Los trabajos de corta de arbolado que la Confederación Hidrográfica del Duero está realizando en varios tramos del Canal de Castilla en las provincias de Palencia y Valladolid está suponiendo un grave deterioro ambiental y paisajístico en Tierra de Campos, una comarca necesitada de enclaves biodiversos como el Canal.

La Asociación de Naturalistas Palentinos y Ecologistas en Acción, han solicitado a la Confederación Hidrográfica del Duero la paralización temporal e inmediata de las obras de tala de arbolado en el Canal de Castilla. El organismo de cuenca está ejecutando el proyecto “Obra de Consolidación del Canal de Castilla como corredor ecológico y cultural (Palencia, Burgos y Valladolid), ramal Campos”, estos trabajos están suponiendo la tala de miles de pies de árboles, muchos de ellos en perfecto estado sanitario y de conservación y con un gran valor ecológico.

Aunque el objetivo último del proyecto responde al deseo de impulsar la conservación y puesta en valor del canal de Castilla como Patrimonio Histórico, lo cierto es que la ejecución excesiva y desproporcionada de estos trabajos, está suponiendo que muchos tramos del Canal de Castilla, hasta hace poco jalonados por cientos de árboles, presenten en la actualidad un aspecto desolador al haber sido eliminada la totalidad de la superficie arbolada que conformaba el bosque de ribera.

El Canal de Castilla forma parte de la Red Natura 2000, siendo precisamente la vegetación de ribera uno de los elementos más importantes a conservar, de esa importancia es consciente la CHD ya que participó como socio en el proyecto LIFE Naturaleza “Restauración y gestión de lagunas: ZEPA Canal de Castilla”, en el que una de las acciones, permitió la ejecución de trabajos para la creación de franjas arbustivas que protegiesen las márgenes de los humedales y del propio Canal, realizando para ello la plantación de 84.400 árboles y arbustos. Además de resultar sumamente contradictorio, se puede estar incurriendo en un grave atentado a la Red Natura 2000, ya que muchos de estos árboles están siendo ahora mismo talados por la propia Confederación Hidrográfica del Duero.

Los colectivos naturalistas lamentan la pasividad y la tibieza del resto de instituciones públicas que se ven afectadas, de una manera u otra, por estas cortas desmesuradas, Diputación Provincial, Ayuntamientos y la propia Junta de Castilla y León, cuya responsabilidad en materia de medio ambiente debería de servir para manifestar y trasladar las deficiencias en la ejecución de los trabajos a la Confederación, por esto, los colectivos firmantes han solicitado al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia que desde la Consejería de Medio Ambiente se inste a la Confederación para que proceda a la inmediata paralización de los trabajos de tala y que esa Consejería haga una valoración de la afección de esta actuación a la Red Natura 2000, así como conocer el porcentaje de actuaciones del proyecto que restan todavía por ejecutar.

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El proyecto de miradores de fauna en el municipio de Polentinos, promovido por la Fundación Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León, proyecta facilitar el acceso a una de las mejores zonas de reproducción y alimentación de especies protegidas de la Montaña Palentina, poniendo en peligro su conservación.

Ecologistas en Acción presentó en el mes de agosto de 2025, recurso de alzada ante la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio contra el Acuerdo de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Palencia, celebrada el día 08 de julio de 2025, por la que se autoriza el uso del suelo para el proyecto de señalización y adecuación de puntos de observación de fauna en el Parque Natural Montaña Palentina en el término municipal de Polentinos, promovido por la Fundación Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León.

Finalizado el plazo establecido sin que la Junta de Castilla y León haya contestado, desde Ecologistas en acción hemos anunciado la presentación de un recurso en el Juzgado Contencioso Administrativo de Palencia ante la posibilidad de que la Junta y su Fundación decidan iniciar y ejecutar las obras buscando una política de hechos consumados.

Consideramos que este proyecto, que menciona expresamente la observación de especies protegidas en sus zonas de reproducción, va a afectar negativamente a éstas y otras especies provocando unos impactos significativos que no han sido evaluados, creando un evidente efecto llamada en una zona en la que, con la ejecución de estas obras, se incrementará sin duda la afluencia de visitantes en zonas muy frágiles y con poca capacidad de impacto y acogida.

Los trabajos se plantean en zonas catalogadas como reserva, máxima calificación ambiental en el Plan de Ordenación del Parque Natural, lo que hace inviable su construcción por incumplimiento de la legislación sectorial para asegurar su compatibilidad con los valores protegidos, según exige la normativa urbanística atendiendo a la Ley y al Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, y la normativa ambiental en base a lo exigido en la Ley de Patrimonio Natural de Castilla y León.

La Junta de Castilla y León, lejos de ser la administración que vele por el interés general, parece más bien una promotora de proyectos para dilapidar, sin mucho sentido, fondos europeos y mantener la estructura opaca de su Fundación Patrimonio Natural. Dentro de nuestro trabajo de demanda aportaremos informes técnicos rigurosos y solicitaremos los informes oficiales que han avalado este proyecto, sin olvidar de pedir además la suspensión cautelar y la depuración de las correspondientes responsabilidades.

