Fotografía: Protesta contra el acuerdo de la UE con Mercosur, en noviembre de 2025 en Madrid. Imagen Ecologistas en Acción
Artículo original publicado en publico.es por Adhik Arrilucea
El acuerdo de la Unión Europea con Mercosur –el bloque económico que aúna Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay– es una quimera que lleva décadas negociándose, pero pronto podría ser una realidad. El Consejo de Asuntos Exteriores de la UE se reunió el 24 de noviembre para conversar sobre este y otros acuerdos comerciales con terceros países, según informan a este medio fuentes del Ministerio de Economía. La firma formal podría tener lugar durante el mes de diciembre y después se espera que el Parlamento Europeo ratifique el texto. Este facilitará las relaciones comerciales entre los Veintisiete y los países del grupo latinoamericano, pero tiene una cara B: importación de pesticidas prohibidos en la UE, impulso a la minería y a las emisiones derivadas de la agroindustria, así como una mayor deforestación de la Amazonía.
«El acuerdo de Europa con Mercosur supondrá la reducción de aranceles entre ambas zonas geográficas», explica a Público Andrés Muñoz, responsable de Soberanía Alimentaria en Amigas de la Tierra. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa señala que el bloque latinoamericano cuenta con «más de 270 millones de consumidores» y que se encuentra «relativamente cerrado al exterior». Por esta razón, la cartera de Carlos Cuerpo considera que este acuerdo con Bruselas «va a generar grandes beneficios». En concreto, se espera que las exportaciones europeas obtengan «un ahorro arancelario de 4.000 millones de euros anuales«.
Fuentes ministeriales afirman a este medio que el acuerdo «actuará como un instrumento para fomentar la cooperación política y económica entre la UE y Mercosur y, por tanto, contribuirá a reforzar la seguridad económica de la UE«. Asimismo, aseguran que la liberalización entre ambos mercados «contribuirá a la diversificación de los flujos comerciales, la resiliencia de las cadenas de suministro, el crecimiento económico y la creación de empleo».
«Un contexto geopolítico difícil»
Desde la cartera añaden que en la reunión mantenida este lunes en Bruselas se ha presentado un informe que «pone de manifiesto cómo la amplia red de acuerdos comerciales de la Unión Europea ayuda a las empresas a encontrar mercados alternativos para sus exportaciones, al tiempo que reduce las dependencias en un entorno geopolítico difícil». Rafael Jiménez Aybar, experto en diplomacia climática, indica a este diario que Europa busca ampliar sus redes comerciales para hacer frente a la guerra arancelaria desatada por EEUU bajo la Administración Trump.
El encuentro de alto nivel incluía en la agenda otros acuerdos de libre comercio además del de Mercosur. Entre ellos, fuentes del ministerio de Carlos Cuerpo mencionan a Público «socios claves en Asia, incluyendo acuerdos ya negociados pero aún pendientes de conclusión formal, así como negociaciones en curso». En el caso de la alianza mercantil con el bloque latinoamericano, Economía destaca que «se estima que la liberalización elevará las exportaciones de mercancías y servicios de la UE a Mercosur entre un 52 y un 68%, y las importaciones de la UE entre un 11 y un 14%».
Agrotóxicos y pesticidas prohibidos
Este potenciado binomio importación-exportación «favorecerá a la industria de pesticidas de Alemania y Francia, que en Europa están prohibidos por su enorme toxicidad tanto ambiental como para la salud humana», pero que se venderán a los países del Mercosur, critica Andrés Muñoz. «El acuerdo comercial prevé la eliminación de los aranceles para más del 90% de las exportaciones europeas de productos químicos, incluidos los pesticidas. Hasta ahora, estos aranceles ascendían hasta un 18%», informa a este medio Tom Kucharz, miembro de Ecologistas en Acción-Madrid. «La reducción de los aranceles aduaneros provocará un aumento de las exportaciones y del uso de estos productos, con consecuencias dramáticas para el medio ambiente y la salud de la población local».
«Entre estos plaguicidas no autorizados en la UE, pero exportados al Mercosur, se encuentran, por ejemplo, el fungicida carbendazim, que puede dañar el material genético, o los insecticidas imidacloprid y fipronil, responsables, entre otras cosas, de la muerte de las abejas», asevera Kucharz. «Este ‘ciclo tóxico’ se agravaría significativamente si se implementara el acuerdo comercial».
