Este artículo forma parte del dossier ‘Obreros de ultraderecha’. Puedes conseguir la revista y suscribirte en el kiosco de ‘La Marea’.

Mono azul, gesto adusto, ceño muy fruncido, un envarado saludo militar. La capilla ardiente de Francisco Franco en el Palacio de Oriente convoca una larguísima cola de gente entre la que hay partidarios como este, simples curiosos y algún antifranquista que quiere asegurarse de que el rigor mortis del eterno Generalísimo está atado y bien atado. Y este obrero. Suponemos que lo era, por el mono azul. Es una imagen icónica. Se queda ahí, tieso como una vela o un garrote vil, y el servicio de seguridad tiene que empujarlo para que avance.

No sabemos quién era, como no conocemos la identidad de aquella señora que, en otra grabación emblemática de aquellos años transicionales, berrea a cámara que el Sagrado Corazón de Jesús nos ayudará en este baño de sangre. Perdieron su nombre y apellidos y se convirtieron en arquetipos: la furia nacionalcatólica, el obrero de derechas.

Hubo obreros franquistas, un obrerismo franquista, había habido un obrerismo falangista. El azul mahón de la camisa-uniforme de Falange provenía de aquellos monos; el rojo y negro de la enseña del partido, de la bandera anarquista. Trampas bastante burdas de lo que fundamentalmente eran señoritos con apellidos como Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, pero reclutaron a algún obrero real, igual que lo habían hecho los sindicatos católicos.

¿Nada más tonto que un obrero de derechas? ¿Sería, pues, el sumun de la tonticie ser un obrero franquista? No necesariamente. A algunos obreros puede interesarles que la derecha triunfe, porque es complejo el asunto del interés. Nunca se limita al dinero. Hay siniestros salarios emocionales: ser, por ejemplo, caudillo de tu casa, generalísimo de una esposa de pata quebrada, que en casa te reciba, después de que te exploten en el tajo, con una cena caliente, las zapatillas preparadas y una copita de Soberano, y a la que puedas calzarle una hostia sin que se queje. Las leyes del franquismo dictaminaban que la mujer debía pedir permiso a su marido para trabajar, firmar contratos o abrir cuentas; su delito de adulterio se ensañaba solo con las adúlteras; si a un uxoricidio se le apreciaba «causa de honor», la pena se atenuaba considerablemente. Y de esto se beneficiaban los gobernadores civiles, pero también los fresadores de la Perkins.

Malvados, pero no tontos

Franco y los franquistas eran malvados, pero no tontos, aunque a cierto mito antifranquista persistente le guste conceptuarlos así. Si hubieran sido tontos, no hubieran ganado tres guerras: la literal de 1936-1939; la supervivencia post-1945, tras la derrota del Eje, y, treinta años más tarde, la de la transición reformista o rupturista.

Con respecto a los obreros, supieron repartir, no solo palos, sino también zanahorias. Franco se había forjado en el Rif, pero también en la Asturias natal de su esposa, oriunda de una ciudad en la que, en 1934, la última comuna obrera de Europa Occidental –que la República de derechas encargó sofocar a Franco, con técnicas rifeñas– había reventado con dinamita la Cámara Santa de la catedral. El recuerdo de la Asturias roja preocupó siempre a un dictador que supo que, para desactivarla, hacía falta usar algo más que la violencia.

Los derechos recogidos en el Fuero del Trabajo, a los cuales se acogía el antifranquismo entrista; la vivienda de protección oficial o algunos proyectos emblemáticos del franquismo autárquico (de las universidades laborales a poblados modelo como Ciudad Pegaso, en Madrid; Llaranes, en Asturias, vinculado a ENSIDESA; o el poblado de ENCASO en Puertollano), fueron algunas de esas zanahorias.

Eran mucho menores y de peor calidad que las prebendas que conquistaban los trabajadores de las democracias keynesianas, que las consagraban como derechos en lugar de repartirlos como óbolos de caridad, cancelables a capricho del poder dictatorial y en cualquier momento. En Reino Unido, Países Bajos, Suecia o Francia la inversión pública en vivienda comportaba del 2 al 5% del PIB; se sujetaba a normativas de metros mínimos por habitante, calefacción, baño propio, cocina equipada y servicios urbanos modernos; y generó porcentajes del 20 o 30% del parque total, que se disparaba más allá en algunas ciudades.

Mientras tanto, en España la vivienda protegida no pasaba del 0,5% del PIB y del 5 a 7% del parque construido, y lo frecuente era que se construyera con superficies muy reducidas, sin baño completo o calefacción, con materiales baratos y rodeada de un adecentamiento urbanístico negligente o inexistente. Negligencia que hacía que muchos de esos vecinos forjaran poderosas asociaciones para reclamar alumbrado, asfaltado o colegios, que solieron acabar más o menos vinculadas al partido comunista.

Pero la memoria es selectiva, y ante problemas actuales como la crisis habitacional, al neofranquismo le resulta muy fácil convertir esos aspectos de la dictadura en nostalgia política del siglo XXI, propagada a través de memes y bulos. En ellos se deslizan nostalgias de otro tipo: no había «negros», «moros», «manolos» o «feminazis» en Llaranes. Y lo que sí había era lo que así recuerda una de sus habitantes, Ana Rosa Iglesias, en una entrevista en Nortes:

Se vigilaba a las familias. Había una monja, sor Vicenta, que se encargaba de eso. Las familias tenían que tener a los niños de una manera, no se podían hacer determinadas cosas, había que ir a misa… O el tema de los malos tratos. Porque había muchos malos tratos. Yo recuerdo vivirlo de bien pequeña. Vi saltar a una mujer por una ventana con el cuchillo del marido, borracho, detrás. Había mucho de eso. Y de padres a hijos, también. Lo veías en el colegio y en las casas de alrededor. Un día, tendría yo doce años, vinieron a detener a los padres de una niña, porque la habían intentado vender. Las familias normales trataban de ocultarte estas cosas, pero lo veías. O a lo mejor atar a un guaje que había hecho algo mal y llevarlo por alrededor de las casas dándole latigazos, para que la gente viera que el padre podía con el hijo.

La nostalgia del cuchillo y del latigazo puede ganar, hoy, unas elecciones. Votada por señoritos, y también por obreros.

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Salud, vivienda, racismo, cambio climático, estafas, homofobia. Sobre cualquiera de estos temas cada día en las redes sociales se publican bulos, operan campañas y se vierte odio como si lo descargara un camión cisterna. Pero también hay personas detrás de cientos de perfiles que libran una batalla cotidiana.

Laura, Guillermo, Andrea, Santiago, Daniel. Esta lista seguramente no te dice nada. Pero si te digo que son los nombres que están detrás de los perfiles Le petite pato, Farmacia enfurecida, Mi familia mixta, Champimuros o Tigrillo es muy probable que la cosa cambie. Y resulta casi imposible que si entras de vez en cuando en redes sociales no hayas visto unos cuantos videos suyos puesto que suelen contar sus reproducciones por cientos de miles, o millones. 

Andrea Navarro era una criminóloga murciana que tuvo la ocurrencia de casarse y tener una hija con un chico de Guinea. Y además contarlo en redes sociales. Al empezar a subir sus videos familiares en Tik Tok, el 95% de los comentarios eran insultos racistas. “Era asfixiante”, nos cuenta. De hecho estuvo tentada de dejar de publicar nada sobre su familia. Pero hizo justo todo lo contrario: creó el perfil Mi familia mixta y empezó a exponer –y a burlarse– de los insultos, de los prejuicios racistas y de las preguntas absurdas que recibía. “Si alguien te está insultando, lo que quiere es que respondas con más insultos, saber que te afecte, así que el humor les descoloca”. 

Su comunidad fue creciendo y, casi una década después, para su sorpresa, las redes sociales se han convertido en su profesión gracias a publicidades puntuales. Andrea no se plantea su canal como una forma de luchar contra el racismo o la islamofobia –“si te has criado en el odio es muy difícil que cambies”, dice-, sino más bien como una forma de ayudar a otras familias mixtas o racializadas. “Racistas habrá siempre, pero yo elijo cómo me lo tomo”. Al ridiculizar el racismo, los agresores pierden fuerza. 

¿Activismo o profesión?

Aunque haya algunos casos de activistas de las redes que desde el principio tienen una visión profesional, en la mayoría de los casos esta “militancia” surge como respuesta de una vivencia personal, que luego puede convertirse en una forma de ganarse la vida. Es el caso de Santiago Caamaño, en redes Champimuros, que tras superar una adicción al juego mantiene una cruzada con todo aquel que promueva las apuestas en redes, al tiempo que denuncia la falsedad y los cursos-estafa y se burla en general de todos aquellos “fantasmas”, como los llama él, que presumen de lujo, superficialidad, o de ser abiertamente machistas.

Otra vivencia personal, en este caso una tan habitual como buscar piso, fue la que llevó hace tres años a la arquitecta e ilustradora gallega Laura Pato a llenar su perfil de Instagram de videos de alquiler o venta de casas. “Mi primer objetivo era señalar los pocos límites que tenemos a la hora de elegir una vivienda, las carencias arquitectónicas que aceptamos. Pero la situación ha empeorado muchísimo y ahora estamos obligados a aceptar lo que se nos ofrece”, explica a La Marea.

Camas a dos palmos del techo, retretes dentro del plato de ducha, paredes fantasmagóricas, ventanas propias de un camarote o espacios minúsculos que son a la vez cocina, comedor y salón. En alquiler o compra, Laura muestra hasta qué punto ha llegado la burbuja inmobiliaria del país, incluyendo escenas de películas y golpeando con su boli en la pantalla los mayores disparates arquitectónicos y decorativos. Pero desde luego lo más descorazonador de sus videos es su ya mítica frase final, “corred que vuela”, porque sabemos que, en el fondo, algo de verdad puede tener… 

A pesar de que muchas de sus publicaciones superan el millón de reproducciones, Laura asegura hacer estos videos simplemente porque le divierte hacerlo, sirven para visibilizar una situación y sólo acepta hacer publicidad de algo que tenga que ver con los problemas de vivienda. 

Cada tema parece tener uno o varios de estos nuevos quijotes de vocación que luchan contra los bulos. Y quizás pocos tan dañinos, y tan en auge, como los que tienen que ver con nuestra salud. Para desmentirlos nos encontramos cada día con profesionales como Guillermo Martín en su Farmacia enfurecida,  Boticaria García o Farmacéutico Fernández. 

El coste de coger una “lanza” controvertida 

Como hemos visto, el éxito de un perfil activista sobre un tema social se puede convertir en una profesión o en ingresos extra para quienes consiguen una cierta repercusión. Pero hay muchos otros en los que los millones de reproducciones apenas generan beneficios económicos, al menos de forma directa. Es el caso de Daniel Valero, más conocido como Tigrillo, quien desde 2011, cuando tenía apenas 17 años, publica principalmente contenidos relacionados sobre la realidad –y contra los prejuicios– de la comunidad LGTBIQ+. Sin embargo, a pesar de su importante repercusión, nunca ha llegado “a vivir de esto”. “No depende tanto del número como de los temas que tratas. Los que tratamos temas más políticos tenemos menos oportunidades de publicidad”, explica. 

Aunque este periodista afirma que su labor es “más divulgación que activismo”, su principal objetivo, nos dice, es luchar contra el movimiento que ha puesto a las personas LGTBIQ+ como “enemigos sociales para desviar la atención de los problemas reales”. Y si el tema es controvertido no aparecen los anunciantes, pero sí los insultos, cientos de amenazas de muerte, incluso las persecuciones en la calle… “El coste es altísimo, creo que la gente no lo imagina. Sales a la calle y piensas que cualquiera puede ser potencialmente agresivo”, denuncia Daniel. 

Lo saben bien las centenares de mujeres que hablan de feminismo, o desde una perspectiva feminista, en sus canales. Y también quienes tratan cualquier otro tema que esté en el foco de la extrema derecha, como el cambio climático. Hope y Climabar son dos proyectos personales que dan esta batalla con éxito contra la desinformación desde el rigor pero de una forma atractiva, optimista y desenfadada. Pero quizás quien haya arriesgado más en este ámbito es el biólogo Fernando Valladares, quien podría haberse limitado a su labor científica, pero decidió “bajar al barro” para tratar de desmentir por todos los medios las mentiras sobre la emergencia climática, en particular desde la primera llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. 

Valladares reconoce que la divulgación en redes le reporta “cosas positivas”, pero también señala “un desgaste personal, ya que buscan el descrédito de tu trabajo”. “Cada vez más científicos, además de investigar, buscamos generar conciencia, es una batalla piedra a piedra que sabemos que no tiene final” debido a la “eficaz estrategia de la ultraderecha de dar un mensaje falsamente tranquilizador”.

La lanza del humor 

Como hemos visto, los temas, los formatos y los posibles retornos económicos varían entre cada uno de estas y estos Quijotes de las redes. Pero lo que casi todos comparten es que el humor es la principal arma de su particular cruzada. 

“El humor es capaz de atravesar ciertas capas. Yo sería incapaz de hacer un activismo serio, me resulta más fácil consumir. Sobre todo en Instagram, voy a distraerme”, explica Laura. Daniel Tigrillo añade que el humor es capaz de sintetizar, “es lo más eficaz para llegar a una audiencia que está distraída con muchos estímulos”. Y según él le ayuda a alejarse de esa “caricatura de lo woke” como personas que quieren “cancelar todo, echar la bronca por todo”. 

Como el Quijote, quizás nunca lograrán ganar del todo al enemigo, pero la difusión que han conseguido ya supone una victoria que merece celebrarse. 

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‘La parábola del rico insensato’. (Rembrandt, alrededor de 1627).

Artículo original publicado en ctxt.es por Constantino Bértolo

Mientras los bancos –los seis grandes ganaron 34.000 millones en 2025– apliquen una política sobre el ahorro tan cicatera, el negocio inmobiliario será la inversión rentable. La izquierda debe intervenir

La socialdemocracia, desde Kautsky en Alemania y Fernández de los Ríos en España, encuentra su fundamento ideológico en la confusión entre la lógica del capital con la moral y las buenas intenciones. Y así, por ejemplo, de pronto y en plena y eterna campaña electoral, Pedro Sánchez le pide a la patronal “que paguen más” y Yolanda Díaz le reprocha a Garamendi, presidente de la CEOE, que gane más de cien veces el salario mínimo interprofesional. Como si los capitalistas pudieran dejar de ser capitalistas. Parecería que para la socialdemocracia socialista o comunista los capitalistas son gentes malas y egoístas, pecadores, en definitiva, y sin duda por eso tratan de salvarlos ayudándoles a que sean malos pero no tanto.

No deja de ser curioso que, por ejemplo, a los tenedores de pisos, como si fueran niños caprichosos u onanistas de la propiedad privada, se les intente apartar, vía decreto, ordenanzas o impuestos, de los nefastos vicios de la especulación inmobiliaria. En Cataluña, a los grandes tenedores (propietarios de cinco o más viviendas) se les quiere prohibir comprar un piso salvo que demuestren, en un plazo de doce meses –prorrogables a dieciocho– que es su residencia habitual. Cabe imaginarse a la tropa de los grandes tenedores saltando de barrio en barrio y me empadrono porque me toca, mientras que a los menos afortunados (de cinco propiedades como mucho) se les dejará comprar nuevas moradas siempre que sea para uso de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad: hijos, hijas, sobrinos, sobrinas o nietos y nietas. ¡La familia que compra unida permanece unida! 

