El pasado 15 de febrero supimos, a través de la prensa, que el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya prevé condicionar el presupuesto de los Centros de Atención Primaria (CAP) a la duración de las bajas médicas que concedan. La propuesta, comunicada a los CAP, implica una suerte de estímulo económico, calculado en el 5% de los recursos asignados, si los médicos de los centros evitan que las bajas de salud mental o de lesiones osteomusculares se prolonguen “más de lo debido”. Una medida que pone la presión en el colectivo médico, ya de por sí sometido a condiciones laborales estresantes que lo han llevado esta semana a convocar huelga en todo el Estado.

Este “más de lo debido” condensa toda la lógica de funcionamiento del capitalismo: la clase trabajadora no puede enfermarse “más de la cuenta” pues el tiempo es oro. El sistema necesita cuerpos sanos, fuertes, útiles para que la maquinaria de la producción siga funcionando, a costa de la salud –nunca mejor dicho– de quienes sólo tienen su fuerza de trabajo y, por tanto, su cuerpo y su mente, para poder subsistir en este sistema. 

Como se han encargado de recordarle estos días a la consellera Olga Pané, médico especialista en Medicina del Trabajo, máster en gestión hospitalaria por la Universitat de Barcelona, diplomada en gestión de hospitales por ESADE y responsable última de esta propuesta, la administración de un ente público, y mucho más de uno que tenga en sus manos la gestión de la salud de los ciudadanos, no debería guiarse bajo criterios empresariales de costo y beneficio. Sin embargo, esta propuesta, por lo demás de una Generalitat gobernada por el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), no es una decisión improvisada o un simple globo sonda. Supone una línea de continuidad en el Departamento de Salud, encabezado por Pané.

Ya en diciembre de 2025 la CGT Catalunya denunció la campaña iniciada por dicho departamento para que la clase trabajadora hiciera “buen uso” de las bajas médicas. Como explicaba el sindicato, la Generalitat no sólo criminalizaba a los más débiles, sino que trasladaba implícitamente la responsabilidad a los trabajadores enfermos y a los médicos, a la vez que desviaba la atención de las causas estructurales detrás de la enfermedad: las condiciones de vida y las condiciones de trabajo. 

CGT recordaba, por ejemplo, cómo el aumento del 20% en las bajas médicas de Catalunya se debía, en buena medida, a la salud mental. Y daba datos alarmantes sobre cómo la juventud trabajadora del Estado, con condiciones estructurales de precariedad laboral, con bajos salarios, 36% de sobre cualificación, contratos temporales y a tiempo parcial, concentraba el 32,5% de las bajas laborales, con un “incremento significativo de las bajas por problemas de salud mental, como estrés, ansiedad y depresión”. Una juventud trabajadora que ve cómo su formación –universitaria o no universitaria– no garantiza una inserción laboral que asegure unos ingresos mínimos para poder afrontar los precios desbocados de la vivienda, además. Pero la juventud trabajadora no es la única que padece la presión de un sistema enfocado a maximizar beneficios exprimiendo el tiempo, es decir, la vida, de la fuerza de trabajo. Estamos ante un problema que afecta a la clase trabajadora en su conjunto.

Si los cuerpos y las mentes jóvenes no aguantan una presión que no sólo es del ámbito laboral, pero que pasa por él, ¿qué se puede esperar de quienes llevan décadas de desgaste? Pues que se incrementen las enfermedades, en términos globales, pero que también, como muestran datos de la Encuesta de calidad y condiciones de trabajo 2025 de la Generalitat de Catalunya, el presentismo, esto es, el asistir a trabajar a pesar de estar enfermo, se imponga. Así, el 51,3% de la clase trabajadora catalana declara haber ido a trabajar enferma en los últimos doce meses. Un presentismo que tiene mayor incidencia entre mujeres y las personas con bajos niveles formativos, así como en sectores como la hostelería, educación, agricultura, servicios sociales o actividades sanitarias.