«La exposición múltiple a auténticos ‘cócteles de pesticidas’ no se tiene en cuenta a la hora de determinar los límites máximos de residuos permitidos. Esto se debe a que los límites máximos, incluso en la UE, se refieren únicamente a una sola sustancia activa aislada. Sin embargo, las posibles consecuencias de las interacciones entre varias sustancias activas de pesticidas en determinados alimentos apenas se han investigado y, por lo tanto, tampoco se tienen en cuenta a la hora de establecer los límites máximos», añade el activista de Ecologistas en Acción.
Protestas itinerantes contra el acuerdo
Una acción llevada a cabo el pasado 19 de noviembre por varias organizaciones ecologistas y sindicatos protestaba contra el acuerdo de la UE con Mercosur precisamente por este motivo. Las entidades convocantes, Attac, Amigas de la Tierra, CGT, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Greenpeace, Justicia Alimentaria y Sindicato Labrego Galego, colocaron una pirámide de barriles tóxicos mientras iban disfrazados del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen y el ministro de Agricultura, Luis Planas.
La performance formaba parte del Toxic Trade Tour,una protesta itinerante por diversas ciudades europeas contra este acuerdo comercial. «Este tratado establece una relación tóxica entre la UE y los países del Mercosur, al perpetuar un modelo de relaciones internacionales de corte extractivista y neocolonial, consolidando una forma de globalización que destruye la naturaleza, pone en riesgo la salud y amenaza la pervivencia de culturas y economías locales a ambos lados del Atlántico. Por eso reclamamos al PSOE que no apoye la firma de este acuerdo y sea coherente con sus propias promesas electorales en esta materia», afirmaron las organizaciones.
El acuerdo «no incorpora actualmente ‘cláusulas espejo‘ estrictas sobre estándares medioambientales, que reflejen los europeos, según las definiciones promovidas por muchos sectores agrícolas y ambientales en Europa», explica Jiménez Aybar. Este tipo de cláusulas «son disposiciones que exigen que los productos importados cumplan exactamente los mismos estándares medioambientales, sanitarios, sociales o de bienestar animal que se exige a la producción dentro de la Unión Europea, de forma totalmente equivalente«, aclara. Sobre la posibilidad de que se incorporen esta clase de instrumentos, el experto en diplomacia climática considera que no es una prioridad de la actual Comisión Europea, marcada por una tendencia desreguladora de la política verde.
Contra la agricultura y ganadería española
Muñoz también coincide en que «no va a haber salvaguardas, lo cual supone un agravio comparativo con los diferentes estándares que se exigen». De hecho, el tratado comercial también produce disensos entre las propias patronales. La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) publicó el pasado 18 de noviembre un informe realizado con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). La patronal valora que el acuerdo abre un abanico de oportunidades comerciales en el sector alimentario y también alude a «un clima de tensión geopolítica y comercial a nivel global«.
La FIAB también «resalta la necesidad de cláusulas espejo que garanticen los mismos estándares de calidad, seguridad y normativas sanitarias y medioambientales europeas para los productos de los países del Mercosur que lleguen a Europa». Sin embargo, su posicionamiento favorable del acuerdo difiere de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). La organización declara a Público que el tratado comercial con Mercosur es «una amenaza directa para la viabilidad económica de las pequeñas y medianas explotaciones agrarias, las más vulnerables». «Los ganaderos europeos seguimos asumiendo costes crecientes para cumplir normativas ambientales, sanitarias, laborales y de bienestar animal que a nuestros competidores no se les exige (y no tienen en sus países de origen)», lamentan.
Desde la COAG inciden en que «en la UE está prohibido el uso de hormonas y promotores de crecimiento que allí aún se utilizan». Con la regulación derivada del Pacto Verde Europeo, la patronal agraria indica que se llevan a cabo «controles sanitarios exhaustivos» y «trazabilidad total», en sintonía también con las normativas laborales comunitarias. Sin embargo, «las producciones de Mercosur se benefician de prácticas que aquí serían ilegales y, además, están vinculadas en muchos casos a la deforestación del Amazonas«, denuncian. «Es una competencia absolutamente desleal que castiga precisamente a quien produce de forma más sostenible». Por este motivo, abogan también por la inclusión de cláusulas espejo en el acuerdo.