El 30 % de las compras de vivienda se ha efectuado mediante pago directo y el 70 % vía hipoteca

Pero si algo nos enseña el marxismo es que debajo de la playa siempre está el capital y que, por encima de los solares urbanizables, siempre está el precio del dinero. Los datos sobre vivienda del año 2025 son muy curiosos y reveladores. El fuerte incremento del número de viviendas que se heredan cada año –más de 200.000 en 2025– no deja de ser sorprendente, aunque responda a causas muy predecibles. Como si la muerte fuese la condición más favorable para aflojar tensiones entre la oferta y la demanda. La bajada del número de nacimientos durante las últimas décadas no hace sino provocar una fuerte acumulación de patrimonio inmobiliario en manos de ese 1,1 % de tasa de natalidad sobre el que están desembocando la acumulación de propiedades de abuelos y padres, sin contar otras ramas familiares sin herederos directos. Muchas hijas o hijos únicos se van a ver convertidos en pocos años, en medianos o grandes propietarios. Un fenómeno que indudablemente aumentará el tamaño de la brecha de desigualdad pero que a su vez tendrá o está teniendo ya su llamativo reflejo en el sistema inmobiliario español. Las estadísticas indican que durante este último año cambiaron de propiedad más de un millón de casas, con más de 700.000 compraventas registradas. Profundizando un poco más en las cifras, cabe destacar que, de esa totalidad, el 30 % se han efectuado mediante pago directo y el 70 % vía hipoteca. La tendencia al alza en el uso de hipotecas se explicaría por la progresiva moderación de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, que mejora las condiciones de acceso al crédito y reduce las cuotas mensuales, mientras que el pago directo sería la vía elegida por ahorradores e inversores, es decir, por aquellos que, poseyendo un patrimonio monetario más o menos importante, buscan rentabilizarlo. 

En el caso de quienes acudan a la hipoteca la cuota mensual aproximada que tendrán que amortizar es de unos 1.124€

En el caso de quienes acudan a la hipoteca, y siendo la hipoteca media en lugares muy tensionados como Madrid de casi 300.000€, a 30 años y un tipo fijo del 2,1 % TIN, la cuota mensual aproximada que tendrán que amortizar es de unos 1.124€. Dado que la media del pago de alquiler en España supone un cifra semejante o superior en la mayor parte de los casos, parece evidente que el acceso a la propiedad de un piso resulta ser una inversión segura, aunque no demasiado rentable, salvo que tenga lugar en aquellas zonas urbanas donde el alquiler real dobla la media señalada, lo que explica la concentración del problema en las áreas urbanas más tensionadas. En todo caso, la propiedad inmobiliaria goza, con destino a alquiler o no, de una sostenible y general revalorización.

La escasez de la vivienda en España es sin duda el elemento económico que explica el alza continua de su precio, con un incremento anual del 13 %, que representa más del doble de la media europea. Pero detrás de la demanda se esconde otra variable financiera: ¿cuánto vale el dinero?, que convendría tener en cuenta a la hora de interpretar y programar soluciones al problema. Como señalaba hace poco Ricardo Sobrino en un artículo en El País, “los hogares españoles acumulan más de un billón de euros en depósitos de muy escasa o nula rentabilidad”. Teniendo en cuenta que la remuneración media de los depósitos a la vista es del 0,14% anual y la de los depósitos a plazo del 1,6%, mientras que la inflación supuso en 2025 un 2,7 %, la cosa parece clara: tener el dinero en el banco no es rentable. De ahí la demanda de la “mercancía vivienda” como inversión atractiva por su mayor rentabilidad para muchas economías “domésticas”. Desde esa realidad se deriva que el incremento de la demanda no es únicamente asunto, ni mucho menos, de los grandes especuladores, sino la acción capitalista natural de cualquier economía que no se resigne a que el sistema financiero le haga perder cada año el 3% de su dinero. Dicho en otros términos: si se olvida u obvia que la usurera política de remuneración del ahorro que la banca está llevando es causa relevante del problema, de poco valdrá desviar hacia la conducta moral de los propietarios causas, iniciativas fiscales y consejos. Al respecto no puede uno dejar de sonreír al recordar cómo, en 2023, Nadia Calviño, durante su etapa como vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, pidió a la banca, en múltiples ocasiones que aumentara, en un contexto de subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, las tasas de retribución de las cuentas de ahorro y depósitos: “No me cabe ninguna duda de que el sector bancario español tiene que empezar a transmitir la subida de los tipos de interés en beneficio de los clientes y de los ciudadanos españoles”. ¿Respuesta? Silencio, fusiones, ERES y recorte de plantillas.

Una política sobre el ahorro tan cicatera en tiempos en los que sus beneficios mantienen año tras año incrementos espectaculares requiere intervenciones reales y no apaños bienintencionados. Los seis grandes bancos –Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja– ganaron 34.000 millones de euros en 2025, un récord absoluto, y apenas tributan el 5 % de sus ganancias. El capital, vía sistema financiero, se come nuestro dinero y lo evacua como inversión rentable en el negocio inmobiliario. Y no estamos hablando de nacionalizar la banca, que también, sino acaso, y aprovechando créditos que aporte Bruselas, poner en marcha algo así como una Caja Nacional de Ahorros que, al menos, compita con la banca privada en el campo de la remuneración de cuentas y depósitos. Porque, si la izquierda no asume la necesidad de intervención sobre los mecanismos que garantizan la reproducción ampliada del capital, no dejará de ser un paño de lágrimas. Con una propuesta así en su programa, quizá la izquierda sería capaz de presentarse como una fuerza única y coherente. Que falta nos hace.

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El acceso a la vivienda se ha convertido en un factor clave de la desigualdad en España. La brecha impacta especialmente en los hogares que viven de alquiler: el 61% de las personas inquilinas no logra ahorrar debido a los elevados costes de la renta y más de la mitad de ellas (58%) considera improbable poder adquirir una vivienda en el futuro. Es como un bucle del que no se puede salir. En contraste, el 60% de quienes tienen su casa completamente pagada sí ahorra todos los meses.

Así lo pone de manifiesto un informe de Oxfam Intermón, que profundiza en la crisis de la vivienda a partir de los datos extraídos de la encuesta Vivir la Desigualdad II, realizada por la organización en 2025 a 4.102 personas.

La crisis, indica Oxfam, es palpable, especialmente cuando se analiza la evolución de los precios. En el último lustro, el coste tanto del alquiler como de la compraventa se ha disparado. Hoy, el 85% de las personas inquilinas destina más del 30% de sus ingresos al pago de la renta y una de cada tres supera el 50%. Entre los hogares con hipoteca, la presión también es muy elevada: el 62% dedica más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda, y una de cada cinco, el 50%.

“El acceso a la vivienda supone un gran esfuerzo para millones de personas pero es especialmente difícil para quienes pagan una renta. En esta situación se perpetúa la ‘trampa del alquiler’: los altos precios impiden ahorrar y dificultan reunir la entrada para una hipoteca. Como resultado, muchas personas quedan atrapadas en un mercado del alquiler cada vez más asfixiante”, señala Alejandro García-Gil, autor del informe y responsable de políticas de protección social y empleo de Oxfam Intermón.

Mismos ingresos, menor ahorro en alquiler

El informe también revela que el régimen de vivienda es un factor de desigualdad cada vez más determinante, incluso por encima del nivel de ingresos. Con el mismo salario, vivir de alquiler penaliza de forma clara la capacidad de ahorro.

La diferencia es especialmente acusada en los tramos salariales más bajos. Entre quienes perciben el salario mínimo interprofesional (SMI), la brecha en la probabilidad de ahorrar supera los 25 puntos porcentuales: el 58,6% de las personas con vivienda pagada logra ahorrar, frente al 32,4% de quienes viven de alquiler. De hecho, una persona propietaria con ingresos equivalentes al SMI –1.184€ en 2025– tiene más probabilidad de ahorrar que una persona inquilina con un salario de 2.000 euros.

La comparación entre alquiler e hipoteca refuerza esta tendencia. Así, una persona inquilina que ingresa 2.000 euros al mes tiene prácticamente la misma capacidad de ahorro (51,9%) que alguien con hipoteca que gana 1.500 euros (50,2%).

“Corremos el riesgo de consolidar una brecha cada vez mayor entre quienes destinan gran parte de sus ingresos al alquiler y quienes ya cuentan con vivienda y capacidad de ahorro. Una desigualdad que puede marcar el futuro social y económico del país”, alerta García-Gil.

Desahucios invisibles

En este contexto, también se ha incrementado la inestabilidad residencial. Según el análisis, una de cada tres personas que paga una renta –alrededor de tres millones– sufrió el último año “desahucios invisibles”: finalizaciones de contrato o subidas inasumibles que derivan en mudanzas forzosas.

El impacto es especialmente acentuado entre personas extracomunitarias (37%) y jóvenes menores de 35 años (31,9%). En el caso de estos últimos, uno de cada dos tuvo que regresar al hogar familiar. Además, el 60% de las mudanzas implicó abandonar el barrio o municipio de referencia, con el consiguiente debilitamiento de redes sociales y comunitarias.

Renuncias cotidianas, deterioro de derechos

El aumento del coste también se traduce en renuncias en las condiciones de vida: el 13% de quienes alquilan comparte su hogar con personas sin parentesco, una proporción que alcanza el 22% entre la población migrante. Entre el grupo de 25 y 34 años, la cifra llega al 27,7%. No obstante, no se trata de una realidad exclusivamente juvenil: afecta también a una de cada diez personas de entre 35 y 54 años.

Las dificultades también alcanzan los gastos básicos, según el informe: el 19,2% de la población no pudo afrontar el pago de suministros esenciales en el último año. La carencia energética asciende hasta afectar a casi tres de cada diez personas inquilinas, jóvenes o migrantes.

Estas dificultades incluyen mantener el hogar a una temperatura adecuada en invierno o afrontar el pago de electricidad, gas o agua. “Hablar de vivienda es hablar de vidas y de modelo de sociedad -explica García-Gil-. La vivienda es la puerta de entrada a otros derechos: salud, seguridad, intimidad y cohesión social. Cuando el acceso es inestable, el impacto se extiende al conjunto del bienestar”.

Futuro incierto

Las tensiones en el mercado residencial también proyectan un horizonte de creciente incertidumbre. La persistencia de precios elevados y la finalización de numerosos contratos de alquiler en 2026 alimentan las dudas sobre el futuro. El 58,5% de las personas no propietarias considera improbable poder comprar una vivienda en el futuro, mientras que solo el 14,4% se muestra optimista. Las expectativas también están condicionadas por la capacidad de ahorro. Las perspectivas varían según la posición socioeconómica: el 19% de las personas de clases altas cree probable acceder a una vivienda en propiedad, frente al 10,3% de las personas no propietarias de clase baja.

En paralelo, la herencia se perfila como un mecanismo cada vez más relevante en el acceso. El 21,2% de quienes ya tienen casa en propiedad cree probable heredar otra, frente al 11,6% de las personas arrendatarias. “Si no se corrige esta tendencia, nos enfrentaremos a un futuro de profundas desigualdades, donde quienes ya tienen vivienda en propiedad tienen la expectativa de heredar más que los no propietarios”, señala el autor del informe.

Recomendaciones para un acceso asequible y digno

La organización reclama una respuesta coordinada entre el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Asimismo, pide garantizar la protección necesaria y alternativas dignas para los más de 60.000 hogares vulnerables que corren el riesgo de ser desahuciados tras el rechazo del escudo social.

Al mismo tiempo, plantea reforzar la protección de las personas inquilinas mediante la regulación de los precios y la ampliación de la duración de los contratos. En paralelo, pide frenar prácticas especulativas y avanzar hacia una fiscalidad centrada en el uso de la vivienda, además de ampliar el parque de vivienda pública e impulsar modelos alternativos.

“Es urgente actuar para asegurar que vivir de alquiler sea una opción asequible, digna y estable, que permita desarrollar un proyecto de vida con seguridad. Y que, al mismo tiempo, quien desee acceder a una vivienda en propiedad pueda hacerlo”, concluye García-Gil.

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Este artículo ha sido publicado originalmente en Democráter, un espacio de análisis político y social que apuesta por una mirada profunda a los distintos temas que preocupan a la ciudadaníia.

La vivienda sube de precio. No hace falta un análisis para asegurar esto: es una percepción que está en la calle y que confirma cualquiera que se asome habitualmente a los portales inmobiliarios de internet. Los datos lo respaldan. A la vez, ha aumentado también el número de personas que se encuentran sin hogar en España.

En 2024, más de 34.000 hombres y mujeres se alojaron diariamente en centros de atención para personas sin hogar. Esta cifra no ha dejado de incrementarse desde 2006, según datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), y ha engordado aún más en estos últimos años, coincidiendo con el boom en los precios del alquiler.

¿Existe vinculación entre quedarse sin hogar y el precio de la vivienda? La respuesta parece clara: al mismo tiempo que se dificulta el acceso a la compra o alquiler, el número de personas sin hogar también sube vertiginosamente. Por supuesto que el fenómeno del sinhogarismo es multifactorial, pero analizando los motivos que arroja el INE nos encontramos con que la mayoría de ellos están asociados a la economía. Es evidente: nadie viviría en la calle si pudiera pagarse un alojamiento.

Como se puede observar, los motivos que llevan a una persona a quedarse sin un techo son múltiples. El desahucio, la pérdida de trabajo o la emigración son algunos de los principales. Detrás de ellos, una misma causa: no poder pagar el alojamiento.

Otras razones radican, aparentemente, en otro motivo que no es el económico, pero basta pararse con detenimiento para establecer una relación más o menos directa con el dinero: vivir en un edificio en ruinas y tener que marcharse es una derivada de no poder pagar a una vivienda digna. Salir de prisión y no tener un lugar a donde ir indica que la persona que estuvo privada de libertad no tiene un empleo con el que costear una vivienda, ni tampoco apoyo familiar o del entorno. Por último, las separaciones entre parejas acaban en situaciones como el sinhogarismo cuando uno de los miembros tiene una dependencia económica de la otra persona.

Sube el alquiler…

El brutal incremento del precio del coste de la vivienda en los últimos años lleva aparejado de su mano el aumento del sinhogarismo. Desde 2022 hasta ahora ha subido de forma notoria el alquiler, coincidiendo con el aumento, también, en un 57% del número de personas que se alojan en centros de acogida. A juzgar por los datos, la relación parece clara: a más precio de alquiler, más personas que no pueden pagarlo y se quedan en la calle.

El alquiler se ha duplicado en estos diez últimos años. El sistema funciona como un efecto dominó, y todas las viviendas se encarecen sea cual sea su ubicación o situación. Las personas en situación de vulnerabilidad, ante los precios elevados y las condiciones cada vez más exigentes que solicitan los arrendadores, se ven expulsadas de las viviendas que, en otro tiempo, fueron accesibles para ellas.

Los caseros ahora pueden elegir. Con una oferta tan escasa en el parque de viviendas de alquiler (público y privado) quienes ponen una vivienda en este mercado optan por personas con ingresos demostrables, contratos estables y, en general, una situación económica boyante. Quienes tienen más dificultades, como las personas extranjeras, sin permisos de trabajo o sin contratos reglados, no sólo necesitan el dinero para poder pagar la vivienda, sino también una suerte de «garantías» que no siempre pueden ofrecer.

