Volvemos a El canto de la Tripulación muy felices porque sonamos en una radio nueva: FM La Voz del Cerro,  92.1 FM San Salvador de Jujuy. Argentina, Lunes 23:00h Así que especialmente dedicado a las oyentes de Jujuy va… Leer más

Radio Almaina - El Canto de la Tripulación nº57: En el manantial de soledad con Las Nuestras

Leyes como la recientemente aprobada en California demuestran que proteger derechos digitales no frena la innovación.

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La industria de la desinformación está de aniversario
La mentira política se consiente y promueve con el ejemplo

La explosión contemporánea del fenómeno fake news a nivel mediático se produjo en las elecciones a la presidencia de EE. UU. en 2016. Hace ahora 10 años. El propio Donald Trump —ganador de esas elecciones— es el creador del meme. Su comunicación exacerba la espectacularidad de la política y se basa en la polarización como contenido en sí. La fabricación de bulos se hice sin tapujos, sin complejos ni desmentidos, en un grado exponencialmente superior al habitual y de una manera que es ya el estilo de muchos de los partidos que tienen como modelo de comunicación a Trump —o mejor dicho a la escuela de Steve Bannon, su exjefe de estrategia de entonces—.

Después de aquellas presidenciales estadounidenses, estalló el escándalo de Cambridge Analytica y Facebook. Christopher Wilye, trabajador de Cambridge Analytica, reveló a The Observer y The Guardian que millones de datos de usuarios de la red social fueron vendidos para hacer campaña a favor de Trump. Gracias a esta denuncia, ahora sabemos que miles de compañías están permanentemente sincronizando e intercambiando sus datos, los recopilan para luego dar forma a los mensajes que el usuario ve, y de este modo crean una propaganda hecha a medida que no es reconocible, por ejemplo, como propaganda política. Este mecanismo funciona de diferentes maneras y para distintos propósitos: vender un producto, vender una marca, un político o un marco ideológico.

El objetivo de tal manipulación y creación de perfiles no es persuadir a todos, sino aumentar la probabilidad de que individuos específicos reaccionen positivamente y se involucren con cierto contenido, de modo que se conviertan en parte del mecanismo y lo alimenten.
Su capacidad de modificar el punto de vista y, al final, la intención de voto se perfila mucho más eficaz que los anuncios electorales tradicionales. No se trata de un eslogan genérico lanzado por diferentes medios, se trata de un mensaje personalizado y dirigido que da en el centro mismo de la diana. Además, un servicio básico de promoción online y social media resulta veinte veces más barato que una campaña electoral tradicional (carteles, camisetas, anuncios, etc.)

En 2018, en México, el analista de redes y activista Alberto Escorcia, descubrió que durante la campaña electoral a la presidencia del país, al menos 100 de los trending topics de Twitter fueron creados por bots. En México existe una industria dedicada a la desinformación que, a través de una red de blogs con redactores propios y bots de origen desconocido, puede crear o enterrar un debate en las redes. Estos bots fueron llamados “los Peñabots” por el nombre del presidente de México que creó esta gran industria. Escorcia ha pasado varios años escondido por amenazas de muerte a raíz de su investigación.

Los sistemas de propagación y generación de fake news mutan muy velozmente y a nivel mundial. Así, después del escándalo de Cambridge Analytica, inició su transición a las aplicaciones de mensajería, principalmente WhatsApp, donde el mensaje se difunde sin ser expuesto, consume menos datos y está presente también en zonas con menor densidad poblacional.
 

En las elecciones de Brasil celebradas en 2018, donde salió victorioso Bolsonaro, la Agencia Lupa, plataforma de verificación brasileña, analizó cincuenta de las imágenes más compartidas por WhatsApp. Tan sólo cuatro resultaron ser verdaderas. El periódico Folha de S.Paulo reveló que grandes empresas financiaron el envío masivo de WhatsApp a favor de Bolsonaro, por valor de 3 millones de dólares; una práctica que no permite la legislación brasileña.

Desde esos años, lejos de frenarse, la desinformación política entra en una fase de normalización e integración estructural en la comunicación institucional y partidista, contenidos aparentemente “orgánicos” y campañas híbridas donde lo verdadero, lo engañoso y lo directamente falso se combinan estratégicamente. La mentira política se consiente y promueve con el ejemplo como técnica ordinaria de competencia electoral, con escaso control efectivo y una impunidad estructural que sigue estando ligada, como desde el inicio, a la opacidad en la financiación, la licencia a la falta de verificación y a la ausencia de voluntad política para perseguir este negocio tóxico.

Los partidos políticos del estado español no son exentos. Los mismos partidos políticos, el Tribunal de Cuentas y las empresas de comunicación contactados han esquivado responder a nuestras peticiones de acceso a información pública, amparándose en la protección de datos (nota: que no debería aplicarse a personas jurídicas) o enviando información a bulto sin desglose. Cerrada la vía oficial, a través de sistemas de análisis de datos, monitorizamos sus cuentas oficiales en las redes. Como resultado, entre otros, observamos que hay indicios claros de la existencia de una considerable cantidad de seguidores falsos en todas las cuentas, que en algunos casos llega hasta el 25%. Estos son pagados para la propagación y para generar “ruido”, comportamientos automatizados para causar distracción o enfrentamiento y embarrar el debate democrático. Son herramientas para viralizar artificialmente información producida y direccionada intencionalmente por organizaciones “humanas”. Son un medio, no la fuente del problema.

