de acallar duramente empleando a fondo a las fuerzas del orden, todavía franquistas. En sus siete años, entre 1975 (muerte de Franco) y 1982 (adhesión a la OTAN), se produjeron más de tres mil hechos violentos que ocasionaron 714 muertos, cifra semejante a la que ocasionaron los “años de plomo” en la Italia de los atentados. Democrático no califica correctamente al régimen nacido en la Transición. Mejor llamarlo “partidocracia”, un sistema político autoritario con apariencias democráticas pero sin separación de poderes, en el que las altas jerarquías de los partidos, meras maquinarias gestoras y electorales, se abrogan la representación de la voluntad popular a todos los niveles.

La década de los ochenta fue la de la “Transición económica”, el paso de un capitalismo nacional a un capitalismo bancarizado y globalizado, que propició el bienestar consumista a las clases medias asalariadas, amplió el número de funcionarios, anuló al proletariado industrial y dio estabilidad a la partidocracia. La especulación inmobiliaria, el turismo, la exportación agrícola y el endeudamiento se convirtieron en los motores privados de la economía, mientras el Estado privatizaba el patrimonio público y apostaba por el transporte elitista (la alta velocidad), es decir, socializaba las pérdidas de las opciones ruinosas que “los mercados” exigían. El fin de la Guerra Fría (Cumbre de Malta, 1989) dio rienda suelta al neoliberalismo, la nueva ideología a seguir por los gestores de la dominación. El Tratado de Maastrich de 1992 confirmó la integración del estado español en el área económica mundial, la “modernización” de los dirigentes, es decir, el sometimiento a los poderes financieros representados por el Banco Central Europeo de la decisión en todo tipo de materias, fuesen políticas, jurídicas, sanitarias o simplemente laborales. Lo que los obreristas del régimen llamaron “estado del bienestar” (las concesiones sociales y laborales anteriores a la globalización) empezó a desmantelarse. El nuevo modelo mercantilista precarizó tanto a trabajadores, empleados y autónomos, como perjudicó a campesinos, jubilados y profesionales. Mientras, el poder se fue concentrando allí donde fluía el trabajo, en las metrópolis, y la población afectada, relegada en las periferias. Cuando estalló la burbuja financiera de 2008 que llevó a la quiebra bancaria (y al posterior rescate de bancos y cajas), el desencanto de la población suburbana empobrecida empezó a repercutir en la esfera política: el movimiento de la ocupación de plazas del 15 de Mayo de 2011 denunció a la partidocracia bipartidista como un régimen de corruptos y exigió una “democracia real.” Se trataba de una polarización relativa, moral, limitada al cuestionamiento de la representación política. La maltratada e indignada clase media pedía pacíficamente ser rescatada por el Estado igual que este lo había sido por la Unión Europea. Quería, si no mantener su anterior status económico, al menos no quedar fuera del reparto de ayudas, por lo que en primera instancia apoyó a los partidos populistas recién creados (Ciudadanos, Podemos, Els Comuns, las Mareas…) que, con aires regeracionistas y hablando en nombre de la “ciudadanía”, se disponían al “asalto de las instituciones”, es decir, a reformar el sistema posfranquista desde dentro.

Excusamos extendernos en las ridículas peripecias que ocasionaron el rápido declive de los nuevos partidos ciudadanistas, pero su patente impotencia en cambiar mínimamente el curso de los acontecimientos y su alegre integración en el sistema que criticaban, contribuyó al retorno del desacreditado bipartidismo imperfecto que caracterizó siempre a la partidocracia, o sea, despolitización, espectáculo, cuentas opacas y mordidas incluidas. Cometían voluntariamente el error de separar Capital y Estado, cuya fusión es el rasgo fundamental   del siglo, la clave del desarrollo mercantil y de la dominación. En consecuencia, al ponerse bajo la tutela de las instituciones, se colocaban -y colocaban el lenguaje woke, la “sostenibilidad” y la paranoia identitaria- al servicio de la economía, que es como decir al servicio de las renovables industriales, del automóvil eléctrico y del turismo. En resumen: a las órdenes del extractivismo capitalista. Pero, cuando se da una depresión económica prolongada, nada de eso evita la disminución del empleo, la rebaja de salarios, el paro, la subida del precio de la energía y de los alimentos, el encarecimiento de la vivienda… Fracasada la utopía de un Estado democrático-ecológico de clases medias, el hastío, la desafección política y mediática, los recortes en el sector público, la pobreza y el miedo al derrumbe fueron capitalizados por una derecha radicalizada. La indignación y la retórica populista anti-sistema cambiaban de bando; la base social del cambio inocuo, también.

El Estado había abandonado a las clases superfluas, despolitizadas, envejecidas, precarizadas y empobrecidas del extrarradio metropolitano, -a los “estratos en crisis” de Juan Linz- cuyas contradicciones internas -provocadas por el contraste entre una mentalidad aburguesada y una situación apurada- empujaban hacia la extrema derecha neofranquista. Los algoritmos y la información fake de los blogs cooperaban. El franquismo renacía con los horribles nuevos tiempos, pero no a través de iluminados líderes, desfiles y performances fascistas, sino más prosaicamente, gracias al nuevo invento de las redes sociales. El franquismo ya no se insertaba en el ánimo y la mente de un público agitado a base de poses escenográficas y gestos simbólicos al aire libre de la dirigencia, sino mediante bulos, arengas patrióticas e histeria racista transmitidas a una población insegura en aprietos, mirando el móvil o sentada ante la pantalla del ordenador. La rivalidad del gendarme mundial, los Estados Unidos, con China, Rusia e Irán obligaban a poner condiciones al comercio mundial y fijar las áreas de influencia, lo que significaba el fin de la globalización abierta y el inicio de una nueva carrera de armamentos. La fuerza militar determinaba un reparto multipolar del planeta, forzando a los Estados débiles a alinearse incondicionalmente en un campo donde proteger su escasa soberanía. Eso implicaba una limitación seria del desprestigiado sistema partitocrático en provecho de una regulación más autoritaria de la política y un control social más duro, que el sector más sobresaltado y menos ilustrado de la población, frustrado y desatendido por las instituciones, exigía que se orientara hacia los refugiados, inmigrantes y okupas. Para su defensa en condiciones críticas, el orden establecido disponía ahora de la baza del enemigo interno.

Un nuevo horizonte político regresivo se perfila en toda Europa con la presencia de un movimiento parafascista en auge, beato, xenófobo y negacionista, que maneja como coartada principal a una nueva clase peligrosa: la inmigración ilegal, no apta para la integración en la sociedad, sea por hablar otras lenguas, vestir de otra manera y practicar otras religiones, o sea por acaparar la asistencia pública, degradar la seudocultura local y traer consigo el gen de la delincuencia y la okupación. En realidad, por ser pobre y, a menudo, sin techo ni papeles. El verdadero enemigo de la cultura, de la convivencia y del bienestar había sido siempre el liberalismo económico sin trabas, responsable del hambre que había forzado a emigrar. Actualmente, la inmigración constituye el ejército de reserva de la fuerza de trabajo-basura, gracias al cual la economía de mercado funciona en negro. Es de esperar que cuando se sienta fuerte impulse un movimiento reivindicativo que ponga contra la pared a quienes se aprovechan de su situación desesperada explotándola o instrumentalizándola. En prevención de que esa parte importante del proletariado confluya con otras fuerzas autóctonas desposeídas o excluidas del mercado laboral por la larga crisis, las derechas extremas la designan como enemigo absoluto, eterno candidato a la expulsión, o mejor, a una privación de derechos que mantenga un elevado nivel de explotación. Sin embargo, para desgracia del franquismo reavivado, la inmigración está viniendo para quedarse. Bienvenida sea. Es una pieza necesaria en el tablero capitalista y sin duda también lo será en el del nuevo antifranquismo. Habrá que contar con ella como aliada.

Miquel Amorós

El neofascismo trata a la democracia liberal como la democracia liberal trata al anarquismo. Si fuéramos rencorosos, aplaudiríamos que bebieran por una vez el amargo brebaje que dispensan a la anarquía: bulos y ensañamiento mediático, connivencia policial con los neofascistas y prevaricación judicial. Naturalmente, no se encuentran tan desvalidos como los anarquistas; poseen todavía buena parte de los mas-media y de poder institucional, lo que hará aún más estrepitosa su caída, pero juega con ventaja respecto a l_s ácratas que denuncian tanto a la derecha como a la izquierda como rechazan la lucha por el poder: luchan contra el, no por el. Lo peor de que los neofascistas lleguen al gobierno es que se sabe eso -cuando empiezan- pero nunca cuando lo pierden. Ya hay analistas que profetizan que Trump podría declarar la ley marcial para eludir las elecciones y aferrarse al poder y otra probabilidad aún más espeluznante es que se desate una conflagración bélica que justifique la permanencia sine die de los neofascistas en el poder aplazando las elecciones (de hecho el genocida sionista Benjamin Netanyahu ya ha utilizado esta estratagema). Que se anulen las elecciones no constituiría mayor problema sino viniese acompañado de la represión a cualquier voz disidente, de la dictadura descarada. Pese a las concomitancias, todavía hay algunas diferencias de grado de libertad entre una democracia formal, con su aparato constitucional revestiendo la convivencia social y una dictadura declarada, sobre todo para los súbdit_s no extranjer_s, y para l_s extranjer_s blanc_s y occidentales. La mayor parte del tiempo y en la mayoría de las ocasiones, la represión democrática estatal se limita a marginar todo lo inadaptable. Las soluciones de fuerza se reservan para las grandes ocasiones y/o l_s grandes rebeldes. Lo único positivo de todo ello es la degradación del falaz, hipócrita y, en el fondo, criminal sistema democrático; y el que la gente aprenderá a rebelarse por el camino más difícil pero más eficaz: organizándose horizontalmente y con referencias ajenas a la denigrada democracia que, no obstante, siempre intentará cooptar las luchas.

