Denuncian trata laboral de migrantes en multinacionales renovables. Contratos ilegibles, impagos, amenazas y uso represivo de la ley para silenciarlos #ExplotaciónLaboral #DerechosMigrantes #RenovablesÉticas #JusticiaSocial

• La Junta de Andalucía ha aprobado una Resolución de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad por la que se amplía el periodo de caza mayor en aquellas fincas que no han podido realizar monterías, ganchos o batidas debido al mal tiempo. Esta ampliación responde sólo al plegamiento de los responsables de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente (CSyMA) al sector cinegético, y repercutirá negativamente en la biodiversidad y en actividades como el senderismo y el turismo rural.

Los periodos hábiles y de veda para la caza mayor los ha fijado la Resolución de 28 de mayo de 2025 de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad. En lo que respecta a la caza mayor, y concretamente a las especies ciervo, gamo, muflón y jabalí, establece con carácter general un período hábil de caza que comprende todos los días de la semana desde el 11 de octubre de 2025 al 8 de febrero de 2026.

Como ha llovido mucho y no se han podido celebrar muchas monterías, ganchos y batidas, a propuesta del sector cinegético, la CSyMA ha ampliado el periodo de caza mayor en esas fincas hasta finales de este mes de febrero.

Ecologistas en Acción se opuso en el Comité de Caza de Andalucía, formado mayoritariamente por representantes de la Junta y de los cazadores, a esta ampliación de plazo para la caza mayor. Juan Clavero, representante de Ecologista en Acción en el citado Comité, advirtió que  no es admisible que todas las medidas que aprueba la CSyMA vayan a favor de la caza, cuando ni siquiera es la actividad más practicada en el campo, que es el senderismo, ni la de mayor relevancia económica en los pueblos de zonas forestales, que es el turismo rural.

Esta Resolución se justifica, además, para “controlar las enfermedades infectocontagiosas de alto impacto”. Pero se omite que el principal método para luchar contra las enfermedades infectocontagiosas son los predadores naturales. La CSyMA, en vez de protegerlos, los persigue, y las consecuencias son el desequilibrio poblacional de algunas especies, como el ciervo, el jabalí y el gamo.

La Resolución asegura que esta medida se basa en el artículo 20 de la Ley 8/2003 de Flora y Fauna Silvestres, pero es falso. Este artículo determina que “ante situaciones excepcionales de daño o riesgo para los recursos naturales como consecuencia de circunstancias excepcionales de tipo meteorológico, biológico o ecológico, sean naturales o debidas a accidentes o a cualquier otra intervención humana, las Administraciones Públicas de Andalucía adoptarán las medidas necesarias, incluyendo moratorias temporales o prohibiciones especiales…”. O sea, este artículo va en la dirección contraria a como lo quieren utilizar, es para limitar o prohibir la caza, no para ampliarla. Cuando las organizaciones ecologistas hemos solicitado prohibir la caza de aves acuáticas en periodos de sequía, para lo que sí es de aplicación este artículo, la CSyMA ni respondió.

Esta Resolución no se apoya en ningún informe científico sobre sus repercusiones, ni menciona los efectos que tendrá esta ampliación del periodo de caza mayor con perros en la biodiversidad, cuando ya muchas especies están comenzando la época de reproducción, ni sobre otras actividades como el senderismo, pues en las monterías se cierran ilegalmente los caminos públicos y vías pecuarias, y suponen un riesgo para los miles de senderistas que los recorren.

Otro factor que no ha tenido en cuenta la CSyMA es que las ciervas están preñadas, y que en este mes los fetos doblarán su tamaño, dificultando la huida ante las rehalas de perros y generándoles estrés.

Con esta medida, y otras que está promoviendo la CSyMA como las emergencias cinegéticas, en el campo andaluz se va a poder estar cazando todo el año, perjudicando a la biodiversidad y a otros sectores sociales y económicos. Sorprende esta entrega total de los responsables de la Junta de Andalucía al sector cinegético cuando la caza es una actividad decreciente y minoritaria en Andalucía. Las licencias de caza en Andalucía han experimentado un descenso significativo en las últimas dos décadas,  reduciéndose a la mitad. A pesar del apoyo de la Junta de Andalucía -con promoción de la caza hasta en las escuelas, generosas subvenciones a ferias, campañas promocionales, bonificaciones, exageración de las repercusiones económicas…-, la realidad es que en Andalucía hay sólo 87.000 cazadores federados, el 1% de la población, pero que tienen acotada más del 80% de su superficie.

Una prueba más de esta entrega total de los responsables de la CSyMA al sector cinegético es que en el Borrador de la Resolución que se llevó al Comité de Caza se incluía una ampliación de plazo hasta el 22 de febrero. A los representantes de los cazadores les pareció poco, y propusieron que se ampliara hasta el 28, y así ha aparecido en la Ordena aprobada y publicada en el BOJA.

