Las ínfulas expansionistas de Donald Trump y su ataque –cuando no chantaje– económico a la Unión Europea han configurado un tablero político internacional nunca visto: Estados Unidos ya no es un socio confiable para el Viejo Continente. Frenar al presidente que ha ejecutado a decenas de personas en operaciones militares y policiales —en alta mar contra supuestos narcotraficantes o en tierra firme contra opositores a sus políticas antiinmigración— es posible. La activación de algunos resortes que la misma UE ha previsto para estas situaciones podría hacer que Trump reexaminara sus ambiciones. Sin embargo, los expertos señalan que falta unión política por parte de los Estados miembros para ello.

Según Mario Rísquez, profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), intentar parar los pies a Trump pasa por cuestiones relacionadas con la disuasión. “De esta forma se pueden evitar los impactos que la aplicación de estas políticas tendría sobre la población estadounidense”, explica. Se refiere, por ejemplo, a la idea de aplicar aranceles a productos que se fabriquen en estados republicanos, lo que ejercería presión sobre la Administración Trump, pero también tendría el efecto indeseado de golpear a la ciudadanía.

Este experto apuesta por medidas coyunturales y de fácil reversión y por evitar otras como romper ciertas relaciones con Estados Unidos o no participar en instituciones en las que esté presente, que podrían suponer un peaje a largo plazo. Por otro lado, la diversificación de la economía europea para evitar la gran dependencia de Estados Unidos es una de las recetas estrella a la hora de intentar frenar al gobierno norteamericano. “Esa es la palabra clave, ‘diversificar’, y es algo que ya hacemos mirando cada vez más a China”, enfatiza Rísquez. En este sentido, hace apenas unos días la UE cerró un acuerdo económico histórico con India, presentado como “la madre de todos los acuerdos” por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Hacia la independencia: el camino lo marca Canadá

Natalia Arias Pérez, analista del gabinete económico de Comisiones Obreras (CC. OO.), subraya que la UE tiene la posibilidad de realizar acciones coordinadas. Entre ellas se encuentra una que considera primordial: reducir la dependencia con Estados Unidos y avanzar hacia la autonomía estratégica, sobre todo en materia energética, y hacia una industria de defensa propia.

El camino en esta pretendida diversificación lo ha marcado Canadá, quien se ha abrazado a China a través de un tratado de libre comercio. Así lo ve Yago Álvarez, periodista económico de El Salto, quien considera este movimiento “una perfecta declaración de intenciones”. Según explica, “lo que viene a decir es que prefieren los coches eléctricos chinos a los de Elon Musk”.

Y no solo eso. Álvarez recalca que el presidente canadiense, Mark Carney, dijo en Davos que el orden internacional conocido hasta ahora, en el que todo Occidente agachaba la cabeza ante la gran potencia –“aunque no citó a Estados Unidos”, apuntilla el periodista– ya no funciona. “Dijo que los Estados medianos nos tenemos que organizar para no permitir los imperialismos de las grandes potencias, y ese es el camino que debería seguir la UE”, defiende antes de expresar que “la forma de combatir a Trump es aislarlo comercialmente como socio no confiable”.

Golpear a las grandes tecnológicas con regulación

Para frenar a Trump, en el medio plazo la UE también debería apostar e invertir más en soberanía digital y en inteligencia artificial, valora Arias. “Se podría fomentar el uso de redes sociales propias, y sobre todo endurecer el reglamento de servicios digitales para limitar las actividades de las plataformas tecnológicas de Estados Unidos”, propone. La economista lanza otra idea: suspender en Europa las patentes de las empresas estadounidenses. Básicamente, esto posibilitaría su copia.

Yago Álvarez también incide en ese flanco: “Se les podría meter más caña a las empresas de Silicon Valley y agrandar las multas a Apple, Google o Facebook. Se les ha permitido convertirse en monopolios y ahora dependemos de ellos y de sus infraestructuras, así que ya es hora de regularlas con mano dura”.

Si miramos al corto plazo, ya se ha paralizado en el Parlamento Europeo el tratado comercial firmado el año pasado con Estados Unidos, que para la experta de CC. OO. es un “mal acuerdo”, a expensas de cómo avanza el conflicto. Asimismo, la activación de la cláusula de anticoerción por parte de los Estados miembros es otra de las herramientas que la UE podría utilizar. A pesar de que sus efectos no son inmediatos, sí permite respuestas más fuertes que limitan a las empresas estadounidenses el acceso a los mercados europeos y la contratación con administraciones europeas.

Terminar con la dolarización de la economía

Entre las medidas ya impulsadas y que han cosechado cierto éxito está la venta de bonos de deuda pública estadounidense. Estados Unidos incurre año tras año en déficit, pero tiene una situación privilegiada: el dólar es la moneda de referencia a nivel internacional. A pesar de esos déficits, su deuda se suele financiar a muy bajo interés, también por el papel hegemónico de la Reserva Federal. “Si te deshaces de una deuda porque consideras que incurre en un riesgo de impago o simplemente no la ves atractiva a los tipos de interés que ofrece, aumentará los tipos de interés a los que se financia Estados Unidos”, desarrolla Rísquez.

Arias, por su parte, sostiene que no renovar la deuda pública con Estados Unidos a medida que va venciendo es una de las medidas más fuertes para intentar acabar con la primacía del dólar como referencia internacional y con los “derechos de señoraje”, tal y como los denomina, que genera. “Desdolarizar en la medida de lo posible nuestro comercio con otros países es lo que más poder le puede quitar a Estados Unidos”, remarca la economista de CC. OO.

Álvarez apunta que si los grandes tenedores de bonos del Estado estadounidenses (como son Reino Unido, Japón o China), además de la propia Reserva Federal, empezaran a vender su deuda, la prima de riesgo de Estados Unidos se dispararía y les costaría muchísimo financiarse. “Esto incrementaría los déficits que ya arrastran y restaría valor al dólar”, abunda. De todas formas, no cree que algo así vaya a suceder “porque a nadie le conviene del todo reventar el dólar y que eso afecte también a su propia economía”.

Esto ya es una realidad. Hace apenas unas semanas, el fondo de pensiones danés AkademikerPension anunció que vendería todos los bonos estadounidenses que tiene en cartera, unos 100 millones de dólares. Este proceso se conoce como “Sell America” y podría llegar a dañar gravemente a la primera economía del mundo.

Sin unidad política en la UE

Carme Colomina, experta en relaciones internacionales y Unión Europea del CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs), afirma que “la UE tiene instrumentos para hacer frente a Estados Unidos, pero falta la unidad política para activarlos”. Desde su punto de vista, el mundo se enfrenta a un Trump pragmático con los fuertes y duro con los débiles. “La UE ha adoptado esa imagen de debilidad en cualquier escenario de negociación, pero seguimos siendo el primer socio comercial de Estados Unidos, a la vez que dependemos de él en gran medida”, completa.

Más allá de herramientas económicas, la investigadora catalana detalla que se podría poner en marcha una mayor presión política. A la paralización del acuerdo comercial y la presión legislativa que se puede aplicar a los mercados digitales a través de regulación, Colomina ve como positivo que se vuelva a hablar de investigaciones como la que ahora señala a Grok, la inteligencia artificial de X, en manos de Musk, por la generación de desnudos sin consentimiento. “Cuando JD Vance dijo en la conferencia de seguridad de Múnich que la UE tenía un problema de democracia no lo decía por la extrema derecha, sino por la regulación de las grandes tecnológicas. Eso les puede hacer mucho daño”, reitera.

Alianzas internas y disonancia con China

La experta en relaciones internacionales pone el foco en las consecuencias políticas que pueden acarrear decisiones de este tipo. “Y aquí vemos que la UE se divide y se rompe internamente”, esgrime. Frente al discurso más duro de los presidentes francés y español, Emmanuel Macron y Pedro Sánchez, respectivamente, se colocan países como Italia y Alemania, que se alían entre ellos e insisten en que debe haber una salida negociada y diplomática al conflicto.

La amenaza de guerra comercial por parte de Trump ha supuesto para China, cuyo primer socio comercial es la UE, la ocasión idónea para ocupar los espacios de los que se retiraba Estados Unidos. “Para hacer frente a los aranceles de Estados Unidos, China intenta ampliar sus mercados de exportación a nivel mundial”, prosigue Colomina. De nuevo surgen las divisiones internas en la UE. Mientras algunos Estados ven con buenos ojos que China tenga más peso, otros recelan de la entrada de capital y productos del gigante asiático.

En el caso de España, poco puede hacer por su cuenta. Pero la economía española está totalmente integrada en la comunitaria, por lo que posee capacidad de presión en tanto miembro de la UE. La experta del CIDOB destaca que esta también es una forma de defensa. “Si Trump pone en el punto de mira a España, como ya ha hecho en ocasiones a cuenta del gasto militar en la OTAN, y amenaza con sanciones, Trump debería saber que no puede castigar a España individualmente al formar parte del mercado único europeo”, concluye la investigadora.

Medidas simbólicas contra las políticas sociales trumpistas

Rísquez, el profesor de la UCM, menciona otras medidas ligadas a lo económico pero que no buscan únicamente un efecto en la política económica de Estados Unidos. En este sentido, se ha planteado el boicot a grandes empresas estadounidenses, como McDonald’s, por la represión del ICE a la población susceptible de ser migrante. Algunas personas han propuesto no participar en el Mundial de Fútbol, que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos. “Esto puede construir un discurso social contra la Administración Trump, pero creo que su efecto económico será muy leve”, finaliza este experto.

