Equipo “Aceite de palma NO” (Twitter @aceitepalmaNO)

El aceite de palma es un aceite de origen vegetal que se obtiene del mesocarpio del fruto de la palma Elaeis guineensis, originaria de África occidental, donde se cultiva desde hace más de 5.000 años.

Hoy en día es el segundo aceite (le adelanta el aceite de soja) con más producción del mundo y el que más se comercializa y exporta. Actualmente es el cultivo que más crece en el mundo y sigue una tendencia ascendente.

La mayor parte de la producción mundial proviene de Indonesia y Malasia aunque también se encuentran plantaciones en África y Sudamérica.

El aceite de palma es muy utilizado por tres motivos: no tiene sabor, lo cual es perfecto para la industria alimentaria, no hace falta hidrogenarlo puesto que es sólido a temperatura ambiente, y es muy barato.

¿Dónde lo encontramos?

Se encuentra en muchísimos productos que usamos diariamente. Lo encontramos en la industria alimentaria (galletas, bollería, chocolates, cereales, sopas, comidas preparadas, aditivos, conservantes…), en productos de higiene y de belleza (champús, acondicionadores, jabones sólidos y líquidos, dentífricos, cremas…) en plásticos, tintas, piensos para animales, productos de limpieza, biocarburantes, etc.

De entre todos ellos es en la comida y en los biocarburantes (o agrocombustibles) donde más cantidad de aceite de palma por producto hallamos. En los productos de higiene/belleza y productos de limpieza solemos encontrarlo en forma de derivados del aceite de palma y, por lo tanto, la cantidad utilizada es menor.

¿Cómo podemos identificarlo?

En la comida, identificar el aceite de palma es relativamente sencillo. Solemos encontrarlo bajo el nombre de aceite de palma, grasa de palma o grasa vegetal aunque es cierto que también forma parte de muchos aditivos y entonces la identificación deja de ser tan fácil. En la UE es obligatorio indicar cada tipo de aceite en los ingredientes de las etiquetas.

La cosa se complica cuando hablamos de productos de higiene, belleza y limpieza. Aunque a veces podemos encontrar en los ingredientes “aceite/grasa de palma” “palmiste” o “kernel oil”, en la mayoría de casos el aceite de palma hace presencia en forma de derivados que, a simple vista, no relacionamos con el aceite de palma. Por ejemplo, los componentes con prefijo “palm” “Lauryl” o “myrist” seguidos por el sufijo “ic” “ate” “ol” son, muy probablemente, derivados del aceite de palma.

Estos derivados pueden tener más de 200 nombres químicos diferentes y puesto que no existe la obligación de tener que etiquetar si un producto contiene aceite de palma, descubrirlo se convierte en un trabajo casi detectivesco.

Para facilitar el trabajo, aquí podéis encontrar muchos de los nombres tras los cuales se encuentra el aceite de palma.

¿Cuál es el problema con el aceite de palma?

Comparado con otros aceites vegetales, el aceite de palma es un cultivo de gran rendimiento, lo que quiere decir que para conseguir los mismos kilos que otro aceite, hace falta menos tierra. Esto es positivo. El verdadero problema del aceite de palma es la forma destructiva con la que se produce y que conlleva deforestación, extinción de animales y violación de derechos humanos.

La mayor parte de la producción mundial procede de Indonesia (el país con mayor tasa de deforestación del mundo) y Malasia. En estos países las plantaciones de palma se establecen en zonas de selva virgen. Para ello las empresas queman las selvas y matan a los animales que viven en ella.

Estas selvas son almacenes gigantes de CO2. Han almacenado carbono durante cientos y miles de años, tanto en la vegetación viva como especialmente en la turba (masa que cubre el suelo y que está compuesta mayoritariamente de los restos vegetales y animales del bosque). Cuando se quema la vegetación y la turba liberan todo el CO2 a la atmósfera. Además, el fuego en la turba puede estar ardiendo durante años puesto que es muy difícil de controlar.

A los 25 años las plantaciones de palma son quemadas (más emisiones de CO2) y vueltas a plantar por lo que de ninguna manera se puede considerar que estas plantaciones ayudan al almacenamiento de CO2, como a veces intentan vendernos las empresas. Al ser un monocultivo, tampoco es bueno para la biodiversidad.

Evidentemente la emisión de CO2, aunque preocupante (el 20% de las emisiones de dióxido de carbono provienen de la deforestación) no es la única consecuencia. La pérdida de selvas conlleva la pérdida de hábitats para animales como los orangutanes, los elefantes o los tigres de Sumatra, entre otros. Hoy en día están todos ellos en grave peligro de extinción por el ritmo en el que están desapareciendo (quedan menos de 500 tigres de Sumatra y menos de 30 rinocerontes de Sumatra, y la situación de orangutanes y elefantes no es mejor).

El desastre es tal que el Parque Nacional Tesso Nilo de Indonesia, parque supuestamente protegido por el gobierno, a día de hoy sólo conserva 18.000 ha intactas de sus 86.000 ha.

En cuanto a la violación de derechos humanos, se trata sobre todo de violaciones de derechos de la tierra, expulsando de sus tierras a indígenas y creando conflictos. También se ha denunciado en numerosas ocasiones las condiciones esclavistas de los trabajadores de las plantaciones por parte de las empresas.

Solucionar estos problemas no es tan sencillo como dejar de usar aceite de palma. Reemplazarlo por otro aceite puede ser peor: el aceite de soja o el de coco no son buenas alternativas puesto que también conllevan problemas de deforestación y problemas para la salud. Por tanto, la solución o al menos parte de ella, pasa por un lado, por eliminar o reducir el aceite de palma siempre que sea posible, y por otro lado, por hacer que se cultive de manera respetuosa con el medio ambiente. Y es aquí donde entra en juego la certificación del aceite de palma como sostenible.

¿Qué es el certificado RSPO?

La RSPO (Mesa redonda del aceite de palma sostenible) es una organización impulsada por WWF con el fin de promover el cultivo sostenible del aceite de palma. La organización está compuesta, en su mayoría, por productores y distribuidores además de por bancos, inversores y ONG.

Aunque la finalidad es promover el uso de aceite de palma que se cultive de manera sostenible, a día de hoy, la organización y sus certificaciones están puestas en tela de juicio dado que la información que facilita sobre qué entienden por sostenible es muy vaga y sus estándares permiten la deforestación, no limitan las emisiones de CO2 ni previenen la quema de selvas y turberas. Además, forman parte de ella empresas que tienen algunas parcelas certificadas y otras no, y empresas que han destruido hábitats y violado los derechos humanos sin que la organización parezca hacer mucho.

