• Ecologistas en Acción de Ciudad Real ha denunciado un vertido de alpechín ocurrido el pasado miércoles 28 de enero desde una de las balsas de residuos que tiene la almazara de la cooperativa Montes Norte, situada en la carretera N-401, punto kilométrico 168, en el término municipal de Malagón (Ciudad Real), y que figura en Google Maps con el nombre de Olivia.

Desde este punto se produjo una importante escorrentía de alpechín en dirección norte, afectando a varias parcelas de cultivos de olivar, viñedo y cereal, así como al camino del paraje de los Frailes. El vertido avanzó unos 400 metros, llegando a anegar totalmente al menos una parcela de viñedo emparrado e infiltrándose en las inmediaciones de la circunvalación de la N-401.

Tras el aviso al 112 realizado por varios vecinos de las parcelas afectadas, se personó una patrulla del SEPRONA que llevó a cabo una inspección de los hechos y aconsejó la interposición de la correspondiente denuncia administrativa.

Ecologistas en Acción recuerda que no se trata de un hecho aislado. Hace aproximadamente dos años, coincidiendo también con un episodio de fuertes lluvias, se produjo otro vertido similar desde estas mismas instalaciones. Esto pone de manifiesto la existencia de graves deficiencias de diseño y mantenimiento en las balsas, que no han sido corregidas y que podrían provocar nuevos vertidos o incluso una rotura de las mismas, con consecuencias mucho más graves para los cultivos, los acuíferos y las masas de agua cercanas, así como para la salud de las personas.

El alpechín y el alpeorujo son residuos de la industria olivarera altamente tóxicos, de carácter ácido y con una elevada carga orgánica y de compuestos fenólicos, lo que hace que su degradación sea extremadamente lenta. La legislación vigente obliga a un control estricto de este tipo de residuos, que en ningún caso pueden liberarse al medio ambiente sin un tratamiento previo, ya que su carga contaminante es entre 100 y 200 veces superior a la de las aguas residuales urbanas.

En cuanto a los efectos sobre la salud humana, la exposición a estos residuos puede provocar irritaciones de piel y mucosas, cefaleas y problemas respiratorios derivados de los vapores y los procesos de fermentación. Desde el punto de vista ambiental, su vertido supone un riesgo microbiológico si contaminan aguas destinadas a consumo humano; sobre el suelo, inhiben el crecimiento vegetal, reducen la actividad microbiana beneficiosa y pueden llegar a provocar su esterilización a largo plazo; y sobre el agua, generan una altísima demanda química y biológica de oxígeno, lo que puede causar la asfixia de organismos acuáticos, el oscurecimiento del agua que impide la fotosíntesis y la contaminación de acuíferos por infiltración.

Las balsas que almacenan residuos peligrosos están reguladas por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. Ecologistas en Acción ha solicitado la intervención de la Dirección General de Calidad Ambiental de Castilla-La Mancha, como órgano competente en materia de vigilancia y prevención de la contaminación y de accidentes graves, para que inspeccione las instalaciones, adopte medidas efectivas que eviten la repetición de estos vertidos, y obligue a los responsables a reparar y compensar los daños causados conforme a la legislación de responsabilidad ambiental.

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El centro comercial ocupa unos 13.000 metros cuadrados de un solar que en su día acogió unas bodegas, frente al Parque Urbano Martínez. Los establecimientos pertenecen principalmente al Grupo Action, en manos del fondo de capital riesgo 3i, especializado en la venta con descuento de productos para el hogar, cocina, bricolaje, papelería y oficina, cuidado personal, jardinería, moda, multimedia, juguetes, deportes, alimentación y mascotas. También cuenta con tiendas de JYSK, una cadena experta en decoración, muebles y descanso, de la marca Kik, que oferta ropa y artículos de hogar y decoración y de Merkocash (alimentación, hogar y accesorios para bebés).

Uno de los reclamos de estas cadenas, con una fuerte expansión en nuestro país en los últimos años, son los bajos precios y las promociones semanales. Un gancho, sin duda atractivo en tiempos en los que la cesta de la compra no deja de aumentar. Otro es el marketing y lavado verde, publicitando una supuesta reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de sus propias operaciones, la venta de productos de madera sostenible o procedentes del Comercio Justo.

La realidad desmiente los buenos propósitos y los anuncios vacíos de estas marcas internacionales, tan favorecidas por las políticas urbanísticas. Para empezar, la venta de artículos por debajo de coste – uno de sus mayores activos – perjudica a los pequeños y medianos productores, obligándoles a negociar a la baja, obteniendo un margen de beneficio discreto. Otra de las consecuencias es la competencia desleal con el pequeño comercio y de proximidad, muy castigado por las nuevas tendencias de consumo, como el comercio electrónico.

En términos medioambientales, el modelo de producción, venta y consumo de las grandes superficies y distribuidoras conlleva el transporte a grandes distancias de productos, artículos y bienes, con el consiguiente aumento de emisiones de CO2 y la explotación de recursos naturales en zonas de gran valor valor ecológico, sin obviar el extractivismo minero, a menudo en países del Sur ahogados por la deuda externa y tutelados, en parte, por juntas militares, grupos armados y clanes mafiosos que atemorizan a la población civil y perpetran graves violaciones de los derechos humanos. El sobreempaquetado y envasado genera ingentes cantidades de residuos y los equipos de climatización y expositores de comida refrigerada suponen un gasto energético elevado y superfluo. Otro de los elementos de esta modalidad de consumo es el incentivo del uso del coche, al situarse por lo general en la periferia de las ciudades, con el consabido problema de contaminación, ruido y ocupación de la vía pública.

En cuanto a la creación de puestos de trabajo, se ha demostrado que la relación entre el número de trabajadoras y el volumen de ventas de las grandes distribuidoras es considerablemente menor que en el comercio tradicional. También habría que apuntar que una buena parte de los puestos de trabajo (reponedoras y cajeras) son contratos temporales, con sueldos bajos y con horarios y turnos difícilmente conciliables con la vida laboral.

Al margen de la cuestión central que motiva esta nota informativa, Ecologistas en Acción tiene previsto dirigirse al Ayuntamiento de Tomelloso y a la Junta de Castilla-La Mancha para comprobar si las obras de construcción del centro comercial se han hecho conforme a la Ley de Vías Pecuarias de 1995, al poder afectar a la zona de servidumbre de la Cañada Real Conquense o de Los Serranos, a su paso por la Calle Socuéllamos.

Si bien no resulta sencillo parar la implantación de estos gigantes de la distribución, en manos de opacos fondos de inversión, en un mundo globalizado e interdependiente, se echa en falta un mayor esmero de los ayuntamientos en entorpecer, cuanto menos, con medidas urbanísticas de calado, su asentamiento en el municipio. De poco sirven las campañas de promoción económica del comercio local si se abren con generosidad las puertas a las grandes cadenas, insensibles al tejido productivo endógeno.

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