Con motivo de la celebración el pasado 2 de febrero del Día Mundial de los Humedales, Ecologistas en Acción de Parla ha comenzado una campaña de recogida de firmas en la plataforma Change.org solicitando la inclusión de diferentes humedales amenazados distribuidos por los municipios de Parla, Fuenlabrada, Pinto y Griñón en el Catálogo de Embalses y Humedales de la Comunidad de Madrid.
Estos humedales endorreicos, estacionales y someros son de gran valor ecológico, paisajístico y sociocultural, por lo que su protección y conservación resultan imprescindibles. Estos tipos de hábitat, a pesar de estar reconocidos por la Directiva de Hábitats de la Unión Europea como de interés prioritario en su conservación por ser un tipo de hábitat escaso y de gran biodiversidad en la Unión Europea (3170 Estanques temporales mediterráneos), han ido desapareciendo en silencio debido al desinterés y desidia por parte de las administraciones locales y regionales, engullidas por proyectos urbanísticos, polígonos industriales, infraestructuras de transporte, vertidos de basuras y escombros, así como por agricultores que las han integrado a sus campos de cultivo de forma ilegal.
Según considera el grupo ecologista, para nada ha servido la protección que les otorga la Ley de Aguas 1/2001, de 20 de julio, la cual otorga a los humedales el carácter de dominio público hidráulico. Todas estas actividades destructivas han negado su valía y la posibilidad de su futura recuperación, algo que aún hoy continúa. Así por ejemplo, el Ayuntamiento de Parla proyecta construir el mayor polígono industrial de la Comunidad de Madrid, el futuro PAU-5, arrasando con hábitats acuáticos protegidos por la Directiva de Hábitats europea y la Ley de Aguas nacional.
Estos humedales del sur de Madrid resultan fundamentales para la conservación de diferentes especies de aves acuáticas, entre las que destacan, el ánade azulón, el pato cuchara, el porrón moñudo, la focha común, la gallineta común, el zampullín chico, la garza real, la garcilla bueyera, la cigüeña blanca, diferentes especies de limícolas, como la cigüeñuela común o el chorlitejo chico y gaviotas, el aguilucho lagunero occidental, así como anfibios amenazados como el sapo corredor, sapo de espuelas, sapo partero ibérico y gallipato.
Las láminas de agua de estos humedales rompen la monotonía del paisaje de las estepas agrícolas dónde se ubican, siendo un oasis en medio de la sequedad y rutina del paisaje. Estos reservorios de agua son fundamentales para la conservación no sólo de la comunidad de aves acuáticas, sino también de las cada día más amenazadas aves esteparias que viven en las estepas circundantes. Aves cómo el amenazado sisón común, el alcaraván, los aguiluchos pálido y cenizo, el milano real, el milano negro, el ratonero común, el halcón peregrino, el cernícalo común, la cogujada común, la terrera común, la calandria común, el escribano triguero, la collalba rubia y la golondrina común, entre otras aves, que dependen de la conservación de estas lagunas y balsas de agua.
Recalcan que este tipo de hábitats acuáticos son para muchas especies de plantas acuáticas los únicos lugares donde desarrollar su ciclo vital. Plantas cómo Eleocharis palustris, Carex divisa, Typha latifolia, Phragmites australis, Scirpoides holoschoenus, Juncus inflexus, Juncus bufonius, Bolboschoenus maritimus, Lythrum thymifolia, Lythrum hyssopifolia, Lythrum acutangulum, Sonchus crassifolius, Veronica anagallis-aquatica, Schenkia spicata, Ranunculus peltatus, Ranunculus repens, Mentha cervina, Heliotropium supinum, Verbena supina, Hordeum marinum, Tamarix mascatensis, entre otras. Gran parte de este tipo de plantas constituyen elementos botánicos raros y amenazados debido a la exclusividad y características de estos humedales. Además, estos humedales estacionales modulan las condiciones climáticas y el ciclo hidrológico y permiten conservar valores paisajísticos y socioculturales asociados.
Por todo ello, desde Ecologistas en Acción de Parla exigen la protección, conservación y restauración de todos los humedales de los municipios afectados que son patrimonio de nuestro entorno natural, así como herencia cultural y social de la zona. Los humedales del sur de Madrid son los grandes olvidados como demuestran los proyectos de la comunidad de Madrid cuyo ámbito de actuación son humedales conocidos, dejando de lado otros de la zona sur de gran valor ecológico. El grupo considera que los recursos hídricos, además de ser parte de nuestro entorno a defender ante los futuros proyectos como el PAU-5, deben considerarse también como esenciales ante el escenario futuro que pronostican los estudios sobre el impacto del cambio climático.
Ecologistas en Acción de Villaviciosa de Odón ha presentado una denuncia formal ante el Ayuntamiento de Móstoles (Concejalía de Medio Ambiente) por un vertido incontrolado e ilegal de escombros y residuos de obra que se viene produciendo de manera reiterada en una nave de propiedad privada.
Según ha constatado la organización ecologista, en la nave de la empresa Iluminaciones Lledó, situada en la calle Cid Campeador, 14 de la localidad, se están depositando residuos de construcción fuera de cualquier instalación autorizada para la gestión de este tipo de desechos y sin que conste permiso alguno, lo que supone un claro incumplimiento de la normativa medioambiental y urbanística vigente.
Ecologistas en Acción alerta de que estos vertidos incontrolados generan un impacto negativo en el entorno, además de posibles riesgos para la salubridad, la seguridad y el medio ambiente, agravados por el hecho de producirse en una propiedad privada sin control administrativo ni medidas de protección.
Ante esta situación, la organización ha solicitado al Ayuntamiento de Móstoles que los servicios municipales competentes realicen una inspección inmediata, adopten las medidas necesarias para el cese de los vertidos, ordenen la retirada y correcta gestión de los residuos existentes y, en su caso, inicien el correspondiente expediente sancionador.
Desde Ecologistas en Acción se insiste en la necesidad de una actuación rápida y contundente por parte de las administraciones para evitar este tipo de prácticas ilegales que se repiten en el sur de la Comunidad de Madrid, deteriorando el entorno urbano y natural de los municipios, que ven como sus caminos se contaminan con todo tipo de residuos; enseres, textil, neumáticos, etc. siendo especialmente profusos los de construcción, entre los que es frecuente encontrar restos de amianto.
Ecologistas en Acción de Getafe ha manifestado que “es inaceptable que se pretenda compensar los enormes perjuicios sobre la salud y el medio ambiente con dinero”, refiriéndose a la propuesta de la Mancomunidad del Sur para bonificar las cuotas que abonan por vertido los municipios más afectados por albergar el macro vertedero que da servicio a 71 municipios: Pinto, Getafe y San Martín de la Vega.
La organización ecologista ha solicitado al Ayuntamiento de Getafe que se niegue a aceptar esta propuesta, la cual viene a consolidar la ubicación definitiva del macro vertedero y los problemas derivados que sufren las poblaciones cercanas, entre las que está Getafe, desde hace cuarenta años.
La Mancomunidad del Sur, responsable de la gestión del vertedero, cuya extensión abarca ya terrenos de los municipios de Pinto, Getafe y San Martín de la Vega, ha anunciado a través de la prensa su acuerdo para bonificar la tasa que abonan dichos municipios por el depósito de sus residuos en el vertedero.