A día de hoy la RSPO propone 4 tipos de certificación:

1. Certificados GreenPalm: No es aceite de palma sostenible aunque es lo que dan a entender intencionadamente. Se creó como un primer paso para promover el aceite de palma realmente sostenible pero lo está dificultando aún más. Funciona como un sistema comercial similar a los bonos de carbón en los cuales el comprador paga un extra al productor para obtener el certificado.
2. Mass Balance (o balance de materia): se sigue sin poder saber la procedencia de las plantaciones y, por lo tanto, sin saber si es sostenible o no
3. Aceite segregado: Con este certificado se separa el aceite certificado del que no lo es pero se mezcla con otros lotes y se sigue sin saber su procedencia.
4. Identify preserved (o identificación preservada): Aquí el aceite de palma es certificado y no mezclado con otros. Además, se puede seguir su pista desde la producción hasta el minorista pasando por las fábricas. Evidentemente, es la mejor opción.

Llevar el aceite de palma al terreno de la sostenibilidad es una necesidad imperante para que, como consumidores, podamos tener la tranquilidad de no estar dañando el medio ambiente. Pero para eso hace falta una certificación con unos controles rigurosos de sostenibilidad y que sean reales y comprobables.

¿Qué podemos hacer?

Mientras llega el día en que exista una etiqueta que nos asegure que el aceite de palma no está destruyendo el medio ambiente, si no queremos contribuir como consumidores a la deforestación y a la extinción de animales tenemos que actuar en nuestro día a día. ¿Cómo? Os dejamos algunas ideas:

• Revisa la composición de un producto antes de comprarlo.
• Si no estás seguro, pregunta a las empresas si su producto contiene aceite de palma y de dónde procede. Consejo: si no son claros, no son de fiar.
• Escribe a las marcas y diles que dejen de utilizar aceite de palma a no ser que aseguren su procedencia sostenible (las redes sociales te pueden facilitar esa comunicación).
• Exige RSE a las empresas tanto si eres cliente como accionista, y mejora tu consumo responsable con la Cadena Verde.
• Cocina más y evita las comidas preparadas.
• Hazte tus propios cosméticos y productos de limpieza. En Internet encontrarás cientos de recetas y muchas son muy sencillas de hacer.
• Ayuda a que otras personas tomen conciencia del problema: Difunde esta información.
• Colabora con ONG que protegen a las selvas y a sus habitantes y presionan a la RSPO para que se tome en serio su misión.
• Promueve iniciativas que lleven el problema del aceite de palma a la esfera política, y que implique a gobiernos (algo esencial en un problema tan grave).

Para terminar, algunos datos:

• Willmar, la empresa que produce la mitad del aceite de palma del mundo trabaja en Indonesia y se sabe que tiene plantaciones ilegales.
• Unilever, la compañía que más aceite de palma usa, utiliza 1.5 millones de toneladas al año aproximadamente. Aunque afirma que su aceite está certificado por la RSPO, menos del 4% lo está. Willmar es uno de sus proveedores.
• Solo un 4% de toda la producción de palma está certificada por la RSPO (y ya hemos visto sus limitaciones).
• Solo el 5% del total de la producción es necesario para que sea marcada como sostenible por la RSPO a lo que hay que añadirle, que en ningún lado consta lo que entienden por sostenible.
• Carro de Combate está llevando a cabo una campaña de crowfunding para investigar sobre el aceite de palma.

En 1948, Norbert Wiener, considerado padre de la cibernética, advirtió ya el conflicto entre tecnología y empleo, sugiriendo indemnizar a los ciudadanos [14]. Recientemente, Paul Mason decía que en 30 años “entre el 40 y el 50% de los trabajos desaparecerán y serán automatizados, sobre todo en el comercio y en trabajos de oficina” [11]. Otros informes reflejan cifras similares [1, 3, 9]. En todo caso, es obvio que en el mundo actual el trabajo se está automatizando y gran parte del que no se puede automatizar se lleva a países con una regulación laboral o ambiental menos exigente o donde la mano de obra y los impuestos son más baratos.

Las máquinas en general (ordenadores, robots, máquinas industriales o agrícolas…)  aumentan la productividad en todos los sectores, e inevitablemente, se pierden empleos. Si seguimos así, viviremos en una sociedad en la que hay que trabajar poco, pero en la que la miseria y el desempleo socavarán la calidad de vida y la convivencia pacífica. ¿Sabremos adaptarnos para conseguir las ventajas y evitar los inconvenientes de la automatización?

La informática se aplica a todo pero destruye más empleo del que crea

La mecanización agrícola acabó con muchos puestos de trabajo en el campo pero creó muchos otros en las ciudades. Sin embargo, en la actualidad se supone que sólo los robots destruirán 3,5 empleos por cada uno que consigan crear.

En España, por ejemplo, hay algunos datos preocupantes que podrían estar relacionados entre sí: es el país de la OCDE con más desigualdad entre ricos y pobres y, por otro lado, el sector de la banca lleva ocho años echando a 200 empleados a la semana. Obviamente, la banca no es un sector en crisis, por lo que los recortes son principalmente debidos a la automatización: las operaciones se hacen por Internet con coste casi cero para la banca.

Cientos de profesionales ven cada día cómo sus trabajos son realizados por robots o por empresas de Internet con muy pocos ordenadores y empleados. Ejemplos de esto son agencias de viajes, editoriales o el sector del taxi, sustituidos por simples webs o Apps, telefonistas sustituidos por programas para chatear (bots), u obreros industriales reemplazados en todos los sectores, como los robots albañiles (que ponen más del doble de ladrillos por hora que el mejor albañil). También se pierden empleos por la obsolescencia programada y por la bajada de precios, debida en parte también a la automatización (ese es el caso de relojeros, zapateros o reparadores de electrodomésticos).

En la docencia, por ejemplo, si los profesores publican en Internet vídeos de sus clases, los alumnos podrían cursar las asignaturas desde sus casas, repitiendo el vídeo cuantas veces quieran. Así, podrían ir al centro de estudios sólo para clases prácticas (o simplemente para socializar y jugar, en el caso de los más pequeños). Hasta las dudas podrían resolverse por chat o videoconferencia. Además de un simple vídeo pueden usarse otros mecanismos informáticos que captan mejor la atención del alumno (programas con animaciones, documentales, ejercicios o juegos). Por otro lado, esos cambios conllevarían que con menos profesores se podría atender a una mayor cantidad de alumnos.

El avance más descomunal, de hecho, no está en las máquinas (hardware), sino en el software, usando técnicas de “Inteligencia Artificial“: sistemas expertos, reconocimiento facial o de voz, coches autoconducidos… El oxímoron “Inteligencia Artificial” incluye un conjunto de técnicas que imitan el comportamiento humano. No es propiamente inteligencia, pero lo parece y en muchos casos funciona mejor que la inteligencia humana. Ello es debido, entre otros factores, a la gran memoria y velocidad de cálculo de los procesadores electrónicos y también a una objetividad de la que a veces los humanos carecen. Incluso, hay técnicas en las que el objetivo no es decirle a la máquina lo que tiene que hacer, sino dejar que lo descubra y que aprenda por sí misma (machine learning). Aunque hay mucho por hacer, los avances en esta materia son espectaculares (toma de decisiones en medicina o en economía, comprensión de textos… y muchas más).

