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Las pensiones públicas sostienen la economía y el país
Sigue pasando: racismo o xenofobia al alquilar una casa, ir al médico, empadronarse o abrir una cuenta bancaria
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha atendido en apenas 10 meses a más de 130 personas migrantes que han sufrido racismo o xenofobia al alquilar una casa, ir al médico, empadronarse en su municipio o abrir una cuenta bancaria.
En un comunicado remitido a los medios en el marco del trigésimo tercer aniversario del asesinato de Lucrecia Pérez, el primer crimen racista reconocido en España, que se recuerda este jueves, la ONG ha hecho este balance de su proyecto Alza la Voz contra el Racismo y la Xenofobia, que comenzó este año en Madrid, València y Sevilla.
En estos meses, la campaña ha acompañado a más de 130 personas que han sufrido discriminación en varios ámbitos y ha formado a más de 500 personas migrantes sobre sus derechos.
Una de ellas fue Lorena Valdes, quien ha relatado en la nota la discriminación que sufrió cuando cambió de centro de salud: «La nueva doctora enseguida notó mi acento y, al darse cuenta de que soy latina, no quiso ver las pruebas ni revisar mi baja médica. Me dijo que tenía que irme a trabajar ya, que era para que lo que veníamos, no para quedarnos sentados».
Para Valdes fue «duro» porque esta médica la hizo volver a trabajar «con un estado de salud lamentable», despreciando sus derechos.
En el caso de Claudina Suárez, su problema fue al alquilar una vivienda para ella y sus dos hijas: en un primer momento, los dueños le pidieron «que pagara de más» y después quisieron limitarles el uso de aparatos como la lavadora.
La situación acabó en insultos diarios y amenazas de que iban a hacer que las deportaran, palabras que incluso dirigían a sus hijas.
El servicio ofrecido por CEAR incluye información, asesoramiento, acompañamiento, seguimiento del proceso de denuncia y de recuperación a las víctimas a través de una intervención integral, además de acciones formativas dirigidas a la población migrante en materia de prevención del racismo y delitos de odio. ?
La entidad asegura que, en muchos municipios, los migrantes siguen encontrando grandes obstáculos para empadronarse, lo que les impide acceder a derechos básicos; abrir cuentas bancarias, a pesar de ser un derecho reconocido, en especial para personas en situación de vulnerabilidad, o acceder al sistema sanitario por no estar empadronadas o tener otra documentación distinta al DNI.
La ONG invita a todas estas personas a alzar la voz para acabar con la impunidad y «evitar que crímenes como los de Lucrecia Pérez se repitan».
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Mazón sigue a lo suyo y el PP elige a su mano derecha
El president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, ha asegurado este martes en Les Corts que el día de la dana nadie le pidió «permiso» para el envío de la alerta, en una comparecencia que la oposición ha tachado de «burla» y estudiará por si ha mentido y puede ejercer acciones legales.
Ocho días después de anunciar su dimisión, Mazón ha sido el primer político en comparecer en la comisión de investigación de les Corts sobre la dana del 29 de octubre de 2024, en cuyas inundaciones murieron 229 personas, mientras familiares de las víctimas y colectivos sociales protestaban en el exterior y le llamaban «asesino».
Ha admitido que su comida de ese día en el restaurante El Ventorro con una periodista –»un encuentro profesional con una profesional»– no se habría producido de haber sabido lo que sabe ahora, y que su agenda habría sido «distinta», aunque no ha respondido a las preguntas de la oposición de a qué hora entró y salió del restaurante o si pidió no tener escoltas.
Mazón ha insistido en que la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, ni le pidió ni necesitaba autorización para el envío del mensaje Es-Alert, que finalmente llegó a los móviles a las 20:11 horas; ha preguntado «quién en su sano juicio podría estar en contra de alertar a la población» y ha asegurado que estuvo «atento» y «haciendo llamadas» para conocer la situación.
Mazón ha dicho también que si Pradas hubiera sabido que el barranco del Poyo se estaba desbordando, se lo habría dicho, como le informaba «del resto de cuestiones» que le preguntaba, pero ha insistido en la idea de que «con lo que se supo, se avisó» y en que hubo «falta de información» de las agencias estatales.
A las preguntas sobre su itinerario de ese día, ha afirmado que se puede encontrar «en fuentes abiertas» y que lo ha explicado en entrevistas públicas, y ha insistido en que ha asumido responsabilidades políticas con su dimisión, pero el Gobierno y la izquierda política le usan de «excusa para rehuir el deber» de la reconstrucción.
