El 2 de febrero, se celebra el día internacional de los humedales. A pesar de la diversidad de estos espacios, siendo Aragón un buen ejemplo de ello y que son cruciales para detener la perdida de biodiversidad y contribuyen notablemente a la mitigación y adaptación al cambio climático, son considerados los ecosistemas más degradados del planeta. Su velocidad de pérdida es tres veces mayor que la de los bosques. Las zonas húmedas de agua dulce albergan el 10% de las especies animales del planeta, estando una cuarta parte de ellas en un alto riesgo de extinción según la UICN (Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza).

Ecologistas en Acción aprovecha esta conmemoración para alertar de la pasividad que el Gobierno de Aragón está demostrando a la hora de cumplir la normativa y aprobar o desarrollar los planes a los que está obligado y que son tremendamente necesarios para garantizar la conservación de nuestros humedales.

Aragón no cuenta todavía con su Plan Estratégico de Humedales, a pesar de que el Consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, anunció a los medios de comunicación, como gran actuación de su departamento, que estaría listo antes de finalizar 2025.

El Decreto 204/2010, por el que se crea el Inventario de Humedales Singulares de Aragón, establecía la necesidad de elaborar un Plan de Acción Plurianual, que se concebía como un documento marco para la planificación y gestión de los humedales aragoneses, contribuyendo, a falta de contar con el Plan Estratégico de Aragón, a la aplicación y desarrollo en nuestro territorio del Plan Estratégico Español. 15 años después todavía se le espera.

Aunque su situación no es diferente al resto de especies en riesgo, de las 12 especies ligadas a ambientes acuáticos que se encuentran catalogadas “en peligro de extinción” en la última revisión del catálogo de especies amenazadas de Aragón (Decreto 129/2022), sólo dos 2 de ellas (margaritona y cangrejo de río común) tienen aprobado su correspondiente plan de recuperación y ninguna de las consideradas como “vulnerables” cuenta con su plan de conservación, a los que se obligó el gobierno de Aragón al establecer su declaración.

22 años de la creación del Inventario Nacional de Zonas Húmedas, el Gobierno de Aragón no ha propuesto la inclusión de un solo humedal aragonés. Entre otros objetivos, este inventario es una herramienta normativa para que los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas indiquen las medidas de protección de los ecosistemas acuáticos. Esta carencia puede conllevar, por poner un ejemplo, a que en la planificación estatal de nuevos planes expansivos de regadíos se antepongan a las necesidades de conservación de algunos humedales de gran importancia como las saladas estepareas.

Desde 2011, Aragón no ha vuelto a solicitar la declaración de ningún espacio dentro del convenio Ramsar. Los 4 humedales aragoneses que cuentan en la actualidad con este reconocimiento internacional: Salada de Chiprana, Laguna de Gallocanta, Saladas de Bujaraloz-Sástago y Tremedales de Orihuela, se enfrentan a importantes amenazas relacionadas con la gestión del agua y el cambio climático sin apenas planes de gestión e inversión económica para paliar su situación.

Ecologistas en Acción va a desarrollar durante las próximas semanas varias iniciativas encaminadas a la conservación de los ecosistemas acuáticos aragoneses. Así va a proponer de nuevo la inclusión de los valles de Canal Roya e Izas como Reservas Hidrológicas fluviales al cumplir con los requisitos necesarios. También preguntará, una vez constituido el nuevo gobierno autonómico, por el destino de varias partidas presupuestarias de actuaciones anunciadas para 2025 en humedales aragoneses, algunas financiadas con fondos de programas europeos, que podrían no haberse ejecutado. Otra actuación prevista es solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que de cara a la pronta aprobación del Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza, incluya un listado de zonas húmedas susceptibles de recuperación en el que deberían incluirse desde su inicio espacios aragoneses como la alberca de Alboré, Laguna de Sariñena y el río Cinca, entre otros.

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Ecologistas en Acción solicita a todas las administraciones implicadas en el proyecto de carretera entre Bara y Las Bellostas, acceso a todos los nuevos expedientes que sean abiertos o, en su defecto, se incluya toda la información en el expediente administrativo inicial del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA).