Ecologistas en Acción lamenta que la Consejería denominada de “Sostenibilidad y Medio Ambiente” se pliegue a los intereses del sector cinegético, convirtiéndose en una mera “Gestoría de caza”, olvidando sus competencias, entre las que se encuentra la preservación de la biodiversidad.

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• Se trata de una revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) de 2006 y acaba de pasar por un primer proceso de exposición pública.
• El POTA (Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía) nace con la intención de ser el marco de referencia territorial para todos los planes de ordenación del territorio que se vayan a desarrollar en Andalucía; es el plan de planes con horizonte en el 2050.

Compartimos las principales propuestas de la Revisión del POTA, como son, la vinculación del plan a la legislación y planificación sectoriales, la inclusión de la Infraestructura Verde en el Modelo Territorial, la modificación del Sistema de Ciudades para adaptarlo a las circunstancias actuales del territorio andaluz y la inclusión de criterios territoriales básicos para la implantación ordenada de las energías renovables.

Confiamos y deseamos que este sólido documento no se quede en otra declaración de intenciones y pueda vehicular políticas sostenibles vinculantes. Para ello, es imprescindible que las determinaciones de este Plan, Normas (N), Directrices (D) y Recomendaciones (R), orienten todas las políticas territoriales tanto a nivel autonómico como municipal.

Entre las más de 140 alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción, destacamos:

En relación a la implantación de la Infraestructura Verde, pedimos que se incluyan todos los espacios de Red Natura 2000 como suelos No Urbanizables de Especial Protección. También solicitamos que para conseguir la Conectividad Ecológica se incluyan todas las Vías Pecuarias y todos los cauces de los ríos y sus riberas. Reclamamos incluir en la Infraestructura Verde la laguna de La Janda, la que fuera la mayor laguna de la Península Ibérica.

En relación al Litoral de Andalucía solicitamos que se recupere, actualice y se incorpore el Plan del Corredor del Litoral de Andalucía, que fue olvidado desde los gobiernos de Susana Díaz. Igualmente proponemos que en el litoral no se recalifiquen nuevos suelos, que se preserven los que quedan sin urbanizar y no se colmate urbanísticamente.

Coincidimos en la propuesta del Plan sobre la “Ciudad Compacta”, pero, dada la demografía andaluza, proponemos para las ciudades la tendencia al crecimiento 0 o decrecimiento, fomentando la rehabilitación y revitalización. Proponemos, igualmente, que no se instalen nuevas urbanizaciones en suelos rústicos separados de las ciudades existentes.

En relación al Sistema Hidrológico de Andalucía entendemos que es un elemento estructurante del territorio andaluz. Alegamos que el desarrollo territorial depende del estado de sus masas de agua, y que el buen estado del agua no depende solo de su química (contaminación) sino también del estado hidromorfológico de los ríos encajonados, cementados, fragmentados, etc. Desvelamos que la “demanda sostenible” es un eufemismo y no sirve para la gestión del agua; debe hacerse en función del recurso hídrico y no de la demanda.

En relación a las distintas instalaciones de infraestructuras energéticas, proponemos que, aunque con retraso, es hora ya de pasar a delimitar y ordenar el despliegue de las energías renovables en nuestro territorio, y hacerlo de manera vinculante: Hay que incorporar las APER, Áreas Preferentes de Energías Renovables, de la Ley 2/2007, al POTA.

Respecto al Sistema de Articulación del Territorio, y en relación al transporte y movilidad, nuestras alegaciones van todas encaminadas a considerar prioritarios los transportes públicos, colectivos y no contaminantes; es decir el transporte peatonal, ciclista y ferroviario; y considerar complementarios los modos  carretero, fluvial, aéreo y marítimo.

Dado el bajísimo nivel de cumplimiento de los obligatorios planes locales frente al cambio climático, proponemos su activación, con medidas efectivas de mitigación, adaptación y participación, para lo cual proponemos que se diseñen planes comarcales para municipios con características y desafíos similares.

Ecologistas en Acción confía en que este Plan de Ordenación del Territorio llegue a una buena formulación y no se quede en un plan más desoído e ignorado por las distintas administraciones.

En Andalucía necesitamos ordenar nuestro territorio con una visión sostenible, equitativa y de futuro., que nos permita a los andaluces una mejor calidad ambiental y de vida.

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El TSJA vuelve a dictar sentencia contra la práctica de devolución en caliente, en esta ocasión considera ilegal el retorno de una familia siria que llegó a territorio español en enero de 2022.

