Amb motiu, el pròxim 30 de gener, de la celebració del Dia Escolar de la No Violència i la Pau, la plataforma Marea Palestina, de la qual forma part Ecologistes en Acció, convida a tots els centres educatius a participar en la campanya “No hi ha pau sense justícia”.

Una plantació col·lectiva d’oliveres, una cartografia dels conflictes i l’activitat “Postals per la justícia i la pau” són les tres accions que Marea Palestina: L’Educació Contra el Genocidi proposa dur a terme l’última setmana de gener en els centres educatius amb els materials elaborats a tal fi.

En eixa data, en la qual se celebra el Dia Escolar de la No Violència i la Pau, la plataforma de la qual formen part més de 60 organitzacions educatives, entre elles Ecologistes en Acció, ha convocat la campanya “No hi ha pau sense justícia”. Amb ella busquen impulsar una educació que permeta a l’alumnat adquirir coneixements, actituds i competències que reforcen el seu desenvolupament com a ciutadania global crítica i compromesa amb els seus drets i els d’altres persones.

Ecologistes en Acció anima a col·lectius socials, educatius, i associacions de familiars d’alumnat a sumar-se al manifest, difondre les activitats i realitzar-les en els seus centres educatius.

Els col·lectius o centres educatius que participen en la campanya No Hi ha Pau Sense Justícia que vulguen donar a conéixer la seua acció, ho poden fer en aquest enllaç. També es possible enviar fotos i informació per a la seua difusió al correu electrònic: mareapalestina.estatal@gmail.com.

Marea Palestina

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Con motivo, el próximo 30 de enero, de la celebración del Día Escolar de la No Violencia y la Paz, la plataforma Marea Palestina, de la que forma parte Ecologistas en Acción, invita a todos los centros educativos a participar en la campaña “No hay paz sin justicia”.

Una plantación colectiva de olivos, una cartografía de los conflictos y la actividad “Postales por la justicia y la paz” son las tres acciones que Marea Palestina: La Educación Contra el Genocidio propone llevar a cabo la última semana de enero en los centros educativos con los materiales elaborados a tal fin.

En esa fecha, en la que se celebra el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, la plataforma de la que forman parte más de 60 organizaciones educativas, entre ellas Ecologistas en Acción, ha convocado la campaña  “No hay paz sin justicia”. Con ella buscan impulsar una educación que permita al alumnado adquirir conocimientos, actitudes y competencias que refuercen su desarrollo como ciudadanía global crítica y comprometida con sus derechos y los de otras personas.

Ecologistas en Acción anima a colectivos sociales, educativos, y asociaciones de familiares de alumnado a sumarse al manifiesto, difundir las actividades y realizarlas en sus centros educativos.

Los colectivos o centros educativos que participen en la campaña No Hay Paz Sin Justicia que quieran dar a conocer su acción, lo pueden hacer en este enlace. También se pueden enviar fotos e información al correo electrónico: mareapalestina.estatal@gmail.com.

Marea Palestina

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• Ecologistas en Acción exige el cumplimiento de la Zona de Bajas Emisiones de la Cartuja que el pacto PP-VOX pretende boicotear.
• Alerta del retroceso social y ambiental en Sevilla tras el pacto PP–Vox. 

Ecologistas en Acción ha mostrado su «estupor» ante el pacto alcanzado entre PP y Vox para la aprobación de los presupuestos municipales de 2026 en Sevilla, que incluye la flexibilización de las sanciones vinculadas a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la Cartuja, impedir el acceso al padrón municipal de personas inmigrantes en situación administrativa irregular y la prioridad en «combatir la proliferación de manteros».

La organización ecologista considera que esta decisión supone un incumplimiento de la propia Ordenanza municipal de ZBE y alerta de que, además de suponer una burla a la Ley, aumentaría la contaminación atmosférica que ya sufre la ciudad. Se trata de una medida ilegal, similar a la adoptada en otros ayuntamientos de derecha.