La asociación ecologista es parte interesada en la tramitación del proyecto en su conjunto, habiéndose personado ante el Gobierno de Aragón desde el inicio de la exposición pública del proyecto en 2021. Con ello se espera tener acceso a cualquier cambio, trámite o información añadida relativa a este proyecto. Sin embargo, este no es el caso.

En el año 2021 se presentaron alegaciones al Estudio de Impacto Ambiental, por lo que se obtuvo acceso al expediente del INAGA, siendo este el único al que se ha accedido desde entonces. A finales de 2022 fue publicada la Declara DIA favorable a la ejecución del proyecto, sin haber recibido respuesta a las alegaciones interpuestas.

El mismo año se tuvo que reclamar, tanto al INAGA cono a la Dirección General de Medio Natural y gestión Forestal, la notificación del trámite de audiencia del borrador de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), habiéndose tenido conocimiento del mismo, de manera indirecta. Se solicitó la paralización del procedimiento administrativo y posteriormente se pudieron incorporar otras alegaciones en este trámite.

A principios de 2025 se ha solicitado acceso al expediente de Revisión de Oficio de la DIA al Consejero de Medio Ambiente y Turismo Gobierno de Aragón, así como la notificación de las actuaciones que se produzcan. Este departamento alega no disponer de dicha información, comunicando que “el expediente de revisión se podrá iniciar, en su caso, cuando se reciba en esta Secretaría General Técnica el expediente original y el informe por parte del INAGA, al que se requirió en marzo de 2025”. Resulta llamativo que, entre despachos de la misma entidad pública, el Gobierno de Aragón, sea tan complicado que se transfiera información. Por ello se ha insistido en el acceso a este expediente.

También en 2025, se constata la entrada de nuevos actores en el desarrollo de este proyecto. Por un lado, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), a quien el Gobierno de Aragón ha solicitado informes y autorización para la construcción de un puente carretero sobre el río Alcanadre. Se trataría de una infraestructura diferente a la que aparece en el proyecto inicial, por lo que, Ecologistas en Acción, debería haber sido informado. No ha sido el caso, por lo que se ha tenido que solicitar acceso al expediente a la CHE.

Por su parte, la Diputación Provincial de Huesca ha firmado un protocolo general de actuaciones (y posterior adenda al mismo en noviembre de 2025) con el Gobierno de Aragón, para el impulso del eje norte de comunicación entre los núcleos de Bara y Las Bellostas. Nuevamente una administración que debería incluir a Ecologistas en Acción en el trámite de sus expediente, y que sin embargo no ha existido ninguna comunicación. Nuevamente, la asociación se dirige a la administración, para recabar información.

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Las organizaciones sociales  Ecologistas en Acción, Asociación Naturalista de Aragón (ANSAR), No es sequía es saqueo, Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (APUDEPA), Asociación Vecinal Montes de Torrero-Venecia, Tu Nube Seca Mi Río, la Plataforma en Defensa Estepa Huerva y Sermo, la Asociación Ciudadana de Muel y el Juncar es Vida (Plataforma en defensa de la Ribera Alta del Ebro), entre otras, han presentado alegaciones a la tramitación ambiental y al Plan de Interés General de Aragón de la “Región Microsoft”, que supone tres nuevos megacentros de datos en Zaragoza (Puerto Venecia), La Muela (Polígono Centrovía) y Villamayor de Gállego.

Estas alegaciones cuentan con el apoyo de otras asociaciones como la Federación de Barrios de Zaragoza (FABZ), la Plataforma Salvemos los Pinares de Venecia, la Plataforma en Defensa del Territorio de las Cinco Villas, el Colectivo Educativo Bajar de la Nube, la Alianza por la Emergencia Climática de Aragón, Ingenieros Sin Fronteras o la Plataforma por la Sostenibilidad de Los Monegros.

