La Region de Murcia se ha configurado durante bastante tiempo como un territorio con problemas de calidad del aire y contaminación atmosférica. La contaminación de origen antropogénico tiene que ver con el  tráfico rodado urbano e interurbano, las emisiones industriales y las quemas agrícolas; a las que se unen las periódicas intrusiones de polvo sahariano, cada vez más. La contaminación del aire no es solamente un  problema medioambiental que afecta a vegetación y cultivos, sino un problema de salud publica.

El camino hacia una resolución y mitigación de los problemas de calidad del aire debe poner el acento en el control y  disminución de la emisiones industriales y el tráfico rodado en nuestra región estableciendo estrategias de calidad del aire que vayan directamente a la disminución de la contaminación atmosférica producida por  estos dos grandes focos.

En la redacción del informe hemos tenido en cuenta la obsoleta legislación sobre los valores límite de contaminantes y la nueva Directiva de Calidad del Aire, que se acercan a las directrices de la OMS, y los valores  límite propuestos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La Nueva Directiva es el resultado de un acuerdo político en el parlamento europeo mientras que los valores límite de la OMS, están basados en
el peso de la evidencia científica. En la descripción de los contaminantes aludimos a las tres referencias.

La región necesita una Estrategia para la Mejora de la Calidad del Aire que todavía no se ha elaborado. Solamente existía un borrador desde 2019 que no se había desarrollado. Ecologistas en Acción Región  Murciana siguen reclamando a la Dirección General de Medio Ambiente la pronta elaboración y la información pública de este plan. Reclamamos que se planteen como objetivos de calidad los valores límite de las  directrices de la OMS, basados en el peso de la evidencia científica disponible. Es necesario un Plan específico del control de Ozono troposférico, contaminante crónico en la región. Debe tener una financiación  suficiente para su desarrollo y con medidas preventivas, de información y concienciación ciudadana sobre la calidad del aire. En octubre de 2025, el Consejero declaraba que la Dirección General de Medio Ambiente tiene muy adelantado un borrador de la Estrategia de Calidad del Aire de la Región de Murcia que se espera someter al procedimiento de información pública a principios de 2026. Según el consejero, el documento  sentará las bases para el cumplimiento de los objetivos de la legislación europea a partir del 2030, que también presenta nuevas exigencias relativas al diseño de las redes de calidad del aire.

Ecologistas en Acción reclama que la Dirección General de Salud Pública de Consejería de Salud realice de informes y estudios epidemiológicos que analicen los impactos en la salud pública derivados de la  contaminación industrial y del tráfico, así como de las intrusiones naturales de polvo sahariano. Necesitamos conocer las afecciones derivadas de la contaminación atmosférica en la región sobre los grupos de población más vulnerables (infancia, personas con patologías previas y personas mayores).

Continuar con la mejora y la modernización de la red de vigilancia atmosférica es una tarea directa. Se han dado pasos en nuevas estaciones fijas, en la sustitución de analizadores de contaminantes y en la  modernización en general por la Dirección General de Medio Ambiente. Sin embargo, todavía las red ha tenido incidencias técnicas en los medidores que han supuesto ausencia de datos, falsas superaciones, fallos de comunicaciones, datos no válidos, etc. Ecologistas en Acción ha señalado en este informe una serie de propuestas de modernización así como un verdadero programa escalonado de modernización de la red con un  presupuesto asociado.

No todos los contaminantes establecidos por la normativa se miden en cada una de las once estaciones fijas. Es necesario que se midan todos contaminantes como el amoniaco (NH₃), SH₂ y o contaminantes como  el benceno, tolueno y xileno (BTX).

Hay que mejorar la información pública y accesibilidad de la página web sobre calidad del aire. La información sobre calidad del aire no siempre está tan accesible como sería  deseable. En general, es complicado acceder a la página web donde se ofrece la información, de forma que a efectos de accesibilidad ésta no se encuentra realmente disponible para la ciudadanía, a no ser que  dispongan del tiempo y de los conocimientos necesarios para investigar en la información de la página web.