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• Denunciamos la falta de transparencia de las autoridades mineras de la Junta de Andalucía respecto a estos riesgos.

Ecologistas en Acción alerta del grave riesgo ambiental que suponen las balsas de residuos mineros y los pasivos históricos de la minería metálica en Andalucía ante episodios de lluvias intensas como el que se está produciendo estos días. La situación resulta especialmente preocupante en la Faja Pirítica Ibérica, donde se concentra un elevado número de instalaciones de residuos mineros en las provincias de Huelva y Sevilla, muchas de ellas asociadas a explotaciones activas o cerradas desde hace décadas.

Miembros de la asociación han podido constatar en las últimas horas el riesgo de la situación en las gigantescas balsas de lodos tóxicos de la mina de Riotinto, operada por Atalaya Riotinto Minera, y de los lixiviados de las escombreras de la mina de Aznalcóllar, gestionada por Minera los Frailes desde 2015, cuya matriz Grupo México tiene un desastroso historial de roturas de balsas mineras en su país, como la que provocó un vertido altamente contaminante en el río Sonora en agosto de 2014, pocos meses antes de hacerse con los derechos mineros de la Zona Aznalcóllar.

Minera Los Frailes está incumpliendo desde el año 2019 sus obligaciones establecidas en el Protocolo de Actuación sobre el nivel de agua en la Corta de Aznalcollar, que establecía la creación de una Comisión de Seguimiento del nivel de esas aguas tóxicas, con participación de las administraciones mineras y ambientales de la Junta de Andalucía, y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Esa Comisión de Seguimiento nunca se ha creado, ante la pasividad de todas esas administraciones públicas.

Durante las intensas lluvias de marzo de 2025 ya se produjo un episodio de contaminación en el contraembalse del Agrio, por escorrentías contaminantes procedentes de la escombrera noroeste de la mina de Aznalcóllar, que acabaron contaminando, una vez más, la cuenca del Guadiamar.

Entonces solicitamos por escrito al Secretario General de Industria y Minas, Don José Javier Alonso Membrives, información sobre los trabajos de la Comisión de Personas Expertas para el seguimiento de la seguridad de las instalaciones de residuos de grandes proyectos mineros en Andalucía, que la Junta de Andalucía anunció su constitución el 13 de octubre de 2023. Y en ese escrito manifestamos nuestra preocupación por la situación de las balsas mineras repartidas por toda la provincia de Huelva, especialmente en la zona de Riotinto, Tharsis y la Zarza. Hasta la fecha no hemos recibido ningún tipo de información.

Con fecha de 7 de noviembre de 2025 solicitamos a la autoridad minera en Huelva información sobre los informes periódicos de vigilancia y control de las macrobalsas de lodos tóxicos de la mina de Riotinto, que ocupan más de 500 hectáreas. Esos informes tienen que ser elaborados por mandato de la Autorización Ambiental Unificada (AAU) de 24 de julio de 2023 que autorizó el recrecimiento de los muros hasta en 42 metros, para albergar 161 millones de toneladas de lodos tóxicos, añadidos a los más de 180 millones de m3 que ya contienen.

Y también solicitamos información sobre las garantías financieras supuestamente depositadas por la empresa Atalaya Riotinto Minera para responder sobre posibles daños generados por esas macrobalsas tóxicas.

Tampoco hemos recibido ninguna respuesta por la autoridad minera, ni sobre los informes de control ni sobre las garantías financieras, lo que evidencia una preocupante y persistente falta de transparencia en una materia directamente relacionada con la seguridad ambiental y la protección de la salud pública.

Las precipitaciones intensas y persistentes someten a una fuerte presión a infraestructuras que almacenan millones de toneladas de estériles, lodos y aguas contaminadas con metales pesados y otros compuestos peligrosos. Se trata de instalaciones cuya estabilidad depende de un control hidráulico permanente y de unas condiciones muy precisas de humedad y drenaje, que se ven alteradas durante temporales prolongados, incrementando el riesgo de filtraciones, reboses, movilización de contaminantes y fallos estructurales.

El historial de vertidos, drenajes ácidos y episodios de contaminación asociados a la minería metálica en Andalucía demuestra que estos riesgos no son teóricos ni excepcionales. Las afecciones recurrentes a ríos como el Tinto y Odiel en Huelva, y el Agrio, Guadiamar y Guadalquivir en Sevilla, ponen de manifiesto las consecuencias de una gestión deficiente de los residuos mineros, con impactos graves y persistentes sobre las aguas, los suelos, la biodiversidad y los usos tradicionales del territorio.