En un momento de gran resistencia vecinal a los centros de datos en todo el mundo1 debido a su gran impacto en los precios de la electricidad y la seguridad energética, su ingente consumo de agua, sus afecciones al medio ambiente y la salud humana, su contribución al calentamiento global y su nulo aporte a la economía local, el Gobierno de Aragón despliega una política de alfombra roja para ellos. Ahora, la sociedad civil aragonesa se ha unido para poner fin a esta política insensata. Estas alegaciones, las más numerosas y variadas que se han presentado hasta la fecha junto a las de AWS, pretenden poner sobre la mesa las graves consecuencias de estos proyectos, que hipotecarán nuestros recursos durante las próximas décadas para dedicarlos a un sector con uno de los ratios entre energía y empleo más bajos, con el consecuente empobrecimiento de Aragón.

La novedad de este proyecto es su altísimo consumo eléctrico: una potencia concedida de 1.846 MW y un consumo anunciado de 10.709 Gwh y potencial de 16.170 Gwh, lo que lo convertirá en el segundo mayor consumidor de energía de la comunidad superado escasamente por AWS, a pesar de contar con 4 centros de datos menos. Este consumo desproporcionado se debe a la elección de un sistema de refrigeración por doble circuito cerrado, que persigue consumir menos agua pero, a cambio, consume muchísima más electricidad y toneladas de gases fluorados de refrigeración, nocivos para el medio ambiente y la salud.

Esto tiene como consecuencias el acaparamiento del acceso y conexión a una red eléctrica ya saturada, el aumento de la factura de la luz, mayor necesidad de inversiones públicas en la red de transporte y, sobre todo, mayor implantación de renovables en Aragón, con graves afecciones que no se tienen en cuenta en el PIGA. Sí se estudian las afecciones en el terreno que ocupan los centros de datos, que es 12 veces menor1 al que ocuparán las renovables que lo alimenten, algo que escapa a toda lógica.

Además, no hay un estudio agregado con el resto de centros de datos, algo que sí ha realizado la Universidad de Zaragoza (Torrubia et al., 20252). Según este estudio, la instalación de 8.000 MW de centros de datos (el Gobierno de Aragón ya ha aprobado 7.000 MW) incrementará la demanda de electricidad de la Comunidad Autónoma entre 5 y 15 veces. Esto requerirá que hasta el 37% de la superficie agrícola sea ocupada por parques renovables, con el grave impacto asociado para la población local y el medio ambiente. Sin embargo, uno de los requisitos de los PIGAs, regulados por el artículo 6 del decreto-ley 1/2008, es “conseguir la cohesión en el desarrollo uniforme de la Comunidad Autónoma de Aragón”, algo que, como podemos ver, incumple claramente.

n cuanto al centro de datos de Zaragoza, éste pretende ubicarse en el peor lugar posible: el Barranco de la Muerte, con desvío de pluviales al río Huerva y junto a los Pinares de Venecia, con la tala de unos 1.000 árboles (ya que el promotor ha decidido incumplir la recomendación del Documento Inicial Estratégico que evitaba talar 500 árboles) y que, posiblemente, implique la desaparición de la vida avícola por el nivel de ruido que genera y también de parte importante del pinar, el pulmón de Zaragoza, por la generación enorme y persistente de calor.

A pesar de todo esto, el Gobierno de Aragón ha decidido declarar este proyecto como PIGA, lo que le exonera de impuestos y trámites, además de conllevar un desarrollo urbanístico a la carta y la declaración de utilidad pública para facilitar la expropiación de terrenos a ciudadanos particulares. Veamos los supuestos beneficios que le han llevado a ello.

Según Microsoft, se crearán 300 empleos por centro, lo que no justifica el interés general, ya que todo Aragón, consumiendo menos energía, crea 620.000 empleos. Pero es que además este dato está sobreestimado a la vista del empleo generado por los centros de datos de AWS, que ahora planea alcanzar un total de 60 trabajadores por centro, como aparece una resolución del INAGA (número de Expediente: INAGA 500301/02/2024/1820).

