Aguas turquesas, fachadas coloniales holandesas, destino de cruceros y lunas de miel. Curazao es una postal del Caribe. Pero durante años, esta pequeña isla neerlandesa fue también uno de los principales centros del mercado mundial de oro.

A 45 minutos de vuelo de Venezuela, con zona franca aduanera y conexiones directas con Europa, Curazao reunía las condiciones perfectas para que el metal precioso pudiera llegar hasta los mercados mundiales. Datos de las Naciones Unidas muestran que en la década de 2010 de la isla salieron más de 110 toneladas de oro por un valor de 4.500 millones de dólares, más de lo que Sudáfrica produce en un año. Pero la legitimidad de ese oro plantea algunas dudas. Curazao no tiene minas, y apenas cuenta con 150.000 habitantes.

«No había una razón plausible para que grandes flujos tuvieran que pasar por Curazao», explica Alan Martin, responsable de cadena de suministro de la London Bullion Market Association (LBMA), la organización que gestiona uno de los mercados de metales preciosos más importantes del mundo. Cuando los flujos desde Curazao quedaron al descubierto, la asociación ordenó a sus miembros rechazarlos. «Si analizamos los volúmenes, no hay suficientes joyerías que los justifiquen», dijo Martin. «Para nosotros estaba claro que no se trataba de una fuente legítima».

¿De dónde procedía ese oro ilegítimo? ¿Quién lo movió? ¿Dónde terminó? Cientos de documentos confidenciales –facturas, extractos bancarios, correos electrónicos, certificados de refinación y declaraciones judiciales– obtenidos por IrpiMedia y ArmandoInfo, y compartidos con OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), revelan por primera vez cómo funcionó la operación que movió la mayor parte de ese oro: al menos 90 toneladas por un valor superior a los 3.000 millones de dólares.

Entre 2012 y 2018, una sola empresa comercial en Curazao canalizó decenas de toneladas de oro venezolano hacia Europa, declarándolo como «chatarra» –es decir, metal reciclado procedente de joyas viejas, piezas dentales o monedas fundidas– aunque, según determinó la investigación, una parte relevante procedía en realidad de minas.

Análisis químicos

El principal destino fue Argor-Heraeus, una de las mayores refinerías del mundo, con sede en Suiza, que lo recibía de un importador, también suizo. La normativa de la industria no exigía entonces a las refinerías rastrear el origen del oro reciclado más allá de su proveedor inmediato. Bastaba con verificar al intermediario, aunque se supiera que el metal venía de Curazao y, antes de eso, de Venezuela.

«Nuestros procedimientos de diligencia debida han superado de forma consistente tanto los requisitos legales como los estándares de la industria», respondió Argor-Heraeus. «En ningún momento nuestra empresa ha procesado conscientemente material vinculado a actividades ilícitas». La refinería añadió que sus análisis químicos confirmaban que todo el oro adquirido desde Curazao era chatarra.

Pero OCCRP obtuvo una muestra de los propios resultados de Argor para 6,5 toneladas de ese oro. Según expertos consultados, la firma química del metal indica con fuerza que al menos una parte procedía de minas.

Durante el periodo en que Argor compraba oro desde Curazao, cientos de empresas cotizadas en EE. UU. –entre ellas Apple, Tesla y Nvidia– declararon a la refinería suiza como parte de su cadena de suministro de oro en sus informes ante la Comisión de Bolsa y Valores.

No hay pruebas de que Argor-Heraeus haya violado ninguna ley. Pero el caso expone una grieta estructural en el mercado mundial del oro: si se declara como «chatarra», el metal de las fuentes más problemáticas del mundo puede entrar en la cadena global sin que nadie pregunte de dónde viene realmente.

Esta historia comienza en la selva venezolana.