En situaciones como las que estamos viviendo, siempre surge la cuestión del malmenorismo. Hablando en plata, votar a la izquierda, para impedir el acceso de los neofascistas a los resortes gubernamentales. Dada la inferioridad cuantitativa del anarquismo y sus dificultades para acceder con su mensaje a la mayoría de la población, quienes piden a l_s anarquistas que vayan a votar o que unan su voz -que entonces sí se escucharía- a la de la izquierda, están vendiendo humo. Pero es que si el anarquismo fuese una corriente social imposible de ignorar, también sería baladí ir a las urnas, por mucho que en tal caso escucharía vivamente mitad lisonjas, mitad improperios por parte de la izquierda para empujarlo a votar. Pero no estamos en el 36, no hay nada que la democracia liberal ni la izquierda pueda ofrecer al anarquismo, y tampoco nada que el anarquismo pueda ofrecerle a ellos: son incompatibles. La izquierda parlamentaria, existe otra izquierda involuntariamente extraparlamentaria, a la izquierda del PSOE está intentando generar un símil del Frente Popular. Lógicamente son proclives al mal menor -Gabriel Rufián dixit-, porque el mal menor es votarles a ellos. Montarán parte de su campaña y alianzas en torno a esa idea. Son algo más que la democracia liberal, que no es más que un cascarón vacío, aunque no falten, sobre todo en el mundo anglosajón, quienes la propugnen como dique ante los neofascistas; que tienen cierta capacidad de maniobra lo demuestra la actitud del hispano-francés Manuel Navarro Valls, cuando se presentó a las municipales de Barcelona y facilitó el gobierno de En Comú Podem. El ejemplo es engañoso, porque sus verdaderas motivaciones eran impedir un gobierno municipal de independentistas catalanes, poniendo en su lugar a la izquierda españolista, pero basta para ilustrar que pueden ser aliados de cierta izquierda. La iniciativa de Rufián consiste en recorrer el camino inverso, presentarse en Cataluña como única fuerza de izquierdas. Por otra parte, la democracia liberal es huera porque ella y el neofascismo obedecen a los mismos intereses económicos -mientras que la rebeldía de la izquierda es pura demagogia-, que optan por galvanizar a través de sus medios de desinformación de masas, unos u otros según de donde proceda el viento siempre imprevisible de la historia y la realidad, progesista o reaccionaria, que le convenga imponer. En realidad, esta enconada disputa entre progresistas y reaccionarios oculta la cuestión principal: quién es más eficaz a la hora de colaborar con el capitalismo.

La debacle del comunismo -falsa opción revolucionaria-, escoró hacia la derecha a todo el espectro político. La democracia liberal se proclamó vencedora de la guerra fría. Pero la democracia liberal desbocada, titulándose a sí misma último estadio de la evolución histórica -y pensar que la historia es evolución ya es en sí problemático- albergaba en su seno las tendencias neoliberales enemigas de los consensos sociales del malllamado estado del bienestar, la aparición consiguiente de filosofías ultramontanas. La nostalgia por la democracia liberal como fin de la historia alumbró la modalidad neofascista de la democracia entendida como doctrina totalitaria: el integrismo democrático. Para ilustrarlo, viajemos al país nodriza del integrismo democrático: los EUA. Bastará que comparemos la política migratoria de los demócratas liberales que antecedieron a Trump con la del mismo Trump. El liberal Obama deportó más de 3 millones de inmigrantes, 340.000 por año entre ¨deportaciones formales¨ y entregas en la frontera. De Biden, otro liberal, ni se sabe con certeza pero se calcula en más de un millón en sólo cuatro años si se consideran todos los mecanismos utilizados entre 2020 y 2023, muchas más que las ¨deportaciones formales¨ del ICE. El neofascista Trump deportó en sus primeros 4 años de mandato entre uno coma dos millones y uno coma cinco, 300.000 por año y hasta 600.000 en 2025. ¿Por qué los medios no dieron cuenta de las políticas anti inmigratorias de los demócratas liberales?: ¿Dónde está la diferencia, aparte de ser más o menos agresivo, y la similitud de las cifras revelan que se ha sido igualmente agresivo?. La diferencia entre los crímenes de la democracia liberal y la neofascista aparte del homicidio y el secuestro estatal de ciudadanos con nacionalidad estadounidense, lo cual alienta la atmósfera de guerra civil tanto en cuanto este hecho apela a los sentimientos patrióticos del resto de ciudadanos que comprueba que ya no basta con no ser criminales para ser inmunes a la acción del terrorismo de estado -ser tratado como un delincuente o una minoría racial es lo que más solivianta la buena conciencia ciudadanista- es que mientras lo que el demócrata liberal esconde como una actividad represora y atentatoria contra los derechos humanos que dice defender, una verguenza a ocultar, el neofascista lo exhibe orgullosamente como resultado intrínseco de su credo racista. Extrapolándolo a Europa, los liberales y la izquierda ya han endurecido hace tiempo las leyes que rigen las condiciones de vida de inmigrantes y solicitantes de asilo, que sólo por comparación semejan ¨humanitarias¨ con la política de deportación y depuración racial que propugna sin complejos el neofascismo. La democracia liberal proclama la igualdad de tod_s l_s ciudadan_s y la Declaración Universal de los Derechos Humanos como base de la identidad y la legitimidad del Estado, mas el Estado, que es organización jerárquica, desmiente esa igualdad para no atentar contra su propia naturaleza jerárquica. Este baile contradictorio entre los derechos del ciudadano y las prerogativas y el poder del Estado, al que se le da el nombre de política, es interrumpido por el neofascismo, que no reconoce garantías individuales ajenas al Estado y subordina por completo la política a los intereses del Estado-Capital, a sus hábitos depredadores los cuales, para mantener su dinámica, desembocan fatal y necesariamente en el estado de excepción y la guerra. Las democracias liberales son inoperantes porque son las parteras del neofascismo, enrocado en la competición planetaria por los cada vez más escasos recursos naturales, de ahí su desprecio por las consecuencias del ecocidio, al que hay que supeditar cualquier norma ética, así como el racismo, el antifeminismo y la homofobia son motivos parar generar una idiosincrasia propia y explotar un sentido tergiversado y domesticado de incorrección política, de ¨antisistema¨. Enumeremos de nuevo y para expresarlo con claridad cual es el programa público del neofascismo: negación del ecocidio, racismo, antifeminismo y homofobia y añadamos patriotismo, religiosidad y la culminación del proceso privatizador de los servicios sociales y las pensiones, que se inició con la complicidad de la izquierda en el poder; todo ello propagado en el contexto de una guerra cultural cruel e incesante contra servicios sociales como sanidad, educación y pensiones y hasta contra ese ecologismo falso que se refiere a sí mismo como compatible con el capitalismo y el Estado. Hemos de advertir que los servicios sociales también responden a la lógica del mal menor y no tienen que ver con la visión holística del anarquismo, que no es mera y rutinariamente científico, economicista y utilitario (¿qué sentido tendrían las pensiones en un mundo dónde todo fuera gratis?)

P.D: Nada me molestaría más que alguien considerase este texto como una contribución, siquiera crítica, al discurso de la izquierda. En todo caso esta es una crítica a la izquierda desde fuera de la izquierda.

El conflicto con orden se llama anarquía. El conflicto sin orden es el capitalismo. El primero es vida, El segundo agonía.

V.J. Rodríguez González

Este artículo forma parte del dossier ‘Obreros de ultraderecha’. Puedes conseguir la revista y suscribirte en el kiosco de ‘La Marea’.

Mono azul, gesto adusto, ceño muy fruncido, un envarado saludo militar. La capilla ardiente de Francisco Franco en el Palacio de Oriente convoca una larguísima cola de gente entre la que hay partidarios como este, simples curiosos y algún antifranquista que quiere asegurarse de que el rigor mortis del eterno Generalísimo está atado y bien atado. Y este obrero. Suponemos que lo era, por el mono azul. Es una imagen icónica. Se queda ahí, tieso como una vela o un garrote vil, y el servicio de seguridad tiene que empujarlo para que avance.

No sabemos quién era, como no conocemos la identidad de aquella señora que, en otra grabación emblemática de aquellos años transicionales, berrea a cámara que el Sagrado Corazón de Jesús nos ayudará en este baño de sangre. Perdieron su nombre y apellidos y se convirtieron en arquetipos: la furia nacionalcatólica, el obrero de derechas.

Hubo obreros franquistas, un obrerismo franquista, había habido un obrerismo falangista. El azul mahón de la camisa-uniforme de Falange provenía de aquellos monos; el rojo y negro de la enseña del partido, de la bandera anarquista. Trampas bastante burdas de lo que fundamentalmente eran señoritos con apellidos como Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, pero reclutaron a algún obrero real, igual que lo habían hecho los sindicatos católicos.

¿Nada más tonto que un obrero de derechas? ¿Sería, pues, el sumun de la tonticie ser un obrero franquista? No necesariamente. A algunos obreros puede interesarles que la derecha triunfe, porque es complejo el asunto del interés. Nunca se limita al dinero. Hay siniestros salarios emocionales: ser, por ejemplo, caudillo de tu casa, generalísimo de una esposa de pata quebrada, que en casa te reciba, después de que te exploten en el tajo, con una cena caliente, las zapatillas preparadas y una copita de Soberano, y a la que puedas calzarle una hostia sin que se queje. Las leyes del franquismo dictaminaban que la mujer debía pedir permiso a su marido para trabajar, firmar contratos o abrir cuentas; su delito de adulterio se ensañaba solo con las adúlteras; si a un uxoricidio se le apreciaba «causa de honor», la pena se atenuaba considerablemente. Y de esto se beneficiaban los gobernadores civiles, pero también los fresadores de la Perkins.

Malvados, pero no tontos

Franco y los franquistas eran malvados, pero no tontos, aunque a cierto mito antifranquista persistente le guste conceptuarlos así. Si hubieran sido tontos, no hubieran ganado tres guerras: la literal de 1936-1939; la supervivencia post-1945, tras la derrota del Eje, y, treinta años más tarde, la de la transición reformista o rupturista.

Con respecto a los obreros, supieron repartir, no solo palos, sino también zanahorias. Franco se había forjado en el Rif, pero también en la Asturias natal de su esposa, oriunda de una ciudad en la que, en 1934, la última comuna obrera de Europa Occidental –que la República de derechas encargó sofocar a Franco, con técnicas rifeñas– había reventado con dinamita la Cámara Santa de la catedral. El recuerdo de la Asturias roja preocupó siempre a un dictador que supo que, para desactivarla, hacía falta usar algo más que la violencia.

Los derechos recogidos en el Fuero del Trabajo, a los cuales se acogía el antifranquismo entrista; la vivienda de protección oficial o algunos proyectos emblemáticos del franquismo autárquico (de las universidades laborales a poblados modelo como Ciudad Pegaso, en Madrid; Llaranes, en Asturias, vinculado a ENSIDESA; o el poblado de ENCASO en Puertollano), fueron algunas de esas zanahorias.

Eran mucho menores y de peor calidad que las prebendas que conquistaban los trabajadores de las democracias keynesianas, que las consagraban como derechos en lugar de repartirlos como óbolos de caridad, cancelables a capricho del poder dictatorial y en cualquier momento. En Reino Unido, Países Bajos, Suecia o Francia la inversión pública en vivienda comportaba del 2 al 5% del PIB; se sujetaba a normativas de metros mínimos por habitante, calefacción, baño propio, cocina equipada y servicios urbanos modernos; y generó porcentajes del 20 o 30% del parque total, que se disparaba más allá en algunas ciudades.

