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Radio Almaina - El Canto de la Tripulación nº57: En el manantial de soledad con Las Nuestras

Llevan años investigando este asunto y llevan años dando el mismo argumento. “La que ha cambiado su versión varias veces ha sido la Iglesia”, dice Antonio Manuel Rodríguez, escritor, poeta, compositor, andaluz y tantas otras cosas bellas que compagina con su trabajo como profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba. Junto con el periodista Aristóteles Moreno, acaban de publicar El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia. La Mezquita de Córdoba y otros casos de libro (Akal), un ensayo en el que explican de manera pedagógica, sin eufemismos, por qué estamos ante un escándalo y por qué debería importarnos. “La Iglesia dijo primero que la Mezquita era suya porque en el año 1236 se consagró. Nosotros le respondimos: ‘Perdona, pero es que la consagración no es una forma de adquirir el dominio’. No vaya a ser que mañana venga un cura a tu casa, la bendiga y la inscriba a su nombre”, explica con sorna Antonio Manuel. 

“Entonces dijeron que la adquirieron por usucapión, por poseerla en el tiempo –prosigue el profesor–. Pero claro, uno adquiere por posesión en el tiempo lo que no es suyo. ¿De quién era antes? Así que vuelven a cambiar de versión. Fue una donación. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde está el documento? Recurren a la donación porque de esa manera convierten el bien en privado, una trampa jurídica”. 

El argumento de los autores y de los grupos que vienen peleando por la recuperación de esos bienes como patrimonio público no ha cambiado y, como explica Aristóteles Moreno, se apuntala todavía más con nuevos datos sobre el monumento cordobés incluidos en este libro: los bienes de la Iglesia siempre fueron bienes del Estado, nunca bienes privados. O, dicho de otra manera: la Mezquita siempre ha sido un bien de dominio público. Se puede decir de esta forma también: es una incongruencia jurídica, una inconstitucionalidad que, siendo un bien de dominio público, esté registrada a nombre de la Iglesia.

Comienzan el libro con una cita de Shakespeare: “Los hombres poderosos tienen manos que alcanzan lejos”. Porque, aunque hablamos de la Iglesia, aquí no hay dioses. ¿Estamos hablando de hombres que quieren dinero, que quieren poder? ¿Por qué hace esto la Iglesia? ¿De qué estamos hablando?

Antonio Manuel Rodríguez: Yo creo que en esa cita se condensan los dos pilares de este libro, que son hombres y que quieren poder. No tanto dinero. Pero sí poder. Estamos convencidos de que el acaparamiento de bienes inmuebles de incalculable valor se da para ser poderoso, para poder interactuar con otros poderosos de tú a tú, especialmente con el Estado. La jerarquía católica, compuesta de hombres, se ha apropiado de más del 80% del patrimonio histórico del Estado español. Eso significa que, cuando se sienta a negociar con el Estado, lo hace de tú a tú. Y eso se ha conseguido porque el Estado no ha hecho lo que tenía que haber hecho. Es decir, no declaró la inconstitucionalidad de una norma franquista en 1978. Desde entonces, hasta hoy. 

No hay eufemismos en este ensayo: el mayor expolio patrimonial de la historia de España, por un lado. Y, por otro, el Estado franquista y la Iglesia eran la misma cosa, que a veces se olvida.

Aristóteles Moreno: Realmente el libro pone de manifiesto un hecho histórico en este país: la Iglesia de tiempo inmemorial, del siglo XIII aproximadamente, ha sido un poder incrustado en el Estado y esa herencia se viene arrastrando hasta hoy. Yo creo que la Iglesia católica se apropia de todos esos bienes porque realmente sigue pensando y operando como si fuera un poder del Antiguo Régimen. Lo hace, además, usando un privilegio que, lamentablemente, ha quedado fosilizado en la legislación española, un privilegio que le ha atribuido la capacidad de autoridad pública. Y, a partir de ahí, ha logrado, con la pasividad sorprendente de la Administración moderna, inscribir a su nombre cientos de miles de bienes que, como digo, la Iglesia cree que son suyos. 

Porque es muy difícil que, de la noche a la mañana, una institución como la Iglesia católica, que ha sido un poder omnímodo durante tantos siglos, renuncie a esa posición dominante y hegemónica en nuestros días. De hecho, creo que toda la estructura jurídica, administrativa y política se lo ha permitido. ¿Qué ha ocurrido también? Que la modernidad en España, entendida como la secularización de la vida política, administrativa y social, ha llegado sin haber resuelto un problema de esta naturaleza, y lo sorprendente es que los gobiernos democráticos no reaccionen.

¿Cuál ha sido el fondo de ese problema? 

