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✇Ecologistas en Acción

La caza es la principal causa de los problemas ambientales en el parque nacional de Cabañeros y no la solución

Por: Castilla-La Mancha
  • Ecologistas en Acción critica la falta de transparencia y participación ofrecida por la delegación europarlamentaria que va a visitar el Parque Nacional de Cabañeros.
  • Y recuerda que el final de la caza es una oportunidad única para recuperar los ecosistemas y las especies del espacio protegido.

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha, ante la próxima visita de una delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo al parque nacional de Cabañeros, critica que no se haya invitado a las organizaciones ambientales para que trasladen su opinión sobre el estado del espacio protegido y el desarrollo del plan de gestión de ungulados silvestres.

El hecho de que quienes forman parte de la delegación no hayan pedido reunirse con las organizaciones ambientales pone en duda que su ánimo sea la transparencia y la búsqueda de la objetividad a la hora de establecer sus conclusiones. Llama poderosamente la atención que esta delegación europarlamentaria, con todas las cuestiones acuciantes que afectan a la ciudadanía europea, se hayan avenido a atender los requerimientos particulares de nueve terratenientes que son quienes lideran la queja de la llamada Asociación de Afectados por el Parque Nacional de Cabañeros que motiva la visita.

Ecologistas en Acción considera que precisamente la prohibición de la caza, además de ser una competencia de ámbito estatal y no comunitaria, no persigue otra cosa que ayudar a alcanzar los objetivos de conservación de los parques nacionales, muy comprometidos por los efectos de la actividad cinegética en las especies y en los ecosistemas. En este sentido hay que recordar que la Comisión Europea, en una comunicación al Parlamento Europeo de septiembre de 2025, ya señaló que los parques nacionales no son competencia europea, sino estatal, y que cualquier cuestión al respecto se debe dirimir en el ámbito jurisdiccional español. Cosa que, por ejemplo, así han hecho las organizaciones ambientales al recurrir el Plan de Gestión de Ungulados del Parque Nacional, por permitir que se lleven a cabo batidas y aguardos por cazadores.

Para Ecologistas en Acción en la queja de los propietarios de fincas en Cabañeros se obvia interesadamente que la caza nunca ha sido la solución a los problemas de Cabañeros, sino que ha sido lo contrario. La actividad cinegética que se ha venido desarrollando hasta diciembre de 2020 ha generado impactos que todavía son evidentes en el terreno y en la situación de los ungulados en el parque nacional. Los dos más importantes son, por un lado, la fragmentación y el daño a los ecosistemas por la construcción de kilométricos vallados y cortaderos. Por el otro, la desaparición de los predadores naturales de estas especies que, como está demostrado, son el mejor regulador de las poblaciones. Tampoco hay que olvidar el proceso de intensificación que vive hoy en día la caza, y que con malas prácticas como la alimentación suplementaria y las sueltas de gestión, buscan siempre sacar la mayor rentabilidad a las explotaciones.

Desde el final de la caza en Cabañeros los propietarios particulares han bloqueado que el Organismo Autónomo de Parques Nacionales lleve a cabo actuaciones de control de poblaciones, como arma para forzar mayores compensaciones económicas y para generar argumentos en favor de la caza, aunque sea con bulos o falseando datos.

Una de las informaciones que omiten es que existen métodos alternativos a la caza para controlar las poblaciones, algunos de los cuales se están poniendo en práctica con buenos resultados en las fincas públicas como se puso de manifiesto en el informe que presentó la dirección del parque en el último Patronato celebrado el 4 de diciembre pasado.

En estas circunstancias Ecologistas en Acción, junto con el resto de organizaciones ambientales representantes en el Consejo de Red de Parques Nacionales, han acordado enviar un escrito de queja e información a la delegación europarlamentaria sobre la situación en Cabañeros en relación al final de la actividad cinegética.

Ecologistas en Acción reclama a la delegación europarlamentaria, y a las administraciones estatal y de Castilla-La Mancha, a que observen con objetividad como el equilibrio de las poblaciones de ungulados se puede y se debe conseguir a través de una restauración de los ecosistemas, de los cuales este parque nacional es deudor, y que el conflicto planteado por los propietarios particulares no debe dar lugar al retorno de la caza ni de las batidas a uno de los pocos espacios protegidos donde la ciudadanía debiera poder disfrutar del entorno sin la presencia de una actividad que produce impactos muy negativos en la conservación y el uso público.