Sobre las víctimas, ha afirmado que han sido «la prioridad» de su Gobierno y la suya personal y que el mejor homenaje que se les puede rendir es trabajar todos unidos para llegar a unas conclusiones de la comisión de investigación que impidan que vuelva a repetirse una desgracia así.
La oposición critica la comparecencia
La comparecencia de Mazón no ha convencido al síndic socialista, José Muñoz, quien le ha preguntado por qué ha dimitido si lo ha hecho «todo estupendamente», y le ha dicho que él no es una víctima, sino las que no han podido entrar a la sala de la comisión, porque las sillas para los invitados las «han copado cinco asesores» de Presidencia.
Además, la secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, ha acusado a Mazón de acudir a la comisión «sin ningún sentimiento de culpabilidad», ha pedido elecciones anticipadas y ha anunciado que no descartan acciones legales contra el president, porque «tenía la obligación de decir la verdad» en la comisión y a su juicio no lo ha hecho.
El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha afirmado que Mazón se ha dedicado a dar «excusas» y ha mostrado al «peor Mazón, el de hacerse la víctima y esparcir como un calamar su responsabilidad», y le ha preguntado por qué no ha dimitido como diputado y por qué no comparece ante la jueza que investiga la gestión de la dana.
Por el contrario, el PP y Vox han destacado que Mazón ha comparecido en la comisión para dar explicaciones, mientras el Gobierno central ni trabaja por la Comunitat Valenciana ni da la cara y solo busca «un enemigo al que señalar», y han acusado a la izquierda de «utilizar a las víctimas políticamente desde el minuto uno».
Pérez Llorca, el sustituto
Elegido por Feijóo, avalado por Abascal y mano derecha de Mazón. Es Juan Francisco Pérez Llorca, el hombre designado por el PP para ser el nuevo president de la Generalitat valenciana. Con dos décadas de militancia en el partido, donde ha ido subiendo sin estridencias escalones desde abajo, desde la política municipal hasta llegar al más alto de la política autonómica.
Este alicantino de 49 años con estudios de Derecho, al que todos llaman Juanfran, empezó en política en 2003 y actualmente es, además de alcalde del municipio alicantino de Finestrat, el número 2 del PPCV –es su secretario general– y el síndic (portavoz) del PP en Les Corts Valencianes, por lo que está considerado como la mano derecha de Mazón.
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Mazón sigue en el foco de las protestas: de exigir la dimisión a pedir la cárcel
Cinco días después de que anunciara su dimisión como president de la Generalitat y en plenas negociaciones entre el PP y Vox para buscar sustituto, Carlos Mazón sigue en el foco de las protestas. Si antes el lema era Mazón dimisión, ahora el grito es: «Mazón a presó» (Mazón a prisión).
Este domingo, ante Les Corts Valencianes, una concentración convocada por la entidades sociales, cívicas y sindicales que durante el último año han organizado una manifestación al mes, ha reclamado que deje el acta y pueda ser juzgado, la dimisión de su «negligente» Consell y que el pueblo protagonice una reconstrucción «real y efectiva», que no se negocie el futuro de los valencianos en Madrid.
Antes del acto, los asistentes han extendido pancartas en las que se podía leer «Mazón a presó» con una imagen del todavía president boca abajo y también se le ha podido ver representado con un traje de presidiario. Algunos familiares han mostrado imágenes de las víctimas junto a mensajes como «han muerto por vuestra incompetencia» o «asesinos» y pidiendo «justicia» para ellos.
La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, Rosa Álvarez, ha aseverado que con la dimisión de Mazón «no es suficiente» porque «la dignidad, la justicia y la reparación aún no se ha conseguido y no se han asumido responsabilidades«. Y Mariló Gradolí, presidenta de la Associació de Víctimes Dana 29 d’octubre 2024, ha reclamado «la dimisión de todo el Consell» porque es «indigno» por «haber abandonado al pueblo valenciano el día que más los necesitaban».
Entre las proclamas que se han coreado se ha repetido también «Volem votar» (queremos votar); «Susana Camarero nos lleva al matadero» o «Partido Popular, partido criminal». Los centenares de participantes, que llenaban la Plaza san Lorenzo, han finalizado el acto con una ofrenda floral. Primero han mantenido en alto los claveles, rosas y otras flores blancas –hasta 231, por cada una de las víctimas de la dana, han explicado– y luego las han ido depositando a las puertas de Les Corts.
