Fotografía: Trump dio un discurso en Washington, D. C el pasado 6 de enero. / TWH / Daniel Torok

Artículo original publicado en ctxt.es por Steven Forti

El regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 marcó el comienzo de una nueva era. Nuestro “mundo de ayer”, por decirlo con Stefan Zweig, ha terminado. Kaputt. Conviene darse cuenta lo antes posible. Hemos entrado en una nueva fase histórica, cuyas características son, naturalmente, aún inciertas. Intentaré esbozar sus contornos a partir de diez tesis.

1. El neoimperialismo sustituye al orden liberal global

El orden liberal global creado al final de la Segunda Guerra Mundial –frágil, perfectible, a menudo no respetado– es sustituido por una lógica imperial regida por una mezcla de ley de la selva –el más fuerte se impone– y reparto de zonas de influencia –se ha definido la nueva doctrina trumpista como “geopolítica hemisférica”– y un enfoque transaccional. Ucrania, Venezuela, Taiwán y Gaza lo demuestran. Probablemente sean solo el comienzo. El enfoque diplomático y el multilateralismo son cosa del pasado: a los organismos supranacionales como las Naciones Unidas ya no se les reconoce ninguna autoridad, ni siquiera formal. Ha llegado “la hora de los depredadores”, por citar a Giuliano da Empoli. 

Make Colonialism Great Again es un eslogan que circula en los círculos MAGA

Si queremos hacer un paralelismo histórico, la nueva era se asemeja a la época del imperialismo de finales del siglo XIX: no por casualidad, Make Colonialism Great Again es un eslogan que circula en los círculos MAGA. En el caso de los Estados Unidos, sin embargo, se trataría de un hiperimperialismo, es decir, un nuevo tipo caracterizado por una hegemonía militarizada, coercitiva y tecnológicamente impuesta sobre el Sur Global debido a la fase de declive que atraviesa el Norte Global. Por lo tanto, no se trataría de un retorno a la época imperialista clásica ni al anterior orden westfaliano, sino más bien de la instauración de un sistema internacional “neomonárquico” estructurado por un pequeño grupo de élites hiperprivilegiadas que buscan legitimarse apelando a su excepcionalidad con el objetivo de crear nuevas jerarquías materiales y de estatus. 

2. El neoliberalismo ha allanado el camino al nuevo autoritarismo

Los cimientos de la nueva era se están construyendo sobre las ruinas del neoliberalismo¹. Hemos llegado a este punto tras tres décadas de hegemonía neoliberal que, a fuerza de golpes de piqueta y motosierra, ha derribado los muros de carga del edificio que con tanto esfuerzo se construyó después de 1945. En primer lugar, las políticas neoliberales –privatizaciones, precariedad laboral, reducción del gasto social, etc.– han debilitado el modelo de Estado del bienestar, aumentando las desigualdades y rompiendo la cohesión social. Todo ello, en segundo lugar, se ha visto reforzado por el hecho de que, como ideología, por muy “invisible” que sea, el neoliberalismo ha inculcado una serie de valores, como el individualismo exacerbado y la competitividad extrema hasta el punto de sellar una alianza con los sectores etnonacionalistas e identitarios de la derecha². En tercer lugar, el concepto mismo de democracia ha sido vaciado de su componente social: la democracia formal –el respeto de (algunas) normas y procedimientos– ha sustituido a la democracia sustantiva, cuyo objetivo es la igualdad. 

El poder efectivo se ha desplazado hacia las élites económicas, con la consiguiente configuración de un sistema posdemocrático

En cuarto lugar, en un contexto marcado por la globalización neoliberal, el poder efectivo se ha desplazado hacia las élites económicas, con la consiguiente configuración de un sistema posdemocrático, en el que los cuerpos intermedios –partidos, sindicatos, asociaciones de la sociedad civil– se han ido desmoronando poco a poco, la participación se ha evaporado y la personalización de la política, facilitada también por la transformación de los medios de comunicación, ha favorecido la aparición de fenómenos “populistas”³. Por último, las políticas neocons posteriores al 11-S de 2001 –guerra contra el terrorismo, invasiones de Afganistán, Irak, Libia– han erosionado el orden internacional, fracasando estrepitosamente en su intento de exportar la democracia liberal. 

Como alertó Mark Lilla desde una perspectiva puramente estadounidense, al modelo rooseveltiano le sucedió a finales de los años setenta el modelo reaganiano que, aunque entró en declive con la Gran Recesión de 2008, hasta hace poco aún no había encontrado un sustituto⁴. En retrospectiva, el obamismo fue el último intento de mantener en pie un paradigma en declive, renovando solo su fachada, pero sin cambiar su esencia. 