Ecologistas en Acción asegura que el deterioro de la salud y calidad de vida de los vecindarios cercanos, que durante décadas se viene denunciando desde la Plataforma por el cierre del vertedero de la que forma parte, “no puede ser moneda de cambio” y proclaman que “la salud de la ciudadanía y la protección del medio ambiente no tiene precio”, afirmando que ésta bonificación solo pretende desactivar la lucha vecinal que históricamente viene reclamando una gestión alternativa de los residuos en la Comunidad de Madrid, y concretamente en la Mancomunidad del Sur, para evitar el sacrificio al que se somete a la ciudadanía de los municipios colindantes, que viene soportando durante décadas, y sin horizonte de cierre de la instalación, las consecuencias de convivir con 800 mil toneladas anuales de 71 municipios, alejados en algunos casos más de cien kilómetros del vertedero.
La acumulación de residuos mezclados con materia orgánica es la causa de olores insalubres que afectan principalmente al barrio de la Tenería de Pinto, además de ser, junto con el vertedero de Valdemingómez en Madrid, los responsables de gigantescos escapes de metano detectados por diferentes satélites desde el espacio, lo que está suponiendo un gravísimo perjuicio a gran escala por ser este gas uno de los principales causantes del calentamiento global y consecuentemente del cambio climático, además de ser causante del empeoramiento de diferentes enfermedades al interferir en la formación de ozono troposférico.
La organización ecologista denuncia lo que considera una nefasta gestión de los residuos y la sistemática vulneración de la Ley 1/2024, de 17 de abril, de Economía Circular de la Comunidad de Madrid, especialmente en lo que se refiere a la implantación de un verdadero modelo de economía circular, inexistente al carecer actualmente de medidas para “favorecer la utilización más eficiente y sostenible de los recursos, extender la vida útil de los productos, prevenir y reducir la generación de residuos (…) tal como proclama en el establecimiento de sus fines. De igual manera, consideran incumplidos sistemáticamente sus principios rectores, especialmente el “principio de jerarquía y circularidad” en el que se prioriza la prevención y minimización de residuos, pero que Ecologistas en Acción considera entra en contradicción con la aprobación de plantas de tratamiento cada vez más complejas y caras, creadas para albergar una cantidad incoherentemente creciente de residuos.
A todo ello hay que añadir la rebaja en el nivel de protección en 80 hectáreas del Parque Regional del Sureste, único espacio natural protegido del sur de la Comunidad de Madrid, para albergar las ampliaciones de las instalaciones previstas, pese a que la clausura del vertedero estaba programada para 2025, y a pesar de que uno de los objetivos de la propia Ley 1/2024 es “promover una mayor protección del medio ambiente o entorno natural”.
Ecologistas en Acción ha presentado escrito ante el Ayuntamiento de Getafe solicitando que haga explícito su rechazo de la bonificación propuesta y su oposición a que la instalación se aloje indefinidamente en terrenos del municipio.
• La Plataforma Stop Fórmula 1 Madrid denuncia que el Gobierno regional pretende rebajar la protección urbanística de las vías pecuarias mediante un cambio legal aparentemente técnico, pero con graves consecuencias jurídicas y territoriales. • La reforma sustituye una obligación clara de protección por un concepto ambiguo que facilitaría la legalización de proyectos como el circuito de Fórmula 1 promovido por IFEMA, actualmente cuestionado en los tribunales.
La Plataforma Stop Fórmula 1 Madrid, a la que pertenece Ecologistas en Acción, alerta del grave retroceso que supone la modificación de la Ley de Vías Pecuarias incluida en el Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el incremento de la oferta de vivienda con protección pública. A su juicio, se trata de uno de los aspectos más graves de la reforma, al afectar directamente a un bien de dominio público y debilitar de forma deliberada su protección urbanística.
La normativa vigente establece que los instrumentos de planeamiento “calificarán como suelo no urbanizable protegido las vías pecuarias”, una redacción que desde 1998 ha sido entendida como una obligación clara y directa de adscripción a suelo protegido. Sin embargo, el anteproyecto sustituye esta exigencia por la expresión de que los planes “contemplarán” las vías pecuarias como suelo protegido.
Según la Plataforma, el verbo “contemplar” carece de significado jurídico preciso en materia urbanística: no implica obligación, no produce efectos jurídicos claros y no garantiza la adscripción efectiva de las vías pecuarias a una clase de suelo protegida. Este cambio introduce una indeterminación normativa que debilita de forma consciente el nivel de protección urbanística de toda la Red de vías pecuarias de la Comunidad de Madrid.
La organización subraya que esta modificación no es neutra ni puede analizarse al margen de su contexto. En la actualidad, se están dirimiendo en distintas instancias judiciales actuaciones urbanísticas vinculadas a la construcción del Circuito de Fórmula 1 promovido por IFEMA, donde la clasificación de las vías pecuarias resulta un elemento central, en concreto en el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Plataforma Ecologista Madrileña, uno de las entidades miembros de la Plataforma, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La relación entre la modificación que introduce el anteproyecto y el circuito de Fórmula 1 radica en que por el ámbito del Plan Especial del Área de Planeamiento Específico 21.10 “Recinto del Parque Ferial Juan Carlos I”, aprobado para permitir el denominado Madring, pasan dos vías pecuarias —la Vereda de los Leñeros y la Vereda del Quinto— cuya clasificación como suelo no urbanizable de protección ha sido eludida tanto por el Ayuntamiento de Madrid como por la Comunidad de Madrid.
Para la Plataforma Stop Fórmula 1 Madrid, sustituir una obligación clara por un concepto jurídicamente indeterminado puede interpretarse como un intento de eludir las consecuencias legales de una protección urbanística efectiva. Se pretende, por tanto, limitar el riesgo de que una eventual sentencia judicial anulase el Plan Especial por una inadecuada clasificación, lo que daría al traste con el circuito.
“Poner en riesgo el patrimonio pecuario de la Comunidad de Madrid para acomodar proyectos puntuales, de futuro incierto y ajenos al interés general es incompatible con la protección del dominio público, la legalidad urbanística y la sostenibilidad territorial”, concluye la Plataforma Stop Fórmula 1.
Las vías pecuarias son los caminos por los que históricamente se ha desplazado el ganado en busca de los pastos de verano y de invierno. Tienen su origen en el Honrado Concejo de la Mesta de Pastores creado por Alfonso X El Sabio, en 1273. La Comunidad de Madrid cuenta con 1.764 vías pecuarias clasificadas que suman una longitud de 4.177 kilómetros y ocupan una superficie de 13.267 hectáreas, distribuyéndose reticularmente por toda su geografía. Son bienes demaniales de gran valor cultural, públicos –propiedad de la Comunidad de Madrid– y actualmente, además del uso ganadero, tienen importantes funciones como corredores ecológicos, y de ocio y recreo.
Las organizaciones reclaman en sus sugerencias a la propuesta de Modificación Puntual para el ámbito UNP 04.03 – Nueva Centralidad del Este que este se reclasifique en su totalidad como Suelo No Urbanizable Protegido para preservarlo como un gran espacio natural en el corazón metropolitano.
Las tres entidades han presentado sugerencias formales en el marco de la consulta pública sobre el plan de desarrollo urbanístico del ámbito conocido como Nueva Centralidad del Este, que plantea la urbanización de la mayor parte de los terrenos, y califican la propuesta de “riesgo de pérdida irreversible” de uno de los espacios más ricos en biodiversidad del municipio de Madrid: las Lagunas de Ambroz y su entorno.
Este ámbito, con una superficie cercana a las 700 hectáreas, constituye una oportunidad histórica para integrar naturaleza, biodiversidad y salud pública en el corazón de la ciudad, en línea con los compromisos europeos en materia de biodiversidad, clima y bienestar social.
