La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea responde a la información solicitada por Ecologistas en Acción y considera que el censo realizado por la Junta de Castilla y León no es muy coherente.

En septiembre de 2025 desde Ecologistas en Acción pusimos en conocimiento de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea su preocupación por las capturas de osos en Castilla y León para su radio marcaje, tras la aparición de dos cadáveres de oso pardo que habían sido capturados y marcados por personal de la Junta de Castilla y León. Habíamos manifestado, tanto a la administración regional como al gobierno central, el excesivo e innecesario riesgo que se asumía con estas capturas de osos, entre otros motivos, por la falta de experiencia y cualificación del personal encargado, así como por los objetivos del mismo.

En el mes de noviembre recibimos la comunicación del Jefe de la Unidad de Conservación de la Naturaleza de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, quien agradecía la información proporcionada y destacaba, entre otros puntos, que “según el informe Large carnivore distribution maps and population updates 2017 – 2022/23, en 2020 las Comunidades Autónomas de Castilla y León y Cantabria llevaron a cabo un estudio genético en el que se informó de un total de 370 osos (250 en el oeste y 120 en las subpoblaciones orientales). Sin embargo, el informe considera que estos resultados no son coherentes con los estudios a las hembras con copas del año realizadas durante los últimos 30 años y con los estudios genéticos anteriores. Además, no se dispone de publicaciones ni informes técnicos, sino solo un comunicado de prensa de la Junta de Castilla y León.”

Esta respuesta del organismo europeo despeja cualquier duda y deja claro que el censo genético realizado por las Comunidades Autónomas de Castilla y León y Cantabria carece de fundamento científico y está claramente sobredimensionado, como ya veníamos señalando. La información oficial de la Junta de Castilla y León viene reiterando que la población de osos evoluciona de manera excelente, afirmación que en el Oriente de la Cordillera Cantábrica no se ajusta a la realidad a la vista del número de hembras reproductoras.

Mientras la Junta de Castilla y León continúe insistiendo en medidas como el radio marcaje, que no ofrece ventajas en la conservación de especies como el oso y el lobo y que representa un claro riesgo de mortalidad debido, entre otros riesgos, a la miopatía de captura, al mismo tiempo que realiza interpretaciones sesgadas de los datos sin un respaldo científico, resultará complicado establecer medidas coherentes y adecuadas para su conservación. Y lo que es aún más grave, se crea una situación difícil de controlar y claramente perjudicial para estas especies.

La Junta de Castilla y León es muy consciente de los poderes económicos y especialmente electorales a los que se debe, más vinculados a otros sectores y que en esta Comunidad Autónoma están lejos del rigor científico y de la conservación de la naturaleza.

Informe: Mortalidad del oso pardo en la Montaña Palentina

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La administración regional confirma la muerte de 16 lobos, tres de ellos por disparo, entre enero de 2024 y marzo de 2025, periodo en el que la especie estaba catalogada como protegida.

En el mes de mayo de 2025, Ecologistas en Acción solicitó a la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León información sobre los lobos muertos en la provincia de Palencia desde el 1 de enero de 2024 hasta la fecha de la solicitud, periodo en el que la especie estaba incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE). Los datos ofrecidos por la Junta elevan a un total de 16 los lobos muertos por diferentes causas, destacando la cifra de 3 ejemplares muertos por disparo.

En el escrito de contestación, la administración regional ha dado traslado de las diferentes causas de la muerte de esos 16 ejemplares en base a las necropsias realizadas, que también han sido aportadas como respuesta a la petición de información. Las causas de muerte son diversas, siendo 7 por atropello, 3 por disparo, 3 por causa desconocida, 1 por intoxicación, 1 por mordedura de cánido y 1 por enfermedad. Estos datos vienen a confirmar la elevada tasa de mortandad no natural que soporta la especie y que compromete su estado de conservación catalogado como desfavorable e inadecuado, lo que hace muy difícil su viabilidad futura.