La conclusión es sencilla: para combatir la desinformación simplemente bastaría perseguir un negocio tóxico y sus clientes. Nos basta seguir el dinero y todos los caminos nos llevarán al mismo sitio: los partidos políticos y los intereses partidistas.
 

Es noticia de estos días que el 31 de diciembre de 2026 acaba el plazo para que la UE responda a la exigencia de EEUU de acceso automatizado a los datos biométricos de toda la ciudadanía UE (no solo los que viajen a EEUU) si queremos seguir viajando a ese país sin visado. Un imperio no se amplía con facilidad sin antes convencer la población de las ventajas de someterse. Tenemos un año para impedir una nueva genuflexión de nuestra clase política a intereses que son solo suyos, mientras consienten trueques con herramientas de manipulación de la población.

 

Simona Levi es autora de #FakeYou, fake news y desinformación y de Digitalización democrática: soberanía digital para las personas.
 

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La Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) y la UB nos han pedido participar en un proyecto con el objetivo de mejorar el conocimiento aplicado y aportar herramientas útiles para el diseño de políticas públicas, en vista de la futura ley de defensa de alertadores de Catalunya.

El informe resultante se articula en varios bloques complementarios:

– Marco legal y límites actuales
Análisis del marco normativo existente y de los principales obstáculos que aún dificultan una protección real y efectiva de las personas alertadoras.

– Análisis de casos y experiencias
Estudio sistematizado de situaciones reales que permite identificar patrones de represalias, carencias institucionales y puntos críticos del sistema de protección.

– Datos empíricos y funcionamiento de los canales de alerta
Examen basado en datos y evidencias sobre cómo operan los mecanismos de alerta en la práctica y cuáles son sus debilidades estructurales.

– Modelo integral de protección
Planteamiento de la protección de las personas informantes como un ciclo completo, que abarca el antes, el durante y el después de la alerta.

– Recomendaciones
Propuestas orientadas a reforzar garantías, mecanismos institucionales i políticas públicas de protección.

No hay todavía fecha de publicación, pero sí se ha entregado al correspondiente departamento de la Generalitat de Catalunya.

 

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Pedimos #DSAya. Carta a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para que apoyen un despliegue completo de la DSA en nuestro país que puede beneficiar enormemente a la ciudadanía frente a las estafas, el contenido ilegal y otros tipos de desinformación en Internet.
Las Cortes Generales no han hecho aún las reformas necesarias
para dotar a la CNMC de las competencias y recursos que necesita para implementar
de forma efectiva la DSA.

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Europa integra en su aparato de seguridad las tecnologías de vigilancia masiva que Israel prueba en Palestina.

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Una navegación sin engaños, a ver si es verdad

Por Simona Levi – Xnet, Instituto para la Digitalización Democrática

En la UE se avecina una legislación muy deseada: el Digital Fairness Act. El 24 de octubre se acaba el plazo para la consulta pública. Todavía estáis a tiempo de exponer casos de abusos.

A ver si al fin paran los parches y se encara una digitalización democrática [1] desde una perspectiva global.

El Digital Fairness Act (DFA) – algo así como la Ley de Equidad Digital – busca reforzar la protección de las personas (entendidas como consumidoras) frente a prácticas desleales en el entorno digital.

Partiendo del informe Digital Fairness Fitness Check, la Comisión Europea ha llegado a la evidente conclusión que siguen las prácticas abusivas por falta de implementación de las varias legislaciones o por ausencia de ellas.

Se pretende atajar ámbitos de los cuales las activistas llevamos años ocupándonos [https://xnet-x.net/es/inteligencia-artificial-y-administracion-publica-4/]:

1. Dark patterns y manipulación digital

Prohibición del uso de patrones oscuros (diseños engañosos en webs y apps) que presionan, confunden o manipulan, como botones engañosos para aceptar cookies, interfaces que dificultan cancelar una suscripción, o flujos que fuerzan decisiones rápidas sin información clara.
 

2. Diseños adictivos y productos digitales nocivos

Impedir las características adictivas en el diseño de productos digitales, que buscan maximizar el tiempo y la atención de los usuarios. Esto es fundamental, porque la culpa de todo no la tiene Internet, sin las multinacionales que lo inundan con productos tóxicos. Esperemos que no se utilice la excusa de los menores, para no eliminarlos para todo el mundo.
 

3. Influencers y marketing encubierto

Regular la publicidad de influencers [2], imponiendo la obligación de divulgar claramente cuándo un contenido es una comunicación comercial, además de la prohibición de la promoción de productos dañinos como tabaco, apuestas, alcohol. Y lo mejor: se plantea responsabilizar también las empresas que colaboran con influencers en la difusión de publicidad.
 

4. Prácticas de personalización tramposa

Se han necesitado cuatro leyes para llegar a una evidencia: prohibir el uso de vulnerabilidades personales para personalizar anuncios y reforzar el control del usuario sobre cómo se personalizan sus experiencias en línea.
 

5. Precios y descuentos engañosos

Prohibir técnicas de “Drip pricing” (mostrar un precio inicial bajo y añadir cargos ocultos al final), descuentos falsos (mostrar -50% cuando el precio anterior nunca fue real) y otras manipulaciones recurrentes.
 

6. Atención humana

De lo más deseado: supervisión del uso de chatbots para atención al cliente y limitaciones si sustituyen la asistencia humana.

