Esta intervención se realizó el 22 de enero 2026 en el marco de la “ Jornada Avance de la Privatización en el Sistema Sanitario Público”, organizada por el Grupo de Podemos en el Congreso de los Diputados. El avance de la privatización va a pasos agigantados sobre todo a partir de la pandemia por la Covid 19.

Los peligros que nos acechan son los derivados de una ideología de pensamiento único pernicioso para la Democracia que se refleja en: el modelo Neoliberal de libre mercado sin reglas, que entra a saco en la Mercantilización de los Servicios Públicos, convirtiendo Salud, Vida y Naturaleza en mercancías mientras convierte a toda la ciudadania en una clientela cautiva cuya metodología obedece la pura especulación.

Especulación invasora por ese modelo que nos ha convertido en victimas del capitalismo desbocado y salvaje que se incrementó a partir de la pérdida de contrapesos tras la caída del Muro de Berlín y de la URSS. Un capitalismo embrutecido por el permanente juego a la ruleta rusa con sus juegos financieros viciosos al margen de la economía productiva real.

Los lobbys o grupos de presión son puros agentes invasores de las instituciones que se camuflan de espesas telas de araña globales. Herramientas que utilizan las grandes corporaciones transnacionales que acaban sometiendo a Estados bajo fórmulas coercitivas por incumplimientos. Teniendo a su vez como jefes ejecutivos para la dirección estratégica y operativa de dichos Estados a gobiernos colaboracionista sin voluntad y a políticos sin liderazgo arrastrados por la gran manada sin ética que los arrastra.

El negocio de la Salud es una estafa democrática y no un fraude, el fraude se comete sin consentimiento de la victima, en cambio en la estafa la victima lo permite a cambio de promesas que sólo son cebos que no la van a solucionar. Sólo un Sistema sanitario Público, cuyo único objetivo es la Salud y sin reglas de Mercado, será capaz de garantizar un derecho obligado.

Lo exigen normativas internas e internacionales. No quieren entender que democracia es un sistema socialista, que se levanta sobre la “Res- Pública”, lo demás es una estafa bien adornada a costa de los trabajadores y sus impuestos. Sin embargo esos gobiernos incapaces que son meros gestores no han cumplido con trabajar por ella con plena dedicación.

Con esa farsa del plan neoliberal además estamos a punto de que se extinga el Estado de Bienestar que llegó para satisfacer a toda la sociedad, siendo más necesario hoy ante las en enormes bolsas de pobreza frente al enriquecimiento progresivo de muy pocos se han adueñado del país

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Capacitar al personal sanitario para reconocer y tratar la parada cardiorrespiratoria (PCR) en el paciente pediátrico y neonatal, aplicando los protocolos y medidas establecidas para ello, es el objetivo principal de dos formaciones que ofrece el Servicio de Pediatría de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete.  Se trata del curso de Soporte Vital Avanzado …

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Te encuentras ante una persona inconsciente. ¿Sabrías actuar correctamente? Es la situación que plantean Enara y Leticia, dos residentes de Medicina Intensiva en el Complejo Hospitalario de Albacete a través del perfil en redes sociales del mismo. Y es que saber actuar ante una situación de emergencia puede marcar la diferencia entre la vida y …

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El Hospital General de Valdepeñas, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ha superado las 10.000 resonancias magnéticas realizadas desde la puesta en funcionamiento de su equipo de resonancia, hace ahora dos años. Desde su implantación, en enero de 2024, este equipamiento de alta tecnología ha permitido mejorar la capacidad diagnóstica, reducir tiempos de …

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Los representantes sindicales de la mesa sectorial del Sescam se han concentrado este jueves en la puerta del hospital Perpetuo Socorro de Albacete para anunciar el inicio de nuevas movilizaciones, que comenzarán el próximo 10 de febrero, de cara a recuperar la carrera profesional. Minutos antes de reunirse en una asamblea con el personal del …

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Por Juan Torres López, del Consejo Científico de Attac. Publicado originalmente en su blog.

LO QUE HAY DETRÁS DE LA SANIDAD PRIVADA Y QUÉ NOS ESTAMOS JUGANDO

La salud es un derecho y convertirla en negocio pone en riesgo la vida, empobrece a las familias y rompe la equidad y la igualdad.

Cuando aparece la enfermedad, el dinero ayuda… pero no sustituye lo esencial: un sistema sanitario con medios y profesionales cuyo objetivo sea cuidarte, no facturarte.

Es fundamental que la ciudadanía esté bien informada sobre lo que implica el avance de la sanidad privada y su penetración en el sistema público.

España dispone de un privilegio: un sistema público universal financiado con impuestos, que permite acceder a la atención sin “pasar la tarjeta” al entrar en urgencias.

Este modelo está en peligro: se deteriora por financiación insuficiente, déficits de personal y políticas que derivan recursos hacia lo privado, generando listas de espera y malestar que alimentan la contratación de seguros.

La privatización avanza de forma soterrada, a menudo presentada como “colaboración” o “eficiencia”, sin reconocer su dirección estructural: sustituir progresivamente servicio público universal por negocio privado.

SE TRATA DE TU VIDA

El debate sobre el tipo de sistema sanitario no es técnico ni menor: afecta directamente a nuestra seguridad, a la calidad de nuestras vidas y al tiempo que podamos vivir.

La sanidad pública cuesta mucho dinero, aunque creamos que es gratis porque no pagamos en el acto Es fundamental saberlo para no creer que un seguro privado “barato” puede cubrir todos los tratamientos que necesitemos.