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Primero le preguntaron los ingresos aproximados de su hogar. Después, a qué clase social creía pertenecer. La periodista Noelia Ramírez respondió: a la clase trabajadora. “Lo dije dubitativa, añadiendo ‘de la cultura’ como si eso justificase por qué me metía en ese saco”, escribió en Nadie me esperaba aquí. Apuntes sobre el desclasamiento (Anagrama, 2025).

No es la única que duda sobre su clase social. En el barómetro del CIS de octubre de este año, el 0,3% de las personas encuestadas respondieron de manera espontánea que eran “proletarios”. El 14,6% acabó encuadrado en la clase trabajadora, mientras que a la clase media-media se apuntó el 37,8%. En el mismo mes de 2024, el 10,5% de los encuestados dijo pertenecer a la clase trabajadora, y la clase media-media se quedó en el 40,8%. Un 0% de las personas respondieron que pertenecían al proletariado.

El sociólogo César Rendueles, integrante del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), aborda en estas líneas cómo la idea de conciencia de clase a veces ha tenido una dimensión intelectualista que, dice, “es un poco falsa y sobre todo bastante inútil políticamente”.

¿Por qué cree que sucede esto?

En ocasiones, la conciencia de clase se entiende como una especie de hermanamiento de las relaciones de producción con nuestra cabeza, como si fuera un rayo mágico que nos hace ver la realidad social que provocan las relaciones de producción, y pensamos que quien no siente ese rayo mágico es torpe, tonto o está alineado, pero eso no es así.

¿Cómo se construye entonces la conciencia de clase?

Es algo que se construye colectivamente y que requiere de mediadores institucionales. Tradicionalmente, han sido los sindicatos de clase los que de alguna forma construían esa conciencia. Del mismo modo, tiene que ver con la sensibilidad de cada uno, sus afectos, sensaciones, proceso de socialización… Y eso se ve en los centros de trabajo, pero también en relaciones dentro del barrio o de la familia.

La desaparición de este tipo de mediadores ha hecho que la conciencia de clase cambie. De ahí que aumente tanto la gente que responde que pertenece a la clase media. Cuando ha desaparecido el entramado de socialización que te permitía adscribirte a una clase u otra, la gente busca algo que evita el compromiso, lo neutro.

La gente no se identifica como proletaria, pero tampoco como clase alta.

Si le preguntan al 5% de personas que más dinero ganan en España, que no es tanto dinero, no son los súper ricos, la mayor parte de ellos dirían que son clase media, y si tienen una idea más cabal de la estructura de rentas española, dirían media-alta. No es que el proletariado haya desaparecido, es que se han descompuesto esas mediaciones colectivas que generaban el campo sociológico y político proclive a la creación de la conciencia de clase.

¿Cómo se podría volver a vertebrar esa conciencia?

La pérdida de la conciencia de clase ha sido un proceso muy largo, de décadas, y que tiene que ver con una batalla perdida. Nos han derrotado en ese campo. Solo lo conseguiremos revertir si articulamos nuevos actores colectivos que estructuren ese campo de estrategia política. Si no, la conciencia de clase no aparecerá por arte de magia.

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Aquella mañana despertó en Barcelona, como siempre, aunque esta vez acompañada de su madre y un médico del Opus Dei. Le dijeron que tenían que ponerle una vacuna contra la gripe. Al día siguiente, Consuelo García del Cid Guerra amaneció en Madrid, recluida. Solo tenía 16 años. Todavía no sabía que estaba en el reformatorio de las Adoratrices de Madrid. Ella es una de las decenas de miles de mujeres jóvenes que pasaron por el Patronato de Protección a la Mujer, activo desde el año 1941 hasta 1985. La institución franquista sobrevivió más de cuatro décadas gracias al apoyo y el trabajo denodado de las congregaciones religiosas. Solo perseguían una meta: corregir a la descarriada, a la mala, a la viciosa.

La falta de documentación sobre esta institución franquista es algo a lo que se ha enfrentado la historiadora Carmen Guillén, que ahora publica Redimir y adoctrinar: El Patronato de Protección a la Mujer (Crítica, 2026). La monografía es un completo ensayo en el que se condensan los pocos datos que se conocen al respecto, testimonios de víctimas y una profusa investigación sobre su historia. “El objetivo era redimir a la mujer caída y ayudar a la que está en peligro de caer, lo que con el paso del tiempo se materializa en una cárcel exclusiva para mujeres”, sintetiza.

La también profesora de Historia de la Ciencia en la Facultad de Medicina de Albacete, en la Universidad de Castilla–La Mancha (UCLM), recalca que eran mujeres de entre 16 y 25 años las que solían terminar recluidas, casi secuestradas, en el Patronato, donde también hubo robo de bebés y trabajo forzado. Sus estancias se alargaban de los seis meses a los dos años, y la institución tenía una arquitectura personal muy sólida, afirma Guillén. De la Junta Nacional de Madrid salían las 52 juntas provinciales, de las que emanaban las juntas locales.

Las religiosas, imprescindibles para el Patronato

La especialista señala a las congregaciones religiosas como “el pilar fundamental” para que el Patronato pudiera funcionar. “Aquí el nacionalcatolicismo franquista tiene uno de sus ejemplos más claros y duraderos”, añade. Así pues, lo que venían haciendo las religiosas durante siglos a la hora de redimir a la mujer descarriada se convirtió en política de Estado en el siglo XX español. “Cualquier mujer que no convergiera con el patrón de mujer ideal dibujado por el franquismo, sumisa, decente, al servicio del hogar y del marido, sin mayor horizonte vital que los cuidados y quizá la Iglesia, podía entrar en estos centros de supuesta protección que se convierten en redes de represión”, desarrolla Guillén.

De esta manera, la disidencia en la mujer, moral o política, era castigada con la reclusión. Desde sus inicios en la inmediata posguerra, el Patronato tan solo sufrió una modificación legal hasta su desaparición. Ocurrió en 1952, y el régimen confirió mayor poder a la institución. Tal y como la profesora Guillén recoge en su libro, a partir de entonces el Patronato pudo arrebatar la patria potestad a los padres en algunos supuestos, quienes perdían la posibilidad de sacar a sus hijas de los centros.

La “mala mujer” termina en el Patronato

Consuelo García del Cid Guerra, nacida en 1958, procede de una familia católica y burguesa de Barcelona. Desde joven rechazó los roles que le impusieron, y pronto empezó a movilizarse contra el régimen. En 1974, con 14 años, acudió a las protestas por el asesinato a garrote vil de Salvador Puig Antich. Así se inició en la oposición al régimen. Un año después, en marzo de 1975, se despertaba en el número 52 de la calle Padre Damián, en la capital. “Que a mi familia le saliera alguien como yo, roja, lo veían peor que ser prostituta o drogadicta”, ilustra a sus 67 años.

A las mujeres que como ella terminaban en el Patronato las llamaban las descarriadas. También había madres solteras, mujeres pobres, huérfanas, hijas de presos y presas, prostitutas o rebeldes. Según consta en el expediente de M. C. G., de junio de 1943, fue internada porque “suspira demasiado por los hombres”. También había otras llevadas a los centros por vestir una minifalda o fumar en la calle. Otras tantas ni siquiera estaban tuteladas por el Patronato. Era el caso de García: “Mi familia pagaba por mantenerme ahí. Es como encarcelar a una persona y que su familia pague la celda”.

Autolesiones y suicidios en los centros

En su interior se repetía continuamente el maltrato psicológico, aunque también se reproducían castigos físicos como tener que dormir a la intemperie, obligarlas a limpiar el suelo haciendo cruces con la lengua o aplicar ortigas en la zona genital a aquellas que se orinaban en la cama. Guillén ahonda en que las internas recuerdan, sobre todo, las humillaciones y vejaciones a las que estaban sometidas, así como el hambre, el frío y los castigos que sufrían si las fugas eran infructuosas.

García tilda de “horrible” la vida en el interior de estos centros. Además, las internas no podían revelar a las demás el motivo de su ingreso. “No teníamos libertad para hablar entre nosotras, en la ducha te controlaban cuánto tiempo tardabas y tu intimidad se veía reducida al váter. Nadie que haya pasado por un reformatorio del Patronato sale igual”, asegura la barcelonesa. Las autolesiones se sucedían. “El cuerpo te pedía generar un dolor físico para olvidar el dolor psíquico que te infringían”, añade. Los intentos de suicidio también eran habituales, así como las fugas.

Robo de bebés y trabajo forzado

Los centros maternales eran uno de los tipos de centros incluidos en el Patronato. “Ahí eran habituales las adopciones forzadas o el robo de bebés. Las mujeres se veían abocadas a ello por las presiones a las que se veían sometidas. Les decían que no serían buenas madres y que, sin medios económicos, no podrían cuidar a sus hijos”, apunta la historiadora. De alguna manera, el Estado y la Iglesia estaban tomando de forma conjunta la decisión de quién podía o no ser buena madre.

La redención también pasaba por el trabajo forzado, cuyo rédito económico administraban las congregaciones religiosas. En algunos casos, recibían formación orientada a oficios considerados femeninos, como el bordado o el zurcido. Según Guillén, sus confecciones eran vendidas incluso a grandes marcas, como El Corte Inglés. “Las religiosas no se enriquecían tanto por ese trabajo, sino que destinaban el dinero a subsistir dentro de los centros, porque siempre estuvieron atravesados por problemas económicos”, agrega la historiadora.

