[Informe] La calidad del aire en la Región de Murcia durante 2025

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[Informe] Cuando el ‘lobby’ fósil rebaja la ciencia: desregulación y captura corporativa en el giro climático de la UE hacia 2040

Por: Clima — 29 Diciembre 2025 at 09:00

Conclusión: La regresión de la ambición climática europea

Durante el mandato de la Comisión Europea 2019-2024, el Pacto Verde Europeo se consolidó como una de las principales prioridades políticas de la Unión Europea. Estos avances representaron pasos fundamentales para hacer frente a la crisis climática, aunque desde el principio resultaron insuficientes ante la urgencia que la ciencia venía documentando.

La Legislación Europea sobre el Clima supuso un avance significativo al fijar objetivos jurídicamente vinculantes para 2030 y 2040, con el fin de alcanzar la neutralidad climática en 2050. Sin embargo, ya entonces resultaba problemático que la norma se centrase en el concepto de “neutralidad” y no de forma explícita en la reducción real de emisiones, abriendo la puerta a mecanismos contables que permiten eludir la descarbonización efectiva.

Las medidas del paquete “Fit for 55”, orientadas al cumplimiento del objetivo para 2030, mostraron luces y sombras desde su concepción. La ampliación del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión a nuevos sectores mediante el ETS2, junto con una mayor reducción de emisiones, marcó un cambio en la dirección correcta. No obstante, la lógica de mercado inherente a este mecanismo favorece sistemáticamente a las grandes empresas y refuerza un sistema económico que contradice los objetivos de sostenibilidad que pretende alcanzar. El Fondo Social para el Clima, concebido como instrumento para mitigar los impactos sociales del ETS2 sobre las poblaciones más vulnerables, nació con una dotación limitada en comparación con los ingresos generados por los mercados de carbono. Sería deseable y necesario que una mayor parte de estos recursos se destinara directamente a fines sociales y de justicia climática, en lugar de alimentar el mismo sistema financiero que ha contribuido a la crisis.

El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono intentó dar respuesta a las fugas de carbono derivadas de la deslocalización de la producción por el coste de las políticas ambientales, pero su implementación ha generado constante incertidumbre. Las exenciones introducidas y el retraso en su aplicación reducen dramáticamente su eficacia y plantean serias dudas sobre su capacidad para garantizar una reducción efectiva de emisiones a escala global. El Reglamento de Reparto del Esfuerzo supuso un avance al establecer objetivos nacionales vinculantes para sectores clave como el transporte por carretera, los edificios, la agricultura, los residuos y la pequeña industria. Sin embargo, los amplios mecanismos de flexibilidad incorporados debilitan su impacto real y pueden permitir que algunos Estados miembros retrasen indefinidamente la acción climática necesaria.

La Directiva de Energías Renovables contribuyó a reducir la dependencia europea de los combustibles fósiles, pero la aceleración de los procedimientos sin suficientes salvaguardas sociales y ambientales generó alarmas justificadas. La transición energética debe hacerse con criterios de justicia social, tanto en la extracción de materias primas para la construcción de infraestructuras como en su implementación territorial. Resulta especialmente preocupante la persistencia de incentivos a determinados biocombustibles como la soja, con impactos negativos documentados sobre la deforestación, así como la aceleración de proyectos de hidrógeno controlados por las mismas empresas fósiles que deberían estar en proceso de desmantelamiento. Las reformas de la Directiva sobre eficiencia energética y la Directiva sobre la eficiencia energética de los edificios constituyeron avances positivos, destacando el calendario para reducir el consumo, implantar energía solar en edificios y luchar contra la pobreza energética mediante la creación de ventanillas únicas de atención ciudadana.

En conjunto, el Pacto Verde Europeo supuso un cambio profundo en el marco normativo de la Unión Europea durante aquel ciclo legislativo. Sin embargo, ya entonces resultaba imprescindible aumentar la ambición climática, reforzar el enfoque de justicia social y territorial, y evitar que los procesos de simplificación derivasen en desregulación ambiental. La transformación ecosocial necesitaba acelerarse para hacer frente a la emergencia climática, pero ese impulso debía planificarse democráticamente y situar a las personas y al planeta en el centro de las políticas públicas.