Los tres lobos muertos por disparos, dos hembras y un macho, fueron abatidos en las localidades de Villabasta de Valdavia, Guardo y Salcedillo. Desde Ecologistas en Acción vamos a solicitar al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia que, tal y como indican en un reciente comunicado, informe con detalle de las actuaciones que ha llevado a cabo tanto en el hallazgo como en la posterior investigación de las causas de la muerte, dada la protección de la especie en el momento que se encontraron los cadáveres de los 3 ejemplares disparados. Los ecologistas recuerdan que estos son los datos oficiales, que suelen representar un porcentaje escaso sobre todas las muertes que se producen y que no aparecen en ningún registro.

Ecologistas en Acción consideramos que la Junta de Castilla y León ha aprovechado la protección del lobo para acceder a ayudas europeas y capturar ejemplares para su radio marcaje con la excusa de controlar los ejemplares conflictivos, sin hacer mucho más en materia de gestión y conservación, ya que eso supondría enfrentarse a sectores como el ganadero y el cinegético que sin fundamento esgrimen la favorable situación de la especie.

Estos datos de muertes, y los del resto de provincias, deberían aparecer reflejados en el propio censo elaborado por la Junta de Castilla y León, lo que haría muy difícil poder argumentar la salida de la especie de su régimen de protección.

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El Juzgado de Instrucción número 7 de Palencia decreta la apertura de Juicio Oral contra un acusado de falso testimonio que declaró en un juicio en 2022 para favorecer a un amigo, investigado por un acto de furtivismo, que finalmente fue condenado por matar un corzo.

La situación se remonta a diciembre de 2020, cuando un cazador fue sorprendido en el Coto Privado de Caza de Nestar matando un corzo sin tener autorización para hacerlo.  El 31 de marzo de 2022 este cazador fue condenado por Sentencia del Juzgado de lo Penal de Palencia por un delito contra la protección de la fauna a la pena de 2.160 euros de multa y al pago de una indemnización al titular del coto de 6.174€ en concepto de responsabilidad civil. Sentencia que fue recurrida por el cazador y finalmente confirmada en su integridad por la Audiencia Provincial el 26 de enero de 2023.

En la celebración de la vista del juicio oral, en marzo de 2022, el cazador propuso para su defensa la declaración como testigo de un amigo, el cual declaró que el día de los hechos había estado con el condenado por furtivismo en el bar que este regentaba en una localidad vecina, a varios kilómetros de distancia del lugar donde se disparó al corzo. A instancias de la Fiscalía se solicitó deducir testimonio contra este testigo por entender que su declaración entraba en contradicción con lo manifestado por varias personas que situaron al investigado y su vehículo en el coto de Nestar y no en el establecimiento que regentaba.

Tres años después, se ha abierto juicio oral por un delito de falso testimonio contra el testigo de la defensa que se prestó a hacer una declaración poco veraz, y por ello la Fiscalía en su escrito de acusación, solicita un año de prisión y cuatro meses de multa con una cuota de cuatro euros diarios, junto con la inhabilitación para el sufragio pasivo por la declaración que “resultó flagrantemente contradicha por la de un testigo ocular de los hechos y otros testigos que vieron allí su vehículo” y por tanto el ahora acusado “mintió a sabiendas, en el juicio, faltando a la verdad en su testimonio, y lo hizo a favor del reo”.

Ecologistas en Acción, personada en el primer proceso contra el furtivo, se felicita por la actuación ejemplar de la Fiscalía que no ha tolerado que el testigo diga en el juicio lo que le parezca oportuno faltando a la verdad de forma descarada. Durante décadas, llevamos asistiendo a todo tipo de declaraciones en los Juzgados, en las múltiples causas en las que hemos estado personados, y consideramos importante que se persiga el falso testimonio y la mentira, por desgracia muy arraigadas en el ambiente cinegético, confiando en que este caso sirva para que los miembros de este sector se lo piensen antes de ir a declarar en los Juzgados para hacer favores.