El ozono troposférico (O₃) se ha convertido en un contaminante crónico en la Región de Murcia. La  normativa actual y la nueva Directiva UE establecen el valor limite octohorario en 120 microgramos/metro cúbico, mientras que la Organización Mundial de la Salud establece el valor limite octohorario en 100 microgramos/metro cúbico. Durante 2025, el ozono troposférico ha afectado a todo el territorio murciano, con casi todas las estaciones de medición registrando numerosas superaciones de los valores octohorarios permitido por la normativa y  recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), recuperando las concentraciones medias previas a la pandemia de la COVID-19. De esta manera, los niveles de ozono han sido en la Región de Murcia  los más altos desde 2017, en buena medida por las altas temperaturas y elevada radiación solar durante este verano, en especial durante las dos intensas y prolongadas olas de calor de junio, julio y agosto.

Así, en conjunto han aumentado las superaciones del valor objetivo legal para la protección de la salud en un 1 % respecto al promedio del periodo 2012-2019. El empeoramiento de la situación ha sido en especial  significativo en el Altiplano, el área metropolitana de Murcia y la Vega Oriental, con un aumento del número de días por encima del objetivo legal de respectivamente el 7 %, el 9 % y el 23 %, sobre la media de 2012-2019, tomando como referencia para dicho periodo en el caso del Altiplano y la Vega Oriental el promedio de superaciones de la estación Caravaca, en la zona Noroeste. Por el contrario, el ozono se ha reducido fuertemente en el Guadalentín, con una disminución del número de días con mala calidad del aire por encima del objetivo legal del 66 %, sobre la media de 2012-2019, aunque en la Región de Murcia las  oscilaciones interanuales e intrarregionales son históricamente muy fuertes. Diez de las doce las estaciones que miden este contaminante han registrado superaciones de la guía OMS en más de 75 días. Es decir, que  si se les aplicara el mismo criterio establecido por la obsoleta normativa vigente para evaluarlo (un máximo de 75 superaciones del objetivo legal en tres años), solo en 2025 la mayor parte de las estaciones murcianas habría sobrepasado todas las superaciones admisibles durante tres años. Los peores registros se han dado en las estaciones Jumilla (Altiplano) y Alumbres (Escombreras), alcanzando respectivamente 111 y 107 días  de superación, hasta el 30 de septiembre. Habiendo descendido en la Región de Murcia durante 2025 las superaciones de la guía OMS en un 7 % respecto a la media del periodo 2012-2019.

La normativa estatal establece un valor límite diario de protección de la salud para las PM₁₀ de 50 microgramos por metro cúbico (μg/m³), que no puede superarse en más de 35 ocasiones por año y la Organización Mundial de la Salud establece un valor limite diario de 45 microgramos por metro cúbico (μg/m³), que no puede superarse tres días. Según la normativa actual, que se ha quedado obsoleta, la estación  de Lorca es donde se producen más superaciones de los niveles de partículas. Sin embargo, según los criterios más estrictos de la Organización Mundial de la Salud, prácticamente todas las estaciones de la red de  vigilancia atmosférica superarían los valores límite de exposición a partículas PM₁₀, siguiendo como contaminante crónico de la región. La llegada de masas de polvo del Sahara a la región es cada vez más  recurrente, con un impacto significativo en la contaminación atmosférica y la salud pública. Independientemente de cuál sea su origen, natural o antropogénico, los niveles de partículas PM₁₀ por encima de los  valores límite tienen severas afecciones sobre la salud humana. La Organización Mundial de la Salud establece valor medio anual de 20 microgramos/m³ del cual no tenemos datos.

Las PM_2,5, al ser tan pequeñas y de escaso peso, tienden a permanecer más tiempo en el aire  que las partículas más pesadas. Tiene una relación directa con las emisiones del tráfico rodado. Dos estaciones urbanas, San Basilio en Murcia Ciudad y Molina concentran las máximas superaciones del valor limite  diario establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 15 microgramos/m³, Les siguen Ronda Sur en Murcia y Mompeán en Cartagena, también estaciones urbanas. lo que evidencia el origen en las  emisiones del tráfico rodado.

El dióxido de nitrógeno (NO₂) proviene en su mayor parte de la oxidación del monóxido de nitrógeno (NO) cuya fuente principal son las emisiones provocadas por el tráfico rodado. Murcia, como una veintena de  ciudades medias y grandes, que suman casi 12 millones de habitantes y una cuarta parte de la población española, han superado durante 2025 el nuevo valor límite anual establecido por la Unión Europea para el  dióxido de nitrógeno (NO₂), emitido al aire urbano principalmente por el tráfico motorizado que accede y circula por nuestras calles.