A pesar de ello, y de todos los mecanismos de presión que tiene la patronal en su relación de fuerzas asimétrica con la clase trabajadora para hacer que ésta anteponga los beneficios empresariales a su bienestar, los empresarios consiguen posicionar su queja sobre el aumento del absentismo laboral. La prensa nos recuerda que las empresas están introduciendo “cláusulas antiabsentismo” para dar incentivos a las personas trabajadoras que no hagan uso de su derecho a ir al médico y evitar así las ausencias en el centro de trabajo. Queda claro que la salud laboral es una molestia para los empresarios, un estorbo que les hace perder dinero, que es lo único que les importa al final. 

Pero también queda claro que, en esta ofensiva patronal, los empresarios presionan para echar por la borda derechos adquiridos por la clase trabajadora a lo largo de décadas de lucha, con la ayuda inestimable de sus amigos en los gobiernos que dicen ser de izquierda y que, paradójicamente, reciben el voto de esa clase trabajadora a la que venden cuando llegan a posiciones de poder.  

El punto del debate, por tanto, no es el absentismo laboral, ni las bajas que se extienden “más de lo debido”, sino por qué tantos trabajadores acaban yendo a trabajar, incluso enfermos, ante un sistema que los usa y los desecha cuando son inservibles. Por qué las administraciones públicas han permitido que exista un sistema de mutuas privadas decidiendo por la salud de la clase trabajadora, y organismos siniestros como el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (ICAM), capaces de negar la incapacidad laboral a personas con cáncer metastásico. Y, no, no es un caso aislado. Plataformas como la PAICAM llevan años denunciando estos abusos en Catalunya. Una realidad que, por desgracia, no es exclusiva de este territorio pues atiende a una lógica capitalista global.

El mensaje que envía el capitalismo a la clase trabajadora es claro: trabaja, produce, enferma, sigue trabajando y muere. Pero no te enfermes antes de la cuenta, espérate a la jubilación. Si te mueres justo después de la jubilación mejor que mejor, es más, le haces un favor a las “arcas del Estado” porque ya sabemos que los jubilados viven a tutiplén a costa de los pobres jóvenes que no se pueden emancipar por su culpa, como nos repiten algunas jóvenes en los medios, la prensa y hasta en libros, en un mensaje que no sólo no cuestiona, sino que legitima, el orden del capitalismo.

Estamos en tiempos en que recordar cosas básicas se hace vital. La explotación en el trabajo y la precariedad laboral enferman. La clase trabajadora tiene derecho –al menos hasta ahora en el territorio en el que se escriben estas líneas– a no ir a trabajar si no está en condiciones de hacerlo. Por tanto, no hay un problema de absentismo laboral sino de trabajadores que enferman por culpa del trabajo y que, a pesar de ello, siguen yendo a trabajar.

Las bajas o incapacidades temporales, como puntualiza el abogado laboralista Vidal Aragonés, del Col·lectiu Ronda: “son el ejercicio de un derecho y de una obligación que suspende el contrato de trabajo y la relación laboral a efectos de que la persona trabajadora pueda recuperarse de una situación que justifica su ausencia en el trabajo”. Y el ejercicio de este derecho no debería ni cuestionarse ni limitarlo presionando, todavía más, a las personas trabajadoras y a los facultativos médicos. Tome nota, señora Pané, gracias.

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En el año 2005, trabajaba como joven investigadora del Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya. Escribí un artículo, Costa Rica, tan lejos de Suiza, tan cerca de Centroamérica, sobre los casos de corrupción que salpicaban a varios exmandatarios costarricenses, reflexionando sobre cómo Costa Rica había construido, no sin cierto sentimiento de superioridad, una imagen nacional basada en las diferencias culturales y políticas respecto a sus vecinos del istmo que se estaba desmoronando en los últimos años. El título tenía su dosis de provocación y así fue. Un sociólogo costarricense envió una réplica a mi centro de trabajo, con la solicitud de ser publicada, Costa Rica, cerca de Centroamérica y de la Europa del bienestar, destacando la capacidad de las instituciones de su país para enfrentar la crisis y lo injusto que era, por mi parte, no valorar esa fortaleza institucional. 