Resulta especialmente grave que, mientras el presidente Moreno Bonilla reconoce explícitamente la peligrosidad de estas instalaciones en situaciones de lluvias intensas, recurriendo incluso a la Unidad Militar de Emergencia (UME), la Junta de Andalucía mantenga una política de impulso de nuevos proyectos mineros y de reapertura de explotaciones sin haber resuelto previamente la gestión segura de los pasivos existentes. La insistencia en un discurso de supuesta “minería sostenible” o “minería verde” no puede ocultar que cada nuevo proyecto incrementa el volumen de residuos y amplía una carga ambiental que recaerá sobre el territorio mucho más allá de la vida útil de las explotaciones.

Ecologistas en Acción considera imprescindible que se haga pública información actualizada y verificable sobre el estado real de las balsas y depósitos de residuos mineros, que se refuercen los mecanismos de control y seguimiento ante episodios meteorológicos extremos y que se garantice un control público riguroso, independiente y transparente de estas instalaciones. Mientras no se aborde de forma efectiva la gestión de los pasivos mineros históricos, seguir autorizando y poniendo en funcionamiento nuevos proyectos supone asumir riesgos ambientales inaceptables.

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La Fiscalía andaluza exime de responsabilidad penal al no apreciar “indicios delictivos” a las exconsejeras de salud y otros altos cargos del SAS.

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La asociación granadina La Volaera ha denunciado los fallos en estas pulseras ante la Agencia de Protección de Datos.

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La vivienda es la principal causa de exclusión social en Andalucía, afecta a una de cada cuatro personas, según el informe Foessa.

Temas principal: Andalucía

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• Ecologistas en Acción de Andalucía solicita a Salvamento Marítimo que extreme la vigilancia y la cautela ante la presencia, frente a las costas de Almería, del petrolero ruso CHARIOT TIDE, con bandera de Mozambique, vinculado a la denominada dark fleet o flota opaca, utilizada para el transporte de crudo y productos refinados rusos esquivando las sanciones internacionales.
• Pide máxima cautela a Salvamento Marítimo.

Según la información de seguimiento marítimo, el buque de Salvamento Marítimo Clara Campoamor se encuentra monitorizando al CHARIOT TIDE, que navega a apenas un nudo de velocidad y podría presentar deficiencias en su sistema de navegación. El petrolero habría quedado previamente a la deriva, aparentemente sin gobierno, en plena vía de tráfico marítimo en la vía sur del TSS del Estrecho de Gibraltar”.

Dos remolcadores marroquíes habrían intervenido para sacarlo al Mar de Alborán. Actualmente, el CHARIOT TIDE figura con destino Tánger (Marruecos), transportando más de 425.000 barriles de productos refinados de origen ruso, cargados en el puerto de Ust-Luga ,Rusia, pero por su trayectoria y rumbo actual no se  descarta que estos combustibles puedan acabar introduciéndose en el mercado a través de algún puerto de  Argelia o gabarras de suministro, bajo documentación falsa de exportación

Se ha denunciado en numerosas ocasiones el trasiego de combustible de la flota fantasma rusa en el Mar de Alborán. Se trata de una red compuesta por centenares de petroleros antiguos, con continuos cambios de nombre, bandera y empresa gestora, que incrementan de forma alarmante el riesgo de accidentes graves en zonas de estrangulamiento marítimo como el Estrecho de Gibraltar.

Estos buques, muchas veces sin seguro adecuado o con coberturas dudosas, operan con historiales de seguridad cuestionables y prácticas como el drifting prolongado, las transferencias buque a buque (STS) en zonas sensibles o el apagado de transpondedores AIS, lo que multiplica el riesgo de colisiones, varadas o vertidos a gran escala.

Advertimos de que un naufragio o vertido protagonizado por el CHARIOT TIDE o por cualquier otro buque de estas características en el Mar de Alborán tendría consecuencias devastadoras: los daños sobre la pesca y los valores ambientales serían irreparables, y el impacto sobre el turismo se prolongaría durante años.

El caso del Chariot Tide ilustra, además, los riesgos asociados a la flota fantasma rusa, una red de centenares de petroleros viejos, con cambios sucesivos de nombre, bandera y gestor, que transportan crudo y derivados rusos sorteando sanciones y aumentando la probabilidad de accidentes graves en puntos de estrangulamiento marítimo como el Estrecho.

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• Juan Clavero, en representación de Ecologistas en Acción de Andalucia, intervendrá el próximo jueves 15 en la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Parlamento de Andalucía para exponer el análisis que ha realizado Ecologistas en Acción de Andalucia de la Ley de Montes de Andalucía y las propuestas de modificación que entiende son necesarias para garantizar la defensa de los montes andaluces y de su biodiversidad, así como la integridad de los montes públicos.

