Las recientes acciones militares de Estados Unidos contra Venezuela representan algo más que un nuevo episodio de tensión bilateral. Constituyen un desafío directo al derecho internacional y una señal inquietante de hacia dónde puede evolucionar el orden mundial si se normaliza el uso unilateral de la fuerza. Ataques con drones, operaciones navales, interceptaciones de embarcaciones y amenazas de bloqueo han convertido al Caribe y al Pacífico oriental en un escenario de militarización sin precedentes.
El coste humano de esta escalada resulta especialmente alarmante. En los últimos meses, más de un centenar de personas han muerto como consecuencia de bombardeos y ataques contra embarcaciones llevados a cabo por fuerzas estadounidenses. Las víctimas eran civiles, ejecutados sin haber sido detenidos, juzgados ni sometidos a procedimiento alguno, lo que podría encuadrarse en la categoría de ejecuciones extrajudiciales, prohibidas de forma absoluta por el derecho internacional.
El marco jurídico es inequívoco. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso o la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Solo se admiten dos excepciones: la legítima defensa frente a un ataque armado y la autorización expresa del Consejo de Seguridad. Ninguna de ellas concurre en el caso venezolano. No existe mandato alguno que legitime un bloqueo ni ataques armados, ni se ha acreditado una amenaza inminente que permita invocar la legítima defensa. Lo que hay es una actuación unilateral que vulnera principios básicos del orden jurídico internacional.
Además de la prohibición del uso de la fuerza, la actuación unilateral de EE.UU. atenta directamente contra los principios de igualdad soberana y no injerencia en los asuntos internos de otros países, que conforman la base de una convivencia pacífica entre Estados y sobre los que descansa el derecho internacional.
Sin embargo, tampoco debe resultar extraño si tomamos en cuenta el desprecio de Donald Trump hacia el sistema multilateral, desautorizando reiteradamente a Naciones Unidas, calificándolas de “organismo inútil” y defendiendo que Estados Unidos no necesita el aval de nadie para “defender sus intereses”. En relación con Venezuela, Trump ha sido aún más explícito. En diversas declaraciones públicas ha subrayado que posee “enormes reservas de petróleo” y que esos recursos “no pueden quedar en manos de enemigos de Estados Unidos”. Altos cargos de su administración han insistido en la necesidad de “proteger intereses energéticos estratégicos” en la región.
Cuando el uso de la fuerza coincide tan claramente con intereses económicos, el derecho internacional pasa a convertirse en un obstáculo incómodo. Como ha señalado el prestigioso jurista y exrelator de la ONU, Richard Falk, cuando las grandes potencias actúan al margen de las normas comunes “el derecho internacional deja de cumplir su función de contención del poder”.
La magnitud del despliegue militar estadounidense refuerza esta preocupación. Estados Unidos no concentraba tanto poder militar en la región desde los años ochenta, durante los conflictos en Centroamérica y la invasión de Panamá. Tampoco se recuerda, desde el final de la Guerra Fría, una presencia militar tan intensa y prolongada en el espacio marítimo frente a las costas de Venezuela y Colombia como foco de presión.
En la sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, celebrada a petición de Venezuela, varios Estados denunciaron que las acciones estadounidenses violan la soberanía venezolana y socavan los principios fundacionales de la ONU. El representante de China fue especialmente contundente al advertir que “el uso unilateral de la fuerza sin autorización del Consejo de Seguridad debilita gravemente el orden internacional basado en el derecho”.
No se trata de una discrepancia ideológica, sino de la defensa de normas mínimas que permiten la convivencia entre Estados, la estabilidad en la región y un aspecto clave, siempre olvidado, el impacto de estas medidas sobre la población civil. Los bloqueos de facto, las sanciones y las amenazas militares no castigan a los gobiernos, sino a las sociedades y, especialmente, a los grupos más vulnerables.
Pero hay una cuestión aún más profunda. Lo que ocurre en Venezuela puede interpretarse como un laboratorio de una reconfiguración del orden mundial. Como advierten varios analistas, como la politóloga Anne-Marie Slaughter, el abandono del multilateralismo solo “conduce a un mundo regido por esferas de influencia y por la ley del más fuerte”. Aceptar esta lógica implica asumir que el derecho internacional es prescindible cuando resulta incómodo y también normalizar que las grandes potencias puedan imponer su voluntad por la fuerza, fundamentalmente por sus intereses económicos.
Defender el derecho internacional hoy significa preservar las reglas que evitan que el mundo retroceda a la “diplomacia de las cañoneras” propia del imperialismo del siglo XIX. La actuación de Estados Unidos en Venezuela no solo vulnera la legalidad internacional, sino que apuntala un modelo de relaciones internacionales basado en el unilateralismo, la coerción y la fuerza, erosionando el sistema multilateral y sentando un precedente extremadamente peligroso para el mantenimiento de la paz y la estabilidad internacional.
Enrique López es profesor asociado de Derecho Internacional Público en la Universidad Carlos III de Madrid.
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