A ver si es verdad. No hay que perderla de vista. Ni un paso atrás.

—-

Notas:
– Impulsa: Justicia CE.
– Primer texto: septiembre 2026
[1] Digitalización Democrática – Soberanía Digital para las Personas
https://xnet-x.net/es/digitalizacion-democratica-soberania-digital-personas/
 
[2] FakeYou. Una guía activista para derrotar la desinformación

https://xnet-x.net/es/fakeyou-desinformacion-descarga/

 

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La industria de la desinformación y la ley TTPA

El laboratorio olvidado donde comenzó la manipulación política con datos
Por Simona Levi, xnet – Instituto para la Digitalización Democrática

El 10 de octubre entra en vigor el Reglamento sobre la Transparencia de la Publicidad Política Dirigida. (Regulation on the Transparency and Targeting of Political Advertising – TTPA).
Corría el año 1960. En Estados Unidos, una campaña presidencial reñida enfrentaba a un joven senador de apellido Kennedy con el entonces vicepresidente Nixon. Mientras los focos mediáticos se centraban en los discursos y debates televisados, una discreta empresa trabajaba en la sombra con una promesa revolucionaria: utilizar ordenadores para anticipar el comportamiento de los votantes.

Esta empresa, bautizada como Simulmatics Corporation, no era un gigante ni un nombre familiar para el gran público. Pero entre sus manos tenía un proyecto ambicioso: modelar la conducta humana a través de datos. Usando encuestas previas, construyeron perfiles de electores agrupados por región, religión, clase social y otros factores (hasta 480 categorías). A partir de ahí, diseñaban predicciones sobre cómo reaccionarían a determinados mensajes o políticas. Así se definió: «Un programa de computadora diseñado para predecir y manipular el comportamiento humano, todo tipo de comportamiento humano, desde comprar un lavavajillas hasta contrarrestar una insurgencia o emitir un voto.»

Simulmatics fue pionera en lo que hoy conocemos como microtargeting: adaptar el discurso político a segmentos específicos de la población. Sus métodos eran experimentales, su impacto directo difícil de medir, pero su lógica era clara. Por primera vez, una campaña se atrevía a pensar que podía “leer” la mente del electorado, no con intuición política, sino con cálculos matemáticos.

El trabajo de esta empresa fue utilizado por el equipo de Kennedy, aunque nunca se reconoció oficialmente. Y aunque los informes elaborados por Simulmatics no contenían revelaciones extraordinarias —muchas de sus recomendaciones coincidían con la intuición de asesores tradicionales—, el solo hecho de aplicar una lógica algorítmica al comportamiento democrático sembró inquietud.

Cuando la empresa mostró por primera vez la «máquina» a los operativos demócratas en 1959, Newton Norman Minow, asesor demócrata que poco después presidiría la Comisión Federal de Comunicaciones, escribió: «Sin prejuzgar, mi propia opinión es que tal cosa (a) no puede funcionar, (b) es inmoral, (c) debería ser declarada ilegal».
 

El ensayo general de la manipulación a gran escala

Lo que ocurrió en 1960 fue el preludio de una era. Medio siglo más tarde, esa misma lógica —con datos más precisos, algoritmos más sofisticados y plataformas globales como Facebook— alcanzaría una escala industrial. Lo sabemos con certeza desde el escándalo de Cambridge Analytica (2018) y, a pesar de que la UE lo ha prohibido en 2024 (DSA), hemos demostrado que es un producto que se sigue vendiendo también a nuestro partidos políticos [https://www.liberties.eu/en/stories/wtm-project-intro/45068].

Para ver el alcance de la segmentación de datos de toda la población actual, puede ser de interés ojear este documento. De las 480 categorías de Simulmatics, hemos pasado a las más de 60.000, desde los gustos sexuales a las compras.

A esto se suma una costumbre predigital anacrónica de nuestra era, cosa que llevo año denunciando; un caso extremo de mal uso de los datos en los proceso electorales. Previo a cada elección se entrega a todos los partidos políticos el censo. Es decir todos los partidos políticos saben por ejemplo donde vive cada uno de nosotros [2].

¿Por qué os cuentos todo esto hoy? Porque el 10 de octubre de 2025 entra en vigor el Reglamento de la Transparencia y Segmentación de la Publicidad Política (TTPA, su acrónimo en inglés), otra ocasión ignominiosamente perdida para regular la situación. Si bien es un avance, es demasiado tímido para parar el desastre de la desinformación partidista.

Se basa en un error intencionado y recurrente del enfoque sobre desinformación: querer corregir el contenido afectando la libertad de expresión, en lugar de tratar la desinformación como un negocio, porque lo es, y destruir sus posibilidad de prosperar. Antes que nada, trata de acotar el significado de «publicidad política», cuando todo los grandes propagandistas de la historia han explicado tanto con la teoría como con los hechos que la buena propaganda se hace a través de formatos y canales que no parecen de propaganda.

El TTPA sí prohíbe la segmentación basada en datos que empezó Simulmatics, pero…solo para los datos sensibles como la opiniones políticas, la afiliación sindical, la raza, la salud, la religión, etc. ¿Por qué no impedir la publicidad basada en el procesamiento de datos personales en general? Volveríamos a la publicidad igual para todos como en los viejos tiempos, solo sufrirían realmente los grandes monopolios de la publicidad online, empezando por Google. Pero los partidos no quieren renunciar a su manipulación partidista.
La historia de Simulmatics nos recuerda que la tentación de manipular al electorado no es nueva sino que es parte del propio diseño de las elecciones. El problema no es la desinformación como concepto abstracto, sino quién financia masivamente su creación y viralización, es decir qué intereses sirve.