Antonio Manuel: El problema de fondo es que históricamente los bienes siempre han sido bienes del Estado. En el Antiguo Régimen, Iglesia y Estado eran la misma cosa. ¿Eso qué significa? Que los bienes de la Iglesia siempre fueron bienes del Estado. Cuando la Iglesia y el Estado se separan, como ocurrió con José Bonaparte, ¿qué hace la Iglesia? Se abraza al constitucionalismo de Cádiz solo para no perder sus bienes, porque en el momento en que regresa Fernando VII vuelve a ser absolutista. Cuando llega la Primera República, se separa la Iglesia del Estado y se resuelve el problema patrimonial de manera que los bienes que siempre habían sido del Estado sigan siendo del Estado. Lo mismo ocurre en la Segunda República. Así que hasta 1978, aunque nos sorprenda, los bienes de la Iglesia siempre han sido públicos, también en el franquismo”. 

Ha sido a partir del 78 cuando, separados Iglesia y Estado, la cuestión no se resuelve. Se queda en un limbo. Y claro, ese limbo es el que ha aprovechado la Iglesia, utilizando esa legislación franquista que le permitía registrar fincas como si fuera una administración pública y posteriormente la ampliación que da José María Aznar en 1998. Entonces, no estamos hablando de un problema del siglo XIII, no estamos hablando de un problema del siglo XIX. Es que estamos hablando de un problema del siglo XX que va a tener su enorme repercusión y su gran trascendencia histórica en el siglo XXI, porque, desde ya, ese 80% del patrimonio histórico del Estado no es que esté en posesión de la Iglesia, es que le pertenece con el mismo régimen que un piso o que un garaje. Y claro, es algo que nos estalla en la cabeza.

“No estamos hablando de un problema del siglo XIII. Estamos hablando de un problema del siglo XX que va a tener su enorme repercusión y su gran trascendencia histórica en el siglo XXI, porque, desde ya, ese 80% del patrimonio histórico del Estado no es que esté en posesión de la Iglesia, es que le pertenece con el mismo régimen que un piso o que un garaje”.

En conclusión, y por intentar ser lo más pedagógico posible, cuando nos preguntamos de quién es la Mezquita, nos equivocamos en la pregunta. Eso es una pregunta capciosa. La pregunta es ¿qué es la Mezquita? ¿La Mezquita se puede vender, la Mezquita se puede hipotecar, la Mezquita se puede embargar? No. ¿Por qué? Porque es un bien de dominio público. Si no, tendríamos que admitir que la Mezquita de Córdoba se puede vender.

De dominio público pero a la vez está inscrita en el registro de la propiedad. Una incongruencia.

Antonio Manuel: Claro, y eso es lo que no puede ser. Y lo mismo que le ocurre a la Mezquita de Córdoba, le ocurre a bienes de un extraordinario valor histórico y cultural al que además la Iglesia ha añadido cementerios, plazas, fincas, garajes… Por eso decimos sin reparo que esto es un escándalo patrimonial, un escándalo económico y un escándalo social. Es un escándalo jurídico. Y que eso ocurra bajo el paraguas de una Constitución que dice que estamos en un Estado de derecho, pues es realmente insostenible. Lo que estamos diciendo nosotros en absoluto es ni laicista ni anticlerical, nuestro discurso es de defensa de la legalidad democrática y de defensa del patrimonio público.

En la práctica, ¿qué puede hacer el Gobierno o el Estado para revertir esta situación?

Antonio Manuel: Más de una vez, aquí está Aristóteles, he dicho, «Cuando se haga una pregunta parlamentaria, que digan directamente, ‘oiga usted, ¿la Mezquita se puede vender? ¿La Mezquita se puede hipotecar? Dígamelo. ¿Se puede vender la Catedral de Santiago? ¿Puede usted vender la Catedral de Burgos? Cuando una norma es inconstitucional y la norma es anterior a la Constitución, no hace falta nada más que se declare que es inconstitucional. Simplemente la declaración. 

Te voy a poner un ejemplo que es muy fácil de entender. Imagínate que hay una norma franquista que prohíbe que las mujeres puedan ser periodistas. ¿Es necesario ir al Constitucional? ¿Es necesario que el Congreso de los Diputados se pronuncie diciendo que eso es inconstitucional? No, es que esa norma, aunque no esté derogada formalmente, está derogada por inconstitucionalidad sobrevenida. Pues bien, a partir del 78, ¿la Iglesia es una administración pública? No. ¿Los obispos son funcionarios públicos? No, luego esa norma es nula y todas las inmatriculaciones son nulas. Lo que tendría que hacer el Estado es redactar una norma en la que establezca en qué caso y con qué criterio un bien de extraordinario valor histórico y cultural debe pertenecer al dominio público y proceder a su inscripción. Y que la Iglesia entonces inscriba lo que crea que puede pertenecerle, pero demostrándolo igual que cualquier mortal. Es decir, aportando un título de dominio. Así se resolvería la cuestión. 

“Lo que tendría que hacer el Estado es redactar una norma en la que establezca en qué caso y con qué criterio un bien de extraordinario valor histórico y cultural debe pertenecer al dominio público y proceder a su inscripción. Y que la Iglesia entonces inscriba lo que crea que puede pertenecerle, pero demostrándolo igual que cualquier mortal”.