3. Los tecnoligarcas se apoderan del Estado

En la era del neoliberalismo triunfante, la connivencia entre el poder político y el poder económico ha sido evidente. Ha habido resistencias, más o menos fuertes según los países. Se ha mantenido (no siempre, todo sea dicho) una apariencia de respeto por las reglas del juego: las influencias de las élites económicas eran visibles, pero se intentaba (al menos un poco) disimularlas. En la nueva era, en cambio, lo que se quiere hacer, se hace y se dice, sin ocultarlo. Esto se aplica tanto a la geopolítica como a las relaciones con los poderes económicos. 

La palabra “democracia” no aparece en los discursos de Trump, y no es ni de lejos uno de sus objetivos

Por un lado, Trump bombardea Caracas y arresta a Maduro para controlar directamente los pozos petrolíferos venezolanos: la palabra “democracia” no aparece en sus discursos y no es ni de lejos uno de sus objetivos, aunque fuese solo de fachada. Por otro lado, los robber barons del tercer milenio han establecido explícitamente una alianza estratégica con los nuevos líderes autoritarios: los tecnoligarcas de Silicon Valley no solo quieren llenarse los bolsillos de dinero, sino que, en primer lugar, defienden abiertamente proyectos autoritarios y antidemocráticos –nuevas monarquías absolutas eficientistas gobernadas por reyes-CEO, siguiendo el modelo de Qatar o Singapur, según las teorías de uno de sus principales intelectuales-cortesanos, Curtis Yarvin– y, en segundo lugar, quieren ser “intelectuales legisladores”, como afirma Evgeny Morozov.

Elon Musk y Javier Milei en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) de febrero de 2025. / Gage Skidmore

En pocas palabras, con Peter Thiel, Elon Musk, Marc Andreessen y Alex Karp, hemos pasado de la unión entre la política y la economía de tipo neoliberal “clásico” a la voluntad explícita de capturar el Estado mediante la creación de un “complejo tecnológico autoritario” que tiene como objetivo controlar las infraestructuras de gobernanza.

4. Las autocracias electorales sustituyen a las democracias

En la nueva era, la democracia, incluso en su versión formal, se considera un mero adorno. De hecho, se ha reducido a una sombra de lo que fue. Ya en la era del neoliberalismo en declive, es decir, desde 2008 en adelante, el porcentaje de la población mundial que vive en democracia ha disminuido continuamente hasta alcanzar un mísero y preocupante 28 % en 2024. La tendencia es evidente. Desde hace unos veinte años estamos viviendo la primera gran ola de autocratización posterior a la Segunda Guerra Mundial, es decir, cada vez más países se convierten en autocracias electorales. Esto es, mantienen una apariencia de respeto por las reglas democráticas –incluso en la Rusia de Putin se celebran elecciones–, pero la democracia es, en el mejor de los casos, una cáscara vacía. Nos guste o no, la era que se ha iniciado quiere ser la era de las autocracias⁵.

5. La extrema derecha es el actor principal de la nueva era

Junto con los líderes fuertes –léase autoritarios– que están en el poder en medio mundo –Putin, Xi Jinping, Erdogan, Modi, los petromonarcas del Golfo, etc.–, en Occidente es la extrema derecha la que mejor representa esta nueva era. De hecho, avanza electoralmente en todas partes y ha llegado al poder en varios países: desde Estados Unidos hasta Argentina, desde Israel hasta Italia, desde Hungría hasta El Salvador y Chile. En cuanto tiene la posibilidad, instaura sistemas electorales autocráticos: se erosiona la separación de poderes, se ataca el pluralismo informativo, desaparecen los derechos para amplios sectores de la población. El líder fuerte se presenta como representante del pueblo, desprecia los controles democráticos y pone en marcha un proyecto etnonacionalista reaccionario. 

Aunque existen divergencias y peculiaridades nacionales –al fin y al cabo, cada partido es fruto de las culturas políticas de su propio país–, la extrema derecha debe entenderse como una gran familia global. Las referencias ideológicas y las estrategias políticas y comunicativas utilizadas son, de hecho, las mismas. Además, participan en las mismas redes transnacionales formadas por fundaciones, institutos y think tanks que en los últimos años han trabajado incansablemente para elaborar una agenda común, exportable y adaptable a los diferentes contextos: véanse la Heritage Foundation o la red National Conservatism. Además, Trump, Milei, Bukele, Orbán, Netanyahu, Meloni, Abascal, Ventura, Weidel, Le Pen, Farage, Wilders, Bolsonaro, Kast y compañía creen que están librando la misma batalla contra enemigos comunes, es decir, la izquierda, el liberalismo, el globalismo, el wokismo y lo políticamente correcto. Sus coaliciones parecen frágiles porque a menudo están formadas por sectores con intereses diferentes –pensemos en el trumpismo–, pero por el momento la esperanza de que se desmoronen no es más que un deseo inalcanzable. 

