Cada año se producen en Asturias entre 1.000 y 2.000  incendios forestales, que queman entre 100 y 200 millones de metros cuadrados de monte.

Otra vez Asturias está ardiendo. Numerosos fuegos simultáneos repartidos por el territorio están destruyendo espacios de alto valor ambiental. Es un acontecimiento que se repite año tras año, a finales del invierno y principios del otoño, cuando se dan las condiciones adecuadas al llegar el viento sur. Una vez más se sospecha que sean incendios intencionados, no se han producido tormentas eléctricas o accidentes que  hagan pensar lo contrario. Cada año se producen en Asturias entre 1.000 y 2.000  incendios forestales, que queman entre 100 y 200 millones de metros cuadrados de monte (10.000 o 20.000 ha).

El pasado verano padecimos numerosos incendios que calcinaron casi 6000 ha de la montaña asturiana. Esto lleva aparejado la pérdida de valiosos ecosistemas, con toda su flora y fauna asociada, agravado por el hecho de que en terrenos tan escarpados  la degradación y pérdida de suelo puede hacer irreversible el daño. Los fuegos recurrentes no permiten la recuperación del hábitat, creando un terreno estéril donde antes hubiera vida. Hoy están ardiendo espacios que no se han podido recuperar de los anteriores incendios. Cangas de Onís, Amieva, Llanes, Piloña, Ponga, Lena, Laviana, Mieres, Pajares, San Martín del Rey Aurelio, Somiedo, Cangas de Narcea y Valdés son los concejos afectados.

Para evitar los incendios debemos buscar las causas, evitar que se  inicie el fuego. En Asturias el 80% de los incendios son provocados intencionadamente. En un contexto de cambio climático, la práctica de quemar monte para generar pasto resulta muy peligrosa, tanto para la salud de las personas como para  los ecosistemas, por lo que el Gobierno del Principado debería trabajar para desincentivarla.

En primer lugar, impidiendo la obtención de beneficio tras la quema. El Principado de Asturias en 2017 eliminó la prohibición del pastoreo en las zonas quemadas, los denominados acotamientos, por lo que desde entonces se puede aprovechar el terreno ganado con el fuego. Los acotamientos son una herramienta de gestión imprescindible para recuperar y regenerar las áreas afectadas por los incendios, así como para desmotivar el uso del fuego.

También es importante realizar labores de educación ambiental para que se comprenda la necesidad de modificar la cultura del fuego, ya que las condiciones ambientales y sociales han cambiado. Que se tome conciencia de que el monte produce bienes públicos que pertenecen a la colectividad, a toda la sociedad.

Reforzar el trabajo de las BRIPAS y de los Agentes del Medio Natural permitiría investigar e identificar a los responsables de los incendios. No suele encontrarse a los culpables y cuando se hace apenas hay condenas por estos delitos, es raro que el culpable pague por el mal causado. Hay que terminar con esta impunidad.

Los incendios son un problema social y ambiental al que hay que dar solución. Desde Ecoloxistes n’Aición d’Asturies defendemos un modelo de ganadería extensiva que permita una vida digna en el medio rural, pero al mismo tiempo contribuya a la conservación de la biodiversidad.

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En Asturies, y de forma especialmente intensa en la zona oeste de Xixón, la contaminación del aire no es un fenómeno puntual ni excepcional. Es un problema estructural, crónico y sobradamente diagnosticado, que afecta a la salud de miles de personas y que lleva más de una década siendo gestionado mediante planes, protocolos y revisiones que no han logrado resolverlo.

La reciente superación de los valores límite de partículas PM10 en la estación de El Lauredal durante 2025 ha vuelto a situar el problema en la agenda pública. Sin embargo, presentar este episodio como una anomalía coyuntural sería un error —o una forma interesada de minimizar la gravedad de la situación—. Lo ocurrido es, en realidad, la consecuencia lógica de políticas de calidad del aire que han priorizado el cumplimiento formal de la norma frente a la protección efectiva de la salud.

Desde 2014 se han sucedido en Xixón planes de mejora, protocolos de episodios, revisiones autonómicas y declaraciones institucionales que reconocen la existencia del problema, identifican las fuentes principales —industriales y portuarias— y, sin embargo, evitan abordar las medidas estructurales necesarias para reducir las emisiones en origen. El resultado es conocido: la población, especialmente en los barrios de la zona oeste, continúa respirando aire contaminado de forma habitual.

Conviene recordar un dato fundamental que suele quedar fuera del debate público: los valores límite legales no representan umbrales seguros para la salud. La evidencia científica y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud son claras: no existe un nivel de exposición a las partículas en suspensión que pueda considerarse inocuo. Gran parte del daño sanitario se produce incluso por debajo de los límites legales, a través de exposiciones repetidas y acumulativas a lo largo del tiempo.

Reducir la política de calidad del aire a “cumplir la ley” equivale, por tanto, a aceptar conscientemente un nivel de daño evitable. Y eso no es una cuestión técnica, sino una decisión política.

En este contexto, la apertura de la consulta pública previa tanto del Plan de mejora de la calidad del aire para la aglomeración de Xixón como del Plan de acción a corto plazo ante episodios de alta contaminación en Asturies representa una oportunidad que no debería desaprovecharse. Pero esa oportunidad solo será real si los nuevos planes suponen un cambio de enfoque, y no una mera reedición de documentos anteriores con distinto nombre.

Un plan de mejora no puede limitarse a gestionar incumplimientos cuando ya se han producido, ni a prometer beneficios futuros ligados a procesos industriales de largo plazo. Debe establecer objetivos claros, cuantificados, calendarizados y jurídicamente exigibles, orientados a reducir de forma efectiva la exposición de la población y a corregir las desigualdades territoriales en la carga contaminante.

Del mismo modo, un plan de acción a corto plazo no puede seguir basándose en umbrales elevados, activaciones tardías y recomendaciones genéricas a la ciudadanía. La experiencia demuestra que los protocolos que no actúan directamente sobre las principales fuentes emisoras —industria, puerto, tráfico— no reducen ni la intensidad ni la duración de los episodios, y trasladan injustamente la responsabilidad a quienes los padecen.

Respirar aire limpio no es un privilegio ni una aspiración idealista. Es un derecho vinculado a la protección de la salud, reconocido en la Constitución y en la legislación ambiental. Persistir en planes ineficaces, sabiendo que no funcionan, compromete no solo la credibilidad institucional, sino también la responsabilidad política y jurídica de quienes los aprueban.

Asturies no necesita más diagnósticos. Los tiene desde hace años. Lo que necesita es voluntad política para aplicar medidas valientes, incluso cuando afectan a intereses económicos poderosos. Esta vez, la ciudadanía no debería conformarse con menos.

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