El texto del proyecto de Ley de Montes de Andalucía remitido por la Junta de Andalucía al Parlamento es claramente productivista, pues contempla a los montes como mero marco de actividades económicas, obviando su importantísimo valor ecológico y los servicios ecosistemas que propicia: fijan CO2, evitan la erosión, generan paisajes de alto valor, mejoran la cantidad y calidad de agua y albergan una importante biodiversidad. Esta ley es una clara regresión sobre la actual Ley Forestal, que data de 1992.

Lo más preocupante es la reducción de la protección que tienen los montes públicos y las facilidades que se dan para su descatalogación y privatización, y para los cambios de uso de los terrenos forestales a agrícolas o urbanizables.

En proyecto de Ley determina que “el Consejo de Gobierno podrá autorizar la exclusión o permuta de una parte de un monte catalogado en el caso de incompatibilidad entre el interés forestal y otro interés general…”, lo que, vista la experiencia, la declaración de proyectos privados -urbanísimos, industriales, campo de golf…- que se declaren de “interés general” conllevaría la descatalogación y privatización de un monte público.

Éste y otros artículos contradicen la  Ley estatal 43/2003 de Montes, que tiene carácter de legislación básica, y que estipula que la exclusión de un monte del Catálogo de Montes de Utilidad Pública sólo procederá cuando haya perdido por causas naturales las características por las que fue catalogado.

Ecologistas en Acción propone que la ley recoja que todos los montes de propiedad pública se declaren de dominio público, lo implica que sean inalienables, imprescriptibles e inembargables.

El proyecto de ley también favorece el uso privativo de los montes público, indicando que es “la ocupación de una porción de monte público limita o excluye la utilización del mismo por otros interesados”, o sea, por los ciudadanos. Para colmo estas concesiones pueden prolongarse hasta los 75 años, o sea, dos generaciones sin poder disfrutar de un monte público.

Además, se reduce la potestad de la Junta de Andalucía de ejercer los derechos de tanteo y retracto sobre las compraventas de fincas forestales a las mayores de 400 hectáreas, por lo que en la práctica se pierde este derecho, de suma importancia para poder ampliar el patrimonio público forestal. En las fincas mayores de esa superficie, con dividirlas, ese derecho será inoperante.

El anteproyecto permite el cambio encubierto del uso forestal del suelo para urbanizarlo o para actividades agrícolas, incluso en montes quemados. Así, se permiten “Plantaciones de árboles o arbustos no forestales, como almendros, cerezos o pistachos, entre otros”, o, incluso, se permiten que se talen árboles para “el laboreo del suelo” en terrenos forestales. Para colmo de los despropósitos, se podrán autorizar cambios de usos del suelo por silencio administrativo. Una auténtica barbaridad.

Esta apisonadora de desregulación ambiental en que se ha convertido la Junta de Andalucía y la cada vez más descolorida “revolución verde” del presidente Moreno, se plasma una vez más en la prevalencia que le da este anteproyecto de ley a los planes urbanísticos sobre la protección de los montes, que quedarán al albur de decisiones políticas que aprueben Junta y ayuntamientos para favorecer proyectos urbanísticos y descatalogaciones de montes públicos.

La intervención del representante de Ecologistas en Acción de Andalucía será el jueves 15 de enero a las 20 h.

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• El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del pasado 30 de diciembre aprobó “La orden de acreditación y métodos de control de predadores cinegéticos”. La nueva disposición fija requisitos, habilitación profesional y procedimientos de captura con métodos homologados, eufemismo que viene a legalizar de nuevo a los alimañeros, personas dedicadas a eliminar a los depredadores de nuestros ecosistemas.  Ecologistas en Acción de Andalucía considera que es la peor noticia que podría esperarse para la conservación de la biodiversidad y para una caza responsable y sostenible en Andalucía para el año 2026.

El texto aprobado, redactado e impulsado por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente (CSyMA), con la oposición de los sectores ecologistas y conservacionistas, entidades científicas y expertos de reconocido prestigio, autoriza la captura de algunas especies de predadores con lazos y trampas, prácticas afortunadamente eliminadas de los campos de Andalucía hace décadas y que provocaron un enorme daño a su biodiversidad. Esta norma sólo viene a cumplir una promesa del Partido Popular al sector cinegético, en particular a la Federación Andaluza de Caza (FAC) sin que cumpla ninguno de los principales elementos que una norma legal de este tipo en relación a la normativa autonómica, estatal y comunitaria. Con esta normativa, la Junta se posiciona con lo peor del sector cinegético andaluz, aquel que sólo quiere especies que se puedan cazar en el campo, eliminando todas las demás.