6. Más que fascismo, se trata de la renovación del pensamiento antiilustrado

A menudo se repite que lo que estamos viviendo es el retorno del fascismo, más o menos bajo otros ropajes. Aunque existen elementos de continuidad entre el fascismo histórico y la extrema derecha del tercer milenio –en algunos países más que en otros–, el concepto de “fascismo eterno” propuesto hace más de treinta años por Umberto Eco nos lleva por mal camino. Como señala Santiago Gerchunoff, el uso compulsivo del término –en sus más diversas variantes: fascismo tardío, fascismo fósil, tecnofascismo, etc.– muestra más bien “el deseo de encontrar una palabra mágica que conjure el peligro de abstracción de nuestro mundo y que, al mismo tiempo, cierre cualquier discusión”⁶. Nos tranquiliza, por así decirlo, llamar fascistas a las nuevas extremas derecha porque, en cierto sentido, nos da la falsa certeza de saber a qué nos enfrentamos. 

Ahora bien, las características de la nueva era no son las mismas que las del período de entreguerras: ha pasado ya un siglo desde los regímenes de Hitler y Mussolini. El mundo ha cambiado profundamente y nuestras sociedades lo han hecho en consecuencia: la política de masas ya no existe, la atomización es el sello distintivo de la nueva era. Por otra parte, ni siquiera en el pasado, en ese “mundo de ayer” muerto y enterrado, todos los autoritarismos eran fascistas. Digámoslo así: se puede ser reaccionario, nacionalista, autoritario y antidemocrático sin ser necesariamente fascista. Pero esto no hace que la situación sea menos grave. Lo que tenemos ante nuestros ojos es una nueva extrema derecha que defiende un autoritarismo posliberal eficientista y antiigualitario. Sus raíces se hunden en el pensamiento antiilustrado y en el reaccionarismo antiliberal de finales del siglo XVIII. En definitiva, se trata de una cultura política –plural, heterogénea– de larga trayectoria que se ha nutrido de diversas fuentes.

7. El extremismo es el nuevo mainstream

En las últimas décadas, las ideas extremistas se han normalizado. La ventana de Overton se ha desplazado radicalmente hacia la extrema derecha: ideas que se consideraban inaceptables se han convertido en sentido común y, como último paso, se incluyen en el ordenamiento jurídico. En Rusia y Hungría, la homosexualidad se compara legalmente con la pedofilia. En Estados Unidos, declararse antifascista implica ser considerado miembro de un grupo terrorista. Ya casi no escandaliza que importantes influencers MAGA afirmen en público que las mujeres no deberían tener derecho de voto, que el presidente argentino Javier Milei considere la justicia social un cáncer que hay que erradicar o que miembros del Gobierno israelí definan a los palestinos como “animales” y reivindiquen un genocidio en mundovisión. Las fantasías conspirativas se afirman a diestro y siniestro, empezando por la del Gran Reemplazo, según la cual las élites globalistas están llevando a cabo un plan para sustituir a la población europea por inmigrantes musulmanes. El presidente de la primera potencia mundial puede repetir que quiere anexionarse otros territorios, incluso de países aliados, como Groenlandia o Canadá, obviando el derecho internacional. Los referentes intelectuales de la nueva extrema derecha, como Curtis Yarvin, encuentran adeptos al afirmar que las democracias deberían ser sustituidas por nuevas monarquías absolutas y que los pobres deberían ser encerrados en una habitación y conectados día y noche a la realidad virtual.

La nueva era no es solo la época de la posverdad, la desinformación y los bulos, sino también aquella en la que el extremismo se ha convertido en mainstream. Además de las consecuencias de la hegemonía neoliberal, no se puede entender este cambio sin tener en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, que han permitido la viralización de ideas y narrativas extremistas y, por lo tanto, la normalización de la extrema derecha y el autoritarismo. No por casualidad, las dos últimas palabras del año del Oxford Dictionary fueron, en 2024, brain rot, es decir, “podredumbre cerebral” o “cerebro podrido”, en relación con el deterioro mental debido al consumo excesivo de contenidos online de baja calidad, y, en 2025, rage bait, es decir, “cebo de ira”, en referencia a los contenidos online creados para causar indignación y generar reacciones emocionales fuertes, aprovechando la polarización y el funcionamiento de los algoritmos de las plataformas sociales.