Pero la causa exclusiva de la crisis de principios de los 2000 era más profunda y no se circunscribía a los casos de corrupción. Se vivía ya una transformación del pacto fundacional de la nación, posterior a la guerra de 1948, según el cual el Estado propiciaría la movilidad económica y la estabilidad social a través de unas potentes políticas sociales. Gracias a este acuerdo de las élites políticas, la sociedad costarricense mantuvo durante décadas unos estándares de vida superiores a la media centroamericana, además de gozar de relativa paz social en un contexto regional de revoluciones, lucha armada y contrainsurgencia estadounidense. Se acuñó el mito de la “Suiza centroamericana”, un supuesto oasis que, en realidad, era un espejismo detrás del cual se escondía la desigualdad, la pobreza y una represión a la disidencia más sutil pero no menos efectiva. La izquierda, fuera de la socialdemocracia gobernante, era minoritaria y Costa Rica se alineaba claramente con EE. UU. en tiempos de la Guerra Fría.

Sin embargo, los años noventa y sus políticas de ajuste afectaron a Costa Rica, como al resto de países de América Latina y el Caribe, iniciando la penetración de las políticas neoliberales. El país se movilizó en contra del intento de privatización en 2001 del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que consiguió frenarse, y también contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE. UU., que, este sí, entrará en vigor en 2009, después de un referéndum nacional en 2007 que lo aprobó con el 51,22% de los votos.

La introducción de la agenda neoliberal produjo el descrédito del liderazgo político que se tradujo en un cambio en el sistema de partidos costarricense. La implosión del bipartidismo o, a decir de otros, del hegemónico Partido Liberación Nacional (PLN), de tinte socialdemócrata, aunque cómplice del desmontaje del Estado social, dio lugar al surgimiento de nuevas fuerzas políticas que trataron de canalizar el descontento, bajo el liderazgo de exmiembros del PLN, como el centrista Partido Acción Ciudadana (PAC). 

Ese fue el caso de Luis Guillermo Solís, politólogo, profesor e investigador, que ganó las elecciones presidenciales con el PAC en 2014, después de una primera vuelta en que la izquierda del Frente Amplio (FA) alcanzó más del 17% de los votos, un hecho inédito en la historia de este moderado país. A Solís le siguió otro gobierno del PAC, encabezado por Carlos Alvarado, quien disputó la segunda ronda a un partido evangélico que obtuvo el 24% de los votos. La fragmentación partidaria llegó a la Asamblea Legislativa.  

Alvarado y el PAC, que pretendían ser gobiernos de ruptura, no lograron contener el avance de la desigualdad. Algunas de las medidas fiscales que tomaron después de 2018 tampoco ayudaron a mejorar la situación y acabaron generando rechazo. La pandemia agravó la situación. La aprobación de una “ley anti-huelgas” en 2020 dejó claros los límites para canalizar las demandas sociales. El incumplimiento de la promesa democrática sobre la que se erigió la Segunda República costarricense era un hecho y dejó el camino allanado para la emergencia de nuevos liderazgos, como el de Rodrigo Chaves. Un personaje que se presentaba como outsider a pesar de haber sido ministro de Hacienda en la administración Alvarado y ser, además, un exfuncionario de carrera del Banco Mundial, con 27 años de servicio a sus espaldas y varias denuncias de acoso sexual. 

Ello no fue óbice para que Chaves fuera el hombre capaz de presentarse como la solución al descontento. Ganó en 2022 frente a un candidato del PLN, el expresidente José María Figueres Olsen, protagonista de uno de los escándalos de corrupción que relataba en mi artículo de 2005. Chaves ha gobernado estos cuatro años con niveles de popularidad superiores al 60%. Su retórica de mano dura contra la delincuencia contrasta con el hecho de que durante su mandato el narcotráfico ha podido penetrar en Costa Rica como nunca. Si su modelo político es El Salvador de Nayib Bukele, de quien ha copiado la idea de crear una mega cárcel en la que encerrar a los delincuentes, un discurso que cala a medida que los índices de criminalidad se multiplican, su modelo económico es la Argentina de Javier Milei. De hecho, el también economista Chaves ha logrado subsumir bajo su liderazgo a los libertarios costarricenses, es decir, a los representantes del supuesto “anarcocapitalismo”.