Un enclave estratégico para la biodiversidad y la resiliencia urbana
Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife, y la FRAVM recuerdan que España, como Estado miembro de la UE, está obligada a cumplir los objetivos del Pacto Verde Europeo, la Estrategia de Biodiversidad de la UE 2030 y el Reglamento de Restauración de la Naturaleza, para frenar la pérdida de biodiversidad, restaurar ecosistemas degradados e integrar la protección ambiental en todas las políticas públicas, y que las ciudades también pueden contribuir a dichos objetivos. Los grandes espacios verdes urbanos con humedales funcionales, como es el caso de las Lagunas de Ambroz y su entorno, constituyen infraestructuras esenciales que contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático, a hacer las ciudades más saludables y habitables, además de favorecer la conectividad ecológica y la biodiversidad, mientras que su fragmentación o degradación es contraria a los objetivos europeos y compromete la resiliencia futura de las ciudades.
Lagunas de Ambroz: un humedal singular en el corazón de Madrid
Las Lagunas de Ambroz, originadas por las actividades mineras de extracción de sepiolita realizadas en la zona, han experimentado un sorprendente proceso de renaturalización dando lugar a uno de los complejos lagunares más relevantes del municipio de Madrid. En estos cuerpos de agua y diversos estudios científicos han identificado en la zona una importante biodiversidad incluyendo numerosas especies de plantas y animales protegidas a nivel regional, estatal y europeo.
Eva Hernández, Coordinadora del Área de Gobernanza de SEO/BirdLife, ha declarado: “Este enclave se ha consolidado como un auténtico hotspot de biodiversidad en Madrid a pesar de carecer de figura de protección, un lugar donde es especialmente relevante la riqueza ornitológica, incluyendo aves acuáticas, rapaces, especies migratorias y colonias reproductoras únicas dentro de Madrid, como la del avión zapador”.
Naturaleza, salud y cohesión social
Desde Ecologistas en Acción destacan que la conservación de este espacio no es sólo una cuestión ambiental, sino también social y sanitaria. La evidencia científica, avalada por la Organización Mundial de la Salud, demuestra que el acceso cercano a espacios naturales mejora la salud física y mental, reduce desigualdades sociales y refuerza la cohesión comunitaria.
Para Yago Martínez, de Ecologistas en Acción, “Las Lagunas de Ambroz representan una infraestructura clave de prevención sanitaria, bienestar y calidad de vida especialmente relevante para los barrios del este y el sur de Madrid, zonas densamente pobladas, con un déficit estructural de zonas verdes y en las que se proyecta construir cientos de miles de nuevas viviendas en los próximos años”,
Una propuesta clara: la “Casa de Campo del Este”
SEO/BirdLife , Ecologistas en Acción y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) proponen preservar y proteger todo el ámbito UNP 04.03, configurándolo como un gran espacio natural continuo, integrado en el Corredor Verde del Sureste, que podría convertirse en una auténtica “Casa de Campo del Este”. Y mientras se resuelve el proceso de toma de decisión en curso, solicitan la adopción de medidas cautelares, como la paralización de cualquier actividad minera, la suspensión de actuaciones que impliquen transformación del terreno, el control de accesos y vertidos, la vigilancia ambiental, y también el inicio de acciones tempranas de restauración ecológica.
“Madrid tiene ante sí una oportunidad única de crear un gran espacio natural urbano para las generaciones presentes y futuras. Perderla sería hipotecar biodiversidad, salud y bienestar”, señala Enrique Villalobos de la FRAVM.
Las organizaciones confían en que el proceso de consulta pública permita avanzar hacia una decisión alineada con los compromisos europeos, la ciencia y el interés general de la ciudadanía, así como el de las generaciones futuras.
El pasado 9 de enero Ecologistas en Acción Sierras de la Comunidad de Madrid presentó un conjunto de alegaciones contra el Plan Parcial de la Majada de las Monjas aprobado inicialmente por resolución de la alcaldía de Becerril de la Sierra.
El plan pretende ampliar el número de viviendas que establece el planeamiento vigente sin justificación válida, minusvalorando los valores naturales del ámbito y sin haber facilitado el obligatorio Documento Ambiental Estratégico durante el periodo de información pública.
La organización ecologista solicita la remisión del Documento Ambiental Estratégico, que se remitan las alegaciones al conjunto de los grupos políticos de Becerril y que se declare la zona como Suelo No Urbanizable Protegido por sus valores rurales y naturales de facto.
El Plan Parcial Majada de las Monjas no refleja la realidad cuando se dice que una parcela “apenas tiene cobertura arbórea” y en los planos no se señalan en ella ningún árbol de porte medio, lo que también falta a la realidad. De hecho, todo el ámbito tiene una gran calidad y unos altos niveles de protección, por estar situado en Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, Zona de Transición de la Reserva de la Biosfera Cuencas altas de los ríos Manzanares, Lozoya y Guadarrama, Zona Forestal de la Comunidad de Madrid, Zona de Alta Calidad de Paisaje, Zona de Alta Fragilidad de Paisaje, y estar junto a la vía pecuaria Vereda de los Arroyuelos, teniendo una importante presencia de fauna dentro de la cuadrícula 30TVL10 (con 173 citas recogidas) y una rica vegetación mezcla de roble rebollo (melojo) y fresno, con matorrales y praderas. Todo ello, especialmente en el contexto de la policrisis ecológica que vivimos y la falta de crecimiento natural de la población, debería ser suficiente para evitar su urbanización.
Por otra parte, el Plan Parcial no justifica la propuesta de un gran incremento del uso lucrativo del ámbito al pretender autorizar la construcción de 34 viviendas más sobre las 43 establecidas por la actual normativa urbanística, disminuir la parcela mínima desde los 800 m2 a los 350 m2, y autorizar la construcción de chalets pareados y de cuatro bloques de 43 viviendas en construcción multifamiliar. Todo ello supondría densificar una zona alejada del casco urbano, saltándose un elemento estructurante de la actual normativa urbanística, como es el número máximo de viviendas para la zona. Ecologistas en Acción recuerda que no es ninguna necesidad urbanística ni social “rematar y suturar” la trama urbana y que las cuñas rurales y naturales en zonas urbanas, lejos de ser una anomalía o un problema a corregir, mejoran la calidad de vida de los espacios urbanos. Respecto a la supuesta finalidad social de las construcciones, los ecologistas indican que los altos precios que pueden alcanzar las Viviendas de Protección Pública hacen que no se puedan considerar viviendas sociales, por lo que la densificación propuesta se corresponde con un objetivo lucrativo.
Por último, la organización ecologista denuncia defectos formales en la documentación del Plan Parcial que obligarían a su retirada y a la convocatoria de un nuevo periodo de información pública. Así, el resumen ejecutivo del Plan Parcial no es expresivo y claro de lo que se pretende, por lo que no cumple con la legislación, y además el Ayuntamiento no ha facilitado el obligatorio Documento Ambiental Estratégico durante el período de información pública, por lo que se debe reiniciar el período de alegaciones, una vez se haya hecho público ese documento.
Hecho 1
Concesión del premio Antonio Palacios de Urbanismo y Arquitectura del Ayuntamiento de Madrid (en su 1ª edición), en la categoría Planeamiento Urbanístico, a la Operación Madrid Nuevo Norte1, autor: Ayuntamiento de Madrid, siendo el promotor Crea Madrid Nuevo Norte SA.2.
Hecho 2
Respuesta del Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado a la solicitud formulada por Ecologistas en Acción de publicación de documentos ocultos de la actual Operación Madrid Nuevo Norte, denegando el acceso a los mismos.
