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Aguas turquesas, fachadas coloniales holandesas, destino de cruceros y lunas de miel. Curazao es una postal del Caribe. Pero durante años, esta pequeña isla neerlandesa fue también uno de los principales centros del mercado mundial de oro.
A 45 minutos de vuelo de Venezuela, con zona franca aduanera y conexiones directas con Europa, Curazao reunía las condiciones perfectas para que el metal precioso pudiera llegar hasta los mercados mundiales. Datos de las Naciones Unidas muestran que en la década de 2010 de la isla salieron más de 110 toneladas de oro por un valor de 4.500 millones de dólares, más de lo que Sudáfrica produce en un año. Pero la legitimidad de ese oro plantea algunas dudas. Curazao no tiene minas, y apenas cuenta con 150.000 habitantes.
«No había una razón plausible para que grandes flujos tuvieran que pasar por Curazao», explica Alan Martin, responsable de cadena de suministro de la London Bullion Market Association (LBMA), la organización que gestiona uno de los mercados de metales preciosos más importantes del mundo. Cuando los flujos desde Curazao quedaron al descubierto, la asociación ordenó a sus miembros rechazarlos. «Si analizamos los volúmenes, no hay suficientes joyerías que los justifiquen», dijo Martin. «Para nosotros estaba claro que no se trataba de una fuente legítima».
¿De dónde procedía ese oro ilegítimo? ¿Quién lo movió? ¿Dónde terminó? Cientos de documentos confidenciales –facturas, extractos bancarios, correos electrónicos, certificados de refinación y declaraciones judiciales– obtenidos por IrpiMedia y ArmandoInfo, y compartidos con OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), revelan por primera vez cómo funcionó la operación que movió la mayor parte de ese oro: al menos 90 toneladas por un valor superior a los 3.000 millones de dólares.
Entre 2012 y 2018, una sola empresa comercial en Curazao canalizó decenas de toneladas de oro venezolano hacia Europa, declarándolo como «chatarra» –es decir, metal reciclado procedente de joyas viejas, piezas dentales o monedas fundidas– aunque, según determinó la investigación, una parte relevante procedía en realidad de minas.
El principal destino fue Argor-Heraeus, una de las mayores refinerías del mundo, con sede en Suiza, que lo recibía de un importador, también suizo. La normativa de la industria no exigía entonces a las refinerías rastrear el origen del oro reciclado más allá de su proveedor inmediato. Bastaba con verificar al intermediario, aunque se supiera que el metal venía de Curazao y, antes de eso, de Venezuela.
«Nuestros procedimientos de diligencia debida han superado de forma consistente tanto los requisitos legales como los estándares de la industria», respondió Argor-Heraeus. «En ningún momento nuestra empresa ha procesado conscientemente material vinculado a actividades ilícitas». La refinería añadió que sus análisis químicos confirmaban que todo el oro adquirido desde Curazao era chatarra.
Pero OCCRP obtuvo una muestra de los propios resultados de Argor para 6,5 toneladas de ese oro. Según expertos consultados, la firma química del metal indica con fuerza que al menos una parte procedía de minas.
Durante el periodo en que Argor compraba oro desde Curazao, cientos de empresas cotizadas en EE. UU. –entre ellas Apple, Tesla y Nvidia– declararon a la refinería suiza como parte de su cadena de suministro de oro en sus informes ante la Comisión de Bolsa y Valores.
No hay pruebas de que Argor-Heraeus haya violado ninguna ley. Pero el caso expone una grieta estructural en el mercado mundial del oro: si se declara como «chatarra», el metal de las fuentes más problemáticas del mundo puede entrar en la cadena global sin que nadie pregunte de dónde viene realmente.
Esta historia comienza en la selva venezolana.
En 2011, el presidente Hugo Chávez nacionalizó la extracción de oro en Venezuela. Las empresas internacionales fueron expulsadas y todo el metal pasó a ser, al menos en teoría, propiedad del Estado. En la práctica, guerrillas colombianas, organizaciones criminales y unidades militares se disputaban el control de las minas, canalizando divisas hacia el régimen de Chávez y, tras su muerte en 2013, hacia su sucesor, Nicolás Maduro.
Con el desplome del petróleo, la inflación desbocada y el cerco de las sanciones, Maduro convirtió el oro en «el nuevo petróleo», como lo describió la OCDE. En febrero de 2016 creó el Arco Minero del Orinoco: 112.000 kilómetros cuadrados destinados a la extracción de oro, coltán y diamantes.