De este modo, han aumentado las plazas en los centros de acogida de persona sin hogar. Se han creado nuevas instituciones para el acogimiento, pero la demanda sigue siendo elevada. Ni siquiera en la crisis económica tras el boom del ladrillo el problema del sinhogarismo se acercó a lo que sucede ahora. La coincidencia es evidente, desde 2022 hasta ahora ambos fenómenos han ido de la mano.

… y aumenta el precio de compra

El aumento del alquiler viene acompañado del aumento del precio de compra, que crece también a un ritmo alarmante. Ahora, quienes buscan un hogar para vivir no sólo compiten con otras personas que quieren un lugar para formar una familia, sino con quienes ven la vivienda como una inversión económica, elevando así los precios.

Para medir este impacto, usamos el Índice de Precios de Vivienda (IPV) que utiliza el INE. El organismo utiliza el año 2015 como base y mide, a partir de ahí, los vaivenes en los precios. Se puede observar una subida constante desde 2014, con una leve pausa en 2020 a raíz de la pandemia. Desde el último trimestre de 2020, sin embargo, el crecimiento es más acusado, superando los 200 puntos porcentuales en 2025.

Como podemos ver con los datos (y podemos apreciar simplemente observando la realidad de nuestro entorno) el precio de la vivienda no ha tocado techo. Mientras que la ciudadanía observa el fenómeno con preocupación, los partidos políticos no se ponen de acuerdo con el remedio. Tampoco se han implementado medidas que aminoren esta subida, que consolida la percepción de la vivienda como uno de los problemas más graves para la ciudadanía.

La demanda sube pero la oferta está estancada. El auge de los apartamentos turísticos no ayuda, pues muchas viviendas que antes se dedicaban al alquiler de larga duración se utilizan ahora como alojamientos para los visitantes temporales.

Sin contratos estables y sin ahorros para pagar una entrada

Con estos precios, las capas más vulnerables de la población son las que se quedan sin un techo. Quién no cuenta con apoyo familiar sufre las peores consecuencias. El acceso a la compra de una vivienda es cada día más difícil: a pesar de que los intereses hipotecarios se mantienen estables y proporcionan cuotas más asumibles que la mensualidad del alquiler, la ‘entrada’ de la casa sigue siendo el principal problema. Los bancos exigen, generalmente, un 20% del precio del hogar para acceder al crédito, al que hay que sumar en torno a otro 5 o 6% de impuestos y gastos.

Esta barrera de entrada funciona como pez que se muerde la cola: con un alquiler elevado, es difícil ahorrar, y como la vivienda sube continuamente, este 20% mínimo también lo hace. Muchas personas se ven atrapadas en este bucle, incapaces de acercarse al dinero efectivo que deben poseer para comprar una vivienda y tener una cuota mensual más desahogada, por lo que siguen abonando alquileres que ocupan una parte importante de su sueldo y que tampoco dejan de aumentar.

El sinhogarismo afecta a todas las comunidades autónomas en mayor o menor proporción. Las regiones del norte de España cuentan con tasas más elevadas, junto a las ciudades de Ceuta y Melilla, por su situación fronteriza con el norte de África.

El número total asciende a lo largo y ancho del país, consolidando al sinhogarismo como uno de los problemas sociales más crueles de nuestro tiempo.

Aunque se han implementado medidas restrictivas para las personas sin hogar, la ciudadanía las rechaza de forma mayoritaria. Propuestas como expulsar a estas personas de los centros de las ciudades o dificultar su estancia en espacios públicos con barreras arquitectónicas no son aceptadas socialmente. La ciudadanía aún empatiza con estas personas vulnerables que no tienen donde ir.

La entrada Sinhogarismo y aumento del alquiler: cómo el boom de la vivienda deja a más personas sin un techo se publicó primero en lamarea.com.

Durante décadas, la vivienda fue uno de los grandes organizadores silenciosos del orden social en España. Comprar un piso equivalía a algo más que resolver una necesidad material. Era una promesa de estabilidad, un mecanismo de integración y también una forma de gobierno. En Generación inquilina (Capitán Swing), Javier Gil reconstruye esa historia y la conecta con el presente para mostrar cómo el mercado inmobiliario se ha convertido en uno de los principales dispositivos de desigualdad del capitalismo contemporáneo.

El libro tiene una virtud poco frecuente. Parte de una investigación sólida, pero renuncia al lenguaje cerrado de la academia para intervenir en un debate público atravesado por lugares comunes, simplificaciones y falsas salidas. Gil analiza el paso de la sociedad de propietarios a una nueva etapa marcada por el alquiler permanente, la concentración de vivienda en manos de grandes actores financieros y la aparición de una generación que vive bajo un régimen de precariedad habitacional estructural. “La vivienda en propiedad ha funcionado como un dispositivo político”, resume. Y añade otra idea que recorre toda la conversación. “La generación inquilina es un sujeto de explotación, pero se puede transformar en sujeto político y tiene las llaves del cambio”.

Hablamos con él sobre el trabajo de investigación detrás del libro, el papel de las políticas públicas en la construcción del modelo español de propiedad, la financiarización del mercado de la vivienda, la fuerza política de los fondos de inversión y las posibilidades de articular una salida democrática a una crisis que ya no afecta solo al acceso a la vivienda, sino al conjunto de las condiciones de vida.

Durante décadas en España se fomentó la propiedad como modelo dominante de acceso a la vivienda, siguiendo aquella frase del ministro franquista José Luis de Arrese. ¿Qué papel han tenido las políticas públicas en la construcción de ese modelo?

Han sido centrales. España no solo siguió ese modelo, sino que fue punta de lanza de una forma de organizar la cuestión de la vivienda que luego se impulsaría también en otros países, por ejemplo, en el Reino Unido de Thatcher. La idea era transformar a la población en propietaria para evitar el conflicto de clases, para generar un mecanismo ideológico y un dispositivo político. La vivienda en propiedad ha funcionado como un dispositivo político.

En el caso español esto fue muy claro. Era una forma de integrar a toda esa población obrera que se estaba constituyendo en las periferias de Madrid, Barcelona y otras ciudades. La lógica era muy sencilla: Si las conviertes en propietarias, las haces conservadoras. O por lo menos reduces el antagonismo, introduces una expectativa de estabilidad y una vinculación con el orden existente.

Luego eso se vio también en otros contextos. Thatcher, mientras destrozaba a los mineros, transformaba a parte de la población que vivía en vivienda pública en propietaria de su vivienda. Y ese modelo funcionó. El neoliberalismo ganó la batalla ideológica y política en buena medida así, articulando procesos de desposesión de forma relativamente pacífica. Hubo conflicto, claro, pero también una capacidad muy grande de integración.

Yo siempre pongo un ejemplo muy concreto: mi madre, votante del Partido Comunista, se compra un piso en Vallecas en 1982. Es decir, una parte del mundo obrero y de la izquierda se lanzó también a la propiedad como forma de asegurar su vida. Ese es el éxito histórico de ese modelo. El problema es que ese modelo salta por los aires en 2008. Y ahí empieza otra fase.

Ahora, sin embargo, parece que estamos ante una vuelta de tuerca. Mucha gente vuelve a querer ser propietaria, pero igual con perspectivas distintas. ¿Cómo entiendes este retorno del sueño de la propiedad?

Como un síntoma de que no hay alternativa socialmente articulada. La gente sabe que no puede vivir de alquiler en condiciones dignas, porque vivir de alquiler es ser cautivo de un rentismo que impide tener una vida estable o acceder a un bienestar mínimo. Entonces hay que huir del alquiler y solo queda la propiedad. Pero eso no significa que la propiedad sea la solución. Lo que significa es que no hemos construido otras salidas.

La propiedad es una salida que ya se probó y fracasó. Genera desigualdad, genera especulación y vuelve a poner en marcha dinámicas parecidas a las de los años 2000. Y además hoy hay un elemento añadido, que es que la extrema derecha está disputando precisamente ese horizonte. Lo que quiere la extrema derecha es una población española que se sienta clase media, que acceda a la propiedad, mientras se excluye a una población pobre o migrante que quedará condenada al alquiler, a la precariedad y a una ciudadanía degradada.

Por eso, desde posiciones transformadoras, lo que necesitamos no es volver al viejo sueño, sino impulsar nuevos paradigmas de vivienda. Formas de propiedad y de acceso que tengan que ver con lo público, con la cesión de uso, con lo colectivo. Que ya no sea la propiedad individual lo que garantiza el bienestar, sino instituciones de bienestar sostenidas desde otras formas de organización.

Cuando hablas de un nuevo paradigma, ¿de qué estás hablando exactamente?

De romper con una concepción de la propiedad que viene de muy lejos y que la entiende como un poder casi absoluto. Hay toda una tradición jurídica y política que identifica propiedad con capacidad de uso y abuso, es decir, con la posibilidad de hacer prácticamente lo que quieras con un bien. Pero eso está en cuestión. De hecho, ya lo está socialmente.

Lo interesante es que una parte importante de la población empieza a decir basta. Empieza a asumir que este sistema de propiedad no vale, que no sirve para sostener una vida digna. Hemos visto encuestas donde una mayoría importante está a favor de poner límites al número de viviendas que puede tener una persona. En Berlín, por ejemplo, hubo un referéndum en el que el 56% votó a favor de expropiar viviendas a los grandes caseros de la ciudad.

Eso muestra que no se trata solo de qué dice la ley ahora mismo, sino de la potencialidad política de transformarla. Porque además en España y en Europa la propiedad privada no es un derecho absoluto. Tiene límites, tiene función social. El problema no es jurídico en sentido estricto. El problema es político. Hay herramientas para intervenir en el mercado y transformar la relación con la propiedad, lo que ocurre es que hay muchísimo dinero en juego y una oposición fortísima por parte de quienes concentran la propiedad, el capital y el poder.

En el debate público se habla mucho de fondos buitres o fondos de inversión, pero a menudo sin explicar bien quiénes son ni cómo operan. ¿Qué tipo de actores estamos describiendo cuando hablamos de ellos?

Estamos hablando de los instrumentos que han encontrado las grandes oligarquías internacionales para agrupar su dinero, organizarlo y defenderlo de manera colectiva. Son una especie de sindicato de los más ricos. Un fondo de inversión lanza productos para invertir en el sector inmobiliario en Europa, por ejemplo, y ahí ponen dinero gobiernos, fondos de pensiones, aseguradoras, grandes fortunas, instituciones financieras. Todo ese capital se canaliza hacia operaciones especulativas sobre vivienda en España, Portugal o donde toque.

Por eso digo que son actores que controlan el mundo en un sentido muy concreto. No porque decidan absolutamente todo, sino porque tienen capacidad real para definir políticas, para decidir dónde se invierte el dinero, para rescatar o ahogar países, para condicionar mercados enteros. Ahora mismo son el verdadero poder.

Y además hay un proceso de transferencia de propiedad muy claro. Mucha vivienda no solo ha pasado de manos públicas o bancarias a fondos de inversión, sino también de viejas burguesías locales a oligarquías financieras internacionales. El ejemplo típico es el de familias que tenían varios edificios enteros en el centro de Madrid o Barcelona, heredados, perfectamente rentabilizados, y a las que llega un fondo y les ofrece una cantidad enorme de dinero. De pronto esa propiedad cambia de escala y de lógica. Ya no está en manos de un rentista local, sino integrada en grandes circuitos globales de acumulación.

¿Entonces, hasta qué punto consideras que la política de vivienda en Europa y en España la están marcando los fondos de inversión?

Hasta un punto muy alto. Basta ver la relación entre política monetaria, regulación financiera y mercado inmobiliario. Los fondos de pensiones, por ejemplo, dejan de obtener rentabilidad en otros espacios cuando los tipos bajan y se desplazan al mercado inmobiliario a través de grandes gestores como Blackstone o Cerberus. Eso no ocurre en el vacío. Ocurre porque hay una determinada arquitectura política y monetaria que lo favorece.

Y luego está la dimensión del poder político directo. El fundador de Blackstone, por poner un caso, ha sido uno de los grandes donantes de Donald Trump y uno de sus principales asesores. Ese músculo económico se traduce también en capacidad de influir en leyes, en gobiernos, en orientaciones estratégicas. Por eso digo que la política de vivienda no la están decidiendo solo los parlamentos o los ministerios, sino un entramado mucho más amplio en el que los grandes fondos tienen una centralidad enorme.

Ante ese poder transnacional, ¿qué margen real existe a escala estatal?

Se pueden hacer muchas cosas. Otra cosa es que haya voluntad política de hacerlas. Gran parte del nuevo paradigma de vivienda se puede impulsar a nivel estatal. Técnicamente, muchas medidas son perfectamente viables. El problema es que no se atreven.

Un ejemplo muy claro: todo el dinero barato que llegó desde Europa, los fondos Next Generation y otros créditos blandos, se podría haber utilizado para comprar vivienda. No para construir sin más, sino para intervenir en operaciones especulativas entre fondos. Blackstone está vendiendo parte de las viviendas que compró a través de la antigua cartera de la banca en Madrid. Esas viviendas podrían comprarse ejerciendo derecho preferente de compra, por el mismo precio, y sacarse al alquiler por debajo del precio de mercado. Con esos alquileres se podría pagar la hipoteca y aun así mantener precios más bajos. 

Por tanto, sí, hay restricción europea, hay poder económico transnacional, hay lobby y presión supranacional. Todo eso es cierto. Pero también hay margen estatal. Lo que falta es una decisión política de entrar en conflicto con ese modelo.

En ese punto aparece la “generación inquilina” como sujeto posible de cambio o emancipación. ¿Cómo ves esa batalla política e ideológica?

Yo ahí sí soy optimista en un sentido concreto. La generación inquilina es un sujeto de explotación, pero se puede transformar en sujeto político y tiene las llaves del cambio. Ahora bien, eso no ocurre solo: tiene que organizarse. Tiene que dejar de verse como un conjunto de individuos aislados y empezar a percibirse como parte de un mismo grupo social.

Ahí la referencia histórica es clara. Si vivimos en un capitalismo rentista, hay que hacer con él algo parecido a lo que el movimiento obrero hizo con el capitalismo industrial. Mediante lucha sindical, desobediencia civil y creación de nuevas instituciones colectivas. Eso es lo que permite generar cultura común, comunidad, fuerza social.

La clave es que inquilinos muy diferentes entre sí empiecen a vivir una experiencia común y a organizarse a partir de intereses compartidos. Que eso se exprese de forma antagónica frente a otro grupo que tiene intereses opuestos y que también se está organizando. Ahí empieza un proceso de formación de clase.

Y además esa generación inquilina tiene que disputar a la población propietaria, no entregársela a la derecha. Porque propietarios e inquilinos forman parte de la misma clase trabajadora en momentos históricos distintos. La derecha va a intentar separarlos, como hace con las campañas sobre ocupación o inseguridad. Pero la cuestión es articular una alianza más amplia, porque también quienes tienen vivienda en propiedad están amenazados por este capitalismo rentista que invade cada vez más ámbitos de la reproducción social.

La herencia sigue siendo un tabú político fuerte. ¿Es imprescindible repensar la herencia para abordar de verdad la crisis de la vivienda?

Sí, pero incluso iría más allá. Hay que intervenir antes de la herencia. Hay que replantear el sistema de propiedad y de concentración del patrimonio en nuestra sociedad. La herencia es uno de los momentos en los que eso se reproduce, pero el problema ya está antes. Lo que muestran los datos es que entre 2008 y 2024 se dispara la concentración de propiedad, es decir: no es solo que la generación inquilina no pueda comprar viviendas, es que otros las están comprando para especular con ellas y quedarse con la mitad del sueldo de quienes viven de alquiler.

