• La organización ecologista analiza las estrategias española y europea de biodiversidad a la luz del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, el documento legal que aprobó el Convenio de Diversidad Biológica en 2022 durante la COP15. 
• El Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad roza el aprobado con una puntuación de 2,39 en una escala de 1 a 4 (el aprobado es un 2,5). Tiene algunos puntos fuertes, pero también otros muy débiles.
• Ecologistas en Acción considera que la Estrategia Europea Biodiversidad 2030 es deficitaria. Con una puntuación de 1,78 en las escala de 1 a 4 no se puede decir que recoja ni siquiera una parte significativa de los elementos exigidos por el Convenio para aplicar el Marco Mundial a cada territorio o país.

El Convenio de la Diversidad Biológica es el equivalente al de Cambio Climático para la otra gran pata de la crisis ecológica: la extinción masiva de especies y la degradación de los ecosistemas. Desde 1992 se han celebrado 16 COP (Conferencias de las Partes), que es el órgano donde se toman decisiones de obligado cumplimiento para todos los países.

En la COP15 de 2022 se adoptó el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que recoge la estrategia mundial que todas las partes deben aplicar en sus territorios para detener en 2030 la pérdida de biodiversidad y lograr un uso sostenible de la naturaleza. España, como país miembro, lo debe aplicar, igual que la Unión Europea, la única parte del Convenio que no es un Estado sino un organismo continental.

Ecologistas en Acción analizó el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, un documento aprobado en 2022 por el gobierno central para sistematizar las acciones que deben desarrollar ese Marco Mundial de Biodiversidad en el Estado español. El documento contiene 176 acciones concretas. La organización ecologista ha desarrollado un exhaustivo trabajo de análisis para comprobar si las acciones incluidas son suficientes para que España logre aportar su contribución a la conservación de la biodiversidad mundial. La respuesta es que no, aunque hay que matizar.

Por un lado, el documento estatal es bueno en la aplicación de las metas 1 a 8, lo que se conoce como Bloque 1: reducir las amenazas a la biodiversidad. En estas ocho metas obtiene una valoración entre 3 y 4, en una escala que va de 1 a 4. Esto significa que contiene medidas amplias y adecuadas para hacer frente a las amenazas directas a la biodiversidad. El Bloque 2: satisfacer las necesidades de las personas mediante la utilización sostenible y la participación en los beneficios contiene 5 metas que obtienen puntuaciones entre 2 y 4, con un aprobado justo en general.

Sin embargo, el Bloque 3: herramientas y soluciones para la implementación y la integración, es el que presenta un suspenso general en la estrategia española. Todas las medidas merecen una valoración entre 2 (graves déficits) y 1 (meta no recogida en absoluto), y solo se salva la meta 21 sobre el acceso a la información científica sobre los estados y tendencias de la biodiversidad. Es precisamente este bloque 3 el que prevé en el MMBKM incluir a toda la sociedad en la conservación de la naturaleza. Para detener la crisis ecológica es necesario que todas las políticas sectoriales y en todas las administraciones públicas incluyan medidas de protección de las especies y los ecosistemas, es necesario involucrar a las empresas y el sector financiero, cambiar radicalmente el consumo para que deje de contribuir a la degradación ambiental, eliminar los subsidios perjudiciales para la biodiversidad y financiar adecuadamente las políticas de conservación y dar el protagonismo a las mujeres, a las niñas, a los pueblos indígenas y las comunidades locales. En todo esto falla estrepitosamente el Plan Estratégico Estatal.

Ecologistas en Acción, consciente de la gravedad de la situación, incluye en el informe hasta 132 propuestas en positivo para transformar la sociedad y la economía en el cauce de poder satisfacer el bienestar humano respetando los límites del mundo natural. Una batería ambiciosa de propuestas que podrían llevar, con la implicación del gobierno, a mayores cotas de bienestar sin hipotecar el futuro de las generaciones jóvenes que se enfrentan a un porvenir amenazador.

