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✇Ecologistas en Acción

Un año más realizamos nuestra Asamblea anual y un balance de las actividades llevadas a cabo durante el año anterior

Por: Rota
  • Desde el año 1984 que este grupo ecologista inició su andadura muchos han sido los asuntos que han preocupado -y siguen preocupando- y se han abordado, todos ellos con la finalidad de proteger, defender y cuidar nuestro medioambiente y entorno rural y urbano.

Se destaca, en su balance, su descontento y desazón ante muchas situaciones y circunstancias que son consecuencia directa del cambio climático y, sin embargo, no se le está dando la importancia que debiera, además de hacer caso omiso de la normativa y legislación al respecto. Otras, se convierten en tareas habituales.

Se consiguió el establecimiento de una Ordenanza Municipal de protección del camaleón; no obstante, se debe estar constantemente controlando que la cartelería esté colocada y visible y las medidas protectoras y de vigilancia se lleven a cabo.

Cada vez que un nuevo suelo se declara urbanizable o se prepara para ello son constantes las reuniones con Delegadas/os y técnicas/os para informar de la adopción de medidas favorables para la conservación de su hábitat.

El establecimiento de la Zona de Reserva Permanente fue un logro, no obstante, si no se siguen las indicaciones adecuadas no se conseguirá que el camaleón progrese y perviva.

Más grave aún, si cabe, es la situación del chorlitejo patinegro. Sus expectativas de supervivencia en nuestras playas se plantean dudosas.

Resulta curioso que siendo nuestra localidad el lugar de la provincia de Cádiz donde más puestas se registran no es así en el número de ejemplares que consiguen sobrevivir; el 90% de las puestas en la zona de Los Corrales se ha perdido.

Es evidente el desinterés, por parte de las administraciones, en colaborar realmente con la protección de esta ave limícola.

Año tras año se señalan los terribles impactos que sufren: perros sueltos, presencia de gatos ferales, tránsito y ocupación del sistema dunar, paso de vehículos por zonas de reproducción, la instalación de la zona de playa canina en hábitat de reproducción, el exceso de ocupación por parte de los chiringuitos…sin embargo no se adoptan medidas para evitarlas y corregirlas.

Son habituales dos campañas que se llevan a cabo; una es la de la protección de “las tres mosquiteras” para informar, sensibilizar y concienciar sobre la importancia de evitar la extinción de estas aves -vencejo común, golondrina y avión común-, ya que son aves que contribuyen al control de una biodiversidad sana y equilibrada al alimentarse de miles de insectos, evitando así las graves consecuencias de su proliferación.

La otra campaña se centra en la eliminación de especies invasoras que son aquellas que se han introducido por efecto de la acción humana, pero que no se encuentran en su área natural de distribución. Estas especies suelen proliferar fácilmente provocando la alteración en los ecosistemas y desplazando a las especies autóctonas; todo ello produce efectos devastadores para la flora y el entorno natural.

Por otro lado, este año se ha vuelto a llevar a cabo una campaña en pro del cierre y no instalación de duchas y lavapiés en nuestras playas y zonas anexas.

No hay justificación para la instalación de estos dispositivos, que no deberían instalarse independientemente del estado de los embalses.

El agua es un bien necesario, escaso, insustituible e irreemplazable. Nada puede justificar que se pueda derrochar un bien tan preciado que debería ser objeto de respeto por parte de las administraciones y la ciudadanía.

Otro tema que suscita interés y preocupación, a este colectivo, es la excesiva proliferación de chiringuitos en nuestras playas, litoral y cordón dunar.

La regresión de línea costera es una evidencia que se ve incrementada con estos establecimientos; se denota exceso de espacio de ocupación, movimientos de arena perjudiciales, afectación al sistema dunar, daños a flora y fauna, contaminación…un impacto medioambiental irreparable.

Muchas son las solicitudes de autorizaciones y expedientes que se han tramitado intentando que la administración sea más expeditiva en el cumplimiento de la legislación proteccionista.

Destacar la participación, del colectivo ecologista, en la conmemoración del “Día de las Vías Pecuarias”, en la marcha ciclista lúdico/reivindicativa “Vía Verde Entre Ríos”, en el “Día de los Humedales” y, este año, en la organización y desarrollo de la “IV Asamblea Andaluza de Encuentros” que tuvo lugar en Tarifa.