El día de la muerte de Franco, García estaba en las Adoratrices. Pensó que todo iba a cambiar, pero no fue así. “Había ayudado a muchas a fugarse, así que planeé mi fuga, que tenía que ser perfecta, como así fue. El 2 de abril de 1976 me escapé”, recuerda. Sola no podía sobrevivir en Madrid, así que recurrió a una tía. “Terminé en un avión camino de Barcelona. Allí, mi familia me volvió a internar en el Buen Pastor”, comenta. No sabe en qué mes, pero ese mismo año salió definitivamente del Patronato. Sin embargo, sí sabe bien el «cura progre”, tal y como le llama, que la salvó: “Yo debo mi libertad al sacerdote Agustín Viñas Reixach, y se lo agradeceré toda mi vida”.

Un actor clave y casi invisible: la sociedad

Guillén incide en uno de los grandes puntales que sostuvieron al Patronato incluso después de la muerte de Francisco Franco: “La sociedad fue clave. Estaba tan asumido el discurso franquista sobre la mujer que cualquiera que no lo aceptase podría ser señalada por vecinos y familiares». En muchas otras ocasiones, ni siquiera los padres sabían a dónde estaban llevando a sus hijas, quienes luego se comunicaban con ellos por teléfono, con una monja vigilando la conversación, o a través de cartas que salían y entraban abiertas, una vez superada la censura de las religiosas».

No es baladí que en el imaginario social haya arraigado la amenaza hacia los más pequeños de que “si te portas mal te vas a ir con las monjas”. Décadas después, lo que queda todavía es una memoria silenciada que poco a poco recobra el aliento, pero también las secuelas. Guillén ha encontrado un factor común en los testimonios que ha recabado: las mujeres hablan de problemas del tipo ansiedad, depresión y estrés postraumático. Salieron de allí sintiéndose culpables, exclama García. En su caso, el estrés postraumático se materializa en un vértigo enfermizo que le impide montarse en metro o bajar determinadas escaleras sola.

Romper el silencio

Desentrañar lo que significó el Patronato es una empresa complicada. A pesar de que en un primer momento se conservaron 1.183 cajas de documentación, el archivo en el que se encontraban sufrió una inundación. A día de hoy tan solo se conservan 31 cajas. No hay cifras exactas. No hay nombres propios. Guillén estima que, hacia el final de la dictadura franquista, en 1975, había un centenar de centros adscritos al Patronato de Protección de la Mujer. En junio de 2025, la Conferencia Española de Religiosos, que aúna a 403 congregaciones religiosas en España, pidió perdón públicamente a las supervivientes del Patronato.

Cada vez son más las voces que recuerdan aquel periodo de violencia subrepticia, precisamente, para conocer mejor de dónde venimos. Comenzó García en 2009 con sus testimonios en libros como Patronato de protección a la mujer: Origen y pervivencia y Las insurrectas del Patronato de Protección a la Mujer: a la sombra del león. Marta García Carbonell y María Palau Galdón escribieron también Indignas hijas de su patria. Crónicas del Patronato de Protección a la Mujer en el País Valencià, y la productora de podcast Isabel Cadenas dedicó varios capítulos de su programa De eso no se habla al Patronato.

Guillén nació tan solo tres años después del fin del Patronato de Protección a la Mujer, una década después de la muerte del dictador. “Ojalá conocer la historia nos ayude a no repetirla, pero creo que no es cierto. La historia lo que nos ayuda es a entendernos y situarnos en el mundo en el que vivimos. Somos hijas y nietas de esta generación de mujeres y, de alguna forma, llevamos el peso de su historia sobre nuestros hombros”, concluye.

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España es un Estado aconfesional. Así lo dice la Constitución aprobada en 1978. Sin embargo, la religión continúa teniendo un gran peso en los grupos de decisión política y económicos del país, sobre todo la Iglesia católica. Para luchar por la laicidad del Estado nació en 2001 Europa Laica, desde donde un cuarto de siglo después continúan observando cómo hay aspectos que no responden a esa presumible aconfesionalidad. 

En su 25 aniversario, el presidente de la entidad, José Antonio Naz (Almodóvar del Río, Córdoba, 1954), repasa la actualidad política, social y cultural del país. La conversación pivota desde los avances tenues por parte de los gobiernos de Pedro Sánchez en torno a la laicidad a los conciertos de Hakuna o el último disco de Rosalía, pasando por el concordato con el Vaticano, los casos de abusos sexuales a menores en la Iglesia, la red “cristoneofascista” mundial y la espiritualidad en los jóvenes. 

Llevamos casi ocho años de Gobierno progresista, incluso “socialcomunista” según algunos de sus detractores. ¿Se ha avanzado algo en este tiempo hacia la laicidad del Estado?

La nueva junta de Europa Laica, constituida en mayo del año pasado, precisamente partía de un análisis de la situación del momento. Llegamos a la conclusión de que este gobierno mucho hablar, pero poco hacer. En la legislatura de 2019 al menos estaba el compromiso de revisar el concordato con el Vaticano o impulsar una ley de conciencia. También hablaron de llevar a cabo una restitución completa de los bienes inmatriculados por la Iglesia sin certificación oficial alguna, pero al final no realizaron un decreto ley que invalidara la norma aprobada por Aznar, así que cada particular o institución afectada tiene que ir a litigar a los tribunales.

En el actual Gobierno directamente ya no aparece nada relativo a la laicidad. Es algo bastante lamentable. Cuando tenemos conversaciones con los responsables políticos parece que estamos de acuerdo con el planteamiento, pero hay algo, no sabemos muy bien el qué, que hace que luego no se traduzca en legislación.

«En el actual Gobierno directamente ya no aparece nada relativo a la laicidad. Es algo bastante lamentable».

¿Qué aspectos positivos han tenido los ejecutivos presididos por Pedro Sánchez?

Reconocemos que sí se han dado algunos avances más ligados a los derechos individuales y aspectos morales. Más allá de que ya se plantearan bajo gobiernos socialistas la ley del aborto o del matrimonio igualitario, nos alegramos de la ley de eutanasia. El problema está en el desarrollo de estas leyes, sobre todo cuando hay Administraciones autonómicas que rechazan aplicarlas en sus territorios.

¿En qué se puede ver la ligazón Iglesia-Estado a día de hoy?

Se ve muy claro con un ejemplo. El primer funeral en recuerdo a las víctimas de la dana de València fue religioso, y ahí estaban prácticamente todos los representantes públicos del Estado, desde el rey hasta alcaldes. Luego es cierto que hubo otro funeral civil. Digamos que hay un conocimiento moral y lógico de que la Iglesia debería estar separada del Estado, pero luego es incapaz de alejarse de hábitos y tradiciones que directamente beben del nacional-catolicismo franquista.

¿Cómo valoráis las conversaciones del Gobierno con el Vaticano? ¿Y la continuidad del concordato?

El concordato es una aberración, un total anacronismo, algo injustificado e injustificable. De nuevo, reproducimos en democracia unos acuerdos franquistas. Que gobiernos de sociedades modernas tengan que ir a buscar la aprobación de un jefe espiritual como el papa solo significa que sigue existiendo una subordinación y dependencia hacia él.

«Es como si siguiéramos en la época absolutista, donde el papa, como guía espiritual, tuviera poder para decidir en la política de un país».

Se habla mucho de las conversaciones que terminaron con la resignificación del Valle de Cuelgamuros. Ni la gran cruz, símbolo cristiano por excelencia y también de represión y genocidio español, va a desaparecer, ni los benedictinos van a abandonar la basílica. Pensamos que cuando Carmen Calvo visitó el Vaticano para tratar este tema, a cambio ofreció dar carpetazo al tema de las inmatriculaciones. Es como si siguiéramos en la época absolutista, donde el papa, como guía espiritual, tuviera poder para decidir en la política de un país.

Ahora que habla de poder, la Iglesia católica sigue teniendo una gran autoridad en los grupos de decisión política y económica en España. ¿Qué se podría hacer para reducir ese poder?

Vivimos en una sociedad totalmente secularizada y seguimos manteniendo un Estado y una Administración como si estuviéramos en el nacional-catolicismo, y eso no tiene ningún sentido. Sabemos que hay muchos jueces ligados al Opus Dei. Incluso el PSOE tiene una corriente cristiana entre sus filas.

Nosotros creemos que el mayor poder que tiene la Iglesia proviene del propio Estado. Eso se ve claramente con los servicios sociales. Un servicio público se externaliza en gran medida a órdenes religiosas para que lleven a cabo su negocio de la caridad. Gracias a las subvenciones estatales, ellas hacen una labor increíble de propaganda. También pasa en la educación. Mantener los conciertos con escuelas religiosas no son ideas propias de un estado democrático. Acabar con toda esa financiación es una forma de acabar con el problema. Que aquí cada uno crea en lo que quiera, pero que los demás no tengamos que pagar sus creencias.

«Mantener los conciertos con escuelas religiosas no son ideas propias de un estado democrático. Acabar con toda esa financiación es una forma de acabar con el problema».

La Iglesia ha aceptado la responsabilidad que ha tenido como institución no solo en los casos de abusos sexuales a menores durante años, sino también en su ocultación. ¿Es suficiente? ¿El Estado debería seguir teniendo relaciones con una institución así?

La Conferencia Episcopal Española ha sido y sigue siendo una de las más reacias en este tema, y eso que el anterior papa dijo que había que pedir perdón y facilitar la actuación de la justicia. Aquí siempre han ido a remolque. Primero negaron todo, luego lo minimizaron, y han puesto todas las trabas que han podido.

El acuerdo suscrito entre la Conferencia y el Gobierno lo acogen las víctimas con mucha ilusión. Habrá que ver al final cómo la Iglesia se enfrenta a las reparaciones por los daños causados. De todas formas, el Gobierno debería tener las mismas relaciones con la Iglesia como con cualquier otra institución o entidad privada.