La legislación establece española, ya obsoleta, establece un valor límite horario de NO₂ muy alto, de 200 µg/m³. En el año 2025 no se ha producido ninguna superación este valor límite horario, La Organización  Mundial de la Salud ha establecido un valor limite diario de 25 microgramos/m³. Siguiendo este último criterio las estaciones urbanas de San Basilio y Ronda Sur en Murcia y Mompeán en Cartagena concentran el  mayor número de superaciones del valor límite de la OMS confirmando el origen en el tráfico rodado de estas emisiones.

Las emisiones de dióxido de azufre (SO₂) estaban circunscritas fundamentalmente al Valle de Escombreras y se deben fundamentalmente a las emisiones de las actividades industriales-energéticas. No se han  producido superaciones del valor límite diario de la normativa y el valor limite diario de las directrices de la OMS. Se confirma así la tendencia decreciente de la contaminación por dióxido de azufre.

Los contaminantes benceno, tolueno y xileno (BTX) no se miden en las estaciones de Caravaca, Jumilla, Lorca y Valle. Sobre el benceno, a legislación establece un valor medio límite de 5 µg/m³ en un año, pero la  Dirección General de Medio Ambiente no ofrece el dato para el año 2025, La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el benceno es carcinógeno para los seres humanos, y no hay nivel seguro de exposición que pueda ser recomendado. No existe un valor límite de exposición ciudadana al tolueno en la normativa de calidad del aire.

Para el arsénico, cadmio, níquel y benzo(a)pireno la Dirección General de Medio Ambiente ha elaborado un informe. Tras el análisis de los datos obtenidos en las estaciones de medición de La Aljorra y San Basilio,  representativas de las zonas ES1417 (Región Litoral Sur) y ES1416 (Región Interior) en el periodo comprendido entre febrero y agosto de 2025, cuyas conclusiones se pueden sintetizar en que los niveles registrados  de metales pesados (arsénico, cadmio, níquel y plomo) y de benzo(α)pireno, determinados mediante muestreo discontinuo conforme a las Normas UNE-EN 12341:2015, UNE-EN 14902:2006 y UNE-EN  15549:2008, se han mantenido muy por debajo de los valores objetivo establecidos en el Anexo I del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

El monóxido de carbono (CO) solamente se mide en las estaciones de Mompeán y San Basilio. El valor límite diario del monóxido de carbono para la protección de la salud se establece en 10 mg/m³ . No se ha  producido ninguna superación del valor límite diario en 2020. Los valores medios diarios han oscilado en torno a 1mg/m³. Ecologistas en Acción demanda que el monóxido de carbono se mida en toda las  estaciones de la red regional de vigilancia atmosférica.

Un problema cada vez más creciente de calidad del aire es las emisiones a la atmósfera de amoniaco (NH₃) procedente de la ganadería industrial intensiva en general, y de la porcina en particular. Este contaminante se mide en la estación de San Basilio en Murcia y, desde el 13 de febrero, en la estación de Lorca. Una reciente Investigación del Departamento de Ciencias de la Tierra del Centro Nacional de Supercomputación  (BSC-CSN), señala a la Región de Murcia la segunda más contaminada de España después de Cataluña.

El problema de la contaminación por las quemas agrícolas tanto legales como no autorizadas no ha sido resuelto. Todavía se produce contaminación atmosférica derivada de la quema de residuos agrícolas. No hay  atos institucionales del volumen, tipo y número de estas fuente de deterioro de la calidad del aire El humo que se genera está formado por contaminantes como metano (CH₄), monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO 2 ), hidrocarburos y partículas PM₁₀, PM_2,5 y PM₁ (cuyas concentraciones pueden llegar a alcanzar valores extremadamente elevados). Una alternativa a las quemas es la recogida y trituración  de podas. Ayuntamientos como el de Murcia y Cieza y se recogen más restos agrícolas procedentes de la poda para su depósito en el contenedor reservado a este fin o para su trituración. También ha subido el número de usuarios que solicitan este servicio municipal. En la ciudad de Murcia, los datos del primer semestre de 2025 arrojan un balance de 421 participantes que han depositado casi 135.000 kilos de restos de residuos  vegetales agrícolas procedentes de sus podas.