Por otro lado, la Unión Europea lanzó en 2020 su Estrategia Biodiversidad 2030. Un documento que, analizado con los mismos criterios, arroja un plan totalmente insuficiente, que es indigno para Europa, y que queda muy alejado de la ambición que sería necesaria para lograr una auténtica política comunitaria que contribuya a salvaguardar la biodiversidad en el planeta. La mayoría de las 23 metas del MMB están recogidas en esta Estrategia de forma deficiente o muy deficiente, lo que arroja un balance del conjunto del documento desolador: 1,78 puntos sobre 4 posibles (escala de 1 a 4). Por ello, Ecologistas en Acción alerta de que, de no revisarse y revertirse urgentemente las políticas europeas de naturaleza, resultarán en un fracaso en toda regla, y un incumplimiento legal, de la UE ante el Convenio de Diversidad Biológica. La realidad, más preocupante aún, es que la actual oleada de desregulación liderada por la Comisión Europea de Von der Leyen van camino de erosionar y degradar todavía más las políticas ambientales europeas en todos los ámbitos, incluído el de conservación de la naturaleza.

Informe

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• Se abre una nueva campaña de firmas para que la ciudadanía pueda mostrar su apoyo y exigir que las leyes de la naturaleza no se toquen ni se ponga en riesgo la salud del planeta ni la de los seres humanos.
• La coalición Hands Off Nature, integrada por organizaciones de la sociedad civil europeas comprometidas con la defensa de la naturaleza, presenta una nueva fase de la campaña conjunta para frenar los intentos de debilitar las leyes ambientales de la UE.
• En estos momentos está en peligro, entre otras normativas, la Directiva Marco de Agua, lo que supondría un gran retroceso en la protección de ríos, acuíferos, humedales y zonas costeras.
• El pasado otoño la campaña logró casi 200.000 apoyos en apenas diez días instando a la Comisión Europea a poner fin al retroceso de las normativas ambientales europeas. 

Firma ahora: Mi salud y la naturaleza no están en venta

La coalición Hands Off Nature, formada en España por ClientEarth, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF, muestra su preocupación ante las propuestas de debilitar la normativa ambiental que se siguen promoviendo desde instituciones europeas. Las organizaciones denuncian que estos pasos atrás pueden erosionar las protecciones clave construidas durante décadas, que sostienen los procesos ecosistémicos esenciales para la vida humana y los espacios naturales.

La Comisión Europea publicó el octavo paquete ómnibus para “favorecer la competitividad y eliminar exigencias ambientales” pero estos cambios solo favorecen a las grandes empresas Pese a ello, está empeñada en provocar un gravísimo retroceso en la normativa ambiental, por ejemplo:

• Acelerando las evaluaciones ambientales de proyectos de infraestructuras, lo que supondría autorizar proyectos con graves y negativos impactos ambientales, sin las garantías de una adecuada evaluación.
• Modificando la Directiva sobre emisiones industriales y ganaderas, eliminando la exigencia del inventario de productos químicos y los inventarios e indicaciones de los planes de transformación.
• Eliminando la necesidad de informar sobre sustancias peligrosas impuesta por la Directiva Marco de Residuos, además de exonerar de responsabilidad a las empresas productoras.

Son especialmente graves los cambios que podrían debilitar leyes que afectan directamente a la protección del agua y hábitats acuáticos, con impactos para los humedales y la biodiversidad, así como las comunidades humanas, que dependen de ellos.

En este contexto, la Directiva Marco del Agua está en riesgo. Estos procesos abren la puerta a una reducción de obligaciones, controles y salvaguardas que han sido esenciales para mejorar la calidad y cantidad de las aguas, proteger los ecosistemas acuáticos y garantizar el acceso al agua en condiciones seguras para las personas.

La coalición subraya que debilitar esta directiva supondría un gran retroceso en la protección de los ecosistemas acuáticos como ríos, acuíferos, humedales y zonas costeras. Asimismo, se vería comprometida tanto la biodiversidad como la resiliencia frente a la contaminación, la sobreexplotación, la escasez hídrica y los impactos del cambio climático, en un contexto en el que la presión sobre los recursos hídricos no deja de aumentar.

El pasado mes de septiembre la coalición logró con su campaña, en apenas diez días, casi 200.000 firmas de apoyo de la ciudadanía europea. La campaña logró mandar un mensaje claro a la Comisión Europea, instándola a frenar el retroceso en las leyes ambientales. En esta segunda fase, se pide un nuevo impulso al blindaje de las normativas europeas y se anima a la ciudadanía a participar firmando la petición.

