Este reportaje sobre Venezuela se publicó originalmente en la revista de ‘La Marea’. Puedes conseguir un ejemplar y suscribirte en nuestro kiosco.
CÚCUTA (COLOMBIA) // El ataque militar estadounidense en Venezuela del pasado 3 de enero rompió con todas las reglas del derecho internacional, acabó con las pretensiones de la realpolitik y pisoteó las leyes norteamericanas, afirma Ronal Rodríguez, investigador y portavoz del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, en Colombia. Asimismo, a la acción contra el presidente Nicolás Maduro «algunos la llaman extracción, otros la llaman secuestro, pero fue una violación al derecho internacional», reafirma Martha Márquez, directora del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).
El tono triunfalista de las declaraciones posteriores del presidente Donald Trump no ocultaron el mantra por el que se rige: América –todo un continente– para los estadounidenses. Vuelve a estar vigente la Doctrina Monroe, proclamada en el año 1823 por el presidente James Monroe, estableciendo que cualquier intervención europea o de una potencia distinta a la estadounidense en América Latina sería vista como una agresión.
El mismo Trump la denomina doctrina Donroe –el concepto que apareció en la portada del tabloide New York Post en enero de 2025– dejando claro en qué consiste la vieja-nueva bandera estadounidense y que no teme el uso del garrote para izarla a su antojo en lo que él mismo denomina «el patio trasero de América».
«El caso de Venezuela le permitía a Trump resolver un asunto reputacional en cuanto a su capacidad real de hacer sus amenazas creíbles», opina desde Caracas Colette Capriles. Según esta politóloga venezolana y profesora en la Universidad Simón Bolívar, la intervención no tiene nada que ver con posturas ideológicas ni apoyos morales o políticos, sino con la voluntad de Trump de «reconstruir el lugar de Estados Unidos en el hemisferio como hegemón».
Una demostración de fuerza que inició a finales de agosto 2025, con el despliegue militar y los ataques a decenas de lanchas en el Caribe –que dejaban a mediados de enero más de un centenar de muertos–, pero también con su apoyo férreo y económico a presidentes de extrema derecha como Javier Milei, en Argentina, o su incondicional respaldo a Nary TitoAsfura en las últimas elecciones de Honduras.
El «laboratorio» venezolano
Para la politóloga venezolana Marisela Bentancourt, su país se convirtió en un «laboratorio» para un replanteamiento de las relaciones internacionales, poniendo en vilo a toda la región. «Los líderes de América Latina están avisados de la voluntad de Estados Unidos de utilizar toda la fuerza de sus capacidades para asegurar que la región gira hacia sus políticas de una manera más contundente», coincide Elizabeth Dickinson, directora para América Latina del centro de pensamiento Crisis Group.
Betancourt se muestra más crítica con la falta de consenso de los países de la región respecto a Venezuela, señalando que «estaba aislada», lo que permitió que se convirtiera «en el chivo expiatorio de un proyecto ultranacionalista de la derecha estadounidense». Lo hizo además sin causar ninguna baja de soldados estadounidenses, lo que engrandeció con vítores la Operación Resolución Absoluta de Trump.
El número de venezolanos muertos sigue sin concretarse, incluso tras la comparecencia del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien el 23 de enero afirmó que el ataque militar con «bombarderos, helicópteros artillados con misiles, con armas químicas», en Caracas y otras tres regiones cercanas, provocó entre 100 y 120 muertes. Estas incluyen a 47 militares de Venezuela y 32 de Cuba.
El silencio permisivo de países y organismos internacionales abre la puerta para los delirios coloniales y expansionistas de la Administración Trump. «Estados Unidos es la gran potencia militar y puede hacer cosas como las que hizo en Venezuela: intervino, extrajo al presidente y mantiene la presión sin necesidad de una ocupación militar, sino a través de la amenaza. Eso implica un gran riesgo para la seguridad de los países de la región», advierte Márquez.

Muchos de los analistas entrevistados hablan del comportamiento errático de Trump, y la dificultad para la comunidad internacional de hacer frente a sus avatares «casi temperamentales y anímicos». Ronal Rodríguez expresa su preocupación: «El presidente estadounidense no es un demócrata y no tiene comportamientos democráticos». Y señala el riesgo de que las herramientas formales de la democracia se utilicen para perpetuar proyectos autoritarios.
Por esto mismo, los vecinos regionales de Venezuela contienen la respiración. Incluso los más críticos como Colombia, Brasil o México. Cuestionar las políticas de Washington deriva en muchos casos en castigos arancelarios e incluso amenazas –en el caso colombiano– de una posible intervención militar.
Venezuela sin Maduro
Estados Unidos alteró el tablero político interno en Venezuela. Se tambalearon las torres, pero la partida continúa. «Hasta el momento no se ha denotado ninguna fisura importante dentro de los altos jerarcas del chavismo», sino un reacomodamiento de los actores, argumenta Ronal Rodríguez.
