• Una investigación de Ecologistas en Acción desvela cómo las subvenciones al sector primario están contribuyendo a la crisis de biodiversidad.
• La eliminación o reformulación de estos incentivos era un compromiso del gobierno que debía haberse abordado en 2025.

Ecologistas en Acción, en colaboración con Economistas sin Fronteras, hace público un informe en el que identifica los incentivos perjudiciales para la biodiversidad en el Estado español dentro del sector primario, como parte de su campaña Sin Biodiversidad No Hay Vida. La investigación, que ha durado un año y es la primera en este campo realizada para nuestro país, ha indagado en los datos oficiales de las cuentas nacionales y autonómicas. Analiza las políticas fiscales de las que se benefician los sectores agrario, pesquero y forestal y su impacto en los ecosistemas y la extinción de especies.

El informe concluye que las administraciones públicas concedieron 8.000 millones de euros en el 2024 a actividades y empresas relacionadas directamente con la pérdida de biodiversidad. La cifra total es aún más alta, ya que estos números no incluyen otros sectores de gran impacto ambiental como el transporte y la energía. El presupuesto público anual para la conservación y restauración de la naturaleza, sumando Presupuestos Generales del Estado y fondos europeos, es de 2.000 millones de euros, cuatro veces inferior. Los datos evidencian una incoherencia fiscal. La brecha financiera nacional para cumplir con el Convenio de Diversidad Biológica es de 3.500 millones de euros. Reformar, reconducir o eliminar estas subvenciones resolvería este déficit.

Los gobiernos han incumplido su objetivo de repensar estos incentivos para transformar el 50 % de las subvenciones perjudiciales en el año 2025, tal y como establece el Plan estratégico estatal del patrimonio natural y de la biodiversidad a 2030. Abordar esta cuestión es una obligación incluida en la META 18 del Marco Mundial Kunming-Montreal. El Estado español no solo incumple compromisos internacionales, también perjudica su propio patrimonio natural –suelo, agua, bosques, mares y especies– al financiar actividades que aceleran su deterioro.

El informe revela que el 85% de las subvenciones más problemáticas son ayudas directas, la mayoría proveniente de fondos europeos para el sector agrario y forestal (PAC) y pesquero (FEMPA), aunque también se han señalado fondos Next Generation relacionados con la intensificación de regadíos y la bioenergía a partir de quema de biomasa forestal. El análisis también incluye exenciones fiscales, poniendo en la diana aquellas que benefician a plaguicidas y fertilizantes o al combustible para la pesca profesional.

Ecologistas en Acción señala que las subvenciones públicas son necesarias para apoyar al sector primario. Sin embargo, el sistema actual beneficia a grandes empresas y lobbies, en lugar de mejorar la situación de productores y productoras con niveles más bajos de renta, que a su vez son quienes más riqueza dejan en las comunidades. Alinear el sistema de ayudas públicas con la conservación y restauración de la naturaleza es una oportunidad para avanzar hacia políticas fiscales que protejan la biodiversidad y la economía rural y costera más vulnerable.

Informe: Incentivos perversos

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Abordar el reto de detener la crisis de pérdida de biodiversidad es una tarea que requiere de ambición y grandes cambios en el modelo socioeconómico sobre el que hemos construido nuestra sociedad. A la preocupante degradación ecológica de la naturaleza, que está poniendo al borde de la extinción a un alarmante número de especies en todo el planeta, ahora se suma una crisis de corte político que está desplazando cada vez más la conservación de la naturaleza del discurso de nuestros gobernantes. Vivimos un escenario de constante debilitamiento de la normativa ambiental y el aparato financiero que deberían salvaguardar y recuperar la biodiversidad y asegurar el cumplimiento de acuerdos internacionales como el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, nuestra mejor herramienta para lograr transitar con éxito esta década decisiva para hacer realidad el objetivo de vivir en armonía con la naturaleza.

La plena aplicación de la Estrategia de Biodiversidad de la UE para 2030 y el Reglamento sobre la Restauración de la Naturaleza necesitan, respectivamente, 48.000 millones y 154.000 millones de presupuesto anual. Y dicho dinero debe provenir de fuentes de financiación pública. Los fondos públicos son el principal motor de la protección y restauración justas y efectivas de la biodiversidad, y no deben ser sustituidos por mecanismos de financiación privados. Es prioritario no sólo defender y reforzar un gasto presupuestario público en esta dirección, sino atacar aquellos instrumentos financieros que empeoran la situación, destruyendo la biodiversidad a costa de dinero público.