Por eso, propongo [1] un nuevo enfoque para luchar contra la manipulación informativa o desinformación, como la queramos llamar. Es necesaria una trazabilidad de la financiación en comunicación, una obligación de verificación incluso y sobre todo en comunicación institucional y partidista. Solo así podremos defender el derecho de la ciudadanía a decidir con conocimiento y sin trampas. La solución no pasa por censurar las redes ni restringir la libertad de expresión. Pasa por garantizar que las reglas del juego democrático sean claras, verificables y equitativas.

 

[1] Simona Levi et al.
Fake You – An Activist’s Guide to Defeating Disinformation


Don’t blame the people; don’t blame the Internet. Blame the power.
Governments, political parties, mass media, large corporations and fortunes: the monopolies of information manipulation and the threats to freedom of expression.
https://xnet-x.net/es/fakeyou-desinformacion-descarga/

[2] Abusos en el ámbito electoral: cómo hemos llegado a que nos parezca normal que los datos del padrón municipal acaben en manos de los partidos políticos.
https://xnet-x.net/es/proteccion-datos-censo-propaganda-electoral/
 

Más información:


https://xnet-x.net/es/nuestra-posicion-sobre-adtech/
https://xnet-x.net/en/fakeyou-disinformation-free-download/
https://xnet-x.net/es/emfa-libertad-medios-anuncios-politicos-political-ads/

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La normativa europea recorta la libertad de expresión en vez de tratar la desinformación como un negocio

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Hoy ntrevistamos a Los Nuestros y Las Nuestras, Los Libres y Las Libres. Con motivo de la decisión del Tribunal Constitucional sobre  el despido por absentismo se han reunido recientemente y nos contarán un poco cómo van viendo el panorama al respecto de éste y otros asuntos. También hablaremos con un experto, abogado laboralista, que […]

La entrada audio Entrevista a Los Nuestros y Las Nuestras, Los Libres y Las Libres. despido por absentismo. se publicó primero en Radio Topo.

Mientras estábamos ocupadas en repeler la enésima imbestida de #ChatControl, el 12 de septiembre ha entrado en vigor la Data Act.
 

1 – Otorga a los usuarios (tanto personas físicas como empresas) dos derechos clave:

• Acceder a los datos generados por dispositivos conectados (por ejemplo, coches inteligentes, electrodomésticos, sensores industriales).

• Delegar el acceso en terceros (como un taller o una aplicación que optimiza el uso del dispositivo). Los usuarios pueden compartir datos con proveedores alternativos, como talleres independientes, promoviendo servicios posventa e innovación.

2 – Obliga a fabricantes y proveedores :

• Facilitar estos datos en tiempo real, de forma continua, estructurada y legible para máquinas, sin coste para el usuario (obligación completa a partir de 2026).

• No pueden usar o compartir datos por defecto: necesitan obtener una licencia contractual del usuario para cualquier uso, incluso para mantenimiento o mejora del producto. 

En suma, se fomentan los estándares de interoperabilidad para evitar el control exclusivo de los fabricantes. 

Las infracciones se sancionan con multas de hasta 20 millones de euros o el 4 % de la facturación anual mundial. 

La Data Act asusta a los #fanáticosDelCopyright. Y hasta aquí son solo buenas noticias.

Pero también es algo farragosa y solapada con otras legislaciones por lo que puede dar algún problema a empresas con poco músculo.

 

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La propuesta de monitorización automatizada de las conversaciones íntimas de la ciudadanía europea avanza.
Por Simona Levi y Sergio Salgado, Xnet – Instituto para la Digitalización Democrática.

El 12 de diciembre de 2024, tras una intensa campaña que sostuvimos la sociedad civil europea, conseguimos bloquear el proyecto de ley europeo de monitorización automatizada de las conversaciones íntimas de la ciudadanía europea, conocido como #ChatControl. Se consiguió una coalición de gobiernos que impidió alcanzar una mayoría cualificada.
España no era uno de ellos ya que se significó desde el principio con una de las posturas más extremas a favor. Un documento que se filtró en 2023 sacó a la luz las siguientes declaraciones del Ministerio del Interior:
“Idealmente, en nuestra opinión, sería deseable prevenir legislativamente que los proveedores de servicios con sede en la UE implementen cifrado de extremo a extremo. (…) La detección automática de contenido en las comunicaciones interpersonales es clave.”
 

Lejos de querer evitar otro Pegasus, ahora es Pegasus para todos.

La presidencia danesa de la UE está impulsando el retorno de esta pesadilla, con una versión incluso más radical y contraviniendo el mandato del Parlamento Europeo.

Esta propuesta incluye el escaneo masivo y obligatorio de las comunicaciones privadas y pretende romper el cifrado seguro obligando a introducir el escaneo en el lado del cliente dentro de tus aplicaciones de mensajería. Y, ATENCIÓN: las cuentas gubernamentales y militares quedarían exentas de este escaneo intrusivo. Privacidad para los poderosos, vigilancia masiva para la ciudadanía. El propósito de esta regulación no podría estar más claro. Incluso un memorando filtrado del gobierno alemán confirma que el Servicio Jurídico del Consejo considera que este plan, igual que el intento de 2024, sigue violando los derechos fundamentales.
Chat Control es el nombre con el que popularmente se conoce al “Reglamento por el que se establecen normas para prevenir y combatir el abuso sexual de menores” (“Regulation to Prevent and Combat Child Sexual Abuse”, Child Sexual Abuse Regulation).

