Cuando la soberanía se negocia en salones dorados... ¿a qué precio se compran la paz y el petróleo?

¿Por qué figuras públicas como Aznar, Gates o el príncipe Andrés aparecen en los documentos desclasificados de Epstein?

El trío de la derecha ultraconservadora hispano-catalana, integrada por PP, Vox y Junts, unieron fuerzas este martes en el Parlamento de Madrid para frenar la revalorización inmediata de las pensiones. una decisión que afectaría a más de 13 millones de personas. Pero detrás de los argumentos “técnicos” se esconde una batalla ideológica sobre el modelo de sociedad.

Con el juicio en marcha y la atención pública renovada, el Caso Mediador ha trascendido su origen insular para convertirse en símbolo de cómo los vínculos entre política, fuerza pública y negocios pueden corroer la confianza en instituciones supuestamente al servicio de la ciudadanía.

• La asociación Centinela-Ecologistas en Acción La Palma ha presentado alegaciones al Proyecto de Trazado y al Estudio de Impacto Ambiental del acondicionamiento de la carretera LP-1 entre Tijarafe y Las Tricias, advirtiendo de que el diseño planteado supondría una transformación irreversible del paisaje del noroeste de La Palma.
• Las alegaciones alertan de que el proyecto propone desmontes de hasta 40 metros de altura, rellenos masivos en barrancos y más de 10.000 m² de muros de hormigón visto de hasta 22 metros de altura sin ningún tipo de integración paisajística prevista.

En el escrito se analiza el ancho de la plataforma proyectada que, con más de 16 metros, duplicaría el ancho de la carretera actual. El proyecto no ha considerado ni evaluado ambientalmente alternativas más sencillas y adaptadas a este territorio, como las permitidas en la Norma 3.1-IC Trazado de la Instrucción de Carreteras, que permite reducciones del ancho del trazado en zonas de relieve accidentado como el afectado, lo que permitiría reducir de forma significativa el impacto sobre el territorio, la afección de fincas colindantes y los costes de la obra y las expropiaciones.

También se señala que el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOLP) prevé para este tramo viaductos con el fin de proteger y recuperar la morfología natural de los barrancos. Estas soluciones forman parte del modelo territorial ya evaluado ambientalmente y aprobado en la planificación insular. Esta previsión quedó reflejada tanto en el pliego para la contratación de la redacción del proyecto como en la oferta de la empresa que resultó finalmente adjudicataria, tal y como consta en el Informe Técnico de Evaluación de Ofertas, donde se recoge la propuesta de seis viaductos para salvar los barrancos. Sin embargo, el proyecto actual presentado desatiende esa previsión, y lo sustituye por los brutales desmontes, rellenos de barrancos y muros ya mencionados.

Por otra parte, en las alegaciones se señalan diversas contradicciones y errores en el Estudio de Impacto Ambiental, como las diferencias de hasta un 46% -casi medio millón de metros cúbicos- entre tablas que recogen los volúmenes de excavación, un grave error que afecta al cálculo de emisiones, residuos y al alcance de los impactos. También recoge incoherencias en la estimación de impactos en paisaje, geodiversidad y suelo, que pasan de “significativos” en la valoración pormenorizada a “poco significativos” en la valoración global.

Llamativas son las ausencias de evaluación del riesgo de atropello de especies en peligro de extinción como el cuervo canario, y del riesgo de dispersión de la especie invasora “rabogato” aprovechando los nuevos y enormes desmontes y terraplenes.

El escrito de alegaciones de Centinela concluye solicitando que el proyecto presentado sea rechazado. Se debe redactar un nuevo proyecto de trazado ajustándolo al modelo viario recogido en el PIOLP para ese lugar y aplicando las reducciones de sección permitidas por la normativa para terrenos montañosos. También se solicita que se revisen las soluciones constructivas en barrancos y laderas, con el objetivo de minimizar la huella territorial y el impacto paisajístico, y que la propuesta resultante sea sometida nuevamente a información pública, tal como contempla la Ley de Evaluación Ambiental. Mejorar la seguridad vial y la movilidad en el corredor Tijarafe–Las Tricias es posible sin comprometer el paisaje ni la integridad ambiental del territorio y sin tanta ocupación de fincas.

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Eugenio Reyes, en representación de la federación ecologista, ha declarado que recientemente, el 4 de diciembre, se ha presentado un escrito ante la Autoridad Portuaria de Las Palmas en el que pide información sobre el otorgamiento de prórroga concesional de quince años que se le ha otorgado a una empresa petrolífera, Minerva Combustibles, que la ostenta desde nada más y nada menos que hace 86 años (1939).

Los ecologistas reclaman a la Autoridad Portuaria que aclare si, para aprobar esta prórroga, se ha exigido a la empresa un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.l tramitado (ordinario o simplificado), una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o un Informe Ambiental Estratégico o algún documento equivalente como un Informe de Riesgo sobre las obras proyectadas conforme a la legislación actual, ya que en el momento del otorgamiento, a principios del siglo pasado, esta legislación no existía.

La prórroga concedida a las instalaciones de depósitos de combustibles del Puerto de Las Palmas colindante con edificio de viviendas es una decisión que pone en riesgo a miles de vecinos de La Isleta durante casi dos décadas más. La Autoridad Portuaria ha optado por mantener hasta 2043 una concesión heredada de una Orden Ministerial franquista de 1939, perpetuando en pleno siglo XXI una actividad industrial de alto peligro a escasos metros de viviendas, colegios y espacios públicos.

Y lo hace ignorando que el propio Plan Especial del Puerto, desde los primeros planes urbanísticos aprobados por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, declara esta zona como de uso terciario (oficinas, comercial, zonas libres, parques, etc.) precisamente porque la cercanía de depósitos y tuberías de combustible es incompatible con la seguridad del barrio.

Esta prórroga no es un solo un trámite o un derecho del concesionario: es un acto discrecional de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, con Coalición Canaria a la cabeza, que implica una gran irresponsabilidad pues vuelve a sacrificar la salud y la tranquilidad de La Isleta en favor de intereses industriales que deberían haber sido reubicados hace años en cumplimiento de dicho Plan urbanístico. Una decisión que clama por explicaciones y que exige, de una vez por todas, que la ciudadanía deje de ser el escudo humano de actividades peligrosas.

Además Ben Magec-Ecologistas en Acción denuncia que la publicación en el BOE no cumple con los requisitos mínimos establecidos legalmente y que se le facilite copia urgente del expediente y ampliación de plazo para poder recurrir la resolución con conocimiento de causa.

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