Por último, mencionar la asistencia a todas las convocatorias provinciales que se han realizado en apoyo al pueblo palestino y contra el genocidio de Gaza, así como a las movilizaciones y encuentros en contra de la reapertura de las Minas de Aznalcóllar y sus peligrosos vertidos.

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✇Ecologistas en Acción

Cierran otro camino público en Grazalema

Por: Arcos de la Frontera
  • Ecologistas en Acción Sierra de Cádiz ha denunciado al ayuntamiento de Grazalema y a la dirección del Parque Natural Sierra de Grazalema el cierre del camino del Quejigalillo por el propietario de la finca Las Albarradas. Es lamentable que se sigan cerrando y usurpando caminos públicos en este parque natural ante la inacción de las administraciones responsables de garantizar su uso por la ciudadanía.

Cancela cerrada con candado y con carteles amenazantes para impedir que los senderistas transiten por ese camino

Los caminos públicos son las vías de comunicación que se han utilizado tradicionalmente para transitar personas, caballerías y mercancías entre los pueblos y   núcleos de población rural, configurado un patrimonio natural, etnológico e histórico de un enorme valor y trascendencia.

Los caminos públicos son de titularidad municipal, pero el hecho de que la mayoría de los ayuntamientos, incluido el de Grazalema, no tenga aprobado ni inscrito en el registro de la propiedad el inventario de caminos públicos dificulta la defensa de esos bienes de dominio público y facilita su cierre y usurpación por los propietarios de las fincas por los que discurren.

La legislación sobre la titularidad municipal de los caminos públicos es clara, así como la obligación de las Entidades Locales a formar un inventario general consolidado de todos sus bienes y derechos e inscribirlos en el Registro de la Propiedad. Se pueden citar el Código Civil, la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Real Decreto legislativo 781/1986, la Ley 7/99 de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, la Ley 32/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas y el Decreto 18/2006 por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. Esta misma legislación determina que las Entidades Locales están obligadas a ejercitar las acciones e interponer los recursos, de cualquier carácter, que sean precisos y procedentes para la adecuada defensa de sus bienes y derechos.

Pues bien, esta inacción municipal incentiva a propietarios privados a apropiarse de los caminos públicos. Tras los casos no resueltos de cierre y apropiación de los caminos públicos del Puerto de Boyar al Salto del Cabrero y de Benamahoma a Zahara, ahora la propiedad de la finca Las Albarradas ha cerrado el camino público del Quejigalillo, que discurre entre el puerto del Boyar y el pueblo de Benaocaz a través del puerto de Las Presillas. Este mismo propietario es el que mantiene cerrado el camino público del Puerto de Boyar al Salto del Cabrero. Este propietario ha instalado unos carteles en la cancela instalada ilegalmente indicando falsamente que se trata de un camino “particular” y advirtiendo a las personas que recorren este camino del peligro por “actividad cinegética”.

Hay que destacar que la Ley 2/2003 de Flora y Fauna Silvestre de Andalucía determina que los caminos públicos son zonas de seguridad en los que “deben adoptarse medidas precautorias especiales, con el objeto de garantizar la integridad física y la esfera de libertad de las personas y sus bienes, quedando prohibido con carácter general el uso de armas de fuego, así como el disparo en dirección a las mismas…”. Por tanto, la Consejería de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía, que autoriza los cotos de caza, debe garantizar que no se cace cerca de los caminos públicos para garantizar la seguridad de sus usuarios, lo que evidentemente no se hace. Por tanto, esa señalización es innecesaria e ilegal y sólo pretende atemorizar y disuadir a las personas para que no transiten por ese camino.

Este camino está incluido en el Inventario de Caminos Públicos de Grazalema que se terminó en 2019, financiado por la Diputación, y que incluye a 61 caminos. Desde entonces el ayuntamiento de Grazalema tiene paralizada su aprobación, incumpliendo sus obligaciones legales y favoreciendo su cierre y usurpación.

Ecologistas en Acción Sierra de Cádiz exige al ayuntamiento y a la Junta de Andalucía que se retire la cancela y los carteles amenazantes, y se garantice el tránsito público por este camino histórico.

Así mismo, exigimos al ayuntamiento de Grazalema que apruebe el Inventario de Caminos Públicos e inscriba los 61 caminos del término municipal en el Registro de la Propiedad y en el Catastro, blindándolos así de cierres y usurpaciones.

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