Tres mentiras, repetidas hasta la saciedad, sobre el papel de los salarios en la economía.

La primera de estas mentiras nos dice que los costes laborales constituyen una pieza esencial de la competitividad de las empresas, de su presencia tanto en el mercado doméstico como en el internacional, de modo que su reforzamiento y la propia supervivencia de las mismas obligaría a la implementación de políticas de contención salarial. El segundo de los supuestos es tan atrevido como el primero, pues supone la existencia de una relación inversa entre los salarios y el nivel de ocupación; por lo que el mantenimiento y la creación de puestos de trabajo obligaría a moderar o en su caso reducir las retribuciones de las personas trabajadoras. En tercer lugar, esa contención sería condición imprescindible en el éxito de las políticas de reducción de la inflación y del mantenimiento de los precios en niveles bajos.

Si la evidencia empírica disponible apunta en una dirección muy distinta, si la complejidad de las relaciones económicas cuestionan abiertamente postulados tan simplistas, si, al contrario de lo que sostiene la economía convencional y dominante, el crecimiento de los salarios no sólo es compatible con la mejora de la competitividad de las empresas sino que es condición imprescindible de la misma, si el aumento de las retribuciones de los trabajadores supone una pieza clave de las políticas de creación de empleo, si el comportamiento de los precios trasciende con mucho la dinámica retributiva de los asalariados, si las denominadas políticas de austeridad salarial, además de ser injustas, además de ser un factor esencial en el aumento de la desigualdad, han tenido un efecto calamitoso sobre las dinámicas económicas, si las medidas de disciplina aplicadas sobre los salarios han penalizado sobre todo a los colectivos más débiles y, por esa razón, más vulnerables, dejando intactos los privilegios de los equipos directivos y las cúpulas empresariales… si todo esto es así, ¿por qué se insiste en la necesidad de implementar políticas de moderación salarial como condición sine qua non de una dinámica económica fuerte, saludable y sostenible? ¿Cuál es la razón de que este conjunto de falacias y lugares comunes continúe siendo una de las piedras angulares de la docencia en las facultades de Economía? ¿Qué explicación tiene que, tanto en coyunturas recesivas como de crecimiento, se repita una y otra vez el mantra de la contención salarial?

Yo lo tengo claro, más allá del razonamiento estrictamente económico –si es que tal cosa existe– detrás de esa retórica hay una estrategia política. Porque el triunfo de esa lógica, de esa deriva salarial, que, más allá de la coyuntura, se defiende con carácter estructural, representa, en primer lugar, el debilitamiento, el fracaso de las organizaciones sindicales, cuya razón de ser pasa necesariamente por exigir y conseguir la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. Y, no hay que olvidarlo, el salario constituye la piedra angular de esa mejora: para la gran mayoría es su principal fuente de ingreso. Si los sindicatos mayoritarios renuncian a librar esa batalla o si la dan por perdida o si la pierden por no apostar decididamente por la movilización –presuponiendo, erróneamente, que el aumento de los niveles de ocupación se traduce automática y necesariamente en una mejora de los niveles salariales– queda cuestionada para muchos su razón de ser como sindicatos de clase.

Pero no sólo está la dimensión sindical. Hay una clave política que resulta asimismo imprescindible poner sobre la mesa. La institucionalización de la austeridad salarial, la centralidad de la misma en las estrategias económicas, su aceptación de facto no sólo debilita sino que contribuye a la deslegitimación de las izquierdas, que para muchos trabajadores pasan a formar parte del statu quo.

¿Nos preocupa el hasta ahora imparable ascenso de la extrema derecha y de las derechas extremas (que en aspectos fundamentales son lo mismo)? ¿Nos inquieta la desmovilización social ante el evidente ascenso de los fascismos? ¿Y el discurso de «todos son iguales» o «nada se puede hacer»? No hay respuestas fáciles, ni caben simplificaciones, pues son muchos los factores que pueden ayudar a explicar esa deriva, pero, como he querido plantear en las líneas precedentes, me parece en todo caso necesaria una reflexión acerca de las estrategias y las prácticas sindicales y políticas de las (denominadas) izquierdas.

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Cuando en el 2011 decidimos embarcarnos en la aventura de publicar un periódico mensual, el movimiento por la vivienda estaba empezando a coger fuerza. Todavía teníamos recientes las manifestaciones de V de Vivienda que arrancaron en el 2006, las primeras Plataformas de Afectadas por las Hipotecas (PAHs) se habían creado en 2009 y habían logrado paralizar varios desahucios y, pocos meses después, las asambleas de barrio surgidas durante el 15-M (2011) crearían comisiones de vivienda que lucharían, con mayor o menor éxito, por evitar la expulsión de sus vecinas de sus casas.