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• Organizaciones sociales de Castilla y León reclaman una Transición Ecológica y Social Justa para la región, un proceso compartido y participado por toda la sociedad que nos permita vivir dignamente sin transgredir los límites planetarios.

Ha sido presentado, en la escuela de ingenierías industriales de la Universidad de Valladolid, el informe de Transición Ecosocial en Castilla y León, un  documento que pone la atención sobre la necesaria transición que debemos acometer para frenar el deterioro ambiental y revertir las desigualdades existentes. Esta transición incluye cambios profundos y urgentes en todos los ámbitos: sociales, culturales, económicos, tecnológicos y políticos. El documento pone la atención en la importancia de que este proceso de cambio sea entendido en su magnitud y participado por la sociedad para que las medidas sean aceptadas y asumidas.

El informe de Transición Ecosocial es el fruto de una colaboración entre Ecologistas en Acción de Castilla y León, la Coordinadora de ONGD de Castilla y León (COODECYL) y la Confederación General del Trabajo (CGT), que realizan esta propuesta en el marco de Futuro en Común, una alianza estatal que promueve políticas públicas centradas en las personas y el planeta. El documento incluye las conclusiones del proceso participativo llevado a cabo en la región durante los primeros meses de este año, en el que han participado unas 200 personas de distintos ámbitos a título individual.

La metodología seguida es la propuesta por el Foro Transiciones para fomentar “una enorme conversación capaz de llegar a todos los rincones de la sociedad”. El breve diagnóstico hace un zoom a la comunidad autónoma, para analizar el contexto regional en una economía globalizada y un planeta que ha topado con los límites biofísicos, y enfrentar los retos: restaurar y preservar los ecosistemas, dificultades en el acceso a la vivienda, desigualdades sociales y de género, desequilibrios territoriales entre lo rural y urbano y dependencia de un modelo económico que da signos de agotamiento y que debe decrecer en la esfera material y energética.

La inteligencia y construcción colectiva han puesto de manifiesto que ya hay muchas acciones que generarían un impacto positivo en el corto plazo, tanto de iniciativas públicas como de actuaciones desde la colectividad y con gran poder transformación. Es fundamental fortalecer la red ciudadana, generar una gran masa social impulsora del cambio y formular perspectivas de un futuro viable que aborden los retos descritos. Los desafíos son enormes, pero emprender el camino es ineludible.

Con toda la información recopilada de la revisión documental y el proceso participativo el equipo ha elaborado una propuesta de incidencia política, apelando a los partidos políticos para que integren la transición ecológica y social en sus programas de gobierno. Somos conscientes de que no es una agenda completa, pero sí una batería de propuestas para contribuir en el corto plazo hacia el cambio social y a centrar el debate en la imperiosa necesidad de cambio de rumbo.

Transición Ecosocial en Castilla y León

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• La asociación ecologista considera correcta toda la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida, al contrario de lo manifestado por el Ayuntamiento que ha tachado la sentencia como “sentencia sorpresa”, alegando desviación del objeto procesal y falta de motivación.

La sentencia de 3 de noviembre, estimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto por Ecologistas en Acción, declaró no ser conforme a derecho la Resolución de 5 de febrero de 2025 por la que se  desestimó el recurso de reposición formulado por la asociación ecologista contra la Resolución de 29 de noviembre de 2024 que otorgaba licencia de uso provisional en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable en la Calle Cerro del Otero de Palencia para el proyecto de aparcamiento disuasorio, ambas Resoluciones dadas por la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Palencia.