Identificar y corregir las subvenciones perjudiciales para la biodiversidad en el Estado español eliminará una amenaza recurrente y uno de los mayores obstáculos para progresar en la conservación de los ecosistemas, reduciendo el déficit de financiación y proporcionando los fondos necesarios para la conservación y la restauración de la naturaleza.

No sólo eso, redirigir esos flujos hacia actividades que contribuyan a recuperar hábitats y especies generará escenarios de coexistencia entre los sectores económicos que acaparan esas ayudas y la naturaleza a la que amenazan. Al mismo tiempo, presenta una oportunidad para reformular los mecanismos de financiación desde una perspectiva de justicia social, repartiendo el gasto público para beneficiar a los sectores más vulnerables creando nuevas narrativas de respeto a la naturaleza y ajuste a los límites planetarios.

La campaña Sin Biodiversidad No Hay Vida de Ecologistas en Acción, con la colaboración de Economistas Sin Fronteras, asume la ardua tarea de ofrecer una primera aproximación al funcionamiento de los sistemas de ayudas públicas que generan un impacto negativo en la biodiversidad y los aparatos normativos que incentivan ese daño. Para lograrlo, aborda un análisis general de las ayudas concedidas en el ejercicio 2024 en el Estado español para el sector primario: agrario, pesquero y forestal. De esta forma, se ofrecen las primeras pistas para lograr el cumplimiento de una de las metas prioritarias del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, aquella que pone fecha a la eliminación y reforma de los incentivos perjudiciales para la biodiversidad.

Detener la pérdida de biodiversidad no es un compromiso que pueda aplazarse. En los últimos 50 años se ha producido una disminución de la biodiversidad de entre un 2% y un 6% por década. Si no confluyen todos los sectores económicos, niveles gubernamentales y estratos sociales caminando juntos en esa dirección, evitar el colapso de los ecosistemas no estará a nuestro alcance. No se trata de preservar una u otra especie, sino de garantizar que sociedad y naturaleza cohabitan en equilibrio permitiendo una mutua supervivencia. Porque sin biodiversidad, no hay vida.

Incentivos perversos. Cómo se subvenciona la destrucción de la biodiversidad en el Estado español.

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• La organización ecologista reclama a las comunidades autónomas que en la reunión del Comité de Flora y Fauna Silvestre, prevista para el 17 de febrero, apoyen la declaración de la anguila como especie “en peligro de extinción” dentro del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE), como paso imprescindible para la recuperación de sus poblaciones.
• La anguila europea (Anguilla anguilla) fue declarada “en peligro crítico de extinción” por la UICN en 2008, por lo que requiere una protección estricta desde hace mucho tiempo, con medidas como la veda total de pesca, tanto en fase adulta como el alevín (la angula).

La anguila europea es la especie de pez que ha sufrido una regresión más severa durante las últimas décadas en la península ibérica. El reclutamiento de nuevos ejemplares de anguila ha sufrido un extraordinario y rápido declive en toda su área de distribución europea desde 1980, alcanzando en el presente siglo un mínimo histórico con valores de entre 1 % y 5 % de los existentes hace 50 años. En la península ibérica ha perdido el 80 % del área de distribución que ocupaba.

El Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) aconseja, desde hace años, que se aplique el criterio de precaución a la anguila europea, lo que implica cero capturas en todos los edades de la especie, tanto angulas como anguilas, así como la  eliminación de todos los impactos antropogénicos que disminuyen la producción y migración hacia el mar de las anguilas adultas. Hay que tener en cuenta que la anguila es una especie migratoria que desova en el mar de los Sargazos, cerca del Golfo de México. Las larvas migran hacia las costas europeas, remontando los ríos donde maduran, para volver de adultas otra vez al mar a reproducirse.

Las causas fundamentales del declive de las poblaciones de anguilas son la proliferación de barreras —que les impide remontar los ríos— y la presión pesquera sobre la especie, tanto legal como ilegal. Su pesca y consumo es un negocio muy lucrativo por su alto valor económico, y genera una presión enorme sobre la viabilidad de la especie. “No es comprensible que en el Estado español se siga permitiendo la pesca de una especie en peligro de extinción, sería como autorizar la caza de linces o águilas imperiales”, afirman desde la organización ecologista.

Actualmente hay comunidades autónomas, como Asturies, Cantabria, Catalunya, Galiza y País Valencià, que siguen permitiendo la pesca de las angulas. Otras, en cambio,  ya han vedado sus capturas:  Andalucía (en 2010), Baleares (2022) y Euskadi (2025).