Ecologistas en Acción lamenta que la Junta de Castilla y León solo pretenda justificar fondos europeos y no priorice la conservación racional de los espacios y las especies. No todo puede servir para conseguir esos fondos, deben fijarse objetivos basados en la conservación y no solo en la actividad económica y turística. Para ello, es necesario y urgente algo que venimos reclamando desde hace décadas, elaborar y aprobar el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural, herramienta obligatoria en la normativa de Espacios Protegidos de Castilla y León y que, después de 25 años y los cambios habidos en el Servicio Territorial de Medio Ambiente, sigue sin presentarse.

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Las quemas intencionadas de arroyos, cunetas y vegetación de ribera están arrasando los escasos enclaves naturales que sobreviven en un paisaje agrícola intensivo, sin apenas control ni consecuencias legales efectivas.

Ecologistas en Acción Palencia y la Asociación de Naturalistas Palentinos denuncian la proliferación de quemas intencionadas de vegetación en arroyos, cunetas y zonas húmedas de la comarca palentina de Tierra de Campos, unas prácticas que están provocando un grave deterioro ambiental en uno de los territorios más transformados por la actividad agrícola.

En un paisaje dominado por monocultivos intensivos, donde la mayor parte de la vegetación natural ha desaparecido, estos enclaves constituyen los últimos refugios de biodiversidad. Actúan como corredores ecológicos fundamentales y albergan numerosas especies de flora y fauna, muchas de ellas dependientes de estos hábitats.

La quema de estas áreas supone la destrucción directa de hábitats, la muerte de especies y la ruptura de la conectividad ecológica. Además, agrava la erosión del suelo, reduce la calidad del agua y disminuye la resiliencia del territorio frente al cambio climático.

Resulta especialmente preocupante que estas actuaciones se produzcan de manera reiterada y, en muchos casos, sin consecuencias legales efectivas debido a vacíos normativos y dificultades de aplicación de la legislación vigente.

Las quemas intencionadas de vegetación natural no solo tienen un impacto ambiental grave, sino que pueden conllevar importantes responsabilidades legales para sus autores.

En el ámbito penal, la quema de vegetación puede constituir delito, con penas de prisión de seis meses a dos años, o incluso de uno a cinco años en caso de incendios forestales.

Desde el punto de vista administrativo, las sanciones pueden alcanzar sanciones que pueden llegar hasta el millón de euros en función en los casos de mayor gravedad de los daños, además de la obligación de restaurar el entorno afectado. Además, en el ámbito agrario, estas prácticas pueden implicar la reducción o retirada de ayudas de la Política Agraria Común (PAC).

Por todo ello, se exige a las administraciones competentes un refuerzo de la vigilancia y control, así como una limitación estricta de las autorizaciones de quema, que solo deberían concederse en situaciones excepcionales conforme a la normativa vigente en materia de residuos.

La conservación de estos espacios resulta esencial para garantizar el equilibrio ecológico y el futuro sostenible del territorio.

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La Junta de Castilla y León, en contra de lo que recoge la Ley de Caza, amplía la caza del jabalí mediante una Orden, de rango inferior a la Ley, por la situación meteorológica, en claro mensaje electoral.

En el Boletín Oficial de Castilla y León del 20 de febrero, dos días antes de que finalizase por ley la temporada de caza del jabalí, se publicaba una orden de modificación de otra orden, la de emergencia cinegética del jabalí por la peste porcina africana, que amplía el periodo de caza de la especie hasta el día 8 de marzo, argumentando de forma más que sorprendente que no se han podido cazar los suficientes jabalíes por las borrascas atlánticas.

En Castilla y León no hay peste porcina africana y el brote en España está más bien lejos de nuestra comunidad. Este año, además, no ha habido apenas limitaciones al número de cacerías colectivas al jabalí. Han sido autorizadas todas las solicitadas basados en esta Orden innecesaria, y se han saldado con muy pocas capturas, muchas de ellas con cero ejemplares ¿no será que no había abundancia de jabalíes?

El Jefe del Servicio de Caza de Castilla y León, Sr. Ignacio de la Fuente, y el Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal, Sr. Jose Ángel Arranz, fuera de todo criterio técnico, a los que tendrían que ajustarse por sus propios puestos de trabajo, se pliegan de nuevo a intereses claramente electorales, en evidente competencia con otros partidos políticos a su derecha, por el denominado voto rural, que no es otro que agricultores, ganaderos y cazadores, colectivos que influyen en exceso en decisiones que lastran el desarrollo y la imagen de esta Comunidad. Una vez más anteponiendo el interés del partido y perpetuarse en el poder, al interés general.

Incluso algunas cuadrillas de cazadores han tildado esta orden como vergonzosa e innecesaria porque ahora lo que se cazaría son hembras en su mayoría preñadas que, de matarse, dejarían comprometida la próxima temporada cinegética.

Por ello, Ecologistas en Acción estudiará si en esta modificación normativa en contra de la legislación puede existir responsabilidad penal. Estos dos empleados públicos, más el consejero de Medio Ambiente, que es el firmante, acumulan ya demasiadas sentencias en contra que nunca les pasan factura y que, por su posible responsabilidad, tendrían que dar cuenta personalmente ante la autoridad judicial.

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