El informe Draghi y el desmantelamiento normativo

El actual ciclo legislativo europeo está marcado por el Informe sobre el futuro de la competitividad europea, elaborado por Mario Draghi, que representa una continuidad con la ortodoxia económica de corte neoliberal. Este documento prioriza la reducción institucional y la desregulación de mercados, planteando riesgos significativos para la sostenibilidad ambiental. Draghi, antiguo vicepresidente de Goldman Sachs durante la crisis de 2008 y expresidente del Banco Central Europeo durante las medidas de austeridad, vuelve a aplicar para el conjunto de la Unión Europea la misma receta de recortes sociales y liberalización que implementó en años anteriores.

Desde la ratificación de la Comisión en noviembre de 2024, formada mayoritariamente por miembros del Partido Popular Europeo y liberales de Renew, el informe Draghi se ha convertido en la hoja de ruta política de los siguientes cinco años. Este giro fue formalizado en marzo de 2025 a través de la Declaración de Budapest, priorizando la desregulación bajo el eufemismo de “simplificación” de elementos tan relevantes como la protección ambiental, la legislación climática y el control de tóxicos.

Este nuevo ciclo contrasta radicalmente con el anterior, que venía precedido por el Informe Stern, el cual mostraba la relación económica directa entre degradación ambiental y crisis climática, indicando que no actuar suponía un coste hasta tres o cuatro veces mayor. El Informe Stern impulsó el Acuerdo de París y encaminó a la UE hacia una transición energética basada en renovables. Sin embargo, el cambio de color político y la entrada de perfiles negacionistas han revertido esta tendencia.

Hasta el momento, este llamamiento político se ha consolidado en la aprobación de ocho leyes ómnibus que desmantelan sistemáticamente la normativa climática y ambiental. Estas leyes interrumpen durante dos años la obligación de presentar informes de sostenibilidad, paralizan el reglamento de Debida Diligencia, reducen controles en la Política Agraria Común, posponen obligaciones ambientales relacionadas con baterías, destinan ochocientos mil millones de euros a defensa y simplifican requisitos sobre sustancias tóxicas.

Particularmente grave resulta el octavo ómnibus, que limita la evaluación de debida diligencia solo a operaciones propias y socios directos, permitiendo a las empresas ocultar delitos mediante la creación de terceras empresas. Se suprime la obligación de adoptar planes de transición climática, se elimina el régimen armonizado de responsabilidad civil y se establecen límites máximos a las multas. El octavo ómnibus moviliza cincuenta mil millones para grandes infraestructuras sin incluir principios como el de no hacer daño significativo ni salvaguardas contra financiación gasista o nuclear.

Desoír la ciencia, atender los intereses empresariales

La revisión de la estrategia a largo plazo de la Unión Europea revela una peligrosa desconexión entre la urgencia científica y la voluntad política. Lo que nació como un proceso fundamentado en el rigor técnico, avalado por las recomendaciones del Comité Asesor Científico Europeo para el Cambio Climático hacia una reducción del noventa al noventa y cinco por ciento basada en la gestión de la demanda, se ha visto comprometido por un cambio de ciclo político que prioriza la desregulación sobre la supervivencia climática.

A pesar de que las recomendaciones científicas eran las óptimas a nivel climático, económico, social y laboral, el giro a la derecha del Parlamento Europeo ha alterado el rumbo. La adopción de un objetivo del noventa por ciento, lastrado por agujeros legislativos y mecanismos de flexibilidad, representa una claudicación ante los intereses neoliberales. El recurso a los créditos de carbono bajo el Artículo 6, cuya integridad climática y respeto a los derechos humanos siguen sin garantías, convierte el compromiso europeo en una estructura de contabilidad creativa más que en una hoja de ruta de descarbonización real.

El informe del Comité Asesor Científico era claro: el escenario basado en la gestión de la demanda ofrecía mayores beneficios a la sociedad en salud pública, seguridad energética y biodiversidad, y era el más coste-efectivo. Sin embargo, las propuestas políticas progresivamente diluyeron este enfoque mediante créditos de carbono, leyes ómnibus y la inclusión de soluciones tecnológicas inviables como la nuclear y la captura de carbono. En definitiva, se prioriza la “competitividad” sobre la efectividad climática.