La asociación ecologista considera que el motivo esencial por el que la sentencia anula las dos Resoluciones de la Concejalía de Urbanismo, es por apreciar una indebida tramitación de la autorización para el uso provisional, en contra de las prescripciones recogidas en los artículos 306, 307 y 313 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. Sin embargo, el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento de Palencia se centra principalmente en la tramitación del uso excepcional en suelo rústico, cuando este aspecto no deja de ser una consecuencia secundaria a la causa principal. El proyecto fue aprobado en el mes de julio de 2024 y la autorización para el uso provisional del suelo se otorgó en el mes de noviembre de 2024.

Aunque el Ayuntamiento realizó un trámite de información pública, este fue exclusivamente para el uso provisional en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable pero no sobre la totalidad del proyecto ni sobre la afección al suelo rústico, es decir, omitió un trámite esencial en el control de la legalidad urbanística como es la garantía de participación ciudadana y la exigencia de justificación y motivación suficiente del interés público en los usos excepcionales en suelo rústico. Todo ello determina, según la sentencia y dando la razón a las argumentaciones de los ecologistas, que el vicio de procedimiento es insubsanable y supone la nulidad de pleno derecho del acto de licencia de uso provisional.

Ecologistas en Acción confía en que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ratifique la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palencia en todos sus términos a tenor de lo manifestado en la misma, aseverando que el argumento municipal implica reconocer paladinamente que en el mes de julio de 2024 se concedió directamente autorización para uso provisional en suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable sin seguir el procedimiento legalmente establecido en el RUCyL.

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• Continúa en la Audiencia Provincial de Valladolid el juicio por la conocida “trama eólica”, el mayor procedimiento judicial por corrupción relacionado con la gestión de las energías renovables en Castilla y León, iniciado el 15 de septiembre y que se extenderá hasta el 18 de enero de 2026.
• Ecologistas en Acción Castilla y León ejerce la acusación popular en esta causa, en defensa del interés general, del territorio y de una transición energética justa y transparente.
• Para la organización ecologista en su conjunto, este es un procedimiento contra un modelo de gestión opaco que, además, no se reduce a actuaciones aisladas, sino a la existencia de un sistema organizado de control y bloqueo del desarrollo eólico.

El juicio de la trama eólica investiga la actuación de altos cargos de la Junta de Castilla y León, con especial protagonismo del exviceconsejero de Economía y principal acusado, Rafael Delgado, en relación con un sistema que habría condicionado la autorización de parques eólicos a intereses privados ajenos a los criterios técnicos, ambientales y de legalidad administrativa.

La causa se sitúa en el contexto de un modelo político desarrollado durante los gobiernos autonómicos del Partido Popular que, según las acusaciones, ha convertido el despliegue de la energía eólica en un espacio de intercambio de favores, presiones y beneficios económicos, con grave perjuicio para lo público.

En fases previas al inicio del juicio oral, se produjo la retirada de la acusación contra algunos empresarios inicialmente encausados, quedando el foco del procedimiento en las responsabilidades políticas, administrativas y penales de quienes ocupaban posiciones clave en la toma de decisiones.

Sin embargo, Ecologistas en Acción insiste en que el núcleo del caso no se reduce a actuaciones aisladas, sino a la existencia de un sistema organizado de control y bloqueo del desarrollo eólico en Castilla y León, del que estos empresarios también formaban parte.

Testimonios sobre presiones, amenazas y socios impuestos

Durante las primeras sesiones del juicio, distintos testigos –entre ellos exdirectivos del Ente Regional de la Energía (EREN), responsables territoriales de Industria y técnicos de la Administración autonómica– han descrito un patrón común de funcionamiento.
El exdirector del EREN declaró que numerosos proyectos no avanzaban si no incorporaban socios locales concretos, ajenos a los promotores originales. En la misma línea, el exjefe de Industria de Burgos afirmó que Rafael Delgado le comunicó que no se autorizarían parques eólicos y que era mejor “callar”, lo que apunta a un clima de intimidación y autoritarismo institucional.
Otros testigos confirmaron la existencia de mecanismos informales de priorización de expedientes –conocidos como sistemas de “semáforos”– utilizados para favorecer o bloquear proyectos al margen de los procedimientos reglados. Los promotores elegidos por la Consejería adquirían participaciones a bajo costo que revendían con grandes márgenes de beneficios cuando los parques eólicos habían sido aprobados.
Asimismo, empresarios del sector eólico relataron que se vetaron proyectos con participación extranjera, especialmente cuando no aceptaban determinadas condiciones impuestas desde la Administración. Según estos testimonios, se llegó a advertir de consecuencias personales o profesionales si se autorizaban proyectos que no se ajustaban a las directrices políticas marcadas.