Todo apunta, según van saliendo más detalles de los hechos ocurridos antes del 3 de enero, que el chavismo entregó a Estados Unidos a un rey –Maduro– a cambio del liderazgo tutelado de una reina, Delcy Rodríguez. «Se puede inferir que se había pensado con anterioridad, no sé hasta qué punto, el escenario de un gobierno que no fuese el de Maduro, con unas ciertas condiciones y unos ciertos requisitos», argumenta Colette Capriles sobre los diálogos previos al ataque militar entre la inteligencia estadounidense y las figuras políticas cercanas a Maduro.
Así fue como, con el beneplácito de Trump, la poderosa vicepresidenta del chavismo, Delcy Rodríguez, quien durante su trayectoria política ha ocupado todo tipo de cargos en Venezuela, se posicionó como presidenta interina del país. «A Estados Unidos no le interesa romper las instituciones, así estén en manos del chavismo», opina la directora del Cinep. Esta sería la excusa para que se mantengan en sus cargos algunas de las figuras políticas más representativas del chavismo, como el ministro del Interior, Diosdado Cabello; el hermano de la mandataria interina y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; o el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.
El chavismo «ha buscado consolidar una hegemonía cultural en torno al antiimperialismo, pero ahora le hace concesiones a Estados Unidos. Eso genera una tensión muy fuerte entre complacer a Estados Unidos y mantener el discurso histórico antiimperialista», continúa Márquez. «La élite en el poder trata de mantener ese equilibrio, pero la liberalización los desequilibra, y creo que en algún momento ese equilibrio se va a romper», sugiere.
Por su lado, Pablo Andrés Quintero, politólogo y consultor venezolano, opina que no se trata de un Chavismo 3.0, sino de un chavismo más occidentalizado: «Puede ser el inicio de una nueva época para la política oficialista hacia un modelo económico más capitalista, menos ortodoxo, más operativo y, por supuesto, de amplia apertura económica».
Mutación
Pese a que una de las primeras acciones de la presidenta encargada fue la liberación de decenas de presos políticos, «no estamos frente a una transición, sino a una mutación del chavismo como tantas otras que ha tenido tras quiebres dramáticos», define Betancourt.
La profesora Capriles no habla de transición, sino de una apertura democrática que pueda conducir a unas elecciones competitivas y quizás la emergencia de «necesarios» nuevos liderazgos: «Es el momento de observar más a los actores que a las políticas».
Como ella, los analistas consultados se muestran pesimistas en sus diagnósticos. Ligia Bolívar, defensora de derechos humanos y fundadora del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), es crítica: «Ni en el vocabulario de Trump, ni en el vocabulario de Rodríguez, ni en el del grupo que la acompaña se han mencionado las palabras derechos humanos, democracia o Estado de derecho».
Bolívar considera que es imprescindible que los poderes judiciales y los poderes públicos sean independientes, que exista libertad plena incondicional de todos los grupos políticos y que puedan retornar todas las personas que marcharon al exilio. También cuestiona el papel de la oposición frente a las violaciones de derechos humanos en Venezuela. En su opinión, ni Trump ni María Corina Machado han manifestado ningún interés en respetarlos. «Hasta el momento, [Machado] no ha tenido ningún pronunciamiento enérgico, por ejemplo, en relación con el tema de las lanchas», remarca.
Una oposición sin voz
En cualquier caso, la oposición venezolana ha quedado fuera de la partida de Trump. Su desdén sobre la posibilidad de que María Corina Machado pudiera gobernar en Venezuela quedó clara cuando, desde el primer momento, afirmó que no tiene las capacidades ni el apoyo necesario para hacerlo.
Las expertas consultadas consideran, en su mayoría, que la oposición está muy debilitada y no tiene el peso ni el músculo necesario para enfrentar una eventual transición que derive en unas nuevas elecciones. «Por ahora, no tiene voz, y eso es una debilidad fundamental del contexto político, porque Venezuela tiene un conflicto político de fondo», sostiene Dickinson, del Crisis Group.
Capriles coincide en que la oposición no existe en términos prácticos: «Ni la que esté afuera, ni la que esté dentro, tiene ahora capacidades organizativas, coincidencias estratégicas, conversaciones internas, tejido de apoyo, nada que conduzca a tener algunas garantías que le permitan cierta gobernabilidad».
«Oil first»
Quizás por este motivo Trump marcó su hoja de ruta en consonancia con los remanentes chavistas en el poder. Apenas 24 horas después de los ataques sobre Caracas, en Washington ya se hablaba de un plan trifásico. «Una primera etapa de estabilización, una segunda etapa de recuperación –a la cual después se añadió un término adicional: reconciliación–, y una tercera etapa que sería la transición», explica Capriles, unos términos que no tienen fecha para su implementación.
