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A pesar del rechazo social mayoritario y sin dar respuesta a las numerosas alegaciones presentadas por vecinas, asociaciones y por el propio Ayuntamiento de El Burgo Ranero, el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León, con mayoría de políticos y funcionarios de la Junta, aprobará en sesión de 28 de enero la declaración de impacto ambiental (DIA), paso previo a la autorización de la macrogranja.

Recordamos que el 23 de septiembre de 2024, el Pleno del Ayuntamiento se manifestó contrario a esta explotación porcina y decidió presentar alegaciones, puesto que:

• El proyecto es una explotación de multiplicación (2.640 cerdas con lechones hasta 20 kg, 500 cerdas de reposición y 6 verracos). Su capacidad equivale a 864 Unidades de Ganado Mayor (UGM) y se sitúa en el límite legalmente permitido, sin que se aporte la autorización de la Dirección General de Producción Agropecuaria de la Junta de CyL. Es decir, el tamaño de la explotación no cuenta con amparo legal.
• Se reconoce la producción de 17.443,52 m3/año de purín que se empleará en su totalidad como abono agrícola; pero se desconoce el “plan de gestión de deyecciones ganaderas” que no fue sometido a información pública. Cuestión relevante dado que la Junta carece de medios para vigilar y controlar el cumplimiento de los planes de gestión que autoriza. Prueba de ello es el nivel de contaminación por nitratos que sufren los acuíferos de la Comunidad y los municipios donde el agua de los pozos de abastecimiento ha superado los límites permitidos, obligando a los vecinos a consumir agua embotellada.
• La emisión anual de más de 44 toneladas de metano, precursor del ozono, y de 16 toneladas de amoniaco conllevará el deterioro de la calidad del aire.
• El consumo de 24.793,5 metros cúbicos anuales de agua, aprovechamiento que aún no ha sido autorizado por CHD, podría afectar a los pozos cercanos que se usan para riego y abastecimiento del municipio.
• El transporte de lechones, insumos, residuos y cadáveres se hará por caminos rurales, hasta alcanzar las vías rápidas más cercanas situadas en la localidad de El Burgo Ranero. Aumentará la inseguridad vial, el ruido y la contaminación atmosférica por el tráfico incesante de camiones.
• No consta informe de la Comisión Territorial de Patrimonio que evalúe el impacto sobre el Camino de Santiago, Bien de Interés Cultural que atraviesa el municipio de El Burgo Ranero por dos itinerarios. El conocido como “Calzada Romana” o “Via Trajana” dista unos 750 metros de la macrogranja. Los malos olores podrán acompañar a los peregrinos en amplios tramos del Camino y perjudicar a los negocios locales que viven del turismo cultural.

Vecinas y ecologistas animan al Ayuntamiento a plantar cara a este proyecto, informando negativamente la autorización ambiental y recurriendo a la vía judicial si la Junta la otorga. Así lo ha hecho recientemente el Ayuntamiento de San Justo de la Vega, que ha presentado recurso contencioso contra el proyecto regional de macrovertedero de residuos industriales. Asimismo, el Ayuntamiento de El Burgo Ranero puede parar a la Junta y evitar la imposición autoritaria de la macrogranja; porque atenta claramente contra el bienestar y el legítimo interés de la población de este municipio leonés del Camino de Santiago.

Se adjunta el informe propuesto que se llevará al Consejo de Medio Ambiente el 28 de enero.

INFORME-PROPUESTA DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL SOBRE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE ‹‹EXPLOTACIÓN PORCINA DE MULTIPLICACIÓN DE 2.640 CERDAS CON LECHONES HASTA 20 KG, 500 CERDAS DE REPOSICIÓN Y 6 VERRACOS», EN LA PARCELA 49 DEL POLÍGONO 902 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE  EL BURGO RANERO (LEÓN), PROMOVIDO POR DANAKIL STUDIOS Y PROYECTOS, S.L. EXPTE.: EIAO/2023/LE/006 y 067-24-AALE.