Por eso ni siquiera lo planteo solo en términos morales. Es que la sociedad se está rompiendo. Este sistema genera malestar, desigualdad y una fractura cada vez más profunda. Cuanto más tarde se intervenga, peor será.

Y ya la última: ¿si pudieras aplicar una o dos políticas mañana mismo, ¿qué crees que debería hacerse?

De entrada, intervenir todas las compras especulativas de fondos de inversión con derecho de tanteo y retracto y lanzar un gran fondo público para comprar vivienda. En el libro calculo que con una operación así se podrían comprar hasta tres millones de viviendas. El mensaje sería clarísimo: aquí ya no se especula más. 

Y esas viviendas podrían ir a alquiler digno, por debajo del precio de mercado, porque el problema para muchísima gente no es pagar mensualmente una vivienda, sino la barrera de entrada inicial. Ahí es donde el Estado tendría que actuar.

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La mayoría sindical navarra y vasca convoca huelga general el 17 de marzo para exigir un salario mínimo de 1.500 euros. Los colectivos sociales que se adhieren a la jornada convocan manifestaciones por la tarde por el feminismo, el antirracismo y para exigir medidas contra la especulación inmobiliaria.

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Fotografía: La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, explica los planes de la Entidad Estatal Casa 47, en el Congreso.Eduardo Parra / Europa Press

Artículo original publicado en publico.es por Víctor López

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana sacó un concurso en diciembre para seleccionar a las empresas o fundaciones que se van a encargar de gestionar el «arrendamiento de las viviendas asequibles» que sacará al mercado Casa 47, la nueva empresa pública de vivienda, articulada sobre los cimientos del antiguo Sepes. La idea es que los precios estén topados y que los contratos tengan una duración de 75 años, para «sustentar el derecho a una vivienda digna como quinto pilar del Estado de Bienestar«. El primer listado de compañías interesadas recoge los nombres de una docena de inmobiliarias, la mitad de ellas controladas por fondos de inversión extranjeros. Vivienda, no obstante, recalca que de momento «solo se ha mirado la forma de las propuestas, no el fondo» e insiste en que al tratarse de un concurso, no pueden vetar a ninguna compañía.

¿Quién está detrás de las empresas que se han presentado al concurso? ¿Cuántas están controladas por fondos de inversión? ¿Y cuántas se dedican realmente a la gestión de vivienda asequible?

Alquiler Seguro, una aspirante con polémica

Alquiler Seguro fua la primera en hacer pública su participación en el concurso. La agencia tiene actualmente una cartera de 30.000 viviendas, tal y como ha revelado Público en esta serie de artículos de investigación. El Ministerio de Consumo multó recientemente a la empresa por vulnerar los derechos de los inquilinos e imponerles cláusulas abusivas en los contratos de alquiler. Sumar criticó que una inmobiliaria sancionada fuese admitida en el proceso, un hecho que genera «interrogantes muy serios sobre la coherencia, los criterios y la auténtica orientación social» de la iniciativa. EH Bildu también cuestionó la presencia en el concurso de Alquiler Seguro. El concepto de «vivienda asequible» y los valores de la empresa no parecen a priori compatibles.

Alquiler Seguro pertenece desde hace una década a la sociedad instrumental Explotación de Negocios y Actividades Comerciales SL (Enacom), propiedad de tres de los cinco socios fundadores. Aurica, un fondo de inversión con sede en Barcelona, posee el 49% de Enacom. El grupo integra desde una correduría de seguros hasta dos socimis y una comercializadora de luz y gas. La facturación rozó el año pasado los 34 millones de euros.

La única excluida: un ‘servicer’ vinculado a KKR  

El Ministerio de Vivienda publicó a finales de enero la relación de candidatas que siguen en el proceso de licitación, una licitación que se estructura en cuatro lotes con arreglo a distintas zonas geográficas. De las 12 empresas que enviaron alguna oferta, solo una ha sido excluida: Hipoges, el servicer a través del cual el fondo estadounidense KKR, con intereses económicos en los territorios palestinos ocupados por Israel, administraba hasta hace poco el 55% del mercado residencial de la Sareb. Hipoges cambió de dueño en noviembre de 2025. Lo compró el fondo británico Pollen Street Capital. Vivienda dejó al servicer fuera del proceso para gestionar las viviendas de Casa 47 por «no haber presentado correctamente» la documentación requerida. Las otras once firmas han pasado a la siguiente ronda y siguen pendientes de la licitación de los contratos.

El rastro de las empresas: EEUU, Londres y Luxemburgo  

Además de Alquiler Seguro, otras diez fundaciones o compañías han pasado el primer corte: cuatro de ellas concurren mediante uniones temporales (UTE). Es el caso de Serveo Servicios SAU y La Factoría Gestión y Consultoría SL. La primera cuelga directamente del Grupo Serveo SL y tiene sus raíces en Ferrovial, durante la etapa del actual presidente, Rafael del Pino Calvo-Sotelo. La situación actual es diferente. El gigante de las infraestructuras se deshizo de la marca en dos operaciones a lo largo de los cinco últimos años.

Portobello Capital, gestora de fondos de inversión, compró el 75% de las participaciones de Serveo en octubre de 2022. Y sumó el 25% restante en julio de 2024, figurando desde entonces como propietaria única del conglomerado y de todas sus filiales. La nueva matriz creó además un vehículo para recomprar la marca el año pasado, Portobello Serveo Continuation Vehicle SCA SICAV-RAIF. La sede social la tiene en Luxemburgo, país europeo con más fondos domiciliados y segundo a nivel mundial, solo por detrás de Estados Unidos.

La Factoría Gestión y Consultoría, es decir, la empresa con la que Serveo participa en el concurso del Ministerio de Vivienda a través de una unión temporal, funciona como «consultora especializada en la externalización de servicios públicos» y tiene «más de 70.000 viviendas gestionadas» en España, según consta en su propia página web. Esta sociedad rellena por tanto la pata social para las licitaciones que contempla la cartera que regenta Isabel Rodríguez. Serveo Servicios nada tiene que ver con el sector de la vivienda, al menos, nada recoge en la descripción de su objeto social, donde habla de su especialización en la «recogida, eliminación, tratamiento» o «comercialización» de «residuos» de todo tipo.

El rastro de las empresas: EEUU, Londres y Luxemburgo  

Además de Alquiler Seguro, otras diez fundaciones o compañías han pasado el primer corte: cuatro de ellas concurren mediante uniones temporales (UTE). Es el caso de Serveo Servicios SAU y La Factoría Gestión y Consultoría SL. La primera cuelga directamente del Grupo Serveo SL y tiene sus raíces en Ferrovial, durante la etapa del actual presidente, Rafael del Pino Calvo-Sotelo. La situación actual es diferente. El gigante de las infraestructuras se deshizo de la marca en dos operaciones a lo largo de los cinco últimos años.

Portobello Capital, gestora de fondos de inversión, compró el 75% de las participaciones de Serveo en octubre de 2022. Y sumó el 25% restante en julio de 2024, figurando desde entonces como propietaria única del conglomerado y de todas sus filiales. La nueva matriz creó además un vehículo para recomprar la marca el año pasado, Portobello Serveo Continuation Vehicle SCA SICAV-RAIF. La sede social la tiene en Luxemburgo, país europeo con más fondos domiciliados y segundo a nivel mundial, solo por detrás de Estados Unidos.

La Factoría Gestión y Consultoría, es decir, la empresa con la que Serveo participa en el concurso del Ministerio de Vivienda a través de una unión temporal, funciona como «consultora especializada en la externalización de servicios públicos» y tiene «más de 70.000 viviendas gestionadas» en España, según consta en su propia página web. Esta sociedad rellena por tanto la pata social para las licitaciones que contempla la cartera que regenta Isabel Rodríguez. Serveo Servicios nada tiene que ver con el sector de la vivienda, al menos, nada recoge en la descripción de su objeto social, donde habla de su especialización en la «recogida, eliminación, tratamiento» o «comercialización» de «residuos» de todo tipo.

El nombre de la penúltima firma vuelve a conducirnos al Reino Unido. Savills se presenta al concurso del Ministerio de Vivienda con una de sus filiales, Savills Consultores Real Estate SAU, controlada, una vez más, por fondos extranjeros. La matriz tiene más de setecientas oficinas en todo el mundo y cotiza en Londres. Savills y otras consultoras se mostraron contrarias en su momento a la reforma que proponía el Gobierno para elevar la presión fiscal sobre las socimis que no destinaran una parte de sus carteras «a la promoción de vivienda en alquiler asequible».

Procuradores Gestimed cierra un listado en el que más de la mitad de las empresas -seis de once admitidas- están controladas por fondos de origen extranjero. La firma se dedica principalmente al asesoramiento y los servicios de representación legal, sin que conste experiencia previa en la gestión inmobiliaria. El plazo de inscripciones para el concurso finaliza todavía el 20 de febrero.

El Ministerio de Vivienda sostiene que la «concurrencia» de tantas empresas «demuestra que es un proyecto que suscita interés». 

La entrada Fondos extranjeros controlan la mitad de las firmas que aspiran a gestionar los alquileres de la nueva empresa pública de vivienda se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

El libro ‘La nada fértil’ conjuga relatos, trazos poéticos y análisis filosófico-feminista para mostrar cuerpos inmersos en la supervivencia y la productividad.

La entrada Sarah Babiker: “Vernos atravesadas por situaciones estresantes de inseguridad inmobiliaria acentúa la violencia” se publicó primero en Pikara Magazine.

Houda Akrikez, presidenta de la Asociación Tabadol y mediadora cultural, es de una de las personas más visibles y más luchadoras contra el desmantelamiento de la Cañada Real en Madrid. Hace unos días, lideró una marcha hasta su barrio en la que participaron unas 3.000 personas.

La entrada “El corte de suministro en la Cañada Real es un ataque de género directo” se publicó primero en Pikara Magazine.

La propuesta de la ministra de Vivienda de articular un decreto ley para ofrecer bonificaciones fiscales a los caseros nació prácticamente muerta. No solo generó una oleada inmediata de críticas desde fuera del Gobierno, sino que encontró un rechazo explícito dentro de la propia coalición, especialmente en sectores de Sumar, que cuestionaron su utilidad y su orientación social. Todo apunta a que difícilmente llegará a materializarse. Pero precisamente por eso merece ser tomada en serio como síntoma político: no tanto por lo que va a hacer, sino por lo que revela sobre cómo se sigue pensando la vivienda desde el poder.

La idea de fondo es conocida, demasiado conocida: si se reduce la carga fiscal a los propietarios que contengan o rebajen el alquiler, estos trasladarán ese alivio al precio y el mercado se autorregulará en beneficio de los inquilinos. Es una lógica que se presenta como pragmática y “realista”. El problema es que descansa sobre dos supuestos empíricamente frágiles: que los caseros necesitan incentivos para no subir precios en un mercado tensionado, y que los beneficios fiscales no acabarán absorbidos como renta adicional.

Basta mirar los datos para entender por qué esta política es, como mínimo, profundamente regresiva. Según cifras difundidas por el propio Ministerio de Derechos Sociales a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida, la renta mediana de quienes cobran alquileres ronda los 52.000 euros anuales, frente a unos 28.800 de quienes los pagan. Los caseros tienen, de media, una renta un 82% superior a la de los inquilinos. 

Mientras tanto, la situación material de los inquilinos se ha deteriorado hasta niveles difícilmente sostenibles. En las grandes ciudades españolas, una parte muy significativa de los hogares destina ya más del 50% de sus ingresos al pago del alquiler, y en los tramos más precarizados esa proporción se acerca o incluso supera el 70%. Son cifras muy por encima de cualquier umbral internacionalmente aceptado de accesibilidad (en torno al 30%). En este contexto, resulta difícil sostener que la prioridad de la política pública deba ser aliviar la fiscalidad de quienes ya están en una posición estructuralmente favorable.

Ideas viejas que nunca funcionaron

No estamos delante de un nuevo debate o idea. A principios del siglo XX, el Estado español ya ensayó una estrategia muy parecida a la que propone hoy la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez: incentivos fiscales, subvenciones indirectas y apelaciones a la “responsabilidad social” de los propietarios como vía para resolver la crisis habitacional. Aquella política se presentó como moderna y realista. Y fracasó. No porque faltara buena voluntad, sino porque estaba mal planteada de raíz: intentaba resolver un problema estructural con herramientas diseñadas para no molestar a quienes se beneficiaban de él.

De allí en adelante, las bonificaciones y las exenciones fiscales se han promovido en casi todos los gobiernos. Los ministros socialistas Miguel Boyer y Carlos Solchaga apostaron por incentivos fiscales y liberalización del mercado del alquiler, y los gobiernos del PP, en sus distintas etapas, echaron mano de reducciones del IBI a los propietarios que alquilaban viviendas. Todos lo hacían bajo el pretexto de “incentivar la oferta” y reducir los precios. Y los precios han seguido subiendo, y el mercado de la vivienda se ha ido concentrando cada día más en manos de menos personas. Hasta hoy.

Aun así, que esta idea vuelva a aparecer no es casual. Responde a un marco mental muy arraigado en la política española: la vivienda se sigue tratando como un bien intercambiable más, como si fuera un paquete de chuches o un nuevo detergente, y no como una infraestructura social básica. Desde ese marco, la solución “natural” siempre pasa por incentivos de mercado, nunca por regulación dura ni por planificación pública ambiciosa.

El propio rechazo interno dentro del Gobierno revela hasta qué punto esta medida no encaja ni siquiera dentro del relato progresista oficial. Sumar ha sido claro al señalar que bonificar a los caseros no solo no garantiza una bajada de precios, sino que desplaza recursos públicos hacia un grupo social ya privilegiado. Es una cuestión de eficiencia, si se quiere. Pero sobre todo es una cuestión de principios.

La necesidad de un parque público de viviendas (y otras medidas)

La alternativa no es ningún misterio. Los sindicatos de vivienda y las plataformas de inquilinas llevan años señalando un conjunto bastante coherente de medidas que no requieren alquimia jurídica, sino voluntad política: congelar efectivamente los precios del alquiler; cerrar el coladero del alquiler temporal y por habitaciones; actuar contra fondos de inversión y grandes tenedores que mantienen viviendas vacías para presionar al alza el mercado; y reforzar de forma real los mecanismos antidesahucios.

Y, en el horizonte estructural, la cuestión es todavía más clara. Sin un parque público de vivienda amplio, no hay control real de precios. Los países y ciudades que han conseguido estabilizar sus mercados no lo han hecho a base de desgravaciones, sino con una oferta pública robusta que marque suelo y techo. Un 30% del total de vivienda en manos públicas no es una fantasía ideológica, es el estándar de ciudades tan poco sospechosas de ser comunistas como podrían ser Viena o Ámsterdam.

Desde esta perspectiva, la propuesta de bonificar a los caseros no es solo una mala política pública, sino más bien un síntoma de hasta qué punto el campo político sigue cooptado por la lógica inmobiliaria. Solo se entiende por dos vías: o por una ignorancia histórica llamativa, o –lo que parece más probable– por la interiorización profunda del marco mental de una clase rentista que ha logrado presentar sus intereses como “sentido común económico”.

Ahora bien, no todo son malas noticias. En paralelo a este inmovilismo político, empieza a abrirse una grieta en el frente jurídico. En las últimas semanas, el Tribunal Supremo ha empezado a consolidar una doctrina que cuestiona algunos de los principales atajos legales utilizados por grandes propietarios para eludir la regulación: desde el uso fraudulento del alquiler de temporada hasta la desnaturalización de los contratos para sortear topes y prórrogas.