La entidad ha anunciado que permanecerá vigilante para garantizar que se cumple la única ZBE planteada por el Ayuntamiento de Sevilla en la Isla de la Cartuja. Ecologistas en Acción advierte de que, de materializarse la flexibilización anunciada, se estaría vulnerando el Real Decreto 1052/2022 que regula las ZBE, así como la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética.

Las Zonas de Bajas Emisiones están concebidas para reducir las emisiones derivadas de la movilidad urbana y forman parte de las obligaciones recogidas en la normativa estatal sobre cambio climático. Ecologistas en Acción recuerda que el objetivo último de estas zonas es mejorar la calidad del aire y mitigar los impactos del cambio climático, favoreciendo un modelo de movilidad más sostenible, inclusivo y seguro, que priorice el transporte público y la movilidad activa a pie o en bicicleta.

El Real Decreto establece, además, que las ZBE deben evitar una mayor concentración de vehículos contaminantes en su perímetro para impedir el empeoramiento de la calidad del aire, el ruido y las condiciones ambientales. La organización ecologista considera que las medidas anunciadas por el Ayuntamiento irían en sentido contrario a esta obligación.

Según el último informe estatal de Ecologistas en Acción sobre la calidad del aire, basado en datos oficiales de siete estaciones de control en Sevilla, la contaminación procedente del tráfico rodado ha aumentado en la ciudad y se registran superaciones de los valores límite recomendados por la Organización Mundial de la Salud y por la normativa vigente.

En este sentido, Ecologistas en Acción subraya que la calidad del aire en Sevilla está estrechamente vinculada a enfermedades respiratorias. La contaminación derivada del tráfico —incluyendo partículas finas (PM2.5), dióxido de nitrógeno (NO₂) y compuestos orgánicos volátiles— penetra profundamente en los pulmones, irrita las vías respiratorias y provoca inflamación, favoreciendo patologías como el asma, la bronquitis crónica o la EPOC. La organización recuerda que la exposición continuada a estos contaminantes incrementa también el riesgo de cáncer de pulmón, especialmente en áreas urbanas con altos niveles de polución. Recordar que se producen alrededor de unas 600 muertes prematuras al año debido a la contaminación atmosférica en Sevilla(1). Debilitar la ZBE de la Cartuja, advierte la entidad, supone reducir una herramienta clave para proteger la salud pública y la calidad de vida de la población sevillana.

La entidad denuncia también la ausencia de indicadores claros para evaluar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la ZBE de la Cartuja, así como la inexistencia de una estación de control de la calidad del aire en la zona, lo que a su juicio impide un seguimiento adecuado.

Ante esta situación, Ecologistas en Acción solicitará al Ministerio de Transportes la retirada de la subvención de fondos Next Generation, que supera los tres millones de euros y fue solicitada por el Ayuntamiento de Sevilla para la implantación de la ZBE. La organización considera que existe un incumplimiento manifiesto de la normativa reguladora, ya que la medida municipal no contemplaría restricciones de acceso ni sanciones para los vehículos más contaminantes, siguiendo —según afirma— las condiciones exigidas por Vox al PP para la aprobación de las cuentas municipales.

También recuerda que ya en 2023 propuso la ampliación de las Zonas de Bajas Emisiones en Sevilla, con especial atención al Casco Antiguo y al conjunto histórico de Triana, en línea con las zonas recogidas en el «Plan Respira». A su juicio, estas áreas sí cumplirían con buena parte de los requisitos establecidos en el Real Decreto 1052/2022.

Ecologistas en Acción muestra su preocupación por el contenido social del acuerdo alcanzado entre PP y Vox, que pasa —según denuncia la organización— de impedir el acceso al padrón municipal de personas inmigrantes en situación administrativa irregular. Para Ecologistas en Acción, esta medida supone criminalizar y desproteger a quienes ya sufren una situación de mayor vulnerabilidad, dificultando su acceso a derechos básicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales, y vulnerando el principio de solidaridad que debería guiar las políticas públicas.