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Alto impacto ambiental y opacidad del proyecto de cinco plantas de gas que pretende construir la Diputación de Cuenca

Por: Castilla-La Mancha

Casi tres años después de la presentación pública de una planta de biogás y otra de hidrógeno a instalar en el polígono industrial denominado “Economía Circular Los Palancares”, se cambia el proyecto y ahora serán cinco.

Las cinco plantas generarán varios tipos de gas e hidrocarburos que, en su mayoría, se tratarán como residuos o se quemarán, por lo que no se obtendrá energía neta ni combustibles a utilizar “in situ”, emitiendo 79,3 toneladas al año de gases de efecto invernadero.

Ecologistas en Acción de la Manchuela, ha tenido acceso al proyecto denominado “Nueva Planta I+D del Centro Nacional del Hidrógeno” (NPIDi). Que será una parte importante del denominado “Centro Científico y Tecnológico de la Economía Circular” (CCyTEC). Según el promotor (La Diputación provincial de Cuenca) se trata de 5 plantas piloto más pequeñas que las del anterior proyecto, exclusivamente para uso en investigación, que hasta ahora se habían ocultado al público.1

Imagen del proyecto presentado públicamente el 16 de febrero de 2023

Impacto ambiental de las cinco plantas

Las plantas no generarán energía neta, al contrario, la consumirán en su funcionamiento puesto que se requiere un total de 740 kw de potencia eléctrica. También se requerirá energía y en el transporte de las materias primas y personal. Los productos obtenidos (gases, combustibles líquidos, subproductos) serán recogidos por gestores autorizados o bien se quemarán en antorchas.

Los elementos quemados, generando 37,7 t/año de CO2. En cuanto al transporte de materias primas, residuos y personal, se estima su huella de carbono 41,6 t/año de CO2. A pesar de ello, en el documento ambiental, definen el impacto de la “Afección sobre los factores climáticos y el cambio climático [son]… de carácter significativo en el ámbito local, permanente y sinérgico, si bien tiene el carácter reversible. Globalmente se considera COMPATIBLE al disponer de medidas preventivas y correctoras…”.

Es sorprendente que en el Documento Ambiental, no se ha evaluado la afección de las plumas de humo generadas por las chimeneas y antorchas de las plantas, sobre el aterrizaje y despegue de los helicópteros de la base de las brigadas aerotransportadas (BRIF), que se ha construido en la parcela colindante. Además, es bien conocida la frecuencia de situaciones de inversión térmica en el valle del río Moscas que conllevan el estancamiento de masas de aire frío cerca de la superficie y con ello los gases y humos.

Un proyecto opaco y con numerosos interrogantes

El destino único de estas plantas es la investigación científica, pero solo hay grupos de investigación en hidrógeno en la región en Puertollano, concretamente en el “Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible (CNH2)”. Cada vez que los investigadores visiten la planta deberán recorrer 612 km por carretera.

Por todo ello, es difícil entender por qué estas cinco plantas no se instalan en la localidad de Puertollano, sede del CNH2 y de los planes “Planes complementarios JCLM – Energía e Hidrógeno Verde” realizados en colaboración con el Gobierno regional y concluidas el pasado 16 de diciembre con un acto público.

La Diputación tampoco ha explicado por qué se presentó a bombo y platillo una planta de biogás y otra de hidrogeno[2] en el palacio de la Diputación de Cuenca el 16 de febrero de 2023, comprometiéndose a facilitar el proyecto. Para después, comunicar al Consejo de Trasparencia el 11 de febrero de 2024 que no había ningún proyecto de planta de Biogás.

El hidrogeno en caída libre

Las cinco plantas se van a construir cuando todo el modelo de la UE de desarrollo del hidrógeno está en revisión. Por ello, numerosos proyectos industriales de hidrógeno se están cancelando ante su inviabilidad como el de REPSOL en Puertollano. En lo que muchos analistas del sector califican como “pinchazo de la burbuja del hidrógeno”.

