Apenas quedan horas para aprobar la que se ha llamado Ley Integral de Impulso a la Economía Social y, sinceramente, lo celebro porque es una buena noticia. No todos los días se consigue una norma que afecta a un modelo que genera más del 11% del PIB, agrupa a miles de empresas y sostiene millones de empleos en nuestro país. También es positivo algo poco habitual, que se ha visto durante el desarrollo del Proyecto legislativo: un reconocimiento unánime por parte de los grupos políticos al papel que juega la Economía Social. Hasta ahí, muy a favor.
Ahora bien, también conviene decir las cosas claras. Dentro de la Economía Social no somos todos iguales. Compartimos principios, sí, pero nuestras realidades y necesidades son distintas. Y cuando se intenta meter todo en una única ley, el riesgo es evidente: que al final tengamos una norma demasiado general, demasiado de mínimos, que no responda de verdad a lo que necesitamos.
En el caso de las cooperativas, este riesgo es aún mayor. La idea de unificar tres leyes en una nos afecta directamente, y lo cierto es que muchos de los avances que llevamos años reclamando se pueden quedar fuera el próximo 26 de marzo en el Congreso de los Diputados. Estamos hablando de temas tan importantes como la fiscalidad, la regulación de las horas de trabajo por cuenta ajena vinculadas a los socios y socias, el fondo de reserva obligatorio destinado a la consolidación, desarrollo y garantía de la cooperativa o la recuperación de empresas a través del modelo cooperativo. No son detalles técnicos, son cuestiones que marcan el día a día y el futuro de nuestras cooperativas.
Durante todo este proceso hemos hecho un esfuerzo importante por llegar a acuerdos. Hemos cedido, dialogado e intentado construir una ley que represente a todo el sector. Pero ese esfuerzo tiene que verse reflejado en el resultado final. No se trata solo de aprobar una ley, sino de que esa ley realmente impulse y transforme.
También compartimos la idea de que sería deseable que esta ley salga adelante con el mayor consenso posible, como ocurrió en 2011. Pero el consenso no puede ser a costa de rebajar el contenido. No podemos conformarnos con una ley correcta si podemos tener una ley realmente útil.
Por eso, de cara a la votación final en el Congreso, hacemos un llamamiento claro a todos los grupos políticos: estamos a tiempo de mejorar el texto. De incorporar las enmiendas que el sector lleva tiempo defendiendo. De escuchar de verdad a las cooperativas.
La Economía Social ha demostrado que funciona, que aporta estabilidad y que genera oportunidades. Ahora le toca a la ley estar a la altura. El 26 de marzo no debería ser solo el cierre de un trámite. Debería ser el comienzo de algo más ambicioso.
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