¿Y por qué ningún gobierno, ni siquiera los de izquierdas, lo ha hecho? ¿Tiene el Estado miedo a la Iglesia?

Antonio Manuel: Sí, se teme al poderoso. Y cuando se hace tanto acopio de poder, más miedo se tiene. Además, se da una paradoja: nunca como ahora las iglesias han estado tan vacías y, sin embargo, nunca como ahora sus arcas han estado tan llenas. Es decir, quizá nunca como ahora la Iglesia ha tenido tan bajo impacto social y, sin embargo, como garantía de supervivencia es tan poderosa.

Aristóteles: Yo creo que también se produce otra cosa. Históricamente en España, la derecha española es una derecha católica. Tiene incrustado el catolicismo en su propio ser y en su propia concepción de la vida y entiende a la Iglesia católica como un aliado político, social e histórico y nunca va a hacer nada para penalizarla porque, además, piensa que si está en manos de la Iglesia está en manos de la derecha.

En el caso de la izquierda, que no tiene ese origen o ese arranque o por lo menos ha tenido una posición histórica mucho más crítica con la Iglesia católica, yo quiero recordar que el Partido Socialista Obrero Español sacó dos proposiciones no de ley donde construía un argumento idéntico al nuestro sobre la naturaleza del dominio público de todos sus bienes. Y que Pedro Sánchez, cuando accede al poder en 2018, en su discurso de investidura, se compromete públicamente desde el estrado de las Cortes a poner en marcha modificaciones legislativas para acabar con ese privilegio y, sobre todo, para recuperar todos esos bienes. 

“Yo creo que al PSOE le pierde su enorme sentido del cálculo. No quiere abrir un nuevo frente de erosión o de discusión o de conflicto con una organización tan poderosa como la Iglesia católica”.

¿Qué es lo que ocurre? Bueno, yo creo que al PSOE le pierde su enorme sentido del cálculo. No quiere abrir un nuevo frente de erosión o de discusión o de conflicto con una organización tan poderosa como la Iglesia católica. Y prefiere decantarse por otros debates antes de abrir un nuevo frente.

La última cita del libro es de Cervantes, en alusión a quitarnos el miedo y adquirir una conciencia ciudadana para recuperar lo nuestro, lo común, lo público. Pero estamos en un momento en que la sanidad, la educación públicas, también están siendo expoliadas. 

Aristóteles: La Iglesia católica estaba tan incrustada en el Estado que durante muchos siglos fue una institución que tenía la capacidad de recaudar impuestos, que es una función pública. Y además, y este es un dato muy importante, recaudaba lo que se llamaban tercias de fábrica. Las tercias de fábrica eran la tercera parte del diezmo y se destinaban exclusivamente a sostener, mantener y construir templos. Es decir, la Iglesia católica tenía como un brazo administrativo dentro del Estado. El dinero venía de todos los españoles y españolas, que tenían la obligación de contribuir al sostenimiento del culto. Esto funcionó hasta 1837, cuando el gobierno liberal se dio cuenta de que eso no podía hacerlo la Iglesia si se quería construir un Estado moderno. Y lo abolió, pero como todavía seguía siendo un Estado católico, lo que hizo fue asumir esas competencias. Y se crea el Ministerio de Justicia y Culto. Es decir, que el Gobierno, el Estado, asumió esa competencia, un servicio público igual que la educación y la sanidad. Es decir, toda esa red que se crea está financiada con dinero público siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta la República. Fue en la Segunda República cuando ya sí asume el marco de pensamiento liberal y se dice ‘oiga, esto es no es una función del Estado’. Y deja de financiarlo.

“En España ha habido una enorme confusión de funcionalidades y de competencias de las que se ha aprovechado la Iglesia católica. Por eso mucha gente piensa que si los bienes son católicos, tendrán que ser de la Iglesia. Oiga, no. Muchos bienes históricos son del acervo cultural que ha sido sostenido, pagado por todos los contribuyentes durante siglos, como la Mezquita de Córdoba”. 

Eso se lo carga Franco y vuelve a recuperar nuevamente la función estatal de proveer del culto católico a todos los españoles hasta la Constitución del 78. Francia lo resuelve muy bien en 1905 y dice ‘oiga, vamos a separar la Iglesia del Estado, pero todos estos bienes que han sido construidos con el esfuerzo comunitario durante siglos no se lo van a llevar los obispos. Va a quedar bajo el amparo de la administración pública’. Pero en España ha habido una enorme confusión de funcionalidades y de competencias de las que se ha aprovechado la Iglesia católica. Por eso mucha gente piensa que si los bienes son católicos, tendrán que ser de la iglesia. Oiga, no. Muchos bienes históricos no son de la Iglesia católica “sociedad anónima”, sino del acervo cultural que ha sido sostenido, pagado por todos los contribuyentes durante siglos, como la Mezquita de Córdoba. 