La selva

En 2011, el presidente Hugo Chávez nacionalizó la extracción de oro en Venezuela. Las empresas internacionales fueron expulsadas y todo el metal pasó a ser, al menos en teoría, propiedad del Estado. En la práctica, guerrillas colombianas, organizaciones criminales y unidades militares se disputaban el control de las minas, canalizando divisas hacia el régimen de Chávez y, tras su muerte en 2013, hacia su sucesor, Nicolás Maduro.

Con el desplome del petróleo, la inflación desbocada y el cerco de las sanciones, Maduro convirtió el oro en «el nuevo petróleo», como lo describió la OCDE. En febrero de 2016 creó el Arco Minero del Orinoco: 112.000 kilómetros cuadrados destinados a la extracción de oro, coltán y diamantes.

Lo que siguió fue una catástrofe. Miles de kilómetros cuadrados de Amazonia deforestados, ríos contaminados con mercurio, y en las minas: explotación laboral, trabajo infantil, trata sexual, asesinatos y desapariciones, según documentaron Naciones Unidas y el Departamento de Estado de EE. UU.

En el centro de todo, según la documentación, estaba el ejército. Cientos de miles de mineros trabajaban en minas improvisadas controladas por militares que cobraban a organizaciones criminales por el acceso. La venta de oro, escribió el Tesoro de EE. UU. en 2019, se había convertido en «uno de los esquemas financieros más lucrativos del régimen». Pero gran parte de ese oro salía de contrabando: aunque el gobierno había ilegalizado el comercio independiente y obligaba a vender toda la producción al Banco Central, Transparencia Internacional estima que el 70% fue traficado al exterior.

«Sabemos con certeza que el comercio ilícito fue orquestado con la participación de los más altos niveles», afirmó Bram Ebus, un investigador del International Crisis Group.

Fue en ese contexto que grandes cantidades de oro empezaron a fluir hacia una pequeña empresa registrada en la zona franca de Willemstad.

‘Chatarra‘

Curaçao Precious Metals & Co fue registrada en 2010 en la zona franca de Willemstad por Héctor Óscar Castellón, un bróker de oro venezolano, y Mario Pataro, miembro de una familia italo-panameña con décadas en el comercio regional de metales preciosos. La empresa –conocida como Cupremeco– funcionaba como intermediaria: recogía cargamentos de oro de proveedores en Venezuela, los trasladaba a Curazao y desde allí los enviaba directamente a la refinería de Argor-Heraeus en Mendrisio, Suiza.

Pero en el papel, el oro no iba de Cupremeco a Argor. La documentación muestra que se vendía primero a Precious Metals Services (PMS) SA, una empresa suiza creada por Marco Briccola, socio comercial de Pataro. Era PMS quien luego lo revendía a Argor-Heraeus, aunque nunca tocaba físicamente el metal.

¿Por qué añadir un eslabón innecesario? Castellón lo explicó con franqueza en una declaración jurada ante un tribunal de Florida: «Para que distintas personas abran cuentas grandes en diferentes refinerías hay que pasar por el ‘know your customer‘. Es un proceso muy largo y difícil, y no todos lo logran. Así que decidimos ir por otra vía». La función de PMS, declaró en sede judicial, era facilitar que el oro pasara los controles de cumplimiento de Argor-Heraeus.

El negocio era extraordinariamente lucrativo. Entre 2014 y 2019, Argor-Heraeus pagó a PMS alrededor de 1.000 millones de dólares por el oro suministrado, según registros bancarios. (El valor total del oro enviado a la refinería suiza durante el periodo investigado supera los 2.200 millones de dólares; esta investigación no logró determinar a qué se debe esta diferencia. La refinería dijo que la cifra de 1.000 millones «no era correcta» pero no quiso precisar cuál era la correcta). Con parte de ese dinero PMS pagaba a los proveedores del oro.