Es un movimiento tímido, pero políticamente significativo. No porque los tribunales vayan a resolver el problema de la vivienda –no lo harán–, sino porque demuestra que incluso dentro del marco jurídico actual hay margen para reequilibrar mínimamente la relación entre propietarios e inquilinos cuando la presión social y el conflicto acumulado empiezan a ser demasiado evidentes.

Y eso vuelve todavía más anacrónica la propuesta de bonificar a los caseros. Mientras una parte del aparato judicial empieza a cerrar las grietas más obscenas del mercado del alquiler, el Gobierno plantea reabrirlas por arriba mediante incentivos fiscales. Aunque este decreto ley no vea la luz, la pregunta sigue en pie: ¿cuántas veces más tiene que fallar la misma idea para que dejemos de presentarla como solución? 

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Cuando me recuerdan que tenía que haber entregado este artículo hace dos semanas, me encuentro leyendo el libro La lucha por Barcelona. Clase, cultura y conflicto 1898-1937, de Chris Ealham. Un libro increíble, que me está gustando muchísimo. De momento, en el primer cuarto del libro, y supongo que en el resto, desarrolla cómo se crea la comunidad proletaria que asalta las instituciones políticas, sociales y económicas de la época, cómo en los barrios se construye una identidad colectiva que fragua unidad, solidaridad, reconocimiento de los intereses comunes, socialización de los conflictos particulares, etc., que posibilita la lucha por la mejora de sus condiciones materiales de existencia:

“Este sentido de clase era más emocional que político: representaba una cultura poderosa de identidad local, un esprit de quartier (espíritu de barrio), resultado de los extensos vínculos afectivos que generaban los rituales de apoyo, la solidaridad y las relaciones sociales directas de la vida de barrio”.

Otra cuestión, que no es eje principal del libro pero me dió que pensar, es que una de las razones de la radicalidad del movimiento obrero en España, en el primer tercio del siglo XX, es la miopía de las clases dirigentes que al negarse a reconocer reivindicación alguna, por muy básica que ésta fuera, al negarse a considerar a las instituciones obreras como interlocutores legítimos y al aplicar una feroz represión, es decir, al cerrar ellos mismos la vía de la reforma, de la integración de las organizaciones de los trabajadores en el Estado, además de llenar de sangre las calles, empujan a nuestra clase por una vía de sentido único, la vía de la impugnación total del Sistema, que justo coincide con el corpus desarrollado y aprendido en tantos artículos de la prensa obrera, mítines, asambleas, obras literarias, etc. La clase trabajadora organizada del país tenía claro que dentro del Estado liberal y el régimen capitalista no había solución posible a su miseria cotidiana, pero, es que, además, la clase dirigente se lo confirmó; la burguesía no tuvo intención alguna de ceder ni un milímetro en su posición ni de integrar a parte del proletariado.

Esto podría encontrar cierta correspondencia con escenarios presentes.

Respecto a la vivienda, ni el disponer de un presunto gobierno progresista ni la crítica situación han hecho que, en estos últimos 6-7 años, se haya tomado medida alguna que tenga un efecto real, que disminuya un ápice los ingentes ingresos de rentistas y especuladores. De hecho, la situación es desoladora, nadie considera que se vaya a revertir sino que, en este 2026, sabemos que irá a peor. El Estado es incapaz de asumir hasta la necesidad de implantar un mínimo control de los precios y se ha instalado un pesimismo que corre por nuestras venas como un veneno paralizante. Lo mismo tiene lugar con la situación brutal de exterminio de la población palestina agravada en estos dos últimos años y la imposibilidad de conseguir que, como mínimo, como punto de partida, el Estado español y el sector económico rompan relaciones políticas y comerciales con la maquinaria estatal sionista, ya no hablemos de crear un frente que acabe con el proyecto colonial.

El problema actual es que no disponemos de la comunidad social compartida que permita construir la comunidad de lucha necesaria para abordar dichas cuestiones, pero, es que, además, la mayoría de veces, cuando nos embarcamos en esta tarea, intentamos empezar la casa por el tejado, lanzándonos a una batalla sin los mínimos cimientos necesarios para aguantar más de un embiste.

En esta línea, un vecino y compañero siempre repite que hay que dejarse de la reacción directa, estéril, que versa sobre un tema en cada semana, que tiene más que ver con nuestra necesidad personal de sentir que algo estamos haciendo, con un sentimiento visceral loable, que con la disposición real de afrontar dicha pelea. Aparcar parte de estas reacciones momentáneas para asumir la tarea de la reconstrucción del mínimo común en nuestro entorno, desde un equipo deportivo a un club de lectura, pasando por prácticas cotidianas de solidaridad, es una tarea que tenemos que afrontar más pronto que tarde.

De esto sabe muy bien el pueblo irlandés, que, tras el genocidio sufrido en el siglo XIX, con las hambrunas, ocupación militar británica y procesos migratorios, comienzan el nuevo siglo con sus comunidades destrozadas. En este contexto, lo primero que reconstruyen son las instituciones deportivas y culturales gaelicas, recuperando así una identidad nacional compartida y unos lazos sociales generados en estos espacios comunes, algo diferente al ejemplo planteado por Ealham pero relevante en un contexto de ocupación imperialista. Son los jóvenes que practican estos deportes, forman parte de los grupos de «boys scouts» republicanos o acuden a clases de gaelico, quienes conformarán las estructuras que plantarán cara a los ingleses durante más de 70 años.

Pero cómo compaginar este planteamiento con las urgencias presentes. No podemos decirles a nuestras hermanas palestinas que eviten ser extinguidas que aún estamos reconstruyendo nuestras comunidades de lucha. Hay batallas que hay que librar aquí y ahora, por ello, debemos intentar afrontarlas de la manera más efectiva con las herramientas presentes y, sobre todo, aunque suframos derrotas, que el camino recorrido nos coloque en una posición más favorable de cara a la próxima pelea.

Es complicado decir algo sobre Palestina que no se haya dicho ya. Es complicado reflejar por escrito la impotencia, rabia, dolor, odio y pena, que nos ha desolado y sigue desolando en estos casi 800 días de ofensiva. Es complicado dejar de sentirse uno cómplice con lo ocurrido, pues por muchos panfletos repartidos, manifestaciones, boicots individuales, etc., el sentimiento de que algo más se puede hacer está siempre presente. Pero qué ha fallado, qué ha ocurrido para que no se haya producido la reacción necesaria para poner contra las cuerdas al ente sionista y a sus cómplices.

Son múltiples los análisis ya presentes y, desde aquí no tenemos la capacidad para realizar una contribución realmente diferencial. Pero, reflexionando sobre la lucha en nuestro ámbito local, esperamos que estos apuntes pueden ser de utilidad teniendo presentes los dos ejes que han estado presentes en dicho texto hasta ahora, el fortalecimiento de nuestras comunidades y las victorias frente a nuestros enemigos. Casi nada.

Los resultados más relevantes se han producido cuando se ha delimitado un objetivo concreto y, aunque difícil, viable. En muchas ocasiones las manifestaciones o acciones de protesta suponían un canto difuso contra lo que estaba teniendo lugar, sin un aterrizaje local, pero, cuando ha existido un fin específico, por ejemplo, el que no deba celebrarse la Vuelta ciclista mientras siga siendo cómplice de la campaña de normalización del ente sionista, se han conseguido victorias, esto ha hecho activar redes locales de militantes por todo el Estado y empoderarlas en base a la posibilidad de conseguir un impacto palpable, aquí y ahora. La campaña contra la Vuelta ha tenido una repercusión internacional relevante, extendiendo una práctica de boicot a los satélites deportivos sionistas, una pequeña alegría en este páramo, algo muy importante, pues estas alegrías son gasolina para siguientes retos.

Al igual que se planteó este objetivo, cabe la posibilidad de fijar otros en el dominio local que puedan ser asumidos no sólo por las redes de activistas ya existentes por esta cuestión sino por múltiples personas simpatizantes y organizaciones de otra naturaleza. En nuestros barrios y entornos, por ejemplo, hay entidades accesibles y cercanas asociadas al régimen israelí, ya fuera porque se encuentran presentes en territorios ocupados, como la conocida cadena de supermercados francesa, o porque autorizan la venta de armamento que será usado contra la población palestina. ¿Os imagináis a un número relevante de las personas que han acudido a las masivas manifestaciones bloqueando la entrada de clientes en los supermercados que andan desperdigados por nuestros barrios? Debemos romper la inercia de nuestros rituales de protesta, poner en práctica formas de conflicto directo que supongan la apertura de brechas en el escenario de la normalidad democrática donde tan bien suelen encajar nuestras manifestaciones.

Por otro lado, en este tiempo, se ha centralizado la iniciativa en las mismas organizaciones y espacios de lucha, la mayoría preexistentes antes de octubre de 2023, y, sin desmerecer todo el trabajo realizado, todo el contrario, han conseguido mantener el pulso en la calle durante todo este tiempo, la mayoría de personas hemos tenido un papel más pasivo, respondiendo a las convocatorias que nos llegaban por parte de estos grupos, y que, en las ciudades grandes, se han concentrado en sus centros turísticos y comerciales. No hemos conseguido esparcir por todo el territorio nacional, barrios y pueblos, estructuras más pegadas a lo local que pudieran desarrollar un trabajo de propaganda, denuncia y disputa, que pudieran haber posibilitado el contacto, encuentro y establecimiento de redes que desbordaran también a otras problemáticas.

El fijar objetivos concretos que nos permitieran conseguir pequeñas victorias que al ir escalándolas nos hubieran posibilitado hacer avanzar el conflicto con el Estado y el Capital cómplice con el régimen sionista, y, además, el establecimiento de comités locales que recogieran la indignación popular presente en tantas manifestaciones y acciones, son dos pequeñas aportaciones que, de forma escueta, realizamos en estas páginas.

Para terminar, Palestina ha sido un laboratorio de pruebas para conocer el límite de las dinámicas imperialistas y prácticas de exterminio, y, una vez comprobado que no existe límite alguno, lo sucedido durante estos primeros días del año en Venezuela no es más que los primeros metros recorridos por parte de una maquinaria bestial que, ante la crítica situación planetaria, está dispuesta a sacrificarnos a todas con tal de salvarse a sí misma. Por ello, en esta lucha por la vida, como nos señala el libro reseñado, recuperemos una celebración radical del nosotros, reconstruyamos comunidades de lucha por la impugnación total. Aún está todo por hacer.

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Esta entrevista ha sido publicada originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerla en catalán aquí.

Josep Maria Montaner es arquitecto y catedrático de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Barcelona. Ha impartido cursos y conferencias en numerosas ciudades de España, Europa, América y Asia. En 2021 ingresó en la Academia Catalana de Bellas Artes de Sant Jordi con un discurso sobre «Los valores de la arquitectura catalana». Es autor de 47 libros sobre arquitectura, urbanismo y política. Los últimos, Renombrar la arquitectura y Lawfare urbano. Hizo una incursión en la gestión política durante el primer mandato de Ada Colau (2015 y 2019) como concejal de Vivienda y del distrito de Sant Martí.

¿Qué recuerdo tiene de esos cuatro años de concejal de Vivienda en Barcelona?

Fue un privilegio poder dedicarme a mi ciudad y poder sacar adelante muchas cosas que tanto Barcelona En Común como yo teníamos en mente que debían hacerse en la ciudad. Entré ya con 60 años. Ada Colau me pidió estar en la candidatura porque les faltaba un arquitecto. Estaban el abogado laboralista, la abogada experta en derecho urbanístico, la feminista, el ecologista, el experto en turismo, la experta en participación… Era una idea algo tecnocrática, en el buen sentido. Se consideraba que era necesario tener concejales y concejalas de cada uno de los aspectos para nosotros más importantes. Yo había trabajado en el programa de Urbanismo y Vivienda pero no tenía ninguna ambición de entrar en el Ayuntamiento. Fui el undécimo de la lista.

Y salió.

Salí y ganamos porque fuimos once. Lo asumí y para mí fue un privilegio. Yo he estado toda la vida en la universidad. He hecho alguna obra, pocas, pero me he dedicado más al mundo académico. Para mí era un reto interesantísimo poder tener relación con la realidad, con los barrios, con la gente y poder aplicar las cosas que creía que debían hacerse en la ciudad, en vivienda, en espacio público, en equipamientos. Además de vivienda era concejal de Sant Martí, el distrito donde hay la mayor diversidad, la gente más rica y la más pobre. En la Villa Olímpica y Diagonal Mar hay gente más bien rica y, en cambio, en el Besòs Mar está la más pobre. Es el distrito en el que hay más transformación urbana, más patrimonio industrial, etc. Lo elegí yo, sabiendo que era complicado. Para una persona de izquierdas, para aquel joven antifranquista, poder intervenir en mi ciudad era como si, al final, se hubiera cumplido una ilusión. Ahora bien, era agotador, estando como estábamos en minoría, aunque durante una época gobernamos con el PSC. Como concejal de vivienda incluí también la rehabilitación. Dije que no quería urbanismo. Janet Sanz era la persona ideal para esa área. Yo no quería estar peleándome con los promotores y especuladores. Durante cuatro años no tenía otra cosa en la cabeza. Perdías la salud y si no batallabas por seguir teniendo vida personal y familiar, se te comía. Lo recuerdo como una etapa apasionante. Muchas cosas salieron bien, otras tardaron más, otras no salieron… Dije a Ada Colau que cuatro años sólo porque para mí era irresistible continuar. No soy político por naturaleza, me interesa la política, pero no soy un político profesional. Para mí era muy agotador. Hay gente que se dedica a la política y aguanta y aguanta y, además, va cambiando de cargo, lugar y especialidad. Yo inicié todo lo que creía que debía hacerse, del patrimonio industrial, de vivienda, de espacio público, de mejora de la escuela pública, de cooperativas, etc. y pensé que ya había hecho lo que tenía que hacer. Es un recuerdo estimulante, pero al mismo tiempo, cuando lo pienso, recuerdo el estrés que producía la situación. Éramos once concejales de los comunes y cada mañana, cuando escuchabas la radio y si había habido un incendio, una ocupación, un conflicto, pensaba: «todo esto depende de nosotros». Durante cuatro años. Vas aprendiendo cómo se gestiona la ciudad y eso también es otro privilegio. Normalmente como ciudadano no ves la tramoya, no ves los intereses que presionan a la ciudad, como los especuladores se saltan los permisos, todo lo que hay detrás de la escenografía urbana. Cuando estás dentro ves toda la maquinaria que hace funcionar la ciudad todos los días y que tiene muchas cualidades, con un ayuntamiento como el de Barcelona que, aunque tiene una muy buena tradición y estructura, también está lleno de inercias, lentitud administrativa y conflictos. Ves cómo funciona la Guardia Urbana, cómo funciona el sector inmobiliario, cómo son las asociaciones de vecinos, cómo funciona todo. Es como estar actuando dentro del teatro, del circo o de la plaza de toros.

¿Ha escrito sobre eso?