El seguro privado es un negocio: sólo puede sostenerse si la mayoría paga más de lo que gasta o si se aplican exclusiones, carencias, copagos y selección de riesgos.

Hasta ahora, los seguros médicos de la sanidad privada en España han sido relativamente asequibles porque lo que ésta atiende en mayor medida es lo más rentable, dejando lo más costoso en manos de la sanidad pública. Pero si lo público sigue deteriorándose para impulsar lo privado y éste gana terreno, los seguros subirán, la cobertura se estrechará y muchas personas quedarán desprotegidas, como ocurre en sistemas dominados por el mercado y las finanzas.

COBERTURA Y PROTECCIÓN

En un sistema universal se accede por ciudadanía; en uno privatizado se accede por dinero (pago directo o póliza).

El seguro privado puede facilitar el uso frecuente de ciertos servicios, pero no protege bien cuando aparece una contingencia grave y cara, justo cuando de verdad te juegas el patrimonio y la vida. Cuando eso ocurre, aumenta el riesgo de ruina financiera y se multiplican las quiebras vinculadas a gastos sanitarios.

MORTALIDAD Y OTROS RESULTADOS DE SALUD

El criterio decisivo para valorar lo que proporciona cada sistema sanitario es la mortalidad evitable: muertes que podrían prevenirse o retrasarse con prevención, atención primaria fuerte, diagnóstico a tiempo y tratamientos adecuados.

Cuando el sistema se orienta al lucro aparecen mecanismos que, acumulados, producen más muertes evitables: menor acceso de quienes tienen menos recursos; retraso o renuncia a tratamientos; presión por reducir costes (menos tiempo por paciente, plantillas ajustadas, rotación, precariedad…); menor inversión en prevención, salud pública y seguimiento de crónicos; concentración de recursos donde es rentable y no donde es necesario.

Todo eso se agudiza cuando los centros sanitarios privados son propiedad de fondos de inversión (lo que va a suceder cada vez más): su lógica de rentabilidad rápida se traduce en mayores recortes y estrategias financieras que deterioran la atención.

Un sistema que gana dinero con la enfermedad tiene incentivos incompatibles con minimizarla.

ATENCIÓN SANITARIA, SATISFACCIÓN Y SALUD

Para ganar más dinero, el modelo privado genera incentivos que favorecen la sobreutilización de pruebas, los tratamientos innecesarios y las intervenciones de escaso valor clínico.

El número de cesáreas es un ejemplo de ello: en la sanidad privada es notablemente más alto, lo que sugiere decisiones condicionadas por organización y rentabilidad, no sólo por necesidad médica.

En la sanidad privada se tiende a concentrar los casos simples, programables y rentables, mientras que la pública carga con la alta y más cara complejidad (UCI, trasplantes, oncología compleja, emergencias graves).

COSTES Y EFICIENCIA

En materia de la salud el rendimiento y los resultados no se pueden medir en términos de beneficio por euro, sino en salud obtenida por euro.

La sanidad privada es más cara y menos eficiente. Estados Unidos es el mejor ejemplo de ello: gasto sanitario altísimo y resultados en indicadores básicos mucho peores.

Una causa principal de ello es el alto coste administrativo en el sector privado (facturación, negociación con aseguradoras, autorizaciones, marketing, litigios…), que consume recursos que no se transforman en cuidados y atención sanitarios. Otra, la fragmentación: un sistema sanitario eficiente exige cooperación horizontal (entre centros) y coordinación vertical (entre niveles asistenciales). La lógica competitiva del mercado tiende a romper esa integración y a duplicar pruebas y procesos.

Además, en la sanidad privada, parte del gasto acaba convertido en beneficio financiero, dinero que sale del circuito sanitario.

EQUIDAD E IMPACTO DISTRIBUTIVO

La sanidad pública no solo cura: redistribuye. Al financiarse con impuestos, transfiere “renta en especie” hacia quienes más la necesitan (hogares con menos ingresos, personas enfermas o mayores…). En cambio, la sanidad privada vuelve el gasto sanitario regresivo: los hogares pobres dedican una proporción mayor de su renta a seguros, copagos y pagos directos. Cuando la salud se convierte en negocio, la enfermedad se convierte en motor de desigualdad.

COMPORTAMIENTO EMPRESARIAL E IMPLICACIONES DEL AFAN DE LUCRO

Para ganar dinero hay que facturar más y recortar costes, lo que incentiva sobretratamiento rentable y contención del gasto en el paciente.

En los sistemas dominados por el mercado se estima que entre el 20% y el 30% de los actos médicos no aportan un beneficio real al paciente, pero sí generan ingresos.

La sanidad privada no tiene pacientes a los que atender sea cual sea su circunstancia: tienen clientes a los que se atiende solo si pueden pagar, directamente o a través de un seguro.

Para reducir costes, la sanidad privada costes ajusta plantillas al mínimo, incrementa el número de pacientes por profesional, reduce salarios, precariza contratos y disminuye el tiempo clínico por paciente. Está ampliamente demostrado que toso eso aumenta los errores de diagnóstico, los fallos en la medicación, las complicaciones y la mortalidad evitable. El ahorro empresarial se paga con riesgo para la vida.

Los grandes grupos sanitarios privados y los fondos de inversión que se van quedando con ellos tienen una capacidad de presión política y mediática muy grande y eso hace que la atención sanitaria se convierta en una industria de extracción de rentas. Aunque los profesionales concretos actúan con vocación, el marco empresarial empuja en dirección contraria a la salud colectiva.