Al ignorar la necesidad de actuar contundentemente, la Unión Europea incumple su liderazgo internacional en el marco del Acuerdo de París. Además, envía una señal negativa a otros países al no realizar las medidas que exige internacionalmente, bloquear la financiación necesaria y esconderse tras certificaciones de dudosa credibilidad. A nivel doméstico, ese retroceso normativo pone en riesgo la certidumbre económica y laboral de una transición que no puede permitirse llegar tarde.

La aplicación: urgencia de actualización normativa

Estado español, como país miembro de la Unión Europea, no presenta objetivos específicos propios de reducción de emisiones, sino que asume el objetivo europeo como su compromiso ante el Acuerdo de París. Este acuerdo sobre el objetivo a 2040 alcanzado por la Unión Europea deberá traducirse a objetivos concretos a nivel nacional. Sin embargo, los criterios de justicia climática muestran que Estado español, como país del norte global con responsabilidad histórica, debería alcanzar la descarbonización de su economía en el año 2040, alcanzando en torno al noventa al noventa y cinco por ciento de reducción de las emisiones respecto al año base de 1990, ya que los sumideros naturales tendrían una capacidad de absorción en torno al cinco al diez por ciento de las emisiones totales.

Es importante recordar además que nuestro país mediterráneo está sometido a mayores riesgos de sequías e incendios, donde el manejo o la composición específica de los ecosistemas limita aún más el papel de sumideros respecto al que podemos observar en otros países europeos. Por ello, se debe ser cautos y aplicar el principio de precaución en los temas relativos a los sumideros naturales.

El cambio de prioridades de la UE hacia la competitividad y la desregulación afectará inevitablemente a la política climática española. Según el programa de trabajo aprobado por la Comisión Europea, se revisarán todos los programas y paquetes normativos del anterior ciclo legislativo. Esta revisión se producirá en el tercer y cuarto trimestre de 2026, evaluando el Régimen de Comercio de Emisiones y la reserva de estabilidad en el tercer trimestre, mientras los objetivos nacionales se evaluarán en el cuarto trimestre junto con la revisión de las flexibilidades para su cumplimiento.

Sin embargo, la simplificación normativa y los temas de competencia tendrán preferencia sobre la revisión de los objetivos nacionales. Ante estas prioridades europeas surge la duda de si la falta de atención a los temas climáticos puede impedir alcanzar un calendario que se ajuste precisamente a la actualización de todos los paquetes climáticos de la UE y los países miembros en 2029. La experiencia nos demuestra cómo algunos de estos paquetes no han podido ser realizados o debatidos en tiempo y forma como se esperaba. En lugar de ello, observamos cómo la Comisión Europea está priorizando leyes ómnibus que minan la limitada ambición e integridad ambiental del paquete “Fit for 55”. Si bien este paquete era insuficiente, representaba un paso adelante.

El futuro de la neutralidad climática a 2050 depende hoy de que estos vacíos normativos sean denunciados y corregidos antes de que la inercia del negacionismo climático se vuelva irreversible. Es imperativo volver a las recomendaciones del Comité Asesor Científico en su integridad, priorizar la gestión de la demanda sobre soluciones tecnológicas de alto riesgo, eliminar o limitar drásticamente el uso de créditos de carbono hasta que el Artículo 6 garantice integridad real, garantizar la integridad climática estableciendo salvaguardas sobre los ecosistemas y las personas, y apostar por una transformación real, lejos de las lógicas del liberalismo y el mercantilismo que nos han traído a las crisis actuales.

Sin una estrategia integral que anteponga la justicia social y la protección ambiental al interés empresarial y la lógica neoliberal, Estado español reproducirá el mismo sistema que nos ha llevado a la crisis climática actual, imposibilitando el cumplimiento real de sus compromisos y perpetuando impactos sociales y ambientales inasumibles. La sociedad civil europea, el movimiento climático y los sectores progresistas tienen la responsabilidad de exigir que la ciencia vuelva a guiar la política climática, antes de que el pragmatismo neoliberal condene a Europa y al mundo a un futuro de crisis climática irreversible.

Informe: Cuando el lobby fósil rebaja la ciencia.