La cronificación del problema de acceso a la vivienda

Quince años después, la situación de la vivienda, lejos de mejorar, no ha hecho más que empeorar. Pese a que han proliferado PAHs (como en Madrid Centro, Vallekas o pueblos del sur de Madrid), asambleas de vivienda (como en Villalba, Carabanchel, Latina, etc), sindicatos de barrio (como en Hortaleza o Moratalaz), grupos de Stop Desahucios (Granada, Gipuzkoa, etc) y sindicatos de inquilinas por toda la geografía estatal (Madrid, Barcelona, Málaga, etc) y a pesar a los miles de desalojos parados por la acción directa de las vecinas, la crisis se ha hecho crónica.

Por un lado, más de 1,7 millones de personas han perdido sus casas en este tiempo, produciéndose la mayor cantidad de desahucios no durante los peores años de la crisis, sino en los años posteriores (2012-2019), que eran de supuesto crecimiento de la economía. Por otro lado, el precio de la vivienda a la venta y, sobre todo, en alquiler, ha alcanzado máximos históricos, con subidas de más del 75% en algunos territorios del Estado, según Eurostat.

Ayudas al rentismo para paliar el problema

Pese a llevar más de seis años soportando a los autodenominados gobiernos más progresistas de la galaxia (PSOE, Podemos y Sumar), éstos no han hecho nada por solucionar el problema. Todas sus políticas giran en torno a dar más ayudas a los rentistas, a los que piden que actúen con responsabilidad, pero nunca confrontan o limitan su poder. Nada de fijar precios máximos de alquiler, prohibir los arrendamientos de temporada o aumentar la duración de los contratos. El último ejemplo: a principios de enero de este año, el gobierno anunció un sistema de incentivos para que los propietarios que deben renovar contratos de alquiler lo hagan sin subir el precio, que se traduce en una bonificación fiscal del 100% del IRPF para aquél que decida no especular (más de lo que ya lo está haciendo). En otras palabras, se trata de subvencionar con dinero público el rentismo, congelando los altos precios que se vienen dando desde hace años.

Decisiones como ésta visibilizan que no es que la socialdemocracia no sea incapaz de solucionar el problema, sino que es parte del mismo.

La sociedad de propietarios y la lucha de clases

A diferencia de lo que hace el movimiento de vivienda, la progresía (que participa alegremente del rentismo) no sitúa el marco de la vivienda en términos de lucha de clases, sino en una simple falta de oportunidades. Así, la izquierda institucional se encuentra mucho más cómoda hablando, por ejemplo, de desigualdad generacional, en vez de clases sociales. Y tiene algunos datos que lo respaldan: en dos décadas, la brecha de riqueza entre quienes tienen 65-74 años y los que hoy rondan los 35-44 se ha multiplicado por nueve.

En esta línea, el informe Brecha generacional: cómo el sistema de pensiones y el modelo fiscal penalizan a los jóvenes españoles, realizado por el Instituto Juan de Mariana, busca transmitir la idea de que los privilegios de los jubilados lastran a las nuevas generaciones, obligadas a sostener un sistema de pensiones injusto. La conclusión es clara: reformar —y, en la práctica, privatizar— las pensiones.

Sin embargo, si analizamos con detenimiento los datos, podemos observar que en 2008, un joven ganaba el doble de lo que costaba alquilar una vivienda y hoy tendría que destinar el 92% de su salario para emanciparse. Y es que ahí tenemos la respuesta al problema: es la vivienda lo que marca la diferencia, no los jubilados. Por ello, desde 2007, la tasa de emancipación juvenil ha caído al 15%, y tres de cada cuatro chavales con empleo siguen atrapados en casa de sus padres.

¿Existe una desigualdad de riqueza entre los boomers y las nuevas generaciones? Sí, pero gran parte de la misma se explica por la propiedad inmobiliaria. Por ello, no podemos meter en el mismo saco a toda una generación como lo hace, por ejemplo, Analía Plaza (con bastante humor) en La Vida Cañón (Ediciones Temas de Hoy). La diferencia estriba en la clase, no en la edad; y la clase se ve cada vez más definida por el número de viviendas en propiedad.