En Ecologistas en Acción de Andalucía consideramos que:

• El artículo 9 de la ley andaluza 8/2003 estipula que se puede autorizar excepcionalmente la captura de la fauna silvestre siempre “que no exista otra solución satisfactoria no se ponga en peligro la situación de las especies afectadas…”, lo que se debe de demostrar y comprobar por parte de la CSyMA, algo fundamental y que habitualmente no se realiza. Se vuelve a criminalizar a especies como zorros y córvidos, sin que exista estudio científico alguno sobre sus poblaciones y los supuestos daños que provocan a unas especies cinegéticas que no son propiedad de los titulares de cotos de caza, sino de toda la sociedad.

 

• En la Directiva Hábitat (92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres), se indica que se podría autorizar cuando no exista otras soluciones satisfactorias (insistimos en que no se suelen realizar tales comprobaciones), y que en cualquier caso debe garantizar que no hay perjuicio al mantenimiento en un estado de conservación favorable de las poblaciones de la especie de que se trate en su área de distribución natural. En este sentido, nos reiteramos en nuestra denuncia de que no se ha justificado documentalmente en todo el proceso de la tramitación de la Orden anteriormente señalada ni la supuesta superpoblación y daños provocados por estas especies, ni que no exista otra solución satisfactoria para la no demostrada necesidad de controlar sus poblaciones.

 

• La CSyMA pretende justificar esta Orden con las Directrices aprobadas por la Comisión Estatal, cuando lo que hacen estas “directrices” es evaluar la selectividad y los daños que ocasionan o no a las especies capturadas con esos métodos. Se definió como selectivo aquel método de captura al menos 20 ejemplares de la especie objetivo y una selectividad del 80%, pero eso no se contrastó con otros estudios técnicos de campo. Las directrices asumen que puede haber un 20% de ejemplares de especies no objetivo (fauna silvestre amenazada y protegida) que tendrían daños incompatibles con su supervivencia. Por tanto, no existe una “homologación” de los métodos que ha autorizado la Junta de Andalucía.

Ecologistas en Acción alerta a la sociedad andaluza de que la norma aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha sido informada por el Comité de Caza, pero no por el Pleno del Consejo Andaluz de Biodiversidad, lo que, en opinión de Ecologistas en Acción de Andalucía, considerando el calado de dicha norma, debería haber sido informado y discutido por dicho Consejo de participación social.

En definitiva, volvemos a la situación del “exterminio de alimañas” que existía hasta los años 70 del pasado siglo, y que tanto daño produjo a la biodiversidad en nuestro país, en especial al lobo, al lince ibérico y al gato montés.

Ecologistas en Acción anuncia que adoptara todas las medidas legales a su alcance contra esta norma, tan innecesaria como nefasta.

Orden de 29 de diciembre de 2025, por la que se establece la acreditación y las funciones de las personas controladoras de predadores cinegéticos y se aprueban los métodos de captura de predadores cinegéticos homologados a usar en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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• Científicos/as de las universidades de Sevilla, Cádiz y Granada, especializados en la físico-química y la hidrodinámica del estuario del Guadalquivir, han dirigido una carta a las máximas autoridades del Gobierno de España y de la gestión del río Guadalquivir.

Explicamos las graves consecuencias ecológicas, económicas y de salud pública que tendrá, de llevarse a efecto, el vertido al estuario del Guadalquivir de millones de litros de aguas con metales y metaloides procedentes de la mina Los Frailes (Aznalcóllar).

Aseguramos que la Evaluación de Impacto Ambiental realizada por Grupo México (empresa adjudicataria) se apoya en hipótesis muy discutibles.

Recordamos que estudios científicos realizados por ellos/as y otros/as colegas, publicados en revistas académicas de prestigio internacional, demuestran que el vertido de la mina Cobre las Cruces ya ha contaminado gravemente los sedimentos del Guadalquivir, con efecto ecotóxico demostrado sobre especies que lo habitan.

Pedimos una moratoria de los nuevos vertidos y el nombramiento de una comisión de expertos/as independientes que analice en detalle las posibles consecuencias socioeconómicas y ambientales que tendría.

La carta de los/as científicos/as se suma a la petición de entrevista que tres ayuntamientos ribereños del estuario y diversas entidades económicas, de salud pública y ambientales elevaron a la ministra de Transición y Reto demográfico el 29 de octubre, en la que le enviamos la misma petición de moratoria y nombramiento de una comisión de expertos/as.

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• La Declaración de Impacto Ambiental confirma la inviabilidad ambiental del Puerto de Sevilla como puerto marítimo de gran calado.

La reciente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Eurovía del Guadalquivir, promovido por la Autoridad Portuaria de Sevilla y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), supone un nuevo y contundente revés a las pretensiones del Puerto de consolidarse como puerto marítimo de alta capacidad a 90 kilómetros de la costa.