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[Informe] Mortalidad del oso pardo en la Montaña Palentina

Por: Palencia — 26 Diciembre 2025 at 14:13

Ecologistas en Acción de Palencia lleva trabajando durante más de tres décadas en el Parque Natural de la Montaña Palentina. Entre otros muchos temas ha conseguido recopilar información detallada y suficiente sobre aspectos relacionados con la conservación de osos en esta provincia, entre los que se incluyen datos de mortalidad que han servido para elaborar este informe.

“La mortalidad del oso pardo en la Montaña Palentina” (diciembre 2025), elaborado por Ecologistas en Acción de Palencia, analiza —a partir del seguimiento y la documentación reunida desde 2001— los principales casos de osos hallados muertos en la zona. El documento pone el foco en la mortalidad no natural y en las carencias que dificultan esclarecer causas y depurar responsabilidades.

Se trata de una lectura relevante para comprender el alcance del problema y orientar los cambios necesarios para garantizar una protección efectiva del oso pardo y del Parque Natural Montaña Palentina.

Introducción

La mortalidad no natural de osos en el Oriente de la Cordillera Cantábrica en general y en la Montaña Palentina en particular es una constante en esta población que, si bien, debe tener una mortalidad natural evidente, se ve claramente incrementada por muertes que nada tienen que ver con la evolución de la especie.

Ecologistas en Acción de Palencia, fruto de su trabajo durante más de tres décadas, dispone de información detallada y suficiente sobre aspectos relacionados con la conservación de osos en esta provincia entre los que, por desgracia y principalmente, se incluyen datos de mortalidad. Es evidente que estos datos deben ponerse en contexto y valorarse en conjunto con los datos de osos que habitan en el sur de Cantabria (Liébana y Polaciones/Campoo) y los que lo hacen en Riaño (León), para tener una percepción adecuada y en conjunto de lo que se ha considerado tradicionalmente como la subpoblación Oriental de osos de la Cordillera Cantábrica.

No obstante, la cantidad de información disponible, el periodo de trabajo suficientemente largo y la importancia relativa de la población de osos de la Montaña Palentina dentro de esta subpoblación oriental nos permite aproximarnos con detalle a la mortalidad de osos que, hoy en día y por sus conexiones con la subpoblación Occidental de la Cordillera,
parecen considerarse como una sola población. No obstante, como es lógico, Ecologistas en Acción de Palencia no pretende hacer valoraciones de mortalidad en el Occidente de
la Cordillera y, por su experiencia y sus datos, este informe se centra en el Oriente de la misma, en concreto, en la Montaña Palentina.

Esta zona de la Cordillera, en el norte de Palencia, al tratarte se una zona básicamente menos abrupta, por tanto, con menos opciones de refugio y menos alimentación disponible que en el Occidente Cantábrico, las afecciones a la especie por las actividades humanas pueden ser más y de mayor impacto que en otras zonas con más dificultades por la orografía y/o por la disponibilidad de zonas de refugio. Además, la alimentación, como en el otoño de 2025 básicamente malo en frutos secos disponibles y los pocos que hay, demasiado concentrados, puede exponer a los osos a situaciones más delicadas que en los momentos en los que la alimentación es más abundante, algo que no es tan habitual en el Occidente.

La mayor parte de los terrenos de la comarca norteña que abarca este informe están enclavados dentro del Parque Natural Montaña Palentina, declarado por la Ley 4/2000, de 27 de junio, con una extensión de 783,6 km 2 . Dentro de este espacio natural protegido hay dos tipos de terrenos cinegéticos: los cotos privados de caza, denominados en la última Ley de Caza de Castilla y León únicamente como cotos de caza eliminando, quizás de forma premeditada, la palabra “privados”; y la Reserva Regional de Caza de “Fuentes Carrionas” (Palencia), cuya gestión corresponde a la Junta de Castilla y León, que ocupa más de la mitad del Parque Natural con 494,71 km 2 . Los cotos de caza sufren una fuerte presión con la actividad cinegética legal y también con la furtiva que, sin duda, afecta de forma directa y/o indirecta al oso pardo.

