El centro comercial ocupa unos 13.000 metros cuadrados de un solar que en su día acogió unas bodegas, frente al Parque Urbano Martínez. Los establecimientos pertenecen principalmente al Grupo Action, en manos del fondo de capital riesgo 3i, especializado en la venta con descuento de productos para el hogar, cocina, bricolaje, papelería y oficina, cuidado personal, jardinería, moda, multimedia, juguetes, deportes, alimentación y mascotas. También cuenta con tiendas de JYSK, una cadena experta en decoración, muebles y descanso, de la marca Kik, que oferta ropa y artículos de hogar y decoración y de Merkocash (alimentación, hogar y accesorios para bebés).
Uno de los reclamos de estas cadenas, con una fuerte expansión en nuestro país en los últimos años, son los bajos precios y las promociones semanales. Un gancho, sin duda atractivo en tiempos en los que la cesta de la compra no deja de aumentar. Otro es el marketing y lavado verde, publicitando una supuesta reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de sus propias operaciones, la venta de productos de madera sostenible o procedentes del Comercio Justo.
La realidad desmiente los buenos propósitos y los anuncios vacíos de estas marcas internacionales, tan favorecidas por las políticas urbanísticas. Para empezar, la venta de artículos por debajo de coste – uno de sus mayores activos – perjudica a los pequeños y medianos productores, obligándoles a negociar a la baja, obteniendo un margen de beneficio discreto. Otra de las consecuencias es la competencia desleal con el pequeño comercio y de proximidad, muy castigado por las nuevas tendencias de consumo, como el comercio electrónico.
En términos medioambientales, el modelo de producción, venta y consumo de las grandes superficies y distribuidoras conlleva el transporte a grandes distancias de productos, artículos y bienes, con el consiguiente aumento de emisiones de CO2 y la explotación de recursos naturales en zonas de gran valor valor ecológico, sin obviar el extractivismo minero, a menudo en países del Sur ahogados por la deuda externa y tutelados, en parte, por juntas militares, grupos armados y clanes mafiosos que atemorizan a la población civil y perpetran graves violaciones de los derechos humanos. El sobreempaquetado y envasado genera ingentes cantidades de residuos y los equipos de climatización y expositores de comida refrigerada suponen un gasto energético elevado y superfluo. Otro de los elementos de esta modalidad de consumo es el incentivo del uso del coche, al situarse por lo general en la periferia de las ciudades, con el consabido problema de contaminación, ruido y ocupación de la vía pública.
En cuanto a la creación de puestos de trabajo, se ha demostrado que la relación entre el número de trabajadoras y el volumen de ventas de las grandes distribuidoras es considerablemente menor que en el comercio tradicional. También habría que apuntar que una buena parte de los puestos de trabajo (reponedoras y cajeras) son contratos temporales, con sueldos bajos y con horarios y turnos difícilmente conciliables con la vida laboral.
Al margen de la cuestión central que motiva esta nota informativa, Ecologistas en Acción tiene previsto dirigirse al Ayuntamiento de Tomelloso y a la Junta de Castilla-La Mancha para comprobar si las obras de construcción del centro comercial se han hecho conforme a la Ley de Vías Pecuarias de 1995, al poder afectar a la zona de servidumbre de la Cañada Real Conquense o de Los Serranos, a su paso por la Calle Socuéllamos.
Si bien no resulta sencillo parar la implantación de estos gigantes de la distribución, en manos de opacos fondos de inversión, en un mundo globalizado e interdependiente, se echa en falta un mayor esmero de los ayuntamientos en entorpecer, cuanto menos, con medidas urbanísticas de calado, su asentamiento en el municipio. De poco sirven las campañas de promoción económica del comercio local si se abren con generosidad las puertas a las grandes cadenas, insensibles al tejido productivo endógeno.
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