Ahora, las mentiras
Sobre el premio a Madrid Nuevo Norte: el Ayuntamiento de Madrid premia al ayuntamiento de Madrid por este plan urbanístico aprobado definitivamente en marzo de 2020 y cuya ejecución aún no se ha iniciado. De entrada, cabe preguntarse si tiene sentido premiar un documento no realizado, es decir, sobre papel, en lugar de un plan urbanístico realizado. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, sin haberse ejecutado, al menos parcialmente, es imposible calibrar ‘la idoneidad de los mecanismos de gestión que se prevean’, uno de los criterios de valoración según las bases de la convocatoria. Premiar proyectos sobre papel, en lugar de ya realizados, corresponde más a un concurso académico, entre estudiantes de urbanismo, que a una institución pública que puede y debe valorar las actuaciones y sus impactos reales.
En términos de elegancia o deportividad, que el ayuntamiento se premie a sí mismo tampoco parece ejemplar; y no ya el ayuntamiento en general, sino la misma Área de Gobierno de la que depende el premio, autora, o responsable, del proyecto premiado. Hay que tener en cuenta que en la convocatoria no se informa de la composición del jurado que ha valorado las propuestas.
Sin embargo, ni su dudosa coherencia ni su autoconcesión son los aspectos más estridentes en este premio, sino que el mismo haya recaído en la vigente versión de la operación Chamartín, es decir, Madrid Nuevo Norte, un plan que, si bien contó con un amplio consenso político-institucional, ha sido contestado desde múltiples colectivos y entidades ciudadanas, ecologistas y profesionales, precisamente por atentar contra los principios de sostenibilidad, equidad y equilibrio territorial por los que se supone se le está premiando. Una ordenación guiada por el interés lucrativo de la sociedad concesionaria -en la que el banco BBVA es mayoritario- ahora ya propietaria de los anteriores suelos y derechos de Adif-Renfe, por maximizar los beneficios de lo que hasta el momento es sólo una operación financiera.
Se trata de una ordenación netamente especulativa, el BBVA está intentando vender la operación, con edificabilidades desaforadas que obligan incluso a contabilizar como zonas verdes una losa de hormigón ajardinada, y que, junto a los impactos en movilidad derivados de la alta concentración de oferta de empleo prevista, profundizará en los desequilibrios socioeconómicos y funcionales en el marco metropolitano, en favor de un arco norte como espacio de concentración casi exclusiva del nuevo empleo de calidad, al mismo tiempo que se prescinde de oferta alguna de vivienda pública y social.
MNN es un caso paradigmático de recalificación especulativa del suelo atendiendo únicamente a la búsqueda de una rentabilidad inmobiliaria brutal, en este caso con el agravante de tratarse mayoritariamente de suelo público, y de un espacio de oportunidad para la compleción del norte de la ciudad con una ordenación que ponga en valor sus características y localización medioambientales idóneas. En el que, además, el concesionario-comprador privado recibe los terrenos a precio de ganga y se cubre las espaldas endosando las responsabilidades e incertidumbres del plan a la administración pública.
En suma, este premio impresentable parece por una parte una reivindicación municipal de un plan semiparalizado que casi 6 años después de su aprobación definitiva suscita crecientes dudas por su concepción insostenible y, probablemente, inviable financiera y comercialmente. Y, por otra parte, una provocación dirigida a todos los sectores que se han pronunciado contra el mismo 3. Este premio no es sino un inútil balón de oxígeno propagandístico para un pelotazo urbanístico comatoso.
…Y los secretos
Ecologistas en Acción hemos recurrido al Portal de Transparencia para conocer documentos relativos a la operación MNN que no se han difundido. En concreto, el documento de Modificación del Texto Refundido de 2018 de 28 de diciembre de 2018 y la escritura de enajenación de suelos a CreaMNN de 19 de diciembre de 2024 por parte de ADIF y Renfe en los que se sospecha (o, más bien se deduce de declaraciones e informaciones diversas) que se establecen concesiones aún más ventajosas para la empresa concesionaria y más gravosas para Adif-Renfe, entre otros aspectos relativas al reparto de las cargas de urbanización y a las posibles responsabilidades de cara a los propietarios de suelo que reclaman la reversión de sus expropiaciones en los años 40.
Conviene recordar que entre las muchas anomalías e irregularidades que jalonan la historia de esta operación desde su inicio en 1993, se encuentra la opacidad o secretismo, a pesar de que están en juego bienes e intereses públicos (el suelo ferroviario). Algo denunciado durante el último tramo del proceso de gestación del actual plan Madrid Nuevo Norte (a partir de 2017) por distintas entidades ciudadanas, y que llevó, a finales de 2018, por una parte, a la filtración y publicación en diario.es de una gran cantidad de documentos (contratos, informes técnicos, dictámenes jurídicos, etc.) hasta entonces ocultos, y, paralelamente, a la decisión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunidad de Madrid, obligando a Adif-DCN a publicar dichos documentos, en respuesta a los peticiones en ese sentido de Ecologistas en Acción y FRAVM (Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid).
Pues bien, la respuesta ahora del Portal de Transparencia deniega el acceso a esta nueva documentación con diversos argumentos la mayoría de los cuales tienen que ver con los intereses de CreaMNN supuestamente amenazados por la revelación de la información contenida en ellos. Respuesta que, por cierto, no firma una autoridad oficial, sino el presidente de Adif; en otras palabras: el Portal de Transparencia de la AGE contesta a través de una empresa pública que es parte en la solicitud de información (Adif), que a su vez lo hace como portavoz de los intereses de una empresa privada (CreaMNN). En dicha respuesta, Adif no ofrece un solo argumento relativo a sus propios intereses, sino que habla por CreaMNN, defendiendo su ‘cadena de valor’ y temiendo se pueda perjudicar su ‘posicionamiento competitivo en el mercado inmobiliario’ si se difunden las condiciones de compraventa de los terrenos públicos.
Ante ello cabe expresar tanta sorpresa como indignación: suponiendo que los documentos pudieran perjudicar a los intereses de una empresa privada ¿es ese un argumento definitivo para ocultar documentación que se refiere, al mismo tiempo, a los intereses públicos y generales?, o bien ¿por qué ADIF/ADIF AV no defiende sus propios intereses, que son los de la ciudadanía, y sólo hace de portavoz de la sociedad privada, cuando es evidente que han sido partes opuestas en la negociación de esta operación? ¿Cómo es posible que no se pueda conocer el documento por el cual se venden aproximadamente 1 millón de metros cuadrados de suelo urbano público?
La gran pregunta, no obstante, es: ¿qué tienen que ocultar Adif-Renfe y CreaMNN?
Salvar a la operación Chamartín-MNN
Estas últimas evoluciones alrededor de la operación Chamartín-MNN responden a un denominador común: las administraciones públicas entregadas a la innoble causa de salvar una operación urbanística que supone no sólo un atentado contra la ciudad de Madrid en términos de sostenibilidad y equidad, sino un serio quebranto del patrimonio público. Para conseguirlo hay que engañar y ocultar. Por el bien común, esperemos que fracasen en su empeño: sigamos denunciándoles.
En un extenso documento de 158 páginas, Ecologistas en Acción Sierras explica que el Avance pretende impulsar el expansionismo urbano y un desarrollismo trasnochado, caminando en sentido contrario a la calidad de vida de la mayoría de los vecinos y vecinas, así como a los retos de nuestro siglo (comenzando por la emergencia climática, que nos pide decrecimiento). La crítica de Ecologistas en Acción Sierras se estructura en trece observaciones acompañadas de abundante material gráfico, entre las cuales pueden destacarse los puntos siguientes.