Por ello, Ecologistas en Acción apoya la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de incluir la anguila europea en el listado LESRPE y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría de “en peligro de extinción”para prohibir así su pesca en todo el país. El Comité Científico avala esta propuesta, además de que existe un consenso generalizado en la literatura científica sobre el estado crítico de la población de anguila europea, que se encuentra fuera de los límites biológicos de seguridad.

Sin embargo, la pesca no es la única amenaza que sufre la especie. Además de esta medida, la organización ecologista propone la aprobación de un plan de recuperación de la anguila, que incluya la eliminación de las barreras existentes en su periplo migratorio; la instalación de rutas seguras para su paso, estableciendo para ello caudales ambientales mínimos que garanticen de manera continuada el desplazamiento de la especie a lo largo del curso fluvial; y la mejora de su hábitat y de la calidad de las aguas de los ríos y estuarios.

Por último, Ecologistas en Acción valora especialmente la actitud de un importante grupo de profesionales de la cocina de reconocido prestigio que han renunciado a cocinar angulas y están apoyando la prohibición de su pesca para poder contribuir a la recuperación de sus poblaciones.

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• La organización ecologista analiza las estrategias española y europea de biodiversidad a la luz del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, el documento legal que aprobó el Convenio de Diversidad Biológica en 2022 durante la COP15. 
• El Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad roza el aprobado con una puntuación de 2,39 en una escala de 1 a 4 (el aprobado es un 2,5). Tiene algunos puntos fuertes, pero también otros muy débiles.
• Ecologistas en Acción considera que la Estrategia Europea Biodiversidad 2030 es deficitaria. Con una puntuación de 1,78 en las escala de 1 a 4 no se puede decir que recoja ni siquiera una parte significativa de los elementos exigidos por el Convenio para aplicar el Marco Mundial a cada territorio o país.

El Convenio de la Diversidad Biológica es el equivalente al de Cambio Climático para la otra gran pata de la crisis ecológica: la extinción masiva de especies y la degradación de los ecosistemas. Desde 1992 se han celebrado 16 COP (Conferencias de las Partes), que es el órgano donde se toman decisiones de obligado cumplimiento para todos los países.

En la COP15 de 2022 se adoptó el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que recoge la estrategia mundial que todas las partes deben aplicar en sus territorios para detener en 2030 la pérdida de biodiversidad y lograr un uso sostenible de la naturaleza. España, como país miembro, lo debe aplicar, igual que la Unión Europea, la única parte del Convenio que no es un Estado sino un organismo continental.

Ecologistas en Acción analizó el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, un documento aprobado en 2022 por el gobierno central para sistematizar las acciones que deben desarrollar ese Marco Mundial de Biodiversidad en el Estado español. El documento contiene 176 acciones concretas. La organización ecologista ha desarrollado un exhaustivo trabajo de análisis para comprobar si las acciones incluidas son suficientes para que España logre aportar su contribución a la conservación de la biodiversidad mundial. La respuesta es que no, aunque hay que matizar.

Por un lado, el documento estatal es bueno en la aplicación de las metas 1 a 8, lo que se conoce como Bloque 1: reducir las amenazas a la biodiversidad. En estas ocho metas obtiene una valoración entre 3 y 4, en una escala que va de 1 a 4. Esto significa que contiene medidas amplias y adecuadas para hacer frente a las amenazas directas a la biodiversidad. El Bloque 2: satisfacer las necesidades de las personas mediante la utilización sostenible y la participación en los beneficios contiene 5 metas que obtienen puntuaciones entre 2 y 4, con un aprobado justo en general.

Sin embargo, el Bloque 3: herramientas y soluciones para la implementación y la integración, es el que presenta un suspenso general en la estrategia española. Todas las medidas merecen una valoración entre 2 (graves déficits) y 1 (meta no recogida en absoluto), y solo se salva la meta 21 sobre el acceso a la información científica sobre los estados y tendencias de la biodiversidad. Es precisamente este bloque 3 el que prevé en el MMBKM incluir a toda la sociedad en la conservación de la naturaleza. Para detener la crisis ecológica es necesario que todas las políticas sectoriales y en todas las administraciones públicas incluyan medidas de protección de las especies y los ecosistemas, es necesario involucrar a las empresas y el sector financiero, cambiar radicalmente el consumo para que deje de contribuir a la degradación ambiental, eliminar los subsidios perjudiciales para la biodiversidad y financiar adecuadamente las políticas de conservación y dar el protagonismo a las mujeres, a las niñas, a los pueblos indígenas y las comunidades locales. En todo esto falla estrepitosamente el Plan Estratégico Estatal.