EN QUÉ ES MEJOR LA SANIDAD PRIVADA

La sanidad privada puede ser más rápida en consultas, pruebas y cirugías programadas; suele ofrecer más confort; puede generar más innovación y más agilidad organizativa en nichos concretos.

Sin embargo, esas ventajas no prueban la superioridad del modelo. Casi siempre son consecuencia de que lo público ha sido debilitado o financiado insuficientemente, y de que la privada selecciona actividad rentable.

En sanidad, el “mejor servicio” no es el que parece más amable, sino el que cura, previene, acompaña y protege con criterios científicos, no comerciales.

COLABORACIÓN” PÚBLICO-PRIVADA: EVALUACIÓN

En general, la expansión de la sanidad privada no se está produciendo mediante una privatización abierta y explícita, sino a través de la llamada colaboración público-privada presentada como una solución técnica y pragmática a los problemas del sistema público.

La colaboración puede ofrecer ventajas tácticas limitadas, como reducir listas de espera en procesos simples o utilizar capacidad instalada ya existente.

Sin embargo, cuando se generaliza y se hace estructural (como está ocurriendo en España) produce efectos negativos: debilita la capacidad propia del sistema público; este pierde personal, inversión y planificación a largo plazo; lo encarece, al generar dependencia de proveedores privados y renegociaciones al alza; introduce un choque de incentivos (el sector privado gana más cuantos más procedimientos realiza, mientras que el sistema público es más eficiente cuanto más sana está la población); favorece la selección de pacientes y la derivación de los casos más complejos y costosos al sistema público; consolida un sistema sanitario dual, desigual e injusto.

La colaboración público-privada no es neutral. No refuerza simultáneamente ambos sistemas, sino que actúa como mecanismo de sustitución progresiva de la sanidad pública por la privada, utilizando dinero público para expandir el negocio sanitario.

La colaboración público-privada, tal como se viene produciendo, no arregla los problemas de la sanidad pública; los convierte en oportunidad de negocio. Si se normaliza, el futuro es un sistema de dos velocidades, más desigual, más caro, con peor prevención y con más vidas expuestas.

BALANCE

La evidencia acumulada es concluyente: los sistemas sanitarios públicos, universales y bien financiados son superiores en términos de salud, eficiencia, equidad y protección económica.

La privatización no soluciona los problemas de la sanidad pública. Los convierte en negocio.

Defender la sanidad pública no es solo una cuestión ética o ideológica: es una decisión racional de protección vital, social y económica.

Cuando la salud se mercantiliza y se pone en manos del capital privado, antes o después, lo pagas con tu vida.

Si deseas leer el texto completo donde están desarrolladas con más detalles las ideas anteriores puedes hacerlo pinchando aquí.

La entrada La vida es un derecho, no una mercancía se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Este artículo se publicó originalmente en #LaMarea109. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para recibirla y apoyar el periodismo independiente.

Una pesadilla recurrente de la izquierda andaluza podría ser esta: el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla fumándose, sin ser fumador, plácidamente un puro en el palacio de San Telmo mientras contempla ensimismado cómo las volutas del cigarro ascienden muy, muy despacio hasta diluirse silenciosamente en las oquedades del bello artesonado que ennoblece el techo de su despacho presidencial. Y lo peor de todo: el tipo llevaría como unos siete años fumándose el maldito puro.

Desde que en 2022 logró su mayoría absoluta, no menos inesperada que la milagrosa carambola que cuatro años antes lo llevó a la presidencia, los intentos de la oposición de erosionar su figura se asemejan a esas inocuas espirales de humo que nuestro hombre observa abstraído, sin inquietud, consciente de que las pobres volutas, como la izquierda andaluza, no pueden dejar de ser lo que son: humo, niebla, sombra, nada.

En su primer mandato Moreno tuvo que lidiar con las exigencias ocasionalmente montaraces de aquel Vox, que, en alianza con Ciudadanos, lo había hecho presidente y garantizaba la estabilidad de su gobierno; los apuros en que, de cuando en cuando, los ultras ponían al presidente se vieron, sin embargo, felizmente neutralizados por un entreguismo del partido naranja que hizo la legislatura conservadora mucho más plácida de lo que auguraba la aritmética parlamentaria.

Lo nunca visto en 30 años

Ya con la mayoría absoluta lograda merced al abstencionismo de la izquierda y el desistimiento de C’s, que Moreno premiaría recompensando a su líder Juan Marín con un cargo tan poco expuesto y trabajoso como bien remunerado, su actual segundo mandato había venido siendo una balsa de aceite en la que el presidente flotaba serenamente sin temor a perturbación alguna hasta que –en política no hay bien que ocho años dure– en octubre pasado saltaba el escándalo del cribado de cáncer de mama: al menos 2.317 mujeres, según el moderado cómputo de la Junta, no fueron advertidas de que debían hacerse una nueva prueba porque el resultado de la primera era dudoso. Nunca durante las tres décadas largas que lleva implementado el programa había sucedido nada comparable. Nunca. Para la Junta se trata de un error; para la oposición, de un escándalo; para las mujeres, de un espanto.