Informe: Mortalidad del oso pardo en la Montaña Palentina

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[Informe] París, 10 años después

Por: Clima — 23 Diciembre 2025 at 16:44

El balance de la primera década del Acuerdo de París no puede reducirse a una evaluación binaria de éxito o fracaso sino que requiere reconocer simultáneamente sus logros limitados y sus insuficiencias estructurales

El Acuerdo ha establecido un marco normativo de referencia internacional que ha modificado incentivos económicos, generado obligaciones de transparencia y rendición de cuentas a través del mecanismo de revisión global, empoderado a movimientos sociales que exigen a sus gobiernos el cumplimiento de los compromisos climáticos y modificado narrativas dominantes en sectores financieros y empresariales que hace una década negaban abiertamente la necesidad de transformación del sistema energético

La evidencia de cambios en las tendencias de inversión en combustibles fósiles documentada por el Production Gap Report sugiere que el Acuerdo está teniendo efectos materiales sobre las dinámicas económicas reales más allá de su dimensión meramente declarativa

Sin embargo estos avances resultan dramáticamente insuficientes frente a la magnitud del desafío climático: las emisiones globales continúan creciendo cuando deberían estar reduciéndose a un ritmo del 7-8% anual para mantenerse dentro del objetivo de 1,5°C según el IPCC, las contribuciones determinadas nacionales actuales nos sitúan en una trayectoria de calentamiento superior a 2,5°C con impactos catastróficos previsibles y los mecanismos de financiación climática internacional siguen siendo claramente insuficientes tanto en volumen como en accesibilidad para los países más vulnerables

Los obstáculos identificados en este análisis son fundamentalmente de naturaleza política más que técnica o económica: las tecnologías necesarias para la transición energética existen y son económicamente competitivas, los costes de la inacción superan ampliamente los costes de la acción según todos los análisis económicos rigurosos disponibles

Lo que falta es voluntad política de enfrentar los intereses de las industrias fósiles y los sectores económicos dependientes de ellas, de redistribuir recursos hacia los países y poblaciones más vulnerables y de priorizar el interés colectivo de largo plazo sobre los intereses particulares de corto plazo de élites económicas y políticas nacionales

El contexto geopolítico actual caracterizado por el retroceso estadounidense, el debilitamiento europeo y la estrategia ambivalente de las potencias emergentes reduce significativamente las perspectivas de avances sustanciales en la próxima década a menos que se produzcan cambios políticos profundos impulsados desde los movimientos sociales y la ciudadanía organizada

El Acuerdo de París ha demostrado que la cooperación multilateral puede generar marcos de referencia compartidos y modificar tendencias económicas de fondo, pero su efectividad última dependerá de que estos marcos se traduzcan en políticas nacionales vinculantes con mecanismos de cumplimiento efectivos y recursos suficientes, algo que hasta el momento no se ha materializado en la escala y velocidad necesarias para evitar los escenarios climáticos más peligrosos identificados por la ciencia.

París, 10 años después

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A vueltas con el clima y la biodiversidad: una crítica ecologista

[Informe] A vueltas con el clima y la biodiversidad: una crítica ecologista

Por: Clima — 22 Diciembre 2025 at 09:30

Los mecanismos de mercado no constituyen una solución a la crisis climática y ecológica. Frente a la necesidad de transformación energética y protección de la biodiversidad, los instrumentos basados en la lógica mercantil han demostrado limitaciones estructurales que impiden los cambios necesarios y, en muchos casos, refuerzan el modelo productivo que ha generado el colapso ambiental.

Mercados de carbono

La experiencia de los mercados de carbono muestra serias deficiencias. Aunque el incremento del coste de la tonelada de carbono ha impulsado cambios en el sector eléctrico mediante la implantación de renovables, los sectores de descarbonización compleja —acero, cerámica, cemento— siguen acumulando importantes cantidades de derechos de emisión sin planes claros de reconversión. El sistema presenta cuatro problemas estructurales:

La falta de integridad es particularmente grave en los créditos voluntarios, donde agencias externas certifican compensaciones que frecuentemente no reflejan la realidad, incluyendo impactos positivos inexistentes y ocultando violaciones de Derechos Humanos.
La competencia desigual favorece sistemáticamente a las grandes empresas con mayor capacidad económica o posiciones dominantes, dejando fuera a pequeños productores.
La concentración empresarial en sectores altamente emisores permite a las corporaciones manipular el sistema traspasando emisiones entre períodos e instalaciones, afectando gravemente a los trabajadores mediante reducciones salariales y despidos.
La deslocalización productiva hacia países con menores restricciones ambientales se convierte en estrategia empresarial habitual.