La contaminación industrial y minera es otro problema no resuelto en nuestra región En enero de 2026, el gobierno estatal comenzaba a atender una de las principales reclamaciones de los vecinos de la Sierra Minera de Cartagena y La Unión. El Ministerio retiraba tierras contaminadas por residuos mineros en ramblas del Mar Menor. Se comenzaba a transportar sedimentos con metales pesados a las balsas que está sellando y a  depósitos autorizados, para evitar la dispersión de partículas tóxicas, entre ellas la dispersión eólica o aérea. La Sierra Minera de Cartagena-La Unión (Murcia), inoperativa desde 1990, presenta niveles elevados de  toxicidad fruto de los elementos potencialmente tóxicos contenidos en sus residuos. Un estudio en el que participa la Universidad Complutense de Madrid revela concentraciones de arsénico, cadmio y plomo en  muestras de suelos y agua que son perjudiciales para la salud humana.

Por otro lado, la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) tiene dos estaciones fijas de medición de la calidad del aire en la dársena de Escombreras. La contaminación de esta zona proviene en gran medida de la  descarga de graneles de los barcos. La APC no ofrece información pública de los valores de contaminantes en la dársena de Escombreras. Ecologistas en Acción reclama que estas dos estaciones se incluyan en la red  regional de vigilancia atmosférica y la instalación de otra estación medidora en el muelle de cruceros de la dársena de Cartagena, con de analizadores específicos para los contaminantes emitidos por la combustión  del fuel oíl de cruceros. La estación urbana de Mompeán, situada a sotavento, no está preparada para el análisis y control de las emisiones de los cruceros que llegan a Cartagena.

Después del cierre antigua fábrica de Española del Zinc (Zinsa), hace 17 años. Los seiscientos vecinos/as de Torreciega, siguen teniendo, junto a sus casas los restos tóxicos de la extinta actividad industrial: las balsas de químicos y residuos peligrosos, las montañas de escorias de la metalurgia del zinc, así como los acopios y escombros de la demolición de los edificios. Dos resoluciones judiciales ordenaron sellar los  contaminantes en 2021 y 2024 sin que se llevara finalmente a cabo por parte de la administración regional. Se está procediendo al vaciado de depósitos con residuos y se exigirán nuevas actuaciones para continuar  con la descontaminación.

En 2025, han continuado los problemas ambientales y sociales derivados de los episodios de contaminación por malos olores, que se han convertido en una constante en la región, aunque los episodios han sido menos numerosos que el año pasado. Especialmente, han tenido importancia las movilizaciones contra las plantas de biogás y los malos olores. Hay que destacar que durante todo el año ha habido movilizaciones ciudadanas en San Javier, Molina, Lorca, Mazarrón, Murcia, Mula y Torres de Cotillas por los riegos de contaminación atmosférica derivados del aluvión de los macroproyecto de plantas de biogás que pretenden  instalarse en la región.

No existe una legislación estatal sobre contaminación odorífera. Cataluña fue la primera comunidad que elaboró un anteproyecto en el año 2005 para regular la contaminación por olores estableciendo valores límite,  sanciones y técnicas para el análisis de impacto, pero nunca fue aprobado. La única comunidad autónoma con una ley que regule la contaminación odorífera es Andalucía, con el Decreto 239/2013 del 12 de julio,
donde se regula la calidad del medio ambiente atmosférico. Se introduce en el artículo 19 el término de olfatometría dinámica y la importancia de la norma UNE-EN 13725:2004. Ecologistas en Acción vienen reclamando una moratoria de las macrogranjas de agricultura intensiva y planta de biogás, así como una ley regional de contaminación odorífera que establezca mecanismos de control,  elimine los focos de exposición a los malos olores.

El futuro de un horizonte de aumento de la calidad del aire y de mitigación de los episodios de contaminación pasa por desarrollar medidas preventivas y urgentes. Las principales medidas de actuación para reducir la  contaminación atmosférica tienen como objetivos: la reducción del tráfico motorizado en las áreas metropolitanas, disminuyendo la necesidad de movilidad con un urbanismo de proximidad y potenciando en las  ciudades el transporte público (en especial el eléctrico) y los medios no motorizados como la bicicleta o el tránsito peatonal; la reconversión ecológica del transporte interurbano desde la carretera a un ferrocarril  convencional mejorado y socialmente accesible. Ecologistas en Acción se muestra bastante critico con los proyectos descafeinados de Zonas de Bajas Emisiones. La organización ecologista ha propuesto la declaración de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) con restricciones en su perímetro para el acceso a los vehículos más contaminantes y el establecimiento en el casco urbano de la velocidad límite a 30 km/h en  Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura.