¿Qué papel juegan actualmente otras religiones en España?

Son minoritarias, pero sí sirven para que el confesionalismo vaya a más. Es decir, el Estado no se dirige al laicismo, sino al multiconfesionalismo. En este sentido, se dan fenómenos curiosos, por ejemplo, con el Islam. Recuerdo el caso de un ayuntamiento que negó el uso de un polideportivo municipal para un ritual musulmán. Si cede dependencias públicas a otras confesiones, hablamos de islamofobia, está claro. Lo llamativo es que los partidos que en teoría deberían ser laicos salieran en su defensa. Lo público no debe usarse por opciones privadas y particulares, sean quienes sean.

Hace apenas unos días vimos cómo alguien progresista como Zohran Mamdani llegaba a la alcaldía de Nueva York. ¿Qué opinión le merece que se destaque de él que es musulmán?

Es destacable porque un hecho así en Nueva York, Estados Unidos, es anómalo, porque siguen mucho a Dios, que normalmente en cristiano. Sin embargo, el simple hecho de resaltar la religión de un alcalde ya es una muestra de poco laicismo en la política. Este hombre está ahí porque lo han elegido para ser alcalde, no para ejercer como musulmán.

Hay muchos políticos cuyas ideas están contaminadas de preceptos religiosos, sobre todo católicos. Ayuso, en Madrid, se ha negado a realizar el listado de médicos de la sanidad pública objetores de conciencia que no quieren practicar abortos y al que está obligada por ley. ¿España puede estar segura de los “derechos laicos” que ya ha conseguido?

No solo no puede estar segura, sino que quizá vayamos involucionando. Nosotros tenemos mucha relación con la asociación Derecho a morir dignamente y vemos por todas partes la connivencia que hay de poderes ultraconservadores que impiden el poder disfrutar del derecho a la eutanasia, por mucha ley que esté aprobada. Juan José Tamayo, teólogo, define lo que sucede como “cristoneofascismo”, y es un fenómeno mundial.

España parece el centro de experimentación de estas redes ultrarreligiosas con gran poder económico. El Opus Dei o los Legionarios de Cristo Rey, así como Comunión y Liberación, tienen una fuerza grandísima. Y también existen colectivos terroristas de similar orientación, como El Yunque. No es Ayuso únicamente. Todo forma parte de un entramado mucho más extenso y poderoso.

En los últimos tiempos presenciamos artefactos culturales que nos retrotraen al cristianismo de una forma u otra. Ahí quedan los conciertos para miles de personas del grupo católico Hakuna, la película Los domingos, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa y elogiada por grupúsculos como el Opus Dei y los Legionarios de Cristo. Y queda una Rosalía recatada, con velo tapándole el pelo, casi volviendo al monasterio. ¿Qué está pasando?

Hakuna es parte de esta ofensiva religiosa que comentamos. De hecho, fue creado por gente del Opus. El fenómeno Rosalía es otra cosa. Se puede comparar con lo que pasa en Latinoamérica desde hace tiempo, una especie de moda y simbología no relacionada con aspectos religiosos necesariamente. Y sobre la película, lo que es evidente es que proyecta el pensamiento católico más conservador.

El problema yo creo que está en el foco. Según las encuestas, en torno a un 20% de los jóvenes se declaran creyentes de un credo. ¿Por qué no se habla del otro 80%? Hay muchos jóvenes cuya forma de entender la espiritualidad es ser solidarios, actuar por la paz o defender el planeta. Quizá deberíamos mirarlos más a ellos.

De todas formas, parece que hay otros tantos jóvenes que ven la religión como un refugio. ¿Qué les diría a ellos?

Está claro que la espiritualidad de cada uno entra dentro de las reflexiones sobre el mundo que les rodea. Yo les diría que se adentraran en esos pensamientos con independencia, que es la base del laicismo, la libertad de conciencia.

¿Por qué el laicismo ya no está en el debate público? Actualmente, ¿qué tipo de personas militan en el laicismo?

Nosotros estamos haciendo mucha memoria con nuestro 25 aniversario. Hemos visto que el laicismo está ahora mucho más presente que hace dos décadas. Desgraciadamente, lo que sigue sin estar mucho es en la agenda política. Sin embargo, nos percatamos de que, a nivel de reflexión personal y sentimental, el laicismo ha llegado más a la sociedad, quizá porque se ve el peligro que entrañan algunas confesiones con los fundamentalismos y fenómenos radicales de odio.

Creemos que hay que seguir trabajando en esto, porque hay una sociedad secularizada que debe impulsar que esa secularización llegue a los resortes del Estado. El llamamiento más claro que podemos hacer es que cada persona comience a razonar sus pensamientos o acciones, porque en muchos casos actuamos de forma irracional, manteniendo unas costumbres y hábitos sin saber muy bien por qué.

Sobre quiénes militamos en el laicismo, lo hacemos personas reflexivas, tolerantes y de diversas procedencias, ya sea geográficas, profesionales y de estatus económico. En general, el motivo de estar aquí es luchar por una sociedad que avance en modernidad y democracia.

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Fe de errores: originalmente, se escribió Guerrillero de Cristo en lugar de Legionarios de Cristo. Actualización realizada el 27/1/26 gracias al comentario de un lector.

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Abrir la caja de Pandora y dejar escapar hasta la esperanza, una caja que cobija la lucha aguerrida de los antifranquistas en la que la esperanza son sus ansias de una España sin represión y en libertad. Esas son las líneas maestras que el dibujante y guionista de novela gráfica Ángel de la Calle ha seguido en su última obra, La caja de Pandora. Vivir y morir en los tiempos de la Transición (Garbuix Books, 2025). A lo largo de saltos temporales, y en un trabajo que reúne autoficción, biografía y una búsqueda real, personal e incesante, el autor deshila lo atado y bien atado de aquellos años que no fueron tan modélicos como algunos estamentos se empeñan en defender.

Publicada como epílogo a sus dos anteriores cómics, De la Calle, que tenía 17 años cuando murió Francisco Franco, casi se postula como un personaje más de la narración. La cultura, la literatura, el cine del momento, así como las revistas underground, tan presentes en la trama, sirven al dibujante para vertebrar esta historia: “No solo hubo un periodo de cambio, también mucha violencia. Hay gente que califica a la Transición como pacífica y maravillosa, pero hubo decenas de muertos a manos de policías y grupos de extrema derecha”, adelanta.

De la Calle militó en el Partido Comunista de España (PCE) desde los 16 años, cuando todavía era una organización ilegal y clandestina. “Se veía todos los días en los periódicos. Te levantaban una mañana y habían fusilado a cinco personas. Lo que llamaban años de paz eran años de represión, y las detenciones de opositores se repetían continuamente”, recuerda el dibujante. Así lo plasma en su obra, repleta de reproducciones de su puño y letra de portadas de El País, Diario 16, Mundo Obrero o ABC.

Sin un plan por parte de la izquierda

El cómic no pasa por alto este goteo de asesinatos, la mayor parte de ellos impunes. “Recordamos la masacre de Atocha o de Vitoria por el número de muertos, pero los asesinatos se repetían por toda España”, comenta. En aquella época, él se dedicaba a repartir propaganda y hacer pintadas a favor del PCE.

Su desilusión llegó pronto. Apenas algo más de un año después de empezar a militar, De la Calle se apartó del partido. “Estábamos todo el día haciendo cosas, manifestaciones, huelgas, asambleas… Cuando estás en torno a los 20 años no lo ves porque no tienes mucha historia personal detrás, pero me di cuenta de que ninguna izquierda en España tenía un plan marcado para cuando falleciera Franco”, se explaya.

Ese descontento está presente en su novela gráfica. “Demasiado a menudo, la realidad de vivir en una dictadura fascista venía a destruir los sueños adolescentes y las pequeñas fantasías que nos creábamos para sobrevivir, deseando una primavera que no acababa de llegar”, comenta uno de los personajes de la novela gráfica.

De la Calle también introduce en su historia otra trama paralela, la de Shindo Renmei, un grupo de japoneses que operaron en Brasil tras la Segunda Guerra Mundial. Liderados por Eiiti Sakane, llegaron a asesinar a numerosos compatriotas que se negaban a aceptar que su país había sido derrotado en la contienda. Según afirma a La Marea el autor de la obra, se trata de un paralelismo con ETA, una forma de hablar de la banda terrorista sin mencionarla. “Esto tiene cierta interpretación abierta, pero durante mucho tiempo ETA hizo que franquistas y demócratas estuvieran juntos”, opina. 

Crímenes impunes

Sobre la Transición puede hablar largo y tendido Javier Almazán, hermano de Ángel, asesinado por la Policía en una manifestación en Madrid en diciembre de 1976. Trabajaba y estudiaba. Tenía 18 años. Murió después de recibir una paliza en plena calle, culatazos, patadas y golpes en la cabeza incluidos. Javier, portavoz del Colectivo de Olvidados de la Transición (COT), sostiene sin espacio a la duda que “el relato de la modélica Transición es absolutamente falso, tan solo apuntalado por las personas que cimentan su carrera y patrimonio sobre esa idea”.

En un tiempo en el que manifestarse era jugarse la vida, los avances logrados en materia de libertades fueron posibles gracias a la lucha de los opositores al régimen, que en muchos casos encontraron la muerte, el asesinato, como respuesta, según añade Javier. Y así lo muestra De la Calle en su cómic, donde sobresalen los nombres de Javier Verdejo, Arturo Ruiz, Mari Luz Nájera o Yolanda González, al igual que atentados como los que sufrió El País o la revista El Papus.