La ola de indignación social cogió al presidente a contrapié, como si no diera crédito a lo que estaba pasando, y desde hacía muchos meses además, en el sistema sanitario andaluz. ¿Un error? ¿Una disfunción? ¿Una chapuza? Cuando cualquiera de estas tres particularidades se prolonga durante años sin que nadie les ponga fin, error, disfunción o chapuza mudan de estado político: lo que era anécdota adquiere el estatus de categoría, lo que parecía accidental alcanza el rango de estructural, lo que era amenaza ocasional pasa a ser peligro permanente.

Un mes después de estallar la crisis, que en pocos días había obligado al presidente a prescindir de su consejera de Salud, la Junta todavía no había dado una explicación creíble, convincente y detallada de las causas de ese gigantesco error/disfunción/chapuza que tiene en vilo a miles de mujeres. Además de fuertemente politizado (como no podía ser menos), el caso de las mamografías ha pasado a estar judicializado. La Fiscalía está decidida a averiguar por qué pasó lo que pasó: para sonrojo del periodismo y bochorno de la política, la justicia parece hoy por hoy la única garantía de que se acabe sabiendo la verdad, pues ni el periodismo, que no pasa por su mejor momento, ni la oposición, que está en el peor, han logrado taladrar el muro de opacidad, escapismo y silencio levantado por el Gobierno andaluz para protegerse a sí mismo, no a las mujeres, de los efectos virtualmente letales derivados de su imprevisión, su ineptitud o su negligencia.

¿Pecador yo? ¡Pecador tú!

Mientras, la tardanza de San Telmo en dar la explicación que mujeres y opositores le reclaman alimenta la sospecha de que las causas de lo sucedido no se deberían meramente a una mala praxis profesional, sino que pondrían en cuestión el propio modelo sanitario del Partido Popular, cuyo deterioro habría favorecido el fortísimo incremento del número de andaluces que en la última década han contratado un seguro privado: en 2014 eran 1,2 millones; en 2025 ya son 1,8 millones, el 22% de la población de la comunidad.

Si el escándalo andaluz del cáncer de mama hubiera tenido lugar con un gobierno socialista, las derechas estarían comportándose, como mínimo, como lo están haciendo las izquierdas, ansiosas por hallar la pistola humeante del delito, la soñada conexión causa efecto entre: 1) los recortes en la sanidad pública en forma de traspaso de fondos a la privada y de facilidades laborales a los médicos para compatibilizar su empleo público y su consulta privada; y 2) las 2.317 mujeres con un diagnóstico dudoso de cáncer de mama a las que no se avisó para hacerse una nueva prueba.

El PP se opone en Andalucía a la comisión parlamentaria para investigar los fallos del cribado de cáncer de mama. Obviamente, si estuviera en la oposición apoyaría esa comisión, como la apoya la misma izquierda que, de estar en el gobierno, la rechazaría sin contemplaciones aunque tal vez con un leve cargo de conciencia. En un espacio público tan altamente polarizado como el español opera con regularidad la ley de hierro según la cual importa mucho más la filiación del pecador que el pecado mismo.

Aun así, también esta ley tiene sus excepciones: no está operativa en casos de una incompetencia tan extrema que hace inviable toda absolución, como ha ocurrido con el expresidente valenciano Carlos Mazón; y no está en vigor tampoco en los casos de negligencia con resultado de muerte, amputaciones o mucho dolor, como puede haber ocurrido en Andalucía. En tales casos, la gravedad del pecado se impone sobre la adscripción de quien lo comete, de modo que en las siguientes elecciones autonómicas un buen número de votantes del partido pecador bien pudiera optar por quedarse en casa o incluso por marcharse con su voto a la competencia.

Salud y propaganda

Sea o no la punta del iceberg de otros males de fondo que aún no han aflorado a la superficie, el principal impacto de la crisis del cribado de cáncer quizá radique finalmente en haber dado una intensa visibilidad local y una inédita proyección nacional al deterioro galopante de la sanidad pública andaluza: hace años tu médico de cabecera te daba cita al día siguiente de pedirla; hoy tarda diez, doce, quince, veinte días. Y del especialista ni hablamos. No hay propaganda gubernamental, por muy sofisticada que sea, ni publirreportajes de la prensa amiga, por muy engrasados que estén, capaces de convencer a usuario alguno de que la sanidad pública funciona hoy mejor que hace siete años.

¿El declive asistencial del sistema sanitario público puede poner en apuros electorales a Moreno, considerando que en su primer mandato pudo culpar verosímilmente a sus predecesores socialistas, pero en el tramo final del segundo y disfrutando de mayoría absoluta y más presupuesto, rotundamente no? Ese podría ser el pálpito más extendido en una izquierda que parece confiar demasiado en que la sanidad gane las elecciones por ella. Políticamente, el escándalo del cribado ha sido el primer gran susto de Moreno Bonilla desde que es presidente. Sueña la izquierda con que el susto acabe en muerte, pero parece poco probable: las dos derechas siguen sumando muchos más votos y escaños que las dos, tres o incluso cuatro izquierdas que combaten a aquellas con no menos ardor que a sí mismas.

No es aventurado conjeturar que los días del Moreno moderado estarían contados si la cita electoral andaluza de la primavera o el verano de 2026 confirma el incremento de votos que las encuestas le auguran a Vox: si los de Abascal se aproximan al 20%, los de Moreno no podrán conservar la mayoría absoluta. Pero es pronto para tales elucubraciones: la marca Moreno está fuerte en Andalucía; su perfil templado contrasta con el nacional-populismo de Isabel Díaz Ayuso, el otro gran referente autonómico del PP y una lideresa que parece haber fagocitado a Vox pero pagando el elevado peaje de lograrlo pareciéndose a él. La estrategia de Moreno se diría justo la contraria: cerrar el paso a los de Abascal pareciéndose lo menos posible a ellos, posando de humano, de modesto, de humilde, de plural. De guay.