Trump en el Despacho Oval frente a Starmer, Meloni, Von Der Leyen, Merz, Macron, Stubb, Zelenski y Rutte en agosto de 2025. / TWH / Daniel Torok

8. Los partidos y las instituciones democráticas viven una parálisis incapacitante 

A pesar de algunas victorias electorales y algunas decisiones acertadas, la mayoría de los partidos e instituciones democráticas no se han dado cuenta de que todo ha cambiado. Razonan con los viejos paradigmas y proponen recetas de antaño que, además de ser poco realistas en estos años veinte del siglo XXI, ya no tienen ningún atractivo, ni siquiera entre quienes las defienden. 

El establishment liberal ha visto cómo se le desmoronaba el terreno bajo sus pies, pero en lugar de dar un salto –o, al menos, intentarlo, como ha instado en repetidas ocasiones Mario Draghi, uno de los pocos exponentes lúcidos de las viejas élites–, intenta aferrarse al último trozo de roca, lo que, en el mejor de los casos, solo conseguirá prolongar su agonía. El ejemplo más claro es la respuesta de la Comisión Europea a las amenazas de Trump, con Ursula Von der Leyen arrodillándose en un campo de golf escocés ante los dictados del nuevo autoproclamado emperador de Mar-a-Lago, y Kaja Kallas fingiendo que nada ha cambiado en las relaciones entre Bruselas y Washington. 

En el peor de los casos, mostrando una increíble miopía, el establishment liberal intenta copiar a la extrema derecha con el objetivo de evitar ser canibalizado y superar lo que cree que es un huracán pasajero, lo que acaba por allanar el camino al autoritarismo posliberal. Así, vemos a una derecha democrática en claro declive y en profunda crisis de identidad –desde Merz hasta Macron, desde Tusk hasta Von der Leyen– e incluso a una parte de la izquierda socialdemócrata que ha perdido completamente el rumbo –desde Starmer hasta Frederiksen– aprobando políticas conservadoras y reaccionarias en materia de inmigración, defensa, seguridad, derechos o medio ambiente. A pesar de sus errores e incapacidades, son muy pocos –Lula, Sánchez, Sheinbaum, Petro, Mamdami– los que parecen entender el quid de la cuestión: nada volverá a ser como antes. 

9. La religión vuelve a ser un arma política

La nueva era se caracteriza por la renovada centralidad del uso político de la religión en todas las latitudes. Si bien el tema no es nuevo en el mundo musulmán o hindú, sin duda lo es en Occidente, donde, tras décadas de secularización, habíamos dado por amortizada la religión. Aunque aumenta el número de ateos y agnósticos, los nuevos líderes autoritarios utilizan la religión más que nunca, amparándose en la supuesta protección de Dios, como nuevos monarcas absolutos por la gracia divina.

Funeral de Charlie Kirk el 21 de septiembre de 2025 en Arizona. / TWH / Daniel Torok 

Encontramos sus variantes más dispares tanto en el mundo católico como en el protestante, evangélico y ortodoxo, pero también en el judaísmo, el hinduismo o el islamismo: la bendición de la invasión de Ucrania por parte del patriarca Kirill; las referencias al Antiguo Testamento de Netanyahu para justificar el genocidio de Gaza o la ocupación de Cisjordania; el uso que Modi hace del hinduismo; Trump, que se considera salvado por Dios por haber escapado al intento de asesinato de Boulder; Milei citando compulsivamente la Torá; Bolsonaro bautizándose en el río Jordán; la defensa de la identidad cristiana de Hungría e Italia por parte de Orbán y Meloni; las referencias a la Reconquista de Abascal y Ventura… Pero, sin salir de Estados Unidos, basta pensar en el funeral del supremacista blanco Charlie Kirk, en los tatuajes del secretario de Guerra, Pete Hegseth –la inscripción “Deus Vult” y la cruz de Jerusalén, símbolo del supremacismo blanco y referencia a las cruzadas medievales– o en las elucubraciones pseudoteológicas de Peter Thiel sobre el apocalipsis y el Anticristo. Un nuevo tipo de nacionalismo cristiano, que va de la mano del sionismo judío, está cada vez más presente con pensadores como Yoram Hazony o Rod Dreher y cada vez más activo también en las bases de la extrema derecha. Es una religión declinada de forma agresiva, excluyente e identitaria.