Desde Ecologistas en Acción de Andalucía se subraya que la resolución ambiental no es un mero ajuste técnico, sino una confirmación clara y reiterada de la inviabilidad ambiental del modelo portuario que la Autoridad Portuaria insiste en imponer. A juicio de la organización ecologista, la DIA vuelve a dejar en evidencia el intento del Puerto de Sevilla de mantener, cueste lo que cueste y le pese a quien le pese, su condición de puerto marítimo de gran calado en un estuario profundamente alterado y ecológicamente al límite, ignorando de forma sistemática las advertencias científicas y los impactos acumulados sobre el río Guadalquivir.

La resolución desaconseja de manera expresa los principales elementos que el Puerto presentaba como supuestamente novedosos para permitir la llegada de buques de mayor calado sin recurrir a un dragado de profundización. En particular, la DIA no autoriza la construcción de un muelle de parada intermedia que permitiría el acceso de grandes buques aprovechando dos mareas, debido a las incertidumbres existentes sobre los efectos ambientales del incremento del tráfico marítimo y de la propia infraestructura proyectada.

El proyecto planteaba además la realización de nuevos dragados y el vertido de una parte sustancial de los sedimentos extraídos —en torno a 500.000 metros cúbicos— en las márgenes del río. Las dudas sobre la estabilidad de dichas márgenes han llevado al órgano ambiental a exigir una reducción muy significativa de los volúmenes movilizados. Así, la DIA limita la actuación a poco más de 300.000 metros cúbicos, frente a los más de 800.000 contemplados en la propuesta inicial, dejando únicamente abierta la puerta a nuevos estudios que justifiquen futuras intervenciones.

Para Ecologistas en Acción de Andalucía, esta decisión vuelve a evidenciar que el Puerto de Sevilla choca una y otra vez con los límites ambientales del estuario, pese a los reiterados intentos de sortearlos mediante proyectos parciales y modificaciones sucesivas. No obstante, advertimos de que la DIA no cierra definitivamente el conflicto, ya que mantiene la posibilidad de que nuevos estudios permitan sostener el actual estatus de preponderancia de los intereses portuarios frente a los del resto de sectores económicos y frente a la salud ambiental del río.

Recordamos que el Puerto de Sevilla ha sido el principal agente de transformación del estuario del Guadalquivir en los últimos 200 años, mediante actuaciones de rectificación del cauce y sucesivas “cortas”. Entre ellas destaca la desconexión del brazo central del río respecto a sus dos brazos laterales —el del Este y el de la Torre— que delimitaban las islas Mayor y Menor, alterando gravemente el funcionamiento natural del estuario.

En este sentido, Ecologistas en Acción de Andalucía señala que la medida más importante para frenar esta política de hechos consumados fue la recomendación de la comisión de expertos creada tras el anterior proyecto de dragado de profundización, conocida como el legado de Miguel Ángel Losada. Dicho informe proponía la reconexión de los brazos históricos del río, especialmente el brazo de la Torre, una actuación ya prevista en el programa Doñana 2005 y aprobada por decreto, por lo que debería haberse ejecutado hace años.

El incumplimiento de esta obligación legal es, según nuestra organización, la clave del principal problema ambiental del estuario: la elevada turbidez del agua, causada por la resuspensión de sedimentos asociada a los dragados sistemáticos y al aumento de la fuerza de la marea en una ría cada vez más profunda. La recuperación de los brazos históricos permitiría equilibrar las entradas de marea con las salidas de agua dulce, reducir la erosión del fondo y avanzar hacia un estuario más transparente y biológicamente más productivo.

Ecologistas en Acción sostiene que, si se llevaran a cabo estas renaturalizaciones obligatorias, el Puerto de Sevilla se quedaría sin el caudal necesario para sostener sus actuales pretensiones y no tendría más opción que adaptar el tránsito de buques a calados sensiblemente menores. Lejos de suponer un retroceso, consideramos que este cambio abriría la puerta a un modelo más equilibrado y justo.

Un río limpio y vivo, concluimos, se traduciría en más pesca en en la Reserva de Pesca de la desembocadura del río Guadalquivir y todo el golfo de Cádiz, menos problemas para la agricultura y la acuicultura marismeñas y una regeneración de playas más eficaz, natural y económica, en beneficio del conjunto del territorio.

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  Matanza de jabalíes para salvar la industria de las macrogranjas

  Con la excusa de prevenir la Peste Porcina Africana, PPA, la Junta de Andalucía ha presentado en el Comité de Caza una Resolución, conjunta de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad y la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por la que se declara la emergencia cinegética temporal por daños y riesgos sanitarios de jabalí y cerdos asilvestrados, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que incide en facilitar la muerte de jabalíes y cerdos asilvestrados en cualquier momento, terreno y bajo cualquier modalidad de caza.