El mayor de ellos era el propio Castellón: empresas vinculadas a él y a personas de su círculo recibieron más de 400 millones de dólares de PMS, según muestran datos bancarios y múltiples declaraciones judiciales. Un segundo gran proveedor, Marco Antonio Flores Moreno, junto con empresas de su entorno familiar, recibió más de 55 millones. Flores Moreno fue imputado en Brasil en 2020 como figura central de una organización que traficaba oro extraído ilegalmente en Venezuela, lo transportaba a Brasil y lo declaraba como «chatarra» para eludir controles, según una sentencia del tribunal federal brasileño. (El caso sigue abierto. Flores Moreno no respondió a las preguntas).

¿De dónde sacaban el oro estos proveedores venezolanos?

Aunque en las facturas de Cupremeco la mayor parte figuraba como «chatarra», hay evidencia de que un porcentaje elevado era en realidad oro recién extraído de minas. «Algo de casas de empeño, pero sobre todo minas», admitió Castellón, el mayor proveedor de Cupremeco, al Tribunal de Florida.

Pataro, por su parte, dijo a OCCRP en una entrevista en diciembre de 2025 que simplemente no sabía de dónde venía todo el oro que recibía de Venezuela. «Si viene de una mina o de los dientes de un pobre, ¿yo cómo puedo saberlo?», declaró.

Al llegar a Suiza, el oro era declarado ante la aduana como originario de Curazao –no de Venezuela–. En la normativa aduanera, «país de origen» puede significar donde el producto fue obtenido o donde tuvo lugar su última transformación significativa. En el caso del oro, esa transformación sería la refinación.

Firma química

Argor-Heraeus negó que PMS funcionara como intermediario para eludir controles de cumplimiento, como declaró Castellón. Eso, dijeron sus abogados, «equivaldría a un fraude elaborado para engañar a los proveedores de servicios posteriores». La refinería insistió en que no tenía relación comercial con Cupremeco y que trataba exclusivamente con PMS.

Sobre el origen del oro, Argor fue categórica: sus análisis forenses descartaban que proviniera de minas venezolanas. La refinería dijo haber sometido el metal a pruebas de fluorescencia de rayos X (XRF), una técnica que mide la composición de una barra de oro –las proporciones de oro, plata y otros elementos – y puede ofrecer indicios sobre su origen, ya que el oro de mina y el reciclado suelen tener firmas químicas distintas. Los resultados, según Argor, mostraban «niveles de pureza y cantidades consistentes con chatarra procedente de una mezcla de joyas y lingotes reciclados».

Tras recibir las preguntas de OCCRP, la refinería encargó además una revisión independiente a GeoBlock International, que corroboró sus conclusiones. Argor-Heraeus no quiso compartir sus resultados de laboratorio con OCCRP, alegando confidencialidad, y no respondió a preguntas sobre qué datos había facilitado a GeoBlock ni si había analizado todo el oro recibido desde Curazao o solo una muestra.

Valoración de expertos

Pero OCCRP obtuvo de forma independiente los resultados de 469 operaciones de refinación de Argor-Heraeus correspondientes a 6,5 toneladas de oro importado desde Curazao, en su mayoría en 2016.

Seis expertos que revisaron esos datos –entre ellos cuatro académicos especializados en geología y geoquímica– concluyeron que los niveles de pureza indicaban una mezcla de oro de mina y chatarra reciclada.

«El gran volumen de oro no es realísticamente obtenible solo a partir de chatarra, de modo que la explicación más lógica es que se trate de lingotes de minería o de chatarra combinada con lingotes procedentes mayoritariamente de minería», dijo a OCCRP Richard Goldfarb, profesor de geología en la Colorado School of Mines.

Wendell Fabricio-Silva, geólogo forense, coincidió: «La firma composicional observada se corresponde más con oro primario parcialmente procesado que con oro previamente refinado reintroducido en el mercado como chatarra».