El avance plantea un crecimiento que sería fatal para el medio natural y rural, y para el modelo de vida que hace atractiva Cercedilla, mientras que por otra parte no atiende los principales problemas de los vecinos y vecinas. Este pueblo serrano ha venido sufriendo una expansión urbanística especulativa, dañina, descontrolada y, en muchos casos, ilegal, con la complicidad (cuando no la promoción activa) de la mayoría de sus gobiernos municipales.
Recordemos que el modelo urbanístico de crecimiento continuo ha destruido gran parte del medio natural y rural, ha creado un urbanismo disperso y caótico, ha deteriorado un paisaje valiosísimo, ha hecho de la vivienda un bien caro y especulativo, ha apostado por la hipermovilidad insostenible, contaminante e ineficaz del vehículo privado… a la vez que ha desestructurado los espacios de convivencia (y con ellos la vecindad y la ciudadanía). Ahora este Avance del Plan General apuesta por proponer la mayor expansión urbana de la historia de Cercedilla, exprimiendo el territorio hasta niveles inauditos y planteando la destrucción de decenas de hectáreas de suelos protegidos, e incluso enarbolando la quimera de que Cercedilla debe llegar a ser una ciudad (como reiteradamente se dice en ese documento)
Un Avance a la altura de las circunstancias, en este siglo nuestro de emergencias y ecocidios, tiene que explorar también las opciones de desclasificar suelos urbanos o urbanizables que pudiendo ser edificados no lo han sido en más de cuarenta años (al menos desde las Normas Subsidiarias de 1985, en el caso de Cercedilla) para devolverlos a la situación de no urbanizables (crecimiento cero con desclasificación de zonas urbanizables o urbanas), como desde Ecologistas en Acción venimos sosteniendo que es imprescindible hacer en el conjunto de la Comunidad de Madrid y, especialmente, en los municipios de la Sierra.
El Avance plantea un crecimiento insostenible del número de viviendas (1.728 nuevas viviendas), lo que supondría un incremento de población del 42,5 % (más de tres mil personas con sus vehículos, demandas de agua, alcantarillado, servicios, etc.) para llevar Cercedilla hasta los casi 11.000 habitantes permanentes, a partir de una extrapolación demográfica muy defectuosa y sesgada (adviértase que el crecimiento vegetativo de la población del municipio tiene saldo negativo), como se demuestra con detalle en la séptima de estas observaciones.
Las propuestas incluidas en el Avance llevarían a destruir varios centenares de hectáreas de prados, dehesas y arboledas, para sustituirlas por hormigón y ladrillo, lo que afectaría de manera crítica e irreversible al valioso entorno y paisaje de Cercedilla. Se plantea, en efecto, reclasificar a urbanizable unas ochenta hectáreas de Suelo No Urbanizable Protegido y que una enorme extensión de 357 hectáreas de Suelo No Urbanizable Protegido queden como reserva para futuras expansiones urbanísticas (téngase presente que el actual suelo urbano de Cercedilla es de 279 hectáreas). Ambas propuestas implicarían el declarar urbanizable, de manera inmediata o mediata, toda la zona sureste del término municipal hasta las lindes con el de Los Molinos, terminando con los suelos más aptos para la ganadería y para la agricultura, en un ejercicio de irresponsabilidad, insolidario con las futuras generaciones y suicida para con el futuro.
Esta pretensión de ocupar suelos protegidos se entiende aún menos en una Comunidad Autónoma como la de Madrid, que tiene una inmensa reserva de suelo urbano y urbanizable (más de dos mil millones de metros cuadrados, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid).
Las propuestas incluidas en el Avance afectarían gravemente también al arroyo de la Teja, al río de la Venta y al río de Navalmedio, urbanizando zonas con riesgo de inundación (sobre todo en torno al arroyo de La Teja). Y las propuestas incluidas en el Avance generarían mayores problemas de tráfico, lo que no se analiza con detalle en los documentos, como tampoco se analizan y se plantean soluciones a los problemas de movilidad peatonal, los de abastecimiento de aguas, alcantarillado, eliminación de las fosas sépticas, separación de la red de saneamiento de la de agua de lluvia, etc.
En el Avance se subestima la enorme capacidad residencial que existe en el municipio: actualmente cabría la construcción de más de dos mil viviendas sin reclasificar nuevos suelos ni recurrir al expansionismo urbano. Esa capacidad residencial permitiría habilitar muchos cientos de domicilios en solares, viviendas en ruina y abandonadas, viviendas vacías todo el año, parcelas y viviendas segregables, etc., y las que desde el Plan General se podrían generar, por ejemplo, permitiendo la segregación horizontal dentro de los chalets, para habilitar en ellos apartamentos, sin destruir más suelo vivo y sin necesidad de construir más infraestructuras. Ahora bien, en el Avance no se plantean actuaciones para proporcionar vivienda asequible a los sectores más necesitados y vulnerables, lo que sin duda es una necesidad de solidaridad y convivencia, como también para fijar población joven. No se incluye en el Avance ninguna referencia a promocionar vivienda municipal en régimen de alquiler asequible, la única que se puede considerar vivienda social en sentido propio (mientras que se señala que el Ayuntamiento vendería los suelos que recibiría en cesión obligatoria de las promociones inmobiliarias, por casi veintidós millones de euros, renunciando al imprescindible patrimonio municipal de suelo público).
Ha de señalarse que el catálogo de Bienes y Espacios Protegidos que se presenta en el Avance es raquítico e incompleto. Y que el Ayuntamiento de Cercedilla ni siquiera ha elaborado el obligatorio inventario de caminos públicos, ni el obligatorio inventario de arbolado urbano, por lo que se encuentra en una situación de incumplimiento legal. Todo lo anterior es algo incomprensible en un documento, este Avance de PGOU, por el que la corporación municipal ha desembolsado casi cien mil euros de dinero público.
En suma, a pesar de la existencia de una gran capacidad constructiva en Cercedilla, del saldo negativo del crecimiento vegetativo de la población, de los perjuicios que el desmesurado crecimiento urbano ha provocado sobre el medio rural y natural de Cercedilla, etc., el gobierno municipal de Cercedilla propone un Avance de Plan General basado fundamentalmente en la ocupación urbanística de una gran extensión de Suelo No Urbanizable Protegido, sin cumplir los requisitos medioambientales ni legales. Esto es inaceptable.
Por último, Ecologistas en Acción Sierras ha registrado también dos reclamaciones ante el Consejo de Transparencia y contra el Ayuntamiento de Cercedilla: la primera por no remitir la documentación de los dos aparcamientos municipales y uno privado situados en Suelo No Urbanizable de Protección, así como por la construcción de un parque canino (del todo innecesario) en Suelo No Urbanizable de Protección situado en la Zona de Aprovechamiento Ordenado de los Recursos Naturales del PORN. Y la segunda por no remitir el Documento de prioridades que el equipo redactor del Avance del PGOU entregó al Ayuntamiento el 9 de mayo de 2023. Ecologistas en Acción Sierras pide al Ayuntamiento de Cercedilla (y a los demás municipios serranos) un compromiso real con la participación ciudadana y el respeto de las normas que permiten ésta.
Lo han hecho a través de un manifiesto unitario que cuenta con el respaldo de entidades de solidaridad con Palestina, plataformas barriales y municipales, organizaciones vecinales, ecologistas, sindicales, representantes de la comunidad palestina en Madrid, colectivos pacifistas, universitarios, feministas y partidos de la izquierda.
Las organizaciones denuncian el uso del deporte como herramienta de normalización de un Estado investigado por genocidio y recuerdan que en Barcelona la presión social ha logrado que el partido del 6 de enero entre el Barça y el Maccabi se juegue a puerta cerrada.