¿Pero cómo puede encajar la gente este escándalo de las inmatriculaciones, cómo lo puede entender y, sobre todo, enfrentar en un contexto de desesperanza como en el que vivimos?

Antonio Manuel: Yo suelo repetir muchas veces que la palabra ciudadano y político es la misma palabra en griego y en latín. Que ciudadano es el que pertenece a las civitas y el político es el que pertenece a la polis. Lo que creo es que ha habido una separación entre ambos conceptos y que el ciudadano ha delegado por completo su soberanía en el político. Y que si al contexto de individualismo feroz, de egoísmo insaciable le sumas la pérdida de lo conciencia de lo común, y le añades que tu enemigo, entre comillas, que no lo es, es una entidad con un enorme poder y con ese arraigo histórico, pues la ciudadanía prefiere mirar para otro lado y no entenderlo.

Pero también creo que en la época, por ejemplo, de las desamortizaciones, hubo una conciencia generalizada entre las clases populares y las incipientes clases liberales de que las manos muertas, es decir, de que los bienes en posesión de la Iglesia que no tributaban, que tenían que ser restaurados con dinero público y que no producían, provocaban un daño al Estado y al propio ciudadano. Y creo que llegará un momento en el que quizás se produzca eso. Es decir, llegará un momento en el que la ciudadanía diga «¿cómo es posible que yo lo esté pasando tan mal y, sin embargo, haya una institución que haya acaparado tantísimo poder? Pero, ¿qué ocurre? Que cuando eso pase, quizás sea demasiado tarde porque en las desamortizaciones, esa confianza ciudadana operó en un momento donde se tenía muy claro que esos bienes eran públicos. 

De hecho, si te fijas, cuando se producen las desamortizaciones de Mendizábal, la Iglesia no cobra un justiprecio cuando los bienes se venden. ¿Por qué? Porque no eran suyos. Eran bienes para el Estado. Así de sencillo. No se le estaba privando de nada porque no eran suyos. Con Madoz se le da un título de deuda, pero tampoco se le da un justiprecio. Es como decir ‘te voy a compensar por la posesión, pero no por la propiedad’. Y a partir de ahí todo se ha enmarañado y se genera muchísima confusión, muchísima oscuridad para que no se comprenda y al final caigamos en el simplismo, como decía Aristóteles, de que ‘hombre, pues si esto es una iglesia, pues será de la iglesia, ¿no?’.

“Llegará un momento en el que la ciudadanía diga «¿cómo es posible que yo lo esté pasando tan mal y, sin embargo, haya una institución que haya acaparado tantísimo poder? Pero, ¿qué ocurre? Que cuando eso pase, quizás sea demasiado tarde”.

El ser humano se queda quieto para sobrevivir al miedo, dice al final del libro. 

Antonio Manuel: Quizás cuando llegue un momento en el que tomemos conciencia de la enorme descapitalización que hemos sufrido y de que eso nos daña, en el momento en que nos duela, pues quizás tomemos conciencia. En el caso de la Mezquita, yo creo que a Córdoba le dolió mucho que le quitaran el nombre y le pusieran Catedral. Eso movilizó a muchísima gente.Yo creo que ahora la sensación es que no nos duele. Cuando yo perdí mi dedo, sufrí tanto dolor que no me dolía. Hasta que te das cuenta.

Aristóteles: Yo creo que todo el gran trabajo que estamos haciendo, no Antonio Manuel y yo ni muchísimo menos, sino muchísimos cientos de personas en toda España, es un trabajo que va a funcionar en el futuro. Posiblemente ahora, por el contexto parlamentario o sociopolítico en el que vivimos, no tenemos un gobierno lo suficientemente valiente para tomar decisiones serias y y sacar adelante estrategias jurídicas y legislativas que permitan acabar con todo este expolio. Pero yo creo que en el futuro sí lo habrá. Los sondeos indican que vivimos en un país que se está secularizando de una manera muy rápida y en algunas décadas seguramente la Iglesia no tendrá un apoyo social como el que tiene hoy. Por eso el debate que nosotros hemos puesto encima de la mesa será mucho más factible de resolver política y jurídicamente.

Ahora se ha investigado mucho, pero nos enteramos de este escándalo por una casualidad. La primera vez, con la iglesia de Tafalla (Navarra) en 2007. ¿Es posible que hoy siguiéramos sin saberlo?

Antonio Manuel: Una persona me preguntó en unas jornadas que de quién era la Mezquita. Y, te doy mi palabra de honor, que de broma le digo: ”Bueno, pues ve al registro y y pide una nota simple”. Bueno, pues la pidió y se dio, además, la paradoja de que en la carpeta del expediente ponía Mezquita. Muy gracioso. O sea, el registrador llama al expediente Mezquita, pero la inmatricula como Catedral. 