Contrariamente a lo que su título indica, no hay ni una línea en esta legislación sobre cómo prevenir y combatir el abuso sexual a menores. Ni una palabra. No es una ley contra el abuso sexual de menores que perjudica a internet. Es solo una ley contra internet, que olvida el abuso sexual a menores salvo para justificar su propaganda contra un Internet democrático.
Los abusos a menores son horrendos. Es una vergüenza malgastar esfuerzos utilizándolos como simple excusa para otros fines. La brutal influencia de lobbies conservadores, tecnófobos y con una visión de internet como un espacio que han de controlar y que tiene que ser monopolizado solo por grandes actores dominantes, es evidente.
Lo que se busca y se conseguiría si #ChatControl es aprobado recuerda a las épocas más oscuras de la historia, además de rezumar incompetencia:
Establece la vigilancia masiva y anula la inviolabilidad de las comunicaciones.
Propone una tecnología que es en sí una brecha de seguridad.
Ataca los sistemas distribuidos y las startups y PyMEs tecnológicas en favor de los monopolios.
Es lo contrario de una solución.

Sobre los abusos sexuales a menores las estadísticas como las de la OMS indican que la mayoría es cometida por personas conocidas por el niño o la niña, como familiares, amigos o vecinos. Una regulación que atacara de verdad los abusos sexuales a menores y el material generado con ello sería realmente urgente para dotar de medios, herramientas y marco legal a profesores, pediatras, psicopedagogos, trabajadores sociales, policías especializados y otros trabajadores en primera línea para identificar y actuar en este tipo de casos. 
No hay nada sobre esto en #ChatControl. Que esta pesadilla llegue bajo la apariencia de “proteger a la infancia” -un argumento usado por dictaduras de todo el mundo-, es indignante.

Conocer esta información es importante, puesto que el día 12 de septiembre debía quedar fijada nuevamente la posición de los países miembros de la UE. Quienes la rechazaron fueron Austria, Bélgica, República Checa, Finlandia, Países Bajos, Polonia, Luxemburgo, Eslovaquia. En último momento Alemania mostró ciertas dudas que hicieron detener el proyecto, pero sólo hasta el 13 o 14 de octubre. Es cuando los ministros de Justicia e Interior de los Estados miembros tienen previsto reunirse. La presidencia danesa del Consejo ha anunciado que incluirá la propuesta en esta reunión. Mientras buscará obtener todo el apoyo que necesita (55% de los Estados (15/27) que representen el 65% de la población). Debemos poner todos nuestros esfuerzos para que no lo consiga.

España, pese a los esfuerzos de la sociedad civil, sigue como gran defensora del proyecto. Quizás envidia a Rusia donde ya utilizan Max, una app del estado instalada en los dispositivos de todo el mundo que controla por ejemplo que nadie busque la palabra LGTB online.

 

Más información:
https://xnet-x.net/es/chatcontrol-monitorizacion-automatizada-conversaciones-ia/
https://x.com/search?q=from%3A%40X_net_%20%23chatcontrol&src=typed_query&f=live
https://www.patrick-breyer.de/en/posts/chat-control/

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POST ORIGINAL 9 DE ENERO 2020

“Un Nuevo Acuerdo para los Consumidores en Europa” – ¿Una oportunidad perdida para garantizar la defensa colectiva de los consumidores y la ciudadanía?

 

La Comisión Europea presentó su proyecto capital para “Un Nuevo Marco para los Consumidores” (New Deal for Consumers) en su discurso sobre el estado de la Unión del 13 de Septiembre de 2017.

Este paquete regulatorio, que incluía una propuesta de Directiva para las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, fue presentada como un gran logro en el acceso a la justicia y al resarcimiento para grupos numerosos de ciudadanos afectados en un mismo caso. La Comisión presentó esta iniciativa como una solución para aquellos ciudadanos que, por diversas razones, normalmente no litigarían (excesivo coste, expectativa incierta de victoria en los tribunales ante las grandes corporaciones) y especialmente para las jurisdicciones europeas que todavía no cuentan con figuras legales que lo permitan de forma eficiente. La Comisión citó el escándalo del Dieselgate como ejemplo de la imposibilidad para los compradores de coches para ejecutar acciones colectivas en la mayor parte de países de la UE.

La Directiva propuesta que entra en fase de trílogos, establece que los Estados Miembros designarán un número limitado de entidades habilitadas que tendrán exclusividad en el régimen de acción colectiva propuesto por la UE a nivel nacional. Ésta es una Directiva de “mínima transposición”: para aquellos países de la UE que ya tengan sistemas de acción colectiva -los cuales, por cierto, en general ya permiten su lanzamiento sólo a asociaciones de consumidores; a destacar países como Italia, Bélgica o España- esos países preservarán sus sistemas existentes a nivel nacional, los cuales coexistirán con un nuevo régimen común a todos los países de la UE.