Desde Ecologistas en Acción consideramos necesario sustituir los mecanismos de mercado por instrumentos de planificación pública como una financiación climática justa: presupuestos de carbono sectoriales con criterios de justicia social y ambiental. Esto nos permitiría avanzar en una planificación realista y vinculante que determine qué sectores requieren conversión y cuáles deben cerrar, con horizontes claros y recursos garantizados, compatibilizando la conservación integral de ecosistemas.

Créditos de naturaleza: requisitos mínimos para una normativa peligrosa

La biodiversidad no debería someterse a la lógica mercantil. El mercado no puede valorar aspectos como las funciones de los ecosistemas, que son elementos fundamentales para la trama de la vida. Además, la experiencia de sistemas equivalentes en otros países es que la viabilidad económica pasa por convertir los créditos en una herramienta de flexibilidad para la actividad económica. La intención última de los créditos de naturaleza, por tanto, es impulsar las compensaciones de la destrucción de la biodiversidad, facilitando el desarrollo de proyectos destructivos con la vida.

Si pese a todo se pretende implementar créditos de naturaleza a nivel europeo o español, resultan imprescindibles estos requisitos:

Pre-requisitos financieros: Fondos públicos suficientes como prioridad. Eliminación rápida de los 34.000-48.000 millones de euros anuales en subsidios dañinos para la biodiversidad en la UE. Mantenimiento y refuerzo de la legislación de protección.
Principios fundamentales: Precaución ante daños potenciales. Rectificación en el mismo territorio. Quien contamina paga y restaura, sin transferir responsabilidades privadas al sector público. No causar daños significativos. Jerarquía de mitigación: primero evitar, luego minimizar, compensar sólo como última opción.
Salvaguardias esenciales: Los créditos no deberían ser negociables ni transferibles. Prohibición del comercio, manipulación genética, bioingeniería. Garantías contra el acaparamiento de tierras, privatización de espacios naturales, concentración de beneficios en grandes terratenientes. Localización de proyectos en la UE.

Las soluciones basadas en la naturaleza: entre la indefinición y el lavado verde

El concepto de “soluciones basadas en la naturaleza” presenta una indefinición problemática que facilita el lavado verde corporativo. La definición de la UICN, con términos vagos como “sostenibilidad” o “abordar desafíos de manera eficaz”, permite que convivan proyectos de manejo ecosistémico participativo con plantaciones industrializadas y reservas forestales impuestas sobre territorios de pueblos originarios.

Como señala el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, el concepto fue formulado por grandes ONG conservacionistas para financiar Áreas Protegidas, partiendo de la premisa cuestionable de que la naturaleza se conserva mejor sin personas, lo que permite a la industria de la conservación aumentar el control territorial.

Los proyectos corporativos ilustran estas limitaciones. Total plantea plantar 40.000 hectáreas en República del Congo para secuestrar 10 millones de toneladas de CO 2 en 20 años, un proyecto cuestionado por organizaciones de la sociedad civil como potencial desastre ambiental y social. Repsol reduce las SBN a reforestación, renaturalización urbana, agricultura que promociona incorrectamente la bioenergía como secuestro de emisiones, y restauración de humedales. Este reduccionismo simplifica ecosistemas complejos a meras superficies forestales cuantificables.

Es fundamental garantizar el respeto a los pueblos originarios como el consentimiento: El consentimiento libre e informado debe ser obligatorio, no una “buena práctica”. También el conocimiento ancestral sobre manejo ecosistémico debe integrarse efectivamente en la gobernanza de estos territorios.

Deforestación y TFFF: necesidad de ampliar protecciones

El Reglamento EUDR está bajo amenaza de nuevos recortes y retrasos por parte de las autoridades de la Unión Europea. A pesar de ser una de las herramientas legales más ambiciosas, se identifica la necesidad de que la norma se amplíe a más materias primas (maíz, algodón), servicios financieros y ecosistemas (Cerrado, el Pantanal, el Chaco).