Con el petróleo bajo el tutelaje de la Administración Trump, es incierto cómo se van a administrar las regalías petroleras y cómo pueden servir para estabilizar y mejorar la calidad de vida de los venezolanos. El acceso de Estados Unidos a los bienes y recursos naturales de Venezuela, el país con mayores reservas de hidrocarburos a nivel global, era el objetivo pero, según los analistas, muchas empresas petroleras y multinacionales extranjeras todavía desconfían sobre la posibilidad de invertir en el país caribeño, por la misma inestabilidad política y la falta de seguridad.

La mayoría de los venezolanos, dentro y fuera del territorio, tienen un anhelo común: la estabilización de la economía. «Eso puede ofrecer un alivio a las familias venezolanas que ahora no logran ni alcanzar la canasta básica. En el corto plazo es posible que se estabilice un poco la situación económica para la mayoría», apunta la directora del Crisis Group en América Latina. La profesora Capriles también añade que «no se trata solo de un mejoramiento del ingreso de las personas, la gente está esperando un mejoramiento de la calidad de vida y de la calidad de los servicios públicos».
Según la politóloga, si el gobierno interino es capaz de abrir la economía y consolidar la industria petrolera, el chavismo podría volver a generar confianza entre la ciudadanía y ser competitivo en unas futuras elecciones dentro de una sociedad civil fragmentada.
De no estabilizarse la economía, muchos analistas temen una nueva salida masiva de venezolanos, que se sumarían a los casi ocho millones de migrantes en el extranjero.
Contradicciones e incertidumbre en la frontera
Gresmar, de 29 años, llevaba una década sin pisar territorio venezolano. Está a pocos minutos de cruzar el Puente Internacional Atanasio Girardot, o Tienditas, uno de los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela. «Como venezolana, siempre voy a querer volver a mi país. Vengo con muchas expectativas de poder ejercer mi carrera [médica cirujana], de poder realizarme como profesional». Han pasado tan solo tres días desde la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y el secuestro del presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores, la madrugada del 3 de enero. «Todo cambio es bueno», dice con temor a posibles represalias, rodeada de sus familiares, que la reciben con abrazos.
La joven tomó la decisión de regresar a su país semanas antes de que el estruendo de los helicópteros y los misiles despertaran a Caracas, convirtiendo la amenaza en un hecho real. Ella, como otra decena de venezolanos entrevistados en la frontera, califican como «necesaria» la operación bélica de Donald Trump. Contradictoriamente, fueron sus mismas políticas de persecución contra la población migrante en Estados Unidos, y la decisión de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a unos 600.000 migrantes venezolanos, los motivos por los cuales ha retornado.
Colombia acoge a más de 2,8 millones de venezolanos. Esos primeros días de enero, las autoridades desplegaron un dispositivo en la frontera compartida –más de 2.200 kilómetros– para hacer frente a una emergencia humanitaria fruto de una eventual salida masiva de población a causa del ataque estadounidense.
Veinte días después, «incertidumbre» es la palabra más repetida tanto en Caracas como en la ciudad colombiana de Cúcuta, el principal paso fronterizo. Aquí, el flujo de venezolanos es el habitual: comerciantes, vendedores y personas que cruzan para acceder a los servicios médicos de los hospitales colombianos. No hubo salida ni entrada masiva. «Se siente una calma tensa», transmiten cuando se les pregunta.
José Germán y Rosaura esperan el transporte que los lleve de vuelta a la ciudad venezolana de Mérida. La madrugada de los ataques, estaban en EE. UU. visitando a su hijo y a sus nietos. En otras circunstancias habrían pasado hasta seis meses jugando con los pequeños, pero esta vez los funcionarios de migración estadounidenses los pasaron «al cuartito» y les dieron un mes de estadía. Regresan con sus maletas: «No me siento capaz de celebrarlo todavía». Son profesores universitarios, ganan apenas dos dólares al mes y sobreviven gracias a las remesas que les envían sus hijos desde el extranjero. Su cotidianidad se resume en tomar café en la esquina y dar clase en la universidad, «por vocación». Lo que pase, dicen, será un proceso lento.

Omar espera a que su hermano selle el pasaporte en la oficina de Migración Colombia en la frontera de Cúcuta. Acaba de llegar de EE. UU., no consiguió el asilo y vuelven juntos a Medellín. El joven salió en 2017 de su hogar y nunca más regresó: «Siempre voy a querer volver». Su esperanza es una mejora de la economía que permita retornar a jóvenes como él para reconstruir un país en ruinas. «Quisiera para mi país que todas nuestras riquezas se vean reflejadas en infraestructura, salud, educación. Sobre todo, educación», pide.
Después del shock inicial, «la gran preocupación de la mayoría es cómo van a llegar a fin de mes, qué van a ponerle en la mesa a sus hijos para el desayuno, si es que pueden ponerle algo», cuenta la activista Ligia Bolívar. En esas estaban los venezolanos la noche del 2 de enero, todavía con la resaca de fin de año. Entonces el tiempo se detuvo por un día.
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