En todo caso, el calendario le da un cierto margen, pues antes de las andaluzas habrá elecciones en Extremadura el 21 de diciembre y en Castilla y León en marzo, citas cuyo desenlace habrá de serle útil a Moreno para afinar su estrategia no tanto mirando a su izquierda como a su derecha, que es donde hoy suma nuevos enteros el partido decidido a llenar de pirañas la balsa de aceite donde sestea Moreno y a arrebatarle el puro imperial cuyas volutas, según la pesadilla roja, contempla extasiado mientras sueña con una segunda mayoría absoluta.

La entrada Crisis de las mamografías: ¿susto o muerte para Moreno? se publicó primero en lamarea.com.

La Coordinadora Antiprivatizacion de la Sanidad se creó en 2004 para organizar la lucha contra el proceso de privatización puesto en marcha en Madrid en aquellos momentos. Posteriormente se fueron uniendo más personas de diferentes puntos del Estado, lo que permitió extender la lucha a todo el territorio, al tiempo que la privatización se iba extendiendo como una mancha de aceite. Han sido dos décadas de trabajo voluntario por parte de muchas personas, traduciendo y elaborando documentos, organizando movilizaciones, realizando cientos de actos informativos, asambleas…

Todo este trabajo se ha realizado sin subvenciones del Estado porque así lo decidimos. Siempre entendimos que la única forma de mantener la autonomía era no depender en absoluto de ningún recurso de la Administración.

De la misma forma, siempre entendimos que la lucha contra el proceso de destrucción del sistema sanitario pasaba por apuntar a las causas del proceso de privatización (las leyes estatales que lo permiten), y a los responsables (los partidos políticos que aprobaron dichas leyes y las mantienen).

Desgraciadamente el proceso de privatización se ha extendido en estos años, no solo por todo el Estado español, sino por todos aquellos países de nuestro entorno que disponían de Sistemas Nacionales de Salud. Estos sistemas sanitarios fueron creados por el capitalismo, tras la Segunda Guerra mundial, debido a unas circunstancias históricas concretas (periodo de crecimiento económico y combustibles fósiles baratos, necesidad de mano de obra sana, nueva fase de apropiación de las riquezas del Sur Global, etc.) que ya no se dan en la actualidad. En este nuevo escenario, con procesos de desindustrialización galopantes en los países centrales que provocan altas tasas de paro; junto con el surgimiento de nuevos sujetos sociales como son el “precariado” y los inmigrantes no regularizados; los Estados ya no necesitan mantener sistemas sanitarios que garanticen atención de calidad y en tiempos adecuados a la totalidad de la población. Al contrario, los Estados están abandonando el “estado social” y están reforzando el aparato represivo y el militar para las nuevas dinámicas que ya ni siquiera tratan de ocultar: la lucha por los últimos recursos energéticos y minerales accesibles, para mantener este modelo de crecimiento suicida en un mundo con limites biofísicos y materiales perfectamente conocidos.

Sin embargo, es en los escenarios de crisis donde siempre han surgido experiencias de apoyo mutuo y autogestión; donde se abren posibilidades de plantear nuevas formas y propuestas para enfrentar la satisfacción de las necesidades básicas de la población, desde la atención sanitaria, hasta la vivienda, la alimentación o el acceso a la energía. Necesidades que deberán ser enfrentadas desde dispositivos controlados democráticamente, con la implicación de la propia sociedad.

Para hacer una valoración de la lucha de estos 20 años, y analizar los diferentes papeles que han jugado organizaciones y colectivos, os emplazamos el día 18 de noviembre a las 19 horas en la Fundación Anselmo de Lorenzo, calle Peñuelas, 41, Madrid.

La entrada 20 años luchando contra la privatización de la sanidad, 20 años de CAS aparece primero en Todo Por Hacer.

Fotografía: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el escrache sufrido en la UCM. EP/Archivo.

Artículo original publicado en elprural.com por Eva Aladro Vico

Desde hace más de treinta años, en que en la Comunidad de Madrid gobierna la derecha del PP, se ha producido una muerte lenta en la Educación y la Sanidad Públicas. La situación en la Enseñanza Universitaria Pública ha empeorado con los gobiernos de Esperanza Aguirre y especialmente de Isabel Díaz Ayuso, cuya estrategia supone una verdadera eutanasia de los servicios públicos de la Educación Universitaria. Díaz Ayuso emplea desde 2019 una doble tenaza mortífera con la universidad pública, basada en dos eutanasias, activa y pasiva, que los lectores reconocerán en seguida.

Con los sucesivos gobiernos del PP en Comunidad de Madrid, las universidades han perdido ni más ni menos que un 40% de su poder adquisitivo. Desde la crisis mundial de 2007, en que los presupuestos públicos se hundieron en todas las instituciones, la Comunidad de Madrid sólo ha recuperado un 5% de incremento sobre los fondos que se destinan a las 6 universidades de Madrid. En su Gobierno se jactan ruidosamente de esta subida, pero si tenemos en cuenta la inflación en estos casi 20 años desde aquella crisis, que supera el 45%, entonces en realidad lo que se ha hecho es mermar los fondos destinados a la universidad pública. Al mismo tiempo, en los últimos 6 años se han creado y consolidado, a pesar de informes académicos negativos, hasta 16 universidades privadas.