10. La respuesta al ‘¿Qué hacer?’ solo puede ser colectiva

La respuesta a la vieja pregunta leninista no caerá del cielo, ni será formulada por ningún intelectual. Solo podrá surgir de la sociedad, es decir, solo podrá ser colectiva. Me temo que llevará tiempo –seguramente años, probablemente una generación–, porque lo que hay que reconstruir, desde el punto de vista material y de valores, aumenta cada día que pasa. Ilusionarse con que una derrota de la extrema derecha en una elección concreta signifique un punto de inflexión es solo una mera ilusión. Mientras tanto, al menos se puede evitar caer en el abismo. 

Los partidos democráticos deberían evitar ceder a los cantos de sirena de la extrema derecha y defender las instituciones y los derechos conquistados. Las instituciones europeas deberían oponerse con fuerza al neoimperialismo autoritario estadounidense, evitando la no solución del apaciguamiento –un suicidio lento– y saliendo del letargo de la “vasallización feliz”: ahora mismo, hay que desengancharse de lo que se ha convertido en el lazo atlántico, construir una verdadera autonomía estratégica –que no puede ser solo militar y, mucho menos, sobre bases nacionales– y defender lo que queda del multilateralismo abriéndose a los actores democráticos del Sur Global. Como mínimo, se debería intentar gobernar la economía –redistribuyendo la riqueza y reduciendo las desigualdades– y situar en el centro de la acción política la cuestión medioambiental –que ahora ha pasado a un tercer plano– y la tecnológica con todo lo que ello conlleva –el fin de la dependencia de las Big Tech estadounidenses, cuyos proyectos autoritarios deben combatirse sin vacilaciones, y la reducción de la brecha con China⁷–. 

Sin embargo, es necesario replantearse completamente los paradigmas existentes: los antiguos ya no funcionan en esta nueva era. Por lo tanto, hay que empezar desde cero: reconstruir la sociedad –ahora licuada, atomizada–, crear un sentido de comunidad –que no sea el identitario y etnonacionalista de la extrema derecha–, volver a librar la batalla de las ideas –la extrema derecha lo lleva haciendo desde hace años y ahora está cosechando los frutos–, tejer alianzas y redes transnacionales –porque la solución no puede ser solo local–. Todos debemos sentirnos involucrados. 

Volviendo a las tres categorías de Hirschman, la “salida” no es una opción porque significaría dejar el campo libre para la imposición definitiva del nuevo orden autoritario, y la “lealtad” tiene poco sentido porque el establishment actual no tiene ideas o sufre una parálisis incapacitante. La única posibilidad es la “voz”, es decir la participación y la protesta⁸. Este debe ser el punto de partida.

La entrada Diez tesis sobre la nueva era se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Fotografía: Roberta Metsola, Presidenta del Parlamento Europeo

Artículo original publicado en elsaltodiario.com por Tom Kucharz

La presidencia conservadora del Parlamento Europeo ha bloqueado la votación de una resolución que pretendía pedir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) un examen jurídico del acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur. La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola (Partido Nacionalista, Malta), declaró “inadmisible” la propuesta pese a contar con 145 firmas de eurodiputados de cinco grupos políticos. Una decisión sin base legal explícita que ha sido denunciada como una maniobra política para impedir el control democrático del polémico tratado.

Desde septiembre, un grupo informal de eurodiputadas y eurodiputados ha promovido una propuesta de resolución en la que iban a solicitar al TJUE que se pronuncie sobre si el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur y del Acuerdo Comercial Provisional UE-Mercosur estén acordes con los Tratados de la Unión.

Tras 25 años de desencuentros, ambos textos se terminaron de negociar en diciembre de 2024 entre la Comisión Europea y los gobiernos del Mercosur, el bloque comercial que agrupa a Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Venezuela está suspendido del bloque y a Bolivia se aplicaría más tarde. Aunque en 2019 ya se había alcanzado otro “acuerdo político” —cuando aún presidía Brasil el ultraderechista Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado— no se logró rematar por la oposición que el asunto suscitó en numerosos países.

El Ejecutivo comunitario de Ursula von der Leyen inició el proceso de ratificación en septiembre y pretende firmar el acuerdo el 20 de diciembre.

Hace dos semanas, se registró la resolución y si se hubiera aprobada en la sesión del Parlamento Europeo, podría haber arruinado el plan de la presidenta de la Comisión Europea de rubricar el acuerdo en Foz do Iguaçu (Brasil) para crear una zona de “libre comercio” con el Mercosur.