“Medio siglo después, aquí no ha cambiado gran cosa”, añade Javier. Es lo mismo que aparece en un pasaje de la novela gráfica ambientado en 2017. El protagonista coincide con una periodista que le ayudará en sus averiguaciones. Esta le pregunta a él si todavía hay un rey en España, y si sigue existiendo la Guardia Civil. Responde que sí. Ella dice: “¿Entonces, de qué Transición me hablas?”.

El portavoz del COT incide en que la promulgación de dos leyes de memoria “son una pátina de blancura sobre aquel periodo, y nunca se ha llegado a investigar o condenar a los perpetradores”, y añade: “Aquí, la reparación ni está ni se la espera”. Con la mirada puesta en el futuro, Javier comenta que será difícil que los crímenes sean reconocidos a nivel institucional. El tiempo pasa y los hechos cada vez son menos recientes. “Llega un momento en que uno se pregunta cuánto más hay que esperar para que se reconozcan ciertas cosas. Quizá tengamos que morir toda una generación para que suceda”, abunda.

La Transición a través de la cultura popular

En cuanto a la forma particular de este cómic, en el que aparecen tanto personajes reales como inventados, su dibujante asegura que “la estructura es lo que decide la narración contemporánea de la novela gráfica”, y en este caso está plagada de saltos temporales. La elección del título de los capítulos tampoco es baladí. El primero, La educación sentimental del artista adolescente, un guiño al Retrato del artista adolescente de James Joyce; el segundo, Esta gente qué querrá, título de una de las canciones más conocidas de Elisa Serna; el tercero y último, Vidas paralelas, en referencia a la conversación que mantuvieron Leopoldo María Panero y Eduardo Haro Ibars en La Bobia, un mítico local de la Movida Madrileña, sobre qué sería de ellos en el futuro.

De la Calle lamenta un libro tan largo, pues se acerca a las 250 páginas, pero asegura que es “lo que quería hacer”. Sobre todo, se siente orgulloso de cómo aborda la cultura popular, quizá lo mejor que se hacía en ese momento, tal y como afirma el personaje real de Ignacio Taibo II en la obra. El libro, en este sentido, está atravesado por la búsqueda de otro dibujante del que parece que nadie sabe nada, al que se le ha perdido la pista, y Juan, el protagonista, debe encontrarlo. “Es una historia que cuenta, en definitiva, cómo el verdadero artista y poeta se va a la mierda y aquí gana el que transige. Es triste pero suele ser lo que ocurre”, finaliza el autor del cómic.

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Este reportaje forma parte del dossier dedicado al Sáhara Occidental publicado en #LaMarea108. Puedes descargarte gratuitamente la revista aquí o suscribirte para recibir los próximos números y seguir apoyando el periodismo independiente.

La última semana de septiembre de 2024, los periódicos amanecieron con el titular de que el Ministerio del Interior había denegado la solicitud de asilo internacional a los 10 activistas saharauis que la habían solicitado en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Poco después, todos ellos fueron devueltos a Marruecos. Si son detenidos allí, encontrarán aislamiento, torturas y un abuso continuo de su dignidad, según denuncian diversas organizaciones en defensa de los derechos humanos, a quienes, por otra parte, se les niega el acceso al país.

Hassanna Abba Moulay es el responsable de Relaciones Exteriores de la organización independiente Liga para la Protección de los Presos Saharauis en las Cárceles Marroquíes (LPPS), donde tienen contabilizados a 32 presos políticos saharauis. El detenido que lleva más tiempo encarcelado es Salek El Aseriy, en prisión desde 2004. Moulay habla desde El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental ocupado. Él mismo se encarga de tramitar las denuncias de vulneración de derechos ante las Naciones Unidas. «La situación de los presos saharauis es grave y se deteriora constantemente a pesar de las resoluciones emitidas. El Estado marroquí las ignora sistemáticamente», relata.

Este defensor de los derechos humanos afirma que las prácticas de represalia se han intensificado en los últimos años. Entre estas prácticas, recalca, está la denegación de tratamiento médico y asistencia sanitaria, el confinamiento en régimen de aislamiento prolongado (incluso durante años), la restricción o denegación de visitas familiares y el traslado de los presos a cárceles remotas lejos de sus allegados.

Resistencia civil no violenta

Moulay señala que la principal razón para el encarcelamiento de civiles saharauis es «su activismo pacífico en apoyo de la autodeterminación y su rechazo a la ocupación marroquí del Sáhara Occidental». Él mismo recuerda que desde el inicio de la Intifada por la Independencia en 2005, el pueblo saharaui ha adoptado la resistencia civil no violenta como forma de lucha. Sin embargo, Marruecos ha respondido con «una represión brutal», apuntilla.

Esta represión se ha materializado en la detención de defensores de derechos humanos y periodistas, el enjuiciamiento militar de civiles, montajes policiales y el uso de confesiones obtenidas bajo tortura como prueba en los tribunales, así como la persecución de todos aquellos que documentan las violaciones o denuncian el saqueo de los recursos naturales en el territorio ocupado. Según denuncia, «Marruecos utiliza su sistema judicial como herramienta política para silenciar las voces disidentes y suprimir la libertad de expresión».

Quebrar el espíritu de lucha

Los presos saharauis son objeto de un trato racista y discriminatorio en comparación con los presos marroquíes, además de estar expuestos a la tortura física y psicológica, «especialmente en respuesta a cualquier reivindicación de sus derechos», explica Moulay. Este activista también incide en que se les confiscan libros y correspondencia personal, y se les deniega el acceso a medios de comunicación.

Además, el Estado marroquí «incita a los presos comunes contra ellos, creando un ambiente de amenazas y violencia constantes». Todas estas acciones, defiende el propio Moulay, «no son meramente punitivas, sino que están diseñadas para quebrantar su espíritu y disuadirles de continuar su lucha pacífica dentro de la prisión».

En los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) está Mahfud Bechri, colaborador de Novact, una organización catalana en defensa de los derechos humanos, e integrante de Western Sahara is Not for Sale: «Los únicos contactos que tenemos con los presos son a través de sus familias, que de forma directa e indirecta también sufren la detención de sus seres queridos». Este activista subraya que la prisión más cercana con presos saharauis está a casi 1.000 kilómetros de El Aaiún.

Bechri critica que Marruecos niega la condición de presos políticos a los 60 saharauis encarcelados que asegura tener localizados en la actualidad. Esta realidad crea un caldo de cultivo condimentado con un miedo enorme que sufre el pueblo saharaui a la hora de reivindicar su derecho de autodeterminación, amparado por la ONU. «Muchos activistas me han dicho que prefieren dar un paso atrás por el daño que el Estado marroquí puede hacer a sus familias, a quienes estrangulan económicamente o les allanan la casa», comenta.

Marruecos es impenetrable

En este sentido, Moulay enfatiza que el papel de las organizaciones internacionales es «crucial» a la hora de supervisar las violaciones cometidas contra los presos saharauis. Alfonso López, coordinador de la estrategia de trabajo para el norte de África en Amnistía Internacional (AI), denuncia que no se les permite el paso a Marruecos para poder investigar lo que sucede en sus cárceles. «Y mucho menos ir al Sáhara Occidental», detalla.

Este miembro de AI destaca que «los presos saharauis están sometidos a un hostigamiento continuo» mientras que «Marruecos actúa sin ningún tipo de oposición por parte de ninguna autoridad que pueda vigilar si se respetan los derechos humanos en su territorio».

Así, se suceden las violaciones de derechos por parte de un Marruecos que no se somete a ningún control internacional. Mientras tanto, los integrantes de la LPPS siguen poniendo en riesgo incluso su vida para reclamar la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos saharauis; el reconocimiento de que sus juicios fueron ilegales, basados en pruebas obtenidas bajo tortura o falsificadas; la apertura de una investigación internacional independiente sobre las circunstancias de su detención, encarcelamiento y juicio; y una mejora de las condiciones carcelarias hasta su liberación.

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Sabía que a través de la educación correcta, una en la que hubiera espacio para el disfrute, la exploración, la higiene, el deporte y la ciencia al servicio de la clase obrera, un mundo nuevo podría florecer de los corazones de los niños y las niñas. Por eso creó la Escuela Moderna en Barcelona, que funcionó de 1901 a 1906. Francisco Ferrer Guardia, pedagogo, republicano, anarquista, ateo, masón, murió fusilado el 13 de octubre de 1909 tras someterse a un juicio en el que no se respetaron sus garantías procesales. Falsamente acusado de instigar la revuelta barcelonesa entre julio y agosto de ese año contra el alistamiento obligatorio para la guerra de Marruecos, la Justicia arrebató a España una de sus mentes más innovadoras, y peligrosas para el régimen. 

Ahora, el Teatro La Abadía de Madrid recupera la vida de Ferrer Guardia en una obra original escrita por el dramaturgo belga Jean-Claude Idée y adaptada por José Luis Gómez. La función no rehúye ninguno de los pasajes más señeros de la vida del pedagogo a través de la interpretación de un elenco formado por Ernesto Arias, Jesús Barranco, David Luque y Lidia Otón. Todos ellos ocupan las tablas coronados por una gran campana que pende de la cúpula de La Abadía y en un continuo juego de pupitres convertidos en bancos de celda, bancos de iglesia y bancos de tribunal, sobre un suelo de arena negra y frente a una pared enladrillada.