Ecologistas en Acción, consciente de la gravedad de la situación, incluye en el informe hasta 132 propuestas en positivo para transformar la sociedad y la economía en el cauce de poder satisfacer el bienestar humano respetando los límites del mundo natural. Una batería ambiciosa de propuestas que podrían llevar, con la implicación del gobierno, a mayores cotas de bienestar sin hipotecar el futuro de las generaciones jóvenes que se enfrentan a un porvenir amenazador.

Por otro lado, la Unión Europea lanzó en 2020 su Estrategia Biodiversidad 2030. Un documento que, analizado con los mismos criterios, arroja un plan totalmente insuficiente, que es indigno para Europa, y que queda muy alejado de la ambición que sería necesaria para lograr una auténtica política comunitaria que contribuya a salvaguardar la biodiversidad en el planeta. La mayoría de las 23 metas del MMB están recogidas en esta Estrategia de forma deficiente o muy deficiente, lo que arroja un balance del conjunto del documento desolador: 1,78 puntos sobre 4 posibles (escala de 1 a 4). Por ello, Ecologistas en Acción alerta de que, de no revisarse y revertirse urgentemente las políticas europeas de naturaleza, resultarán en un fracaso en toda regla, y un incumplimiento legal, de la UE ante el Convenio de Diversidad Biológica. La realidad, más preocupante aún, es que la actual oleada de desregulación liderada por la Comisión Europea de Von der Leyen van camino de erosionar y degradar todavía más las políticas ambientales europeas en todos los ámbitos, incluído el de conservación de la naturaleza.

Informe

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• Se abre una nueva campaña de firmas para que la ciudadanía pueda mostrar su apoyo y exigir que las leyes de la naturaleza no se toquen ni se ponga en riesgo la salud del planeta ni la de los seres humanos.
• La coalición Hands Off Nature, integrada por organizaciones de la sociedad civil europeas comprometidas con la defensa de la naturaleza, presenta una nueva fase de la campaña conjunta para frenar los intentos de debilitar las leyes ambientales de la UE.
• En estos momentos está en peligro, entre otras normativas, la Directiva Marco de Agua, lo que supondría un gran retroceso en la protección de ríos, acuíferos, humedales y zonas costeras.
• El pasado otoño la campaña logró casi 200.000 apoyos en apenas diez días instando a la Comisión Europea a poner fin al retroceso de las normativas ambientales europeas. 

Firma ahora: Mi salud y la naturaleza no están en venta

La coalición Hands Off Nature, formada en España por ClientEarth, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF, muestra su preocupación ante las propuestas de debilitar la normativa ambiental que se siguen promoviendo desde instituciones europeas. Las organizaciones denuncian que estos pasos atrás pueden erosionar las protecciones clave construidas durante décadas, que sostienen los procesos ecosistémicos esenciales para la vida humana y los espacios naturales.

La Comisión Europea publicó el octavo paquete ómnibus para “favorecer la competitividad y eliminar exigencias ambientales” pero estos cambios solo favorecen a las grandes empresas Pese a ello, está empeñada en provocar un gravísimo retroceso en la normativa ambiental, por ejemplo:

• Acelerando las evaluaciones ambientales de proyectos de infraestructuras, lo que supondría autorizar proyectos con graves y negativos impactos ambientales, sin las garantías de una adecuada evaluación.
• Modificando la Directiva sobre emisiones industriales y ganaderas, eliminando la exigencia del inventario de productos químicos y los inventarios e indicaciones de los planes de transformación.
• Eliminando la necesidad de informar sobre sustancias peligrosas impuesta por la Directiva Marco de Residuos, además de exonerar de responsabilidad a las empresas productoras.

Son especialmente graves los cambios que podrían debilitar leyes que afectan directamente a la protección del agua y hábitats acuáticos, con impactos para los humedales y la biodiversidad, así como las comunidades humanas, que dependen de ellos.

En este contexto, la Directiva Marco del Agua está en riesgo. Estos procesos abren la puerta a una reducción de obligaciones, controles y salvaguardas que han sido esenciales para mejorar la calidad y cantidad de las aguas, proteger los ecosistemas acuáticos y garantizar el acceso al agua en condiciones seguras para las personas.