Se solicita el sometimiento a evaluación de impacto ambiental ordinario

Para Carlos Villeta, miembro de Ecologistas en Acción de La Manchuela: “El presidente de la Diputación tiene que dar muchas explicaciones. La primera es la razón de ocultar este proyecto a diferencia del presentado públicamente hace casi tres años. O por qué no nos facilitó el proyecto cuando lo solicitamos y negó su existencia ante el Consejo de Transparencia. O por qué ahora, tras finalizar los “Planes complementarios JCLM – Energía e Hidrógeno Verde”. El polémico y autodenominado “Parque de Chana” no deja de dar titulares, tanto por su nefasta ubicación (junto a una microrreserva) como por los vaivenes y el ocultismo de los proyectos a desarrollar. Por ello hemos presentado un informe ante la Consejería de Desarrollo Sostenible en calidad de interesado, solicitando que el proyecto se someta a evaluación ambiental ordinaria por su elevado impacto y sus afecciones a la microrreserva.” Ha finalizado Villeta.

 

Informe NUEVA PLANTA I+D CNH2 en PLSI PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICA DE ECONOMIA CIRCULAR. EXPEDIENTE Nº: S478/2025/DG/00061.

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La Plataforma No a la Mina afronta este miércoles el juicio contra la mina de fosfatos denunciando un inicio ilegal de obras y graves riesgos ambientales y sanitarios

Por: Castilla-La Mancha
  • La Plataforma No a la Mina y su representante legal Ecologistas en Acción, convocan a la prensa a las 13:30 en la entrada del edificio del Tribunal (C. de San Agustín, 1, Albacete) para informar del desarrollo del juicio.
  • El juicio tendrá lugar en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, y será un juicio declarado como “no público”, por lo que no se espera que puedan pasar ni medios de comunicación ni personas ajenas al litigio.
  • Las obras preparatorias de las excavaciones continúan su curso pese al juicio pendiente, en una política que los miembros de la Plataforma No a la Mina califican “de hechos consumados”.
  • Hasta la fecha, la Plataforma ha recabado más de 100.000 firmas en contra de la mina en Change.org y ha realizado una consulta popular entre la población de Fontanarejo apoyada por más de la mitad de la población (120 firmas en un pueblo de 220 personas censadas).

El miércoles 21 de enero tiene lugar en Albacete, a las 9:30, en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el juicio contra la mina de fosfatos proyectada en el término municipal de Fontanarejo (Ciudad Real). La vista ha sido declarada no pública, por lo que no se permitirá el acceso a medios de comunicación ni a personas ajenas al litigio. La Plataforma No a la Mina convoca a la prensa a las 13:30 h en la entrada del edificio del Tribunal (C. de San Agustín, 1, Albacete) para informar sobre lo ocurrido en la sesión del juicio y dar a conocer su valoración del proceso, manifestar su postura en contra y aclarar próximos pasos.
Tras la celebración del juicio, la Plataforma No a la Mina de Fontanarejo, junto con su representante legal, Ecologistas en Acción, ha convocado a la prensa a las 13:30 h en la entrada del Tribunal, donde informará de lo sucedido durante la vista y expondrá su postura, contraria a un proyecto minero que, denuncian, “se ha impulsado mediante una política de hechos consumados, ignorando tanto los riesgos para la salud como las irregularidades administrativas”.

El procedimiento judicial tiene su origen en el recurso contencioso-administrativo presentado el pasado 3 de diciembre de 2023 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete. En él se impugnan tanto la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) formulada en noviembre de 2018 como la resolución de 4 de julio de 2022 que otorgó la concesión de explotación minera a la empresa Alcudia Phosphates S.L., cuya administradora única es Fertiberia S.A.

Un inicio de obras cuestionado por ilegal

El conflicto se intensificó a mediados de octubre, cuando comenzaron las obras de preparación del terreno para la mina en Fontanarejo, una localidad de apenas 200 habitantes situada en las inmediaciones del Parque Nacional de Cabañeros. Según denuncia la Plataforma, este inicio de obras se produjo de forma ilegal, ya que la Declaración de Impacto Ambiental tenía una vigencia que expiraba el 5 de febrero de 2024, una fecha anterior tanto a la licencia de obra concedida por el Ayuntamiento como al inicio efectivo de los trabajos, que se produjo meses después.

La Plataforma sostiene que la instalación de una caseta de obra en enero de 2024, utilizada por la empresa promotora para justificar el cumplimiento de los plazos de la DIA, no puede considerarse un inicio real de las obras, al tratarse de una actuación meramente preparatoria sin ejecución material del proyecto. Esta cuestión forma parte del núcleo de las irregularidades denunciadas ante los organismos competentes.