La campaña insiste en que:

• Los beneficios que los ecosistemas proveen a la naturaleza y los seres humanos están en riesgo, siendo necesario aplicar y mejorar la normativa existente en vez de debilitarla.
• Las protecciones en vigor no requieren un debilitamiento, sino mejor implementación y cumplimiento reforzado.
• La participación ciudadana informada es esencial para que cualquier reforma normativa respete tanto la ciencia como los derechos humanos a un medio ambiente sano.

En Europa la coalición está formada por BirdLife Europe, ClientEarth, EEB, de la que forma parte Ecologistas en Acción, y WWF UE. 

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• Erakundeek salatu dute hezeguneak direla gaur egun ekosistemarik degradatuenak, onura pribatua lehenesten duen eredu ekonomiko baten eta babes- eta leheneratze-politika publikoak sistematikoki ez betetzearen biktima.
• Uraren gehiegizko ustiapenak, nekazaritza-industria intentsiboak eta administrazio-ekintzarik ezak eragin dute Doñana bezalako espazio enblematikoak kolapso ekologikoaren ertzean egotea, eta degradazioaren egiturazko kausei heldu gabe jarraitzen dute.
• Amigas de la Tierra, AEMS–Ríos con vida, Asociación Española de Educación Ambiental, Ecologistas en Acción, Juventud por el Clima–Fridays For Future, la Global Nature Fundazioa,Lehengoratzeko Nazioarteko Fundazioa eta UGTk hezeguneak erdigunean kokatuko dituen asmo handiko Lehengoratze Plan Nazional bat eskatu dute. 

Foto de Lucas S. Barrero

Urtero, otsailaren 2an, Hezeguneen Munduko Eguna ospatzen da, 197zko Ramsar Hitzarmenaren sinaduraren oroimenez. Mende erdi baino gehiago igaro ondoren, aurrerapausoak eman beharrean, hezeguneen egoera kritikoa da. Hezegunak dira gaur egun planetako ekosistemarik degradatuenak, eta naturaren espoliazioaren sinbolo argienetako bat, gutxi batzuen onurari legentasuna ematen dion eredu ekonomiko baten aldetik, bizitzaren aurretik.

Ramsar Hitzarmeneko datuen arabera, 1700. urteaz geroztik munduko hezeguneen %90 inguru galdu dira. Suntsiketa hori modu dramatikoan bizkortu zen XX. mendean, eta gaur egun ere halaxe jarraitzen du. Espainia ez da prozesu horretatik kanpo geratu. MITECOren txostenen arabera, joan den mendearen bigarren erdirako jatorrizko ondare hezearen %60 eta %70 artean desagertu zen, batez ere drainatu eta nekazaritza-erabileretarako eta garapen ekonomikoari lotutako azpiegituretarako eraldatzeagatik.

Gaur egun, atzera egin beharrean , degradazioak bere horretan jarraitzen du.  Akuiferoen gehiegizko ustiapenak, nekazaritza-industria intentsiboaren hedapenak, kutsadura lausoak eta hirigintza-espekulazioak hezeguneak lehortzen, degradatzen eta pribatizatzen jarraitzen dute. Egoera hori ez da zoriaren edo akats teknikoen emaitza: interes ekonomiko zehatzei erantzuten die, erabaki politikoek babestutakoei, onura pribatua sistematikoki interes orokorraren aurretik jarri dutenei. Degradazio horrek, ingurumen-ondorioak ez ezik, gizarte- eta lan-ondorioak ere baditu. Hezeguneen narriadurak zuzenean eragiten die lurraldeetako bizi- eta lan-baldintzei, tokiko ekonomiak ahulduz, landa-inguruneari, uraren kudeaketari eta jarduera jasangarriei lotutako enplegua suntsituz, eta prekarietatea eta despopulazioa areagotuz.