También, vías para la mejora de la calidad del aire son el ahorro y la eficiencia energética; la recuperación de los estímulos para la generación eléctrica renovable, en  sustitución de las centrales termoeléctricas a partir de combustibles fósiles; la adopción generalizada de las mejores técnicas industriales disponibles para la reducción de la contaminación; la disminución de las  emisiones del transporte marítimo mediante la creación ágil de un Área de Control de Emisiones (ECA) ambiciosa para el Mar Mediterráneo; una moratoria para las nuevas grandes explotaciones ganaderas  intensivas; y una fiscalidad ambiental que corrija de manera inmediata el favorable tratamiento otorgado desde hace años a la aviación y a los vehículos diésel, causantes estos últimos del 80 % de las emisiones contaminantes del tráfico urbano e interurbano.

 

 

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La entrada [Informe] La calidad del aire en la Región de Murcia durante 2025 aparece primero en Ecologistas en Acción.

• Las principales ciudades superaron en 2025 el nuevo límite legal de contaminación por dióxido de nitrógeno.
• Sevilla se encuentra entre las 8 ciudades más contaminadas por dióxido de nitrógeno de toda España.

Ecologistas en Acción demanda la implantación en las ciudades españolas de zonas de bajas emisiones eficaces y protocolos frente a episodios de mala calidad del aire.

Con los datos provisionales recopilados por Ecologistas en Acción de las estaciones oficiales de control de la calidad del aire de una veintena de ciudades medias y grandes, que suman casi 12 millones de habitantes y una cuarta parte de la población española, se comprueba que todas ellas han superado durante 2025 el nuevo valor límite anual establecido por la Unión Europea para el dióxido de nitrógeno (NO2), emitido al aire urbano principalmente por el tráfico motorizado que accede y circula por nuestras calles.

Aunque en los últimos años ha venido reduciéndose paulatinamente la presencia de este contaminante en el aire que respiramos, sobre todo por efecto de la renovación del parque de automóviles y del mayor peso de los de gasolina sobre los diésel, las dieciocho ciudades analizadas deberán hacer un mayor esfuerzo para cumplir el nuevo valor límite legal.

Los niveles más elevados de este contaminante se han registrado durante el año pasado en las estaciones Plaza Elíptica de Madrid, Avenida Juan XXIII de Málaga, Granada Norte, Eixample de Barcelona y San Basilio de Murcia, con una concentración media anual en torno a 30 microgramos por metro cúbico de aire (μg/m3), frente a los 20 μg/m3 que deben alcanzarse antes del 1 de enero de 2030 y los 10 μg/m3 recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ninguna ciudad española incumplió en 2025 el obsoleto valor límite anual vigente, establecido en 40 μg/m3, que no se supera en España desde 2022.

Otras trece ciudades analizadas también han superado durante el año pasado el nuevo límite legal de NO2, destacando las estaciones Felisa Munárriz en Pamplona (27), Olivereta de València (26), Torneo en Sevilla (25), María Díaz de Haro en Bilbao (25), Oeste en Vigo (25), Palacio de Deportes en Oviedo (24) y Plaza de Pontevedra en A Coruña (23). Las ciudades que registraron concentraciones de NO2 más bajas fueron Palma (Foners, 22), Córdoba (Avenida Al-Nasir, 22), Zaragoza (Avenida de Soria, 21), Burgos (Avenida de Cantabria, 21), Valladolid (Arco de Ladrillo, 20) y Santa Cruz de Tenerife (Piscina Municipal, 20), las dos últimas sólo unas décimas por encima del nuevo límite legal a cumplir en 2030.

Ecologistas en Acción considera que las elevadas diferencias entre las estaciones de medición de ciudades con poblaciones similares como Málaga, Sevilla o Zaragoza entre las más grandes y Granada, Palma o Valladolid entre las intermedias obedece a la deficiente ubicación de muchas estaciones supuestamente orientadas al tráfico, que no se están emplazadas en los “puntos críticos” de contaminación, según establece la nueva normativa.

Esto conlleva que las mediciones de las ciudades con niveles de NO2 más bajos o de otras ciudades medias como Alicante, Cartagena, Elche y Las Palmas de Gran Canaria que ni siquiera disponen de estaciones orientadas al tráfico no resulten representativas de la calidad del aire que respira buena parte de sus habitantes, según han acreditado las campañas de medición de NO2 realizadas en los últimos años por Ecologistas en Acción.