Sí, hice un libro con Zaida Muxi, mi mujer, que es una feminista famosa que ahora trabaja en México, que se titula Política y Arquitectura. Por un urbanismo de lo común y ecofeminista. Significaba, al volver a la universidad, intentar explicar el aprendizaje de esta experiencia política, incorporarlo al conocimiento de la cultura, la teoría y el mundo académico. Hay excepciones como Oriol Bohigas, que fue un gran arquitecto y político, pero el perfil de ser académico y haber estado en la política se da poco. Generalmente, los académicos se dedican a la investigación y docencia, a su mundo, y los políticos son pragmáticos, van aguantando años y años. Tengo amigos y amigas que son arquitectos y han sido políticos, pero es una situación minoritaria. Mientras estaba de concejal tomaba notas. Dije que todo aquello debía pensarlo, darle vueltas y comunicarlo. Escribí bastante para no olvidar muchas cosas.

De esa época, han quedado las superillas. Primero recibieron mucha oposición pero al final casi todo el mundo está encantado con ellas.

Las superillas fue una de las propuestas por las que apostamos. Además, la primera se hizo en el distrito de Sant Martí, en Poblenou, de acuerdo con Salvador Rueda (ex-director de la Agencia de Ecología Urbana del ayuntamiento). Consideramos que debíamos probarlo rápido, ponerlo en la práctica. Ha tenido un recorrido, porque también es cierto que superilla, hecha con nueve manzanas, según el esquema del Rueda, sólo está la del Poblenou. Después ha evolucionado más a Eix Verd, como es la calle Girona, Consell de Cent, Rocafort. Es una idea que ha ido evolucionando. Poblenou cambió totalmente con la superilla. Entras y oyes los pájaros, los niños jugando, el rumor de una ciudad tranquila. La gente que vive en la superilla está feliz. Pero sí que encontramos una oposición que no esperábamos. Debo reconocer que fuimos ingenuos, pensamos que la gente enseguida diría que era buenísimo. Algunos banqueros, el lobby del automóvil y algunos negocios relacionados con los coches y motos, salieron en tromba haciendo una resistencia durísima. Tanta resistencia fue una sorpresa. También fue una cierta sorpresa que los que vivían en las superillas se organizaron, empezaron a realizar actividades y fanzines para defenderlas. Empezó en Poblenou y después se ha ido extendiendo por la ciudad. En perspectiva, reconozco que quizás no se explicó lo suficiente. Cuando estás en política contar las cosas que se hacen no es fácil. Para empezar, nosotros no teníamos los medios a favor. En el caso de Ada Colau teníamos la mayoría en su contra. La filósofa María Zambrano decía que los políticos no saben explicar lo que hacen. Existe cierta dificultad, además, de explicarlo de manera honesta. Otra cosa es hacer clientelismo y publicidad. No es fácil explicar y convencer a la gente para que participe. Hacerlo perfecto es imposible. Por mucho que avises y lo cuentes, hay mucha gente que no se da por enterada. Ahora, la gente está bastante encantada, pero costó arrancar.

Escribió un libro para denunciar el “lawfare urbano”. ¿No se puede evitar este lawfare?

El último caso ha sido el del Fiscal General del Estado. Es un mecanismo terrible, sin ética, destructor del enemigo político. Históricamente, el lawfare es un concepto estadounidense. Lo empezaron Estados Unidos con el maccarthysmo y la denuncia de los intelectuales y artistas de izquierda. Es un mecanismo de denunciar con malas artes a quien consideras enemigo, acusándole de cosas que no son ciertas. Ada Colau sufrió muchísimos… Como Mònica Oltra en Valencia o Lula en Brasil. En el caso de la Superilla nos atacaban pero no nos pusieron ninguna denuncia. Nos amenazaron con que seguro que conseguirían desmontarla pero no lo consiguieron. En el primer mandato de Colau, cuando estaba yo, tuvimos alguna denuncia de la extrema derecha, pero no salieron adelante. En el segundo mandato, cuando Ada Colau volvió a ser alcaldesa, todos los lobbies de Barcelona –Foment del Treball, hoteleros, AGBAR, el sector inmobiliario–, se fueron reuniendo y decidieron que no podía continuar, que tenían que hundirla. Fueron cuatro años sistemáticos de hacerle la vida imposible. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento iban desbordados. Si estás en desacuerdo con alguna decisión del Ayuntamiento, lo reglamentario es presentar un contencioso administrativo, con criterios urbanísticos o legales, pero eso no sale en la prensa. Vieron que con el lawfare, poniendo una denuncia, salía en la prensa, porque Ada Colau tenía que ir a declarar a los juzgados y los medios lo magnificaban. Todas las denuncias han ido cayendo por su propio peso porque no estaban justificadas. Ninguna de las veinticuatro denuncias tenía base. Pero en los periódicos no salía cuando se decidía que no había base. Los lobbies vieron que tenían un campo que mediáticamente era muy rentable. Aunque no consiguieran lo que pedían, desgastaba la credibilidad de Ada Colau. La pérdida de votos, por parte de la gente que la votaba responde en parte al desgaste que se logró con este lawfare. Era para desautorizarla, deslegitimarla, a través de ese debilitamiento. Es un proceso muy terrible que hunde a políticos y políticas. Se debería acusar de prevaricación a los jueces que cometen el delito de dejar entrar denuncias o pleitos sin base. Hay jueces que, al final, dicen que una denuncia no tiene base, pero el que ha dado rienda suelta a esta denuncia penal también es un juez.

En 2007 se aprobó un Plan para el Derecho a la vivienda en Cataluña que preveía llegar a un 15% de vivienda asequible, pero todavía estamos a un 2%. ¿Qué ha fallado?

Fue una ley que sacó adelante Carme Trilla desde la Secretaría de Vivienda del gobierno del tripartito, que hablaba de solidaridad urbana. Con ese 15% se entiende que no todo debía ser público. Ahora, el 2% es vivienda pública y, a grandes números, habría un 4% porque hay un 2% más de alquiler asequible, de oenegés, de fundaciones, de propietarios sin ánimo de lucro. Habría un 2% público y un 2% asequible. No todos los propietarios son especuladores. Hay propietarios que prefieren cobrar alquileres asequibles y tener a la gente viviendo en sus viviendas, que las cuiden y que estén de alquiler mucho tiempo. Pero sí, claro, al 15% no hemos llegado. Cuando entramos en el Ayuntamiento se recuperaron partes no aplicadas de esta ley. El Ayuntamiento invirtió más, transformamos lo que era el Patronato Municipal de la Vivienda en el IMHAB (Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona), lo doblamos de personal y espacio de trabajo, pero no fue suficiente. Quien debía aplicar este plan innovador era la Generalitat, y desde 2007 ha ido cayendo con los recortes del presidente Mas, con las complicaciones del procés, con un INCASOL inoperativo, en situaciones en las que nunca ha sido prioritaria la vivienda. Esto tiene una explicación histórica: desgraciadamente España tiene una tradición de mala política de vivienda desde siempre, y no desde Franco. Franco hizo vivienda, como decía su ministro Arrese, «para propietarios y no para proletarios, de venta limitada y no de renta limitada». Pero es que cuando en Europa se hacía la política socialdemócrata de vivienda, en el período de entreguerras, es decir, Viena iniciaba su política de vivienda que dura hasta la fecha, además de Fráncfort, Hamburgo, Amsterdam o Londres, aquí, en la dictadura de Primo de Rivera, eran especuladores de medio pelo los que hacían vivienda. Eran las casas baratas, que las llamaban las casas de papel. Las políticas de vivienda han sido siempre insuficientes, sin ningún cuidado y sin homologación alguna en Europa. En políticas de vivienda, España es una anomalía. Tenemos esta tradición de unos gobernantes que no han hecho sólidas políticas de vivienda. Durante el franquismo se realizaron unos seis millones de viviendas con dinero público y todas han pasado al mercado. Y después tenemos un sector inmobiliario, de la construcción y de administradores de fincas, muy especulador, muy poco social, con poca preocupación por el valor social de la vivienda. Aquí radica una de las claves de las políticas de vivienda, que es conseguir sacar vivienda del mercado. Cuanta más vivienda se saca del mercado, como ocurre en Viena o en Vitoria, en el País Vasco, más se puede controlar el precio del alquiler y el precio de la compraventa. La idea de sacar vivienda del mercado nunca la ha tenido nadie en nuestro país, sino que, en todo caso, se ha hecho vivienda para que el sector inmobiliario se enriquezca y pase a haber más propietarios.

¿Ninguno de los gobiernos de España y de Cataluña han hecho políticas que vayan en la buena dirección para avanzar?

No. Ni PP ni PSOE. El PSOE puede haber dicho que haría algo, sin embargo, a la hora de la verdad, quien eliminó la ley de los alquileres estabilizados fue Miguel Boyer, en un gobierno socialista. Y después, cuando el PP hizo el desastre de la nueva Ley del Suelo, de convertir la mayor parte de suelo en urbanizable, el precio del suelo se dobló en vez de bajar. No ha habido, en los gobiernos ni del PP ni del PSOE ni en los gobiernos catalanes, salvo en el tripartito, que tampoco pudo arrancar, una voluntad de una política de vivienda. Las políticas de vivienda no se improvisan, no pueden realizarse en cuatro años, ni en ocho prácticamente, sino que piden voluntad política, inversión y, sobre todo, continuidad. Con el PSOE y Sumar tenemos una Ley por el Derecho a la Vivienda en España de 2023, y se han ido haciendo también correcciones y añadidos. Legalmente no está mal, faltan cuestiones como regular el alquiler de temporada, algo que se acaba de aprobar en Catalunya. Sin embargo, tenemos una base que permite avanzar. En principio debe invertirse más. El PP invertía un 0,06% del PIB en vivienda, cuando en Europa se había llegado a invertir entre el 1% o el 2% en algunos países. El PSOE ha vuelto a recuperar lo invertido en la época anterior del PSOE. Tampoco es mucho. Tienes que tener las leyes y la inversión, y que esto se realice y dure muchos años. De momento, esto nunca ha sucedido ni en España ni en Catalunya. La recientemente nombrada directora de la nueva Entidad Estatal de Vivienda, Casa47, ha dicho que se tardarán cinco años en notar este cambio de política de vivienda.

Algunos indicadores han mejorado en el sector de la vivienda, pero la preocupación ciudadana por esta cuestión ha crecido. El tema de la vivienda es el que más preocupa ahora a la gente.

Obviamente, porque el alquiler ha subido muchísimo, presionado porque existe mucha demanda y una oferta insuficiente, calentada por la falsa expectativa de ganancias con Airbnb y del alquiler de temporada. Esto, claro, tensiona mucho el mercado. El mercado funciona en base a la expectativa no de un alquiler asequible, ni del alquiler según el índice de precios, sino de alquileres de temporada, de hacer coliving, alquilar a expats que puedan pagar mucho, viviendas de lujo. Todo esto inflaciona el precio. El alquiler ha subido, y puede significar el 50% de las rentas, de los recursos de una pareja o familia; y la compraventa también ha subido un buen porcentaje. Son muchos factores que convergen y hacen que el que está de alquiler esté pagando mucho. Quizás muchos quisieran comprar, pero les cuesta hacerlo porque los precios han subido mucho. Hoy ha salido en el periódico que se han comprado más pisos este año, tantos como en la época de la burbuja inmobiliaria, pero el 70-80% pagan al contado. Éstos no son de aquí. La gente de aquí, en su mayoría, paga con hipoteca, no al contado. Son inversores, compañías inversoras o gente de Europa o Norteamérica que compran pisos aquí y tienen mucho dinero. Se hacen viviendas, no es suficiente, hay que hacer muchas más, pero gran parte de las que se hacen no van por la gente de Barcelona, ??su área metropolitana o Catalunya, sino que van para inversores, expats o gente que quiere tener una vivienda para venir en verano. No está cumpliendo su función social, sino que es una inversión. Esto hace que el alquiler suba y que la compraventa suba. Te arriesgues a comprar o estés de alquiler, la mayor parte de la gente está en una situación inquietante porque está pagando mucho por el alquiler, está pagando mucho de hipoteca o está queriendo comprar y ve que no puede. Si el problema de la vivienda no se resuelve, hay cada vez más conciencia y aparece como el mayor problema. Además, tenemos casos como el de la casa Orsola o el caso de las promociones de coliving que incumplen las normas y expulsan a la gente. Es un fenómeno que no sólo vives tú o tus familiares o conocidos, sino que ves todos los días que desahucian a gente. Es un conflicto cada vez más visible.

Hay sondeos de opinión que dicen que el giro hacia la extrema derecha de mucha gente, entre ellos muchos jóvenes, se debe en gran parte al tema de la vivienda. ¿Es el factor principal para que se produzca este giro?

Hay más factores. El problema de la vivienda implica la dificultad de emancipación, de tener una vida más libre, un proyecto de vida. Es cierto que a la gente joven o a ciertas generaciones les condiciona. Se dice que Vox aumenta el número de votantes, que los jóvenes tienden a ser más de derechas, que los hombres jóvenes siguen siendo machistas… Son ciertas tendencias, pero el mundo está muy polarizado. Veamos lo que ha pasado en Chile. Tenían que elegir entre un candidato del Partido Comunista o uno de extrema derecha, pinochetista, de lo más facha. Ha ganado el de la extrema derecha. Hay jóvenes conservadores y jóvenes que siguen a Vox, pero hay muchísimos jóvenes activistas que ocupan espacios en desuso, que están en el Sindicat de Llogateres, que se organizan. Siguen habiendo jóvenes comprometidos. Se dan los dos fenómenos. Es cierto que se polarizan cada vez más en posiciones más extremas, que ante los conflictos, los problemas, los retos, la tendencia es ir hacia la extrema derecha y contra la política, los políticos, y desconfiar de todo y creerse cualquier mentira. Pero también hay una reacción anticapitalista, que considera que este sistema no funciona y que debemos luchar en su contra. Quizás sí que a la hora de votar acaba ganando un poco más los que van hacia la derecha que los activistas y los de izquierdas anticapitalistas, pero los dos polos existen. No puede simplificarse con una única tendencia, sino que es más bien una polarización. Ocurre que no se han inventado nuevos sistemas, porque el comunismo y el socialismo han tenido problemas para ser duraderos. La socialdemocracia, que tiene más de cien años —nuestro PSC es socialdemocracia–, cree en el desarrollo, en un crecimiento que no tiene ningún límite. Y después el fascismo sigue siendo un modelo. Seguimos con modelos anacrónicos. No tenemos modelos sociales, utopías o modelos de vida para nuestro tiempo. Más que nada, el problema de la vivienda es no poder imaginar mundos que no sean la extrema derecha, el fascista, contra los migrantes, etc… o la socialdemocracia, que es Pedro Sánchez o Salvador Illa, que sigue diciendo que hay que ampliar el aeropuerto o hacer grandes inversiones. Hay una falta de modelos que no sean estos que, de alguna forma, están desgastados y que vuelven a reaparecer.

Dice que hay que construir viviendas, aunque hay expertos que aseguran que la solución no es construir más.