Mientras tanto, en España la vivienda protegida no pasaba del 0,5% del PIB y del 5 a 7% del parque construido, y lo frecuente era que se construyera con superficies muy reducidas, sin baño completo o calefacción, con materiales baratos y rodeada de un adecentamiento urbanístico negligente o inexistente. Negligencia que hacía que muchos de esos vecinos forjaran poderosas asociaciones para reclamar alumbrado, asfaltado o colegios, que solieron acabar más o menos vinculadas al partido comunista.

Pero la memoria es selectiva, y ante problemas actuales como la crisis habitacional, al neofranquismo le resulta muy fácil convertir esos aspectos de la dictadura en nostalgia política del siglo XXI, propagada a través de memes y bulos. En ellos se deslizan nostalgias de otro tipo: no había «negros», «moros», «manolos» o «feminazis» en Llaranes. Y lo que sí había era lo que así recuerda una de sus habitantes, Ana Rosa Iglesias, en una entrevista en Nortes:

Se vigilaba a las familias. Había una monja, sor Vicenta, que se encargaba de eso. Las familias tenían que tener a los niños de una manera, no se podían hacer determinadas cosas, había que ir a misa… O el tema de los malos tratos. Porque había muchos malos tratos. Yo recuerdo vivirlo de bien pequeña. Vi saltar a una mujer por una ventana con el cuchillo del marido, borracho, detrás. Había mucho de eso. Y de padres a hijos, también. Lo veías en el colegio y en las casas de alrededor. Un día, tendría yo doce años, vinieron a detener a los padres de una niña, porque la habían intentado vender. Las familias normales trataban de ocultarte estas cosas, pero lo veías. O a lo mejor atar a un guaje que había hecho algo mal y llevarlo por alrededor de las casas dándole latigazos, para que la gente viera que el padre podía con el hijo.

La nostalgia del cuchillo y del latigazo puede ganar, hoy, unas elecciones. Votada por señoritos, y también por obreros.

La entrada Aquel obrero de derechas se publicó primero en lamarea.com.

El 17 de marzo el Ayuntamiento de la capital andaluza, gobernado por el PP, presentó a los boinas rojas, una extensión de la policía local que, entre otras cosas, persigue el trabajo de nuestros compañeros manteros. La progresía de la ciudad habla de conciliar, pero lo que necesitamos para combatir el racismo es organización.

La entrada Sevilla: un nuevo grupo policial y racismo organizado se publicó primero en Pikara Magazine.

La cineasta chilena habla sobre su última película Limpia (2025), su próximo proyecto cinematográfico, su cine de barrio en Santiago y reflexiona sobre el escenario político actual en Chile tras el reciente triunfo de la ultraderecha.

La entrada Dominga Sotomayor: “El cine hace un registro histórico donde lo íntimo también puede ser político” se publicó primero en Pikara Magazine.

La plataforma #TodasABruselas denuncia en la capital belga la pérdida de derechos de niñas y mujeres desde el retorno talibán y pide a la Unión Europea medidas políticas y diplomáticas efectivas

La entrada Reclaman ante el Parlamento Europeo una respuesta firme frente a la persecución de mujeres y niñas en Afganistán se publicó primero en Pikara Magazine.

El vídeo de El Salto en el que se muestra la detención de Serigne Mbaye y la violencia de los agentes de policía muestra también cómo viene funcionando la policía desde hace años. Quieren evitar que cualquiera sea testigo, que la gente se pare, que grabemos, que denunciemos. Y lo hacen amparándose en la ley mordaza aprobada por el PP pero que el Gobierno más progresista de la historia mantiene.

La entrada “Esto no es trabajar” se publicó primero en Pikara Magazine.

Este artículo ha sido publicado originalmente en Democráter, un espacio de análisis político y social que apuesta por una mirada profunda a los distintos temas que preocupan a la ciudadaníia.

17 de mayo. Es la fecha anunciada por el presidente andaluz, Juanma Moreno, para las próximas elecciones autonómicas, un mes antes de lo previsto. En la casilla de salida los andaluces encuentran a un presidente popular que viene de una histórica mayoría absoluta; como líder de la oposición, a una ministra con todas las encuestas en contra; a un bloque de izquierdas en plena reorganización y a una ultraderecha en auge.

Andalucía es una comunidad autónoma extensa –en tamaño y población– donde las circunscripciones electorales son provinciales. Ocho contiendas definirán, por tanto, el resultado final, con una sistema D’Hondt que beneficia a los peces grandes y una barrera electoral del 3% para sumar a un representante en el Parlamento.

Aunque la sensación de precampaña lleva ya tiempo en el aire, la campaña electoral arrancará oficialmente el 30 de abril. La cuenta atrás ya ha comenzado. A continuación hacemos un repaso por los puntos fuertes y flancos débiles de cada uno de los candidatos a la Junta de Andalucía.

Moreno se juega depender de la ultraderecha

Presidente de la Junta desde 2019, Moreno Bonilla viene de vivir una legislatura arrolladora gracias a la histórica mayoría absoluta de 2022. Pero la crisis de los cribados, que estalló en octubre de 2025, supuso un punto de inflexión. Fue –y sigue siendo– el mayor lastre de su gobierno. Por otro lado, ha sabido moverse bien tras el accidente de Adamuz y los destrozos por los temporales, mostrándose colaborativo con administraciones del PSOE y poco beligerante en los momentos más difíciles.

Pros: la moderación es la clave

Los siete años de gobierno no han desgastado al líder popular, cuya victoria el 17M parece clara. La mayoría absoluta le ha permitido alejarse del discurso ultra de Vox, al tiempo que ha hecho y deshecho a su antojo en el Gobierno andaluz según ha ido necesitando. Su imagen de político moderado en un entorno político cada vez más polarizado es, sin duda, el punto fuerte de su candidatura.

Según una encuesta realizada por Gesop, Moreno Bonilla sigue siendo el candidato mejor valorado por los andaluces. En estas elecciones se juega revalidar la mayoría absoluta o depender de los pactos con Vox, que tantos dolores de cabeza está provocando al PP en otras comunidades autónomas.

Contras: la sanidad pública hace aguas

En octubre de 2025 estalló la mayor crisis del gobierno popular: la crisis de los cribados. Entre 2.000 y 3.000 mujeres no fueron informadas debidamente de un posible cáncer de mama y no obtuvieron pruebas complementarias. Hasta 6.400 mamografías, según El País, se quedaron sin hacer en el Hospital Virgen del Rocío por falta de personal.

A su vez, la percepción general es que la sanidad andaluza está en mal estado, con listas de espera inasumibles y una sensación de indefensión creciente. Según el último barómetro del CENTRA, la sanidad es el principal problema que existe en Andalucía.

La expresidenta socialista Susana Díaz decía que la sanidad era la “joya de la corona”. Fue precisamente la mala gestión de la misma la que se llevó por delante al PSOE en Andalucía tras 40 años de gobierno. Las listas de espera han aumentado, la desafección con el Sistema Andaluz de Salud (SAS), también. Los andaluces recurren cada vez más a un seguro privado como alternativa a un sistema público que tiene demasiados agujeros.

Montero, una ministra ‘impopular’

El anterior líder socialista en Andalucía, Juan Espadas, logró 30 escaños en 2022. El resultado fue bajo, pues el PSOE aún no se había recuperado de la pérdida del gobierno y el nuevo liderazgo estaba aún por construir. Cuatro años después, las tareas pendientes son las mismas. Como consecuencia, todas las encuestas dan peor resultado a María Jesús Montero que a su predecesor.

La sevillana ha sido una de las últimas en comenzar su campaña. A pesar de que es candidata desde el pasado verano, no fue hasta el 28 de febrero cuando intensificó su actividad en la comunidad. Paralelamente, sigue manteniendo hasta el momento su asiento en Madrid y su puesto como ministra de Hacienda, lo que hace imposible que dedique el mismo tiempo que sus rivales a recuperar terreno electoral.

Pros: la fuerza de las siglas

Uno de los elementos que juegan a favor de la candidata socialista es que el PSOE andaluz, aunque aletargado, sigue teniendo presencia e implantación a lo largo y ancho de la comunidad. Alcaldías, diputaciones y líderes territoriales deberán ponerse las pilas si quieren mantener a flote unas siglas que son históricas en Andalucía. Montero puede levantar la bandera andaluza al ser ella víctima directa de la andaluzofobia, recibiendo constantemente insultos por su acento y su forma de hablar.

Su campaña pivotará, como no podía ser de otra manera, en torno al único talón de Aquiles de su adversario: la sanidad. Montero podría valerse de su experiencia como consejera de Salud entre 2004 y 2009, aunque esta estrategia es un arma de doble filo: el último recuerdo que tienen los andaluces de la sanidad a manos de los socialistas no es muy positivo.

Contras: poca presencia y reputación

La líder socialista ha sido catalogada por sus rivales como una ‘candidata de fin de semana’. Compaginar la tarea de ministra de Hacienda con la de oposición al presidente de la comunidad más grande de España no es tarea fácil. En estos meses, Montero no ha trabajado el territorio andaluz; sus visitas han sido esporádicas.

Y, aunque goza de un amplio grado de conocimiento, su reputación está en mínimos: es la candidata peor valorada en general y también entre sus votantes, según una reciente encuesta de Gesop.

La gestión de la financiación autonómica, por otra parte, puede pasarle factura. Catalunya fue la más beneficiada en este reparto, lo cual supone un agravio comparativo para el resto, incluyendo la comunidad a la que aspira a presidir.

Maíllo, suplente en la no-confluencia de izquierdas

Vuelve Antonio Maíllo a la arena andaluza. Es la segunda vez que acude al rescate: en 2015, al frente de Izquierda Unida, logró cinco escaños frente al auge del fenómeno de Teresa Rodríguez y Podemos. En esta ocasión, sólo 30 días después de que Ernesto Alba fuera designado como candidato, Maíllo tomó las riendas para reflotar a una confluencia en horas bajas.

Por Andalucía se ha quedado corta. El principal reto de la formación era revalidar su unidad con Podemos, pero ahora no parece posible. Los cinco diputados de Por Andalucía se han mantenido distantes todos estos años: por un lado, Alejandra Durán y Juan Antonio Delgado, de Podemos; y, por otro, Inmaculada Nieto (IU), Esperanza Gómez (Más País-Andalucía) y José Manuel Jurado (en un principio de Podemos, se pasó al bando contrario y actualmente apoya a Maíllo).