Esta es la eutanasia pasiva que Díaz Ayuso ha aplicado, cada vez con mayor crudeza, a la universidad pública madrileña. En 2024 los rectores de los 6 centros públicos solicitaron un mínimo de 200 millones de euros para poder salir a flote en una universidad debilitada por décadas de infrafinanciación. La respuesta fueron 60 millones de euros, una cuarta parte de lo que los 6 académicos pedían en nombre de sus comunidades investigadoras y docentes. Díaz Ayuso pretendía subir los presupuestos de las universidades en sólo un 0,5, y los rectores consiguieron unos puntos más, aún insuficientes. Este otoño, se aprueba una “subida” de presupuestos de un 6% que, compensada con la inflación, se queda en la misma cantidad del año anterior. Recordemos que la economía en la región de Madrid está creciendo a un ritmo del 3%. No hay motivos para aplicar este régimen draconiano. ¿O sí?

El segundo tipo de eutanasia, la activa, está llevando a las universidades a una privatización encubierta que completa la estrategia del Ángel de la Muerte: la misma Ley LESUC que normaliza la infrafinanciación de las universidades -porque legitima que las instituciones madrileñas no cubran más allá del 70% de los presupuestos universitarios anuales-  realiza de un modo sutil un cambio radical: ante la situación, las universidades serán fiscalizadas y controladas por un Consejo Asesor Económico nombrado a dedo desde Gobierno CAM, en sus dos terceras partes, con poder, hasta ahora inédito, de censurar o recortar las decisiones de Rectorado en materia de grados, contrataciones, investigación, reglamento. Y aquí viene la Eutanasia activa, la inyección letal a la autonomía económica, académica y política de las universidades. Porque ese Consejo Económico será ocupado por representantes elegidos a dedo desde el gobierno CAM, de las universidades privadas, de empresas con intereses en el sector, y de representantes de otros poderes cercanos al PP, como medios de comunicación, empresas con intereses incluso cercanos a Israel. Así, si la LESUC sale adelante, personajes mediáticos que dirigen medios y son decanos en una universidad privada, tendrán poder decisivo sobre el consejo de gobierno y el rectorado de una universidad pública. Esta es la eutanasia activa de Díaz Ayuso sobre la universidad. Empobrecida y dirigida por la competencia, la universidad será un cadáver exquisito, leña que aprovechar en el negocio privado.

La doble estrategia del Ángel de la muerte, que primero debilita a sus enfermos y después les aplica la mortífera dosis de veneno, es clásica en los gobiernos neoliberales desde hace décadas: primero se estrangulan los servicios públicos, y luego, con un interés oculto, se fiscalizan y tiran por el precipicio con la excusa de que sólo tratan de ayudarlos. Esta estrategia ya ha incorporado sutilmente las herramientas exterminadoras en las universidades públicas, y ya tenemos a las personas encargadas del derribo final metidas en los Consejos Sociales de las universidades, haciendo campaña a favor de la LESUC y filtrando información y bulos a medios interesados en esta operación de triaje.

Sin embargo, las universidades públicas queremos enviar un mensaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid: el enfermo está muy fuerte y puede salirle muy cara la película de terror, como en anteriores ocasiones. Las universidades están unidas, en todo su capital intelectual, de investigación, de educación, para luchar contra una Ley que empobrece y que invade la autonomía universitaria. Vamos a luchar en la calle, en los medios, y en los tribunales, en una estrategia de tres puntas. Porque la LESUC es una Ley inconstitucional: incumple el objetivo de financiación de la Ley Orgánica LOSU que establece un 1% de financiación del PIB para las universidades- Pero incumple también la Autonomía política y de gestión de las universidades, al introducir intereses particulares en sus órganos de gestión, provenientes de claras especulaciones en el sector educativo. El conflicto de intereses es obvio, y la inconstitucionalidad de la LESUC también. Y si no, al tiempo. Tenemos muchos especialistas en Derecho para defender este punto.

or último, para nuestra querida Enfermera, tenemos un mensaje de futuro: haciendo este daño a las universidades públicas, hace daño al 75% de los jóvenes madrileños que estudian en ellas. Y con ellos, hace daño a millones de familias madrileñas. Si piensa que los familiares del enfermo eutanasiado sin motivo no van a reaccionar en las urnas, va lista. Las universidades son el corazón de la sociedad, y ésta late con fuerza por ellas.

La entrada La Universidad Pública Madrileña, en manos del Ángel de la Muerte se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Este artículo ha sido publicado originalmente en Civio y forma parte de su serie sobre transparencia algorítmica.

Ángela Bernardo, María Álvarez del Vayo, Adrián Maqueda, Carmen Torrecillas y Ter García // “La Estrategia de Salud Digital del Sistema Nacional de Salud, que se lanzó en el 2021, está dotada con más de 1.000 millones de euros en planes colaborativos entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas y ha sentado las bases para introducir tecnologías avanzadas de manera coordinada y de manera cohesionada, que creo que es muy importante”. Con estas palabras inauguraba Mónica García, ministra de Sanidad, el I Foro de Inteligencia Artificial para el Sistema de Salud, celebrado a mediados de septiembre. Sin embargo, sus buenos deseos chocan con la realidad que viven a diario los profesionales del Sistema Nacional de Salud consultados por Civio.