Aún así, lo más grave es que las inversiones de Microsoft en su nube española tienen mayor impacto en otras 7 comunidades autónomas sin necesidad de que alberguen ningún centro de datos suyo, según un informe patrocinado por el propio Microsoft (“Evolución del Ecosistema Cloud de Microsoft en España 2024-2030”, IDC). Este informe, que se usa en la memoria justificativa del PIGA, muestra cómo en otras 7 comunidades se genera más empleo y hay mayor recaudación fiscal y crecimiento del PIB que en Aragón. Así, se ve claramente cómo la implantación de centros de datos no genera un “hub tecnológico” ni empleo allí donde se implantan, sino en los polos tecnológicos.

Este impulso institucional de un sector de empresas mayoritariamente extranjeras que acaparan todos los recursos de Aragón sin aportar nada a cambio puede tener una explicación: favorecer los intereses de estas empresas y de las grandes eléctricas, incluida Forestalia que, debido a la nefasta planificación del Gobierno de Aragón, se han lanzado a instalar parques renovables por doquier pero no se ha producido la transición energética en industrias, comercios y viviendas para electrificar la economía. Esto ha hecho que el precio de la electricidad caiga, reduciendo la rentabilidad de estas empresas, que ahora buscan una salida con la implantación de industrias electrointensivas como los centros de datos. Lo triste es que esta transición, tras el despliegue masivo de megacentros de datos, nunca se podrá realizar. Tan nefasta es la planificación, que sólo Microsoft (o AWS) consumirá toda la energía que el proyecto de Plan Energético de Aragón “planifica” para centros de datos en 2030.

El Gobierno de Aragón ha aprobado este proyecto con alevosía y Navidad. Pero no es el único. Las prisas por favorecer a estas empresas antes de acabar la legislatura les han llevado a aprobar 4 proyectos en un mes. Junto a este de Microsoft, ACS, SAMCA y Forestalia (cerca de 3.500 MW). Una cantidad tan ingente de información y trámites que imposibilita el control social sobre estos proyectos ya que, además de hacerlo en plenas Navidades, el Gobierno de Aragón ha reducido los plazos a la mitad. Solamente este de Microsoft1 contiene 9GB de documentación, a lo largo de 169 PDFs.

Por suerte, estamos viendo cómo en otras regiones del mundo, la presión popular está logrando paralizar proyectos de centros de datos y establecer moratorias, la última, en el condado de Starke (Indiana)2 el pasado 5 de diciembre. En Aragón, no queremos ser los tontos del mundo.

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La próxima primavera, del 17 al 19 de abril, Jaca acogerá un Congreso pirenaico sobre Canal Roya para buscar un foro de reflexión y debate sobre la protección de este espacio y su entorno.

El objetivo es abrir un foro de debate y reflexión para la protección de Canal Roya y su entorno, proporcionando herramientas técnicas, científicas y políticas para su futura gestión de conservación. Todo ello enmarcado en un modelo sostenible que garantice el futuro de la población de los valles, conciliando la preservación de un paisaje único con el derecho de las nuevas generaciones a permanecer y desarrollarse en su territorio.

Este objetivo viene marcado por la tremenda importancia como patrimonio natural y cultural de este enclave y por las amenazas que se ciernen sobre el mismo debido a seguir, incomprensiblemente, sin ninguna figura de protección. La última de esas amenazas, el telecabina Astún – Formigal que proyectaba destruirlo, fue precisamente frenada por la masiva movilización social ante estos valores patrimoniales que deberían estar protegidos.

El Congreso se celebrará el fin de semana del 17 al 19 de abril en la ciudad de Jaca, en la Sede de la Comarca de la Jacetania y está organizado por un Comité técnico organizador del propio congreso formado por personas del sector científico, técnico, jurídico, ambiental y residentes en el Pirineo.

Cuenta además con toda una serie de organizaciones que lo promueven y una lista de entidades colaboradoras que se van uniendo para asegurar el éxito de este congreso.

Toda esta información inicial —incluido un primer borrador de programa—, que se irá ampliando conforme avancen las semanas se puede consultar en la web del Congreso pirenaico Canal Roya.

En esta misma web se podrán realizar las inscripciones al Congreso, que se abrirán en el mes de febrero.

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