Más de 250 organizaciones sociales, de solidaridad con Palestina y de la comunidad palestina en Madrid, vecinales, ecologistas, feministas, sindicales, culturales y políticas de la Comunidad de Madrid, a las que se han adherido algunas entidades de otros territorios, han hecho público un manifiesto unitario en el que reclaman la suspensión del partido de baloncesto entre el Real Madrid y el Maccabi Tel Aviv, previsto para el próximo 8 de enero en el Movistar Arena, en el marco de la Euroliga. El llamamiento se enmarca en una iniciativa coordinada desde Madrid y Barcelona y da continuidad a la demanda formulada recientemente en la capital catalana por más de 150 entidades sociales, una demanda que ha obligado al FC Barcelona de Baloncesto a celebrar el partido previsto para el próximo día 6 de enero contra el Maccabi a puerta cerrada.
El manifiesto cuenta con un amplio respaldo de la sociedad civil organizada madrileña, y ha sido impulsado por la entidad de solidaridad con Palestina BDS Madrid, junto a plataformas barriales y de municipios de la Comunidad de Madrid en solidaridad con Palestina, entidades vecinales como la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM); organizaciones ecologistas como Ecologistas en Acción; sindicatos como CCOO, UGT, CGT, Solidaridad Obrera, Sindicato de Inquilinas y la Plataforma Sindical de la EMT; entidades de la comunidad palestina en Madrid, como la Asociación Hispano-Palestina Jerusalén, ONG´s como CEAR y Paz Ahora; colectivos universitarios como las plataformas en solidaridad con Palestina de la Universidad Politécnica o la UNED; organizaciones feministas como la Asamblea Feminista de Madrid; organizaciones antirracistas como SOS Racismo; de la comunidad educativa como la FAPA Giner de los Ríos y Marea Palestina, además de numerosas plataformas en defensa de la sanidad pública.
El comunicado cuenta también con el apoyo de partidos de la izquierda política, entre ellos Más Madrid, Podemos, Izquierda Unida, Partido Comunista de España, Anticapitalistas y Recortes Cero, entre otras formaciones.
Las organizaciones firmantes denuncian que la celebración de este encuentro deportivo contribuye a la normalización internacional del Estado de Israel, actualmente investigado por la Corte Internacional de Justicia por el crimen de genocidio contra el pueblo palestino. A su juicio, la participación de equipos que representan a Israel en competiciones deportivas internacionales supone un uso del deporte como instrumento de blanqueamiento de una política sostenida de ocupación, apartheid y exterminio.
En este sentido, recuerdan que la presión ejercida por las entidades sociales y el movimiento popular en Barcelona ha tenido ya consecuencias concretas, logrando que el partido entre el FC Barcelona y el Maccabi Tel Aviv, previsto para el 6 de enero, se juegue a puerta vacía. Para las organizaciones, este precedente demuestra que la movilización social puede frenar la normalización y obligar a las instituciones y a los organismos deportivos a reaccionar.
El comunicado destaca asimismo el creciente rechazo social que esta situación genera en distintas ciudades del Estado. En los últimos meses, movilizaciones no violentas han evidenciado una oposición cada vez más amplia al uso del deporte y de los grandes eventos como herramientas de legitimación política. En Madrid, la respuesta social durante la etapa final de La Vuelta fue, según las organizaciones, un ejemplo claro de esta conciencia colectiva.
Las entidades firmantes subrayan que el deporte no puede situarse al margen de los crímenes internacionales ni ampararse en una supuesta neutralidad. Permitir la celebración de este partido, sostienen, supone una forma de complicidad política y simbólica.
Por todo ello, exigen a las instituciones competentes que adopten las medidas administrativas y políticas necesarias para impedir la celebración del partido entre el Real Madrid de Baloncesto y el Maccabi Tel Aviv en el Movistar Arena y hacen un llamamiento a participar de las movilizaciones ciudadanas convocadas el próximo 8 de enero ante el recinto deportivo.
Las organizaciones concluyen que la presión popular ha demostrado ser eficaz para frenar la normalización de la impunidad y reiteran que Madrid no puede acoger un evento deportivo que contribuya a legitimar a un Estado genocida. El deporte, señalan, no puede ser una excepción.
Los niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2) registrados durante el año 2025 fueron similares a los del año anterior, interrumpiéndose así la tendencia a la baja mostrada en los últimos años.
En cuanto a la contaminación por ozono troposférico, los valores registrados en 2025 mantuvieron la fuerte tendencia al alza de años anteriores, alcanzando los niveles más elevados de este contaminante en la ciudad desde que hay registros.
Madrid se encuentra lejos de cumplir con los estándares marcados por la nueva directiva europea de calidad del aire, así como con los valores guía de la OMS, para NO2, ozono troposférico y partículas en suspensión, por lo que el conformismo y autocomplacencia que muestra el Ayuntamiento de Madrid están fuera de lugar.
Para evaluar adecuadamente la calidad del aire de la ciudad de Madrid durante el año 2025 se deben tener en cuenta los diferentes valores de referencia existentes en este momento: Los valores límite recogidos en la antigua Directiva 2008/50 de calidad del aire (cuyas principales disposiciones y límites se establecieron en el año 1999, entraron en vigor en 2010 y siguen vigentes en este momento); la Directiva 2024/2881 actual, aprobada en octubre de 2024, que establece unos valores límite legales actualizados, considerablemente más exigentes, que deberán cumplirse como muy tarde a partir del 1 de enero de 2030; y los valores guía de la Organización Mundial de Salud (OMS), adoptados en 2021, que constituyen la principal referencia para una calidad del aire que ofrezca una adecuada protección de la salud humana.
Comparación de los valores límite fijados por la directiva anterior, la directiva actual y los Valores Guía de la OMS. Los valores se indican en microgramos/metro cúbico (μg/m3). Entre paréntesis se indica el número de superaciones anuales permitidas de cada valor límite.
Tal como se muestra en la tabla, los valores guía de la OMS son en general cuatro (o incluso 5) veces más bajos que los obsoletos límites legales de la directiva anterior, mientras que los límites legales fijados por la directiva actualizada de 2024 suponen una reducción a la mitad de los límites anteriores.
Teniendo en cuenta los distintos valores de referencia citados, los datos sobre contaminación por NO2 registrados en 2025 por la red de medición de la calidad del aire de Madrid fueron los siguientes:
Ninguna estación de la red rebasó el valor límite anual de 40 µg/m3 fijado por la directiva anterior, como viene sucediendo ya desde 2022. Sin embargo, 17 de las 24 estaciones de la red rebasaron el valor límite anual de 20 µg/m3 establecido por la directiva actual (en 2024 fueron 15), que deberá de cumplirse en toda la red a partir de 2030. Dos estaciones más igualaron el valor límite y solo 5 estaciones quedaron por debajo de dicho valor, entre ellas las 3 situadas en las grandes zonas verdes de la ciudad (Retiro, Casa de Campo y El Pardo). El valor más alto alcanzado en la red fueron los 32 µg/m3 registrados en Plaza Elíptica, que supusieron un ligero repunte respecto al valor máximo de 31 µg/m3 alcanzado en 2024 en la misma estación, interrumpiéndose así la tendencia a la baja mostrada en los últimos años. Esto significa que, para estar en condiciones de cumplir en plazo con los límites fijados por la directiva vigente, Madrid deberá reducir más de un 37% su nivel máximo de contaminación anual por NO2 en los próximos 4 años. En relación con los valores guía de la OMS, únicamente la estación de El Pardo registro un valor de contaminación por NO2 inferior a los 10 µg/m3 recomendados para una adecuada protección de la salud humana.