Sus detractores destacan sus ataques al resto de poderes del Estado desde el Ejecutivo, su persecución a la oposición política desde el Gobierno, la confrontación con los medios y el victimismo constante que, sin embargo, ha acrecentado sus apoyos y reforzado un perfil antisistema que no es tal. Chaves no necesita ser coherente entre lo que dice y lo que hace. Tiene un discurso y unas prácticas que lo alinean con las extremas derechas continentales y mundiales, aunque con características ticas. También en su caso ha contado con un ecosistema de medios favorables en las redes sociales cuya financiación se desconoce. 

Chaves ha gozado del apoyo de los EE. UU. de Trump para que Costa Rica siga siendo el fiel aliado estadounidense en Centroamérica que siempre fue, reforzando una agenda compartida de securitización de las migraciones y de combate selectivo al crimen organizado que apuntala las alianzas geopolíticas de Washington en un momento de rearticulación hemisférica estadounidense. Un respaldo que seguirá teniendo, sin duda, la próxima presidenta, Laura Fernández, elegida este 1 de febrero con más del 48% de los votos, quien se convertirá en la segunda mujer mandataria. Fernández, joven politóloga, ha sido la candidata del Partido Pueblo Soberano (PPS) ante la imposibilidad de la reelección inmediata en el país centroamericano. Ya ha anunciado el inicio de una Tercera República y la “continuidad del cambio” que, en su caso, supone una profundización de las líneas establecidas por su antecesor y mentor, Rodrigo Chaves. 

Para acometer algunos de los cambios, que podrían requerir modificaciones constitucionales, el PPS de Fernández cuenta con 31 de los 38 diputados necesarios para lograr la mayoría de dos tercios sobre los 57 diputados de la Asamblea Legislativa. La mayoría simple de 29 diputados ya la tiene. Entre las propuestas que prevén algunos analistas está la aprobación de la reelección presidencial, la venta del Banco Central de Costa Rica, el desfinanciamiento del Estado o la redacción de una nueva Constitución. 

Pero, más allá de especulaciones, lo que sí le tocará a esta nueva bancada es renovar a la mitad de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, con afectaciones en la Sala Tercera y la Sala de Casación Penal encargada del combate a la corrupción y el narcotráfico. Esta renovación afecta asimismo a áreas como la Sala Constitucional, que en Costa Rica depende del Poder Judicial, la Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Policía Judicial. Por ello, varios expresidentes han mostrado su preocupación ante lo que ven como un “riesgo para la democracia”. 

No obstante, la evolución de la política costarricense en las últimas décadas, las transformaciones de su sociedad y los impactos económicos experimentados por las políticas neoliberales de las administraciones precedentes, así como la presencia creciente de una realidad desconocida como el narcotráfico, demuestran que Costa Rica no es inmune a las problemáticas que asolan Centroamérica y América Latina en general. Tampoco a las corrientes ideológicas que parecen imponerse en el mundo. Y no está claro que la fortaleza de sus instituciones vaya a resistir la arremetida.

Pero el respaldo a la “continuidad del cambio” en estas elecciones deja otro elemento para la reflexión, quizás menos evidente pero más acuciante, que apunta a una erosión de las promesas y los consensos democráticos que vendría de lejos. Aquí radica hoy, como antes, el origen de los problemas que enfrenta Costa Rica. La revisión pormenorizada de los resultados de votación por cantones –unidades administrativas– muestra que los cantones con peor índice de desarrollo han votado mayoritariamente por Fernández, en porcentajes superiores al 60% en muchos casos. Lo lógica inversa se encuentra en los cantones con mejor índice de desarrollo. La desigualdad se expresa en las preferencias electorales y en la búsqueda de soluciones.

Como en otras latitudes, cuando la democracia liberal no logra satisfacer las condiciones materiales de vida de la gente, la frustración puede ser canalizada por quienes dicen venir a mejorar los problemas pero, en realidad, no son más que oportunistas defensores del mismo sistema económico capitalista que está en la base de la generación de pobreza y desigualdad. En este sentido, lo que está pasando en Costa Rica no es más que parte de un fenómeno ya visto en otros escenarios que, dadas las características de la historia política costarricense, se puede interpretar como altamente excepcional, aunque no lo sea tanto. Estamos ante un caso más de víctimas votando a sus verdugos en una espiral de autodestrucción que está llevando a la humanidad a la barbarie colectiva. 