Lo que siguió fue una catástrofe. Miles de kilómetros cuadrados de Amazonia deforestados, ríos contaminados con mercurio, y en las minas: explotación laboral, trabajo infantil, trata sexual, asesinatos y desapariciones, según documentaron Naciones Unidas y el Departamento de Estado de EE. UU.
En el centro de todo, según la documentación, estaba el ejército. Cientos de miles de mineros trabajaban en minas improvisadas controladas por militares que cobraban a organizaciones criminales por el acceso. La venta de oro, escribió el Tesoro de EE. UU. en 2019, se había convertido en «uno de los esquemas financieros más lucrativos del régimen». Pero gran parte de ese oro salía de contrabando: aunque el gobierno había ilegalizado el comercio independiente y obligaba a vender toda la producción al Banco Central, Transparencia Internacional estima que el 70% fue traficado al exterior.
«Sabemos con certeza que el comercio ilícito fue orquestado con la participación de los más altos niveles», afirmó Bram Ebus, un investigador del International Crisis Group.
Fue en ese contexto que grandes cantidades de oro empezaron a fluir hacia una pequeña empresa registrada en la zona franca de Willemstad.
Curaçao Precious Metals & Co fue registrada en 2010 en la zona franca de Willemstad por Héctor Óscar Castellón, un bróker de oro venezolano, y Mario Pataro, miembro de una familia italo-panameña con décadas en el comercio regional de metales preciosos. La empresa –conocida como Cupremeco– funcionaba como intermediaria: recogía cargamentos de oro de proveedores en Venezuela, los trasladaba a Curazao y desde allí los enviaba directamente a la refinería de Argor-Heraeus en Mendrisio, Suiza.
Pero en el papel, el oro no iba de Cupremeco a Argor. La documentación muestra que se vendía primero a Precious Metals Services (PMS) SA, una empresa suiza creada por Marco Briccola, socio comercial de Pataro. Era PMS quien luego lo revendía a Argor-Heraeus, aunque nunca tocaba físicamente el metal.
¿Por qué añadir un eslabón innecesario? Castellón lo explicó con franqueza en una declaración jurada ante un tribunal de Florida: «Para que distintas personas abran cuentas grandes en diferentes refinerías hay que pasar por el ‘know your customer‘. Es un proceso muy largo y difícil, y no todos lo logran. Así que decidimos ir por otra vía». La función de PMS, declaró en sede judicial, era facilitar que el oro pasara los controles de cumplimiento de Argor-Heraeus.
El negocio era extraordinariamente lucrativo. Entre 2014 y 2019, Argor-Heraeus pagó a PMS alrededor de 1.000 millones de dólares por el oro suministrado, según registros bancarios. (El valor total del oro enviado a la refinería suiza durante el periodo investigado supera los 2.200 millones de dólares; esta investigación no logró determinar a qué se debe esta diferencia. La refinería dijo que la cifra de 1.000 millones «no era correcta» pero no quiso precisar cuál era la correcta). Con parte de ese dinero PMS pagaba a los proveedores del oro.
El mayor de ellos era el propio Castellón: empresas vinculadas a él y a personas de su círculo recibieron más de 400 millones de dólares de PMS, según muestran datos bancarios y múltiples declaraciones judiciales. Un segundo gran proveedor, Marco Antonio Flores Moreno, junto con empresas de su entorno familiar, recibió más de 55 millones. Flores Moreno fue imputado en Brasil en 2020 como figura central de una organización que traficaba oro extraído ilegalmente en Venezuela, lo transportaba a Brasil y lo declaraba como «chatarra» para eludir controles, según una sentencia del tribunal federal brasileño. (El caso sigue abierto. Flores Moreno no respondió a las preguntas).
Aunque en las facturas de Cupremeco la mayor parte figuraba como «chatarra», hay evidencia de que un porcentaje elevado era en realidad oro recién extraído de minas. «Algo de casas de empeño, pero sobre todo minas», admitió Castellón, el mayor proveedor de Cupremeco, al Tribunal de Florida.
Pataro, por su parte, dijo a OCCRP en una entrevista en diciembre de 2025 que simplemente no sabía de dónde venía todo el oro que recibía de Venezuela. «Si viene de una mina o de los dientes de un pobre, ¿yo cómo puedo saberlo?», declaró.