Si bien todavía no existe un texto definitivo sobre el tratado comercial, desde Ministerio de Economía aseguran a este medio que «todas las exportaciones hacia la Unión Europea deben cumplir con los exigentes estándares sanitarios y fitosanitarios europeos, que abarcan tanto la seguridad alimentaria, como la salud animal y vegetal. Esto garantiza que los productos importados cumplan con los niveles de salubridad exigidos por la UE, protegiendo así la salud de los consumidores europeos». Además, abundan que «nada en el acuerdo restringe el derecho a regular en este ámbito y la UE mantiene su derecho a fijar niveles máximos de residuos de plaguicidas, medicamentos veterinarios o contaminantes».
Jiménez Aybar advierte de que la desatención a las peticiones del sector primario por parte del Gobierno puede redundar en un beneficio para la ultraderecha. Vox rechaza frontalmente este acuerdo, pero lo hace asumiendo un discurso de defensa de los intereses nacionales de la agroganadería y a la vez en contra del Pacto Verde Europeo. Por otro lado, el experto en diplomacia climática teme que la Comisión Europea decida rebajar las exigencias comunitarias para salvaguardar la competitividad de los profesionales locales, en lugar de aumentar los estándares de seguridad, sostenibilidad y calidad del Mercosur.
Aumento de las emisiones
Además de los pesticidas, el fomento de prácticas agrícolas menos sostenibles y la competencia con el sector primario europeo, las emisiones de CO2 son otro de los principales puntos que destacan los ecologistas frente al acuerdo de la UE con Mercosur. Los grupos convocantes de la protesta del 19 de noviembre remarcan que el tratado comercial promueve «procesos de deforestación y gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero«. Al respecto, existen diferentes informes que han estudiado la inferencia de esta liberalización arancelaria en la contaminación.
El Banco de España publicó uno en enero de 2022. Los análisis realizados concluyeron que sí habría un incremento de emisiones de CO2 derivados del acuerdo entre la UE y el Mercosur, si bien este sería limitado. Asimismo, concluyen que en algunos escenarios «podrían incluso conllevar un descenso» en los países del grupo latinoamericano. Las organizaciones convocantes de la protesta también recuerdan en un comunicado una Evaluación del Impacto sobre la Sostenibilidad (EIS), realizada a finales de 2020 por encargo de la Comisión Europea. Sus cálculos estimaron un «aumento moderado general» de las emisiones.
Los movimientos sociales rechazan cualquier incremento de la contaminación, incluso si este es «limitado» o «moderado». «Sin una reducción inmediata y profunda de las emisiones en todos los sectores será imposible limitar el calentamiento global a 1,5ºC y evitar los peores efectos», reivindicaron en su comunicado. Además, señalan que la EIS no tuvo en cuenta los efectos de la deforestación ni los cambios en los usos de la tierra para sus proyecciones. Algo que tampoco sucedió en el informe del Banco de España y que sin embargo, los ecologistas afirman que «representan el 55% de las emisiones de CO2 de Brasil y el 70% de las de Paraguay».
Además, Tom Kucharz pone de relieve los efectos de la deforestación vinculada a los cambios en los usos del suelo. «La producción de productos agropecuarios para la exportación a la Unión Europea ya está destruyendo grandes extensiones de bosque en Argentina, Brasil y Paraguay. El acuerdo aceleraría la destrucción de la Amazonía y otros ecosistemas en esos países, como el Cerrado, el Pantanal, el Chaco, la Mata Atlántica ya que provocaría un aumento de las exportaciones de productos agrícolas como la soja, la carne de vacuno, el maíz y el algodón que se encuentran entre las principales causas de la deforestación», insiste. «Además, el aumento de las exportaciones socavaría el reglamento de la UE sobre cadenas de suministro libres de deforestación y contradiría el objetivo de la UE de alcanzar la neutralidad climática para 2050″.
«La evaluación del impacto social y ambiental de este acuerdo comercial ha sido un mero trámite. La política comercial de la UE no se puede construir escondiendo debajo de la alfombra la deforestación», afearon las organizaciones. De igual modo, subrayaron que «todo lo que rodea el acuerdo UE-Mercosur es tóxico» y que el apoyo del Gobierno de España «contradice sus compromisos frente al cambio climático y los derechos humanos». En este sentido, COAG reclama al Ejecutivo central y a la Comisión Europea, además de las cláusulas espejo, controles rigurosos en frontera y «un etiquetado obligatorio de origen claro y visible en todos los productos». «Los consumidores tienen derecho a saber qué están comprando y apoyar la producción local«, defienden. Por su parte, los ecologistas van un paso más allá y exigen el rechazo íntegro al acuerdo.
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