Egiturazko degradazio horren adibideak lurralde osoan errepikatzen dira, oso ondo identifika daitezkeen zuzeneko arduradunekin eta hamarkadetan beste alde batera begiratu duten administrazio publikoekin. Doñanaren kasua paradigmatikoa da; izan ere, hainbat erakundek, hala nola Guadalquivirreko Konfederazio Hidrografikoak eta Andaluziako Juntak urteetan deskuidatu zuten ureztatzeko legez kanpoko ur-erauzketen kontrola, eta, gaur egun ere, nekazaritza intentsiboa hedatzen jarraitzen dute. Bi jarduketa horien ondorioz, kolapso ekologikoaren ertzean dagoen hezegune enblematiko hau ikertzen eta kondenatzen ari dira akuiferoaren espoliazioa eta ur-lapurreta, jabe handiak, hala nola Campos Peña familia, Casa de Alba edo El Litri toreatzailea.

2023an, Gobernuak 2030erako Hezeguneen Plan Estrategikoa onartu zuen, baina argi dago ez dela nahikoa garatu. Konpromiso horiek bete egin behar ziren, hala nola Hezeguneen Inbentario Nazionala eguneratzea, jabari publikoa osatzen duten hezeguneen mugaketa eta zedarritzea, lehengoratzeko lehentasunak identifikatzea edo hezeguneak lehortzeko legezko aukera ezabatzea. Gainera, gehiegi jardun denean, azaletik egin da, degradazioaren egiturazko kausei heldu gabe. Inbertsio publiko handiak uraren espoliazioa geldiarazten ez duten, nekazaritza-industria intentsiboaren presioak ezabatzen ez dituzten eta hezeguneen funtzionaltasun ekologikoa berreskuratzen ez duten proiektuetara bideratu dira. Doñana da, beste behin ere, adibide bereziki esanguratsua. Paduraren etorkizuna bermatzeko jarduketa giltzarriak, hala nola Caño Guadiamar eta Brazo de la Torreko birnaturalizazioa eta lehengoratze hidrikoa, blokeatuta daude oraindik. Asmo politikorik ezak eta Gobernuak padura lehortu zaharraren lursailak desjabetzeari uko egiteak, lurlari handien eskuetan, esku-hartze horiek linbo administratibo batean mantentzen dituzte, eta arriskuan jartzen dute Europako hezegune baliotsuenetako baten benetako berreskurapena.

Lehengoratzeko Plan Nazionala: alferrik galdu ezin den aukera

Natura Lehengoratzeko Europako Erregelamendua onartu ondoren bultzatutako Lehengoratzeko Plan Nazionala egiteko egungo testuinguruan, ingurumen- eta gizarte-erakundeek, besteak beste, honako hauek: AEMS – Ríos con vida, Amigas de la Tierra, Asociación Española de Educación Ambiental, Ecologistas en Acción, Juventud por el Clima – Fridays For Future, Global Nature Fundazioa, Ekosistemak Lehengoratzeko Nazioarteko Fundazioa eta UGT, norabide aldaketa sakona eskatzen dute.Hezeguneak lehengoratzeak funtsezko lekua izan behar du, eta ezin da mugatu jarduera kosmetikoetara, ezta erakundeen green-trang tresna bihurtu ere. Premiazkoa da lehenera daitezkeen hezeguneen zerrenda nazionala izatea, asmo handiko jarduera koherenteak lehenesteko, Hezeguneen Inbentario Nazionala osatzeko bi hamarkada baino gehiagoko atzerapenen ondoren, jabari publiko hidraulikoaren babesa eta kudeaketa eraginkorra bermatzeko, eta ekosistema horiek lehortzea ahalbidetzen duen edozein lege-zirrikitu ezabatzeko. Aldi berean, atzeraezina da nekazaritzaren eta abeltzaintzaren inpaktu intentsiboak nabarmen murriztea hezeguneen eragin-eremuetan, horiek baitira hezeguneen degradazioaren eragile nagusiak.

Bai, egin daiteke: ura itzuli, etorkizuna berreskuratu

Lurjabe gutxi batzuen interes ekonomikoaren alde jokatzen duen borondate instituzionalik ezaren aurrean, erakundeek argi eta garbi adierazi dute posible dela. Presioak kentzen direnean, ura ekosistemetara itzultzen da eta interes orokorra lehenesten da, hezeguneek erantzuten dute eta bizitza itzultzen da.