Opciones para evitar lo peor

Cambios como los anteriores pueden no percibirse como algo brusco. Sin embargo, esos cambios llevan a Mason a afirmar que el capitalismo está a punto de desaparecer como lo conocemos, lo cual puede provocar, según él, el caos o, al menos, el fin del trabajo en su forma actual.

Ahora y siempre, para conseguir empleo es importante la formación, pero actualmente no sólo tienen valor los conocimientos, sino que vale mucho más la creatividad, la especialización y la capacidad de aprender nuevas cosas en un mundo tan cambiante (son los llamados «nómadas del conocimiento» o knowmads). Pero aunque consigamos para el futuro una sociedad mejor formada, el problema de la automatización no se resuelve, pues en el futuro harán falta menos personas para trabajar. Si no hacemos nada, la automatización podrá beneficiar a la sociedad, pero aún así, muchos perderán sus empleos, con todo lo que ello implica.

Si estamos de acuerdo en que una sociedad desigual no beneficia a la mayoría y es fuente de injusticias, entonces algo hay que hacer. Autores como Keynes, McAfee o Meyer han hecho propuestas en este sentido:

1. Fomentar el trabajo a tiempo parcial, para repartir mejor el empleo existente.
2. Reducir la jornada laboral, por ejemplo, a cuatro días semanales para compensar la reducción en el trabajo disponible [6]. Keynes pronosticó 15 horas semanales para 2030 [1].
3. Instaurar una Renta Básica Universal [6, 7] (aunque sea muy básica) que complemente los salarios (bajos por trabajar pocas horas o nulos) y controlando que esto no haga descender los salarios [1]. Podría justificarse esta renta en el hecho de que todo ciudadano de un país tiene derecho a poseer los recursos naturales y económicos públicos. Donde se ha probado, se ha demostrado que no desincentiva trabajar. Próximamente se va a probar en Barcelona y otras ciudades europeas [4].
4. Tratar a ordenadores y robots como empleados de las empresas y que paguen impuestos (o sea, que no sea tan rentable usar máquinas a costa de despedir empleados).
5. Convertir al Estado en “empleador de última instancia“ para evitar desempleados de larga duración [12].
6. Dar valor a tareas ahora no remuneradas, como voluntariado, cuidado de niños o de mayores, etc. Estas actividades podrían pagarse con algún tipo de beneficio.
7. Evitar la deslocalización y el abuso de las multinacionales de los países ricos exigiéndoles el mismo comportamiento legal y ético en todos los países en los que actúen [8] (respetando las leyes ambientales y de seguridad laboral, como si estuvieran en su propio país).
8. Evaluar el impacto de cada tecnología, pues es evidente que no vamos a renunciar a todos los avances tecnológicos, pero tampoco debemos asumirlos todos, pues algunos tienen impactos muy considerables.

Conclusiones

Bertrand De Jouvenel dijo [2]: “Todos los planes elaborados en todos los países del mundo tienden a incrementar la demanda de recursos naturales; la gran aspiración común a todos es economizar trabajo, cuando el factor hombre se hace cada vez más abundante, y no se piensa apenas en economizar los recursos naturales, que sin embargo son limitados”. Tal vez, si reducimos el número de horas que un humano puede trabajar, entonces, el trabajo humano tendrá más valor.

Que la tecnología destruye puestos de trabajo, lo recordó hasta el Papa Francisco [5]. Pero nuestra sociedad ensalza el trabajo remunerado tanto como la tecnología, y cuando son, aparentemente opuestos, nos negamos a elegir entre uno u otro. Nadie debería quejarse de que las máquinas trabajen, si lo hacen mejor, más barato, sin cansarse y disponibles a cualquier hora, pero tenemos que establecer mecanismos para que esas ventajas generen beneficios para todos y nos permita una sociedad más equitativa.

Hasta la generación de electricidad con renovables requiere menos puestos de trabajo por cada megavatio [10], lo cual es otra gran ventaja de una sociedad renovada.

La tecnología pone en nuestras manos un gran poder, y ello implica una gran responsabilidad, pero… ¿estamos siendo suficientemente responsables? ¿Somos responsables siquiera en conseguir de forma ética los materiales con los que construimos nuestras máquinas? (pensemos en el coltán, por ejemplo).

Si no hacemos nada, se consumará, como dijo Marta Tafalla [13], nuestro fracaso como ser racional.

Referencias

1. Lidia Brum, “Robots y Trabajo” (CC.OO. Perspectiva, 2017).
2. Bertrand De Jouvenel, “La Civilización de la Potencia: De la Economía política a la Ecología política” (1976). Libro resumido aquí.
3. David Fernández, “La inteligencia artificial obliga a redefinir la economía“: La productividad podría aumentar el 40%, mientras se pierden el 47% de los empleos (El País, 2017).
4. Sergi Franch, “La Unión Europea elige Barcelona para testar cuatro modelos de Renta Básica con 1.000 vecinos” (Eldiario.es, 2017).
5. Papa Francisco, encíclica “Laudato Si” (2015). Libro resumido aquí.
6. José Galindo, “¿Qué Pasaría si en los Países Ricos Trabajáramos Menos? (Hacia una Economía Sostenible)” (Blogsostenible, 2011).
7. José Galindo, “Dos Erres URGENTES: Renta básica y Reducción de la jornada laboral” (Blogsostenible, 2015).
8. José Galindo, “Lista de empresas que deben ser multadas y boicoteadas” (Blogsostenible, 2017).
9. José Galindo, “¿Qué fuente de energía requiere menos empleo? (Empleos por Megavatio)” (Blogsostenible, 2017).
10. Gary Marcos, “Will a robot take your job?” (The New Yorker, 2012): En 90 años desaparecerán el 70% de los empleos.
11. Paul Mason, “Postcapitalism: a guide to our future” (Allen Lane, 2015).
12. Henning Meyer, “No hace falta una renta básica: cinco medidas para afrontar la amenaza del desempleo tecnológico” (Ctxt, 2017).
13. Marta Tafalla, “Crisis ecológica, conocimiento y finitud: Fracaso del ser humano como ser racional” (Blogsostenible, 2016).
14. Norbert Wiener, “Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine” (The MIT Press, 1948).

NOTA: Este artículo ha sido publicado algo más breve en Crónicas del Intangible, un espacio de divulgación sobre software y ciencias de la computación (blogs de EL PAIS, Junio 2017).

«La violencia en el empleo de hogar no es un caso aislado: es un sistema«, afirman en un comunicado 25 organizaciones, entre las que se incluyen Oxfam Intermón y Territorio Doméstico. En su texto, denuncian el desamparo y precariedad que sufren las trabajadoras del hogar, la vulnerabilidad jurídica, económica y social así como el régimen de explotación y abuso que significa estar internas con disponibilidad las 24 horas durante todos los días de la semana.