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Como cada diciembre, la publicidad se pone a trabajar para enviar mensajes cursis que conecten con el estado de ánimo que se presupone que hemos de compartir en estas fechas navideñas. Este año, el tradicional anuncio de una proverbial marca de embutidos, especializada en colocar anuncios de saturación glucémica, se titula “polarizados”. En él, una sucesión de famosos se presta a ironizar sobre la polarización, en una crítica sobre la incapacidad de ponernos de acuerdo socialmente debido a nuestras distintas ideologías. Un discurso que se envuelve en el celofán del buen rollo y del saber disfrutar de la vida, en este caso de los productos anunciados, por encima de legítimas diferencias, pero que políticamente es muy peligroso.

Polarización es una de las palabras de moda en el debate público. Está tan presente en medios, en las redes sociales y en la academia que, en 2023, la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE) la eligió palabra del año. Buena parte de la sociedad, desde ciudadanos anónimos hasta analistas políticos, la han asumido como una realidad incuestionable: “Las redes sociales nos polarizan”, “Estamos polarizados”, “Hoy es imposible ponerse de acuerdo”. Pero, ¿qué es la polarización? ¿Existe como tal? ¿Desde cuándo? ¿Qué implica usar este término y no otro para calificar la sociedad en la que vivimos?

La polarización vista desde la academia

La polarización política está en el centro de la investigación y producción académica en los últimos tiempos, al calor de fenómenos disímiles que a veces reciben la etiqueta de populismo. Es un tema abordado desde una Ciencia Política liberal que estudia la opinión pública, la identificación ideológica y el comportamiento político –electoral pero no sólo–, con el objetivo de entender el funcionamiento de la democracia, los motivos del surgimiento de los actores que la impugnan, así como el posicionamiento ciudadano en la arena política. 

La polarización ideológica, en términos generales, puede ser definida como el ensanchamiento de la distancia entre las distintas posiciones ideológicas de quienes se identifican con determinados partidos políticos, provocada por creencias, valores o principios. Los especialistas señalan, no obstante, que se está produciendo una nueva variante, la polarización afectiva, que comparte elementos con la polarización ideológica pero que supone la imposibilidad del diálogo entre distintos grupos partidistas al nutrirse de sentimientos, que cristalizan en megaidentidades partidistas, frecuentemente basadas en amores, odios, prejuicios y percepciones sesgadas del adversario político. 

Así, estudios como el de Mariano Torcal, De votantes a hooligans. La polarización política en España, muestran preocupación por las consecuencias políticas de esta polarización afectiva: la disminución de la confianza social individual necesaria para la legitimación del sistema económico y político; la justificación de propuestas antiliberales que pueden acabar convirtiéndose en una amenaza para la propia democracia liberal y las consecuencias políticas que se desprenden para el sistema político español cuando hay una crisis de confianza en las instituciones.

En el caso del Estado español, se relaciona la irrupción de partidos de ultraderecha, como Vox, y, en menor medida, de izquierda, como Podemos, con el acrecentamiento de esta polarización. Sin embargo, el autor distingue las distintas posiciones democráticas de sus partidarios, así como las diferencias entre proyectos que plantean alternativas para mejorar la democracia existente y propuestas que pudieran llegar a socavar los principios e instituciones de la democracia liberal. 

La polarización en el debate político y social

Fuera del debate en el ámbito académico, con sus complejidades y matices, se dan disputas mucho más descarnadas por llenar de contenido ideológico a las palabras y, sobre todo, por imponer cierta lectura de la realidad. Como le respondía Humpty Dumpty a Alicia, el poder está en quien tiene la capacidad de imponer a las palabras un determinado significado. Y, con ello, moldear la realidad. Aquí entra de lleno la difusión de la polarización como fenómeno problemático y su uso político.