¿Es posible que hoy siguiéramos sin saberlo? La pregunta revela cómo se procedió: de manera opaca, a espaldas de la ciudadanía y a espaldas de las instituciones. Por eso no nos enteramos. Por eso nos enteramos por una casualidad. Si esos bienes son tuyos, ¿por qué lo ocultas? ¿Por qué no lo dices? ¿Por qué no se hace públicamente? ¿Por qué no lo haces de mano de la ciudadanía, de tus feligreses, del pueblo de Dios?

“La Iglesia actuó de manera opaca, a espaldas de la ciudadanía y a espaldas de las instituciones. Por eso nos enteramos por una casualidad. Si esos bienes son tuyos, ¿por qué lo ocultas? ¿Por qué no lo haces de mano de la ciudadanía, de tus feligreses, del pueblo de Dios?”.

Y esa opacidad continúa. Durante mucho tiempo, estando el PSOE en la oposición y luego en el Gobierno, recuerdo cómo hablaba de que esto era algo ocasional en Navarra, en la Mezquita, en pocos lugares más. Y cuando por presión de la ciudadanía se consiguió el listado –es fragmentario, desde 1998 a 2015–, se señalaba a Aznar como el culpable. Pero es que en otras comunidades autónomas, donde por lo menos se han movilizado para conocer el listado, por ejemplo, Cataluña, Navarra, Baleares, Euskadi, hay constancia de que hay más bienes inscritos antes del 98 que después del 98. Y hay comunidades autónomas como Andalucía donde cada vez que se intentó pedir, el propio PSOE boicoteó que conociéramos la lista. Porque estando gobernando el PSOE, se abstuvo y no se pudo conseguir el listado. 

Claro, conocemos cosas sueltas. Como cuando de repente Barbate va a ampliar el cementerio y se encuentra con que se han quedado con el cementerio; o cuando unos ciudadanos que van a jugar todos los días a una casa parroquial que habían construido con su dinero, en su suelo, se encuentran con que un día no los dejan entrar. O cuando un hombre que construyó una ermita con sus propias manos, que la repara él y que la ofrece al pueblo, descubre que se la han quitado.

Aristóteles: Hay que tener en cuenta, además, que la primera legislación patrimonial otorga al Estado un poder de tutela y vigilancia, más allá de la propiedad. Es decir, que sea propiedad privada es un bien que está condicionado legalmente en su uso. Y entonces el Estado tiene una obligación de vigilancia y de tutela por por ley, que en este caso no ha ejercido. Al cambiar la ley, José María Aznar, en vez de quitar un privilegio a la Iglesia católica, le añade otro. Y en ningún momento José María Aznar tiene la conciencia de que todos esos bienes, ya no es que fueran titulares o propiedad de dominio público, sino que el Estado tenía una tutela sobre ellos.

Antonio Manuel: Y ya no solamente se está incumpliendo el deber de tutela, como dice Aristóteles, es que el Estado está incumpliendo el deber de intentar recuperar lo que pudiera ser suyo, porque eso también es es una obligación que está establecida en la ley de patrimonio andaluz y la ley de patrimonio histórico del Estado.

¿Y podemos estar seguros de que la Iglesia no sigue apropiándose de otros bienes públicos?

Antonio Manuel: Sí, sí, lo está haciendo. Pero el procedimiento es distinto. Lo está haciendo a partir de expedientes de dominio, es decir, ahora hay una apariencia ya de legalidad. El expediente de dominio dice que, como los posee, son suyos, o sea, hace una trampa. Pero se hace públicamente. Y esto es más difícil de revertir. Porque hasta el año 2015, cuando se deroga el artículo de la Ley Hipotecaria pero no se declaran nulas, todas estas inmatriculaciones sí que pueden ser atacadas por inconstitucionalidad sobrevenida y bastaría, como te digo, una declaración formal. Por eso hace falta la norma base que diga que cuando un bien es de extraordinario valor histórico y cultural es de dominio público. Como eso no existe, se da por supuesto que es privado. 

Sin embargo, en Derecho hay una ley no escrita, pero que es muy fácil de comprender y es que aquello que no es de nadie es porque es de todos. Aquí es al contrario: si no se dice nada es privado. Hombre, pues será al revés, ¿no?

¿Creemos entonces en la movilización ciudadana?

Antonio Manuel: Hay que creer, porque, en el caso de la Mezquita, gracias a la movilización ciudadana tuvieron que cambiar el nombre. Gracias a la movilización ciudadana la han mantenido en un estado funcional como nunca hasta la fecha. Gracias a la movilización ciudadana estamos denunciando esa invasión católica del monumento. Es decir, a pesar del pesimismo, tenemos que pensar que con la movilización ciudadana se pueden conseguir muchas cosas. A nosotros como movimiento ciudadano ya nos merece la pena haber vivido por haber simplemente recuperado el nombre de la Mezquita. Porque las cosas existen cuando se nombran y cambiar el nombre era su demolición simbólica. El pueblo de Córdoba se opuso a la demolición física y se opuso a su demolición simbólica y lo hemos ganado. Es una victoria del pueblo. Y bueno, vamos a seguir creyendo en la utopía.