“Durante los últimos 50 años, la llamada sociedad de propietarios se convirtió en un proyecto central de integración económica y política”, explica el sociólogo Javi Gil en un artículo. “El neoliberalismo hizo de la financiarización de la vivienda la palanca de crecimiento durante décadas. Los hogares accedieron de forma masiva a la propiedad, lo que los transformó en clase media. Y su bienestar comenzó a apoyarse cada vez menos en los salarios o en el Estado de bienestar, y más en la revalorización de sus viviendas.

Conceptos como capitalismo patrimonial o capitalismo rentista se han empezado a utilizar para describir esta nueva realidad: una economía en la que la riqueza depende cada vez menos del trabajo y la producción, y cada vez más de la revalorización de los activos, con la vivienda como eje central. No es un detalle menor que el valor de los bienes inmuebles constituya hoy el mayor depósito de riqueza del planeta, equivalente a casi cuatro veces el PIB mundial.

Esta transformación ha disparado la concentración de riqueza y ensanchado la brecha social. La propiedad de activos se reparte de forma profundamente desigual, y en los últimos 50 años la distancia entre los más ricos y el resto de la sociedad no ha hecho más que crecer.

En 1987, bastaban tres años de salario para comprar una vivienda. Hoy, los jóvenes necesitarían el equivalente a 14 años de sueldo. La conclusión es demoledora: como generación, el acceso a la propiedad es imposible, porque los salarios se han desligado de los precios de la vivienda”.

El colmo es que, pese a que la vivienda está profundizado la desigualdad económica de nuestra sociedad, el discurso de la clase dominante se va imponiendo cada vez más. En quince años hemos pasado de la solidaridad generalizada con las desahuciadas – en 2013 la revista Pronto regalaba pegatinas de “Stop Desahucios” – a que empresas de desokupación influyan en la agenda política, se aplauda a políticos que dejan a familias enteras en la calle como hizo Albiol en Badalona estas navidades y todas las reformas políticas van dirigidas a dar más poder a los propietarios y castigan a quien no tiene casa. Gracias a una alianza entre empresas de seguridad, inmobiliarias, medios de comunicación y políticos de todos los ámbitos – recordemos a Rita Maestre hablando de la okupación como un “problema” o a Manuela Carmena repitiendo los mantras de Desokupa – el español medio empatiza más con el “pequeño” propietario que acumula cuatro inmuebles como fuente de ganancia que con una familia sin alternativa habitacional.

Acabemos con el negocio de la vivienda

Las manifestaciones del 13 de octubre de 2024 (Madrid) y del 5 de abril de 2025 (estatal), en las cuales participaron más de 150.000 personas en cada una, han sido las más masivas por el tema de la vivienda desde la Transición, lo cual evidencia la enorme preocupación que genera la situación actual. En ellas, la demanda principal fue la de poner fin al negocio de la vivienda. Por ejemplo, el comunicado de la segunda de estas manis establecía que “la vivienda debería ser un derecho, no un bien con el que especular. Sin embargo, los fondos de inversión y los rentistas siguen acumulando beneficios mientras miles de personas son desahuciadas, expulsadas de sus barrios o condenadas a vivir en condiciones indignas. Y todo esto con la complicidad del Estado y los partidos políticos institucionales, que han convertido la vivienda en un modelo de negocio”.

¿Y cómo se pretende conseguir acabar con la especulación? No es fácil. El movimiento de vivienda es muy amplio, englobando a anarquistas, comunistas, socialistas, reformistas y militantes y afectadas sin adscripción a un marco teórico. Y, por ello, las estrategias escogidas a lo largo de los años han sido variadas (lo cual, a veces, genera conflictos): poner el cuerpo frente a comisiones judiciales y cordones policiales para parar desahucios, negociar alquileres sociales con bancos, okupar edificios y alojar a múltiples familias, hacer campañas visibilizando casos dramáticos, convocar manifestaciones para exigir reformas legislativas, etc. Y, si bien a nivel social no se ha logrado siquiera hacer la vivienda algo más accesible, sí ha logrado encontrar soluciones prácticas e individuales para miles de personas a lo largo de los años. Y eso no es poco.

La lección que podemos sacar de los últimos años es que el asalto institucional que protagonizaron activistas como Ada Colau no ha servido para nada. Todas las victorias se han logrado desde los movimientos sociales, desde la solidaridad y la horizontalidad. Es obvio que ningún gobierno va a acabar con la mercantilización de la vivienda, por lo que algo tan básico como garantizar la cobertura de una necesidad humana parece un objetivo radical que únicamente se conquistará mediante estrategias colectivas igualmente radicales. Y la huelga de alquileres puede ser una de ellas.