Azken urteotan badira beste bide bat posible dela frogatzen duten lehengoratze-adibideak. Esate baterako, Pletera (Girona), itsasertzeko hezegune multzo zaharra, hirigintza-proiektuek degradatua, azpiegiturak kendu eta dinamika hidriko naturala berreskuratu ondoren, bere funtzionaltasun ekologikoa berreskuratu duena, edo Campo de Lamas (Galiza), non lehortze historikoa lehengoratzeak hezegunea lehengoratzea ahalbidetu duen. Prozesu horiek erakusten dute hezeguneak lehengoratzeak biodibertsitatea eta uraren kalitatea hobetzeaz gain, memoria kolektiboa berreskuratzen duela, krisi ekologiko eta klimatikoaren aurrean erresilientzia indartzen duela eta etorkizunerako aukerak irekitzen dituela.

Lehengoratzeari ekiteko, beraz, trantsizio ekologiko justua egin behar da, interes orokorra erdigunean jarriko duena, enplegu duina eta eskubideduna bermatuko duena, inor atzean ez uzteko, zerbitzu publikoak indartuko dituena eta ingurumen- eta gizarte-kostuak sozializatu dituen ekoizpen-eredua zuzenduko duena, onurak gutxi batzuen esku jartzen zituen bitartean.

Ura hezeguneetara itzultzea ingurumen- eta gizarte-justizia kontua da. Lehortu zituztenei mugak jartzea esan nahi du, aberasteko eta lurraldearekiko harreman-eredu baten alde egiteko, bizitza zaintzeko. Hezeguneak lehengoratzea etorkizuna lehengoratzea da. Eta erabaki politiko horrek ezin du itxaroten jarraitu.

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• Las organizaciones denuncian que los humedales son hoy los ecosistemas más degradados, víctimas de un modelo económico que prioriza el beneficio privado y del incumplimiento sistemático de las políticas públicas de protección y restauración.
• La sobreexplotación del agua, la agroindustria intensiva y la inacción administrativa han llevado a espacios emblemáticos como Doñana al borde del colapso ecológico, mientras las causas estructurales de su degradación siguen sin abordarse.
• Amigas de la Tierra, AEMS–Ríos con vida, la Asociación Española de Educación Ambiental, Ecologistas en Acción, Juventud por el Clima–Fridays For Future, la Fundación Global Nature, la Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas y la UGT reclaman un Plan Nacional de Restauración ambicioso que sitúe los humedales en el centro.

Foto de Lucas S. Barrero

Cada 2 de febrero se conmemora el Día Mundial de los Humedales, en recuerdo de la firma del Convenio de Ramsar en 1971. Más de medio siglo después, lejos de celebrar avances, la situación de las zonas húmedas es crítica. Los humedales son hoy los ecosistemas más degradados del planeta y uno de los símbolos más claros del expolio de la naturaleza por parte de un modelo económico que prioriza el beneficio de unos pocos frente a la vida.

Según datos del propio Convenio de Ramsar, desde el año 1700 se ha perdido cerca del 90% de los humedales del mundo, una destrucción que se aceleró de forma dramática a lo largo del siglo XX y que continúa en la actualidad. España no ha sido ajena a este proceso. Según informes del MITECO, para la segunda mitad del siglo pasado había desaparecido ya entre el 60 y el 70% del patrimonio húmedo original, fundamentalmente por su drenaje y transformación para usos agrarios e infraestructuras asociadas al desarrollo económico.

Hoy, lejos de revertirse, la degradación continúa. La sobreexplotación de acuíferos, la expansión de la agroindustria intensiva, la contaminación difusa y la especulación urbanística siguen secando, degradando y privatizando los humedales. Esta situación no es fruto del azar ni de errores técnicos: responde a intereses económicos concretos, respaldados por decisiones políticas, que han puesto sistemáticamente el beneficio privado por delante del interés general. Esta degradación no sólo tiene consecuencias ambientales, sino también sociales y laborales. El deterioro de los humedales afecta directamente a las condiciones de vida y de trabajo en los territorios, debilitando economías locales, destruyendo empleo ligado al medio rural, a la gestión del agua y a actividades sostenibles, y aumentando la precariedad y la despoblación.

Ejemplos de esta degradación estructural se repiten a lo largo de todo el territorio, con responsables directos perfectamente identificables y con administraciones públicas que han mirado hacia otro lado durante décadas. Un caso paradigmático es el de Doñana, donde organismos como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Junta de Andalucía descuidaron durante años el control de las extracciones ilegales de agua para riego y, aún hoy, siguen permitiendo la expansión de la agricultura intensiva. La combinación de ambas actuaciones ha conducido a este emblemático humedal al borde del colapso ecológico, mientras grandes propietarios, como la familia Campos Peña, la Casa de Alba o el torero ‘El Litri’, están siendo investigados y condenados por el expolio y el robo de agua del acuífero.