Argor-Heraeus rechazó estas conclusiones. «Rechazamos las opiniones contrarias de expertos no identificados, cuya metodología y resultados no nos fueron compartidos en su totalidad», respondieron sus abogados. «Las acusaciones se basan en un conjunto de datos admitidamente incompleto, limitado a 2016 con algunos puntos de 2014 y 2015, y restringido al contenido de oro y plata».

El sello

La operación de oro desde Curazao llegó a su fin en mayo de 2019, cuando autoridades británicas y de las Islas Caimán interceptaron un cargamento de oro venezolano exportado por Cupremeco. La mayor parte del oro fue decomisada como producto del delito.

La incautación bastó para romper la relación entre Argor-Heraeus, PMS y Cupremeco.

«De acuerdo con nuestras estrictas directrices, cortamos inmediatamente con cadenas de suministro o socios comerciales ante cualquier sospecha de comportamiento fraudulento», escribió Argor-Heraeus a OCCRP. «Este enfoque se aplicó también en 2019 a la relación con PMS SA y su cadena de suministro ascendente, incluida Cupremeco».

Pero para entonces, el corredor de Curazao ya había introducido en el mercado global, a través de Argor-Heraeus, más de 2.000 millones de dólares en oro de origen dudoso.

«Una vez que la refinería lo convierte en esos lingotes relucientes con su sello, se vuelve legítimo. Se pierde toda trazabilidad y el oro fluye al sistema monetario internacional, a la electrónica de consumo, a la joyería, a todo», dijo Quinn Kepes, de Verité, una organización que ayuda a empresas a identificar riesgos laborales en sus cadenas de suministro.

Esta investigación fue realizada por IrpiMedia, ArmandoInfo y OCCRP con el apoyo de JournalismFund. La Marea la publica en español con autorización de los autores.

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Cuando las grandes tecnológicas explican cómo funcionan sus sistemas de inteligencia artificial, recurren siempre a la misma metáfora: los modelos aprenden, como un estudiante que lee miles de libros y luego escribe con sus propias palabras. Esa imagen, cómoda y humanizadora, acaba de chocar contra una realidad incómoda: estos sistemas no solo aprenden, también copian. Y pueden hacerlo con una precisión que sorprende incluso a sus creadores.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford ha conseguido extraer libros prácticamente completos de los principales sistemas de IA del mercado. En el caso más llamativo recuperaron el 95,8% del texto de Harry Potter y la piedra filosofal del modelo Claude 3.7 Sonnet, desarrollado por Anthropic. Del mismo sistema extrajeron el 97,5% de El gran Gatsby, la célebre novela de F. Scott Fitzgerald.

Los hallazgos, publicados hace unos días, amenazan con dinamitar el argumento central que estas empresas han presentado ante los tribunales estadounidenses: que sus sistemas transforman creativamente el material con el que se entrenan, sin almacenar copias de las obras originales.

Una técnica sencilla

Lo más revelador del estudio no es solo lo que encontraron, sino cómo lo encontraron. En dos de los cuatro sistemas analizados –Gemini 2.5 Pro de Google y Grok 3 de xAI, la empresa de Elon Musk– ni siquiera fue necesario engañar al sistema. Bastó con pedirles que continuaran un fragmento inicial del libro. Los modelos, obedientes, siguieron recitando página tras página.

Con Claude de Anthropic y GPT-4.1 de OpenAI la cosa fue algo más complicada. Los investigadores Ahmed Ahmed y A. Feder Cooper tuvieron que utilizar una técnica conocida como Best-of-N: modificar repetidamente la instrucción –cambiando mayúsculas, añadiendo caracteres especiales– hasta encontrar una variante que sorteara las protecciones del sistema. Probaron hasta 10.000 variaciones.

El resultado: Claude reprodujo más del 94% de cuatro libros completos, incluyendo 1984 de George Orwell. GPT-4.1 de OpenAI se resistió más –tendía a detenerse tras el primer capítulo–, pero aun así los investigadores lograron extraer el 4% de Harry Potter. Gemini y Grok entregaron el 76,8% y el 70,3% respectivamente de la primera entrega de la saga de J.K. Rowling.

