• La presencia constatada de una manada de lobos en Extremadura, compartida con Castilla y León, e incluida en el último Censo Nacional del Lobo 2019-2024, pone de manifiesto la necesidad, legal, pero sobre todo moral, política y ecológica de poner en marcha los necesarios mecanismos de protección del lobo en la región.
• Ecologistas en Acción y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico instan a la Junta de Extremadura para que se inicien los trámites para aprobar un plan de recuperación del lobo Ibérico en Extremadura, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad.

El Fondo para la Protección del Lobo Ibérico y Ecologistas en Acción consideran necesario que la Junta de Extremadura elabore con carácter urgente y prioritario un plan que permita recuperar la especie que está incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura, clasificada “en peligro de extinción” por el Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula dicho Catálogo, dada la situación de vulnerabilidad de la especie en España.

Antes de que se eliminara a los lobos en la región, la última manada en Extremadura constaba de 9 ejemplares y fue observada y seguida por los Agentes del Medio Natural de la zona, desde 1985 hasta 1987, en la provincia de Badajoz, en la Sierra de San Pedro. Este grupo familiar junto a otros ejemplares que habitaban en la parte cacereña de esa misma sierra (Sierra de Santiago y Valencia de Alcántara, en el límite con la Serra de São Mamede en Portugal), fueron eliminados paulatinamente de forma ilegal mediante venenos o caza furtiva. La última hembra preñada de Sierra de San Pedro murió en la primavera de 1989 atropellada y el último lobo fue cazado ilegalmente por un furtivo en 1993 en Cáceres.

Sin embargo, como pone de manifiesto el último Censo de Lobo 2019-2024 en España, “En 2024, además, se ha detectado por primera vez en décadas una manada reproductora en Extremadura”. Así pues, el lobo ha vuelto a Extremadura y esto lejos de representar un problema, es una oportunidad y una excelente noticia que obliga a tomar medidas de protección. Extremadura dispone de excelentes hábitats para la especie y una abundante presencia de presas silvestres (ciervos, corzos, jabalíes). La recuperación de la especie en la región puede servir además para favorecer la presencia de lobos en el centro y sur de Portugal.

El plan de recuperación del lobo en Extremadura permitiría que el lobo estabilice su presencia en el territorio extremeño, ayudando además a conservar la especie en todo el territorio español y portugués, recuperando su presencia histórica en esta comunidad y favoreciendo los corredores ecológicos con Portugal, donde el lobo es una especie protegida desde 1988.

Este plan de recuperación del lobo ibérico en Extremadura deberá incluir necesariamente la mejora de los hábitats, pero también medidas que contribuyan a una mejor convivencia entre el lobo y las personas del medio rural, con medidas de sensibilización y concienciación, y con políticas de prevención de daños a la ganadería basadas en el modelo científico: incentivos para el empleo de pastores, medidas de prevención como cercados y perros mastines, así como una rápida indemnización de daños. En paralelo, deben adoptarse medidas correctoras en la red viaria que minimicen los posibles atropellos de lobos, y de otra fauna.

Las entidades conservacionistas consideran que la recuperación de la especie en Extremadura contribuirá de manera directa a la prosperidad de la región gracias a la promoción turística en los entornos naturales del lobo y a la conservación del medio ambiente, los montes, los bosques y las dehesas.

El Fondo Para la Protección del Lobo Ibérico y Ecologistas en Acción de Extremadura instan a la Junta a hacer efectiva su obligación como administración ambiental y elaborar este plan de recuperación, de conformidad con la normativa autonómica y estatal, así como la Directiva Hábitats que exige protección de las poblaciones de lobo al sur del río Duero.

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• Ecologistas en Acción Castilla y León alerta de que la Junta de Castilla y León está aprovechando la alarma generada por la Peste Porcina Africana (PPA) para impulsar una ampliación indiscriminada de la caza del jabalí, mediante medidas carentes de base científica y sanitaria; una estrategia que traslada injustamente la responsabilidad a la fauna silvestre y responde a los intereses del sector cinegético y de la ganadería industrial, poniendo en riesgo la seguridad de las personas, el equilibrio ecológico y una gestión responsable del territorio.

Una falsa emergencia para aparentar gestión
Ecologistas en Acción Castilla y León denuncia un nuevo ejemplo de gestión electoralista por parte de la Junta de Castilla y León, que ha declarado una cuestionable “emergencia cinegética” para intensificar la matanza de jabalíes, ignorar deliberadamente el papel del lobo ibérico como depredador natural y aparentar que se está actuando ante un problema sanitario que no tiene su origen en la fauna silvestre.