Pros: un líder conocido y con experiencia

El punto fuerte de Antonio Maíllo radica, principalmente, en que es uno de los líderes más conocidos por los andaluces. Mantiene una imagen de concordia, aunque está sufriendo los estragos de la no-unidad. Como Montero, juega con la baza de que su partido, Izquierda Unida, cuenta aún con alcaldías y presencia en el territorio. Además, el cordobés conoce bien el terreno andaluz y tiene experiencia: sabe lo que es hacer una campaña a contracorriente para salvar los muebles.

Contras: víctima de la división

El asunto de la no-unidad con Podemos está y estará presente durante todo el periodo electoral. Por Andalucía se considera a sí misma una confluencia, pero el único partido relevante es Izquierda Unida. Sumar, que aparece también en esta confluencia, no se sabe muy bien qué es en Andalucía más allá del partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Antonio Maíllo tiene también mucha agenda fuera de Andalucía. Compagina su papel como candidato con el de coordinador federal de IU. Por si fuera poco, está enfrascado en otro proceso difícil: reconstruir la candidatura de Sumar y buscar una cara visible para cuando sea Pedro Sánchez quien apriete el botón de las elecciones.

Esta dispersión en las funciones no ayuda a generar confianza en el electorado. No está claro que vaya a permanecer en el sillón cuatro años frente a un previsible gobierno de Juanma Moreno, ahora que tiene la mente puesta en Madrid.

José Ignacio García: poco conocido, bien valorado

Alejado de las disputas de otros partidos de izquierdas, José Ignacio García y Adelante Andalucía cuentan con una hoja de ruta clara. Como consecuencia, este partido, de marcado carácter andalucista, puede presumir de ser el único que ha crecido en los últimos meses, además de Vox.

En un momento donde las izquierdas parecen encontrarse alicaídas y derrotadas, García promulga un discurso fresco y moderno para sus seguidores. Sin otras distracciones, está presente en el día a día de la comunidad y del Parlamento: al contrario que Montero y Maíllo, García rivaliza cada semana con el presidente andaluz en la Cámara.

Pros: el mejor valorado de la izquierda

A pesar de ser poco conocido, José Ignacio García es el candidato mejor valorado, sólo por detrás de Moreno Bonilla, según Gesop. Entre su propio electorado, es también quien obtiene mejor nota.

Su actividad versa sobre cuatro ejes que coinciden con los principales problemas de los andaluces, según el ‘CIS andaluz’: sanidad, vivienda, desempleo y corrupción. En estos años ha llevado al Parlamento propuestas constructivas como la Ley de Gafas Gratuitas, la Ley de Vivienda o la Ley por los Comedores Escolares Dignos.

Pero el punto fuerte de José Ignacio García está en el entorno digital. Cuenta con un gran número de seguidores en redes sociales y se dirige con naturalidad al público joven. Como anécdota, cabe destacar que presentó su candidatura con un festival de música en lugar del habitual mitin, y ha preparado una campaña puerta a puerta para conocer las necesidades de la población, imitando el método de Mamdani en Nueva York.

Contras: un líder desconocido

La principal debilidad de García es el bajo grado de conocimiento. Aunque mejora su valoración encuesta tras encuesta, apenas lo conocen un 20% de los andaluces. La carrera del jerezano es contra el tiempo, y la extensión del territorio andaluz no ayuda.

Muy presente y con posibilidades en el occidente de la comunidad, el candidato de Adelante Andalucía tiene serios problemas para alcanzar el 3% necesario en provincias como Jaén, Granada y Almería, territorios donde es menos conocido que en Sevilla o Cádiz.

Adelante Andalucía sólo tiene dos escaños, por lo que no cuenta con grupo parlamentario propio. Esto implica menos recursos económicos que sus adversarios. Así, Adelante Andalucía compite en una desigualdad material.

Gavira, el candidato en la cuerda floja

Manuel Gavira es el portavoz y posible candidato de Vox en Andalucía, aunque aún tendrá que ser confirmado por su partido (con un fuerte control estatal en las manos de Santiago Abascal). A Gavira le sobrevuela Pepa Millán, una joven política que actualmente es portavoz en el Congreso. Ambos luchan por un gran premio: si a Moreno Bonilla no le dan los números para una mayoría absoluta, uno de los dos puede ser vicepresidente de la Junta de Andalucía.

Pros: el partido sigue creciendo

Los puntos a favor del por ahora candidato andaluz son los puntos a favor de Vox. El auge del partido de extrema derecha se materializa de norte a sur de España. El partido de Abascal ha mejorado sus números en las últimas elecciones autonómicas, logrando 11 asientos en Extremadura (6 más respecto a las anteriores), 14 en Castilla y León (uno más) y 14 en Aragón (siete más).

Al electorado de Vox no le importa el carisma del candidato, es un votante que busca las siglas. Vox se ha convertido en el principal rival de Pedro Sánchez, y el partido de ultraderecha capitaliza el desgaste del presidente.

Contras: Gavira se estanca

Aunque la formación crece, el candidato andaluz no mejora sus cifras personales. No es de extrañar que la duda planee sobre él a escasas semanas de las elecciones. Vox crece en Andalucía a dos tiempos: Manuel Gavira está estancado, a pesar de que lidera la formación en la comunidad desde 2022, y no lo quieren como presidente de la Junta ni sus propios votantes.

A Vox le ha crecido un nuevo problema. En el seno del partido han surgido numerosas fricciones entre sus caras más conocidas: Espinosa de los Monteros u Ortega Smith ya no forman parte del núcleo de Santiago Abascal, y las voces discordantes no dejan de aumentar. En este caldo de cultivo, y contra todo pronóstico, ha surgido un competidor en su mismo espacio político: Se Acabó la Fiesta, del sevillano líder de masas Alvise Pérez.

Se Acabó la Fiesta, las ardillas de Alvise juegan en casa

El mediático Alvise Pérez (Luis Pérez Fernández) sigue con su ruta electoral para visitar, por fin, la que es su casa. Este sevillano es ampliamente conocido en redes sociales y logró un puesto en el Parlamento Europeo con su partido Se Acabó la Fiesta. El aforamiento que le otorga este puesto le sirve para eludir, por ahora, las distintas causas judiciales que tiene abiertas.

A Alvise no le ha ido bien en la arena española. No ha logrado representación en ninguna de las comunidades, aunque se ha hecho con un buen puñado de votos que le sirve, al menos, para presumir de superar a Podemos. Para estas elecciones andaluzas ha elegido como candidato al también sevillano Adrián Yacar, un polifacético policía nacional que ha montado una empresa de IA y que tiene por la red un videoclip cantando junto al Pequeño Nicolás.

Pros: el número 1 en redes

Alvise se mueve realmente bien en el terreno de las redes sociales, donde es el líder indiscutible. Aunque esto no se está trasladando directamente a los votos, le está permitiendo movilizar a sus seguidores. Además, se está beneficiando de las grietas que hay en Vox, pescando, comicio tras comicio, entre su caladero de votantes.

Contras: la ley electoral le augura un 0

Adrián Yacar no es conocido. Tampoco cuenta con experiencia política. Su partido, SALF, no tendrá demasiado espacio en los medios y no podrá acudir a los debates, al no tener representación institucional. Aunque crecen con paso lento, cuentan con el gran problema de la ley electoral andaluza, que obliga a sacar un 3% de votos en una única provincia para lograr un representante.

Podemos, camino a la desaparición

Desde su irrupción en 2014, Podemos ha pasado por numerosos estados de ánimo, y actualmente se encuentra en horas bajas. Las disputas internas del partido han sido una constante desde sus inicios. Para estos comicios, aunque un buen número de responsables andaluces estaban a favor de explorar una unidad electoral con IU, la dirección de Belarra, afincada en Madrid, ha hecho imposible este encuentro.

Su candidato, Juan Antonio Delgado, es un viejo conocido del partido morado (‘el Guardia civil de Podemos’) pero aunque ha estado cuatro años con una butaca en el Parlamento, se ha mantenido con muy poca actividad política hasta que han llegado las elecciones.

Pros: una vieja cara conocida

Cuesta encontrar un mensaje optimista para el votante de Podemos. Las elecciones que preceden a las andaluzas no auguran nada bueno. Donde han acudido en solitario, Aragón y Castilla y León, han desaparecido. Sólo en Extremadura han logrado representación, pero lo han hecho con una coalición que ahora parece imposible.

Como punto a favor, Juan Antonio Delgado es moderadamente conocido, igual que Gavira (Vox) y más que José Ignacio García (Adelante Andalucía).

Contras: la marca en horas bajas

Podemos se encuentra en un mal momento. La marca morada no garantiza buenos resultados, todo lo contrario. A su vez, Delgado ha desaprovechado la oportunidad de construir una alternativa en los cuatro años que ha estado como diputado andaluz. En su lugar, ha estado desaparecido. Mucha más presencia ha tenido su compañera Alejandra Durán, que se ha mostrado presente en iniciativas y eventos sociales, pero que no ha podido optar a ser la candidata a las elecciones.

Tampoco le ayuda la fuga de su líder más carismático. José Manuel Jurado, que entró en Por Andalucía como diputado y militante de Podemos, se ha pasado al bando ‘ganador’ de Antonio Maíllo. Una grieta más para un partido con demasiados problemas que ya escucha de fondo a los violinistas del Titanic ensayando para adornar el hundimiento.

Actualización 27 de marzo a las 9.50 h.

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El PNV con el apoyo del PSE en Ayuntamiento y Gobierno Vasco pueden llevar al desmantelamiento de un importante recurso comunitario para las vecinas de los barrios de Bilbao.

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Hoy continuamos analizando el desarrollo de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán. Irán está aguantando mucho más de lo esperado y generando una gran cantidad de problemas tanto económicos, mediante el cierre del estrecho de Ormuz, como políticos, generando una evidente disensión entre Estados Unidos y sus aliados tradicionales. Varios Gobiernos alrededor del mundo anuncian medidas para prevenir problemas graves económicos, controlar la inflación y mantener la propia cadena de producción hasta donde puedan. Y, mientras tanto, el final del conflicto no parece cerca de llegar. Con Jaume Garo, Íñigo Molina, Toni Hernández y Carlos García. Conduce Juan Carlos Barba.

Hoy continuamos hablando sobre la situación actual de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Los intercambios de misiles y los bombardeos continúan y se expanden a los países de Oriente Próximo y el Golfo Pérsico. El petróleo se convierte en motivo de preocupación global mientras se cierra el estrecho de Ormuz y las refinerías vuelan por los aires. Los objetivos militares y estratégicos de Donald Trump, aunque difusos y cambiantes día a día, parecen lejos de cumplirse. Se lanzan ultimátums amenazando instalaciones civiles e incluso comienza a hablarse de “botas sobre el terreno” en la isla de Jark. Con José Luís Carretero y Nacho Escursell. Conduce Txus Marcano.