Para acabar con la «impunidad» de quienes ejercen esta «violencia estructural», exigen diez medidas urgentes e inmediatas. Entre estas, destacan la petición habilitar canales de ayuda, aumentar las inspecciones laborales en los domicilios y regularizar la situación administrativa de residencia de las trabajadoras del hogar y los cuidados, garantizando plenamente sus derechos de ciudadanía.,

Investigaciones realizadas por Oxfam Intermón y la Asociación Por ti Mujer revelan que el 49,2 % de las trabajadoras encuestadas afirman haber vivido algún tipo de violencia en el trabajo a lo largo de su trayectoria laboral. Además, el 70 % conocía algún caso cercano. El 17,1 % asegura haber recibido proposiciones de naturaleza sexual y el 8,5 % dice haber sufrido tocamientos de naturaleza sexual sin consentimiento. En el caso de las trabajadoras extranjeras, las cifras de proposiciones se multiplican por cuatro y las de tocamientos se duplican.

«Los casos que trascienden, como el reciente caso mediático que involucra a una figura pública, revelan cómo la violencia sexual en el ámbito del trabajo de hogar permanece oculta y normalizada, sigue siendo un tabú y muchas víctimas no se atreven a hablar, se aprovecha la indefensión de las víctimas, siempre cuestionadas por el sistema patriarcal y racista que domina las relaciones laborales de las trabajadoras extranjeras», recalcan en el comunicado.

La entrada 25 organizaciones exigen “poner fin a la impunidad” de la violencia estructural contra las trabajadoras del hogar se publicó primero en lamarea.com.

«Nacemos dependientes y morimos dependientes», afirma Isabel Calvo, trabajadora del Servicio de Atención a Domicilio (SAD) en Madrid. Lleva 18 años dedicada «en cuerpo y alma a los cuidados», uno de los trabajos más duros que existen. Las condiciones son tan exigentes que muchas trabajadoras acaban incapacitadas, pero sin que se les reconozca el origen laboral de sus dolencias. Asean, alimentan y acompañan a personas dependientes, a las que la mayoría de las veces tienen que mover sin la ayuda de una grúa. Sufren lesiones continuas y a veces atienden hasta a siete personas al día en jornadas partidas y con desplazamientos interminables. Su sector está feminizado, precarizado y subcontratado. Como servicio público que es, una vez estuvo gestionado por ayuntamientos y comunidades autónomas, pero lo normal hoy es que este servicio esté en manos de empresas privadas. Grandes corporaciones han encontrado en la mercantilización de los cuidados un negocio redondo. Ganan contratos públicos tirando los precios por los suelos. Las damnificadas son las trabajadoras, que llevan años protagonizando una historia de compañerismo y lucha sindical con todo en contra. Cerca de ellas ha estado Sara Plaza Casares, que coordina el libro Trabajadoras del Servicio de Atención a Domicilio. Las ‘riders’ de los cuidados, editado por Libros de la Catarata y CGT, el sindicato que más se ha implicado en la reivindicación de sus derechos laborales. Plaza, periodista de El Salto especializada en sanidad y feminismo, ha acompañado a estas mujeres y ha recopilado sus historias en un volumen que mezcla el relato humano con una radiografía implacable del sector.

¿Cómo acabó usted en una reunión sindical con estas trabajadoras y por qué se ha implicado tanto?

Todo empezó antes de la pandemia, en una reunión informal entre colegas, aquella fue la primera vez que oí hablar de este servicio. Alguien dijo que el SAD era «el futuro». Y yo me pregunté: «¿Cómo es que el SAD es el futuro y yo no me he enterado? ¿Qué es el SAD?». Me explicaron lo que era la atención domiciliaria y la relevancia que iba a tener en una sociedad con un alto índice de personas mayores. Ahí es cuando empiezo a darme cuenta de su importancia. Si queremos abolir el sistema de macrorresidencias, cuyos servicios están muy pauperizados, la comida es insuficiente, falta plantilla y muchas están en manos de fondos de inversión, la respuesta es el SAD. Si queremos avanzar hacia unos cuidados personalizados, este servicio es primordial. Siempre que una persona desee acabar sus días en su casa, habría que respetar este deseo. Cuando entendí eso, empecé a seguir a las trabajadoras en sus movilizaciones, porque son mujeres muy activas. Recuerdo que en 2019 vinieron a Madrid trabajadoras de toda España para manifestarse pidiendo mejoras laborales. Luego empecé a colaborar con un programa que produce CGT, que se llama Al lío, y en uno de ellos se habló del SAD y acudieron tres trabajadoras. Cuando acabó la grabación y se apagaron las cámaras, comenzó lo realmente importante. Empezaron a hablar de sus vivencias, de las situaciones que atraviesan cada día. Algunas de ellas tenían sus relatos por escrito. Ahí nació la idea de armar un libro con ellos.

Pero el libro también es en parte un ensayo sobre el SAD.

Sí, porque yo entendía que estas vivencias tenían que ir acompañadas de un contexto. Si sales a la calle y preguntas a la gente, muy pocas personas saben lo que es el SAD. Había que explicarlo bien y señalar cuál es su situación actual. Esto ha sido una tarea muy ardua porque apenas hay investigaciones o estudios académicos sobre el tema. Y, además del contexto, entendí que el libro debería dar herramientas a estas trabajadoras para mejorar sus condiciones laborales. Y la mejor herramienta era contar ejemplos de su lucha. Este es un libro muy enfocado en eso, en sus movilizaciones, que además han estado muy invisibilizadas.

Cierto. Cuando otros trabajadores montan campamentos obtienen bastantes minutos de telediario. No recuerdo que haya pasado lo mismo con estas mujeres.

Es que no ha pasado, o ha pasado de forma muy esporádica. Este tipo de información, cuando la ha habido, ha aparecido en un ámbito muy local. Por ejemplo, el campamento que las trabajadoras del SAD montaron delante del palacio de San Telmo, en Sevilla, apenas tuvo repercusión nacional. Y estuvieron casi un mes allí plantadas.

Oficialmente, los poderes públicos apuestan por reducir las plazas residenciales para dar más atención a domicilio. ¿Nos lo podemos creer?

Ese es el discurso, efectivamente. Dicen que tienen esa estrategia. En esa línea, dicen también que las residencias que van a construir serán más pequeñas para que los cuidados sean más personalizados. La realidad nos demuestra todo lo contrario. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, hay proyectadas una barbaridad de macrorresidencias. Ellos dicen que no, que tienen menos plazas, pero siguen siendo enormes. Al mismo tiempo, el SAD no se revaloriza. Las personas dependientes que consiguen acceder a él lo hacen por muy poco tiempo: dos horas, una hora, incluso media hora al día. Imagine lo que es eso. Hay compromisos, sí, pero no se están materializando.

En su libro nombra a Ferrovial como una de las grandes empresas que están haciendo negocio con el SAD. ¿Qué otras empresas hay que pujen por estos contratos públicos?

Hay varias compañías procedentes de la construcción. Cuando estalló la burbuja inmobiliaria, diversificaron sus intereses y se focalizaron en los cuidados porque era un sector que daba dinerito público. Se fijaron tanto en las residencias como en el SAD. Ahí tenemos a empresas que, con otros nombres, derivan de Ferrovial o de ACS. Y, por otro lado, tenemos a fondos de inversión. En este apartado destaca DomusVi, que actualmente es el principal operador privado de residencias en España.