Al llegar a Suiza, el oro era declarado ante la aduana como originario de Curazao –no de Venezuela–. En la normativa aduanera, «país de origen» puede significar donde el producto fue obtenido o donde tuvo lugar su última transformación significativa. En el caso del oro, esa transformación sería la refinación.
Argor-Heraeus negó que PMS funcionara como intermediario para eludir controles de cumplimiento, como declaró Castellón. Eso, dijeron sus abogados, «equivaldría a un fraude elaborado para engañar a los proveedores de servicios posteriores». La refinería insistió en que no tenía relación comercial con Cupremeco y que trataba exclusivamente con PMS.
Sobre el origen del oro, Argor fue categórica: sus análisis forenses descartaban que proviniera de minas venezolanas. La refinería dijo haber sometido el metal a pruebas de fluorescencia de rayos X (XRF), una técnica que mide la composición de una barra de oro –las proporciones de oro, plata y otros elementos – y puede ofrecer indicios sobre su origen, ya que el oro de mina y el reciclado suelen tener firmas químicas distintas. Los resultados, según Argor, mostraban «niveles de pureza y cantidades consistentes con chatarra procedente de una mezcla de joyas y lingotes reciclados».
Tras recibir las preguntas de OCCRP, la refinería encargó además una revisión independiente a GeoBlock International, que corroboró sus conclusiones. Argor-Heraeus no quiso compartir sus resultados de laboratorio con OCCRP, alegando confidencialidad, y no respondió a preguntas sobre qué datos había facilitado a GeoBlock ni si había analizado todo el oro recibido desde Curazao o solo una muestra.
Pero OCCRP obtuvo de forma independiente los resultados de 469 operaciones de refinación de Argor-Heraeus correspondientes a 6,5 toneladas de oro importado desde Curazao, en su mayoría en 2016.
Seis expertos que revisaron esos datos –entre ellos cuatro académicos especializados en geología y geoquímica– concluyeron que los niveles de pureza indicaban una mezcla de oro de mina y chatarra reciclada.
«El gran volumen de oro no es realísticamente obtenible solo a partir de chatarra, de modo que la explicación más lógica es que se trate de lingotes de minería o de chatarra combinada con lingotes procedentes mayoritariamente de minería», dijo a OCCRP Richard Goldfarb, profesor de geología en la Colorado School of Mines.
Wendell Fabricio-Silva, geólogo forense, coincidió: «La firma composicional observada se corresponde más con oro primario parcialmente procesado que con oro previamente refinado reintroducido en el mercado como chatarra».
Argor-Heraeus rechazó estas conclusiones. «Rechazamos las opiniones contrarias de expertos no identificados, cuya metodología y resultados no nos fueron compartidos en su totalidad», respondieron sus abogados. «Las acusaciones se basan en un conjunto de datos admitidamente incompleto, limitado a 2016 con algunos puntos de 2014 y 2015, y restringido al contenido de oro y plata».
La operación de oro desde Curazao llegó a su fin en mayo de 2019, cuando autoridades británicas y de las Islas Caimán interceptaron un cargamento de oro venezolano exportado por Cupremeco. La mayor parte del oro fue decomisada como producto del delito.
La incautación bastó para romper la relación entre Argor-Heraeus, PMS y Cupremeco.
«De acuerdo con nuestras estrictas directrices, cortamos inmediatamente con cadenas de suministro o socios comerciales ante cualquier sospecha de comportamiento fraudulento», escribió Argor-Heraeus a OCCRP. «Este enfoque se aplicó también en 2019 a la relación con PMS SA y su cadena de suministro ascendente, incluida Cupremeco».
Pero para entonces, el corredor de Curazao ya había introducido en el mercado global, a través de Argor-Heraeus, más de 2.000 millones de dólares en oro de origen dudoso.
«Una vez que la refinería lo convierte en esos lingotes relucientes con su sello, se vuelve legítimo. Se pierde toda trazabilidad y el oro fluye al sistema monetario internacional, a la electrónica de consumo, a la joyería, a todo», dijo Quinn Kepes, de Verité, una organización que ayuda a empresas a identificar riesgos laborales en sus cadenas de suministro.
Esta investigación fue realizada por IrpiMedia, ArmandoInfo y OCCRP con el apoyo de JournalismFund. La Marea la publica en español con autorización de los autores.
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