Este reportaje forma parte del dossier ‘Obreros de ultraderecha’. Puedes conseguir la revista y suscribirte en el kiosco de ‘La Marea’.

Hablar de sindicalismo de derechas podría parecer un oxímoron si no fuera porque desde los mismos orígenes del movimiento obrero hubo organizaciones patronales dedicadas a promocionar la creación de sindicatos «amarillos» que pudieran servir a sus intereses atrayendo a trabajadores desclasados. El sindicalismo de derechas explotaría con toda virulencia en España en las primeras décadas del siglo XX, y muy particularmente en su epicentro industrial: Barcelona. Allí se fundarían en 1919 unos sindicatos «libres» de la mano de los círculos tradicionalistas, que en los siguientes años iban a confrontar de manera violenta la hegemonía de una todopoderosa CNT capaz de arrancar la jornada de las ocho horas en la huelga de La Canadiense.

Integrados en un principio por trabajadores del comercio, la banca y otros sectores no industriales, pronto reclutarían también una amalgama de mercenarios de fortuna que, bajo la protección del gobernador civil, el general Martínez Anido y el jefe superior de policía Arlegui, se dedicarían a intentar descabezar a la anarcosindical a fuerza de atentados. Así caerían asesinados su secretario en Catalunya, Salvador Seguí, y el abogado de los sindicalistas Francesc Layret; y quedaría gravemente herido Ángel Pestaña, secretario nacional de la Confederación. Por su parte, los cenetistas responderían con la misma receta, entrando de ese modo en la espiral del pistolerismo que tan bien reflejaría Eduardo Mendoza en La verdad sobre el caso Savolta.

Con similar objetivo nacería en 1934 la Central Obrera Nacional-Sindicalista (CONS) en Madrid, que pronto se dedicaría al esquirolaje violento, en ramas como la de la construcción. Tanto los sindicatos libres como la CONS desaparecerían con la guerra civil sin haber conseguido implantarse de manera significativa.

Después de 1939, y con las organizaciones obreras ilegalizadas, el régimen fundaría la Organización Sindical Española (OSE), comúnmente conocida como Sindicato Vertical, un Frankenstein que agrupaba de manera obligatoria en su seno a obreros y empresarios –«productores» en la terminología franquista– y cuya estructura reflejaba los ideales fascistas del Estado corporativo. Creado para cercenar cualquier atisbo de conflictividad laboral, iría perdiendo influencia durante los últimos años de la dictadura.

Nuevos sindicatos

De los rescoldos del franquismo surgiría Fuerza Nueva, un partido heredero del régimen presidido por el procurador en Cortes Blas Piñar; y poco después, un sindicato, Fuerza Nacional del Trabajo (FNT), correa de transmisión del primero, que sería presentado públicamente en 1979 como «la presencia del ideario político de Fuerza Nueva, en lo laboral», entendiendo como trabajador a «todo el que participa en la producción nacional, ya lo haga como obrero, técnico o empresario». Los requisitos para afiliarse eran «la creencia en la existencia de Dios, la defensa de la unidad de la Patria y la defensa de la justicia social».

Pese a organizar cooperativas de taxistas en algunas provincias, en general tuvo una implantación reducida a ciertos sectores de la sanidad, a algún departamento en el Ayuntamiento de la capital y poco más.

Décadas después, Vox daría un paso similar con la creación de Solidaridad: «Un sindicato nacional en defensa de nuestros trabajadores, nuestras familias y nuestro patrimonio, frente al callejón sin salida de la inmigración ilegal masiva». Su primer secretario, Rodrigo Alonso, diputado del partido en el parlamento andaluz, cedería el testigo en 2005 a Jordi de la Fuente, exdirigente del partido neonazi MSR (Movimiento Social Republicano). A Solidaridad no se le conoce actividad sindical reseñable, y la movilización que más espacio ha ocupado en los medios, la huelga general de 2023 «contra la ley de amnistía y los pactos del PSOE con los independentistas», se saldó con un nulo seguimiento, tan solo respaldado por Denaes, fundación afín al partido; Revuelta, la sección juvenil implicada recientemente en el escándalo del desvío de fondos por la dana… y no mucho más. Por otro lado, en su página web no se especifica estructura territorial o sectorial alguna salvo, paradójicamente, el de una sección sindical de riders, colectivo fundamentalmente migrante y racializado.

Sindicato de reminiscencias fascistas es también Unión Nacional de Trabajadores (UNT), fundado en enero de 1978 y considerado heredero de la CONS original. Se trata de una pequeña organización que, según sus propios datos, está implantada en sectores como el de la seguridad, el profesorado de religión o las administraciones de loterías. Desde 2008, su presidente es el abogado y exmilitar Jorge Garrido San Román.

Sin llegar a los extremos de Solidaridad o UNT, actualmente existen otros sindicatos que podrían considerarse sociológicamente conservadores como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), mayoritaria en la función pública o la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE), aunque ambos se definen independientes y no supeditados a ninguna ideología política. Más cercana a discursos de la extrema derecha estaría Justicia Policial (JUPOL) que, pese a su supuesta independencia política, suele participar en protestas amparadas tanto por PP como por Vox.

Bola extra

Dejamos para el final el singular fenómeno de Manos Limpias, el autoproclamado sindicato de funcionarios públicos fundado en 1995 por Miguel Bernad, quien debería haber sido el sucesor de Blas Piñar en Fuerza Nueva si el partido no hubiera desaparecido antes. Manos Limpias destaca por su protagonismo en procesos mediáticos como el juicio del 11-M, la querella contra Baltasar Garzón o los últimos casos de corrupción, reales o ficticios, que han vuelto a colocar al pseudosindicato en el foco mediático al personarse como acusación popular en la causa contra Begoña Gómez, la jueza de la dana o el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Aparentemente, no constan mejoras laborales para su afiliación, pero de lo que no queda duda es de su activismo político. Recientemente, su letrado en el caso de Begoña Gómez renunciaba a seguir representando a la organización, acusándola de situarse exclusivamente «en el terreno de la controversia política y mediática».

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Radio Almaina - BAÑO DE ORALIDAD (t3ep.28) ANA FABRÍCIA CÓRDOBA, LA NEGRA 7 y 8

De una tierra conservadora y en detalle desconocida como Castilla y León lo que no se espera nunca es la sorpresa. Pero este es un tiempo de cambios y las elecciones autonómicas de 2026 han sido, sobre todo, lo que nadie esperaba. El PP estaba preocupado por la movilización de sus votantes, en los segundos comicios a Cortes despegados de los municipales, y Vox prometía seguir en la ola superando el umbral del 20% por primera vez en una autonomía. Al PSOE nadie le auguraba una noche tan buena y su aspiración de, al menos, poder decir que ganaba las elecciones (se quedó a casi 60.000 votos y 3 escaños) se fiaba a la penetración de los de Santiago Abascal en territorio popular. La Unión del Pueblo Leonés (UPL) quería rubricar un triunfo histórico con grupo propio y sorpasso al PSOE, y quedó encallada. Los localismos de Soria ¡Ya! y Por Ávila perdieron fuelle. Y desaparecen del hemiciclo IU-Sumar, Podemos y Ciudadanos.

Alfonso Fernández Mañueco, el hombre que con 60 años lo ha sido todo en 31 de los 38 que su partido ha gobernado en Castilla y León, es el único con posibilidad de presidir la Junta de nuevo, pero tendrá que volver a hacerlo con un Vox que ya salió de espantada por mandato nacional a mitad de legislatura y que lo llama “canalla” y de quien él ha dicho que es un partido que quiere “tirar gente [migrantes] al mar”. El domingo por la noche, en el cuartel electoral del PP en su Salamanca natal, estaba contento y aliviado: cree que con el pinchazo de Vox (al que casi duplica en votos) sobre las expectativas, ahora a los de Abascal se les bajarán los humos y se sentarán a negociar en base al programa del PP, sin apretar.

El nuevo líder de la oposición, el socialista Carlos Martínez, confía en que la negociación de tantos gobiernos autonómicos resulte en una ruptura en la derecha que lleve a una repetición electoral. Sabe que la campaña se le ha quedado corta y él no está acostumbrado a perder: ha sido cinco veces alcalde de Soria y tiene la única mayoría absoluta del PSOE en una capital de provincias. Siguiéndolo en campaña (rápido, porque llegó a visitar cinco provincias en día y medio), muchos intuyeron lo que acabó confirmándose la noche del domingo: que era un buen candidato socialista para Castilla y León. Un hombre común, desenfadado, que hace “pincho-mítines” con un botellín en la mano; al que no han enseñado todavía a hablar como un político moderno, que dice cosas inusuales y no rehúye preguntas, con un discurso muy aterrizado en los servicios públicos y la igualdad, cercano, un alcalde con peña al que mantean en fiestas.

La etapa Mañueco en Castilla y León ha estado marcada por la ola del gran cambio político contemporáneo en España. En 2015 –las últimas elecciones de su predecesor Juan Vicente Herrera–, la tercera fuerza en Cortes era Podemos con 10 escaños. Ahora no llega a los 10.000 votos, casi la mitad que el partido de Alvise y apenas el doble que el PACMA. La coalición IU-Sumar triplica los apoyos de Podemos, pero ni siquiera yendo juntos a estos comicios habrían mantenido el escaño en la única provincia donde tenían posibilidades: Valladolid. No es la única explicación, pero sí les ha hecho daño el voto estratégico: las circunscripciones provinciales, sobre todo las más pequeñas, han sido históricamente un lugar en el que la izquierda alternativa (antes IU en solitario) veía cómo se le perdían votos sin representación. En estas elecciones los votantes han querido asegurarse de que su voto vaya a un saco seguro: los de derechas al PP, el statu quo, y los progresistas o centristas (a los que les espanta la ultraderecha) al PSOE. El voto a los dos grandes partidos es muy leal en Castilla y León, y tienen algo que a Vox (y a Podemos y a Sumar) se le ha dado especialmente mal: cuadros de partido y despliegue territorial. IU sí resiste, a su escala, en ese aspecto.

En 2019, cuando el PSOE de Luis Tudanca ganó las primeras elecciones de un Mañueco que se estrenó con el peor resultado de su partido en su gran bastión, Ciudadanos (tercera fuerza con 12) tuvo en su mano ofrecer a los castellano y leoneses la posibilidad de conocer un gobierno que no fuera del PP e hizo lo contrario. Esa apuesta acabó con adelanto electoral. Ahora se ha quedado por debajo de los 5.000 votos y fuera de las Cortes. El que fuera vicepresidente de ese Gobierno, Francisco Igea, pidió el voto en estas elecciones para IU-Sumar en Valladolid. Cosas veredes. En 2022, una campaña en Castilla y León con gran seguimiento nacional a diferencia de esta, Vox llegó a su primer gobierno autonómico con 13 procuradores. Juan García-Gallardo, ese joven político estridente del “latido fetal” de quien Abascal dijo aquello de que se le estaba poniendo cara de vicepresidente, tuiteó el domingo, desde la ruptura hostil con el líder, un acertado análisis de la noche: “Es el bipartidismo y no Vox el que hoy está de fiesta”.