En 2023 el Gobierno aprobó el Plan Estratégico de Humedales a 2030, sin embargo, su desarrollo ha sido claramente insuficiente. Compromisos que debían haberse cumplido como la actualización del Inventario Nacional de Zonas Húmedas, la delimitación y deslinde de los humedales que forman parte del dominio público, la identificación de prioridades de restauración o la eliminación de la posibilidad legal de desecar humedales, siguen sin materializarse. Cuando se ha actuado, además, en demasiadas ocasiones se ha hecho de forma superficial, sin abordar las causas estructurales de la degradación. Grandes inversiones públicas se han destinado a proyectos que no frenan el expolio del agua, no eliminan las presiones de la agroindustria intensiva ni recuperan la funcionalidad ecológica de los humedales. Un ejemplo especialmente significativo es, una vez más, Doñana. Actuaciones clave para garantizar el futuro de la marisma, como la renaturalización y la restauración hídrica del Caño Guadiamar y del Brazo de la Torre, continúan bloqueadas. La falta de ambición política y la negativa del Gobierno a afrontar la expropiación de los terrenos de la antigua marisma desecada, en manos de grandes terratenientes, mantienen estas intervenciones en un limbo administrativo, poniendo en riesgo la recuperación real de uno de los humedales más valiosos de Europa.

El Plan Nacional de Restauración: una oportunidad que no puede desaprovechar

En el contexto actual de elaboración del Plan Nacional de Restauración, impulsado tras la aprobación del Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza, organizaciones ambientales y sociales entre las que se encuentran AEMS–Ríos con vida, Amigas de la Tierra, la Asociación Española de Educación Ambiental, Ecologistas en Acción, Juventud por el Clima–Fridays For Future, la Fundación Global Nature, la Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas y la UGT reclaman un cambio profundo de rumbo. La restauración de humedales debe ocupar un lugar central y no puede limitarse a actuaciones cosméticas ni convertirse en una herramienta de greenwashing institucional. Es imprescindible contar de manera urgente con un listado nacional de humedales susceptibles de recuperación que permita priorizar actuaciones ambiciosas y coherentes, completar el Inventario Nacional de Zonas Húmedas tras más de dos décadas de retrasos, garantizar la protección y gestión efectiva del dominio público hidráulico y eliminar cualquier resquicio legal que permita la desecación de estos ecosistemas. Al mismo tiempo, resulta inaplazable reducir de forma drástica los impactos de la agricultura y la ganadería intensivas en las zonas de influencia de los humedales, responsables de buena parte de su degradación.

Sí se puede: devolver el agua, recuperar el futuro

Frente a la falta de voluntad institucional en favor del interés económico de unos pocos terratenientes, las organizaciones afirman con claridad que sí se puede. Cuando se eliminan las presiones, se devuelve el agua a los ecosistemas y se prioriza el interés general, los humedales responden y la vida vuelve.

En los últimos años existen ejemplos de restauración que demuestran que otro camino es posible. Es el caso de la Pletera (Girona), un antiguo complejo de humedales litorales degradado por proyectos urbanísticos que, tras la eliminación de infraestructuras y la recuperación de la dinámica hídrica natural, ha recuperado su funcionalidad ecológica, o el de Campo de Lamas (Galiza), donde la reversión de la desecación histórica ha permitido la regeneración del humedal. Estos procesos muestran que restaurar humedales no solo mejora la biodiversidad y la calidad del agua, sino que recupera memoria colectiva, refuerza la resiliencia frente a las crisis ecológica y climática y abre horizontes de futuro.

Abordar su restauración exige, por tanto, una transición ecológica justa, que ponga en el centro el interés general, garantice empleo digno y con derechos para no dejar a nadie atrás, refuerce los servicios públicos y corrija un modelo productivo que ha socializado los costes ambientales y sociales mientras concentraba los beneficios en manos de unos pocos.