Un año de manifestaciones
La concentración se produce justo un año después de la primera manifestación que se celebró en la ciudad de València para reclamar la dimisión de Mazón, cuando solo habían pasado once días de la dana del 29 de octubre de 2024 y en la que participaron más de 130.000 personas, según la Delegación del Gobierno. Los convocantes han señalado que el acto de este domingo «conmemora esa cita que dio pie al movimiento».
A esa siguieron once manifestaciones más, una cada mes en torno al día 29, que se celebraron mayoritariamente en la capital valenciana, pero también en municipios de la denominada ‘zona cero’ de la dana, como Catarroja y Paiporta, convocadas por más de 200 entidades y con las asociaciones de víctimas de la dana en la cabecera. .
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La Fiscalía logra cerrar por primera vez anuncios sobre gestación subrogada en internet
La Fiscalía ha puesto fin a varias campañas de empresas dedicadas a gestionar vientres de alquiler que se anunciaban a través de páginas web o redes sociales, tras abrir por primera vez en España unas diligencias por publicidad ilícita sobre gestación subrogada.
Esta cruzada contra anuncios de empresas de gestación subrogada, que proliferan en internet y en la mayoría de casos en páginas webs internacionales, fue impulsada desde la Fiscalía de Barcelona por Paloma Pelegrín, responsable de la nueva área de defensa de los consumidores y usuarios, que inició su andadura hace año y medio.
El origen de las diligencias es una denuncia presentada por una asociación feminista de Vigo que pedía que se investigara, por la vía penal, a entre 20 y 30 empresas de gestación subrogada que se anunciaban por internet, lo que está expresamente prohibido por la ley de salud reproductiva de 2023. Otra norma de 2016 establece la nulidad de los contratos de ese tipo de reproducción asistida.
Una vez descartada una investigación penal, al no haber constancia de esas prácticas de gestación subrogada que se anunciaban, la Fiscalía abrió diligencias preprocesales, por la vía civil, para determinar si las páginas web y el contenido difundido por redes sociales podían constituir publicidad ilícita.
En el marco de esas diligencias, la fiscal remitió requerimientos a dos de las empresas que gestionaban esas webs localizadas en Barcelona, que, de esa forma, optaron por retirar sus campañas publicitarias de internet, cierre que se materializó entre finales de 2024 y este año.
Los casos de anuncios gestionados por empresas de otras provincias españolas se remitieron a las Fiscalías respectivas, lo que también ha dado sus frutos. El pasado abril, el ministerio público logró que el juzgado de lo mercantil número 12 de Madrid dictara unas medidas cautelares para obligar a una empresa de gestación subrogada a cerrar su página web y los anuncios que difundía por Facebook, Instagram o X.
Un mes después, el juzgado estimaba la demanda de la Fiscalía y condenaba a la empresa por «realizar publicidad ilícita», al tiempo que le obligaba a difundir su sentencia en las mismas redes sociales donde había anunciado los vientres de alquiler.
Cosificación de mujeres y niños
Según la Fiscalía, las campañas de las empresas analizadas, muchas de las cuales ofrecían vientres de alquiler en Ucrania, no solo incumplían la legalidad por publicitar la gestación subrogada, sino que además incluían un contenido que «cosificaba» a las mujeres y a los embriones, tratando a ambos como meras mercancías y con un llamativo sesgo racial, en el que se resaltaban su piel blanca.
Las actuaciones de la Fiscalía resultan, sin embargo, insuficientes, dado que las páginas webs sobre gestación subrogada se multiplican constantemente en internet, en la mayoría de casos amparadas en páginas internacionales cuyo cierre entraña mayor complejidad.
Por ese motivo, la Fiscalía se plantea acudir a la Audiencia Nacional para que, a través de la vía contencioso-administrativa, sean los tribunales los que fuercen el cierre de esas páginas web por vulneración de la legislación española en materia publicitaria.
Webs que promueven la anorexia
Otro de los caballos de batalla de la Fiscalía de Consumo de Barcelona es poner coto a las publicaciones en internet que promueven los trastornos alimentarios, un fenómeno cada vez más frecuente en redes sociales.
La Fiscalía de Barcelona presentó una denuncia contra una de esas webs que promueven la bulimia o la anorexia, pero el juzgado acabó archivando la investigación por la imposibilidad de determinar quién estaba detrás de esas publicaciones, dado que las comisiones rogatorias expedidas en busca de colaboración internacional resultaron infructuosas.
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