Una huelga de alquileres tendría como objetivo desbordar económicamente a grandes fondos, a pequeños propietarios y a empresas de alquiler seguro que garantizan el pago de la renta. Es una propuesta para afectar directamente a sus beneficios, en la que pueden ser parte activa amplios sectores, que delimita claramente los intereses y facciones contrapuestas en este conflicto y que saca la lucha de los pasillos de la política institucional para llevarla a nuestro propio escenario. Una propuesta inspirada por ejemplos de lucha históricos (como la huelga de alquileres de Barcelona de 1931), pero también recientes (como la huelga de cuidados del 8M de 2018 y 2019 o algunas propuestas de impago de las rentas durante la pandemia de 2020).

Durante los últimos quince años el movimiento de vivienda ha demostrado ser resiliente y valiente. No ha parado su actividad pese a que en 2015 se reformaron las leyes administrativas y penales para criminalizarlo (exponiéndose varias a activistas a la posibilidad de ir a prisión), ni a las amenazas de grupos fascistas que están trabajando para algunos fondos. Por ello, esperemos que su lucha continúe y que sepa hacer todo lo necesario para acabar con el negocio de la vivienda de una vez por todas.

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El Convenio Colectivo de Acción e Intervención Social se está negociando a día de hoy. Un convenio que rige la relación y ámbito laboral de las trabajadoras de las siguientes áreas, tal y como aparecen denominadas en el actual Convenio: área de intervención psicosocial y socio-educativa (centros de acogida, centros de atención a mujeres víctimas de violencia, agresiones, etc., pisos, centros de día, comedores sociales, programas de atención, intervención y mediación, etc.), área de intervención sociolaboral (servicios de inserción laboral, orientación para el empleo, etc.), área de intervención sociosanitaria y asistencial (servicios de apoyo emocional, de prevención del VIH y drogodependencias, servicios sociosanitarios de rehabilitación dirigidos a colectivos en situación de riesgo o exclusión social, servicios de Salud Mental, servicios de emergencia social, centros de atención a las toxicodependencias y otras dependencias, centros residenciales para poblaciones en riesgo de exclusión social, etc.) y área de gestión, investigación, diseño, evaluación, diagnóstico y planificación estratégica de programas sociales (asesoría y consultoría, servicios de formación y orientación, acompañamiento y mediación a personas para prevenir la pérdida de su vivienda, etc.).

La mesa negociadora se encuentra conformada por los sindicatos CCOO y UGT y las organizaciones patronales AEEISSS, ANESOC y OEIS. Ésta última, la Organización Estatal de Intervención Social, constituida, según su página web, por las siguientes 27 entidades, engloba a 22.000 trabajadoras: Aldeas Infantiles, AECC, Asociación Norte Joven, ACCEM, Asociación Proyecto Hombre, Asociación PAIDEA, Cáritas, COCEDER, Cruz Roja, Acción contra el Hambre, Fundación Adecco, Anesvad, CEPAIM, La Merced Migraciones, Oxfam Intermón, Plan Internacional, RAIS, Secretariado Gitano, Save the Children, Fundación Social La Sapiencia, Fundación Tomillo, Médicos sin Fronteras, Movimiento por la Paz, Pinardi, YMCA, Educo e Intered.

Como informa la Plataforma del Sector Social en Madrid, organización asamblearia que agrupa a trabajadoras de forma independiente a las centrales sindicales mayoritarias, durante los últimos 18 años, se han firmado 3 convenios. La Plataforma señala que el convenio de 2007 sigue siendo la base principal de referencia, habiendo quedado, como es lógico, totalmente desfasado, incompleto y sin actualizar categorías, funciones, jornadas, etc., y, aunque se han producido revisiones salariales anuales, las subidas salariales han sido inferiores a la subida del IPC, es decir, las trabajadoras del sector han perdido poder adquisitivo en los últimos años. Por ello, uno de las reivindicaciones principales es la salarial, pero, con el objetivo no sólo de ajustar el salario al actual nivel de vida sino de alcanzar los salarios de los trabajadores públicos, pues, con cada vez más frecuencia, dichas empresas sustituyen a servicios de carácter estatal, dentro de la dinámica externalizadora y privatizadora presente en todos los niveles de la Administración sin importar el color político de sus gestores.