Comprimir, no aprender

Para entender por qué estos hallazgos son tan problemáticos, conviene abandonar la metáfora del aprendizaje. Los grandes modelos de lenguaje funcionan más bien como algoritmos de compresión, similar a cómo un archivo JPEG reduce el tamaño de una fotografía. La imagen comprimida no es idéntica a la original, pero conserva suficiente información para reconstruirla con alta fidelidad.

Cuando un modelo puede reproducir miles de palabras consecutivas de un libro –en algunos casos, capítulos enteros–, la explicación más plausible no es que haya aprendido conceptos abstractos, sino que ha almacenado literalmente fragmentos del texto en sus parámetros internos.

Mark Lemley, profesor de Derecho en Stanford que ha asesorado a empresas como Meta en casos similares, reconoce la complejidad del asunto. «No estoy seguro de si es preciso decir que un modelo contiene una copia de un libro, o si tenemos un conjunto de instrucciones que nos permite crear una copia sobre la marcha», explica a La Marea. Incluso la segunda interpretación, más benévola para las tecnológicas, podría considerarse problemática legalmente.

Ninguna de las cuatro empresas afectadas –Anthropic, Google, OpenAI y xAI– accedió a ser entrevistada para el estudio. Las tres primeras reconocieron haber recibido la notificación de los investigadores; xAI ni siquiera respondió.

Las declaraciones previas de estas compañías contrastan con los nuevos hallazgos. Google afirmó ante la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos que «no existe copia de los datos de entrenamiento presente en el modelo mismo». OpenAI hizo declaraciones similares. Los estudios demuestran que tales afirmaciones son, en el mejor de los casos, imprecisas.

Las consecuencias legales

Según Lemley, estos hallazgos complican las narrativas que tanto demandantes como demandados han presentado ante los tribunales. La primera implicación es que los propios modelos de IA podrían considerarse obras derivadas de los libros que memorizan. En derecho de autor estadounidense, si un modelo codifica libros completos en sus parámetros, podría argumentarse que el modelo mismo es una copia ilegal, no solo lo que produce cuando se le pregunta.

La segunda es que resulta práctico generar copias infractoras. Los estudios muestran que es posible extraer contenido protegido de modelos comerciales, algo que probablemente constituye una infracción.

En Europa, el panorama legal ya está cambiando. Un tribunal alemán dictaminó recientemente contra OpenAI en un caso presentado por GEMA, una organización de licencias musicales, tras demostrar que ChatGPT podía producir imitaciones muy cercanas de letras de canciones. El juez comparó el modelo con archivos MP3 y JPEG que almacenan música y fotos en formatos comprimidos.

En Estados Unidos, dos casos recientes han determinado que el entrenamiento de modelos de lenguaje puede considerarse uso justo, una doctrina legal que permite ciertos usos de material protegido. Pero ambos jueces señalaron que los demandantes no habían aportado pruebas convincentes de que los modelos pudieran reproducir sus obras de forma casi literal.

Estos nuevos estudios llenan precisamente ese vacío.

El precio de la piratería

Extraer un libro completo de estos sistemas no es gratuito. Los investigadores gastaron aproximadamente 120 dólares para obtener Harry Potter y la piedra filosofal de Claude, aunque solo 2,44 dólares con Gemini. Como señala Feder Cooper, coautora del estudio: «Existen formas más fáciles y baratas de piratear un libro».

Pero el problema trasciende la piratería individual. Lo que está en juego es si estas empresas han construido imperios tecnológicos valorados en miles de millones de dólares sobre cimientos de material protegido por derechos de autor, sin pagar un céntimo a los autores.