Según introduce Gómez, director de la obra y académico de la RAE, la Escuela Moderna fue entendida por los poderes como algo peligroso porque hacía que los niños y niñas fueran educados de forma laica, en la misma clase pobres y ricos, sin distinción de sexos, todas y todos enseñados desde la libertad y sin castigos. “Buscaba formar personas libres, justas, alegres, capaces de tener un sentido crítico de la vida y que trabajaran por una sociedad mejor”, tal y como respondió a EFE, uno de los poquísimos medios que ha atendido debido a su elevada edad de 86 años.

La educación como palanca de cambio social

El director sintetiza la vocación de la Escuela Moderna en unas palabras pronunciadas por el propio Ferrer Guardia sobre el escenario: “Debe proteger al niño de todo dogma y de toda idea preconcebida. Ayudarle a convertirse en una persona instruida, sincera, justa y libre, capaz de entender que no hay deber sin derecho, ni derecho sin deber”. 

La clásica del pensamiento anarquista Emma Goldman se retrotrae todavía más a la hora de comentar cómo crear una juventud libre y sana: “Sólo cuando las necesidades materiales, la higiene del hogar y el ambiente intelectual son armoniosos, puede el niño crecer como un ser saludable y libre”, escribió en un artículo que dedica a este proyecto educativo publicado en 1911 en Mother Earth y recogido en La palabra como arma.

Pere Solà, catedrático emérito de Historia de la Educación de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), explica que los alumnos de la Escuela Moderna eran hijos de funcionarios o sindicalistas, lo que él considera “aristocracia obrera”. Sin embargo, Ferrer Guardia también impulsó las clases para adultos, que en muchos casos se realizaban en horario nocturno. “Dio un gran impulso a la hora de concebir la educación como la palanca esencial para el cambio social, algo que entendieron muy bien los anarcosindicalistas, que replicaron estas escuelas racionalistas”, añade este especialista, autor de El cuaderno de celda de Ferrer Guardia.

Las ideas de Ferrer Guardia preconizaban un mundo de igualdad, fraternidad y libertad, los principios humanistas en los que basaba sus métodos educativos, ligados a la doctrina de Rousseau, que con tanto entusiasmo admiraba. Según apunta Caterina Lloret, profesora de la Universidad de Barcelona ya fallecida, en el prólogo de La Escuela Moderna (El Viejo Topo, 2016), en donde el también escritor plasmó sus más grandes aspiraciones educativas, la peligrosidad social que representaba para el régimen monárquico estaba enraizada en algunos preceptos de su pensamiento: denuncia de los aspectos más retrógrados y opresivos de la Iglesia y del Estado; introducción del darwinismo y del pensamiento evolucionista en el estudio de las ciencias; y antimilitarismo.

Su impronta continuó muchos años después de la clausura de la Escuela de la calle Bailén, que se efectuó por motivos no relacionados con la enseñanza. Aquí jugó un papel determinante la Editorial de la Escuela Moderna, espacio en el que colaboraban otros teóricos del anarquismo como Anselmo Lorenzo y de donde salían unos textos que pretendían acercar al niño a la vida real, que le aportasen elementos de crítica social y que recogieran los avances de la renovación pedagógica, determina Lloret.

Instigador de la Semana Trágica de Barcelona

De este modo, el obrar del catalán siempre estuvo marcado por la idea de que la educación era un factor político de primer orden. Y eso fue lo que lo condenó. En 1909, el Gobierno dirigido por el conservador Antonio Maura y la monarquía consiguieron lo que más ansiaban: una excusa torticera para apresarlo y fusilarlo. La Semana Trágica de Barcelona comenzó en julio por la sublevación de las gentes más pobres que se negaban a ir a la guerra de Marruecos, de la que los más ricos sí podían librarse. Lo acusaron de instigarlas. Algo parecido ya habían intentado en 1906, cuando el anarquista Mateo Morral, antiguo alumno de la Escuela Moderna, atentó contra Alfonso XIII el día de su boda, el 31 de mayo.

El Ministerio de la Gobernación se sentía orgulloso de la detención. Tal y como recoge Vida, proceso y muerte de Francisco Ferrer Guardia (William Archer, 2010), dieron abundantes recompensas a sus supuestos captores. El alcalde de Alella, pueblo natal de Ferrer Guardia, fue nombrado comandante de la Orden de Isabel la Católica, a lo que se sumaron otros homenajes, distinciones y dinero en efectivo que fue a parar a hasta ocho personas que aseguraron haber participado en el arresto del pedagogo, que en el momento de su detención tenía por toda arma una cámara fotográfica.

El Gobierno decidió someter al pedagogo a un juicio militar en el que no se respetaron las garantías a las que tenía derecho como acusado. Señalamientos falaces, testimonios tergiversados y pruebas falsas condujeron a Ferrer Guardia a una condena preestablecida de antemano: la pena de muerte. Ni siquiera los esfuerzos ímprobos y hasta cierto punto llamativos de su abogado defensor, también militar, consiguieron salvarlo. Murió asesinado, fusilado, en Montjuic el 13 de octubre de 1909. Le permitieron morir de pie, aunque no lo dejaron hacerlo con los ojos destapados. Maura, presidente del Gobierno, tuvo que dimitir a finales de 1909 por la represión ejercida contra los obreros barceloneses y, en particular, contra el pedagogo.

Un disparo final

“En realidad, lo juzgaron por toda una trayectoria personal y su actividad política a través de la educación. En cierto modo, se le acusó de ser el corruptor de la juventud a través de la educación”, sintetiza Solà. Goldman también escribió sobre el desenlace fatal: “Francisco Ferrer quedó marcado. Desde el día de la apertura de la escuela, fue vigilado. El edificio de la escuela fue acechado; su pequeña casa en Mangat fue acechada. Se le seguía cada movimiento, incluso cuando acudía a Francia o Inglaterra para conferenciar con sus colegas. Fue un hombre marcado, y sólo era cuestión de tiempo que el acechante enemigo apretara el nudo corredizo”.

La obra dirigida por Gómez y que se podrá disfrutar en La Abadía hasta el 7 de diciembre termina con un disparo. El mismo disparo efectuado por el régimen a un hombre que intentó renovar la pedagogía desde abajo. El mismo hombre que, tras llamar Trinidad a su primera hija, se decantó por los nombres de Luz, Paz y Sol para las tres siguientes. 

El actor Ernesto Arias, que encarna a Ferrer Guardia, lo dice en la obra: “Un pueblo ignorante que se subleva, aunque triunfe momentáneamente, será incapaz de conservar sus derechos”. Lo dice Goldamn en sus escritos: “La conciencia de saber que sus ejecutores representaban una era moribunda y que él era la verdad naciente, lo mantuvo en los últimos momento heroicos”. La condena injusta que recibió Ferrer Guardia todavía no ha sido revocada. Su legado dejó decenas de escuelas racionalistas que siguieron su ideario en España, Francia y Bélgica.

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La Coordinadora Juvenil Socialista (CJS) reunió en torno a un millar de personas en la plaza del Campillo del Nuevo Mundo el pasado 22 de noviembre, en Madrid. Entre sus objetivos, reivindicar el legado comunista que aseguran les precede y exhibir músculo organizativo.

“Vamos a plantar cara al fascismo en cualquiera de sus formas”, señaló Marta Hernández, portavoz del Colectivo, a La Marea minutos antes del comienzo de la concentración, a las 21 horas. “Queremos reivindicar la memoria revolucionaria de las cientos de miles de trabajadoras que dieron no solo su libertad, sino su vida en muchos casos, para luchar contra la dictadura franquista”, añadió Hernández.

La movilización incluyó interpretaciones musicales y dos discursos leídos con efusividad y determinación a modo de mitin por parte de miembros de la CJS, colectivo integrado en el Movimiento Socialista. Los pronunciamientos han estado dirigidos de forma directa a explicar cómo “los trabajadores que lucharon contra el régimen franquista no lo hicieron por un régimen como el que tenemos ahora; lo hacían por un futuro en el que no hubiera explotación ni opresión de ningún tipo”, en palabras de la portavoz.

La del sábado es la primera convocatoria que la CJS realiza en materia de memoria democrática, apenas unos días después de este 20 de noviembre, cuando se han cumplido 50 años de la muerte de Francisco Franco. Tal y como ha subrayado Hernández, “como juventud trabajadora nos sentimos en la obligación de dar un paso adelante con la intención de demostrar que somos más, que estamos organizadas y vamos a combatir al fascismo donde y como haga falta”.

Desde la perspectiva esgrimida por la CJS, “el poder económico y político de la dictadura se mantiene en la burguesía actual, y aunque haya habido cierto avance en derechos y libertades, no se ha dado una ruptura plena con el régimen franquista”. Por otra parte, el aspecto memorialista ha estado presente en la movilización cuando varios militantes de la Coordinadora han exhibido los rostros de personas que fallecieron durante la transición, tales como Arturo Ruiz, Luis Montero, Yolanda González, Vicente Basanta, María Luz Nájera, Juan Mañas, Carlos González y Luis Cobo.

Escenario de reacción y fascismo totalitario

Por otro lado, Hernández ha asegurado que no es cierta “la idea que se quiere construir de una juventud apática, conservadora y desmovilizada”. Sin embargo, ha alertado del auge reaccionario que experimenta la sociedad en su conjunto. Así lo ha explicado: “Expresiones que durante años eran parte de la derechización de la sociedad, en momentos de crisis como estos crecen exponencialmente y se radicalizan. Lo vemos con el racismo, el clasismo o el machismo”.