En el caso del Estado español, esta campaña de denuncia de la polarización política coincide con la celebración del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco y el resurgimiento de las loas a la Transición. El régimen del 78 ha erigido su legitimidad en palabras como el consenso y la concordia que habrían caracterizado a los “padres de la Constitución” o a los dialogantes políticos de la época, a los que se pone como ejemplo al que deberían aspirar los políticos actuales para huir de una crispación que se nos presenta como inaudita o anormal. Una reconstrucción que omite interesadamente que la historia de España ha estado jalonada por golpes de Estado de unos crispados poderes fácticos que han abortado todo intento de democratización política y social.

De hecho, el relato mítico de la Transición borra el contexto de violencia política y de fuerzas asimétricas entre un franquismo que mantenía un potente núcleo duro impermeable a la reforma, y una oposición democrática que sólo tuvo la oportunidad de validar la reforma del sistema asumiendo sus líneas rojas. En realidad, más que un discurso romántico e idealizado, se trata de un mensaje dirigido a marcarle a las izquierdas cuáles son los márgenes en los que pueden operar, si quieren ser respetadas por los poderes fácticos del sistema y no acabar como sus antepasados de la Segunda República. 

Esta exigencia de moderación es tan asimétrica como la polarización que se produce a escala mundial entre unas fuerzas políticas de ultraderecha, desatadas en la defensa, incluso a base de mentiras, de su agenda política del odio y la discriminación del otro; y una izquierda que, en términos generales, no se atreve a defender siquiera su programa de transformación social, mucho menos económica, cuando lo tiene. Cuando la ultraderecha puede campar a sus anchas y la extrema izquierda es inexistente o, cualquier discurso de reforma moderada del capitalismo, se tilda de ultraizquierda, estamos ante una polarización asimétrica que quiere eliminar a la izquierda radical y acallar la lucha de clases.

No, los extremos no se tocan, se repelen

El discurso de la polarización no sólo acalla, sino que niega la legitimidad de la lucha de clases. Pero, además, lo hace poniendo en el mismo plano ético a todas las posiciones políticas, partidistas o ideológicas, que se auto ubican en los extremos, o cerca de ellos, aunque defiendan principios y valores antagónicos. Pareciera que, para los enemigos del extremismo polarizador, no polarizar sería respetar ideas tan poco tolerantes como crear campos de exterminio para judíos, gitanos o comunistas.

¿En aras de congraciarnos como sociedad, la izquierda debería abrazar a quienes deciden deshumanizar y criminalizar a los inmigrantes, encerrarlos en CIE, negar la violencia de género, aplaudir genocidios en Gaza o los bombardeos de EE. UU. en el Caribe? Me temo que la respuesta más sana ante estas acciones es querer estar en el espectro ideológico opuesto a quienes las perpetran o defienden. En este sentido, la polarización política entendida como posiciones irreconciliables entre personas con ideologías antagónicas no sería un fracaso de la convivencia sino un antídoto para la supervivencia ante el odio y la intolerancia.

Por último, ver todo extremismo ideológico como igualmente negativo es no entender que, precisamente, lo que nos ha llevado a esta actual ola reaccionaria mundial es la falta de ideología, no su exceso. Pero no de cualquier ideología, sino de una ideología radicalmente opuesta a los principios y valores del capitalismo que lleva a su extremo la ultraderecha. Una ideología que opere como firme brújula ética y política conectada con las mejores tradiciones de emancipación humana de las clases subalternas. Y que lo haga de manera intransigente ante la barbarie. Por supuesto, se pueden cometer crímenes hablando en nombre de esta otra ideología, pero nunca siguiendo los principios éticos de igualdad radical, libertad y fraternidad que son sus pilares básicos, sino apartándose de ellos.

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Este 20 de noviembre, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, la Sala Segunda del Tribunal Supremo adelantó el fallo de la causa especial 20557/2024 contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. El Alto Tribunal considera a García Ortiz autor de un delito de revelación de datos reservados de Alberto González Amador, empresario que supuestamente habría defraudado más de 350.000 euros de las comisiones recibidas por la venta de mascarillas durante la pandemia. 