«Independientemente de las perspectivas de los litigios en curso», concluyen los autores del estudio, «los hechos técnicos son claros: los modelos de lenguaje memorizan porciones de sus datos de entrenamiento, estos datos están codificados en los pesos del modelo y, como demostramos aquí, es posible extraer grandes cantidades de datos protegidos por derechos de autor de modelos comerciales».

Los investigadores esperaron 90 días –el protocolo estándar de divulgación responsable– antes de hacer públicos sus resultados. Al final de ese periodo, algunos de los sistemas probados seguían siendo vulnerables.

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Este reportaje se publicó originalmente en #LaMarea109. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para recibirla y apoyar el periodismo independiente.

El Centro para la Ciencia en el Interés Público (organización sin ánimo de lucro con sede en Washington) lleva años defendiendo los derechos e intereses de los consumidores. En los años noventa, fue una de las principales asociaciones que empujó para la inclusión de etiquetas nutricionales en los alimentos. Más recientemente, logró obligar a las cadenas de comida rápida a indicar las calorías de los platos ofrecidos.

Cuando Zohran Mamdani, el alcalde electo de Nueva York, propuso crear supermercados municipales durante su campaña electoral, Sara John, subdirectora del centro, vio grandes posibilidades de mejora para la vida de millones de personas, aunque también es consciente del desafío. «Las tiendas públicas que rindan cuentas a los consumidores, y no a los accionistas, podrían mejorar la asequibilidad de los alimentos», afirma John. «No obstante, no será fácil ».

La iniciativa llega en un momento crítico. Los comestibles en Nueva York cuestan un 18% más que la media nacional. Huevos, carne y pescado subieron un 8,9% en el último año; y los productos lácteos, más de un 5%. A ello se suman las tensiones comerciales reavivadas por la nueva administración federal y los recortes anunciados al programa SNAP, que actualmente ayuda a más de 40 millones de estadounidenses con vales para la compra. «Y hemos visto cómo los gigantes del comercio minorista continúan cerrando tiendas y aumentando los precios de los alimentos», explica John a La Marea.

El plan de Mamdani contempla abrir cinco tiendas piloto –una en cada distrito– que funcionarían bajo un modelo público. Al no pagar alquiler ni impuestos y comprar al por mayor, el alcalde electo calcula que podrían ofrecer precios significativamente más bajos. Según su campaña, el programa costaría 60 millones de dólares, aproximadamente el 0,06% del presupuesto anual de la ciudad. La propuesta, no obstante, plantea retos. «Los supermercados ya operan con márgenes de ganancia muy reducidos –del 2% al 3%–», afirma John. «Por lo que incluso al intentar únicamente alcanzar el punto de equilibrio, sólo podrán trasladar un ahorro limitado a los consumidores», prosigue.

Además, la gestión de productos perecederos y la falta de economías de escala suponen obstáculos considerables para una operación nueva y relativamente pequeña. Por eso, la sugerencia de John es no partir de cero: «No necesitan reinventar la rueda».

La ciudad de Nueva York ya desempeña un papel relevante en el sector alimentario: compra alimentos para escuelas públicas, gestiona programas de asistencia como el mencionado SNAP y participa en el suministro a familias de militares. Desde 1991, el Gobierno federal mantiene una red de economatos que venden comestibles a precios mayoristas a personal militar, un modelo parecido a lo que Mamdani quiere extender a la población civil. Las tiendas municipales tendrían la utilidad adicional de no obtener beneficios por compras impulsivas y poco saludables. «Podrían priorizar la salud pública promoviendo alimentos sanos y asequibles, en lugar de maximizar los beneficios para los accionistas», señala John.

¿Un modelo viable?

La propuesta ha generado fuertes críticas desde sectores conservadores y liberales. Think tanks como el Instituto Cato advierten de que las tiendas municipales carecerán de las cadenas de suministro y la capacidad logística de gigantes como Walmart, lo que podría traducirse en ineficiencia y dependencia crónica de subsidios públicos.