En cuanto a la contaminación por ozono troposférico, las 13 estaciones de la red que miden dicho contaminante registraron números de superaciones del valor objetivo octohorario (número de días con 8 horas seguidas por encima de 120 µg/m3), holgadamente por encima de las 25 superaciones anuales que permite la legislación europea. Esta superación generalizada del valor objetivo en todas las estaciones solo había ocurrido anteriormente una vez, en 2024, y ha vuelto a suceder en 2025, con un mayor número total de superaciones en el conjunto de la red (680 superaciones en 2025 frente a las 648 de 2024). El valor medio de la red registró 52 superaciones del valor objetivo octohorario, más del doble de las 25 superaciones permitidas por la legislación. Así pues, puede afirmarse que la ciudad de Madrid se encuentra en estos momentos estructuralmente fuera de los valores marcados por la legislación europea en relación con la contaminación por ozono, con una fuerte tendencia al alza que de momento no ha encontrado techo.
Finalmente, los datos registrados en 2025 para partículas suspensión también mostraron superaciones de los valores límite que deben cumplirse en 2030. 5 de las 15 estaciones que miden PM10 rebasaron los 20 µg/m3 (y 2 más igualaron dicho registro), mientras que 2 de 11 estaciones que miden PM2.5 rebasaron el límite de 10 µg/m3 (otras 2 más lo igualaron), y todas las estaciones que miden partículas en suspensión rebasaron los valores guía recomendados por la OMS para estos contaminantes.
En los últimos años el Ayuntamiento de Madrid viene haciendo campañas de promoción destacando el hecho de que la ciudad de Madrid ha dejado de incumplir por fin (con 12 años de retraso y tras condena por el Tribunal de Justicia de la UE) el obsoleto límite legal de contaminación por NO2 contemplado por la antigua directiva europea, ya revisada. Y lo que es más grave, ha anunciado reiteradamente que no contempla introducir medidas adicionales de reducción de la contaminación por considerarlas innecesarias, al tiempo que ha relajado la adopción de medidas que ya estaban previstas.
Para Ecologistas en Acción, la ciudad de Madrid se encuentra lejos de contar con una calidad del aire saludable y tiene ante sí un importante reto para lograr cumplir con los valores límite fijados por la normativa europea en los próximos cuatro años. El propio Ayuntamiento de Madrid es consciente de esta situación, ya que maneja documentación técnica interna que indica que será necesario reducir un 60% las emisiones actuales del tráfico rodado de aquí a 2030, para poder cumplir en plazo con las disposiciones de la directiva europea de calidad del aire. Así pues, queda poco margen para la complacencia y mucho trabajo por delante para lograr un aire saludable en la ciudad.
Por Lucía Martínez Elorriaga. Publicado originalmente para Público.
Tras años de lucha contra la socimi Elix Rental Housing los vecinos de Tribulete 7 han conseguido que el Juzgado número 17 de Madrid admita a trámite su querella contra el fondo buitre por acoso inmobiliario. «Es la primera vez que se imputa a un fondo buitre como persona jurídica por acoso a los inquilinos», ha explicado este miércoles Alejandra Jacinto, abogada del Sindicato de Inquilinas.
La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Ruth Galán, ha declarado que entre los imputados se encuentran el socio fundador de Elixir Rental Housing, el director de inversiones de la empresa, la mediadora y el arquitecto responsable de las obras. Todos ellos deberán declarar el próximo 19 de febrero de 2026 como acusados de un delito de carácter penal. Por su parte, el 3 de marzo tendrá que prestar declaración el jefe de obra de la constructora Serrazar, empresa subcontratada por Elix para la realización de las obras en el edificio.
Los vecinos de Tribulete llevan luchando contra Elix desde marzo de 2024, fecha en la que la empresa compró el bloque de viviendas de Lavapiés. Los vecinos, con la ayuda del Sindicato de Inquilinas, comenzaron la estrategiaNos quedamosque «consiste en resistir en sus viviendas a pesar de la expiración del contrato de alquiler, pero pagando religiosamente al fondo sus respectivas cuotas», ha explicadoRuth Galán. Sin embargo, la propiedad ha respondido -ha asegurado la portavoz- aumentando la presión y el acoso contra las vecinas, en vez de iniciar los trámites legales pertinentes.
En noviembre de 2024 se iniciaron unas obras en Tribulete que causaron la expulsión de varios de los vecinos. «El objetivo es echarnos a todos«, ha afirmado Cristina Gómez, vecina del inmueble. «Las obras han provocado inundaciones en las viviendas, caídas de casquetes, goteras… están dejando las viviendas inhabitables», ha asegurado. El acoso a las vecinas no ha cesado desde entonces y se ha incrementado acompañado de amenazas y coacciones.
La querella colectiva se presentó el pasado mayo por prácticas de mobbing inmobiliario, una forma de acoso para conseguir que los individuos abandonen su vivienda. «Esta querella está motivada por la injusticia,» ha relatado Cristina. Asimismo, Alejandra Jacinto ha advertido sobre el reiterado uso de estas prácticas entre los rentistas: «Este caso no es un caso aislado; se está repitiendo una praxis habitual que utilizan muchos fondos de inversión para expulsar a los vecinos y así ahorrarse todos los procedimientos judiciales existentes».
La abogada ha confirmado que «hay indicios más que suficientes para entender que hay acoso, hostigamiento y una afectación en la salud física, mental y a la integridad moral de los vecinos de Tribulete».
Además, desde el Sindicato de Inquilinas afirman que «al ser el primer edificio que ha seguido adelante con contra un gran tenedor, va a servir para que otros bloques se acerquen al sindicato y sigan el mismo camino». «La lucha del bloque Tribulete 7 no busca sólo poner fin al acoso inmobiliario, sino que es un paso más para acabar con las expulsiones del barrio de Lavapiés y de todo Madrid», concluyen.
Fotografía: reproducción de graffiti de Banksy en el Museo Banksy.
El trabajo de diferentes colectivos, entre los que se encuentra Ecologistas en Acción, ha hecho posible que se actualicen contenidos y se renueve el formato de los paneles de la exposición, que ahora contará con más medios para cumplir sus objetivos divulgativos.
Se prevé que la exposición renovada comience su andadura en el primer trimestre de 2026.
Al calor de la oposición vecinal y ecologista al megaproyecto “Eurovegas”, diversos colectivos se unieron para reivindicar la protección de un territorio que sirve de enlace entre dos hábitats naturales protegidos del suroeste madrileño: El Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y la Casa de Campo. Los diversos hábitats que conforman el espacio, vinculados a los ríos Manzanares y Guadarrama, se conectan a través de zonas naturales que incluyen retamares, encinares, vegetación de ribera, nacimientos de arroyos, pastizales, pinares de repoblación, estepas cerealistas y viñedos, a lo largo de los municipios de Madrid, Alcorcón, Pozuelo de Alarcón, Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte. A día de hoy, estas zonas naturales no gozan de ningún grado de protección salvo en el caso de las vías pecuarias o las zonas afectas al dominio público hidráulico.
Conscientes del valor de este territorio, diversos colectivos (Villaviciosa Ecológica/Ecologistas en Acción de Villaviciosa, Entorno Meaques-Retamares, Ecologistas en Acción del Suroeste, Salvemos Casa de Campo, Ecologistas en Acción de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, Arriba Las Ramas) decidieron constituir el grupo promotor del Corredor Ecológico de los Arroyos y Retamares del Suroeste de Madrid para así difundir sus valores medioambientales y reclamar su protección a las administraciones públicas competentes.