Un caso estructural, no individual

En su declaración, Rafael Delgado negó la existencia de presiones o irregularidades y defendió que las denegaciones de proyectos respondían a supuestos problemas de solvencia financiera. Asimismo, intentó desplazar la responsabilidad de las decisiones irregulares hacia otros responsables políticos del Gobierno autonómico de la época, entre ellos el entonces vicepresidente y consejero de Economía Tomás Villanueva Rodríguez, ya fallecido.

Por su parte, el abogado Jesús Rodríguez Recio, amigo de Delgado, ofreció explicaciones contradictorias al tratar de justificar operaciones financieras y estructuras societarias en el extranjero, negando la actuación como testaferro, pese a las evidencias documentales analizadas durante el juicio.

Frente a estos hechos, Ecologistas en Acción insiste en que este juicio no puede interpretarse como una suma de comportamientos individuales, sino como la manifestación de un modelo estructural de corrupción, que ha utilizado las instituciones públicas para mercantilizar el territorio, frenar el desarrollo ordenado de las energías renovables y beneficiar a intereses privados.

Luis Oviedo, abogado y portavoz de Ecologistas en Acción, ha declarado: “La energía eólica, fundamental frente a la emergencia climática, ha sido instrumentalizada, dañando gravemente la credibilidad de las políticas públicas y el derecho de la ciudadanía a una transición energética justa y democrática. Ecologistas en Acción Castilla y León continuaremos ejerciendo la acusación popular para que se esclarezcan todas las responsabilidades políticas y penales y para que este proceso judicial marque un punto de inflexión en la gestión de las energías renovables en la comunidad”.

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• Ecologistas en Acción Castilla y León alerta de que la Junta de Castilla y León está aprovechando la alarma generada por la Peste Porcina Africana (PPA) para impulsar una ampliación indiscriminada de la caza del jabalí, mediante medidas carentes de base científica y sanitaria; una estrategia que traslada injustamente la responsabilidad a la fauna silvestre y responde a los intereses del sector cinegético y de la ganadería industrial, poniendo en riesgo la seguridad de las personas, el equilibrio ecológico y una gestión responsable del territorio.

Una falsa emergencia para aparentar gestión
Ecologistas en Acción Castilla y León denuncia un nuevo ejemplo de gestión electoralista por parte de la Junta de Castilla y León, que ha declarado una cuestionable “emergencia cinegética” para intensificar la matanza de jabalíes, ignorar deliberadamente el papel del lobo ibérico como depredador natural y aparentar que se está actuando ante un problema sanitario que no tiene su origen en la fauna silvestre.

La Peste Porcina Africana como pretexto
Tras la aparición de varios jabalíes muertos en Cataluña a causa de la Peste Porcina Africana (PPA), una enfermedad altamente contagiosa que afecta a los animales de la familia de los cerdos, la Junta de Castilla y León ha adoptado medidas supuestamente preventivas basadas casi exclusivamente en la caza del jabalí para evitar la propagación del foco inicial.

Sin embargo, según las últimas informaciones, dicho foco probablemente no procede de la fauna silvestre, sino que puede haberse debido al escape del virus desde un laboratorio de alta seguridad. A pesar de esta posibilidad sobre la mesa, se está demonizando al jabalí y utilizando como chivo expiatorio, ignorando tanto el origen real del problema como las funciones ecosistémicas que cumple esta especie.