¿Y eso qué implica?

Bueno, ya lo hemos visto en otros sectores, como el de la sanidad. El SAD nació con una vocación municipalista. Era un servicio que prestaban originalmente los ayuntamientos. A veces se usaban pequeñas empresas cooperativas o fundaciones u oenegés, entidades que no tenían un ánimo de lucro exacerbado. Pero la Ley de Dependencia [aprobada en 2006 por el gobierno de Zapatero] dejaba una pequeña ventana a la colaboración público-privada si los ayuntamientos o las comunidades autónomas no podían prestar ese servicio. Esta pequeña ventana se ha convertido, en las comunidades gobernadas por el Partido Popular, en una puerta enorme abierta de par en par. Lo que se pensó como algo excepcional ahora es la norma.

Y eso, claro, afecta a las trabajadoras.

Por supuesto. El servicio se ha precarizado enormemente. Yo tengo documentados casos de trabajadoras que cobraban 1.800 euros y que ahora ganan 800. Cuando trabajaban para pequeñas cooperativas tenían sus locales, un lugar para reunirse y para contactar con la coordinadora. Si tenían algún problema, siempre había alguien con quien hablar. Ahora sólo tienen un número de teléfono, y no siempre está operativo. Están terriblemente expuestas.

Además, es un trabajo muy duro. Muchas acaban incapacitadas.

Sí, uno de sus principales problemas son las enfermedades laborales asociadas a los cuidados. Acuden a hogares en los que a menudo tienen que levantar a una persona que está inmovilizada y que no cuenta con una cama articulada. Levantarlas a pulso les provoca todo tipo de enfermedades musculoesqueléticas, incluida la rotura de vértebras. Hay otras relacionadas con la limpieza, como son la bursitis en el manguito rotador o la tendinitis. Estas dolencias no suelen estar reconocidas como enfermedades laborales. Cuando acuden al médico les dicen: «Es que estás mayor, estás ya muy cascada». O: «Te duele el codo porque te has caído». Pero no le reconocen el origen laboral de la dolencia. El listado de enfermedades laborales está muy masculinizado. Y las que están asociadas a trabajos muy feminizados no se las reconoce como enfermedades profesionales.

Las trabajadoras también aspiran a que su trabajo se reconozca como especialmente penoso y puedan acceder a la jubilación anticipada. ¿Avanza este tema?

Siguen luchando. En ese aspecto no han logrado muchos avances, pero sí en otros ámbitos. Por ejemplo, han luchado mucho por que se creara un reglamento de riesgos laborales. Hasta el día de hoy no existía, pero consiguieron un compromiso por parte de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para que se creara. Las mujeres acudían a los domicilios expuestas a todo tipo de riesgos. Ahora sus empleadores deben visitar estos hogares, hacer una valoración e intentar mitigar estos riesgos. Si no hay una cama adaptada, pues debe hacerse todo lo posible por conseguirla. O si la persona dependiente no cabe en una ducha, hay que plantear una reforma. La patronal del SAD ha recurrido este real decreto. Una de las excusas para negarse a cumplirlo es que el domicilio es inviolable y que no pueden acceder a él. Las trabajadoras dicen que igual que entra en casa el revisor de la luz o del gas, pues que también se entre para ver las condiciones en las que se realiza su trabajo. A día de hoy, ellas están trabajando en la más absoluta oscuridad de la inspección laboral.

Cuando se enfrentan a algún tipo de enfrentamiento violento o de acoso sexual, ¿las empresas tienen un protocolo para actuar? ¿Hay alguien que acuda en su auxilio?

No. De hecho, no pueden abandonar el domicilio. Lo único que tienen es un número de teléfono. Les dicen que salgan al descansillo y que llamen, pero unas veces responden a su llamada y otras no. La respuesta suele ser: «Vete de ahí y mañana mandamos a otra».

Tremendo.

Es tremendo, sí. Y es un tema muy importante porque los informes dicen que casi el 30% de las trabajadoras del SAD ha sufrido acoso sexual. El peor escenario se materializó el pasado verano: una trabajadora fue asesinada en O Porriño por el marido de la mujer a la que cuidaba.

No hablamos sólo de un trabajo especialmente penoso. También es peligroso.

Sí, lo tiene todo.

¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de estas trabajadoras? Cuando uno lee sus testimonios, transmiten una gran dignidad.

Yo les tengo un enorme respeto. Creo que la tarea que realizan es esencial. Paradójicamente, son ellas las que permiten que la rueda del capitalismo siga girando, a pesar de estar en el último peldaño del escalafón. Su reconocimiento es paupérrimo, pero si ellas no estuvieran ahí para proporcionar cuidados, nadie podría ir a su destino laboral para producir. Tendrían que estar cuidando. Además, admiro profundamente su dignidad y su compromiso. Es un sector muy atomizado. Van de casa en casa y muchas de ellas ni se conocen entre sí. Y a pesar de todo, han conseguido sindicarse, unirse y luchar juntas. Piense que ya están en pie a las 7 de la mañana para llevar a los hijos al colegio, luego van a trabajar a varias casas, vuelven para hacer la comida, salen otra vez a trabajar, vuelven a su hogar para apañar a los niños y aun así, a las 8 de la tarde, tienen fuerzas para salir otra vez e ir a la reunión del sindicato. Me parece admirable.

Pamplona remunicipalizó el SAD con un alcalde de Bildu, pero luego, cuando UPN volvió al poder, intentó modificar aquello creando una empresa pública y contó con el apoyo del PSOE. ¿Tiene el PSOE una postura clara respecto al SAD?

Lo que tiene el PSOE es una postura clara sobre eso que llamamos «colaboración público-privada». Hay que recordar que el PSOE votó a favor de la ley 15/97, que facilita la externalización de los servicios sanitarios, la ley que hoy maldecimos por lo que hemos visto en el caso Torrejón. Y en su Ley de Dependencia deja la puerta abierta a que estos servicios se suministren por empresas privadas. La socialdemocracia apuesta por la «colaboración público-privada», lo que, sin eufemismos y en resumen, se puede entender por «privatización».

La ley habla de que el SAD lo proporcionarán entidades privadas cuando las instituciones públicas no puedan hacerse cargo. Pero Menorca o Pamplona sí pueden. ¿Por qué otros municipios no? No tiene mucho sentido…

Yo creo que se trata de una forma de camuflaje. Hablas de excepcionalidad, pero en realidad lo que estás diciendo es que es una posibilidad. Y que a veces es la posibilidad más ventajosa.

En el libro usted recoge que el gasto medio por usuario ha pasado de 8.000 euros en 2010 a menos de 6.000 en 2024. A simple vista, uno podría pensar que no es un gran negocio. ¿Por qué tantas empresas pelean por él?