La organización ambiental reclama por ello al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que obligue a revisar la ubicación de las estaciones oficiales de control de la calidad del aire de las ciudades españolas, para adaptarlas a los nuevos criterios legales de localización. En cualquier caso, dado que todas las ciudades analizadas incumplirían el nuevo límite legal, Ecologistas en Acción pide políticas de mejora de la calidad del aire que reduzcan la presencia de automóviles en nuestras áreas urbanas.

En este sentido, vencido hace tres años el plazo para que los 150 municipios de más de 50.000 habitantes establecieran zonas de bajas emisiones y aprobaran protocolos de actuación frente a episodios de mala calidad del aire, la mayoría de las ciudades no han cumplido siquiera formalmente estas obligaciones legales, además de resultar inoperantes las hasta ahora aprobadas. Ecologistas en Acción exige la implantación en las ciudades españolas de zonas de bajas emisiones eficaces y protocolos frente a episodios de mala calidad del aire.

Por otro lado, y a la vista de la necesidad de acciones contundentes que permitan rebajar los niveles de contaminación del aire, la organización ecologista valora de forma muy negativa la prórroga que ha aprobado la Comisión Europea en relación a la prohibición de la venta de vehículos de combustión prevista para 2035. Esta medida manda un mensaje completamente equivocado tanto en materia de reducción de emisiones tóxicas para la salud como de gases de efecto invernadero.

El dióxido de nitrógeno es un gas tóxico que al inhalarse afecta a los tramos más profundos de los pulmones, inhibiendo algunas funciones de los mismos, como la respuesta inmunológica, con la consiguiente merma de la resistencia a las infecciones, siendo responsable de 4.100 muertes prematuras en 2023 en España, según el último informe sobre la calidad del aire publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente.

 

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Con los datos provisionales recopilados por Ecologistas en Acción de las estaciones oficiales de control de la calidad del aire de una veintena de ciudades medias y grandes, que suman casi 12 millones de habitantes y una cuarta parte de la población española, Valladolid entre ellas, se comprueba que todas han superado durante 2025 el nuevo valor límite anual establecido por la Unión Europea para el dióxido de nitrógeno (NO2), emitido al aire urbano principalmente por el tráfico motorizado que accede y circula por las calles.

Aunque en los últimos años ha venido reduciéndose paulatinamente la presencia de este contaminante en el aire que respiramos, sobre todo por efecto de la renovación del parque de automóviles y del mayor peso de los de gasolina sobre los diésel, las dieciocho ciudades analizadas deberán hacer un mayor esfuerzo para cumplir el nuevo valor límite legal.

Los niveles más elevados de este contaminante se han registrado durante el año pasado en las estaciones Plaza Elíptica de Madrid, Avenida Juan XXIII de Málaga, Granada Norte, Eixample de Barcelona y San Basilio de Murcia, con una concentración media anual en torno a 30 microgramos por metro cúbico de aire (μg/m3), frente a los 20 μg/m3 que deben alcanzarse antes del 1 de enero de 2030 y los 10 μg/m3 recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ninguna ciudad española incumplió en 2025 el obsoleto valor límite anual vigente, establecido en 40 μg/m3, que no se supera en España desde 2022.

Otras trece ciudades analizadas también han superado durante el año pasado el nuevo límite legal de NO2, destacando las estaciones Felisa Munárriz en Pamplona (27), Olivereta de València (26), Torneo en Sevilla (25), María Díaz de Haro en Bilbao (25), Oeste en Vigo (25), Palacio de Deportes en Oviedo (24) y Plaza de Pontevedra en A Coruña (23). Las ciudades que registraron concentraciones de NO2 más bajas fueron Palma (Foners, 22), Córdoba (Avenida Al-Nasir, 22), Zaragoza (Avenida de Soria, 21), Burgos (Avenida de Cantabria, 21), Valladolid (Arco de Ladrillo, 20) y Santa Cruz de Tenerife (Piscina Municipal, 20), las dos últimas sólo unas décimas por encima del nuevo límite legal a cumplir en 2030.

Ecologistas en Acción considera que las elevadas diferencias entre las estaciones de medición de ciudades con poblaciones similares como Málaga, Sevilla o Zaragoza entre las más grandes y Granada, Palma o Valladolid entre las intermedias obedece a la deficiente ubicación de muchas estaciones supuestamente orientadas al tráfico, que no están emplazadas en los “puntos críticos” de contaminación, según establece la nueva normativa.