Alberto González Amador, también conocido como Alberto Quirón, por haber trabajado para esta empresa sanitaria privada, es casualmente pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. También casualmente, en estos seis años de gobierno de Díaz Ayuso en la comunidad, Quirón ha recibido más de 5.000 millones de euros en contratos con sus hospitales por parte de la Comunidad de Madrid, en un proceso de privatización encubierta de la sanidad madrileña. 

La filtración de los intercambios del abogado de González Amador con la Fiscalía para llegar a un acuerdo en que se reconocía el fraude fiscal a la Hacienda pública, imputada a García Ortiz a pesar de que durante el juicio varios periodistas declararon haber accedido previamente a los correos entre el abogado del novio de la presidenta y la Fiscalía a través de otras fuentes que se negaron a desvelar, amparándose en el derecho constitucional que les asiste, están en el origen de este caso. También las maniobras del jefe de Gabinete de la presidenta de la comunidad, Miguel Ángel Rodríguez, que transmitió a la prensa afín al PP el bulo de que era la Fiscalía la que había ofrecido el pacto a González Amador pero que “órdenes de arriba” lo habían impedido, insinuando la participación del propio presidente del Gobierno a través de García Ortiz. El desmentido oficial de las mentiras vertidas por Rodríguez con una nota de prensa desde la Fiscalía desencadenó la imputación al fiscal. 

A pesar de que no se ha podido demostrar con pruebas que el Fiscal General del Estado fuera el responsable de trasladar a los medios ese correo inicial en que el abogado de González Amador reconocía el fraude, el fallo de condena ha sido mayoritario: unánime entre los cinco miembros conservadores del Tribunal, aunque con dos votos discrepantes de las magistradas progresistas. No se conoce la argumentación jurídica que permite justificar esta resolución condenatoria pues la sentencia no se ha redactado todavía. Hecho este que añade más suspicacias sobre un juicio que ha sido percibido por los sectores progresistas, desde el inicio, como un ajuste de cuentas político-judicial con el Gobierno y una demostración del ascendiente que el Partido Popular (PP), que lidera Díaz Ayuso en Madrid, tiene en el poder judicial con su “control por atrás” de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

De la judicialización de la política al lawfare

La defenestración por sentencia judicial al Fiscal General del Estado se enmarca en un ambiente de judicialización de la política que copa cada semana la agenda mediática, cargada de declaraciones ante tribunales, juicios, denuncias o sentencias. Desde el momento en que los votos del tribunal se dividen en función de las afinidades ideológicas de los magistrados, es evidente la politización de unos jueces que, consciente o inconscientemente, anteponen sus sesgos, simpatías o prejuicios a la necesaria, y teóricamente defendida, imparcialidad e independencia en su interpretación y aplicación de la ley. 

En este sentido, el fallo contra el fiscal sin sustento de pruebas puede considerarse un pulso del poder judicial al Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez ya que, en el ordenamiento constitucional español, como en tantos otros países, la elección del Fiscal General del Estado es propuesta por el Gobierno, tras escuchar la opinión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Estamos ante un choque de poderes del Estado y un caso paradigmático de lawfare.

La judicialización de la política y la politización de la justicia son el entorno propicio para que fenómenos como el lawfare se produzcan. Pero, como hemos reiterado en otras ocasiones, el lawfare o guerra judicial no es la simple judicialización de la política ni supone la mera prevaricación de los jueces. Se trata de un modus operandi, estudiado por los analistas militares y la academia civil, que trasciende los marcos del ámbito judicial, aunque tenga en los juzgados el centro neurálgico de aplicación. 

Lawfare para sacar a Pedro Sánchez de La Moncloa

Hace más de un año escribíamos sobre cómo el lawfare había llegado para apuntar directamente a Pedro Sánchez a través de un cerco a su familia, que le llevó a tomarse cinco días de reflexión tras los cuales propuso unas medidas de regeneración democrática, todavía no puestas en práctica. El caso del Fiscal General del Estado es sólo un capítulo más de una guerra que tiene como fin último sacar a Pedro Sánchez de La Moncloa. 