Porque es un negocio que espera crecer exponencialmente en los próximos años. Además, ahora hay una corriente que defiende que los cuidados deben realizarse en casa, por lo que se prevé que cada vez haya más dinero. Lo que tenemos que mirar es cómo se va a gestionar y que esos recursos vayan finalmente a las trabajadoras y a los usuarios, y que no haya intermediarios, que son las grandes empresas, que se apropien del pastel.

Si va a crecer tanto, se necesitarán más personas dedicadas a dar este servicio, ¿no? ¿Cuál es el perfil de estas trabajadoras? ¿Hay mujeres jóvenes entrando a trabajar en el sector?

Pues no. El SAD recae ahora mismo sobre los hombros de mujeres de entre 40 y 50 años. Hay módulos de grado medio que están en alza, son muy demandados. Sabemos que la vejez es un nicho de mercado y de empleo, pero si no mejoran las condiciones laborales, el relevo generacional va a ser materialmente imposible.

El corazón de este libro está en las experiencias de las propias trabajadoras. Todos sus testimonios son muy esclarecedores, pero hay uno que me ha llamado la atención especialmente, el de Montse Burriera, de Madrid. En él cuenta que cada día anota tres cosas buenas que le han pasado con los usuarios. Y son cosas muy pequeñas. Lo ha titulado «Acciones silenciosas que sostienen el mundo».

Sí, Montse estaba en aquel programa de televisión en el que nació la idea de este libro. Nos contó que ella tenía «algo escrito» y que lo quería publicar de alguna manera. Luego resultó que muchas otras habían hecho lo mismo, pero ella fue la que dio el primer paso.

Aparte de sus dificultades laborales, esos relatos hablan de la conexión emocional que tienen estas mujeres con las personas a las que cuidan. No se trata sólo de «te lavo, te cocino, te peino y me voy». Hay mucho más.

Muchísimo más. A mí me impresiona mucho la historia de una mujer mayor que, cuando la trabajadora llega por primera vez a su hogar, le dice: «No hagas nada. Siéntate aquí conmigo y mírame. Hace 15 días que no me mira nadie». Eso, francamente, te parte el alma. Estamos viviendo una crisis de soledad. En este país hay muchísimas personas que están envejeciendo solas y en unas condiciones muy poco dignas. Hay otro testimonio que cuenta la historia de una mujer que se ha pasado tres días sola sentada en una silla, sin cambiar de postura y sin que nadie le cambie el pañal. Eso está sucediendo hoy en día.

Qué menos que pedirle al estado del bienestar que solucione eso.

¡Claro! ¡Qué menos! Una de las cosas que me gusta contar en las presentaciones, y que es básico que se nos meta en la cabeza, es que los cuidados son un servicio público. Igual que salimos a la calle a defender la educación y la sanidad, tenemos que salir para pedir unos cuidados dignos, robustos y públicos. No depositemos esa responsabilidad en empresas privadas.

La entrada Sara Plaza: “No debemos depositar la responsabilidad de los cuidados en las empresas privadas” se publicó primero en lamarea.com.

La privatización sistemática desplegada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid extiende sus raíces a la totalidad de servicios públicos esenciales.

«La sanidad, en su ámbito más directo de hospitales y centros de salud, es quizá el ejemplo más evidente y denunciado«, explica el periodista Roberto Ugena en elplural.com. «Sin embargo, la Red de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental se deshace progresivamente y alejada del foco, arrastrando con ella a miles de usuarios, que requieren de este apoyo, y a sus trabajadores, precarizados hasta la extenuación y víctimas del peor de los chantajes: el que utiliza a los receptores de la atención.

Manantial Gestión S.L., brazo de reciente creación de Fundación Manantial, es una de las entidades concesionarias de estos servicios cada vez más decadentes. Las concesiones otorgadas por la Comunidad de Madrid a este grupo a lo largo de los años son incontables y su negocio se ha expandido, pero los derechos de los trabajadores, incluidos los legales garantizados por Convenio, han seguido un camino opuesto. Cuando las cosas iban bien, los beneficios se quedaron en la cumbre y los trabajadores recibieron migajas; flujo que se ha invertido con la llegada de las vacas flacas, que se han cargado en las espaldas de la plantilla.

El juego de las concesiones ha salido caro al Grupo Manantial, que ve ahora como otros conglomerados le arrebatan servicios gracias a ofertas que podrían llegar a considerarse bajas temerarias. Esa es la justificación dada a los trabajadores para mantenerles un salario cercano al mínimo interprofesional, en contra del mínimo del convenio sectorial; aumentarles la jornada laboral, incumpliendo el acuerdo alcanzado; eliminar pluses de experiencia ya pactados; o reducir las horas de formación. Así se lo trasladó la dirección al Comité de Empresa en una reunión. […]

La amenaza, tal y como recoge el acta de aquella reunión, es directa. “Son las medidas necesarias para no llegar a tener que hablar de despidos”, trasladó el representante legal de la Dirección. “Por lo que, si se impugna la decisión de la empresa, tendrán que tomar otra serie de medidas a las que no quieren llegar”, apostilló el letrado, por si no había quedado claro el cariz negociador. Unas actuaciones que retiran 2 de los 14 pluses de dirección y 2 de los 14 pluses de disponibilidad a los directivos y que arrebata todo a los trabajadores (literal a continuación):

• Supresión del 9% del plus de experiencia consolidado, recogido en el Acuerdo de Mejora, a aplicar a la totalidad de la plantilla.
• Ajuste del número de educadoras sociales de las Residencias ajustándose al mínimo posible según marcan los pliegos.
• Aumento de la jornada laboral de 35 horas semanales a 38,5 horas según indica el XVI Convenio.
• Reducción de las horas de formación de las 30 horas actuales recogidas en el Acuerdo de Mejora a 25 horas que fija el XVI Convenio.
• Supresión de la contratación de educadores de refuerzo en vacaciones en las Residencias recogido en el Acuerdo de Mejora.

Y es que la jeta de la Dirección de Manantial Gestión llega al punto de querer acogerse al Convenio Sectorial según conveniencia y vulnerar acuerdos internos, de total validez e inalienables cuando mejoran las condiciones sectoriales (tal y como recoge el propio Estatuto de los Trabajadores en su artículo 3). Es decir, incumplimos el acuerdo interno consolidado, retrocediendo al Convenio, para la jornada laboral, el plus de experiencia, la formación y el número de trabajadoras; pero no ajustamos las nóminas a Convenio porque no hay dinero.

Una práctica a todas luces ilegal, pues vulnera acuerdos válidos suscritos y salvaguardados por el Estatuto de los Trabajadores, además del Convenio; y contraria a la normativa laboral, incurriendo incluso en amenazas con los representantes de los trabajadores, a los que se sugiere que o aceptan estos incumplimientos o se producirán despidos. La Inspección de Trabajo podría actuar de oficio o ante una denuncia anónima y sancionar gravemente. La Comunidad de Madrid, a la que no se espera, también podría tomar cartas en el asunto«, concluye el artículo.