Su propuesta basa sus raíces en un análisis de lo que desde la CJS denominan “crisis histórica del capitalismo y la ofensiva que conduce a un escenario de reacción y fascismo totalitario en Europa«. Por eso, consideran que “para que haya una alternativa para la clase obrera, no se puede confiar en el capitalismo ni en los partidos que lo apuntalan”. Así pues, el Colectivo ahora se enfoca en “recomponer un partido político y un programa revolucionario que permita avances reales enmarcados en la ruptura con el régimen franquista y el surgido tras la Transición”, en palabras de la portavoz.

Críticas a la actual clase política

Estos comentarios vertidos por Hernández han sido las líneas maestras que más tarde han desarrollado en los dos discursos que han retumbado en la plaza después de escuchar una versión en directo de Mami que voy pa’ la mani de Gata Cattana.

“Franco y su bando tenían un programa muy claro: aplastar a la clase trabajadora y sus esperanzas de cambio. Volver a asentar el orden capitalista amenazado. Y durante 40 años cumplió ese programa a sangre y fuego. Fue la dictadura de los señoritos, de los generales, de los obispos y los burgueses”, afirmó el primer militante del colectivo que se dirigió a los concentrados. Detrás de él, el mensaje escrito de “romper lo atado y bien atado”; delante, en torno a 1.000 personas, según la Coordinadora, que aplaudían y agitaban sus banderas rojas iluminadas por las bengalas rojas que prendieron en dos ocasiones.

Asimismo, el joven comunista también denunció la reforma política auspiciada tras la muerte del dictador en 1975: “Tras 40 años de terror franquista estas mismas élites entendieron que hacía falta un nuevo pacto social y político”. En este sentido, recordó que “la alternativa que se ofreció al pueblo trabajador fue: o monarquía parlamentaria con el heredero de Franco a la cabeza, o un nuevo golpe militar fascista”.

La oradora de la CJS, que al igual que su compañero articuló su discurso sin apenas bajar la mirada para leer los papeles, añadió que “quienes dieron su vida en las trincheras, en las fábricas, en las cárceles y en el exilio no lucharon por ver a Ábalos o Cerdán en el poder. La lucha de los que nos precedieron era una lucha por un horizonte sin cadenas, una lucha por la revolución”.

En cuanto al auge reaccionario en la sociedad, esta militante de la CJS afirmó que “la falsa política de oportunistas y burócratas luchando por sillones es la que crea el campo para el avance del fascismo”. Asimismo, se pronunció “contra el giro autoritario y la amenaza fascista, contra una vida atada a trabajar para enriquecer a nuestros jefes, contra el imperialismo genocida y sus guerras”.

El acto llegó a su fin con la interpretación por parte de un coro de algunas canciones clásicas de la Guerra Civil y del antifascismo. Entre ellas, Gallo negro gallo rojo y En la plaza de mi pueblo, esta última acompañada por las palmas y las voces de los concentrados. Eran ya las 22.15 horas cuando plegaron las banderas rojas y los asistentes vaciaron la plaza del Campillo del Nuevo Mundo.

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CUELGAMUROS (Madrid) | “Es imposible la resignificación mientras este lugar siga sacralizado, con los monjes benedictinos en su interior y con la mayor cruz cristiana de Europa”. Así se ha pronunciado Miguel Ángel Muga, presidente del Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, en la protesta que ha tenido lugar esta mañana a las puertas del Valle de Cuelgamuros. Como vienen repitiendo desde hace 20 años, cuando el Foro Social de la Sierra de Guadarrama inauguró esta movilización, los colectivos han reclamado una verdadera política de memoria al Gobierno presidido por Pedro Sánchez, y han criticado el proyecto que en teoría resignificará uno de los espacios convertidos en epicentro de la apología franquista.

Los convocantes -los foros mencionados y la Comuna de Expresos y Represaliados del Franquismo, con el apoyo de la Coordinadora Antifascista de Madrid- han cifrado el seguimiento de la concentración en 120 personas, que han llegado de diversos puntos de la región. La movilización, que ha comenzado a las 12.00 horas, ha estado salpicada por gritos de “arriba España” y “viva Cristo Rey” que procedían de varios coches que pasaban por la zona; también por vivas a la república y gritos de “abajo el fascismo” proferidos por conductores de otros vehículos.

“Han aprobado dos leyes de Memoria pero la ligazón entre política e Iglesia sigue vigente con las negociaciones que ha mantenido el Gobierno con la Iglesia Católica para mantener la cruz y a los benedictinos”, ha expresado Muga a La Marea mientras los presentes, ubicados en una cuneta a unos 50 metros de la entrada al Valle, agradecían los rayos de sol que competían con el viento frío de la sierra. La concentración, liderada por una pancarta con el lema “Verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo”, ha estado en todo momento flanqueada por varios coches de la Guardia Civil, y se ha situado a la entrada de una finca privada que advierte del “ganado bravo” que hay en su interior.

El presidente del Foro por la Memoria ha criticado que el proyecto La Base y la Cruz, firmado por Pereda Pérez Arquitectos y Lignum, y al que el Ejecutivo de coalición dedicará 31 millones de euros, “no es un proyecto de resignificación, sino meramente arquitectónico y de una parte del valle”. Ha basado su postura en factores como que el concurso de ideas haya sido liderado por el Ministerio de Vivienda, y no por el de Memoria Democrática.

Mientras se escuchaban cánticos como “sin memoria no hay democracia” y “los benedictinos protegen a asesinos”, Muga ha resaltado que “desde el punto de vista democrático, no existe resignificación posible si las víctimas no obtenemos justicia, verdad y reparación”. En este sentido, también ha denunciado que desde el Gobierno no se han escuchado las reivindicaciones de ninguna asociación memorialista a la hora de plantear la pretendida resignificación.

Desde el Foro por la Memoria consideran insuficientes gestos como la salida de los cuerpos de Franco y Primo de Rivera de la basílica, así como el cambio de nomenclatura, de Valle de los Caídos a Valle de Cuelgamuros, aunque muchas de las señales de tráfico en las inmediaciones que conducen al enclave todavía no han sido renovadas. “Un espacio de memoria es lo que hay en la Escuela de Mecánica de la Armada en Buenos Aires, un lugar horroroso donde se torturaba y asesinaba a opositores al régimen, no lo que quieren hacer aquí”, ha comparado el mismo Muga.

Alianza que perdura

Entre las principales críticas de las tres asociaciones convocantes está el mantenimiento de la gran cruz de más de 152 metros que el dictador mandó construir para coronar el enclave. “Tenemos el mayor símbolo cristiano por encima de miles de republicanos asesinados por la dictadura en crímenes de lesa humanidad, y ahora dejan que la misma orden que Franco puso en el lugar, y a la que encomendó su salvaguarda, siga en él”, ha desarrollado el activista por la memoria.

La alianza entre Iglesia y Estado, tan explotada por el franquismo y, más tarde, mantenida por diversos gobiernos de la democracia española, es otra de las cuestiones más criticadas por estas asociaciones. En palabras del mismo Muga, “un lugar sacralizado no puede ser un espacio de memoria si atendemos a la función que tuvo la Iglesia, que apoyó el golpe de Estado de 1936 y la dictadura durante casi 40 años”.

Primero verdad, luego justicia

Juan Carlos Pérez, portavoz de La Comuna de presos y presas y represaliados y represaliadas por la dictadura franquista, ha añadido que se movilizan para reivindicar “que haya justicia, aunque para eso tiene que haber una recuperación de la verdad, y la verdad es lo más oculto que hay en Cuelgamuros”. Este memorialista ha recordado que la basílica y la gran cruz fueron construidas con trabajo esclavo de presos republicanos y que muchos de ellos fallecieron durante el proceso.

El propio Pérez, más conocido como Hereje, ha tildado de “timorata” la operación que ha realizado el Gobierno central: “Parece que tienen miedo a Franco. Eso prueba que el dictador murió, pero el franquismo sigue vivo”. La Comuna lleva una década asistiendo los sábados más cercanos a cada 20-N a este lugar para expresar sus reclamaciones, aunque la movilización existe desde hace 20 años, cuando comenzaron a repetirla desde el Foro Social de la Sierra de Guadarrama.

Resignificación equivale a conservación

La idea de resignificar este tipo de espacios no es nueva. Daniel Palacios González, autor de ¿Quién tiene derecho al monumento? (Katakrak, 2025) junto a José María Durán Pedraño, comenta que “todo lo que se ha venido llamando resignificación no es otra cosa más que una excusa para la conservación”. Este historiador del arte sostiene que la resignificación es “una manera muy oportunista de un grupo de personas en la élite que quieren convencernos de que esa es la solución para un monumento que representa tal agravio como el Valle”.

El también investigador de la UNED defiende que “la idea de la resignificación para los colectivos de víctimas es una farsa”. Asimismo, incide en el agravio comparativo que supone el destino de más de 30 millones de euros públicos a este proyecto “mientras en el cementerio de Paterna, con uno de los conjuntos de fosas más grandes del Estado, no se puede completar su memorial porque está desfinanciado”.

Palacios afirma tajante que “si continúa existiendo la cruz y la basílica no es solo porque sobrevivan los monumentos al fascismo español, sino porque también lo hacen aquellos conglomerados económicos, jurídicos y políticos heredados de la dictadura”.

Un franquismo vivo con Franco muerto

En torno a las 13.00 horas, los presentes a las puertas del Valle de Cuelgamuros han escuchado con atención las palabras que cada asociación memorialista ha preparado para la ocasión y en las que se destilaban sus principales exigencias al Ejecutivo. Miguel Montanya, integrante del Foro Social de la Sierra de Guadarrama, ha reivindicado que “no se necesita construir sobre lo ya construido, sino una destrucción de forma selectiva”. Tras las intervenciones, los concentrados han levantado el puño para entonar La Internacional.