La organización recuerda que muchos colectivos sociales que trabajan en apoyo a personas migrantes insisten en que la llamada «proliferación de manteros» no puede abordarse desde la persecución policial ni la criminalización, sino afrontando las causas que llevan a muchas personas a sobrevivir con la venta ambulante, como la falta de alternativas laborales, la irregularidad administrativa o la exclusión social. A su juicio, la respuesta justa y eficaz pasa por garantizar derechos, facilitar vías de regularización y ofrecer oportunidades de empleo digno, y no por señalar a quienes ya viven en una situación límite.

Por último, Ecologistas en Acción concluye que el pacto PP–Vox «supone un doble retroceso»: por un lado, en materia de derechos y cohesión social, al dificultar la vida de las personas migrantes más vulnerables; y por otro, en la protección ambiental y de la salud pública, al rebajar las herramientas destinadas a reducir la contaminación. La organización demanda políticas basadas en la solidaridad, la justicia social y la protección ambiental, en lugar de medidas que —a su juicio— castigan a quienes menos tienen y relajan la defensa del bien común.

1. Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal).

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Ecologistas en Acción ha expresado públicamente su apoyo a la brigada de la Guardia Civil María Serrano, juzgada en el Tribunal Militar de Madrid por un presunto delito de denuncia falsa tras haber alertado sobre posibles casos de corrupción en el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Sevilla.

La Fiscalía Jurídico Militar retiró su denuncia puesto que no ve indicios de delito. La única acusación que queda es la de un particular, General de División.

El procedimiento judicial concluyó el martes 16 y la sentencia está prevista antes del próximo día 24. La acusación solicita cerca de un año de prisión militar y una responsabilidad civil de 20.000 euros. La organización ecologista reclama que en este caso se aplique el espíritu y la finalidad de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, de protección de las personas informantes sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción, así como de la directiva europea que le da origen.

La militar, entrevistada por Ecologistas en Acción hace aproximadamente año y medio, se ha sentado en el banquillo acusada de denuncia falsa y se enfrenta a una posible pena de cárcel por haber denunciado, hace una década, presuntas irregularidades internas en el Seprona de Sevilla. Desde entonces, según denuncian, ha sufrido un prolongado proceso de represalias y desgaste personal y profesional que ella misma ha calificado como un “calvario”.

La denuncia inicial por presunta corrupción interna fue archivada en su momento por prescripción de los delitos. Sin embargo, posteriormente se abrió contra ella una causa por denuncia falsa, impulsada por quien entonces era coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla y hoy general, causa que ha sido finalmente juzgada en la jurisdicción militar.

Este caso guarda paralelismos con el de Ana María Garrido, funcionaria del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) y denunciante clave del caso Gürtel, cuya actuación fue determinante para destapar una de las mayores tramas de corrupción en el Estado español. Garrido, hoy reconocida activista en la lucha contra la corrupción y referente en el desarrollo de la normativa de protección a denunciantes, también sufrió graves represalias personales y profesionales, hasta el punto de verse obligada a abandonar el país. Garrido ha mostrado su respaldo a María Serrano y ha señalado su caso como un ejemplo del deficiente desarrollo práctico de la ley de protección a las personas informantes, subrayando que este procedimiento podría servir para corregir esa deriva y reforzar la lucha contra la corrupción.

Ecologistas en Acción insiste en que cumplir con el deber de informar sobre posibles irregularidades no puede convertirse en motivo de castigo ni de persecución. En este sentido, recuerda que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) lleva años denunciando la “abusiva y arbitraria aplicación” del Código Penal Militar contra quienes se atreven a denunciar prácticas corruptas dentro del cuerpo.

La organización ecologista subraya, además, que María Serrano está siendo juzgada por la jurisdicción militar por un presunto delito de carácter civil. Recuerda que uno de los compromisos aún pendientes de los Pactos de la Moncloa es que la justicia militar se limite estrictamente a delitos militares y no se aplique a conductas de naturaleza civil, una exigencia que consideran especialmente relevante en el caso de la Guardia Civil.

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