Aunque cada vez es mayor el número de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial que se incorporan en la sanidad pública, su implementación está marcada por una enorme disparidad. “Hay diversidad por todo tipo, por comunidad autónoma, por hospitales, por campos, por todo. Básicamente, esto es una guerra: cada uno compra el software que quiere, el que puede o el que necesita”, dice Antonio López Rueda, portavoz de la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) y radiólogo del Hospital Universitario de Bellvitge. Para Nuria Ribelles Entrena, portavoz de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y oncóloga del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, existe “cero” coordinación para compartir o reutilizar tecnología: “Cada comunidad va por libre”.

Una integración poco transparente y desigual

En líneas generales, la incorporación de la IA en el Sistema Nacional de Salud se está haciendo de forma bastante opaca. “Los ciudadanos deberíamos tener el derecho de poder saber qué sistemas se están integrando, cómo fueron entrenados, qué datos de entrenamiento utilizaron, cómo se han comprado o si fue algo que está desarrollando la propia administración pública”, dice la jurista Anabel K. Arias, portavoz de la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU). Sin embargo, solo dos comunidades autónomas, País Vasco y Generalitat Valenciana, cuentan con un registro público de algoritmos, incluyendo los que se aplican en salud. En opinión de Arias, la transparencia algorítmica “es relevante para poder hacer un control sobre lo que se está implementando en general en España y en la sanidad pública”.

Entre 2024 y 2025, Civio ha realizado, a través de la Ley de Transparencia, una veintena de solicitudes de acceso a la información pública a las consejerías autonómicas con competencias en sanidad o digitalización y al Ministerio de Sanidad. Dada la situación cambiante de la IA, intentamos además actualizar la información directamente con los gabinetes de prensa de cada departamento. Nuestra investigación arroja una situación tremendamente desigual: mientras la Comunidad de Madrid se acerca al centenar de proyectos basados en IA, con cada hospital actuando por cuenta propia; otras regiones, como Asturias, Galicia o la Comunidad Valenciana, han integrado un menor número de aplicaciones, en su mayoría centradas en el diagnóstico. Cataluña, por su parte, solo ha dado información parcial, amparándose en el secreto empresarial y en la protección de la propiedad intelectual e industrial.

“Si al final hay determinados hospitales o comunidades autónomas que están acelerando la incorporación de sistemas de IA en sus hospitales o servicios públicos y otros no, puede llegar a verse desde un punto de vista de la brecha digital: que algunas personas puedan tener un servicio de salud y otras, otro tipo completamente diferente”, apunta la jurista Anabel K. Arias. Aunque la IA se está integrando a velocidades distintas, parece evidente que su implementación se está acelerando a marchas forzadas. Por ejemplo, a mediados de 2024, Asturias o Castilla y León negaron contar con algoritmos, pero, unos meses más tarde, la situación era diferente pues introdujeron varios sistemas. “Es el problema del FOMO (fear of missing out), el miedo a quedarnos fuera: si no usas nada de IA, estás fuera de este mundo. Si usas algo, probablemente aparezcas en las noticias”, dice López Rueda.

En el Ministerio de Sanidad, la realidad también es bastante diferente. Dentro de este departamento, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha desarrollado varios sistemas basados en procesamiento de lenguaje natural, incluido el fallido MeqA, que daba respuestas erróneas sobre medicamentos, mientras que el trabajo en la Dirección General de Salud Digital y Sistemas de Información para el SNS se ha centrado en dos aplicaciones, una para predecir “la expansión de enfermedades transmisibles” y otra para resolver dudas a quienes se presentan a las pruebas como el MIR.

También dentro del Ministerio, el Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA) ha incorporado, por ejemplo, tecnología de reconocimiento facial con IA para fichar a pacientes de Ceuta y Melilla. En cambio, la Organización Nacional de Transplantes no ha contratado ni desarrollado por el momento sistemas basados en inteligencia artificial, a diferencia de lo ocurrido en Reino Unido. Allí, la implementación de un algoritmo conllevó discriminación hacia pacientes jóvenes en las listas de espera para recibir un órgano.

IA sanitaria: un auge sin suficientes garantías

El mapeo de Civio no permite saber en qué especialidades está más avanzada la inteligencia artificial, porque no todas las comunidades dan el mismo nivel ni detalle en la información. Pero donde sí hay datos se observa un patrón claro: muchas aplicaciones se incorporan para analizar imágenes médicas (por ejemplo, en radiología, dermatología, anatomía patológica), como también sucede en países como Estados Unidos. “El análisis de un píxel, que es la unidad básica de la imagen, es muchísimo más sencillo que el análisis del dato, de palabras, de texto. El análisis de texto escrito es muchísimo más complejo, por eso va mucho más retrasado”, explica la oncóloga Ribelles Entrena.

Otros sistemas que se están integrando con rapidez son los que permiten gestionar de forma automatizada la información clínica, por ejemplo, para transcribir automáticamente la conversación entre profesionales y pacientes o para asignar códigos a los diagnósticos en urgencias. “Uno de los principales avances que esperamos es toda la tecnología de IA que tiene que ver con el lenguaje natural, ya que disminuir la ingente burocracia que asumimos en las consultas y que consume la mayor parte del tiempo de que disponemos permitiría poder centrarnos de manera más directa en lo que espera de nosotros el paciente: que le miremos a los ojos en vez de estar tecleando y mirando a la pantalla”, dice Rosa Taberner Ferrer, dermatóloga en el Hospital Son Llàtzer de Mallorca. Y añade: “Es lo que de verdad dará un giro de 180º a nuestras consultas”.