Esto conlleva que las mediciones de las ciudades con niveles de NO2 más bajos o de otras ciudades medias como Alicante, Cartagena, Elche y Las Palmas de Gran Canaria que ni siquiera disponen de estaciones orientadas al tráfico no resulten representativas de la calidad del aire que respira buena parte de sus habitantes, según han acreditado las campañas de medición de NO2 realizadas en los últimos años por Ecologistas en Acción.

La organización ambiental reclama por ello al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que obligue a revisar la ubicación de las estaciones oficiales de control de la calidad del aire de las ciudades españolas, para adaptarlas a los nuevos criterios legales de localización. En cualquier caso, dado que todas las ciudades analizadas incumplirían el nuevo límite legal, Ecologistas en Acción pide políticas de mejora de la calidad del aire que reduzcan la presencia de automóviles en nuestras áreas urbanas.

En este sentido, vencido hace tres años el plazo para que los 150 municipios de más de 50.000 habitantes establecieran zonas de bajas emisiones, la implantada con dos años y medio de retraso en Valladolid está resultando inoperante para mejorar la calidad del aire en la ciudad, por su pequeño tamaño y la laxitud de las restricciones de acceso establecidas. Ecologistas en Acción ha demandado por ello al Ayuntamiento de Valladolid ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, pidiendo una zona de bajas emisiones eficaz.

La organización ambiental ha recurrido además la suspensión arbitraria de la zona de bajas emisiones durante la concentración motorista Pingüinos, que demuestra el nulo compromiso municipal con la mejora de la calidad del aire y sacrifica el derecho a la salud y al medio ambiente por los intereses económicos de una entidad privada como Turismoto, y pide que se impida la circulación masiva de motos de gran cilindrada por la ciudad durante este fin de semana, facilitando el acceso al centro de los motoristas en transporte público.

Por otro lado, y a la vista de la necesidad de acciones contundentes que permitan rebajar los niveles de contaminación del aire, la organización ecologista valora de forma muy negativa la prórroga que ha aprobado la Comisión Europea en relación a la prohibición de la venta de vehículos de combustión prevista para 2035. Esta medida manda un mensaje completamente equivocado tanto en materia de reducción de emisiones tóxicas para la salud como de gases de efecto invernadero.

El dióxido de nitrógeno es un gas amarillento tóxico que al inhalarse afecta a los tramos más profundos de los pulmones, inhibiendo algunas funciones de los mismos, como la respuesta inmunológica, con la consiguiente merma de la resistencia a las infecciones, siendo responsable de 4.100 muertes prematuras en 2023 en España, según el último informe sobre la calidad del aire publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente.

 

 

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• Ecologistas en Acción exige el cumplimiento de la Zona de Bajas Emisiones de la Cartuja que el pacto PP-VOX pretende boicotear.
• Alerta del retroceso social y ambiental en Sevilla tras el pacto PP–Vox. 

Ecologistas en Acción ha mostrado su «estupor» ante el pacto alcanzado entre PP y Vox para la aprobación de los presupuestos municipales de 2026 en Sevilla, que incluye la flexibilización de las sanciones vinculadas a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la Cartuja, impedir el acceso al padrón municipal de personas inmigrantes en situación administrativa irregular y la prioridad en «combatir la proliferación de manteros».

La organización ecologista considera que esta decisión supone un incumplimiento de la propia Ordenanza municipal de ZBE y alerta de que, además de suponer una burla a la Ley, aumentaría la contaminación atmosférica que ya sufre la ciudad. Se trata de una medida ilegal, similar a la adoptada en otros ayuntamientos de derecha.

La entidad ha anunciado que permanecerá vigilante para garantizar que se cumple la única ZBE planteada por el Ayuntamiento de Sevilla en la Isla de la Cartuja. Ecologistas en Acción advierte de que, de materializarse la flexibilización anunciada, se estaría vulnerando el Real Decreto 1052/2022 que regula las ZBE, así como la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética.

Las Zonas de Bajas Emisiones están concebidas para reducir las emisiones derivadas de la movilidad urbana y forman parte de las obligaciones recogidas en la normativa estatal sobre cambio climático. Ecologistas en Acción recuerda que el objetivo último de estas zonas es mejorar la calidad del aire y mitigar los impactos del cambio climático, favoreciendo un modelo de movilidad más sostenible, inclusivo y seguro, que priorice el transporte público y la movilidad activa a pie o en bicicleta.