Otra reivindicación presente es la reducción de las horas de trabajo hasta alcanzar las 37,5 horas semanales, así como la mejora de las condiciones laborales (cuidado de la salud física, mental y emocional de las trabajadoras), el reconocimiento como servicio público esencial, la dignificación de la atención a las personas que participan en estos servicios y, por tanto, la dignificación de las propias personas, etc.

Los sindicatos de carácter reformista y pactista han denunciado el bloqueo patronal a la negociación en un primer comunicado titulado “El principio del fin de la paz social en la intervención social”. En dicho comunicado han acusado a la patronal de no asumir ni la mínima reivindicación de equiparar los salarios al actual nivel de vida, en contraste con la dinámica presente respecto a los altos cargos, por ejemplo, en 2024, las trabajadoras de CEAR denunciaban las subidas salariales de hasta casi un 30% para cargos superiores.

El pasado 24 de noviembre, estos sindicatos publicaban una nueva nota de prensa anunciando el inicio de una serie de movilizaciones si continúa el bloqueo por parte de las tres entidades patronales.

En esta disputa, en la que convergen diferentes ejes de conflicto (como la precarización y feminización de estos servicios de acompañamiento y cuidado, la privatización de un elemento del Estado social que, a través de supuestas fundaciones y asociaciones, la Administración acaba externalizando toda una serie de servicios, los recortes presupuestarios en nombre de, por un lado, el equilibrio fiscal, o, por el otro, el relato neoliberal, racista e individualista de la extrema derecha presente en las instituciones, el impacto personal y mental en las propias trabajadoras, etc.), la amenaza de la ruptura de la paz social por parte de las dos centrales sindicales que con más ahínco han trabajado para mantenerla, nos hace entrever la gravedad de las intenciones de una serie de empresas, ONGs, fundaciones y asociaciones, que proyectan una imagen pública que colisiona con la realidad de las trabajadores que las sostienen.

Pero, aunque dicha imagen pública ha sido de forma recurrente usada como chantaje a las trabajadoras, porque algunas de ellas se sostienen aún en parte por las donaciones y suscripciones de miles de personas voluntariosas, también, es una herramienta de presión y fuerza poderosa para todas nosotras. No olvidemos que tienen mucho que perder. Aplaudimos la organización autónoma de las propias afectadas, con la esperanza de que acabe constituyéndose un elemento de contrapoder suficiente no sólo para plantar a la patronal sino para que CCOO y UGT sientan la presión y deban poner en práctica, como mínimo, lo amenazado en sus comunicados y no acepten las cuatro migajas que les puedan ofrecer apelando a la “responsabilidad” que constantemente mencionan, una responsabilidad que siempre coarta a las trabajadoras pero nunca repercute en sentido contrario.

Por un auténtico principio del fin de la paz social en la intervención social.

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Protesta en Mérida por la falta de citas en el SEPE

El Sindicato 25 de Marzo y el Campamento Dignidad Extremadura convocaron una protesta frente a la sede del SEPE (Servicio Público de Empleo) en Mérida el pasado miércoles 22 de octubre contra la cada vez mayor dificultad presente para ser atendido presencialmente en sus oficinas, provocada por la falta de personal, situación extendida por el país por los recortes, la implantación de vías electrónicas, etc.

Estas organizaciones denuncian que las complicaciones presentes, por ejemplo, retrasan el cobro de las diferentes prestaciones, además, es que castigan, especialmente, a aquellas personas que tienen más dificultades para relacionarse virtualmente con la Administración. Como dicen en el llamamiento de la convocatoria, esta situación “es un ataque contra la clase trabajadora y en especial contra quienes más sufren la precariedad dentro de ella”.

Esperamos que se repliquen dichas concentraciones por todo el país y señalen a otras Administraciones en las que, también, es casi imposible conseguir una cita (Seguridad Social, Ayuntamientos, etc.).

Manifestación de bomberos forestales por el centro de Madrid

El pasado 18 de octubre, la Plataforma de Asociaciones y Sindicatos de Bomberos Forestales organizó una manifestación que, partiendo de la calle Ferraz, donde se encuentra la sede del PSOE, pasando por Génova, donde está la del PP, llegó al Congreso de los Diputados, para exigir el fin de la precariedad en el sector, denunciar la falta de medios adecuados de seguridad y salud laboral, la escasa inversión pública y las externalizaciones y privatizaciones, señalar el nulo compromiso de las diferentes Administraciones con políticas de prevención, etc.