La moción ha sido firmada por 145 diputadas y diputados del Partido Popular Europeo (PPE), Renew, S&D, los Verdes/EFA y la Izquierda, de 21 nacionalidades diferentes. Los firmantes proceden en su mayoría de países que tradicionalmente se han opuesto al acuerdo, como Polonia, Francia, Bélgica e Irlanda.

La resolución se apoyaba en el artículo 117 del Reglamento del Parlamento Europeo y en el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que permiten solicitar al TJUE un dictamen previo sobre la compatibilidad de un acuerdo internacional con los Tratados antes de su aprobación.

Estas normas ofrecen una vía limitada para ejercer control democrático, dado que el parlamento no participa en las negociaciones comerciales y sólo puede votar sí o no a los textos cerrados por la Comisión Europea, sin añadir ni una sola coma.

“No admisible”

El martes, 18 de noviembre, mientras varias organizaciones protestaron ante el Ministerio de Agricultura en Madrid contra el acuerdo comercial, los representantes del grupo informal recibieron una respuesta oficial de la administración de la eurocámara argumentando que la resolución no era admisible porque el Consejo de la UE (los gobiernos de los 27 Estados Miembros) no había requerido aún el consentimiento del Parlamento.

Los legisladores también solicitaban que el TJUE evaluara la base jurídica utilizada para dividir el acuerdo en dos partes: un capítulo comercial y otro de diálogo político y cooperación

“No han ofrecido ninguna base legal para justificar esta decisión. Por una simple razón, no existe base legal para ello”, respondieron en un comunicado Krzysztof Hetman (EPP), Benoît Cassart (Renew), Chloé Ridel (S&D), Majdouline Sbai (Greens/EFA), Manon Aubry (Left), Céline Imart (EPP), Ciaran Mullooly (Renew), Jean-Marc Germain (S&D), Saskia Bricmont (Greens/EFA) y Lynn Boylan (Left).

Bajo la presión de von der Leyen y Manfred Weber, presidente del grupo parlamentario del Partido Popular Europeo (PPE), la presidenta Metsola (de la misma fracción) ha utilizado esta interpretación retorcida para abortar el voto e impedir que el Parlamento Europeo obstaculice la firma del acuerdo, ya de por sí altamente controvertido, entre la UE y el Mercosur.

La Conferencia de Presidentes —que reúne a las direcciones de los grupos parlamentarios— avaló el veto de Metsola, aunque algunos “líderes de grupo se pronunciaron en contra de la decisión de Metsola, incluidos los Verdes, la Izquierda y Renew”, indicaron fuentes del Parlamento Europeo a El Salto. Por lo que la resolución no se ha incluido en el orden del día de la sesión plenaria, que se celebra en Estrasburgo. Una cacicada en toda regla.

El movimiento refleja la preocupación de que el Parlamento no cuente con mayoría suficiente para respaldar el pacto. En octubre, 269 eurodiputados rechazaron un párrafo de otra resolución sobre la estrategia política de la UE para América Latina que valoraba positivamente el acuerdo con el Mercosur, frente a 259 a favor.

¿Qué dice el derecho?

Según el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la UE, cualquier Estado miembro, el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión pueden solicitar al Tribunal de Justicia un dictamen sobre la compatibilidad con los Tratados de un acuerdo internacional antes de su entrada en vigor. Si el dictamen fuera negativo, el acuerdo no podría aplicarse sin modificarlo o revisar los Tratados. Esta posibilidad, conocida por las juristas como “control preventivo ex ante”, no exige que una institución espere a otra para activar la consulta.

El artículo 117 del Reglamento interno del Parlamento añade que, antes de votar la aprobación de un acuerdo, la comisión competente o al menos una décima parte de los eurodiputados pueden proponer solicitar ese dictamen al Tribunal. Las prerrogativas parlamentarias derivadas de los Tratados no pueden ser restringidas ni por interpretaciones del reglamento interno —norma jerárquicamente inferior— ni por las decisiones de otras instituciones, señalan los promotores de la iniciativa.

El propio TJUE, en su opinión 2/94, reconoció que puede pronunciarse incluso sobre textos preliminares. Además, existe un precedente directo: en abril de 2019 el Parlamento pidió un dictamen sobre la adhesión de la UE al Convenio de Estambul antes de que el Consejo iniciara formalmente la ratificación.