La gente empezaba a irse del lugar cuando Muga, el presidente del Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, ha declarado: “Llevamos 50 años sin Franco y 50 años de impunidad en los que algunos siguen ejerciendo ese trabajo para ir en contra de la democracia y de la gente de izquierdas, y en los que ni uno de los perpetradores franquistas ha terminado condenado por la justicia”. Un año más, en el mismo lugar de siempre, tan solo quedaba un único eco: “Somos la memoria de vuestros crímenes”.

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La normalización del uso de aplicaciones tecnológicas en las aulas sin un debate previo en profundidad ha conllevado que muchas familias se nieguen a su uso. Lo que podría parecer banal por lo extendido que está en la sociedad o lo fácil que es su manejo, adquiere una connotación problemática cuando lo que está en juego son los datos de los menores. Desde edades tempranas, las niñas y los niños se ven totalmente dirigidos hacia las plataformas estadounidenses con base en Silicon Valley.

A pesar de que los expertos explican una y otra vez que existen alternativas de software libre, es la Administración pública la que apuesta por empresas como Microsoft y Google para gestionar el intercambio de información y los miles de dispositivos tecnológicos con los que cuenta. Frente a ello, cada vez más familias se organizan, hablan con los centros y con otros padres y madres para intentar revertir esta dinámica que ya está saliendo muy cara a nivel de privacidad y soberanía de los datos.

Joan Sentís vive en L’Escala, un municipio de la Costa Brava, y tiene un hijo de 10 años que acude a un colegio de la localidad. «Fui coordinador de informática en dos centros educativos en el momento en el que todo esto empezaba a entrar en las aulas. Yo introduje Google y un compañero informático me dijo que nos estábamos equivocando. En aquel momento no lo vi, pero ahora sí sé por qué lo decía», declara este docente de música ya jubilado.

Cuando el colegio al que acude su hijo le comunicó hace dos años que crearían una cuenta a su nombre en un servidor de Google, Sentís se opuso. Tenía una postura tan clara que incluso llegó a esbozar una carta para aquellos «objetores digitales», tal y como los denominó, para comunicar al centro que sería la propia familia quien se encargaría de crear y gestionar el correo electrónico y la identidad digital de sus hijos e hijas. En esa misiva, que tan solo secundaron dos familias, explicaba que «el proceso de digitalización en la enseñanza se lleva a cabo contra la evidencia de que el uso de pantallas por los estudiantes hace difícil su desarrollo intelectual e incluso emocional».

Además, los firmantes recalcaban que el Departamento de Educación contrata los servicios de empresas como Google para apoyar el despliegue centralizado del plan de estudios digital, pero «resulta que la educación pública y las empresas tienen intereses opuestos», apuntillaban. Según entendían, «uno de los objetivos de la educación es formar personas libres y llevadas por el autogobierno, y el de las corporaciones es capturar clientes y mantenerlos leales a su negocio».

Sentís lo sigue creyendo: «Me parece mal ética y políticamente que una Administración pública, y más la educativa, meta a miles de niños en el redil de una empresa privada de Estados Unidos que no cumple con el reglamento europeo de protección de datos».

La colonización del día a día educativo llega con acciones tan simples como una actividad de comprensión lectora. «Los textos están libres en la red, el profesor los descarga en formato PDF y lo mete en una carpeta de la nube que utilizan en la clase, y avisa por correo a los niños de que tienen que hacerla. Es tan irónico que están encerrando una cosa que ya estaba en abierto en Internet», ilustra Sentís, quien defiende que «los docentes deben utilizar estándares abiertos siempre».

Su hijo no tiene cuenta en Google. Tan solo un correo alojado en Protonmail y un perfil en Neocities, un espacio web en el que tiene un blog. Además, alerta de que «este fenómeno está castigando a las familias más humildes y con menos recursos económicos, mucho más cautivas de la pantallización».

Uso de los datos

Marc Bria vive en Sabadell, acumula 30 años de experiencia ligada a los proyectos de software libre y ciencia abierta y tiene dos hijas que ya están en el instituto. Su lucha comenzó hace años, durante la infancia de éstas, cuando el centro educativo al que asistían impulsó la introducción de estas plataformas. Lo primero que comenta es que el punto de inflexión en esta dinámica llegó con la pandemia, algo en lo que coinciden el resto de entrevistados. «La Administración pública se volcó no solo con herramientas de Google, sino también de Microsoft, y sin hacer una reflexión sobre qué pasaba con la soberanía de los datos y el conocimiento que tiene la propia Administración de las herramientas que utiliza», explica.

Este experto alerta del primer problema que se encuentra ante el uso de herramientas de Google por los más pequeños: la privacidad. «En los acuerdos firmados entre las empresas y las consejerías no hay ninguna cláusula que explique claramente qué uso le van a dar a los datos personales de los niños», critica. 

A su entender, deberían primar el uso de aplicaciones de software libre como Moodle frente a Google Classroom. «Lo hacen porque es más barato y fácil. De otra forma, eres tú quien tiene que ser soberano y mantener la plataforma», añade. En consecuencia, la Administración se decanta por externalizar un servicio que se torna crucial en el devenir social, político y económico, como es el de la tecnología.

Bria advierte de la estrategia que esconden estas grandes corporaciones. Así lo desarrolla: «Te ofrecen las herramientas gratis al principio y así te crean una dependencia a ellas enorme. Cuando quieran, empezarán a cobrar por ellas o a limitar los servicios, los usuarios o el número de conexiones. Ahí está su negocio».

Este especialista en software libre aclara que utilizar herramientas de este tipo aumentaría el mantenimiento del know how, es decir, el conocimiento dentro de la Administración sobre el uso de cualquier aplicación propia. «Así, en caso de que cierren o de que cambien su modelo, se evitaría que no quede otro remedio que comerse con patatas cualquier cosa que te quieran vender», apuntilla.

Qué aplicación usar

Como padre, Bria tuvo que autorizar la creación de una cuenta en Google para sus hijas pequeñas. «Es un consentimiento disfrazado de obligación, porque si no es muy complicado seguir las clases», sostiene. Cerca de esta opinión se ubica David Artero, que ya le ve las orejas al lobo desde València. Tiene un hijo de cinco años, es informático y trabaja para una Administración pública, aunque prefiere no concretar cuál. «Conozco el tema desde dentro», dice para comenzar su diatriba.

Él también critica que, tras la pandemia del coronavirus, la Administración no haya apostado por la creación de aplicaciones propias basadas en software libre. «Hay que tener claro que los datos que cada uno genera forman parte de la identidad de cada persona, y aquí estamos hablando de miles de menores de edad», profundiza. 

Este año, el hijo de Artero comenzará Primaria y tendrá una tablet a través de la cual acceder a una plataforma educativa. «Llegado el momento le crearán una cuenta en Google, sin apenas objeción posible. Por lo que me he informado, desde los colegios poco se puede hacer, aunque siempre hay otros con trabajadores voluntariosos que intentan sacar adelante alternativas tecnológicas», añade.

A este informático tampoco se le escapa que el uso de las aplicaciones tecnológicas de las grandes empresas estadounidenses es otra forma de educar: «La mayor parte de los chavales no se especializarán en este sector, por lo que solo conocerán las herramientas que han mamado desde pequeños, con las que se van a sentir más cómodos. La concienciación, que puede ser una variable a tener en cuenta en los adultos, no lo es tanto en los chiquillos».

Artero admite que todavía no ha comentado la cuestión en profundidad con otros padres del colegio. «Otro problema que existe es la falta de personal dedicado en exclusiva a este tema en los centros. Si hubiera más informáticos, se podrían crear estupendas aplicaciones tecnológicas basadas en software libre que se podrían compartir entre administraciones», remata.

Digitalizar = privatizar

Lo que comentan Sentís, Bria y Artero no es nuevo. El investigador y autor de Utopías digitales (editado por Verso Libros) Ekaitz Cancela lleva años estudiando el asunto. «La entrada de las grandes plataformas tecnológicas en el ámbito educativo se enmarca en las políticas de austeridad. Al tener los gobiernos menos poder de inversión pública, hacen equilibrios para garantizar las necesidades del capital al mismo tiempo que mantienen la legitimidad del Estado del bienestar», dice el experto.

Según prosigue, «estas herramientas a largo plazo generan dependencias en las que cada día que pasa corremos el riesgo de que no haya vuelta atrás». En un momento en que todo es carne de privatización y en que todo depende de los servidores en la nube o de la inteligencia artificial que estas mismas empresas proveen, la sociedad se puede llegar a ver atrapada.

Cancela considera que «las familias de los estudiantes son una de las comunidades que mejor han sabido politizarse y entender el desafío». Serían ellas la punta de lanza en esta lucha en la que la sociedad se juega que las futuras generaciones ya no sean capaces de pensar en otras tecnologías fuera de los modelos propietarios. «Hay que tener cuidado con esa idea neoliberal que nos venden de que somos “consumidores soberanos” cuando en realidad siempre estamos atados a los servicios que ofertan desde Silicon Valley», advierte.

El investigador detalla otro de los problemas que acarrea el uso de Microsoft por parte de los más pequeños: «En esa plataforma conviven herramientas pedagógicas pero también de control a los trabajadores. Así se naturalizan desde edades tempranas los amplios procesos de control de la fuerza de trabajo». Cancela opina que los Estados deberían empezar a invertir muchos más recursos en ser soberanos tecnológicamente. «Si no, no podremos revertir la dinámica actual en la que digitalizar casi siempre es sinónimo de privatizar», concluye. 

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