La Peste Porcina Africana como pretexto
Tras la aparición de varios jabalíes muertos en Cataluña a causa de la Peste Porcina Africana (PPA), una enfermedad altamente contagiosa que afecta a los animales de la familia de los cerdos, la Junta de Castilla y León ha adoptado medidas supuestamente preventivas basadas casi exclusivamente en la caza del jabalí para evitar la propagación del foco inicial.

Sin embargo, según las últimas informaciones, dicho foco probablemente no procede de la fauna silvestre, sino que puede haberse debido al escape del virus desde un laboratorio de alta seguridad. A pesar de esta posibilidad sobre la mesa, se está demonizando al jabalí y utilizando como chivo expiatorio, ignorando tanto el origen real del problema como las funciones ecosistémicas que cumple esta especie.

El peso de la ganadería industrial en Castilla y León
El contexto no puede entenderse sin considerar el peso de la ganadería industrial en Castilla y León, dominada por grandes explotaciones intensivas donde se hacinan miles de animales, muchas veces con destino a la exportación. La alarma sanitaria generada beneficia a estos intereses, al tiempo que se satisface a dirigentes del sector cinegético y se intenta apaciguar a agricultores, consolidando un modelo de gestión orientado a mantener un granero de votos en periodos electorales.

Presiones cinegéticas, negocio de la caza y riesgos sanitarios
La declaración de la denominada “emergencia cinegética” no responde a criterios técnicos ni sanitarios, sino a las presiones del sector cinegético. La Consejería de Medio Ambiente ha optado por satisfacer las demandas de este sector y, de paso, apaciguar a parte del sector agrario, consolidando un enfoque de gestión orientado a mantener un granero de votos, especialmente en periodos electorales.

La Orden MAV/1434/2025, de 11 de diciembre (BOCyL 112/12/2025), intensifica estas medidas al permitir el uso de visores nocturnos en esperas de jabalí, lo que fomentará su utilización tanto legal como ilegal, con el consiguiente riesgo para la seguridad de las personas y posibles impactos sobre otras especies como corzo, ciervo o lobo. También autoriza la alimentación suplementaria de origen vegetal, que aumenta artificialmente la población de jabalíes.

La gestión cinegética promovida por la Junta se basa fundamentalmente en el interés económico de los cotos, que necesitan grandes capturas de jabalíes para hacer atractiva la venta de puestos de caza mayor. Esto favorece prácticas como la alimentación artificial, el uso de atrayentes e incluso la suelta de jabalíes de granja —procedentes incluso de otros países— para promocionar jornadas cinegéticas.
Lejos de contribuir a la contención sanitaria, la intensificación de la caza puede aumentar los riesgos de difusión de virus y otros patógenos al provocar el desplazamiento de los animales a grandes distancias. Diversos especialistas europeos ya han advertido que fomentar la caza puede favorecer la expansión de la PPA en lugar de contenerla.

El gran ausente: el lobo ibérico
Esta Orden, al igual que el resto de documentos y declaraciones políticas de la Junta de Castilla y León, resulta profundamente incongruente al ignorar por completo la necesidad de conservar poblaciones funcionales de lobo ibérico, el principal depredador natural del jabalí en nuestro país.

El lobo desempeña una labor clave tanto sanitaria como de regulación numérica de las poblaciones de jabalí y otros ungulados silvestres, por lo que constituye un aliado natural del sector agrícola y ganadero. Su exclusión sistemática de cualquier estrategia de gestión evidencia la falta de un enfoque ecológico integral.

Un modelo incompatible con el interés general
Los intereses que mueven la caza en Castilla y León son el ocio y el beneficio económico, objetivos incompatibles con una gestión rigurosa basada en criterios sanitarios, ecológicos y de interés general. Difícilmente el sector cinegético se autoimpondrá reducciones reales de las poblaciones de jabalíes cuando su interés es disponer de más piezas de caza.

Así lo ha demostrado la gestión de las poblaciones de corzo y ciervo frente a enfermedades que afectan también a la fauna doméstica, así como el persistente fracaso en el control de los daños a los cultivos, una realidad sobradamente conocida por agricultores y ganaderos.

Ecologistas en Acción Castilla y León advierte que la estrategia de la Junta, centrada en la caza indiscriminada y en intereses económicos y políticos, no aborda las verdaderas causas de la PPA, traslada injustamente la responsabilidad a la fauna silvestre y pone en riesgo la seguridad de las personas, el equilibrio ecológico y la gestión responsable del territorio. Una política eficaz debería basarse en criterios científicos y ecológicos, promoviendo la conservación de depredadores naturales y medidas de prevención sostenibles, en lugar de recurrir a soluciones apresuradas y electoralistas.

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