Sí, sí, debe construirse más, pero hay que hacerlo todo. Una de las primeras cosas que hicimos fue estudiar cuántos pisos vacíos había en Barcelona. No llegaba ni al 2%. En las zonas tensionadas no existen pisos vacíos que se puedan utilizar. Puede que haya pisos vacíos de uno de esos inversores que los tiene y quiere alquilarlos a un precio muy alto y no los alquila, o que los tiene un mexicano, un danés o un suizo que sólo lo utiliza un mes al año. No pueden considerarse vacíos porque tienen su propietario aunque esté infrautilizado. O sea que hay que hacerlo todo: recuperar pisos vacíos, comprar viviendas, algo que como Ayuntamiento hicimos bastante y ahora se hace mucho menos. Con la ley de tanteo y retracto que extendimos a toda la ciudad, el Ayuntamiento tiene prioridad en cualquier compraventa de suelo calificado de vivienda o de un edificio de viviendas. Debería haber mucha más inversión en los edificios, si son interesantes, por su situación, por su precio, por si hay pisos vacíos y son utilizables. Hay que comprar pisos ya hechos, pero también hay que hacer pisos nuevos. Debe hacerse en los tejidos urbanos en suelo urbanizable y no urbanizar más suelo, no hacerlo en lugares inundables o cargándose bosques. Debe completarse el tejido urbano que existe. En el Área Metropolitana hay mucho suelo todavía. También en Barcelona, ??en el distrito de Sant Martí, por ejemplo, o en la Marina del Prat Vermell. En muchas ciudades catalanas queda todavía suelo, quedan también zonas industriales obsoletas. Se trata de aprovechar ese suelo existente y reforzar la estructura urbana.

¿Qué hay que hacer con los pisos de la Sareb?

La Sareb tiene solares, mucho suelo, y tiene pisos. La Sareb no ha sido bien gestionada y es un fondo infrautilizado. Nosotros fuimos de los primeros que logramos un acuerdo con la Sareb en el mismo 2015. Nos reuníamos con ellos cada dos meses y nos iban cediendo pisos. Pero los pisos que tiene la Sareb, y cada vez supongo que será más así, no son pisos en buen estado, o están ocupados. Tiene un pasivo de pisos, pero difícilmente utilizables de inmediato. A nosotros nos cedía cada dos meses, por ejemplo, 50 pisos, pues un 50% estaban en muy mal estado, estaban destrozados y un 50% estaban ocupados. Con los que estaban ocupados lo que en principio se hacía era regularizar la situación. Lo que tiene la Sareb muchos ni saben muy bien dónde está. Esto quizás ha ido evolucionando, pero en la época cuando yo estaba de concejal de vivienda, era así. Tenían una cartera de miles de pisos y suelo, pero muy caótico y poco utilizable directamente. Cuando Pedro Sánchez dice que conseguirán de inmediato 50.000 pisos de la Sareb e inmediatamente 13.000, por mi experiencia es que estarán en mal estado u ocupados. La Sareb debería intervenirse, poner orden y sacar el máximo partido social de lo que tiene, pero siempre sabiendo que están mal situados, en barrios muy periféricos, en zonas más degradadas. En un sector inmobiliario tensionado, todo lo apetitoso ya está utilizado y de algún modo se le está quitando rentabilidad. Lo que queda son restos que nadie quiere, y eso es lo que tiene la Sareb.

Hablaba del 30% de reserva de viviendas por temas sociales. El alcalde Collboni dice que no ha funcionado.

Era una medida que nosotros sacamos adelante con el apoyo de la reclamación de los movimientos sociales, de la PAH, el Sindicat de Llogateres, el Observatorio DESC, la FAVB y la ABTS (Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible). Barcelona en común compartió esta exigencia del 30%, que se aplica en Nueva York, en París, en Vancouver y en otros muchos lugares, y no lo hubiéramos podido hacer solos. Lo hicimos gracias a esa presión de los movimientos ciudadanos que provocó que los partidos políticos no quisieran quedar mal y se aprobara. Es una medida compleja que tuvo muchos enemigos, pero necesaria. El Ayuntamiento tiene suelo en zonas de transformación, en la Sagrera, en el 22@, en la Marina del Port Vell, pero no las tiene en el Eixample o en Gràcia, en los tejidos históricos. También tiene en Ciutat Vella porque hay mucha transformación. Para tener viviendas asequibles en estas áreas debes encontrar otra medida. En estos distritos no puedes comprar tantas viviendas y el 30% sirve para ello, para poder ir disponiendo de viviendas asequibles, ya sea a partir del tanteo y retracto o con el 30%, en una promoción nueva del Eixample o en una rehabilitación integral. Tal y como está la normativa, siempre debe ser económicamente viable. No se exige que el promotor salga perdiendo. Se negocia, porque el 30% no da un número redondo; se negocia cuántas viviendas pasarán a ser asequibles, si serán de alquiler, si serán de venta, cómo se hará… Se negocia operación por operación. En este momento hay unas 150 viviendas que se han terminado o que están en proceso, que no son muchas, es cierto. Es lo que se ha conseguido después de que primero no se aplicara directamente, porque el PSC retrasó su aplicación, lo que permitió que se pidieran muchas licencias antes de que la norma entrara en vigor. Muchos promotores se lo saltan. En la rehabilitación se lo saltan la mayoría porque no piden permiso para todo el edificio, sino que lo van pidiendo por piezas para que no conste que es una rehabilitación integral. La tendencia del sector inmobiliario es saltárselo. Como no aceptan esta ley, buscan trampas para saltársela.

Apostó fuerte por las cooperativas de vivienda.

Promovimos toda una nueva generación de cooperativas de vivienda que han hecho famosa Barcelona. Hemos creado simpatía en todo el mundo. Incluso en Viena, en los sitios más avanzados, admiran nuestras cooperativas de vivienda, con cesión de uso, buena arquitectura, arquitectos jóvenes, etcétera. El ayuntamiento actual deja que vayan haciendo, pero ya no las promociona.

No ha retirado la norma del 30%.

No ha logrado retirarlo, pero no ponen las multas y no hay sanciones. Toda normativa o reforma avanzada, tipo 30%, tanteo y retracto, que con la rehabilitación no expulses a los vecinos, los apartamentos turísticos ilegales, requiere sanciones, una política de vigilancia, sancionadora, que no es agradable, pero no hay otro remedio. He visto que el ayuntamiento pone ahora multas de 500 euros a los promotores de coliving que no piden permiso. Nosotros poníamos multas de 30.000 y 60.000 euros a los apartamentos turísticos ilegales. Estas normativas que van contra los intereses dominantes, de los lobbies, de los inversores, de los especuladores, requieren una política de inspección y multas, no tanto para ganar dinero sino para parar esa presión.

¿Qué política de vivienda debe realizarse en este momento de emergencia climática?

En las viviendas públicas que hace el IMHAB del Ayuntamiento de Barcelona como en las que hace el IMPSOL, el operador del Área Metropolitana, se tienen en cuenta estas cuestiones de las fachadas, ventilación natural, ahorro energético, materiales sanos, plantas flexibles que se puedan transformar,… Se tiene bastante en cuenta. Quizás no lo suficiente, porque, por ejemplo, debería exigirse más, que no pueden ser todas las fachadas iguales, porque es diferente que una fachada dé al este, al sur, al oeste o al norte. La incidencia del sol es muy distinta. Se podría ser aún más estricto, pero sí existe la intención, la voluntad, y hay proyectos que son muy atractivos y de referencia. Existe el problema de la relación entre la cantidad y la calidad. De vivienda pública de calidad en el Área Metropolitana se hace, pero poquísima, es prácticamente simbólica. Debería multiplicarse por 10, como mínimo. Debería haber mucho más. Hay que hacer vivienda porque hay un crecimiento demográfico de miles y miles de personas que las necesitan, para los jóvenes que quieren emanciparse y para las familias que se dividen. La clave es quien es el operador. El IMHAB ha vuelto a ser muy funcionarial y muy lento. El IMPSOL está más dinámico, aunque construye más en el Llobregat que en el Besòs, pero la vivienda debería ser toda de alquiler y debería ser más en zonas urbanas. Pero el gran problema es INCASOL, el operador de la Generalitat. Illa ha asegurado que hará 50.000 viviendas. Esperemos que pueda. Pero si el operador que tienes es el INCASOL, que ha sido obsoleto, incapaz de hacer viviendas durante muchos años, tienes que transformarlo, cambiarlo. Al final las viviendas no salen como setas. Si tú no transformas el operador que debe realizar las viviendas, no las harás, es imposible.

Cree que mientras estemos en un sistema de mercado capitalista, los lobbies tienen las de ganar.

Es una cuestión política. El capitalismo algún día se acabará. No ha habido ningún sistema político que dure eternamente. Todos han ido desapareciendo. El capitalista tiene mucha capacidad de transformarse. Se ha transformado ahora en esta economía mal llamada colaborativa, con las plataformas, con el mundo digital, Internet, IA, etc. Pero algún día se acabará. Quizás no lo veremos, pero mientras esté el sistema capitalista, los poderosos tienen las de ganar. Tienen el resorte del poder. En el Ayuntamiento lo ves. No éramos los poderosos de la ciudad. Sabíamos quiénes eran los poderosos. Y éstos reclaman su poder, sus prioridades y su capacidad de decisión y actuación. Es un sistema pensado para los poderosos que tienen el capital, los medios de producción, los mejores sistemas informáticos… Son los que dominan. La única solución es encontrar mecanismos para frenarlo, encontrar alternativas, sobrevivir dignamente dentro de este sistema. El problema de la vivienda es inherente al sistema capitalista. Ya lo escribieron Engels y Marx: el primer sistema de dominio y explotación es el trabajo y el segundo, la propiedad del suelo y la vivienda. El sistema capitalista se apropia del suelo, de lo común, e intenta acumular en pocas manos el suelo y la vivienda. Es la lógica de ese sistema. Puedes intentar desde el Estado intervenir o hacer pactos público-privados e intentar llegar a soluciones más o menos de un cierto equilibrio, mejorar las condiciones de vida de la gente, pero siempre estás en un sistema injusto. Es así. Un día se acabará, lógicamente. Pero puede durar todavía.

Le preocupa el tema de los sin techo.

Sí. Si tienes como prioritaria la cuestión de la vivienda, los sin techo viven la peor condición al respecto; sin casa, sin cobijo, sin intimidad, desprotegidos, durmiendo en la calle, vulnerables a todo tipo de agresiones. Ninguna política de vivienda puede olvidarlos.

¿Tiene alguna medida para mejorarlo?

Antes de entrar de concejal, sobre todo a través de Ricard Gomà, conocí a bastantes sin techo; había estado en contacto con Arrels y con la Comunidad de San Egidio, y he visitado sitios de acogida de gente sin techo. En Barcelona son unos 2.000. Te das cuenta de que es gente que ha tenido mala suerte, que ha acumulado problemas familiares, desgracias, enfermedades, adicciones. Es una situación de la condición humana en la que puede caer todo el mundo. Cualquiera puede encontrarse con una serie de desgracias. También intentamos hacer cosas desde Derechos Sociales, pero cuando tienes un problema de la vivienda tan grande que afecta a las clases medias, a los trabajadores, a los migrantes, etc, por mucho que hagas, es difícil dar prioridad al problema de los sin techo. Puedes intervenir, pero es difícil de afrontar y resolver. Si me interesa el problema de la vivienda la situación más precaria es la de la que no la tiene. Soy consciente de que es un tema difícil. Algunos países como Finlandia, Austria o Canadá han podido afrontarlo porque tienen el problema de la vivienda mejor enfocado. Tienen vivienda para gente joven, para mayores, tienen cooperativas para gente con problemas de todo tipo. Y tienen también edificios para gente sin techo. En nuestro caso, que tenemos un problema de la vivienda tan grande de carencia de políticas de vivienda, afrontar esta cuestión sólo se puede hacer con acuerdos con fundaciones, con entidades privadas, e intentar que no aumente, que disminuya, intentar que no se produzcan estas situaciones. Y el siguiente paso son los que viven en asentamientos, que también es muy preocupante, en naves industriales, edificios abandonados, en barracas… Al menos tienen un cobijo muy precario. Se puede mirar que los niños puedan acudir a un colegio, que tengan sanidad,… Estos sí que se realojan más en viviendas sociales. Los APROP (Alojamientos de Proximidad Provisionales) proveen módulos prefabricados para acoger algunos sin techo. En Ciutat Vella hay uno y en Glòries hay otro. Son contenedores marítimos reconvertidos en vivienda. Vuelve a ser el mismo problema de la cantidad. Tienes 2.000 sin techo y puedes encontrar una digna solución para 20, 40 o 100.

Si volviera a tener 60 años y a ser concejal de vivienda en un gobierno progresista, ¿qué haría? ¿Cuáles serían sus prioridades?

Haría cosas parecidas a las que hicimos. Apostar por las cooperativas, por la prefabricación, por hacer vivienda nueva, sostenible y ecológica para afrontar el cambio climático. Intentar resolver el problema de los sintecho y de los que están en los asentamientos. Para ello debes aplicar todas las medidas posibles, de recuperar pisos vacíos, comprar, construir, rehabilitar, acuerdos público-privados,… Estos acuerdos público-privados, que hicimos alguno, son difíciles porque desde el sector público hay cierta desconfianza burocrática hacia lo privado y los privados tienden a ser especuladores. Pocos quieran hacer acuerdos con el Ayuntamiento para promover iniciativas con cierto interés social. En otros países, sobre todo de cultura angloamericana, tienen más desarrollado trabajar juntos público y privado. Aquí, en principio, el mundo público y privado tienen muy pocos contactos. Lo que ves con la experiencia es que falta muchísima más inversión, muchísimos recursos humanos, gente trabajando en ello, mucha continuidad. El Ayuntamiento de Barcelona tiene presupuesto, pero debería invertir mucho más en vivienda. La Generalitat de Catalunya si no transforma el INCASOL e invierte más, no hará nada. Y el gobierno español, que debería ser el que pasara el dinero a las autonomías, no sabemos exactamente qué está haciendo y lo que se sabe que hace es insuficiente. La política que aplicaría sería similar con algunos matices, sabiendo por experiencia que algunas cosas funcionan mejor que otras. Si sigues teniendo unos operadores escuálidos y que van haciendo viviendas a un ritmo que nada tiene que ver con las necesidades de crecimiento, las necesidades de la gente que no tiene recursos, de las familias vulnerables, no resuelves el problema, más bien aumenta.

Volvería a sufrir.

Sí. Pero es imprescindible afrontar el reto. Por ello, debe multiplicarse la inversión, aportar más recursos humanos, no renunciar a ninguno de los instrumentos y medidas (compra de pisos, obra nueva, rehabilitación, industrialización, cooperativas, disciplina de vivienda, regulación de los alquileres, incluidos los de temporada, el 30% de vivienda asequible, la reducción de los apartamentos turísticos, etc.). Y también es necesario insistir mucho más en potenciar operadores y acuerdos público-privados.

La entrada Josep Maria Montaner: “El problema de la vivienda es inherente al sistema capitalista” se publicó primero en lamarea.com.

Por Manuel Gabarre de Sus. Publicado originalmente para ctxt.

La Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) fue creada en 2012 durante el Gobierno de Rajoy a partir de la transferencia de activos de cuatro entidades nacionalizadas (BFA-Bankia, Catalunya Banc, NCG Banco-Banco Gallego y Banco de Valencia), junto con otras en proceso de reestructuración. La entidad que surgió de allí podría haber cambiado el acceso a la vivienda en España, puesto que llegó a adquirir 400.000 inmuebles y 100.000 préstamos a promotores, provenientes de la gran crisis inmobiliaria. Ese patrimonio debería haber sido la base de un sistema público de vivienda similar al de otros países europeos como Francia o Austria. Pero sucedió todo lo contrario: pese a financiar aquellas compras con dinero público, el Estado ha malvendido los bienes para el provecho del sector financiero. De la privatización de Sareb se han beneficiado muchas personas bien conectadas con el mundo político y empresarial, dado que la venta de sus viviendas y solares se ha realizado de manera oculta, pero no ha redundado en provecho de la sociedad española.