Frente a este ataque contra los derechos laborales y la precarización de las plantillas, más de 300 trabajadoras han sido llamadas a la huelga indefinida por CGT, con el apoyo de CNT Comarcal Sur, en múltiples centros dominados por el Grupo Manantial. Lo hacen «en lucha por sus salarios, contra la pérdida de poder adquisitivo y por la mejora de sus derechos laborales«.

La primera de las jornadas se activó el jueves 4 de diciembre, pero el plato fuerte llegó el viernes 5 por la mañana, cuando las huelguistas se concentraron frente a la sede de la Fundación.

En un comunicado, la CNT Comarcal Sur aclara que «las reivindicaciones que impulsan esta movilización son claras, legítimas y urgentes:

• Defender de manera efectiva el poder adquisitivo de la plantilla, reclamando medidas que compensen la pérdida acumulada y garanticen salarios dignos.
• Preservar la jornada laboral semanal vigente, rechazando cualquier retroceso que implique un empeoramiento de las condiciones laborales.
• Exigir la adopción inmediata de medidas adecuadas de prevención de riesgos laborales y psicosociales, indispensables para garantizar la salud y la seguridad en el trabajo.
• Reclamar el cumplimiento íntegro del Acuerdo de mejora de las condiciones laborales, recogido en los convenios colectivos aplicables y de obligado respeto en los centros de trabajo.
• Asegurar que se respeten los pliegos establecidos por la Consejería, especialmente en lo referente a las condiciones técnicas y la dotación mínima de personal imprescindible para prestar una atención profesional y de calidad.

Somos profesionales de la salud mental: psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras, terapeutas, integradoras… Y sabemos que la precariedad es una agresión directa a la calidad del servicio. No vamos a permitir que se utilice la excusa de la “crisis” para desmantelar nuestras condiciones mientras se eluden responsabilidades y se pide sacrificio solo a la plantilla.

En un momento como este, resulta imprescindible la unidad de toda la plantilla. Solo con cohesión, apoyo mutuo y una posición colectiva firme será posible frenar el deterioro de las condiciones laborales y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

El sindicato reafirma su respaldo inequívoco a todas las trabajadoras y trabajadores en esta huelga, así como su compromiso en la defensa activa de sus derechos, la dignidad profesional y la calidad del empleo«.

En un artículo de El Salto, Néstor Camacho, delegado de CGT, explica que «los últimos años venimos sufriendo retrasos en las nóminas”, porque la empresa “no está en un buen momento económico, tienen dificultades de tesorería”. Asegura que Manantial Gestión explica que “la actualización del convenio es inasumible por su economía, que ya de por sí estaba tocada”. Por eso, afirma, llegaron a un acuerdo para que se asumieran mejoras poco a poco. “Se empezó a hablar de septiembre, para luego hablar de octubre, y estamos en diciembre y no ha ocurrido nada”, comenta. “Lo que nos han planteado hasta ahora es quitarnos el 9% de plus de experiencia; pasar de la jornada de 35 horas semanales que tenemos actualmente a tres horas y media más; bajar el número de horas de formación que tenemos, de 30 a 25; y no contratar a personal de refuerzo en épocas estivales o en Navidades”. Además, indica, “nos han dicho que estas medidas serían de manera indefinida”. Algo, que recuerdan, ya les pasó tiempo atrás y aceptaron bajarse el salario, una bajada que no llegaron a recuperar nunca.

“Nos lleva a una situación insostenible, con los precios de las viviendas que hay en Madrid, que ha aumentado la cesta de la compra”, indica Néstor Camacho que asegura que “muchas compañeras tienen que tener dos trabajos para poder llegar a final de mes”. “El resultado es una plantilla extenuada”, afirma.

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Extraído de cnt.es

Han pasado ya cincuenta días desde que la plantilla de Gazc Sevilla S.L., empresa del sector aeronáutico, decidió plantarse. Lo hicieron el 6 de octubre, convocando una huelga indefinida bajo las siglas de CNT Sevilla. Medio centenar de jornadas después, el pulso sigue firme, sin visos de acuerdo y con una certeza: “Los ánimos no decaen. Estamos más unidos que nunca y haciéndole frente a la empresa”, asegura Jesús, uno de los trabajadores en huelga.

La chispa saltó tras meses de incumplimientos: categorías profesionales ignoradas, recortes ilegales en el abono de vacaciones, imposiciones en el calendario y pérdida progresiva de derechos. “Siempre hemos estado en triple turno, con noches muy mal pagadas porque el convenio nos deja vendidos. Las tardes son horrorosas y la empresa obliga, aunque digan que no, a echar horas extras”, denuncia Jesús.

La creación de la sección sindical de CNT en mayo fue la respuesta a una oleada de despidos y al hartazgo acumulado. La empresa, lejos de negociar, rechazó todas las reivindicaciones. La asamblea decidió entonces ir a la huelga indefinida con objetivos claros: reconocimiento de categorías, mejoras para quienes trabajan en nocturnidad, estabilidad en el empleo y fin de los recortes. “Si no tuviéramos esta caja de resistencia y el apoyo del sindicato, no hubiéramos aguantado 50 días como llevamos”, admite Jesús.

La dirección de Gazc Sevilla no ha movido ficha. “Ellos siguen aparentando que todo va bien, que sacan la producción, pero desde fuera se ve que no llegan. Están tirando de esquirolaje interno y externo, echando horas extras, dejando máquinas andando”, relata el trabajador. Incluso han recurrido a prácticas ilegales: “Ya los hemos cogido trabajando fines de semana, tenemos vídeos y denuncias en la Guardia Civil. Se exponen a sanciones”.

La empresa, que recibe cuantiosas ayudas públicas, prefiere asumir pérdidas, pagar seguridad privada —“22.000 o 23.000 euros al mes”— e instalar cámaras antes que atender unas demandas que los huelguistas califican de “modestas”. “No es por dinero, no ceden por orgullo. No quieren dar su brazo a torcer ante una huelga”, sentencia Jesús.

La huelga ha fortalecido la afiliación: de 20 a casi 40 trabajadores en la sección sindical. “La gente lo ha visto claro: el sindicato es una herramienta válida. Sin CNT, esto no sería posible”, afirma. La Caja de Resistencia y el apoyo de colectivos sociales como Barrios Hartos y Gente de barrio sostienen la moral alta. “Hay días buenos y malos, pero siempre hay compañeros que te levantan cuando flaqueas. Si uno está mal, otro va y lo anima. Así estamos aguantando”, confiesa Jesús.

El conflicto ha destapado también el papel de otros sindicatos. “UGT siempre ha estado del lado de la empresa. Nunca han conseguido nada para los operarios, solo para los de turno de mañana. Ahora han sacado comunicados contra nosotros, incluso cuestionando la legalidad de la huelga”, denuncia Jesús. “Siempre que levantábamos la voz, nos daban de lado. Esta vez no ha sido diferente”.

