Esta semana hemos asistido en Davos al discurso del primer ministro de Canadá, Mark Carney, considerado histórico por mucha prensa generalista, por ser certero en el análisis y un cierre del “viejo orden mundial basado en normas”. Un calificativo, el de histórico, algo exagerado pues Carney no propone cambios de fondo, aunque sí de alianzas.

Un discurso tan sincero como hipócrita

Honesto con la actualidad internacional, Carney ha sido también muy hipócrita. No ha reconocido que, lo que llama “viejo orden”, no es que ahora sea injusto, sino que las injusticias inherentes a él, ahora dañan a Canadá. De ahí su reclamo de un mundo basado en valores y normas, sin hegemonías. 

Estas llamadas al respeto del Derecho internacional significan dos cosas. Por una parte, que sigue gozando de un apoyo mayoritario en el imaginario, pues marca las líneas rojas que aseguran la coexistencia pacífica. Esas reglas, inspiradas en la Carta de la ONU, no han cambiado en 80 años. Ni en la Guerra Fría; ni en la posterior hegemonía de EE. UU., finalizada en 2003 con la ilícita invasión de Iraq; ni en este periodo de reconfiguración de los equilibrios, con dos superpotencias, China y EE. UU., y un reguero de potencias medias, como Rusia, la UE, Brasil, India o Sudáfrica.

En segundo lugar, que el nuevo orden mundial, el que fija el reparto de poder, se decidirá sobre las reglas clásicas del Derecho internacional. Los “órdenes mundiales” cambian porque son fruto de su momento histórico. Y ese cambio puede venir desde el derecho o contra él.  

Carney afirmaba que ahora “el orden basado en normas se está desvaneciendo, que los fuertes pueden hacer lo que pueden y los débiles deben sufrir lo que deben». Evidentemente, los débiles ya conocían esta realidad y no es nueva. El líder canadiense no ha reconocido la participación de su país en las injusticias, pero sí reconoce que “prosperó” bajo el mismo orden.   

Canadá ha participado, con EE. UU., en el genocidio en Gaza, colaborando con Israel; y en las guerras ilegales (por distintas razones) en Kosovo, Afganistán, Siria o Libia. Canadá, este mismo mes, no ha condenado la agresión a Venezuela. Carney reclama en su discurso el mantenimiento de los principios jurídicos que ordenan el Derecho internacional, a saber, “prohibición de uso de la fuerza, integridad territorial, soberanía, independencia, derechos humanos y cooperación”. Pero es incapaz de denunciar y reaccionar cuando todos ellos son violados.

Cualquier estudio objetivo de los conflictos internacionales en los últimos 30 años situará a la OTAN en el centro de la belicosidad mundial. Esa otra evidencia de la que en Occidente no queremos hablar. Carney, cuando habla de crear un “nuevo orden”, no se atreve a proponer el desmantelamiento de la OTAN. Al contrario, se reafirma en su adhesión a la misma. Cuando Europa y Canadá entiendan que la OTAN no necesariamente les ha protegido nunca, es posible que sí se inicie un cambio de era basado en las mismas normas de Derecho internacional que ya tenemos, pero más justo y equilibrado. Eso sí sería histórico. 

La propuesta de Canadá: más Derecho internacional

El “nuevo orden” que propone Carney es un mayor respeto al mismo sistema jurídico. Insiste, varias veces en su discurso, en apoyar un modelo basado en los principios y procedimientos que ya existen. No enmienda el Derecho internacional, sino que lo abraza. Una forma suave de reconocer que, hasta ahora, no lo hacían del todo. Una gran noticia.

Canadá se suma a lo que ya hacía el Sur Global, con Brasil, Sudáfrica, México, Colombia y, en menor medida, India, a la cabeza. Con más fuerza aún, los Estados pequeños y empobrecidos, los que necesitan el Derecho internacional para existir. 