La coalición subraya que debilitar esta directiva supondría un gran retroceso en la protección de los ecosistemas acuáticos como ríos, acuíferos, humedales y zonas costeras. Asimismo, se vería comprometida tanto la biodiversidad como la resiliencia frente a la contaminación, la sobreexplotación, la escasez hídrica y los impactos del cambio climático, en un contexto en el que la presión sobre los recursos hídricos no deja de aumentar.

El pasado mes de septiembre la coalición logró con su campaña, en apenas diez días, casi 200.000 firmas de apoyo de la ciudadanía europea. La campaña logró mandar un mensaje claro a la Comisión Europea, instándola a frenar el retroceso en las leyes ambientales. En esta segunda fase, se pide un nuevo impulso al blindaje de las normativas europeas y se anima a la ciudadanía a participar firmando la petición.

La campaña insiste en que:

• Los beneficios que los ecosistemas proveen a la naturaleza y los seres humanos están en riesgo, siendo necesario aplicar y mejorar la normativa existente en vez de debilitarla.
• Las protecciones en vigor no requieren un debilitamiento, sino mejor implementación y cumplimiento reforzado.
• La participación ciudadana informada es esencial para que cualquier reforma normativa respete tanto la ciencia como los derechos humanos a un medio ambiente sano.

En Europa la coalición está formada por BirdLife Europe, ClientEarth, EEB, de la que forma parte Ecologistas en Acción, y WWF UE. 

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• Erakundeek salatu dute hezeguneak direla gaur egun ekosistemarik degradatuenak, onura pribatua lehenesten duen eredu ekonomiko baten eta babes- eta leheneratze-politika publikoak sistematikoki ez betetzearen biktima.
• Uraren gehiegizko ustiapenak, nekazaritza-industria intentsiboak eta administrazio-ekintzarik ezak eragin dute Doñana bezalako espazio enblematikoak kolapso ekologikoaren ertzean egotea, eta degradazioaren egiturazko kausei heldu gabe jarraitzen dute.
• Amigas de la Tierra, AEMS–Ríos con vida, Asociación Española de Educación Ambiental, Ecologistas en Acción, Juventud por el Clima–Fridays For Future, la Global Nature Fundazioa,Lehengoratzeko Nazioarteko Fundazioa eta UGTk hezeguneak erdigunean kokatuko dituen asmo handiko Lehengoratze Plan Nazional bat eskatu dute. 

Foto de Lucas S. Barrero

Urtero, otsailaren 2an, Hezeguneen Munduko Eguna ospatzen da, 197zko Ramsar Hitzarmenaren sinaduraren oroimenez. Mende erdi baino gehiago igaro ondoren, aurrerapausoak eman beharrean, hezeguneen egoera kritikoa da. Hezegunak dira gaur egun planetako ekosistemarik degradatuenak, eta naturaren espoliazioaren sinbolo argienetako bat, gutxi batzuen onurari legentasuna ematen dion eredu ekonomiko baten aldetik, bizitzaren aurretik.

Ramsar Hitzarmeneko datuen arabera, 1700. urteaz geroztik munduko hezeguneen %90 inguru galdu dira. Suntsiketa hori modu dramatikoan bizkortu zen XX. mendean, eta gaur egun ere halaxe jarraitzen du. Espainia ez da prozesu horretatik kanpo geratu. MITECOren txostenen arabera, joan den mendearen bigarren erdirako jatorrizko ondare hezearen %60 eta %70 artean desagertu zen, batez ere drainatu eta nekazaritza-erabileretarako eta garapen ekonomikoari lotutako azpiegituretarako eraldatzeagatik.

Gaur egun, atzera egin beharrean , degradazioak bere horretan jarraitzen du.  Akuiferoen gehiegizko ustiapenak, nekazaritza-industria intentsiboaren hedapenak, kutsadura lausoak eta hirigintza-espekulazioak hezeguneak lehortzen, degradatzen eta pribatizatzen jarraitzen dute. Egoera hori ez da zoriaren edo akats teknikoen emaitza: interes ekonomiko zehatzei erantzuten die, erabaki politikoek babestutakoei, onura pribatua sistematikoki interes orokorraren aurretik jarri dutenei. Degradazio horrek, ingurumen-ondorioak ez ezik, gizarte- eta lan-ondorioak ere baditu. Hezeguneen narriadurak zuzenean eragiten die lurraldeetako bizi- eta lan-baldintzei, tokiko ekonomiak ahulduz, landa-inguruneari, uraren kudeaketari eta jarduera jasangarriei lotutako enplegua suntsituz, eta prekarietatea eta despopulazioa areagotuz.