Las demandas son claras y concretas. “El acuerdo ideal pasa por dos puntos: un plus de 150 euros para compensar las horas extras que otros echan y nosotros no podemos, y vacaciones más flexibles para conciliar con la familia. Si en verano cierran tres semanas, que nos den una a elegir en otra fecha”, explica Jesús. “Si la empresa acepta eso, se puede llegar a un acuerdo. Pero no vamos a negociar a la baja”.

Para entender la magnitud del conflicto, conviene saber qué hacen estos trabajadores: “Realizamos mecanizado de piezas aeronáuticas. Somos el primer eslabón, el más importante, porque si nosotros no producimos, el resto no puede trabajar. Y somos los que peor estamos: tres turnos, noches mal pagadas y presión constante para echar horas extras”.

La pregunta flota en el aire. ¿Cuánto más puede durar? “Es cuestión de tiempo. Pero llegará el momento en que tengan que sentarse sí o sí”, asegura Jesús. Su predicción: “No creo que aguanten mucho más. Van tarde en las entregas y se exponen a denuncias. Yo creo que será antes de lo que muchos esperan”.

Mientras tanto, la huelga sigue marcando el ritmo en Gazc Sevilla. Una lucha que, más allá de las cifras, habla de dignidad obrera frente a la soberbia empresarial. Porque, como repiten en el piquete, “si no peleamos nosotros, nadie lo hará por nosotros”.

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El Convenio Colectivo de Acción e Intervención Social se está negociando a día de hoy. Un convenio que rige la relación y ámbito laboral de las trabajadoras de las siguientes áreas, tal y como aparecen denominadas en el actual Convenio: área de intervención psicosocial y socio-educativa (centros de acogida, centros de atención a mujeres víctimas de violencia, agresiones, etc., pisos, centros de día, comedores sociales, programas de atención, intervención y mediación, etc.), área de intervención sociolaboral (servicios de inserción laboral, orientación para el empleo, etc.), área de intervención sociosanitaria y asistencial (servicios de apoyo emocional, de prevención del VIH y drogodependencias, servicios sociosanitarios de rehabilitación dirigidos a colectivos en situación de riesgo o exclusión social, servicios de Salud Mental, servicios de emergencia social, centros de atención a las toxicodependencias y otras dependencias, centros residenciales para poblaciones en riesgo de exclusión social, etc.) y área de gestión, investigación, diseño, evaluación, diagnóstico y planificación estratégica de programas sociales (asesoría y consultoría, servicios de formación y orientación, acompañamiento y mediación a personas para prevenir la pérdida de su vivienda, etc.).

La mesa negociadora se encuentra conformada por los sindicatos CCOO y UGT y las organizaciones patronales AEEISSS, ANESOC y OEIS. Ésta última, la Organización Estatal de Intervención Social, constituida, según su página web, por las siguientes 27 entidades, engloba a 22.000 trabajadoras: Aldeas Infantiles, AECC, Asociación Norte Joven, ACCEM, Asociación Proyecto Hombre, Asociación PAIDEA, Cáritas, COCEDER, Cruz Roja, Acción contra el Hambre, Fundación Adecco, Anesvad, CEPAIM, La Merced Migraciones, Oxfam Intermón, Plan Internacional, RAIS, Secretariado Gitano, Save the Children, Fundación Social La Sapiencia, Fundación Tomillo, Médicos sin Fronteras, Movimiento por la Paz, Pinardi, YMCA, Educo e Intered.

Como informa la Plataforma del Sector Social en Madrid, organización asamblearia que agrupa a trabajadoras de forma independiente a las centrales sindicales mayoritarias, durante los últimos 18 años, se han firmado 3 convenios. La Plataforma señala que el convenio de 2007 sigue siendo la base principal de referencia, habiendo quedado, como es lógico, totalmente desfasado, incompleto y sin actualizar categorías, funciones, jornadas, etc., y, aunque se han producido revisiones salariales anuales, las subidas salariales han sido inferiores a la subida del IPC, es decir, las trabajadoras del sector han perdido poder adquisitivo en los últimos años. Por ello, uno de las reivindicaciones principales es la salarial, pero, con el objetivo no sólo de ajustar el salario al actual nivel de vida sino de alcanzar los salarios de los trabajadores públicos, pues, con cada vez más frecuencia, dichas empresas sustituyen a servicios de carácter estatal, dentro de la dinámica externalizadora y privatizadora presente en todos los niveles de la Administración sin importar el color político de sus gestores.

Otra reivindicación presente es la reducción de las horas de trabajo hasta alcanzar las 37,5 horas semanales, así como la mejora de las condiciones laborales (cuidado de la salud física, mental y emocional de las trabajadoras), el reconocimiento como servicio público esencial, la dignificación de la atención a las personas que participan en estos servicios y, por tanto, la dignificación de las propias personas, etc.

Los sindicatos de carácter reformista y pactista han denunciado el bloqueo patronal a la negociación en un primer comunicado titulado “El principio del fin de la paz social en la intervención social”. En dicho comunicado han acusado a la patronal de no asumir ni la mínima reivindicación de equiparar los salarios al actual nivel de vida, en contraste con la dinámica presente respecto a los altos cargos, por ejemplo, en 2024, las trabajadoras de CEAR denunciaban las subidas salariales de hasta casi un 30% para cargos superiores.

El pasado 24 de noviembre, estos sindicatos publicaban una nueva nota de prensa anunciando el inicio de una serie de movilizaciones si continúa el bloqueo por parte de las tres entidades patronales.

En esta disputa, en la que convergen diferentes ejes de conflicto (como la precarización y feminización de estos servicios de acompañamiento y cuidado, la privatización de un elemento del Estado social que, a través de supuestas fundaciones y asociaciones, la Administración acaba externalizando toda una serie de servicios, los recortes presupuestarios en nombre de, por un lado, el equilibrio fiscal, o, por el otro, el relato neoliberal, racista e individualista de la extrema derecha presente en las instituciones, el impacto personal y mental en las propias trabajadoras, etc.), la amenaza de la ruptura de la paz social por parte de las dos centrales sindicales que con más ahínco han trabajado para mantenerla, nos hace entrever la gravedad de las intenciones de una serie de empresas, ONGs, fundaciones y asociaciones, que proyectan una imagen pública que colisiona con la realidad de las trabajadores que las sostienen.

Pero, aunque dicha imagen pública ha sido de forma recurrente usada como chantaje a las trabajadoras, porque algunas de ellas se sostienen aún en parte por las donaciones y suscripciones de miles de personas voluntariosas, también, es una herramienta de presión y fuerza poderosa para todas nosotras. No olvidemos que tienen mucho que perder. Aplaudimos la organización autónoma de las propias afectadas, con la esperanza de que acabe constituyéndose un elemento de contrapoder suficiente no sólo para plantar a la patronal sino para que CCOO y UGT sientan la presión y deban poner en práctica, como mínimo, lo amenazado en sus comunicados y no acepten las cuatro migajas que les puedan ofrecer apelando a la “responsabilidad” que constantemente mencionan, una responsabilidad que siempre coarta a las trabajadoras pero nunca repercute en sentido contrario.

Por un auténtico principio del fin de la paz social en la intervención social.

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