El peso de la ganadería industrial en Castilla y León
El contexto no puede entenderse sin considerar el peso de la ganadería industrial en Castilla y León, dominada por grandes explotaciones intensivas donde se hacinan miles de animales, muchas veces con destino a la exportación. La alarma sanitaria generada beneficia a estos intereses, al tiempo que se satisface a dirigentes del sector cinegético y se intenta apaciguar a agricultores, consolidando un modelo de gestión orientado a mantener un granero de votos en periodos electorales.

Presiones cinegéticas, negocio de la caza y riesgos sanitarios
La declaración de la denominada “emergencia cinegética” no responde a criterios técnicos ni sanitarios, sino a las presiones del sector cinegético. La Consejería de Medio Ambiente ha optado por satisfacer las demandas de este sector y, de paso, apaciguar a parte del sector agrario, consolidando un enfoque de gestión orientado a mantener un granero de votos, especialmente en periodos electorales.

La Orden MAV/1434/2025, de 11 de diciembre (BOCyL 112/12/2025), intensifica estas medidas al permitir el uso de visores nocturnos en esperas de jabalí, lo que fomentará su utilización tanto legal como ilegal, con el consiguiente riesgo para la seguridad de las personas y posibles impactos sobre otras especies como corzo, ciervo o lobo. También autoriza la alimentación suplementaria de origen vegetal, que aumenta artificialmente la población de jabalíes.

La gestión cinegética promovida por la Junta se basa fundamentalmente en el interés económico de los cotos, que necesitan grandes capturas de jabalíes para hacer atractiva la venta de puestos de caza mayor. Esto favorece prácticas como la alimentación artificial, el uso de atrayentes e incluso la suelta de jabalíes de granja —procedentes incluso de otros países— para promocionar jornadas cinegéticas.
Lejos de contribuir a la contención sanitaria, la intensificación de la caza puede aumentar los riesgos de difusión de virus y otros patógenos al provocar el desplazamiento de los animales a grandes distancias. Diversos especialistas europeos ya han advertido que fomentar la caza puede favorecer la expansión de la PPA en lugar de contenerla.

El gran ausente: el lobo ibérico
Esta Orden, al igual que el resto de documentos y declaraciones políticas de la Junta de Castilla y León, resulta profundamente incongruente al ignorar por completo la necesidad de conservar poblaciones funcionales de lobo ibérico, el principal depredador natural del jabalí en nuestro país.

El lobo desempeña una labor clave tanto sanitaria como de regulación numérica de las poblaciones de jabalí y otros ungulados silvestres, por lo que constituye un aliado natural del sector agrícola y ganadero. Su exclusión sistemática de cualquier estrategia de gestión evidencia la falta de un enfoque ecológico integral.

Un modelo incompatible con el interés general
Los intereses que mueven la caza en Castilla y León son el ocio y el beneficio económico, objetivos incompatibles con una gestión rigurosa basada en criterios sanitarios, ecológicos y de interés general. Difícilmente el sector cinegético se autoimpondrá reducciones reales de las poblaciones de jabalíes cuando su interés es disponer de más piezas de caza.

Así lo ha demostrado la gestión de las poblaciones de corzo y ciervo frente a enfermedades que afectan también a la fauna doméstica, así como el persistente fracaso en el control de los daños a los cultivos, una realidad sobradamente conocida por agricultores y ganaderos.

Ecologistas en Acción Castilla y León advierte que la estrategia de la Junta, centrada en la caza indiscriminada y en intereses económicos y políticos, no aborda las verdaderas causas de la PPA, traslada injustamente la responsabilidad a la fauna silvestre y pone en riesgo la seguridad de las personas, el equilibrio ecológico y la gestión responsable del territorio. Una política eficaz debería basarse en criterios científicos y ecológicos, promoviendo la conservación de depredadores naturales y medidas de prevención sostenibles, en lugar de recurrir a soluciones apresuradas y electoralistas.

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