En este sentido, nos preocupa especialmente que se cierre la posibilidad de dar soluciones más ágiles al permitir solo a un número limitado de entidades la legitimación de representar un gran número de ciudadanos. La propuesta Directiva 2018/0089/COD de la Comisión podría haber sido una gran oportunidad para atajar los vacíos de la multitud de sistemas colectivos nacionales existentes -hasta el momento, sólo el sistema portugués concede a su ciudadanía un buen acceso a la acción colectiva- a la vez que extender la acción colectiva al resto de las jurisdicciones europeas que aún no cuenten con los mismos.

Sin embargo, una de las cuestiones claves para la Comisión en su propuesta era la de “prevenir el litigio abusivo”, tal y como se expresa en su documento “The New Deal for Consumers – How will the new Collective redress mechanism work?”. Por “litigio abusivo” se entiende sobre todo las acciones de grandes bufetes de abogados que pueden acumular casos para llevar la presión sobre ciertas empresas hasta formas que se aproximan más al chantaje, que a la búsqueda de justicia. Creemos que la presente redacción del borrador de la Comisión Europea, justamente preocupada por los extremos del sistema de litigio norteamericano, sin embargo produce un agravio en Europa – donde este sistema no existe – impidiendo a grupos de afectados unirse de forma NO permanente en una única causa que además contribuiría a resolver el colapso de los juzgados – actualmente los bufetes solo pueden acumular causas y no unificarlas. Creemos igualmente viciado limitar el número de organizaciones autorizadas a llevar a las corporaciones a los tribunales en representación de grupos de ciudadanos o consumidores.

Además de nuestra preocupación general relativa a las restricciones para la sociedad civil de litigio en los caso de abuso corporativo, en vista de la propuesta original de la Comisión, la posición final adoptada por el Parlamento Europeo adoptado en Estrasburgo en voto plenario el 26 de Marzo de 2019 en nuestra opinión promueve un enfoque aún más restrictivo que permanece el la versión aprobada por el Consejo ahora a debate. Según nuestro análisis implica:

• Una limitación injustificada del acceso a la representación colectiva por parte de la sociedad civil, y de manera más destacada a activistas y agrupaciones ad-hoc; y una limitación en general al derecho de libre asociación para la defensa colectiva de los derechos de la ciudadanía.

• Además, la Comisión habla de cooperación transnacional entre instituciones, pero no de colaboración entre entidades o incluso de legitimación para actuar en otros Estados Miembro. Efectivamente, se debería contemplar la posibilidad de que una entidad con legitimación para presentar acciones colectivas pudiera actuar en cualquier Estado Miembro y acoger afectados de cualquier Estado Miembro o que afectados por abusos transnacionales (como el Dieselgate) puedan unirse ad-hoc de forma transnacional para litigar.

• Finalmente, para que las acciones colectivas sean realmente efectivas y no se produzcan dilaciones indebidas, los tribunales deberán dotarse de medios humanos y materiales. Una justicia lenta, no es justicia. Es por ello que proponemos un límite máximo para la resolución de los casos.

Por tanto, hacemos un llamamiento para que en la Trílogos se abogue por una Directiva que garantice los derechos de la ciudadanía europea a un sistema de acción colectiva basado en los siguientes principios capitales:

 

Firma el presente documento:

• XNET, plataforma activista por la mejora democrática en la era digital (https://xnet-x.net)

Este documento ha sido preparado en colaboración con Juan Manuel Viver, consultor en protección del consumidor financiero y actualmente miembro en representación de consumidores en el Grupo Consultivo de la Autoridad Europea de Bolsas y Mercados (SMSG).

Ejemplo:

– Propuesta de ley de los firmantes a considerarse como ejemplo práctico para la mejor comprensión de las posibilidades que se plantean:
https://xnet-x.net/ley-demandas-colectivas-acumuladas/
 

Fuentes:

– European Commission Press release on the New Deal for Consumers, 11 April 2018:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3041_en.htm

– The New Deal for Consumers – How will the new Collective redress mechanism work? European Commission, April 2018
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ndc_factsheet4_redress_mechanism.pdf

– European Commission Proposal for Directive on representative actions for the protection of the collective interests of consumers
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0184&from=EN

– European Parliament final position on the Directive on representative actions for the protection of the collective interests of consumers
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2019-0222

– Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on representative actions for the protection of the collective interests of consumers, and repealing Directive 2009/22/EC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_14600_2019_INIT&from=EN

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La industria de la (des)información: exasperar la realidad; destruir la credibilidad

Por Simona Levi, Xnet – Instituto para la Digitalización Democrática

El 8 de agosto ha entrado en vigor Ley Europea de Libertad de Medios (EMFA).

Vivimos rodeados de titulares chillones y promesas de exclusivas que poco tienen de exclusividad. Partidos políticos, instituciones, negocio mediático y en general cualquiera que tenga medios económicos puede convertir la información en un espectáculo grotesco que prioriza el ruido al rigor, el impacto visual a la profundidad y el escándalo a los hechos. En esta lucha por captar atención, ergo el poder de influencia y la monetización, se ha sembrado un terreno fértil para la obsolescencia de estos mismo actores, incluso de los honestos: el público ya no les cree. De hecho está dispuesto a creer cualquier cosa antes de dejarse engañar una y otra vez. La redignificación del periodismo es una urgencia.