El Real Decreto establece, además, que las ZBE deben evitar una mayor concentración de vehículos contaminantes en su perímetro para impedir el empeoramiento de la calidad del aire, el ruido y las condiciones ambientales. La organización ecologista considera que las medidas anunciadas por el Ayuntamiento irían en sentido contrario a esta obligación.

Según el último informe estatal de Ecologistas en Acción sobre la calidad del aire, basado en datos oficiales de siete estaciones de control en Sevilla, la contaminación procedente del tráfico rodado ha aumentado en la ciudad y se registran superaciones de los valores límite recomendados por la Organización Mundial de la Salud y por la normativa vigente.

En este sentido, Ecologistas en Acción subraya que la calidad del aire en Sevilla está estrechamente vinculada a enfermedades respiratorias. La contaminación derivada del tráfico —incluyendo partículas finas (PM2.5), dióxido de nitrógeno (NO₂) y compuestos orgánicos volátiles— penetra profundamente en los pulmones, irrita las vías respiratorias y provoca inflamación, favoreciendo patologías como el asma, la bronquitis crónica o la EPOC. La organización recuerda que la exposición continuada a estos contaminantes incrementa también el riesgo de cáncer de pulmón, especialmente en áreas urbanas con altos niveles de polución. Recordar que se producen alrededor de unas 600 muertes prematuras al año debido a la contaminación atmosférica en Sevilla(1). Debilitar la ZBE de la Cartuja, advierte la entidad, supone reducir una herramienta clave para proteger la salud pública y la calidad de vida de la población sevillana.

La entidad denuncia también la ausencia de indicadores claros para evaluar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la ZBE de la Cartuja, así como la inexistencia de una estación de control de la calidad del aire en la zona, lo que a su juicio impide un seguimiento adecuado.

Ante esta situación, Ecologistas en Acción solicitará al Ministerio de Transportes la retirada de la subvención de fondos Next Generation, que supera los tres millones de euros y fue solicitada por el Ayuntamiento de Sevilla para la implantación de la ZBE. La organización considera que existe un incumplimiento manifiesto de la normativa reguladora, ya que la medida municipal no contemplaría restricciones de acceso ni sanciones para los vehículos más contaminantes, siguiendo —según afirma— las condiciones exigidas por Vox al PP para la aprobación de las cuentas municipales.

También recuerda que ya en 2023 propuso la ampliación de las Zonas de Bajas Emisiones en Sevilla, con especial atención al Casco Antiguo y al conjunto histórico de Triana, en línea con las zonas recogidas en el «Plan Respira». A su juicio, estas áreas sí cumplirían con buena parte de los requisitos establecidos en el Real Decreto 1052/2022.

Ecologistas en Acción muestra su preocupación por el contenido social del acuerdo alcanzado entre PP y Vox, que pasa —según denuncia la organización— de impedir el acceso al padrón municipal de personas inmigrantes en situación administrativa irregular. Para Ecologistas en Acción, esta medida supone criminalizar y desproteger a quienes ya sufren una situación de mayor vulnerabilidad, dificultando su acceso a derechos básicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales, y vulnerando el principio de solidaridad que debería guiar las políticas públicas.

La organización recuerda que muchos colectivos sociales que trabajan en apoyo a personas migrantes insisten en que la llamada «proliferación de manteros» no puede abordarse desde la persecución policial ni la criminalización, sino afrontando las causas que llevan a muchas personas a sobrevivir con la venta ambulante, como la falta de alternativas laborales, la irregularidad administrativa o la exclusión social. A su juicio, la respuesta justa y eficaz pasa por garantizar derechos, facilitar vías de regularización y ofrecer oportunidades de empleo digno, y no por señalar a quienes ya viven en una situación límite.

Por último, Ecologistas en Acción concluye que el pacto PP–Vox «supone un doble retroceso»: por un lado, en materia de derechos y cohesión social, al dificultar la vida de las personas migrantes más vulnerables; y por otro, en la protección ambiental y de la salud pública, al rebajar las herramientas destinadas a reducir la contaminación. La organización demanda políticas basadas en la solidaridad, la justicia social y la protección ambiental, en lugar de medidas que —a su juicio— castigan a quienes menos tienen y relajan la defensa del bien común.

1. Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal).

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