Egiturazko degradazio horren adibideak lurralde osoan errepikatzen dira, oso ondo identifika daitezkeen zuzeneko arduradunekin eta hamarkadetan beste alde batera begiratu duten administrazio publikoekin. Doñanaren kasua paradigmatikoa da; izan ere, hainbat erakundek, hala nola Guadalquivirreko Konfederazio Hidrografikoak eta Andaluziako Juntak urteetan deskuidatu zuten ureztatzeko legez kanpoko ur-erauzketen kontrola, eta, gaur egun ere, nekazaritza intentsiboa hedatzen jarraitzen dute. Bi jarduketa horien ondorioz, kolapso ekologikoaren ertzean dagoen hezegune enblematiko hau ikertzen eta kondenatzen ari dira akuiferoaren espoliazioa eta ur-lapurreta, jabe handiak, hala nola Campos Peña familia, Casa de Alba edo El Litri toreatzailea.

2023an, Gobernuak 2030erako Hezeguneen Plan Estrategikoa onartu zuen, baina argi dago ez dela nahikoa garatu. Konpromiso horiek bete egin behar ziren, hala nola Hezeguneen Inbentario Nazionala eguneratzea, jabari publikoa osatzen duten hezeguneen mugaketa eta zedarritzea, lehengoratzeko lehentasunak identifikatzea edo hezeguneak lehortzeko legezko aukera ezabatzea. Gainera, gehiegi jardun denean, azaletik egin da, degradazioaren egiturazko kausei heldu gabe. Inbertsio publiko handiak uraren espoliazioa geldiarazten ez duten, nekazaritza-industria intentsiboaren presioak ezabatzen ez dituzten eta hezeguneen funtzionaltasun ekologikoa berreskuratzen ez duten proiektuetara bideratu dira. Doñana da, beste behin ere, adibide bereziki esanguratsua. Paduraren etorkizuna bermatzeko jarduketa giltzarriak, hala nola Caño Guadiamar eta Brazo de la Torreko birnaturalizazioa eta lehengoratze hidrikoa, blokeatuta daude oraindik. Asmo politikorik ezak eta Gobernuak padura lehortu zaharraren lursailak desjabetzeari uko egiteak, lurlari handien eskuetan, esku-hartze horiek linbo administratibo batean mantentzen dituzte, eta arriskuan jartzen dute Europako hezegune baliotsuenetako baten benetako berreskurapena.

Lehengoratzeko Plan Nazionala: alferrik galdu ezin den aukera

Natura Lehengoratzeko Europako Erregelamendua onartu ondoren bultzatutako Lehengoratzeko Plan Nazionala egiteko egungo testuinguruan, ingurumen- eta gizarte-erakundeek, besteak beste, honako hauek: AEMS – Ríos con vida, Amigas de la Tierra, Asociación Española de Educación Ambiental, Ecologistas en Acción, Juventud por el Clima – Fridays For Future, Global Nature Fundazioa, Ekosistemak Lehengoratzeko Nazioarteko Fundazioa eta UGT, norabide aldaketa sakona eskatzen dute.Hezeguneak lehengoratzeak funtsezko lekua izan behar du, eta ezin da mugatu jarduera kosmetikoetara, ezta erakundeen green-trang tresna bihurtu ere. Premiazkoa da lehenera daitezkeen hezeguneen zerrenda nazionala izatea, asmo handiko jarduera koherenteak lehenesteko, Hezeguneen Inbentario Nazionala osatzeko bi hamarkada baino gehiagoko atzerapenen ondoren, jabari publiko hidraulikoaren babesa eta kudeaketa eraginkorra bermatzeko, eta ekosistema horiek lehortzea ahalbidetzen duen edozein lege-zirrikitu ezabatzeko. Aldi berean, atzeraezina da nekazaritzaren eta abeltzaintzaren inpaktu intentsiboak nabarmen murriztea hezeguneen eragin-eremuetan, horiek baitira hezeguneen degradazioaren eragile nagusiak.

Bai, egin daiteke: ura itzuli, etorkizuna berreskuratu

Lurjabe gutxi batzuen interes ekonomikoaren alde jokatzen duen borondate instituzionalik ezaren aurrean, erakundeek argi eta garbi adierazi dute posible dela. Presioak kentzen direnean, ura ekosistemetara itzultzen da eta interes orokorra lehenesten da, hezeguneek erantzuten dute eta bizitza itzultzen da.