La entrada “¿La Mezquita se puede vender, hipotecar, embargar? No. Porque es un bien de dominio público” se publicó primero en lamarea.com.

España es un Estado aconfesional. Así lo dice la Constitución aprobada en 1978. Sin embargo, la religión continúa teniendo un gran peso en los grupos de decisión política y económicos del país, sobre todo la Iglesia católica. Para luchar por la laicidad del Estado nació en 2001 Europa Laica, desde donde un cuarto de siglo después continúan observando cómo hay aspectos que no responden a esa presumible aconfesionalidad. 

En su 25 aniversario, el presidente de la entidad, José Antonio Naz (Almodóvar del Río, Córdoba, 1954), repasa la actualidad política, social y cultural del país. La conversación pivota desde los avances tenues por parte de los gobiernos de Pedro Sánchez en torno a la laicidad a los conciertos de Hakuna o el último disco de Rosalía, pasando por el concordato con el Vaticano, los casos de abusos sexuales a menores en la Iglesia, la red “cristoneofascista” mundial y la espiritualidad en los jóvenes. 

Llevamos casi ocho años de Gobierno progresista, incluso “socialcomunista” según algunos de sus detractores. ¿Se ha avanzado algo en este tiempo hacia la laicidad del Estado?

La nueva junta de Europa Laica, constituida en mayo del año pasado, precisamente partía de un análisis de la situación del momento. Llegamos a la conclusión de que este gobierno mucho hablar, pero poco hacer. En la legislatura de 2019 al menos estaba el compromiso de revisar el concordato con el Vaticano o impulsar una ley de conciencia. También hablaron de llevar a cabo una restitución completa de los bienes inmatriculados por la Iglesia sin certificación oficial alguna, pero al final no realizaron un decreto ley que invalidara la norma aprobada por Aznar, así que cada particular o institución afectada tiene que ir a litigar a los tribunales.

En el actual Gobierno directamente ya no aparece nada relativo a la laicidad. Es algo bastante lamentable. Cuando tenemos conversaciones con los responsables políticos parece que estamos de acuerdo con el planteamiento, pero hay algo, no sabemos muy bien el qué, que hace que luego no se traduzca en legislación.

«En el actual Gobierno directamente ya no aparece nada relativo a la laicidad. Es algo bastante lamentable».

¿Qué aspectos positivos han tenido los ejecutivos presididos por Pedro Sánchez?

Reconocemos que sí se han dado algunos avances más ligados a los derechos individuales y aspectos morales. Más allá de que ya se plantearan bajo gobiernos socialistas la ley del aborto o del matrimonio igualitario, nos alegramos de la ley de eutanasia. El problema está en el desarrollo de estas leyes, sobre todo cuando hay Administraciones autonómicas que rechazan aplicarlas en sus territorios.

¿En qué se puede ver la ligazón Iglesia-Estado a día de hoy?

Se ve muy claro con un ejemplo. El primer funeral en recuerdo a las víctimas de la dana de València fue religioso, y ahí estaban prácticamente todos los representantes públicos del Estado, desde el rey hasta alcaldes. Luego es cierto que hubo otro funeral civil. Digamos que hay un conocimiento moral y lógico de que la Iglesia debería estar separada del Estado, pero luego es incapaz de alejarse de hábitos y tradiciones que directamente beben del nacional-catolicismo franquista.

¿Cómo valoráis las conversaciones del Gobierno con el Vaticano? ¿Y la continuidad del concordato?

El concordato es una aberración, un total anacronismo, algo injustificado e injustificable. De nuevo, reproducimos en democracia unos acuerdos franquistas. Que gobiernos de sociedades modernas tengan que ir a buscar la aprobación de un jefe espiritual como el papa solo significa que sigue existiendo una subordinación y dependencia hacia él.

«Es como si siguiéramos en la época absolutista, donde el papa, como guía espiritual, tuviera poder para decidir en la política de un país».

Se habla mucho de las conversaciones que terminaron con la resignificación del Valle de Cuelgamuros. Ni la gran cruz, símbolo cristiano por excelencia y también de represión y genocidio español, va a desaparecer, ni los benedictinos van a abandonar la basílica. Pensamos que cuando Carmen Calvo visitó el Vaticano para tratar este tema, a cambio ofreció dar carpetazo al tema de las inmatriculaciones. Es como si siguiéramos en la época absolutista, donde el papa, como guía espiritual, tuviera poder para decidir en la política de un país.

Ahora que habla de poder, la Iglesia católica sigue teniendo una gran autoridad en los grupos de decisión política y económica en España. ¿Qué se podría hacer para reducir ese poder?