Respecto al Tropical Forest Forever Facility presentado por Brasil se valora como positivo el intento de implicar a los inversores privados en medidas que puedan contribuir a la conservación de la naturaleza y los bosques tropicales en concreto. Sin embargo, persisten serias dudas metodológicas y señalamos el peligro de que un nuevo mecanismo de mercado pueda debilitar la regulación normativa más estricta y con ello la protección de los bosques.

La promesa de destinar al menos 20% a Pueblos Indígenas y Comunidades Locales, es valorable, pero totalmente insuficiente.

Conclusión: planificación pública frente a mercantilización

La experiencia muestra que la lógica del mercado presenta importantes incompatibilidades con la protección del clima y la naturaleza. Desde Ecologistas en Acción proponemos avanzar hacia un modelo basado en planificación pública, justicia social y ambiental, respeto a los pueblos originarios y financiación adecuada, priorizando el bien común sobre el beneficio privado. La regulación y el establecimiento de reglas claras y obligaciones de protección de la naturaleza por parte de los organismos públicos no puede ser substituido, en ningún caso, por mecanismos de mercado que, si juegan algún papel, debe ser secundario y subsidiario, en todo caso complementaria a las garantías públicas y a los procesos de gestión comunitaria del medio natural.

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Transición Ecosocial en Castilla y León

Se publica el Informe de Transición Ecológica y Social Justa para Castilla y León, un documento de reflexión y debate con propuestas para avanzar en la transformación necesaria

Por: Castilla y León — 21 Diciembre 2025 at 19:57

Organizaciones sociales de Castilla y León reclaman una Transición Ecológica y Social Justa para la región, un proceso compartido y participado por toda la sociedad que nos permita vivir dignamente sin transgredir los límites planetarios.

Ha sido presentado, en la escuela de ingenierías industriales de la Universidad de Valladolid, el informe de Transición Ecosocial en Castilla y León, un documento que pone la atención sobre la necesaria transición que debemos acometer para frenar el deterioro ambiental y revertir las desigualdades existentes. Esta transición incluye cambios profundos y urgentes en todos los ámbitos: sociales, culturales, económicos, tecnológicos y políticos. El documento pone la atención en la importancia de que este proceso de cambio sea entendido en su magnitud y participado por la sociedad para que las medidas sean aceptadas y asumidas.

El informe de Transición Ecosocial es el fruto de una colaboración entre Ecologistas en Acción de Castilla y León, la Coordinadora de ONGD de Castilla y León (COODECYL) y la Confederación General del Trabajo (CGT), que realizan esta propuesta en el marco de Futuro en Común, una alianza estatal que promueve políticas públicas centradas en las personas y el planeta. El documento incluye las conclusiones del proceso participativo llevado a cabo en la región durante los primeros meses de este año, en el que han participado unas 200 personas de distintos ámbitos a título individual.

La metodología seguida es la propuesta por el Foro Transiciones para fomentar “una enorme conversación capaz de llegar a todos los rincones de la sociedad”. El breve diagnóstico hace un zoom a la comunidad autónoma, para analizar el contexto regional en una economía globalizada y un planeta que ha topado con los límites biofísicos, y enfrentar los retos: restaurar y preservar los ecosistemas, dificultades en el acceso a la vivienda, desigualdades sociales y de género, desequilibrios territoriales entre lo rural y urbano y dependencia de un modelo económico que da signos de agotamiento y que debe decrecer en la esfera material y energética.

La inteligencia y construcción colectiva han puesto de manifiesto que ya hay muchas acciones que generarían un impacto positivo en el corto plazo, tanto de iniciativas públicas como de actuaciones desde la colectividad y con gran poder transformación. Es fundamental fortalecer la red ciudadana, generar una gran masa social impulsora del cambio y formular perspectivas de un futuro viable que aborden los retos descritos. Los desafíos son enormes, pero emprender el camino es ineludible.

Con toda la información recopilada de la revisión documental y el proceso participativo el equipo ha elaborado una propuesta de incidencia política, apelando a los partidos políticos para que integren la transición ecológica y social en sus programas de gobierno. Somos conscientes de que no es una agenda completa, pero sí una batería de propuestas para contribuir en el corto plazo hacia el cambio social y a centrar el debate en la imperiosa necesidad de cambio de rumbo.