Ahora, una pequeña parte de aquellos bienes que todavía le quedan a Sareb pasará al fin a formar parte del sector público a través de la sociedad Casa 47. Esta política debería haberse implantado desde la creación de la entidad hace trece años. A continuación, explicamos cómo se ha llegado a esto.

La creación de Sareb

Luis de Guindos fue la persona clave en la privatización de Sareb. El 25 de junio de 2012 solicitó la asistencia financiera a la Unión Europea para sufragar el rescate de las entidades bancarias. Así, De Guindos, representando al Gobierno de España, firmó el Memorándum de Entendimiento sobre Política Financiera con la Comisión Europea y el Banco de España. 

Este contrato recogía las condiciones que imponía la Comisión Europea para rescatar a la banca española con un préstamo de cien mil millones de euros. A cambio, la troika –formada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea– imponía su programa político al Gobierno español. Este programa incluía la pérdida de derechos de los trabajadores a través de la reforma laboral, los recortes de los servicios públicos y el fin del sistema de vivienda español basado en el endeudamiento hipotecario.

El rescate también incluía la creación de un organismo que asumiera los bienes inmobiliarios de las entidades financieras con problemas

El dinero de aquel rescate provenía del Mecanismo Europeo de Estabilidad. Los países de la Unión Europea habían dotado a este fondo con 700.000 millones de euros. Su finalidad declarada era rescatar a aquellos países que no pudieran financiarse en los mercados durante una situación de crisis. Pero la finalidad real fue crear un cortafuegos que protegiese a la banca europea de la quiebra de las entidades bancarias españolas, griegas o irlandesas que estaban fuertemente endeudadas con ella.

El contrato del rescate también incluía la creación de Sareb, puesto que se exigió la constitución de una entidad que asumiera los bienes inmobiliarios de las entidades financieras con problemas. Estos bienes estaban formados por las viviendas provenientes de embargos y de desahucios, así como por todos los préstamos a las promotoras inmobiliarias. Además, el contrato de rescate exigía la privatización de los bienes inmobiliarios adquiridos. Era urgente arreglar el problema de la vivienda en España. Pero, en lugar de cambiar de modelo mediante la gestión pública de esas viviendas, la troika obligó a seguir girando la rueda del negocio inmobiliario. Lo hizo para el provecho del sector financiero europeo y, sobre todo, de Estados Unidos. Todo esto en un país donde solo en el año 2014 se produjeron más de 70.000 ejecuciones hipotecarias según el CGPJ. 

Los bienes de Sareb

Sareb llegó a poseer 400.000 bienes inmobiliarios. Desde suelos sin urbanizar hasta solares y viviendas en las mejores zonas

Multitud de bancos y de cajas de ahorro quebraron cuando los deudores hipotecarios quedaron en paro. A su vez, los promotores tampoco podían atender los créditos con los que financiaron la construcción de viviendas. Sareb compró los bienes inmobiliarios de estas entidades financieras pagándoles 51.000 millones de euros. Ese precio era algo menos de la mitad del valor que tenían anotado los bancos por esos bienes (107.000 millones de euros). Los bienes estaban compuestos por más de cien mil viviendas provenientes de embargos, así como por los créditos de los promotores inmobiliarios. Aunque se tratase de promotores solventes que atendían sus créditos en plazo, Sareb se quedó con ellos. Estos préstamos estaban respaldados por locales, hoteles, suelos industriales, viviendas y solares. De esta manera, Sareb llegó a poseer 400.000 bienes inmobiliarios y 100.000 préstamos a promotores. Los había de todas las categorías: desde suelos sin urbanizar hasta solares y viviendas en las mejores zonas de las ciudades españolas.

El trampantojo de Sareb

Los grandes bancos españoles aportaron unos 2.600 millones de euros y el Estado, otros 2.200 millones al capital de Sareb. De este modo, Sareb disponía de 4.800 millones de capital, pero pagó 51.000 millones a las cajas y los bancos quebrados. ¿Cómo fue posible? La respuesta es que Sareb recibió un préstamo de 51.000 millones de euros del Banco Central Europeo. El objetivo declarado era devolver ese préstamo vendiendo sus bienes. Según expuso el Ministerio de Luis de Guindos a la Comisión Europea, Sareb tendría unas ganancias del 14  % anual. El entonces ministro prometió que “Sareb no costaría ni un solo euro a los españoles”. 

El préstamo con el Banco Central Europeo escondía un truco: el Estado lo había avalado

Eran conscientes de que eso era imposible. Sareb estaba destinada a perder decenas de miles de millones de euros con cargo a la ciudadanía. El motivo era que el préstamo con el Banco Central Europeo escondía un truco: el Estado lo había avalado. Todo lo que Sareb no pudiese devolver recaería sobre la Administración. Esa es la razón por la que su quiebra en el año 2022 incrementó la deuda pública en 30.000 millones. La Unión Europea premió a Luis de Guindos por su gestión y actualmente es vicepresidente del Banco Central Europeo. Cabe preguntarse para quién se gobierna en Europa.

La opacidad de Sareb

La entidad vendió los solares y las viviendas de manera opaca. Gracias al trampantojo con el que había ocultado lo que realmente era –una gran inmobiliaria pública– pudieron funcionar como una organización de naturaleza privada y escapar de los controles administrativos. 

La legislación exige que la Administración venda sus bienes a través de subastas públicas. Cuando la venta de bienes inmuebles supera los 20 millones de euros, el Consejo de Ministros debe rubricarla. Sin embargo, Sareb esquivó todos estos controles debido a su condición fraudulenta de empresa privada. De esta manera, las inmobiliarias de los tres grandes bancos que habían aportado capital en Sareb –Santander, La Caixa y Banco Sabadell– vendieron las viviendas y los suelos de Sareb de manera opaca. Se desconoce el precio de venta, quién las compró y dónde estaban ubicados. Las inmobiliarias de los bancos cobraban comisiones a la entidad por las ventas de su patrimonio, con las que recuperaban lo perdido en su capital. Sareb es probablemente la mayor estafa a la ciudadanía de las últimas décadas. 

El fondo oportunista Cerberus se coló entre los vendedores de los bienes de Sareb. Cerberus es un fondo de inversión vinculado con el Partido Republicano: su fundador y consejero delegado es Steve Feinberg. Donald Trump lo nombró a comienzos de 2025 subsecretario de Defensa de los Estados Unidos, y desde ese cargo dirige el colosal presupuesto militar americano. Por otra parte, el principal enlace de los republicanos en España es José María Aznar desde que apoyó la guerra de Irak. Así que Cerberus contrató como consejero a José María Aznar Botella. También contrató como presidente de su inmobiliaria Haya a Juan de Hoyos, el mejor amigo del expresidente. Inmediatamente Sareb le encomendó a Haya las ventas de los bienes de la antigua Caja Madrid. Así, el entorno de los Aznar pudo vender con total opacidad los bienes de la caja que habían contribuido a arruinar con el nombramiento de Miguel Blesa. 

La quiebra de Sareb

A finales de 2020, la Comisión Europea manifestó que el engaño de que Sareb fuese una entidad privada había durado lo suficiente

Sareb generaba pérdidas de miles de millones de euros cada año. A los tres años de su creación ya debería haber declarado su quiebra. Pero el Gobierno la eximió de esta obligación. Entre los compradores de los bienes de Sareb se encuentran los fondos oportunistas de Estados Unidos como Blackstone y Goldman Sachs. Adquirieron miles de viviendas, así como el suelo urbano por donde debían crecer las ciudades españolas. Así fue cómo perdimos la oportunidad de crear un potente parque público de vivienda.

A finales del año 2020, la Comisión Europea manifestó que el engaño de que Sareb fuese una entidad privada había durado lo suficiente. Eurostat exigió a las autoridades españolas que calificasen la deuda de Sareb como pública. En el año 2022, Sareb pasó a ser una empresa pública donde el Estado tenía más de la mitad del capital. A pesar de su condición pública, el Ministerio de Economía decidió que Sareb no tenía que seguir los mismos criterios de transparencia que cualquier empresa estatal. De este modo, encomendó a los fondos oportunistas Blackstone y KKR la venta de su patrimonio. Por supuesto, las ventas continuaron realizándose de manera opaca.

Casa 47: ¿Un final feliz?

Este año, el Gobierno ha anunciado la incorporación de una parte de los bienes de Sareb a una empresa pública de vivienda llamada Casa 47. La creación de Casa 47 es una noticia excelente. Se puede ver como una victoria de los movimientos sociales, e incluso podría ser el inicio de un cambio en el sistema de vivienda. Sin embargo, desde la perspectiva de lo que pudo ser Sareb es una noticia triste: solo se traspasarán 40.000 viviendas a Casa 47, junto con 2.400 solares para construir otras 55.000 viviendas. Esas casi cien mil viviendas públicas son una cantidad muy importante, pero apenas suponen una décima parte de los bienes que tuvo Sareb en su día. 

Sareb podría haber sido el germen de una entidad pública con un millón de viviendas. Con ese volumen el gobierno habría sido capaz de intervenir en los precios y de crear unas ciudades más agradables. Aunque el Estado se ha quedado con un buen número de viviendas y solares a través de Casa 47, esa cantidad es insuficiente para determinar las condiciones del acceso a la vivienda. Además, Sareb nos ha causado unas pérdidas de unos 25.000 millones de euros. En suma: Sareb es la historia de un gran desfalco de proporciones históricas.

La entrada Sareb: el final de una gran estafa se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Por Lucía Martínez Elorriaga. Publicado originalmente para Público.

Tras años de lucha contra la socimi Elix Rental Housing los vecinos de Tribulete 7 han conseguido que el Juzgado número 17 de Madrid admita a trámite su querella contra el fondo buitre por acoso inmobiliario. «Es la primera vez que se imputa a un fondo buitre como persona jurídica por acoso a los inquilinos», ha explicado este miércoles Alejandra Jacinto, abogada del Sindicato de Inquilinas. 

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Ruth Galán, ha declarado que entre los imputados se encuentran el socio fundador de Elixir Rental Housing, el director de inversiones de la empresa, la mediadora y el arquitecto responsable de las obras. Todos ellos deberán declarar el próximo 19 de febrero de 2026 como acusados de un delito de carácter penal. Por su parte, el 3 de marzo tendrá que prestar declaración el jefe de obra de la constructora Serrazar, empresa subcontratada por Elix para la realización de las obras en el edificio. 

Los vecinos de Tribulete llevan luchando contra Elix desde marzo de 2024, fecha en la que la empresa compró el bloque de viviendas de Lavapiés. Los vecinos, con la ayuda del Sindicato de Inquilinas, comenzaron la estrategia Nos quedamos que «consiste en resistir en sus viviendas a pesar de la expiración del contrato de alquiler, pero pagando religiosamente al fondo sus respectivas cuotas», ha explicadoRuth Galán. Sin embargo, la propiedad ha respondido -ha asegurado la portavoz- aumentando la presión y el acoso contra las vecinas, en vez de iniciar los trámites legales pertinentes. 

En noviembre de 2024 se iniciaron unas obras en Tribulete que causaron la expulsión de varios de los vecinos. «El objetivo es echarnos a todos«, ha afirmado Cristina Gómez, vecina del inmueble. «Las obras han provocado inundaciones en las viviendas, caídas de casquetes, goteras… están dejando las viviendas inhabitables», ha asegurado. El acoso a las vecinas no ha cesado desde entonces y se ha incrementado acompañado de amenazas y coacciones. 

La querella colectiva se presentó el pasado mayo por prácticas de mobbing inmobiliario, una forma de acoso para conseguir que los individuos abandonen su vivienda. «Esta querella está motivada por la injusticia,» ha relatado Cristina. Asimismo, Alejandra Jacinto ha advertido sobre el reiterado uso de estas prácticas entre los rentistas: «Este caso no es un caso aislado; se está repitiendo una praxis habitual que utilizan muchos fondos de inversión para expulsar a los vecinos y así ahorrarse todos los procedimientos judiciales existentes». 

La abogada ha confirmado que «hay indicios más que suficientes para entender que hay acoso, hostigamiento y una afectación en la salud física, mental y a la integridad moral de los vecinos de Tribulete».  

Además, desde el Sindicato de Inquilinas afirman que «al ser el primer edificio que ha seguido adelante con contra un gran tenedor, va a servir para que otros bloques se acerquen al sindicato y sigan el mismo camino». «La lucha del bloque Tribulete 7 no busca sólo poner fin al acoso inmobiliario, sino que es un paso más para acabar con las expulsiones del barrio de Lavapiés y de todo Madrid», concluyen. 

La entrada Los vecinos de Tribulete 7 logran imputar por primera vez a un fondo buitre por acoso inmobiliario. se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Fotografía: No hay un «grave déficit» de vivienda en España ni construir más reduce los precios, según la UPC – UPC

Artículo original publicado en canalunyapress.es por J.C. Meneses Montserrat

España no sufre un “grave déficit” de producción de vivienda, pese a lo que sostiene el Banco de España. Así lo concluye el estudio Cinco tesis sobre la política de vivienda en España, elaborado por investigadores del Centro de Política de Suelo y Valoraciones (CPSV) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y divulgado este martes.

El trabajo, firmado por Blanca Arellano y Josep Roca, analiza los informes recientes sobre el encarecimiento del mercado residencial y las herramientas disponibles para las administraciones públicas. Según los autores, el acceso a la vivienda es “cada vez más difícil”, con precios que ya superan los máximos históricos: las viviendas en venta son un 13,8% más caras que en 2007 y los alquileres han subido un 40% respecto a aquel pico.

Un exceso de viviendas, no un déficit

La primera tesis del estudio cuestiona directamente los informes del Banco de España. Entre 2011 y 2021, el parque de viviendas creció muy por encima del número de hogares: 959.554 unidades más. En total, en 2021 existía un excedente acumulado de 8.084.485 viviendas, equivalente al 30% del parque residencial, de las cuales 3.837.328 estaban vacías.

Los investigadores consideran que este “colchón” es más que suficiente para absorber cualquier necesidad coyuntural y que hablar de escasez estructural “no se ajusta a la realidad”.

Construir más no baja los precios

El informe también desmonta otra idea extendida: que aumentar la oferta de vivienda reducirá los precios del mercado. Según la UPC, ocurre lo contrario. Construir más no garantiza accesibilidad si no se actúa sobre el tipo de vivienda:

La solución no es construir más, sino construir vivienda asequible”

El fenómeno no es exclusivo de España: el encarecimiento es “general en Europa”. Aun así, el país destaca por haber sido el mayor consumidor de suelo urbano entre 2000 y 2012 dentro de la Unión Europea, con 2.447 km² urbanizados, más que Italia, Polonia y Reino Unido juntos.

La clave: vivienda social y alquiler regulado

Otra de las conclusiones apunta a la necesidad urgente de aumentar la vivienda social. En España, este tipo de oferta representa menos del 10% de las transmisiones de propiedad y cayó al 7,8% en los primeros trimestres de 2024. Para Arellano y Roca, esta falta de producción es “uno de los estigmas de la política de vivienda en España”.

Entre los beneficios citados: facilitar el acceso a colectivos vulnerables; favorecer la emancipación juvenil; y equilibrar el mercado residencial

Factores que tensionan el mercado

El estudio identifica tres causas principales del aumento de precios:

• El crecimiento del alquiler de temporada
• La expansión del alojamiento turístico
• La escasa movilización de viviendas vacías

La investigación ha sido publicada en el monográfico Arquitectura y vivienda: nuevas formas de habitar de la revista científica Ciudad y Territorio, editada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y se presentará el 26 de noviembre en Madrid.

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