El sector ganadero familiar, especialmente en España, Francia, Irlanda y Polonia, teme pérdidas y cierres ante un aumento de importaciones

Finalmente, ya ha comenzado en la Comisión de Comercio el proceso para elaborar la resolución de acompañamiento del acuerdo UE–Mercosur. Por coherencia institucional, argumentan los legisladores, el Parlamento no puede avanzar hacia su adopción sin haber solicitado previamente la opinión del Tribunal.

Un dictamen del TJUE retrasaría la ratificación

“Más allá de las opiniones sobre los pros y contras del acuerdo con el Mercosur, debemos garantizar que sea plenamente compatible con los Tratados europeos”, señaló la eurodiputada belga Saskia Bricmont. De haberse aprobado la resolución, la votación de ratificación habría quedado suspendida hasta que el TJUE emitiera su dictamen.

Ese trámite podría haber retrasado el proceso, ya que las consultas judiciales en Luxemburgo suelen prolongarse. Un dictamen crítico obligaría a reabrir el texto, reavivando la oposición de gobiernos reticentes —como Francia, Polonia o Irlanda— y tensando la relación con los países del Mercosur. Incluso sin invalidar todo el acuerdo, cualquier cambio podría posponer su aprobación durante un año o más.

Los impulsores de la iniciativa anuncian que volverán a plantearla en 2026, tras la votación del Consejo.

¿Qué dudas debería aclarar el tribunal?

Los miembros del Parlamento Europeo querían que el Tribunal de Justicia analizara varios puntos del acuerdo. El primero es el llamado “mecanismo de reequilibrio”, que permitiría a cualquiera de las partes exigir compensaciones —en forma de aranceles o cuotas— si considera que una medida del otro lado “anula o perjudica” los beneficios comerciales del pacto.

Organizaciones como ClientEarth y Greenpeace alertan de que este mecanismo podría debilitar la aplicación del Reglamento europeo contra la deforestación (EUDR), convirtiendo decisiones ambientales en objeto de disputa comercial y presión política. Con ello, los Estados miembros podrían verse disuadidos de aplicar controles estrictos por temor a represalias, favoreciendo los intereses de grandes multinacionales como Bunge, Cargill o JBS.

Los legisladores también solicitaban que el TJUE evaluara la base jurídica utilizada para dividir el acuerdo en dos partes: un capítulo comercial, que podría ser aprobado rápidamente solo por el Consejo y el Parlamento Europeo, y otro de diálogo político y cooperación, sujeto a un proceso más largo. La coalición Stop EU–Mercosur considera que esta separación es un “truco institucional” para evitar la intervención de los parlamentos nacionales, reducir la capacidad de veto y acelerar la aprobación de la parte comercial, la más lesiva en términos socioambientales. Según estas organizaciones, el “splitting” rebaja la transparencia, el control democrático y la rendición de cuentas.

Por último, los eurodiputados pedían que el Tribunal analizara si el acuerdo respeta el principio de precaución, ante el riesgo de que quede debilitado cuando la UE intente actuar frente a amenazas sanitarias o medioambientales.

La “cláusula de salvaguardia”, bajo sospecha

El cuarto aspecto para ser evaluado por el alto tribunal europeo es la “cláusula de salvaguardia”, introducida por la Comisión para convencer a Estados miembros reticentes, especialmente Francia, de apoyar la ratificación del acuerdo. París había sido uno de los principales opositores por motivos agrícolas y ambientales, pero suavizó su postura tras el anuncio de esta medida.

La cláusula prevé activarse si los precios medios de un producto sensible —como carne de cerdo, azúcar o miel— caen un 10% y las importaciones anuales aumentan un 10% en uno o varios Estados miembros. Sin embargo, la Coordinadora Europea de La Vía Campesina la considera improvisada, arbitraria e ineficaz, diseñada “para no activarse nunca” y sin capacidad para responder a impactos estructurales sobre el mundo rural. Apunta que ignora diferencias territoriales y sectoriales, y que las variaciones de precios pueden deberse a la especulación financiera. El sector ganadero familiar, especialmente en España, Francia, Irlanda y Polonia, teme pérdidas y cierres ante un aumento de importaciones controladas por operadores cárnicas gigantes como JBS.

Las organizaciones agrarias subrayan que el mecanismo no permite suspender importaciones ni imponer contingentes adicionales, solo aranceles limitados, mientras los costes de producción en Brasil son tres veces inferiores a los franceses. A su juicio, esto empujará al abandono de explotaciones y desincentivará el relevo generacional. Aunque los contingentes agrícolas del acuerdo son relativamente pequeños respecto a la producción europea, llegan en un contexto de fuerte tensión y tras la pérdida de 4,5 millones de empleos agrarios entre 2005 y 2020.