Castilla y León es una comunidad enorme y compleja. Nacida de la unión de una región histórica (León) y otra desmembrada (Castilla) como contrapeso español a los nacionalismos periféricos, alberga realidades diversas: voto urbano más progresista que el rural, que decrece; León –y ahora Soria con su alcalde– como diques socialistas en un mar azul de interior. Pero tiene un elemento definitorio: su votante medio supera los 50 años. Este grupo demográfico lo domina todo –incluso cómo se hacen las cosas: “así, como se han hecho siempre”– y está harto de los sobresaltos de los dos últimos gobiernos de coalición fallidos.

Vox no acertó a la hora de ponerse el listón en el 20% de los votos: ni el campo de Castilla y León –amarrado por alcaldes del PP desde hace casi 40 años y sin grandes empresas como las que tiene, por ejemplo, Murcia– ni su demografía favorecen su crecimiento. Su ascenso se sustenta en el nuevo votante, jóvenes de entre 18 y 25 años, la parte inicial del éxodo continuo que condena a esta comunidad: más de 1 millón de sus nacidos viven fuera de ella. Dentro apenas 2,4 millones y cada vez más envejecidos.

En estas elecciones se han equivocado la mayoría de las encuestas (el CIS no tuvo mala puntería, aunque con horquillas amplias), los análisis, los partidos, todos, en definitiva, al no concebir que las urnas tienen vida propia y que este es un tiempo de cambios, aunque el cambio en esta tierra conservadora sea una vuelta (parcial) al bipartidismo. Una vuelta a casa, a lo (malo o bueno) conocido, después de un par de aventuras que no salieron bien.

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El escenario electoral en Castilla y León sigue siendo muy similar tras las elecciones autonómicas celebradas este domingo. Con 33 escaños, el PP liderado por Alfonso Fernández Mañueco ha vuelto a ganar los comicios. Y, aunque sube dos más, queda lejos de la mayoría absoluta, con lo que necesita otra vez a Vox para poder gobernar. La ultraderecha, con 14 procuradores, ha logrado uno más que en 2022, cuando entró por primera vez en un gobierno autonómico, pero no ha conseguido romper la barrera del 20% que esperaba.

Liderado por Carlos Martínez, el PSOE, con la sombra de Aragón y Extremadura, ha ganado sin embargo dos escaños con respecto a 2022 y sube así a 30, lo que le permite, al menos, respirar. Pero Podemos e Izquierda Unida, que han ido cada una por su lado en estas elecciones, han desaparecido del arco parlamentario castellano-leonés. «0 escaños a la izquierda del PSOE. No hacer algo (o hacer lo de siempre) es pura negligencia», ha expresado nada más conocer los resultados Gabriel Rufián, quien está batallando por articular una izquierda plurinacional. También ha desaparecido Ciudadanos.

Los otros tres partidos que seguirán en la cámara autonómica son Unión del Pueblo Leonés y Por Ávila, que mantienen 3 y un procurador respectivamente. Soria Ya se queda con uno de los dos que tenía.

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Artículo original publicado en sinpermiso.info por Albino Prada

En un informe presentado ya en el año 2020 por la Airef se constataba: “el fuerte esfuerzo inversor realizado en los últimos 35 años Alta Velocidad en España, frente a una inversión insuficiente en Cercanías, pese al fuerte incremento de la demanda de este servicio que es, además, el más utilizado en España”. Al mismo tiempo¹ se estimaba “completar nuevas líneas de Alta Velocidad exigiría inversiones muy altas. El vigente Plan de Infraestructuras planificó una red de Alta Velocidad de 8.740 km, por lo que quedarían por construir 5.654 km, lo que implicaría una inversión mínima de 73.000 millones de euros adicionales a los 55.888 ya invertidos”. Una red centrípeta (con epicentro en Madrid) y muy poco transversal que, además, cubre una demanda bastante privilegiada como veremos.

Ya con estas referencias estamos en presencia de los dos vectores que condicionan los graves problemas ferroviarios anotados en España en el comienzo de este año 2026. Por un lado los crecientes (e insuficientes) gastos en el mantenimiento de una red sobre dimensionada² de alta velocidad -que aumentan los riesgos de graves accidentes- y por otro, y como su otra cara presupuestaria, el abandono del mantenimiento y la mejora de la red convencional (por estar Adif endeudada³ a causa del AVE) como atestiguan los reiterados colapsos en las cercanías.

Todo ello sucede con el agravante de que en un caso (que devora fondos) apenas la usan el 10 % de los pasajeros⁴ y en el otro -que usan el 90 % restante- el abandono, retrasos y cierres de servicios son la norma. La siguiente tabla resume los datos básicos según el informe que estoy citando.

Viajeros e inversiones en el ferrocarril en España

Fuente: elaboración propia con datos de Airef (2020: 11)

Además la red AVE se hará con una discutible opción de diseño, que condiciona la rentabilidad social de estas lineas en España, al haber descartado el modelo alemán o italiano: “en el caso de las redes italianas y alemanas es posible el uso mixto y es habitual que se utilicen por la noche para el transporte de mercancías” (Airef 2020: 102). Además de hacerse con una separación radical (anchos de vía) entre la red convencional de pasajeros y la red de AVE.

Una red no centrípeta

Fuente: Airef 2020: 159

Se entiende así que, con estas premisas, su volumen de actividad (pasajeros-km por kilómetro de vía) sea de unos 4.500 en España frente a unos 18.000 en Alemania (Airef 2020: 102). Sin ningún volumen en lo relativo a mercancías. Con estos volúmenes de actividad los resultados operativos de Adif AV (resultado de explotación) son ligeramente positivos (Airef 2020: 116), pero lo son siempre bajo la restricción de que no se considera la amortización de los fondos invertidos en la construcción de la infraestructura (que sí provoca una deuda creciente a Adif y pago de intereses), y solo considerando el mantenimiento de la infraestructura⁵.

Con un análisis de los rendimientos socioeconómicos respecto a los costes globales (no solo operativos) mediante un análisis ACB el balance era concluyente⁶: “El análisis coste beneficio de los cuatro corredores de alta velocidad concluye que los beneficios directos conjuntos en términos de ahorro de tiempo, disposición a pagar, tráfico generado, externalidades y costes evitados en los modos de los que se desvía tráfico, están lejos de compensar los costes fijos de construcción y los costes de operación.” (Airef 2020: 148).

De lo que se deduce que ningún km de AVE debió construirse en España. Salvo que el asunto se centre en que la “flor y nata” de las constructoras españolas se hayan forrado -y lo sigan haciendo- con este disparate nacional que nos hace campeones del mundo. Menos aún con el formato en que se hizo (exclusivo de pasajeros) y con un diseño obsesivamente centrípeto.

Si a este balance socioeconómico agregamos el efecto asociado del escaso esfuerzo inversor en ferrocarril convencional (que no deja de ser un coste de oportunidad para Adif y para la sociedad española en su conjunto), es sorprendente que aún así nos encontremos con que en esta red alternativa -que mueve 562 millones de pasajeros en cercanías y 36 millones en servicios convencionales- se superen los millones de pasajeros-km de la red de AVE (Airef 2020: 161). Todo ellos con un crecimiento sostenido a pesar del abandono de esta red y de su envejecido material móvil.

Estos datos aconsejan rehacer la primera tabla presentada en este análisis, confirmándose de nuevo la enorme discriminación que está suponiendo la gestión del ferrocarril en España: en favor de unos usos (ruinosos socialmente) y en detrimento de los otros (que serían virtuosos). Y aún para los primeros sin poder garantizar ni la recuperación de los costes de la inversión ni un mantenimiento a cada paso más costoso, mientras que para los segundos los resultados de explotación solo podrán cubrir algo menos de la mitad de los costes operativos⁷.

Viajeros e inversiones en el ferrocarril en España

Fuente: elaboración propia con datos de Airef (2020: 161)

Esta es la semilla de una tormenta ferroviaria perfecta que está detrás de los colapsos ferroviarios de comienzos del año 2026. Pues de los 12.000 millones de inversiones previstas en su día en cercanías solo se llevarían ejecutados algo menos de 1.000 millones (Airef 2020: 174). Unas asimetrías -y una tormenta perfecta- que difícilmente podrán evitar las inversiones previstas -ciertamente más equilibradas- para el período 2022-2026: por doce mil millones para AdifAV y otro tanto para Adif convenciona⁸ (aún suponiendo que se ejecutasen).

Fuente: elaboración propia con base de datos de la CNMC

Claro que los hechos son tozudos y a la vista de los últimos datos -del tercer trimestre de 2025- los pasajeros movidos por cada medio no cuadran para nada con esas cifras. Seguimos con un esfuerzo público que prima los usos más elitistas (y centrípetos) sobre los más sociales (y más descentralizados).

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Uno. El clima

Muchos lectores recordarán el anuncio o habrán oído hablar de él. Ante sus horas más bajas, el Atlético de Madrid puso en circulación a principios de la década de 2000 un ingenioso spot en el que se veía a un niño y su padre circulando por unas calles de Madrid atestadas de madridistas celebrando los triunfos de su equipo mientras los colchoneros acababan de hundirse en el pozo de la Segunda División. El anuncio terminaba con el niño formulando esta pregunta, mitad enternecedora, mitad letal: “Papá, ¿por qué somos del Atleti?”. 

Viendo el envenenado clima político del país y escuchando las cosas tremendas que los políticos, aunque ciertamente unos mucho más que otros, se dicen entre sí, cabe imaginar a ese mismo niño yendo en el coche con su padre alcalde, concejal, consejero o ministro; concluido el noticiario radiofónico que ambos acaban de escuchar, el hijo del alto cargo preguntaría lo mismo que el hijo del colchonero: “Papá, ¿por qué te hiciste político?”. 

Dos. Cretino, capullo, mentiroso

Los medios de izquierdas contabilizaron en su día los siguientes insultos proferidos desde las derechas contra Pedro Sánchez desde que es presidente del Gobierno: inmoral, irresponsable, cretino, capullo, hijo de puta, indecente, traidor, tirano, populista, corrupto, déspota, caudillista, ególatra, felón y sectario. Y ahí va ahora la relación de epítetos proferidos desde la izquierda contra Alberto Núñez Feijóo que recopilaron los medios de derechas: vago, mentiroso, populista, incompetente, extremista, cínico, insolvente y extremista. 