Devolver el agua a los humedales es una cuestión de justicia ambiental y social. Significa poner límites a quienes los secaron para enriquecerse y apostar por un modelo de relación con el territorio que cuide la vida. Restaurar los humedales es restaurar el futuro. Y esa es una decisión política que no puede seguir esperando.

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• Avances técnicos limitados y participación ciudadana insuficiente muestran la falta de ambición política en la elaboración del Plan Nacional de Restauración.
• La fragmentación administrativa y la ausencia de liderazgo central ralentizan la coordinación y ponen en riesgo el cumplimiento del reglamento europeo.
• Es urgente acelerar las medidas de restauración, garantizar procesos participativos abiertos y comunicar claramente los beneficios para obtener resultados reales antes de 2026.

Una nueva evaluación de la coalición europea #RestoreNature, que incluye a la alianza española de organizaciones por la restauración ecológica, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, confirma que la aplicación de la Ley de Restauración de la Naturaleza (LRN) ya ha comenzado en la mayoría de los Estados miembros, marcando un primer paso clave para recuperar los ecosistemas degradados de Europa. Sin embargo, los avances de los Planes Nacionales de Restauración siguen siendo insuficientes, y España se encuentra en una fase todavía incipiente para cumplir con los objetivos vinculantes de la ley.

A nivel europeo, el proceso muestra un inicio generalizado pero desigual. La mayoría de los Estados miembros ha comenzado a preparar sus planes, se han dado los primeros pasos técnicos y se reconoce la importancia de la ley, pero en la práctica muchos planes carecen todavía de ambición real, participación efectiva y respaldo político suficiente. La conversión de los planes en acciones concretas sobre el terreno todavía está muy lejos de materializarse, y la UE como conjunto sigue rezagada respecto a los objetivos de restauración para 2030.

En España se han identificado lagunas de conocimiento y se está mejorando el acceso a los datos ambientales, además de desarrollarse valores de referencia nacionales con la participación de instituciones científicas. Se han asignado recursos adicionales para apoyar la preparación del PNR y algunas medidas de restauración existentes se están adaptando y ampliando para contribuir a los objetivos de 2030. No obstante, la participación científica sigue siendo limitada y el avance en la redacción del plan es escaso, generando dudas sobre la capacidad de presentar un PNR ambicioso y completo antes del plazo de septiembre de 2026.

El enfoque general sigue siendo fragmentado y carece de una visión estratégica clara. La participación de actores sociales y ambientales se ha limitado a debates generales, mientras que el liderazgo político es débil en un contexto de alta descentralización y polarización, dificultando la coordinación entre administraciones y la toma de decisiones eficaces. La falta de impulso político y de capacidad administrativa sitúa a España en una fase todavía insuficiente para aprovechar plenamente el potencial de esta ley y garantizar resultados tangibles sobre el terreno.

Para que España cumpla con la LRN es imprescindible reforzar el compromiso político y situar la restauración como una prioridad nacional estratégica, más allá de un mero cumplimiento normativo. Es necesario abrir y formalizar la participación científica y social mediante consultas inclusivas y procesos transparentes, acelerar la redacción y coordinación del plan y garantizar que esté respaldado por evaluaciones ambientales y de impacto completas, que aseguren transparencia, rendición de cuentas y una planificación basada en evidencia científica.

Además, resulta urgente escalar y acelerar las medidas de restauración ya existentes, priorizando aquellas áreas que aporten mayores beneficios ecológicos, climáticos y socioeconómicos, y reforzar la comunicación y sensibilización social sobre la importancia de la restauración de ecosistemas y sus beneficios tangibles, como la protección frente a inundaciones, la prevención de incendios y la creación de empleo local.

Ecologistas en Acción señala que España debe pasar de la retórica a la acción, ya que la Ley de Restauración de la Naturaleza representa una oportunidad histórica para frenar la degradación de los ecosistemas. Para que el Plan Nacional de Restauración sea efectivo, necesita ser ambicioso, inclusivo y contar con respaldo político real, y no limitarse a un mero ejercicio burocrático. Sin un liderazgo decidido, una participación amplia y recursos suficientes, el país corre el riesgo de no aprovechar esta oportunidad para recuperar la biodiversidad y garantizar ecosistemas resilientes frente a la crisis climática.

Developing Spain’s nature restoration plan: A mid-term assessment.

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