La historia de la circulación de la información desde siempre está tejida con los hilos de intereses que, más que informar, buscan perpetuar sus propias narrativas y preservar su hegemonía. En nuestra época, con nuevos recursos sería ingenuo creer que no iba a ser lo mismo: el drama (real o simulado) reina y el contexto y las soluciones desaparecen, ahogado en un mar de sensacionalismo.

El periodismo de titulares alarmistas, las promesas políticas huecas y las estrategias corporativas opacas no solo degradan la calidad del debate público, sino que también minan la confianza y destruyen las posibilidades de éxito del buen periodismo. En un mundo donde todo es «histórico» o «sin precedentes», el público acaba desarrollando un escepticismo defensivo: si todo es una emergencia, entonces nada lo es. Esto no es solo un problema de estilo, sino una crisis que erosiona los cimientos de una sociedad que quiere ser democrática. Lo que debería unirnos en solidaridad y acción se convierte en una ola de agotamiento y desconexión.

Cuando llega una crisis real, este modelo muestra su verdadero coste. El ruido mediático, las promesas políticas incumplidas y las respuestas empresariales interesadas contribuyen a una desconfianza generalizada, alimentando por necesidad movimientos conspiranoicos e intolerantes y dificultando la coordinación colectiva. En estos momentos, la espectacularización de la información bajo sus intereses políticos y sus ganancias espurias muestra cuan irresponsable y peligrosa es.

La solución no pasa por culpar a internet o a la ciudadanía, sino por exigir responsabilidad a los grandes actores: corporaciones mediáticas, partidos políticos, instituciones y poderes económicos. Tal y como llevo analizando desde 2018 bajo el paraguas de #FakeYou, una investigación para la acción estratégica y legislativa, existe un camino claro: separar la libertad de expresión del negocio de la (des)información o de la información institucional y regular con severidad estos últimos en base a una obligación de verificación y trazabilidad. Esto incluye dotar a la ciudadanía de herramientas para auditar el ecosistema informativo y de poder.

Por esto la Ley Europea de Libertad de Medios (EMFA), en vigor desde el 8 de agosto, podría y debería ser una buena noticia, pero finalmente lo es solo a medias. La Ley busca mejorar el ecosistema mediático y fortalecer el pluralismo. Por fin obliga a la transparencia en la propiedad de los medios y amplia la garantías para que los periodistas puedan proteger sus fuentes.
 
Pero al mismo tiempo contiene también una grave discriminación, una «Media Exemption» por la que los medios que se autodeclaren como tales estarán más protegidos que otras fuentes que puedan ser igualmente fiables, incluso cuando se ha demostrado que los primeros violan alguna norma de las plataformas de publicación. Esto no es una buena noticia si realmente queremos atacar las raíces de la desinformación y contradice los avances conseguidos con la Ley Europea de Servicios Digitales de 2024. Independientemente de su buen hacer periodístico, cualquier actor puede autoproclamarse proveedor de medios y así obtener privilegios de visibilidad.
La Ley se retomará en otoño en el Proyecto de Ley del Congreso español para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Ordenación de los Medios de Comunicación. Es crucial que interpelemos los partidos políticos para que la Ley española corrija estos errores.

La espectacularización de la información y el ruido disfrazado de periodismo no son una simple anécdota: es una estrategia de control que erosiona nuestra capacidad de discernir y actuar. Si queremos una sociedad más justa y democrática, debemos exigir a todos los grandes actores que sirvan al interés público, no a sus agendas particulares. El tiempo de los fuegos artificiales informativos debe llegar a su fin. Es hora de construir un modelo que priorice los matices sobre el impacto, el análisis sobre el escándalo y la verificación sobre la sospecha. Nada nuevo, ya se inventó; se llama periodismo.
 

Más información sobre EMFA:
https://xnet-x.net/es/emfa-libertad-medios-anuncios-politicos-political-ads/

 

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Somos miembros de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC). En este contexto estamos contribuyendo a la elaboración de nuevas recomendaciones para los sistemas de vigilancia. Una gota en el mar, sí, pero una de muchas gotas.

https://uncaccoalition.org/open_letter_irm/

Seguimos…

https://xnet-x.net/es/uncac-mejoras-sistemas-vigilancia
https://xnet-x.net/en/uncac-improvements-monitoring-systems

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Google enfrenta en los EEUU en estos días dos procesos legales por monopolio. El primero tuvo su resolución ayer.

Un caso es sobre publicidad digital (Ad Tech). En abril de 2025, la jueza Brinkema del Tribunal de Distrito de Virginia dictaminó que Google mantuvo ilegalmente dos monopolios en tecnología publicitaria, lo que perjudicó a editores, competencia y consumidores. Para estudiar esta situación y plantear medidas correctivas, está previsto un juicio el 22 de septiembre de 2025, donde se debatirán remedios como la venta de su unidad de servidores de anuncios y el mercado de intercambio de anuncios, además de la obligación de compartir datos publicitarios en tiempo real con competidores.

El otro caso es sobre búsquedas. En otra demanda, la jueza Amit Mehta dictaminó en agosto de 2024 que Google mantenía un monopolio ilegal en servicios de búsqueda y publicidad basada en búsquedas, gracias a acuerdos exclusivos que distorsionaron el mercado. Se inició una fase para decidir las medidas correctivas, en la que el Departamento de Justicia propone medidas drásticas como la venta del navegador Chrome, la separación de Android o la eliminación de acuerdos predeterminados. La decisión final ha llegado ayer y es una victoria para Google ya que lo único que se le pide es la eliminación de acuerdos de exclusividad.