Este EE. UU. de Trump ha reculado cada vez que el propio Canadá, México, Brasil o China han respondido a las amenazas en su contra, y su valentía les honra, con represalias, previstas en las normas internacionales. Trump solo sale victorioso de los encontronazos con la UE y el Reino Unido porque practican la técnica, estúpida ante un matón, de la distensión. Y Carney, sin duda un firme defensor de las represalias pacíficas, ha comprobado que funcionan. 

El primer ministro canadiense acusa a las “potencias” de desmontar el viejo orden mundial. Lo dice en genérico, pero sabe que esa estrategia es la estadounidense, no la del resto. Ni tan siquiera la de Rusia, potencia media también, que no puede liderar ningún cambio de calado. China no está jugando a eso y Carney lo sabe (y por eso pacta con ella). China defiende un orden basado en reglas comunes y previsibles, porque su forma de ampliar su influencia no es agresiva. 

¿Qué propone entonces Canadá? Propone, en lo jurídico, más cooperación, más diplomacia, más tratados internacionales, mejores organizaciones internacionales y más multilateralismo. Propone “inversiones colectivas”, “normas compartidas”, “diferentes coaliciones para diferentes cuestiones basadas en valores e intereses comunes” y “crear instituciones y acuerdos que funcionen tal y como se describe”. Es decir, construir más normas de Derecho internacional, partiendo de las existentes, que sean más efectivas, menos injustas.

En definitiva, Carney no viene a proponer un cambio jurídico internacional. Su discurso suena nuevo porque es un líder occidental. Es nuestro eurocentrismo el que nos ha impedido ver lo que ocurría. Canadá y la UE están sorprendidas ante la arrogancia y la violencia de EE. UU. El resto del mundo, no.

Carney no se atreve a romper del todo con EE. UU., pero sí hace una cosa crucial: anuncia públicamente el fin de la hegemonía estadounidense, también en el bloque occidental. Le niega el bilateralismo que Trump anhela, y exhorta al resto a seguir esa vía.  

Plantea un multilateralismo económica y militarmente neoliberal, favorable a las grandes empresas. En lo geopolítico, una suerte de “no alineamiento” frente a las potencias, siguiendo las propuestas del candidato de izquierda a la presidencia francesa, Jean Luc Melenchon. Tal vez las llamadas del Sur Global sobre un futuro con normas y valores respetados lleguen tanto a los liberales canadienses y los “rojos” europeos. Sería un inicio.

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El pasado 31 de Octubre, el Consejo de Seguridad (CS) de la ONU, aprobó la Resolución 2797 (2025) sobre la situación del Sáhara Occidental. Una nueva resolución, como cada año, que si bien incluye alguna novedad, no es un cambio de rumbo y debe ser analizada tanto jurídica, como política y diplomáticamente.

Este texto ha generado una ola de titulares y editoriales de los medios españoles conservadores y los cercanos a la dictadura marroquí, repleto de falsedades y equivocaciones.

Desde un punto de vista jurídico, es preciso señalar varias cuestiones:

1º.- El CS no representa a la ONU, eso sólo lo hace la Asamblea General, donde tienen voz y voto todos los Estados miembros. El Consejo, sin embargo, son sólo 15 Estados. Ninguna Resolución del CS resume la postura jurídica, o política, de la ONU. Véanse las diferencias entre la postura de la Asamblea General condenando el genocidio en Gaza o el bloqueo de Cuba y la inacción del CS. La ONU, si es algo, es la Asamblea, el lugar en el que la creciente soledad de Estados Unidos aparece más destacada.

2º.- La Resolución 2797 (2025) es necesaria porque cada año hay que renovar, o no, la Misión de Paz (los conocidos como Cascos Azules) en el Sáhara Occidental, la denominada MINURSO. La “R” en el nombre de esta misión se refiere a que su objetivo es organizar el “R”eferéndum de libre determinación del Sáhara. Su renovación en esta resolución implica, necesariamente, que la MINURSO debe seguir intentando lograr esta consulta.