Además, la organización denuncia un procedimiento “oscurantista” por parte del Ayuntamiento de Fontanarejo, al no haber facilitado en tiempo y forma la documentación pública solicitada sobre el proyecto, a pesar de las reiteradas peticiones realizadas.

Deficiencias estructurales en la evaluación ambiental

El recurso judicial se apoya en seis informes técnicos independientes, elaborados por especialistas del ámbito académico y profesional, que concluyen que la Declaración de Impacto Ambiental se aprobó sin un inventario suficiente del medio ambiente y de la población afectada, lo que impide evaluar adecuadamente los impactos del proyecto y establecer medidas correctoras o compensatorias eficaces.

Uno de los aspectos más criticados es que estudios esenciales, como los relativos a la hidrología, las vibraciones y las partículas en suspensión, no fueron sometidos a participación pública, permitiendo a la empresa promotora presentarlos con posterioridad a la concesión de explotación y fuera del procedimiento de evaluación ambiental, una práctica que, según la Plataforma, contraviene la legislación vigente.

Riesgos para la salud y los recursos hídricos

Entre los informes aportados al procedimiento destaca el relativo a la presencia de elementos radiactivos en el suelo de la explotación. Según explica Ángel de la Cuesta Gómez, químico especializado en Química Física y autor de uno de los informes presentados, la zona presenta emisiones naturales de gas radón, un fenómeno habitual en suelos graníticos pero menos frecuente en los de pizarra, predominantes en Fontanarejo.
“En España existen seis zonas oficialmente contaminadas por productos radiactivos y tres de ellas están asociadas a yacimientos de fosfatos”, señala. “Esto no implica una certeza absoluta, pero sí una probabilidad razonable de que la explotación pueda liberar elementos radiactivos perjudiciales para la salud, como el uranio, especialmente cuando se realizan voladuras”.

A ello se suma el riesgo derivado de las partículas en suspensión. Según una simulación informática incluida en el recurso, las partículas finas y ultrafinas generadas por las voladuras y por la planta de tratamiento del mineral alcanzarán el casco urbano, pudiendo ser inhaladas por la población junto con radón y otros contaminantes, sin que se haya evaluado su impacto sanitario.

En materia de aguas, la Plataforma denuncia que la hidrogeología de la zona no ha sido estudiada de forma rigurosa. La promesa de “vertido cero” recogida en la documentación oficial se basa, sostienen, en suposiciones no contrastadas, mientras que las filtraciones de aguas contaminadas podrían afectar a acuíferos locales e incluso al embalse de Cíjara.

Un espacio clave para las rapaces ibéricas

Estas deficiencias se han visto reforzadas por un estudio ornitológico independiente, realizado a lo largo de 2023 por un equipo de siete ornitólogos y coordinado, entre otros, por el profesor titular de Geografía Física de la Universidad de Castilla-La Mancha Rafael Ubaldo Gosálvez Rey.

El estudio documentó la presencia de 14 especies de aves rapaces en el entorno del proyecto, tres de ellas catalogadas como en peligro de extinción en Castilla-La Mancha —águila imperial ibérica, águila perdicera y milano real— y otras seis como vulnerables, entre ellas el buitre negro y el alimoche común.

El análisis de más de 500 vuelos y los mapas de uso del espacio elaborados con sistemas de información geográfica confirman que el área afectada constituye un espacio vital para estas especies. La implantación de una mina a cielo abierto, con maquinaria pesada, voladuras y escombreras, sería, concluye el estudio, absolutamente incompatible con su conservación.

Según la Plataforma, este informe pone de manifiesto las graves carencias del estudio de impacto ambiental original y refuerza la solicitud de nulidad de pleno derecho de la DIA y de la concesión minera.

Pese a que las obras ya han comenzado, la Plataforma No a la Mina confía en que el procedimiento judicial permita detener el proyecto y restaurar el territorio a su estado original, poniendo fin a lo que consideran un proceso “viciado desde su origen” y priorizando la salud de la población y la protección de un entorno natural de valor excepcional.

