Los colectivos antirracistas que propulsaron la regularización urgen que se amplíe el plazo y se garantice el acceso, mientras otros actores alertan contra posibles dificultades a la espera de la publicación del texto definitivo del Real Decreto.
Mientras Alemania anuncia que promoverá el retorno de la mayoría de refugiados sirios, Suecia obliga a los servicios públicos a delatar a migrantes en situación irregular, Canadá endurece sus leyes de asilo y Chile excava zanjas en su frontera.
Cada año, entre 200 y 300 personas son encarceladas en España acusadas de favorecer la inmigración irregular. Son supervivientes de peligrosas travesías que acaban en prisión tras procesos judiciales cuestionados por juristas o por Naciones Unidas.
En la tarde del 30 de marzo el Parlamento israelí respaldaba la ley que permitirá aplicar la pena capital a personas palestinas acusadas de terrorismo mediante ahorcamiento. La legislación ha avanzado a pesar de las críticas dentro y fuera del país.
Tras el aval de la Comisión Europea, el Consejo de Europa y la Eurocámara, las instituciones deberán consensuar un texto final a partir de una agenda que abraza la vigilancia policial, la persecución y la detención como principales políticas.
Tras la Reclamación Colectiva, admitida a trámite por el Comité Europeo de Derechos Sociales el pasado junio, las organizaciones expresan su frustración por la falta de transparencia y concreción en las respuestas del gobierno. 