Es obvio que la derecha insulta más y mejor que la izquierda, aunque huelga decir que, para ser verdaderamente exhaustivas, ambas recopilaciones deberían haber incluido los dicterios, injurias y ofensas contra esos mismos políticos que eran cosecha exclusiva de los propios medios. Al fin y al cabo, políticos y periodistas son los dos principales colectivos que administran el espacio público: si, como viene sucediendo, tal espacio se envilece hasta el punto en que lo está ahora, la responsabilidad no puede ser exclusiva, como solemos pretender los periodistas, únicamente de los políticos. 

Tres. Piedras en el tejado

La política es el único oficio donde es costumbre, cuando no obligación inexcusable, tirar incesantemente piedras contra su propio tejado, contra el tejado mismo de la política, compartido por apedreadores y apedreados. No es raro, sin embargo, que suceda así: el modelo de organización y conducta en que se inspira la política es la guerra, y los políticos son vistos por sus adversarios no como ciudadanos particulares, personas de carne y hueso con hijos, padres, esposas, maridos, sino como combatientes uniformados de un ejército enemigo o, en el mejor de los casos, como estereotipados especímenes de un colectivo odiado, detestado o simplemente menospreciado.

Cuatro. Si nos pincháis, ¿no sangramos?

Bien pensado, los profesionales de la política, tan vilipendiados en general, deberían en no pocas ocasiones despertarnos más compasión que ira, más indulgencia que severidad. Recuerdan un poco a aquel Sylock que se lamentaba de que sus vecinos venecianos lo vieran como un maldito judío y no como un hombre con manos, órganos, cuerpo, sentimientos, afectos, pasiones, calentado por el mismo sol y enfriado por el mismo invierno que ellos. Si mañana Sánchez, Feijóo, Abascal, sí, sí, ¿por qué no Abascal? salieran a escena interpelando a sus adversarios con las preguntas, enternecedoras y letales, del pobre Sylock, –si nos pincháis, ¿no sangramos?; si nos hacéis cosquillas, ¿no nos reímos?; si nos envenenáis, ¿acaso no nos morimos?– serían el hazmerreír de sus oponentes, la vergüenza de sus correligionarios, el blanco predilecto de las impías mofas de la prensa.

Cinco. Respuesta correcta pero parcial

“Papá, ¿por qué te hiciste político?”. A la pregunta de su hijo, recién terminado el boletín de noticias, el alcalde, el concejal, el ministro le darían la respuesta políticamente correcta, no necesariamente falsa pero sí parcial: “¿Que por qué estoy en política? Para hacer una sociedad más justa, naturalmente, para hacer progresar el país y mejorar la vida de la gente, hijo mío”. Como el pequeño atlético del anuncio, el niño se quedaría dudoso, pensativo, intentando en vano cohonestar en su mente atónita las remotas proclamas de fraternidad y los insultos del noticiario todavía resonando en sus oídos, las promesas de justicia y la práctica incesante de la mezquindad y la doblez. Un minuto después, los altos cargos más íntegros y sinceros, vagamente compungidos, secretamente avergonzados, quizá añadirían para sí mismos: “Y también por fatuidad, por egolatría, por jactancia, por una buena nómina, también por todo eso, hijo mío”.  

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No hace mucho se reunieron dos de los políticos más brillantes del panorama nacional español. Incluso sus oponentes lo reconocen. Ambos pertenecen a partidos distintos, pero coinciden en lo esencial, además de mantener un discurso claro y directo —tal vez con alguna exageración cómica o hipérbole innecesaria—, pero sin bulos y sin pelos en la lengua. Me refiero a Emilio Delgado (diputado en la Asamblea de Madrid por Más Madrid) y a Gabriel Rufián (diputado en el Congreso por ERC).

Lo que estos dos políticos han planteado es algo bastante antiguo: la unión de la izquierda, especialmente teniendo en cuenta que la ley electoral en España es bastante injusta y que difícilmente van a aprobarse algunas de las propuestas para mejorar la representación del pueblo y reducir el número de políticos.

Lo que proponen no es la unión en un único partido nacional, sino un pacto por regiones para que, siguiendo la vigente Ley D’Hondt, se maximice el número de escaños conseguidos. La idea puede funcionar y frenar el envite de la derecha y la ultraderecha con todo lo que esto supone: devaluación del sector público, desprecio por el medioambiente, defensa del machismo, etc. Con respecto a la naturaleza, si ya el PP era un partido peligroso (demostrado sobradamente aquí), con sus nuevos socios —negacionistas impenitentes— la cosa no pinta bien ni para el medioambiente, ni para los animales, ni para nadie, salvo para una minoría que sabe bien lo que quiere y dónde pone su dinero.

Las luchas entre partidos pueden ser muy aburridas. Tenemos que centrar el debate en qué es lo mejor para nuestra sociedad en su conjunto y no para cada votante en particular.

¿Qué pedimos a un partido político digno?

Las ideas aquí expuestas, están AQUÍ en una poesía.

A la gente corriente —currantes o en paro, jóvenes o ancianos— nos da igual que se llamen de izquierdas o derechas. Lo que queremos es compromiso con los problemas reales de las personas y del planeta. Repartidos en tres epígrafes, los siguientes quince puntos que deberían estar en el programa y en la boca de cualquier partido decente:

1. Principios básicos:

1. Se debe tener claro que el gobierno tiene como principal misión defender a la ciudadanía por delante de cualquier objetivo corporativo. Los intereses empresariales deben estar siempre en segundo plano.
2. Para garantizar una democracia sana, se deben rechazar todas las formas de dictaduras y todos los golpes de Estado. Por muy razonable que parezca un totalitarismo, imponer un criterio particular a una mayoría nunca será aceptable.
3. El punto anterior va ligado a condenar cualquier genocidio como el de Palestina y cualquier conflicto armado como el de Irán, el cual no tiene más justificación que querer robar su petróleo (como también ocurrió en Irak o en Venezuela).
4. Un gobierno digno debe respetar la verdad y combatir los bulos. Para esto, es fundamental una televisión pública libre y objetiva que combata de forma transparente las manipulaciones. Cuando esto no es así, la sociedad se indigna (véanse los casos de la televisión gallega, andaluza o madrileña).
5. Un gobierno inteligente apoyará la cooperación internacional, sin perjuicio del resto de puntos. Como ha demostrado la Unión Europea, renunciar a beneficios particulares de un Estado a favor de un objetivo común beneficia a la mayoría. Por tanto, avanzar en intereses comunes suele ser mejor que navegar hacia cualquier forma de independentismo egoísta. En este sentido, las declaraciones de la líder del PP europeo, Von der Leyen, deben condenarse por despreciar la legalidad internacional (*).
6. También pedimos a nuestros políticos respeto por todos los contrincantes. Se debe respetar a los oponentes y ser tolerantes con todas las personas (no con todas las ideologías). Insultar nunca será una forma correcta de argumentar. Y el clásico «y tú más», tampoco.

2. Justicia social y modelo económico:

7. Maximizar el bien común pasa por fomentar la solidaridad, de forma laica o religiosa. No querremos vivir en un país donde reine el egoísmo y la pobreza. Esto implica:
   • Activar políticas para facilitar la vivienda a los más desfavorecidos (no a políticos y notarios como en Alicante). Cuando se construyan viviendas sociales, estas deben pertenecer siempre al Estado y jamás deben privatizarse.
   • Evitar desahucios y ofrecer alternativas.
   • Ayudas controladas a los desfavorecidos por desastres naturales u otras causas (descuentos en IRPF, en luz, agua…).
   • Aumentar los salarios más bajos (el SMI).
   • También, por supuesto, es deseable una sociedad solidaria con los inmigrantes y comprensiva con su situación. Eso implica un gasto extra del Estado, que nos beneficia a todos. Los que dicen «llévate a los inmigrantes a tu casa», seguro que no quieren meter en su casa los residuos de las nucleares que defienden.
   • En definitiva, intentar reducir la desigualdad es algo que beneficia a toda la sociedad, pues reduce los problemas sociales (delincuencia, fraude, explotación laboral…).
8. Un gobierno ideal debe apoyar lo público, con especial interés en la educación y la sanidad. La importancia de esto la vemos cada día. Durante la pandemia fue aún más evidente. Hubo lecciones que debimos aprender. Esto también sirve para medir la fortaleza de un gobierno frente a intereses comerciales o especulativos y, por tanto, para medir la salud de una democracia.
9. Los impuestos deben servir para sufragar los gastos públicos de forma solidaria. Es importante que sean justos y progresivos. Obsérvese que los países con mayor bienestar y menor delincuencia son precisamente los que tienen mayores impuestos, en particular a los millonarios. Subir un pequeño porcentaje a los magnates puede resolver grandes problemas. Y ellos ni lo notan. Para la democracia es positivo permitir que los contribuyentes puedan elegir el destino de parte de sus impuestos. Y el que evada en paraísos fiscales (como algunos influencers) que pague si quiere usar nuestros servicios públicos (hospitales, aeropuertos, etc.).
10. Reducir la jornada laboral es un acto de justicia universal, dado que hay multitud de inventos que están ahorrando mucha mano de obra (robots, IA, computadoras…). Es preciso reconocer que estos inventos son logros de la humanidad en su conjunto y, por consiguiente, es justo que beneficien a todos y no solo a una minoría.
11. Deben defenderse los derechos civiles (igualdad ante la ley, libertad de expresión, matrimonio igualitario…) así como la igualdad entre la ciudadanía: feminismo (igualdad entre personas de distinto género), lucha contra el racismo, la aporofobia, etc.

3. Ciencia, medioambiente y bienestar animal:

12. Las decisiones políticas deben estar, cuando sea posible, avaladas por la ciencia y nunca deben ignorar sus conclusiones para favorecer intereses partidistas.
13. Una ideología sensata siempre debe estar dispuesta a cambiar y evolucionar. Así, las tradiciones pueden cambiarse para adaptarse a los nuevos tiempos.
14. Un medioambiente sano no es solo uno de los Derechos Humanos y un bonito artículo de la Constitución Española (art. 45). Nuestra vida, nuestra salud y la de nuestros descendientes dependen de que cambiemos nuestra forma de tratar a la naturaleza. Por tanto, debe ser aislado cualquier partido o ideología que no lo entienda y que no respete lo que dice la ciencia.
15. Defender los derechos de los animales es también elemental para la dignidad del ser humano. Y también ayudará a mejorar nuestro trato a la naturaleza. ¿Cómo es posible que la tauromaquia esté blindada en España cuando solo el 8 % de los españoles acudió a algún espectáculo taurino en el último año? Además, un 70 % manifiesta tener un interés «mínimo» por estos eventos; y siete de cada diez consideran «totalmente inaceptable» el uso de animales en corridas de toros, eventos que se han desplomado un 60 %. Incluso se han cerrado numerosas plazas.