Anne Rathbone Bradley, economista del Instituto para la Fe, el Trabajo y la Economía, sostiene que el plan está condenado al fracaso por su incapacidad de responder a las señales del mercado. «Los supermercados soviéticos fracasaron porque intentaron reemplazar principios económicos fundamentales con burócratas», escribió en The Washington Post. «Las tiendas gestionadas por el Gobierno en Nueva York enfrentarán los mismos desafíos», concluía.

Sin embargo, los defensores del proyecto argumentan que la comparación es inexacta. A diferencia de los supermercados de la Unión Soviética, que operaban en economías de planificación centralizada sin competencia, el modelo de Mamdani funcionaría en un mercado mixto, complementando –no reemplazando– la oferta privada existente. Otra crítica se ha centrado en el riesgo de competencia desleal. La Unión de Bodegas de América –gremio de las pequeñas tiendas de comestibles familiares, omnipresentes en Nueva York– expresó inicialmente esta preocupación. No obstante, en un giro significativo, terminó apoyando a Mamdani a finales de octubre. Su presidente, Radhames Rodríguez, señaló que el proyecto de tiendas municipales podría «complementar» la oferta en zonas desatendidas, donde las familias carecen de acceso a alimentos frescos y saludables.

Una idea con antecedentes

La idea de los supermercados municipales no es inédita, aunque a menudo se ha aplicado a contextos rurales o pequeños. Es el caso, por ejemplo, del pueblo de St. Paul en Kansas –que cuenta con 600 residentes–, donde en 2013 la municipalidad compró el supermercado local. Pero recientemente se han dado casos en áreas urbanas pobladas. En Atlanta, el Azalea Fresh Market –un supermercado de propiedad municipal inaugurado en agosto de 2025– atiende a una media de 600 clientes cada día y sus ventas de productos frescos superan el promedio nacional. El supermercado mantiene eficiencia y precios contenidos gracias a una alianza con una cadena privada que opera en las instalaciones.

No todas las experiencias, sin embargo, han prosperado. El Sun Fresh Market, un supermercado público de Kansas City, cerró sus puertas en agosto pese a haber recibido más de 18 millones de dólares en inversión a lo largo de 10 años. La gestión enfrentó problemas recurrentes de desabastecimiento, mientras que la inseguridad en el área disuadió progresivamente a los compradores.

Una clave del éxito de la propuesta de Mamdani dependerá del tipo de alianza entre lo público y lo privado que apoyará su plan. Alianzas que, incluso con respecto al sector alimentario, tienen una larga historia en Nueva York: durante la Gran Depresión, el alcalde Fiorello LaGuardia creó seis mercados en que la ciudad alquilaba los espacios a vendedores a precios reducidos. El Essex Market, en el Lower East Side, es un ejemplo destacado que sigue vendiendo productos a precios competitivos en una de las zonas más caras de la ciudad.

El desafío por delante

Ahora que Mamdani ha ganado con la promesa de una ciudad más asequible para todos, sobre él pesan expectativas extraordinarias y promesas por cumplir. El alcalde más joven en más de 100 años llega al cargo con una agenda ambiciosa que ha generado tanto entusiasmo entre sus votantes como resistencia feroz entre quienes apuestan por su fracaso.

La ubicación, la eficiencia logística y la capacidad de mantener los precios bajos determinarán el futuro de esta iniciativa. Si el experimento tiene éxito, Nueva York podría convertirse en referente para otras ciudades estadounidenses e internacionales, y las propuestas de Mamdani ganarían credibilidad dentro de un Partido Demócrata en búsqueda de una nueva identidad. Si fracasa, sus críticos tendrán la prueba que esperaban para atacar a los sectores más progresistas del partido.

«Los supermercados administrados por la ciudad tienen el potencial de reducir los precios de los comestibles al eliminar la avaricia corporativa de la ecuación de precios de los minoristas», concluye John.

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