La abogada Clémentine Baldon advierte además que el reglamento propuesto por la Comisión solo define cómo la UE pretende aplicar la salvaguardia, pero no garantiza que sea considerada legal por los países del Mercosur. Para La Vía Campesina, la cláusula es una herramienta de comunicación destinada a calmar al sector y permitir a los responsables políticos “lavarse las manos” mientras “fingen” preocuparse por la protección del campo.

Un atropello generalizado

Para incorporar la “salvaguardia” al acervo comunitario, los embajadores de los Estados miembros aprobaron el Reglamento sin modificaciones, aunque aún debe validarlo el Parlamento Europeo. El Partido Popular Europeo intentó tramitarlo por vía de urgencia para evitar el paso por las comisiones de Comercio (INTA) y Agricultura (AGRI) y someterlo directamente al pleno esta semana, pero retiró su solicitud a última hora por temor a una derrota.

La maniobra tampoco contó con el apoyo de sus aliados habituales —Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y Patriotas por Europa (PfE)— y fue rechazada por los presidentes de los grupos. Aun así, el PPE ha impuesto un calendario acelerado que apenas permite presentar enmiendas y que “equivale casi a ir directo al plenario”, según fuentes de La Izquierda. Parte de sus propias delegaciones —rumana, irlandesa, polaca y francesa— también se posicionó en contra, un dato relevante dada la incierta postura del Gobierno rumano.

Próximos pasos: la comisión de Comercio votará el texto de las salvaguardias el 8 de diciembre y el pleno el 16 de diciembre, apenas cuatro días antes del viaje previsto de von der Leyen a Brasil para la ceremonia de firma.

Macron traiciona al campo francés

Las organizaciones agrarias francesas han estallado después de que Emmanuel Macron parezca suavizar su oposición al acuerdo UE-Mercosur, lo que llevó al sindicato FNSEA a acusarlo de “traición”. Tras reunirse con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante la COP30 en Belém, el mandatario francés adoptó un tono más conciliador, lo que fue interpretado como una ruptura con los intereses agrícolas.

Aunque Macron intentó rectificar posteriormente y la ministra de Agricultura, Annie Genevard, afirmó que “Francia no puede aprobar por ahora el acuerdo porque no protege a los agricultores”, todo indica que París ya no aspira a liderar una minoría de bloqueo en el Consejo y que se conformará con la cláusula de salvaguardia como garantía simbólica.

Una minoría de bloqueo requiere al menos cuatro Estados miembros que representen el 35% de la población. Por ahora, Hungría y Polonia se oponen; Irlanda y Austria siguen indecisas, mientras que el nuevo gobierno neerlandés ha pasado a una posición favorable.

Además, la Asamblea Nacional francesa votará este jueves una resolución presentada por La Francia Insumisa que insta al Gobierno a no autorizar la firma del acuerdo y denuncia como ilegal que la Comisión evite la aprobación por los parlamentos nacionales.

Movilización en Estrasburgo y Belém

Pese al escaso margen político, la Confédération Paysanne se ha concentrado ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo para apoyar la petición de un dictamen del TJUE y reclamar el rechazo del acuerdo UE-Mercosur. La organización alerta de riesgos jurídicos y posibles vulneraciones del derecho comunitario, especialmente porque el mecanismo de reequilibrio podría limitar nuevas medidas de protección ambiental o sanitaria.

Las protestas recuerdan a las tractoradas del invierno de 2024, cuando el descontento rural estalló frente a los tratados comerciales, los recortes en las ayudas agrarias y la futura PAC post-2027. Desde entonces los problemas no se han disipados para la mayoría de explotaciones agrícolas. En este contexto, las principales organizaciones agrarias europeas han convocado una gran protesta en Bruselas para el 18 de diciembre.

En paralelo, durante las movilizaciones de la Cumbre de los Pueblos contra las “falsas soluciones” en la COP30 de Belém, la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y otros actores sociales denunciaron que el comercio con la UE beneficia a grandes empresas agroindustriales a costa de las comunidades indígenas y campesinas, la mitigación climática y bosques como la Amazonía. Las políticas comerciales incentivan la expansión de la ganadería intensiva y el cultivo de soja o algodón para exportación, lo que impulsa la deforestación, destruye ecosistemas y concentra el poder agrícola en grandes empresas, desplazando la producción local y sostenible.

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