Una de las principales claves está en sus pactos de investidura con el independentismo catalán representado por Carles Puigdemont, que soliviantaron al poder judicial. De fondo se encuentra la negativa de amplios sectores del Estado y del poder establecido a abrir un debate sobre cómo encajar la plurinacionalidad con el artículo 2 de la Constitución, traslación directa de las líneas rojas del franquismo sobre la “indisoluble unidad de la nación española”, ante demandas crecientes de autogobierno o, incluso, de derecho a decidir por parte de las fuerzas independentistas catalanas y vascas, imprescindibles apoyos para la investidura en un Congreso atomizado tras las transformaciones del sistema de partidos español. 

La Transición a la democracia, que en estos días está en el centro del debate con el 50 aniversario de la muerte del dictador, no supuso la consagración de un régimen democrático pleno, a pesar de la propaganda dirigida desde el Estado –también desde este Gobierno– para convencernos de lo contrario. Los reformistas franquistas y los de la oposición democrática pactaron de manera asimétrica, con poco margen de maniobra para los perdedores de la guerra y víctimas de la dictadura.

En el sui géneris proceso constituyente que alumbró la Constitución de 1978 hubo temas decididos ex ante, como la unidad de España o la reinstauración monárquica. Además, la herencia del pasado jurídico franquista, y de un poder judicial que pasó de administrar la “justicia” franquista a operar bajo la justicia democrática, ha dejado sus huellas hasta la actualidad, como se puede apreciar en la impunidad de los crímenes de la dictadura y el cuestionable papel de la administración de justicia frente a las diversas leyes de memoria. 

El lawfare que busca sacar de La Moncloa a Pedro Sánchez –no en vano Isabel Díaz Ayuso dijo en una comparecencia posterior al fallo del Tribunal Supremo que quien se había sentado en el banquillo era el presidente del Gobierno– es, en realidad, la muestra de la inflexibilidad de quienes creen que el sistema político español es suyo. La negativa a reformarlo para dar cabida a otros actores con otras visiones de cómo distribuir el poder, territorial o de otro tipo, en el Estado, y desde el Estado, es el miedo a abrir una brecha por la que se cuele la realidad: los consensos que dieron lugar a la Transición ya no existen y la sociedad española es otra. Este catenaccio de la clase dominante es la misma lógica de funcionamiento que encontramos de los casos de lawfare que han padecido los líderes del independentismo catalán o una fuerza que llegó para impugnar este régimen del 78, como Podemos. 

La derecha española lo tiene claro: España es suya, deben poder seguir haciendo negocios sin ser fiscalizados y, por supuesto, toda diversidad que se oponga a sus valores, o cualquier intento de cuestionar los pilares del “atado y bien atado”, es la anti-España de la que hay que salvaguardar a las instituciones, silenciar o reprimir. Y a quien se rebele a estas premisas, le caerá todo el peso de la ley que ellos puedan ejercer.

No debería sorprendernos. Salvando las distancias, el uso de la ley para la represión de la disidencia política existe desde antes de que se acuñara el término lawfare. Como dejó claro el Bando de la Junta de Burgos en julio de 1936: los sublevados eran los rojos, no ellos, los militares que habían dado el golpe de Estado y que ahora pasaban a perseguir a quienes se resistían al nuevo orden fascista. Esta es la tradición de la justicia al revés de la que proviene la derecha española, aunque la persecución política y el golpismo se sofistiquen con los años. El lawfare es buena prueba de ello.

A pesar de todas las evidencias, en el Estado español se sigue negando la existencia del lawfare porque admitirla supondría reconocer que la imagen que nos han transmitido sobre la imparcialidad e independencia del poder judicial no es tal. Pero también porque el fenómeno del lawfare, sea contra los independentistas, los dirigentes de Podemos o el propio presidente del Gobierno, implica reconocer que la democracia consolidada de la que alardean los distintos gobiernos españoles –incluido el de Pedro Sánchez– deja mucho que desear. Reconocer esto puede ser difícil para quienes han sido socializados en los mitos de la Transición, pero es el primer paso necesario para poder construir un Estado que se libere, de una vez por todas, de las rémoras del franquismo que todavía persisten en él.

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