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Ecologistas en Acción de la Manchuela denuncian la paralización en la modernización de dispositivos de medición de consumo de agua

Por: Castilla-La Mancha
  • El 31 de octubre de 2024, se publicó en el BOE la conocida como Orden de Contadores. Dicha Orden TED/1191/2024, moderniza el control de volúmenes de agua captados y vertidos en España, imponiendo medición electrónica para grandes usuarios y nuevos plazos para otros.
  • Esta ley es clave para el control del agua y su uso eficiente, con obligaciones que van desde la instalación de medidores inteligentes hasta la transmisión de datos a la administración.

Ecologistas en Acción de la Manchuela ha solicitado información a la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre el grado de cumplimiento de esta normativa, que establece que los grandes aprovechamientos, los de más de 500.000 metros cúbicos (500.000.000 litros), deben tener instalados los equipos de medición y estar enviando la información actualizada de los consumos desde el pasado 1 de noviembre.

En Resolución de contestación del 23 de diciembre, la Confederación Hidrográfica del Júcar, reconoce que no se está cumpliendo actualmente los plazos determinados por la Orden, y tampoco da una fecha estimada. Informa que se está trabajando en el sistema informático para la recepción de los datos de los aprovechamientos, y en la comunicación e inspección con los usuarios del agua. Según sus palabras se encuentran en “un proceso activo de implantación de la Orden”.

Pero en la Disposición Transitoria Primera, establece un plazo claro de aplicación para las distintas categorías de aprovechamiento: apartado c) Los aprovechamientos de agua de la categoría tercera (más de 500,000 metros cúbicos), deberán instalar, en su caso, los equipos y comenzar a enviar la información adicional exigida por esta orden a los organismos de cuenca antes de un año desde la entrada en vigor de esta orden.

Este tipo de medidas, ampliamente apoyadas por la ciudadanía que, mayoritariamente, prefiere un control del consumo real y una gestión moderna y sostenible de los recursos hídricos. Y es considerado urgente, teniendo en cuenta el contexto actual de cambio climático y del mal estado cuantitativo del acuífero de la Mancha Oriental.

Según Ecologistas en Acción, la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) presume de que aplican un sistema de control basado en teledetección con mucho éxito, “pero no es cierto, ya que las extracciones siguen superando la capacidad de recarga del acuífero de la Mancha Oriental, lo que lo ha llevado a una situación de sobreexplotación: si realmente se quiere atajar los fraudes deberían implementar el plan cuanto antes” y ven
lógico, desde el grupo ecologista, que vean con tanta preocupación la aplicación de la Orden de Contadores, ya que no van a poder sacar más agua que la que legalmente se les adjudica. Ya que, esta normativa, establece las determinaciones técnicas que tienen que tener los sistemas de medición, para evitar manipulaciones de contadores, que hasta ahora eran frecuentes, como reflejan los medios de comunicación de manera periódica.

Según los datos de la confederación, el pasado año hidrológico, las extracciones fueron de 325 hectómetros cúbicos, cuando en ningún caso deberían superar los 300 Hm3 (25 mil millones de litros más de lo que se debería). Y según la JCRMO, en su última asamblea, reconocen que se está produciendo un uso irregular del agua, señalando un estudio con un muestreo de 100 localizaciones que concluye que “los resultados sean sencillamente pavorosos”, aunque mantienen que su gestión del agua continúa siendo ejemplar.

Desde Ecologistas en Acción de la Manchuela, afirman que para planificar el uso de agua, y que este tenga futuro, hace falta un control y conocimiento exhaustivo, y la orden de contadores es un paso necesario: “Debemos ceñirnos a la Directiva Marco del Agua : el buen estado de todas las masas de agua, acuífero, río Júcar, fuentes y manantiales y zonas húmedas. No todo se puede supeditar al beneficio económico de unos pocos”

En sus declaraciones afirman que este debe ser el primer paso y detallan que tras el análisis de la información de consumo se debería ajustar las extracciones de agua del acuífero a las entradas y a su estado actual, ajustando el consumo de quienes más gastan a las posibilidades reales de nuestro recurso.

Desde Ecologistas en Acción de la Manchuela admiten que es un proceso complejo, pero que en asuntos tan importantes y de repercusiones tan graves al medioambiente y a las personas y cuando hay legislación que lo exige, no se debería dejar pasar un año y no tener aún fecha de su implantación. En palabras de su portavoz Chimo Azorín “como siempre desde nuestra asociación vamos a exigir a la Confederación Hidrológica del Júcar algo muy loco: Que cumplan la Orden promulgada por su Ministerio”

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