Son muchas las demandas presentes así como los actores en juego, pero, la mayor parte de las reivindicaciones podrían resumirse en las pésimas condiciones laborales y salariales de las trabajadoras y en la falta de compromiso de los diferentes niveles del Estado, de la organización más local a la nacional, con este servicio que debería ser considerado esencial para evitar que ocurran los terribles incendios que tuvieron lugar durante este estío.

CNT inicia una huelga indefinida en GAZC Sevilla

CNT inició una huelga indefinida el pasado 6 de octubre en los tres centros de trabajo que dicha empresa tiene en la provincia. Esta huelga afectó en su primera jornada a la cadena de producción, deteniéndose la actividad en las líneas de mecanizado de piezas destinadas a clientes como Airbus, Airbus Defence & Space (empresa con participación estatal), Boeing, Bombardier y otras compañías del sector aeronáutico internacional.

Según el comunicado presente en la web del sindicato, “la huelga estalla tras meses de incumplimientos del convenio colectivo, recortes ilegales y represión sindical creciente”. CNT denuncia que “la dirección se niega a reconocer las categorías profesionales realmente ejercidas, recorta el abono de las vacaciones, impone calendarios unilaterales y rechaza la readmisión de trabajadores despedidos por organizarse sindicalmente”.

GAZC Sevilla forma parte del modelo de subcontratación que las grandes multinacionales del sector aeronáutico utilizan para abaratar costes y precarizar las condiciones laborales. “Este esquema de externalización permite a las principales empresas del sector mantener elevados márgenes de beneficio mientras trasladan la presión productiva, los recortes y la inestabilidad laboral a sus proveedores y talleres auxiliares”.

Pero, a pesar de la persecución que la empresa ha iniciado contra los propios trabajadores, llegando a despedir a miembros de la sección sindical, la plantilla no se ha aminorado y ha continuado adelante con la movilización, llegando a iniciar una huelga indefinida.

El sindicato ha organizado una Caja de Resistencia para sostener el conflicto, podéis consultar todos los detalles en la página web de CNT Sevilla.

Paro del personal de tierra de Ryanair en Santiago de Compostela

El pasado 20 de octubre, las trabajadoras del aeropuerto Rosalía de Castro secundaron una jornada de movilización contra el ERE presentado por Ryanair. Esta jornada de lucha se basó en la convocatoria de un paro general para ese día para el personal de Azul Handling, compañía auxiliar de asistencia en tierra de Ryanair, y de un paro solidario de 3 horas para el resto de trabajadoras de otras empresas ligadas también al aeropuerto.

Pero, la huelga fue saboteada por el propio Ministerio imponiendo unos servicios que, en algunos casos, alcanzaron al 100% de los trabajadores.

La decisión de Ryanair de cerrar la base de Santiago de Compostela supone el despido directo de 79 trabajadoras y una reducción del 50% de la jornada para parte de la plantilla que permanecerá en su puesto. La decisión del cierre entra dentro de la campaña de presión ejercida por la compañía contra las diferentes Administraciones públicas para que, según el sindicato galego CIG, partícipe en esta lucha, “sigan subvencionando e incrementando sus millonarios beneficios”.

Aulas en pie de guerra

Comienza el curso y, en la mayoría de Comunidades Autónomas, continúa abierta la brecha entre los trabajadores y alumnos y los gobiernos regionales. Los recortes en el sector público que esconden la intención de degradar los centros educativos, ya sean escuelas, institutos o universidades, para así impulsar los centros privados a manos de entidades religiosas y entramados mercantiles, movilizaron el pasado curso a una amplia base laboral y social en Madrid, Asturias, Euskal Herria, etc. En el mes de noviembre, se prevén paros, manifestaciones y otras protestas en el ámbito universitario en Madrid, en la FP de Navarra, en Cantabria, etc.

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Recibimos en la madriguera topa a una leyenda viva del «underground», Javier Cinca Monterde, alias Viriato, activo agitador cultural de los ochenta en bandas como «Bulbo raquídeo» y que sigue hoy día al frente de su editorial «Sindicato de Trabajos Imaginarios». Un viaje que va del free jazz a la new wave, la música industrial […]

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Desalojos, Comunidades autogestionadas, emigración versus turismo .Hoy hablamos con nuestro amigo Ruymán Rodríguez, miembro del Sindicato de Inquilinas y de la Federación Anarquista de Gran Canaria. Con él hablaremos de la amenaza de desalojo de la Comunidad de la Marisma, de qué son, cómo surgen y se gestionan las comunidades . También trataremos dos temas […]

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