Para Ecologistas en Acción de Andalucía la propuesta no es coherente con lo que viene ocurriendo desde 2014 mediante la aplicación de este tipo de medidas excepcionales, pero que se está convirtiendo en normales, con las que se pretenden controlar las densidades de jabalíes y cerdos asilvestrados mediante su caza, cuando están consiguiendo todo lo contrario, aumentar las poblaciones, dada la tendencia a eliminar machos como trofeos en aguardos, batidas y monterías, principalmente, y porque se están planeando la caza mayor como alternativa en los cotos de menor, a causa del declive de las especies de caza menor debido a una desastrosa gestión del hábitat y una pésima gestión cinegética. Tras 10 años de aplicación, las medidas de emergencia cinegética han demostrado su fracaso.

El único aspecto positivo de la Resolución es la mención que hace a la colaboración con los ayuntamientos para el control de cerdos asilvestrados, siendo en las áreas periurbanas donde radica el problema y es donde mayor atención se debería prestar. Si se trata de prevenir la posible afección de PPA hay que centrarse en los posibles focos de infección, que derivan de las zonas de contacto entre humanos y sus residuos y los jabalís de estos entornos periurbanos, que suelen ser los que presentan un mayor grado de hibridación con cerdo doméstico.

La medida más eficaz para controlar las poblaciones de jabalíes es la de intensificar las capturas mediante la colocación estratégica de capturaderos en estas zonas, ya que donde se ha aplicado se ha comprobado su efectividad en pro del objetivo de capturar indiscriminadamente, sin sesgos interesados de sexo o edad. Y se puede hacer desde la propia administración o desarrollando líneas de colaboración público-comunitarias entre administraciones y asociaciones, incluidas las de cazadores, pero no para cazar, sino para capturar. Hay que destacar el fraude que comete la Junta de Andalucía en las estadísticas de caza, ya que se viene utilizando el término captura como eufemismo para referirse a la muerte por tiro de escopeta.

Hay que complementar con medidas eficaces de información y educación cívica para evitar que haya alimentos disponibles que faciliten el acceso de los animales a la comida basura, que podría contagiar el virus letal y que favorece la concentración y proliferación de jabalíes y cerdos asilvestrados en el espacio periurbano. Y para el control en el medio natural no hay que repetir errores y optar por lo que recomienda la ciencia, que no es otra cosa que favorecer al lobo que es el mejor controlador de los ungulados salvajes y que además lo hace de forma selectiva, eliminando por predación preferente a animales enfermos, con lo que el saneamiento del medio está garantizado.

Con esta función, el lobo protege de paso a quienes podrían, a priori, parecer los perjudicados por esta medida, la ganadería extensiva, ya que, como se ha demostrado, las enfermedades trasmitidas por ungulados silvestres son mucho más graves que cualquier pérdida por predación por lobos.

Además, sabemos cómo evitar esa predación a la ganadería, hay que volver a mantener los rebaños protegidos por mastines y recogidos en cercados electrificados ambulantes. Es ahí donde tiene que ir el dinero de la administración, para que esas medidas no supongan gastos extras a las ganaderías, inversión más que justificada por ser un modelo de explotación animal con beneficios socio ecológicos a preservar. Medidas mucho más baratas que los dispositivos para controlar los jabalíes y el sacrificio de millones de cabezas de ganado.

En cualquier caso, se debería permitir solo y exclusivamente capturaderos para rebajar la densidad de la especie en los acotados, independientemente si se trata de cotos de mayor o de menor con mayor. La propiedad o gestores responsables deben aportar la información de las capturas para poder acogerse a la excepcionalidad de la Resolución aprobada. Si no las aportan antes del final de temporada no deberían -y así se debería regular en la citada Resolución- ejercitar ninguna actividad cinegética en la siguiente temporada hábil de caza.

Hay que cambiar el enfoque, la fauna silvestre es víctima de un sistema ganadero desquiciado y no al contrario. Las explotaciones de ganadería industrial son en realidad las que están detrás de la proliferación de enfermedades animales y zoonosis, debido a las altas densidades de cría y el abuso de medicación, que convierte estos espacios en bombas biológicas en las que cualquier infección encuentra el caldo de cultivo idóneo para expandirse y mutar, generando múltiples cepas que hace que sea muy difícil conseguir vacunas eficientes.

Acabar con los modelos intensivos de ganadería industrial es la clave para poder mantener cabañas ganaderas sanas, extensivas protegidas de y por los depredadores, mediante el reconocimiento de sus funciones por parte de la sociedad y por tanto que reciben el apoyo económico que merecen para que también sean económicamente viables. Se trata simplemente de aplicar las soluciones que la naturaleza nos ofrece y que tanto nos cuesta comprender e implementar.

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