Azken urteotan badira beste bide bat posible dela frogatzen duten lehengoratze-adibideak. Esate baterako, Pletera (Girona), itsasertzeko hezegune multzo zaharra, hirigintza-proiektuek degradatua, azpiegiturak kendu eta dinamika hidriko naturala berreskuratu ondoren, bere funtzionaltasun ekologikoa berreskuratu duena, edo Campo de Lamas (Galiza), non lehortze historikoa lehengoratzeak hezegunea lehengoratzea ahalbidetu duen. Prozesu horiek erakusten dute hezeguneak lehengoratzeak biodibertsitatea eta uraren kalitatea hobetzeaz gain, memoria kolektiboa berreskuratzen duela, krisi ekologiko eta klimatikoaren aurrean erresilientzia indartzen duela eta etorkizunerako aukerak irekitzen dituela.

Lehengoratzeari ekiteko, beraz, trantsizio ekologiko justua egin behar da, interes orokorra erdigunean jarriko duena, enplegu duina eta eskubideduna bermatuko duena, inor atzean ez uzteko, zerbitzu publikoak indartuko dituena eta ingurumen- eta gizarte-kostuak sozializatu dituen ekoizpen-eredua zuzenduko duena, onurak gutxi batzuen esku jartzen zituen bitartean.

Ura hezeguneetara itzultzea ingurumen- eta gizarte-justizia kontua da. Lehortu zituztenei mugak jartzea esan nahi du, aberasteko eta lurraldearekiko harreman-eredu baten alde egiteko, bizitza zaintzeko. Hezeguneak lehengoratzea etorkizuna lehengoratzea da. Eta erabaki politiko horrek ezin du itxaroten jarraitu.

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• Las organizaciones denuncian que los humedales son hoy los ecosistemas más degradados, víctimas de un modelo económico que prioriza el beneficio privado y del incumplimiento sistemático de las políticas públicas de protección y restauración.
• La sobreexplotación del agua, la agroindustria intensiva y la inacción administrativa han llevado a espacios emblemáticos como Doñana al borde del colapso ecológico, mientras las causas estructurales de su degradación siguen sin abordarse.
• Amigas de la Tierra, AEMS–Ríos con vida, la Asociación Española de Educación Ambiental, Ecologistas en Acción, Juventud por el Clima–Fridays For Future, la Fundación Global Nature, la Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas y la UGT reclaman un Plan Nacional de Restauración ambicioso que sitúe los humedales en el centro.

Foto de Lucas S. Barrero

Cada 2 de febrero se conmemora el Día Mundial de los Humedales, en recuerdo de la firma del Convenio de Ramsar en 1971. Más de medio siglo después, lejos de celebrar avances, la situación de las zonas húmedas es crítica. Los humedales son hoy los ecosistemas más degradados del planeta y uno de los símbolos más claros del expolio de la naturaleza por parte de un modelo económico que prioriza el beneficio de unos pocos frente a la vida.

Según datos del propio Convenio de Ramsar, desde el año 1700 se ha perdido cerca del 90% de los humedales del mundo, una destrucción que se aceleró de forma dramática a lo largo del siglo XX y que continúa en la actualidad. España no ha sido ajena a este proceso. Según informes del MITECO, para la segunda mitad del siglo pasado había desaparecido ya entre el 60 y el 70% del patrimonio húmedo original, fundamentalmente por su drenaje y transformación para usos agrarios e infraestructuras asociadas al desarrollo económico.

Hoy, lejos de revertirse, la degradación continúa. La sobreexplotación de acuíferos, la expansión de la agroindustria intensiva, la contaminación difusa y la especulación urbanística siguen secando, degradando y privatizando los humedales. Esta situación no es fruto del azar ni de errores técnicos: responde a intereses económicos concretos, respaldados por decisiones políticas, que han puesto sistemáticamente el beneficio privado por delante del interés general. Esta degradación no sólo tiene consecuencias ambientales, sino también sociales y laborales. El deterioro de los humedales afecta directamente a las condiciones de vida y de trabajo en los territorios, debilitando economías locales, destruyendo empleo ligado al medio rural, a la gestión del agua y a actividades sostenibles, y aumentando la precariedad y la despoblación.

Ejemplos de esta degradación estructural se repiten a lo largo de todo el territorio, con responsables directos perfectamente identificables y con administraciones públicas que han mirado hacia otro lado durante décadas. Un caso paradigmático es el de Doñana, donde organismos como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Junta de Andalucía descuidaron durante años el control de las extracciones ilegales de agua para riego y, aún hoy, siguen permitiendo la expansión de la agricultura intensiva. La combinación de ambas actuaciones ha conducido a este emblemático humedal al borde del colapso ecológico, mientras grandes propietarios, como la familia Campos Peña, la Casa de Alba o el torero ‘El Litri’, están siendo investigados y condenados por el expolio y el robo de agua del acuífero.