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• Una mayoría de Estados miembros de la UE han aprobado el acuerdo comercial entre la UE y los países del Mercosur en medio del clamor de los pequeños productores.
• Ecologistas en Acción condena la negativa de la Comisión Europea y los gobiernos europeos a considerar la preocupación generalizada de la opinión pública por las repercusiones del acuerdo en la agricultura, la salud, los derechos laborales y el clima.

Hoy, una mayoría cualificada de los Estados miembros de la Unión  Europea han aprobado el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur (Brasil, Argentina, UruQ1guay y Paraguay), a pesar de 25 años de disenso por parte de la sociedad civil organizada, organizaciones agrarias, indígenas y sindicatos.

Esta es la primera vez en la historia de la UE que se aprueba un acuerdo comercial sin el consentimiento de todos los Estados miembros, ignorando las objeciones de países como Francia, Polonia, Irlanda o Austria, donde la oposición social al acuerdo ha forzado a sus gobiernos a adoptar una posición contraria.

Ecologistas en Acción ha expresado su apoyo a las organizaciones agrarias europeas que han bloqueado fronteras y carreteras para denunciar el impacto del acuerdo en la agricultura y que denuncian que las supuestas salvaguardias agrícolas son insuficientes.

“Este acuerdo simboliza una política comercial que enfrenta y hace competir aún más -si cabe- a agricultores y agricultoras de ambos lados del Atlántico en una carrera suicida para recortar leyes sociales, ambientales y sanitarias. Este modelo de agricultura industrial basada en la exportación es la mayor causa de la emergencia climática y ambiental y compromete la capacidad de producir alimentos”, ha manifestado la entidad defensora del ecologismo social.

Asimismo, Ecologistas en Acción ha reprobado la negativa de la Comisión Europea y los gobiernos europeos a considerar la preocupación generalizada de la opinión pública por las repercusiones del acuerdo en la agricultura, la salud, los derechos laborales y el clima.

Diferentes estudios concluyen que el acuerdo UE-Mercosur aumentará drásticamente las emisiones de gases e efecto invernadero y la deforestación; provocará la posible pérdida de cientos de miles de empleos a ambos lados del Atlántico, además de afectar a las PyMEs por las compras públicas; y debilitará los derechos de los pueblos indígenas y los derechos laborales.

Para la organización ecologista, “el Gobierno de España prioriza una vez más las ganancias de las grandes empresas, incluso si eso significa perjudicar a todos los demás. Al apoyar este acuerdo comercial, opta por precarizar y empobrecer a la clase trabajadora, a la agricultura familiar y a las pequeñas empresas de ambas orillas del Atlántico, por violar los derechos de las comunidades originarias, envenenar a las personas y destruir la naturaleza”.

Además, Ecologistas en Acción ha denunciado la forma en la que se ha concluido este acuerdo, que “solo ha sido posible gracias a métodos  antidemocráticos y opacos. La votación del Consejo de la UE se produce en un proceso apresurado, en el que se han excluido a los parlamentos nacionales y que pretende no esperar la luz verde del Parlamento Europeo antes de implementar el acuerdo”.

Por último, la organización ecologista ha criticado que la Unión Europea “es sumisa con Estados Unidos permitiendo toda clase de atropellos contra el derecho internacional y los derechos humanos al tiempo que pretende continuar sus políticas comerciales colonialistas con los países del Mercosur, India, China y numerosos países del Sur global”.

Tom Kucharz, portavoz de Ecologistas en Acción, ha añadido: “Al priorizar la venta de más automóviles europeos y el expolio de materias primas —como soja, maíz, petróleo y minerales— en América del Sur, el acuerdo UE-Mercosur agravará la pobreza, la violencia y las desigualdades sociales, especialmente de los pueblos indígenas, las comunidades tradicionales y las personas más vulnerabilizadas en el continente americano. La Unión Europea y el capital transnacional externalizan así la destrucción ambiental y los conflictos sociales hacia quienes menos han contribuido a la crisis global”.

Como próximo paso, la campaña Stop UE-Mercosur, de la que forma parte Ecologistas en Acción, se movilizará para exigir al Parlamento Europeo una votación en contra del pacto comercial.

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