“Estamos en unas etapas muy iniciales de lo que puede ser la IA en oncología o en cualquier otra especialidad, quitando anatomía patológica, radiología o dermatología, donde está más desarrollada”, asegura Ribelles Entrena. No obstante, incluso donde hay más avances, la limitada digitalización del sistema sanitario dificulta la implementación del software y su integración en los flujos habituales de trabajo. Por ejemplo, en radiología se utiliza el llamado sistema de almacenamiento de imágenes médicas (PACS, por sus siglas en inglés) y cualquier desarrollo de IA debe adaptarse a la plataforma concreta que se aplique. “La única comunidad que tiene un PACS es Andalucía; aquí en Cataluña no tenemos un PACS único. Por tanto, si quiero implementar un software de imagen médica, necesito implementarlo y adaptarlo a seis, siete u ocho PACS diferentes. Y cada PACS tiene su intríngulis”, explica López Rueda.

Los especialistas consultados por Civio también advierten de la necesidad de mantener una postura crítica. Los sistemas de IA sanitaria suelen clasificarse en función de su finalidad y riesgo dentro de la clase IIa del reglamento europeo sobre productos sanitarios —salvo excepciones que puedan suponer mayores riesgos para los pacientes—. Por ello, deben contar con el marcado CE para poder ser comercializados, lo que a su vez exige realizar investigaciones clínicas al respecto. No obstante, muchos de estos software no se han probado en las condiciones necesarias, es decir, no han llegado a demostrar que brinden resultados superiores y mejores a lo que se utiliza en la actualidad.

“Tenemos que ser reticentes a la hora de implementar esto en la práctica asistencial. Deberíamos exigir: uno, estudios aleatorizados que demuestren que la lectura de la máquina es superior a la del especialista y dos, que este tipo de implementaciones son costo-eficaces”, señala López Rueda. Sin embargo, la situación actual dista de ser idónea. En palabras de Josep Malvehy Guilera, director de la Unidad de Cáncer cutáneo del Hospital Clínic de Barcelona: “Hay desconocimiento por parte de los profesionales, los usuarios que van a utilizar esto. Tengo la impresión que también por parte de los responsables de la compra de estos productos, porque si no exigirían algo más”. De hecho, tanto fuera como dentro de España, la mayoría de algoritmos no se han evaluado en estudios rigurosos (de carácter prospectivo o en ensayos clínicos aleatorizados), lo que implica que faltan validaciones externas e independientes. “Hay que exigir un poco más de seriedad. Si hiciéramos lo mismo con un antibiótico, nos meterían en la cárcel”, zanja Malvehy Guilera.

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La exabogada y periodista ciudadana Zhang Zhan ha sido nuevamente sentenciada a cuatro años de prisión en China, según ha informado Reporteros Sin Fronteras (RSF). Esta condena se suma a la pena anterior, por documentar las fases iniciales del brote de COVID-19 en Wuhan, el epicentro de la pandemia.

Zhang Zhan, de 42 años, fue condenada por el mismo cargo que la llevó a prisión en 2020: «provocar disputas y problemas». Este cargo es comúnmente utilizado por las autoridades chinas para silenciar a disidentes y activistas. Su primera detención se produjo después de meses de publicar vídeos y relatos que mostraban una realidad mucho más cruda que la versión oficial del gobierno, con hospitales abarrotados y calles desiertas.

Después de ser liberada en mayo de 2024, fue detenida nuevamente solo tres meses después. Los nuevos cargos se basan en sus informes sobre violaciones de los derechos humanos y comentarios en sitios web extranjeros. Según su exabogado, Ren Quanniu, estas acusaciones carecen de fundamento.

Organizaciones como Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras condenan enérgicamente la nueva sentencia por cargos falsos, e insta a la comunidad internacional a intensificar la presión sobre Pekín para garantizar su seguridad y exigir su liberación inmediata.

Aleksandra Bielakowska, directora de defensa de RSF en Asia-Pacífico, ha declarado que Zhang debería ser vista como una «heroína de la información» y no sufrir las brutales condiciones carcelarias a las que ha sido sometida, incluyendo la alimentación forzada durante una huelga de hambre.

Beh Lih Yi, director para Asia-Pacífico del CPJ, ha instado a las autoridades chinas a liberar a Zhang de inmediato y retirar todos los cargos, calificando su detención de «arbitraria» y de un «flagrante acto de persecución por su trabajo periodístico».

En mayo, el CPJ instó a las autoridades chinas a liberar a Zhang de inmediato y retirar todos los cargos. 58 organizaciones se han unido para emitir una declaración conjunta exigiendo la liberación inmediata de Zhang y condenando al gobierno chino por esta nueva detención.

En la actualidad China es el país con mayor número de periodistas encarcelados del mundo, con 52 encarcelados al 1 de diciembre de 2024, según la investigación del CPJ.

A pesar de que China aprobó recientemente una ley para permitir que los ciudadanos informen de emergencias de salud pública de manera más directa, el caso de Zhang Zhan demuestra que aquellos que se atreven a cuestionar la narrativa oficial siguen enfrentando duras consecuencias.

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(Puedes ver aquí todas las noticias publicadas sobre el tema en PC).

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Las cifras de las listas de espera, de los recortes al fin y al cabo, en la Sanidad Pública son inquietantes y cada vez suben más. Más de 3 millones de personas esperan una primera consulta con su especialista, mientras la sanidad privada y su lucrativo negocio van viento en popa. Aprovechando un vídeo del […]

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