Vivimos en una sociedad totalmente secularizada y seguimos manteniendo un Estado y una Administración como si estuviéramos en el nacional-catolicismo, y eso no tiene ningún sentido. Sabemos que hay muchos jueces ligados al Opus Dei. Incluso el PSOE tiene una corriente cristiana entre sus filas.

Nosotros creemos que el mayor poder que tiene la Iglesia proviene del propio Estado. Eso se ve claramente con los servicios sociales. Un servicio público se externaliza en gran medida a órdenes religiosas para que lleven a cabo su negocio de la caridad. Gracias a las subvenciones estatales, ellas hacen una labor increíble de propaganda. También pasa en la educación. Mantener los conciertos con escuelas religiosas no son ideas propias de un estado democrático. Acabar con toda esa financiación es una forma de acabar con el problema. Que aquí cada uno crea en lo que quiera, pero que los demás no tengamos que pagar sus creencias.

«Mantener los conciertos con escuelas religiosas no son ideas propias de un estado democrático. Acabar con toda esa financiación es una forma de acabar con el problema».

La Iglesia ha aceptado la responsabilidad que ha tenido como institución no solo en los casos de abusos sexuales a menores durante años, sino también en su ocultación. ¿Es suficiente? ¿El Estado debería seguir teniendo relaciones con una institución así?

La Conferencia Episcopal Española ha sido y sigue siendo una de las más reacias en este tema, y eso que el anterior papa dijo que había que pedir perdón y facilitar la actuación de la justicia. Aquí siempre han ido a remolque. Primero negaron todo, luego lo minimizaron, y han puesto todas las trabas que han podido.

El acuerdo suscrito entre la Conferencia y el Gobierno lo acogen las víctimas con mucha ilusión. Habrá que ver al final cómo la Iglesia se enfrenta a las reparaciones por los daños causados. De todas formas, el Gobierno debería tener las mismas relaciones con la Iglesia como con cualquier otra institución o entidad privada.

¿Qué papel juegan actualmente otras religiones en España?

Son minoritarias, pero sí sirven para que el confesionalismo vaya a más. Es decir, el Estado no se dirige al laicismo, sino al multiconfesionalismo. En este sentido, se dan fenómenos curiosos, por ejemplo, con el Islam. Recuerdo el caso de un ayuntamiento que negó el uso de un polideportivo municipal para un ritual musulmán. Si cede dependencias públicas a otras confesiones, hablamos de islamofobia, está claro. Lo llamativo es que los partidos que en teoría deberían ser laicos salieran en su defensa. Lo público no debe usarse por opciones privadas y particulares, sean quienes sean.

Hace apenas unos días vimos cómo alguien progresista como Zohran Mamdani llegaba a la alcaldía de Nueva York. ¿Qué opinión le merece que se destaque de él que es musulmán?

Es destacable porque un hecho así en Nueva York, Estados Unidos, es anómalo, porque siguen mucho a Dios, que normalmente en cristiano. Sin embargo, el simple hecho de resaltar la religión de un alcalde ya es una muestra de poco laicismo en la política. Este hombre está ahí porque lo han elegido para ser alcalde, no para ejercer como musulmán.

Hay muchos políticos cuyas ideas están contaminadas de preceptos religiosos, sobre todo católicos. Ayuso, en Madrid, se ha negado a realizar el listado de médicos de la sanidad pública objetores de conciencia que no quieren practicar abortos y al que está obligada por ley. ¿España puede estar segura de los “derechos laicos” que ya ha conseguido?

No solo no puede estar segura, sino que quizá vayamos involucionando. Nosotros tenemos mucha relación con la asociación Derecho a morir dignamente y vemos por todas partes la connivencia que hay de poderes ultraconservadores que impiden el poder disfrutar del derecho a la eutanasia, por mucha ley que esté aprobada. Juan José Tamayo, teólogo, define lo que sucede como “cristoneofascismo”, y es un fenómeno mundial.

España parece el centro de experimentación de estas redes ultrarreligiosas con gran poder económico. El Opus Dei o los Legionarios de Cristo Rey, así como Comunión y Liberación, tienen una fuerza grandísima. Y también existen colectivos terroristas de similar orientación, como El Yunque. No es Ayuso únicamente. Todo forma parte de un entramado mucho más extenso y poderoso.

En los últimos tiempos presenciamos artefactos culturales que nos retrotraen al cristianismo de una forma u otra. Ahí quedan los conciertos para miles de personas del grupo católico Hakuna, la película Los domingos, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa y elogiada por grupúsculos como el Opus Dei y los Legionarios de Cristo. Y queda una Rosalía recatada, con velo tapándole el pelo, casi volviendo al monasterio. ¿Qué está pasando?

Hakuna es parte de esta ofensiva religiosa que comentamos. De hecho, fue creado por gente del Opus. El fenómeno Rosalía es otra cosa. Se puede comparar con lo que pasa en Latinoamérica desde hace tiempo, una especie de moda y simbología no relacionada con aspectos religiosos necesariamente. Y sobre la película, lo que es evidente es que proyecta el pensamiento católico más conservador.