En 2023 el Gobierno aprobó el Plan Estratégico de Humedales a 2030, sin embargo, su desarrollo ha sido claramente insuficiente. Compromisos que debían haberse cumplido como la actualización del Inventario Nacional de Zonas Húmedas, la delimitación y deslinde de los humedales que forman parte del dominio público, la identificación de prioridades de restauración o la eliminación de la posibilidad legal de desecar humedales, siguen sin materializarse. Cuando se ha actuado, además, en demasiadas ocasiones se ha hecho de forma superficial, sin abordar las causas estructurales de la degradación. Grandes inversiones públicas se han destinado a proyectos que no frenan el expolio del agua, no eliminan las presiones de la agroindustria intensiva ni recuperan la funcionalidad ecológica de los humedales. Un ejemplo especialmente significativo es, una vez más, Doñana. Actuaciones clave para garantizar el futuro de la marisma, como la renaturalización y la restauración hídrica del Caño Guadiamar y del Brazo de la Torre, continúan bloqueadas. La falta de ambición política y la negativa del Gobierno a afrontar la expropiación de los terrenos de la antigua marisma desecada, en manos de grandes terratenientes, mantienen estas intervenciones en un limbo administrativo, poniendo en riesgo la recuperación real de uno de los humedales más valiosos de Europa.

El Plan Nacional de Restauración: una oportunidad que no puede desaprovechar

En el contexto actual de elaboración del Plan Nacional de Restauración, impulsado tras la aprobación del Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza, organizaciones ambientales y sociales entre las que se encuentran AEMS–Ríos con vida, Amigas de la Tierra, la Asociación Española de Educación Ambiental, Ecologistas en Acción, Juventud por el Clima–Fridays For Future, la Fundación Global Nature, la Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas y la UGT reclaman un cambio profundo de rumbo. La restauración de humedales debe ocupar un lugar central y no puede limitarse a actuaciones cosméticas ni convertirse en una herramienta de greenwashing institucional. Es imprescindible contar de manera urgente con un listado nacional de humedales susceptibles de recuperación que permita priorizar actuaciones ambiciosas y coherentes, completar el Inventario Nacional de Zonas Húmedas tras más de dos décadas de retrasos, garantizar la protección y gestión efectiva del dominio público hidráulico y eliminar cualquier resquicio legal que permita la desecación de estos ecosistemas. Al mismo tiempo, resulta inaplazable reducir de forma drástica los impactos de la agricultura y la ganadería intensivas en las zonas de influencia de los humedales, responsables de buena parte de su degradación.

Sí se puede: devolver el agua, recuperar el futuro

Frente a la falta de voluntad institucional en favor del interés económico de unos pocos terratenientes, las organizaciones afirman con claridad que sí se puede. Cuando se eliminan las presiones, se devuelve el agua a los ecosistemas y se prioriza el interés general, los humedales responden y la vida vuelve.

En los últimos años existen ejemplos de restauración que demuestran que otro camino es posible. Es el caso de la Pletera (Girona), un antiguo complejo de humedales litorales degradado por proyectos urbanísticos que, tras la eliminación de infraestructuras y la recuperación de la dinámica hídrica natural, ha recuperado su funcionalidad ecológica, o el de Campo de Lamas (Galiza), donde la reversión de la desecación histórica ha permitido la regeneración del humedal. Estos procesos muestran que restaurar humedales no solo mejora la biodiversidad y la calidad del agua, sino que recupera memoria colectiva, refuerza la resiliencia frente a las crisis ecológica y climática y abre horizontes de futuro.

Abordar su restauración exige, por tanto, una transición ecológica justa, que ponga en el centro el interés general, garantice empleo digno y con derechos para no dejar a nadie atrás, refuerce los servicios públicos y corrija un modelo productivo que ha socializado los costes ambientales y sociales mientras concentraba los beneficios en manos de unos pocos.

Devolver el agua a los humedales es una cuestión de justicia ambiental y social. Significa poner límites a quienes los secaron para enriquecerse y apostar por un modelo de relación con el territorio que cuide la vida. Restaurar los humedales es restaurar el futuro. Y esa es una decisión política que no puede seguir esperando.

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