Esto es una buena noticia para la soberanía digital de las personas, pero pone de relieve la gran fragilidad de otros actores. Ya en 2024 pedimos [2] que la UE salvara Firefox de su dependencia de un acuerdo de prioridad con Google para utilizarlo como motor de búsqueda por defecto. El 80% de presupuesto anual de Firefox se apoya en este acuerdo. Si la UE realmente quisiera soberanía digital, no debería reinventar la rueda sino rescatar Firefox como la herramienta abierta y sin ánimo de lucro que es.

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[1] Levi, Simona (2024). Digitalización democrática. Soberanía digital para las personas. Rayo Verde Editorial. ISBN 978-84-19206-12-1.

[2] Levi, Simona at al. (2022). Proposal for a Sovereign and Democratic Digitalisation of Europe (Reflection Paper). Publications Office of the European Union. ISBN 978-92-846-8866-1; DOI 10.2861/671958; Cat. n.º QA-01-22-019-EN-N
Artículo sobre Firefox de Sergio Salgado.
 

Más informaciones:
https://www.amnesty.org/en/documents/POL30/0226/2025/en/

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Insistir en una digitalización cerrada y centralizada nos lleva al desastre.
Por Simona Levi (fundadora de Xnet, Instituto para la Digitalización Democrática, y autora de «Digitalización Democrática – Soberania Digital para las Personas», ed. Rayo Verde)

Estos días todos los titulares recogen la noticia de que EE.UU. impone aranceles del 30% a la Unión Europea. Pero lo que no todos saben es que, apenas dos días antes, la Comisión Europea decidió cancelar su ya tibia propuesta de tasa digital a las grandes tecnológicas, en un gesto de concesión a Donald Trump para obtener un mejor acuerdo comercial. Resultado: tenemos aranceles igualmente, y  – si no hay rectificación antes del miércoles – renunciamos a la tasa a las grandes tecnológicas hasta 2034 (!!!).

Doblegarse al matón del patio no suele ser una buena idea. Si la tasa digital se hubiera mantenido, estaríamos en el mismo escenario de aranceles, pero con un poco más de soberanía y recursos. Si intentamos reponerla ahora, se considerará represalia y los aranceles subirán.

Pero no doblegarse sin estrategia también es una torpeza. La única estrategia viable es dejar florecer un ecosistema digital propio, soberano y democrático. No soberano para cambiar Google o Microsoft por corporaciones privativas europeas, sino para democratizar el acceso al código, descentralizar el desarrollo y permitir que se fortalezcan alternativas auditables, interoperables y desarrolladas desde lo público, lo privado y lo común en cooperación. Así se ha construido Internet y es su esencia.
En plata: cambiar la licitación pública en materia de tecnología, renunciar a la lógica centralizadora-porque-sí y permitir a la lógica propia del digital – la descentralización – desplegarse. No teman: la transparencia mejoraría sin dudas la capacidad de supervisión de instituciones sin conocimientos ni recursos para supervisar.

No se trata de prohibir las big tech mañana. Se trata de invertir hoy en pilotos y alternativas de código libre para que mañana podamos elegir y no dependamos de matón ninguno, ni de aquí ni de allí.

Nuestra propuesta concreta está en marcha desde antes de la pandemia: el Plan de Digitalización Democrática que propusimos a la ciudad de Barcelona y con la que abrimos una licitación pública para la creación de un piloto por empresas locales. Es un ejemplo de que podríamos ir virando poco a poco hacia una digitalización democrática. Es una solución viable, económica, útil que podría competir en usabilidad con la Big Tech si no sufriera de precariedad porque las instituciones no la dejan escalar. Es que en otro planeta llamado política, se habla de soberanía tecnológica, pero el único debate que realmente hay internamente es si de Google volver a Microsoft. Es desesperante tanta incoherencia y falta de audacia. Estrangula la innovación y el talento del futuro, condenándonos a seguir viviendo en precario vendiendo sangría y sobreros mexicanos a los 94 millones de turistas que devastan nuestra vida cotidiana cada año.

La soberanía digital no se decreta, se construye. Y la nuestra debe empezar ahora, con código libre, contratos públicos responsables, cooperación de la instituciones con la sociedad civil activa y valentía democrática.
 

@POLITICOEurope publica la carta que @X_net_ y +50 orgs enviamos a @vonderleyen:
Denunciamos la ofensiva de EEUU y Big Tech contra #DSA y la #SoberaníaDigital UE.

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El 28 de octubre organizamos un evento para conocer experiencias y construir futuro
4D Digitalización Democrática y Derechos Digitales

Martes 28 de octubre 2025 de 9:15 a 21:30h – Barcelona
Sala de actos del COAC, Plaça nova 5 (delante de la Catedral), 1er piso

Organizado por ACCENT OBERT y XNET
Con la colaboración de los informativos de El Mundo Today y la contribución de Pantomima Full

con

Rasha Abdul Rahim / Cory Doctorow / B. Cavello / El Mundo Today / Arvind Gupta / Adriana Groh / Genís Roca / Simona Levi / Pantomima Full / Sergio Salgado / Roxana Bassi / Miquel Estapé i Valls / Carme Colomina / Quique Badia Masoni / Gerard Sentís Garcés / The Juice Media Honest Government Ads

 

TODA LA INFO: https://4d.cat/es/conferencia/

 

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