El problema yo creo que está en el foco. Según las encuestas, en torno a un 20% de los jóvenes se declaran creyentes de un credo. ¿Por qué no se habla del otro 80%? Hay muchos jóvenes cuya forma de entender la espiritualidad es ser solidarios, actuar por la paz o defender el planeta. Quizá deberíamos mirarlos más a ellos.

De todas formas, parece que hay otros tantos jóvenes que ven la religión como un refugio. ¿Qué les diría a ellos?

Está claro que la espiritualidad de cada uno entra dentro de las reflexiones sobre el mundo que les rodea. Yo les diría que se adentraran en esos pensamientos con independencia, que es la base del laicismo, la libertad de conciencia.

¿Por qué el laicismo ya no está en el debate público? Actualmente, ¿qué tipo de personas militan en el laicismo?

Nosotros estamos haciendo mucha memoria con nuestro 25 aniversario. Hemos visto que el laicismo está ahora mucho más presente que hace dos décadas. Desgraciadamente, lo que sigue sin estar mucho es en la agenda política. Sin embargo, nos percatamos de que, a nivel de reflexión personal y sentimental, el laicismo ha llegado más a la sociedad, quizá porque se ve el peligro que entrañan algunas confesiones con los fundamentalismos y fenómenos radicales de odio.

Creemos que hay que seguir trabajando en esto, porque hay una sociedad secularizada que debe impulsar que esa secularización llegue a los resortes del Estado. El llamamiento más claro que podemos hacer es que cada persona comience a razonar sus pensamientos o acciones, porque en muchos casos actuamos de forma irracional, manteniendo unas costumbres y hábitos sin saber muy bien por qué.

Sobre quiénes militamos en el laicismo, lo hacemos personas reflexivas, tolerantes y de diversas procedencias, ya sea geográficas, profesionales y de estatus económico. En general, el motivo de estar aquí es luchar por una sociedad que avance en modernidad y democracia.

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Fe de errores: originalmente, se escribió Guerrillero de Cristo en lugar de Legionarios de Cristo. Actualización realizada el 27/1/26 gracias al comentario de un lector.

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La Conferencia Episcopal y el Ministerio de Justicia han llegado a un pacto para reparar a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica en España. El acuerdo llega después de años de negociaciones en los que la jerarquía eclesiástica insistió en manejar los casos de pederastia desde dentro, a través de un método propio (el llamado ‘Priva’, Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso) que no ha satisfecho a muchos demandantes que no podían acudir a la justicia ordinaria por haber prescrito los delitos. Tras el convenio firmado hoy, las indemnizaciones se pagarán bajo la supervisión del Estado. «Todas las compensaciones serán abonadas por la Iglesia. El Estado no abonará ni un céntimo», recalcó Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

El procedimiento acordado implica a la Iglesia, el Gobierno y la oficina del Defensor del Pueblo para valorar los casos y la cuantía que deben recibir las víctimas. En caso de que no haya un acuerdo, prevalecerá el dictamen del Defensor del Pueblo, que es quien en principio elaborará las propuestas de reparación. Las reclamaciones se tramitarán a través del Ministerio de Justicia. Las personas afectadas podrán hacerlas a título individual o por medio de las asociaciones de víctimas.

Según explicó el ministro Bolaños, era necesaria «una reparación justa» de estos delitos, que por sus características eran muy difíciles de abordar por la vía judicial: muchos de ellos ocurrieron hace décadas y estaban prescritos, los delincuentes sexuales habían fallecido o eran muy mayores, las víctimas sólo contaban con su testimonio como prueba y los abusos no sólo no se investigaron en su momento, sino que se ocultaron.

También fue complicada la relación con la Iglesia para llegar a este acuerdo, una negociación que el ministro ha calificado de «compleja, ardua, dura, larga». Los obispos llevaban tres años negándose a reconocer y reparar unos delitos considerados a menudo, desde su punto de vista, como meros «pecados», y ajenos por tanto a la jurisdicción secular. Según explicó Bolaños, la labor del Vaticano ha sido fundamental para desencallar las conversaciones cuando éstas llegaban a un punto muerto.

Finalmente, el clero se ha avenido a un acuerdo que lleva la firma de Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal; de Jesús Díaz Sariego, presidente de la Conferencia Española de Religiosos, y del ministro de Justicia. «Hoy saldamos una deuda histórica, moral, que teníamos con las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia católica», declaró Bolaños.

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Hoy Hablamos de lo humano y lo divino a raiz de una extraña noticia que nos llega de Colombia. Resulta que Monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya, obispo de Buenaventura ha decidido realizar un exorcismo a la ciudad entera paseándose en un camión de bomberos. Para entender por qué y para qué tenemos la insigne visita […]

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