Si un partido político o una coalición aboga por todo (o casi todo) lo dicho arriba, creo que contará con mi apoyo y con el de muchos otros. No es una cuestión de izquierdas o derechas. Es una cuestión de sensatez y humanidad.

• En este enlace tienes una poesía que repasa estas ideas a modo de pasatiempos, en la que tienes que descubrir la última palabra de cada estrofa.

(*) Tras sus esperpénticas declaraciones incitando a abandonar la legalidad internacional, una noticia más reciente dice que Von der Leyen recula ante las críticas y defiende ahora el “compromiso inquebrantable” de la UE con el derecho internacional. Es muy lamentable que tenga que desdecirse porque las críticas han sido feroces y las peticiones de dimisión se cuentan por millares en redes sociales. Es obvio que dijo lo que pensaba y que su amor por el cargo le hace decir lo que tenga que decir. Resulta del todo hilarante que el PP saliera a defender las palabras de Von der Leyen y, ahora que se ha desdicho, el PP calla. Hablar sin pensar es peligroso.

Más sobre política sensata:

• Política y urbanismo: La ideología influye en las ciudades.
• Libros sobre Economía/Política/Paz (resumidos).
• El fin de la violencia.
• Libro El mundo no se acaba, de Hannah Ritchie (resumen).
• Propuesta para REDUCIR los Políticos, y MEJORAR la Representación.
• Un senador sincero que reconoce la inutilidad del Senado y de las Diputaciones.

No hace mucho se reunieron dos de los políticos más brillantes del panorama nacional español. Incluso sus oponentes lo reconocen. Ambos pertenecen a partidos distintos, pero coinciden en lo esencial, además de mantener un discurso claro y directo —tal vez con alguna exageración cómica o hipérbole innecesaria—, pero sin bulos y sin pelos en la lengua. Me refiero a Emilio Delgado (diputado en la Asamblea de Madrid por Más Madrid) y a Gabriel Rufián (diputado en el Congreso por ERC).

Lo que estos dos políticos han planteado es algo bastante antiguo: la unión de la izquierda, especialmente teniendo en cuenta que la ley electoral en España es bastante injusta y que difícilmente van a aprobarse algunas de las propuestas para mejorar la representación del pueblo y reducir el número de políticos.

Lo que proponen no es la unión en un único partido nacional, sino un pacto por regiones para que, siguiendo la vigente Ley D’Hondt, se maximice el número de escaños conseguidos. La idea puede funcionar y frenar el envite de la derecha y la ultraderecha con todo lo que esto supone: devaluación del sector público, desprecio por el medioambiente, defensa del machismo, etc. Con respecto a la naturaleza, si ya el PP era un partido peligroso (demostrado sobradamente aquí), con sus nuevos socios —negacionistas impenitentes— la cosa no pinta bien ni para el medioambiente, ni para los animales, ni para nadie, salvo para una minoría que sabe bien lo que quiere y dónde pone su dinero.

Las luchas entre partidos pueden ser muy aburridas. Tenemos que centrar el debate en qué es lo mejor para nuestra sociedad en su conjunto y no para cada votante en particular.

¿Qué pedimos a un partido político digno?

Las ideas aquí expuestas, están AQUÍ en una poesía.

A la gente corriente —currantes o en paro, jóvenes o ancianos— nos da igual que se llamen de izquierdas o derechas. Lo que queremos es compromiso con los problemas reales de las personas y del planeta. Repartidos en tres epígrafes, los siguientes quince puntos que deberían estar en el programa y en la boca de cualquier partido decente:

1. Principios básicos:

1. Se debe tener claro que el gobierno tiene como principal misión defender a la ciudadanía por delante de cualquier objetivo corporativo. Los intereses empresariales deben estar siempre en segundo plano.
2. Para garantizar una democracia sana, se deben rechazar todas las formas de dictaduras y todos los golpes de Estado. Por muy razonable que parezca un totalitarismo, imponer un criterio particular a una mayoría nunca será aceptable.
3. El punto anterior va ligado a condenar cualquier genocidio como el de Palestina y cualquier conflicto armado como el de Irán, el cual no tiene más justificación que querer robar su petróleo (como también ocurrió en Irak o en Venezuela).
4. Un gobierno digno debe respetar la verdad y combatir los bulos. Para esto, es fundamental una televisión pública libre y objetiva que combata de forma transparente las manipulaciones. Cuando esto no es así, la sociedad se indigna (véanse los casos de la televisión gallega, andaluza o madrileña).
5. Un gobierno inteligente apoyará la cooperación internacional, sin perjuicio del resto de puntos. Como ha demostrado la Unión Europea, renunciar a beneficios particulares de un Estado a favor de un objetivo común beneficia a la mayoría. Por tanto, avanzar en intereses comunes suele ser mejor que navegar hacia cualquier forma de independentismo egoísta. En este sentido, las declaraciones de la líder del PP europeo, Von der Leyen, deben condenarse por despreciar la legalidad internacional (*).
6. También pedimos a nuestros políticos respeto por todos los contrincantes. Se debe respetar a los oponentes y ser tolerantes con todas las personas (no con todas las ideologías). Insultar nunca será una forma correcta de argumentar. Y el clásico «y tú más», tampoco.

2. Justicia social y modelo económico:

7. Maximizar el bien común pasa por fomentar la solidaridad, de forma laica o religiosa. No querremos vivir en un país donde reine el egoísmo y la pobreza. Esto implica:
   • Activar políticas para facilitar la vivienda a los más desfavorecidos (no a políticos y notarios como en Alicante). Cuando se construyan viviendas sociales, estas deben pertenecer siempre al Estado y jamás deben privatizarse.
   • Evitar desahucios y ofrecer alternativas.
   • Ayudas controladas a los desfavorecidos por desastres naturales u otras causas (descuentos en IRPF, en luz, agua…).
   • Aumentar los salarios más bajos (el SMI).
   • También, por supuesto, es deseable una sociedad solidaria con los inmigrantes y comprensiva con su situación. Eso implica un gasto extra del Estado, que nos beneficia a todos. Los que dicen «llévate a los inmigrantes a tu casa», seguro que no quieren meter en su casa los residuos de las nucleares que defienden.
   • En definitiva, intentar reducir la desigualdad es algo que beneficia a toda la sociedad, pues reduce los problemas sociales (delincuencia, fraude, explotación laboral…).
8. Un gobierno ideal debe apoyar lo público, con especial interés en la educación y la sanidad. La importancia de esto la vemos cada día. Durante la pandemia fue aún más evidente. Hubo lecciones que debimos aprender. Esto también sirve para medir la fortaleza de un gobierno frente a intereses comerciales o especulativos y, por tanto, para medir la salud de una democracia.
9. Los impuestos deben servir para sufragar los gastos públicos de forma solidaria. Es importante que sean justos y progresivos. Obsérvese que los países con mayor bienestar y menor delincuencia son precisamente los que tienen mayores impuestos, en particular a los millonarios. Subir un pequeño porcentaje a los magnates puede resolver grandes problemas. Y ellos ni lo notan. Para la democracia es positivo permitir que los contribuyentes puedan elegir el destino de parte de sus impuestos. Y el que evada en paraísos fiscales (como algunos influencers) que pague si quiere usar nuestros servicios públicos (hospitales, aeropuertos, etc.).
10. Reducir la jornada laboral es un acto de justicia universal, dado que hay multitud de inventos que están ahorrando mucha mano de obra (robots, IA, computadoras…). Es preciso reconocer que estos inventos son logros de la humanidad en su conjunto y, por consiguiente, es justo que beneficien a todos y no solo a una minoría.
11. Deben defenderse los derechos civiles (igualdad ante la ley, libertad de expresión, matrimonio igualitario…) así como la igualdad entre la ciudadanía: feminismo (igualdad entre personas de distinto género), lucha contra el racismo, la aporofobia, etc.

3. Ciencia, medioambiente y bienestar animal:

12. Las decisiones políticas deben estar, cuando sea posible, avaladas por la ciencia y nunca deben ignorar sus conclusiones para favorecer intereses partidistas.
13. Una ideología sensata siempre debe estar dispuesta a cambiar y evolucionar. Así, las tradiciones pueden cambiarse para adaptarse a los nuevos tiempos.
14. Un medioambiente sano no es solo uno de los Derechos Humanos y un bonito artículo de la Constitución Española (art. 45). Nuestra vida, nuestra salud y la de nuestros descendientes dependen de que cambiemos nuestra forma de tratar a la naturaleza. Por tanto, debe ser aislado cualquier partido o ideología que no lo entienda y que no respete lo que dice la ciencia.
15. Defender los derechos de los animales es también elemental para la dignidad del ser humano. Y también ayudará a mejorar nuestro trato a la naturaleza. ¿Cómo es posible que la tauromaquia esté blindada en España cuando solo el 8 % de los españoles acudió a algún espectáculo taurino en el último año? Además, un 70 % manifiesta tener un interés «mínimo» por estos eventos; y siete de cada diez consideran «totalmente inaceptable» el uso de animales en corridas de toros, eventos que se han desplomado un 60 %. Incluso se han cerrado numerosas plazas.

Si un partido político o una coalición aboga por todo (o casi todo) lo dicho arriba, creo que contará con mi apoyo y con el de muchos otros. No es una cuestión de izquierdas o derechas. Es una cuestión de sensatez y humanidad.

• En este enlace tienes una poesía que repasa estas ideas a modo de pasatiempos, en la que tienes que descubrir la última palabra de cada estrofa.

(*) Tras sus esperpénticas declaraciones incitando a abandonar la legalidad internacional, una noticia más reciente dice que Von der Leyen recula ante las críticas y defiende ahora el “compromiso inquebrantable” de la UE con el derecho internacional. Es muy lamentable que tenga que desdecirse porque las críticas han sido feroces y las peticiones de dimisión se cuentan por millares en redes sociales. Es obvio que dijo lo que pensaba y que su amor por el cargo le hace decir lo que tenga que decir. Resulta del todo hilarante que el PP saliera a defender las palabras de Von der Leyen y, ahora que se ha desdicho, el PP calla. Hablar sin pensar es peligroso.

Más sobre política sensata:

• Política y urbanismo: La ideología influye en las ciudades.
• Libros sobre Economía/Política/Paz (resumidos).
• El fin de la violencia.
• Libro El mundo no se acaba, de Hannah Ritchie (resumen).
• Propuesta para REDUCIR los Políticos, y MEJORAR la Representación.
• Un senador sincero que reconoce la inutilidad del Senado y de las Diputaciones.