3º.- La resolución no niega el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui. Al contrario, el tercer párrafo del preámbulo menciona los principios de la Carta ONU, en general, y el de libre determinación, en particular. En la parte dispositiva, la más importante, este derecho del Sáhara Occidental como pueblo ocupado por Marruecos y bajo administración colonial (ausente) de España, es subrayado en su tercer apartado cuando plantea “el objetivo de alcanzar una solución política final y mutuamente aceptable que garantice el derecho a la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental”.

4º.-La obligatoriedad de las Resoluciones del Consejo de Seguridad. Suele decirse que las resoluciones del consejo son obligatorias. No lo son siempre. Sólo aquellas que así lo indiquen, que sean conformes a la Carta ONU y que no violen ninguna norma imperativa del Derecho Internacional. El derecho a la libre determinación de los pueblos colonizados es una norma de obligado cumplimiento que no admite norma, incluidas las resoluciones del CS, en sentido contrario. Que el pueblo saharaui debe ejercer el mismo, mediante referéndum, ya lo certificó la Corte Internacional de Justicia en 1975 y todas las resoluciones hasta ahora, incluida la última. Si alguna vez una resolución del CS negara este derecho al Sáhara Occidental sería nula de pleno derecho.

5º.- El plan de autonomía de Marruecos aparece en esta resolución, en su segundo apartado, como “base” para unas negociaciones, que deben realizarse “sin condiciones previas” y que puede recibir otras “aportaciones constructivas” de las partes. Desde un punto de vista jurídico, nunca se ha negado que, cuando el pueblo saharaui (no los colonizadores marroquíes) vote en referéndum, una posible opción, libre, sería integrarse voluntariamente en Marruecos. O en Argelia. O en Mauritania. O ser un estado independiente. Esta resolución deja claro que, pese las presiones, sólo el Frente Polisario representa diplomáticamente al pueblo saharaui; que debe haber un referéndum, y que únicamente decidirá el pueblo (el que vive bajo ocupación militar en los territorios ocupados y el que está en los campos de refugiadas en Argelia).

Desde un punto de vista político y diplomático:

1º.- La resolución aprobada demuestra la fuerza de EE.UU, Francia y España como grandes enemigos de la causa saharaui por su alianza con la dictadura marroquí. Que el gobierno de Sánchez haya aceptado la soberanía, inexistente, de Marruecos sobre el Sáhara no es sólo la tradicional traición del PSOE al pueblo saharaui. Es una violación de las normas imperativas de derecho internacional por parte de España. Con consecuencias jurídicas y diplomáticas para todo el país.

2º.- La inclusión en el texto del plan marroquí, aunque sin otorgarle derechos soberanos sobre el Sáhara, es un éxito diplomático de Marruecos porque sus altavoces mediáticos han transformado el contenido de la misma afirmando falsamente que la ONU asume su plan. Es otro trampantojo de Trump, impulsar algo ruidoso y vacío de contenido para contentar a sus estados satélites.

3º.- La negativa de Argelia incluso a participar en la votación y la mención expresa de Rusia y otros Estados del Consejo de Seguridad sobre la necesidad de celebrar el referéndum aclara mejor el fracaso de Trump. Este texto solo se ha aprobado porque en el último borrador se han incluido las demandas del pueblo saharaui junto a las de Marruecos. La idea inicial era incluir sólo las de Marruecos.

De esta manera, es urgente explicar a la ciudadanía española que la ONU sigue defendiendo el referéndum de libre determinación del Sahara Occidental, que España sigue siendo la potencia colonial que debería administrar el territorio y organizar la consulta, que el Frente Polisario es el único representante legítimo de este pueblo y que la propaganda marroquí, y del Gobierno español, sólo pretende acabar con las esperanzas de un pueblo por la vía de los hechos. En nuestra mano, también, está impedirlo.

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