Fruto de este trabajo de divulgación se creó una exposición itinerante que ha viajado durante nueve años por institutos y colegios, centros culturales, centros de interpretación e incluso por plazas y paseos urbanos. Consta de 19 paneles tamaño A3 en las que se recogía los aspectos fundamentales del territorio: hábitats, fauna, flora, espacios conectados y colindantes, patrimonio natural e histórico y se recogen las actividades que en su defensa se organizan (marchas de conocimiento del terreno o plantaciones), así como las afecciones que lo amenazan.
La exposición se realizó con escasos medios económicos, a partir de materiales frágiles, y ha viajado por docenas de localidades e instituciones. Los paneles han sido colgados, perforados, golpeados, mojados, clavados, etc. por lo que su avanzado deterioro reclamaba una renovación que se verá, además, enriquecida por nuevos y renovados contenidos, fruto de investigaciones realizadas a lo largo de los años transcurridos desde la creación de la exposición.
El formato también se verá renovado con un aspecto “más profesional”, según las organizaciones, con materiales más duraderos y atractivos para las personas visitantes, más fáciles de ubicar y desmontar, incorporando la proyección de un vídeo que, aseguran, podría servir como base para la edición de un futuro documental.
La nueva exposición constará de 10 roll up de grandes dimensiones (120 X 200 cm.) 5 cartografías y un módulo giratorio de 12 paneles más pequeños, en el que se recogerá la variedad faunística catalogada. Cada panel recogerá aspectos significativos tales como: conectividad ecológica, patrimonio histórico y cultural, vegetación y hábitats, fauna, servicios ecosistémicos, amenazas y presiones sobre el corredor y defensa social del territorio.
Los grupos que promueven el Corredor Ecológico del Suroeste han manifestado que “la agudización de la crisis climática y ambiental resulta abrumadora”, denuncian que “el urbanismo madrileño se subordina a los intereses privados especulativos y el negacionismo cuenta con influyentes agentes políticos, sociales y culturales despojados de cualquier tipo de pudor a la hora de cuestionar el consenso científico”, ante lo cual han reafirmado su compromiso con el territorio y con la sociedad madrileña mediante esta propuesta, que pone en valor la necesidad de proteger los cada vez más escasos espacios naturales que quedan en la región.
Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid rechaza un texto que considera falto de justificación y carente de datos rigurosos sobre la necesidad de medidas para acelerar los procedimientos de control de actuaciones sobre el territorio.
Para el grupo ecologista la nueva norma solo servirá para reducir los controles públicos en materia ambiental y social, facilitando operaciones urbanísticas y territoriales que hipotecan los recursos naturales y agravan el desequilibrio funcional y social en la región.
El proyecto de decreto de creación de la Aceleradora Urbanística de la Comunidad de Madrid, fue sometido a consulta pública en abril y a información pública en agosto de este mismo año 2025. En dichos trámites, realizados en plazos exiguos, la Federación de Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid presentó aportaciones y alegaciones en las que manifestó su rechazo por un proyecto que considera adolece de una carencia de justificación técnica sobre las supuestas dilaciones e ineficiencias en la actual tramitación de instrumentos urbanísticos, así como de otras posibles soluciones, que según el grupo ecologista suponen “una renuncia autonómica al ejercicio de sus responsabilidades en materia de ordenación territorial regional que apunta a una voluntad encubierta de desregular la actuación pública y privada en el territorio, con el consiguiente menoscabo de las garantías sociales y medioambientales exigidas por nuestra legislación”.
Ecologistas en Acción considera que este decreto choca, entre otros, con los artículos 45 y 47 de la Constitución Española, los artículos 3 a 5 de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana estatal y el artículo 3 de la Ley 9/2001 del Suelo de Madrid, pese a lo cual, denuncian que ni las aportaciones ni las alegaciones presentadas fueron contestadas por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, órgano responsable de la iniciativa legislativa.
El 15 de diciembre se publicaba el Decreto 92/2025, de 10 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se crea y regula la Aceleradora Urbanística de la Comunidad de Madrid, cuyo texto ha variado poco respecto al proyecto sometido a información pública, y viene a reforzar las competencias y funciones de la Aceleradora Urbanística que, en síntesis, constituye un nuevo órgano administrativo interdepartamental adscrito a la consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanismo, cuyo fin es acortar los procedimientos preceptivos para la tramitación de instrumentos en esta materia, de iniciativa autonómica o municipal, públicos o privados.
Desde Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid han reiterado su oposición a este decreto en el que, aseguran, persiste una falta de justificación con datos rigurosos sobre la necesidad de medidas para acelerar los procedimientos de control de la acción sobre el territorio. Así mismo, denuncian que el gobierno regional “ha distorsionado y deteriorado el marco normativo en materia de ordenación territorial mientras sigue haciendo dejación de sus obligaciones legales 30 años después de haber asumido las competencias recogidas en la Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo, en lo relativo a dotar a la región de un marco territorial integral y sostenible”.
Para el grupo ecologista, la Aceleradora Urbanística no garantizará que los informes sectoriales de los instrumentos urbanísticos y territoriales se realicen en las adecuadas condiciones de rigor y calidad, sino que introduce unos mecanismos que obligarán a su realización bajo presión o ‘aceleración’ forzadas y propiciará la invasión de la autonomía municipal, permitiendo a la Comunidad de Madrid aprobar en modo exprés actuaciones por encima de las competencias urbanísticas de los ayuntamientos.
Ecologistas en Acción denuncia que el decreto contiene imprecisiones que abren la puerta a decisiones discrecionales en materias como la declaración de especial relevancia para determinados proyectos, o para su tramitación urgente y/o preferente, así como respecto a la garantía de la información pública y participación ciudadana en los procesos.
Para la organización, este nuevo órgano representa una vuelta de tuerca más en la la política del gobierno de la Comunidad de Madrid de desregulación normativa y facilitación de la especulación inmobiliaria, cuyo antecedente más inmediato es la Ley 7/2024, de 26 de diciembre, de medidas para un desarrollo equilibrado en materia de medio ambiente y ordenación del territorio, más conocida como Ley Ómnibus 2024, que precede al proyecto de la nueva Ley del Suelo, anunciado en septiembre de este año.
Todo este entramado normativo favorece, según la organización ecologista, la reducción de los controles públicos en materia ambiental y social, y la introducción de atajos administrativos para facilitar operaciones urbanísticas y territoriales guiadas únicamente por su rentabilidad, lo que para Ecologistas en Acción supone hipotecar nuestros recursos naturales y un agravamiento del desequilibrio funcional y social en la región.
Los argumentos de Ecologistas en Acción se recogen en un informe de acceso libre que la organización tiene publicado en su página web:
«La sanidad, en su ámbito más directo de hospitales y centros de salud, es quizá el ejemplo más evidente y denunciado«, explica el periodista Roberto Ugena en elplural.com. «Sin embargo, la Red de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental se deshace progresivamente y alejada del foco, arrastrando con ella a miles de usuarios, que requieren de este apoyo, y a sus trabajadores, precarizados hasta la extenuación y víctimas del peor de los chantajes: el que utiliza a los receptores de la atención.
Manantial Gestión S.L., brazo de reciente creación de Fundación Manantial, es una de las entidades concesionarias de estos servicios cada vez más decadentes. Las concesiones otorgadas por la Comunidad de Madrid a este grupo a lo largo de los años son incontables y su negocio se ha expandido, pero los derechos de los trabajadores, incluidos los legales garantizados por Convenio, han seguido un camino opuesto. Cuando las cosas iban bien, los beneficios se quedaron en la cumbre y los trabajadores recibieron migajas; flujo que se ha invertido con la llegada de las vacas flacas, que se han cargado en las espaldas de la plantilla.
El juego de las concesiones ha salido caro al Grupo Manantial, que ve ahora como otros conglomerados le arrebatan servicios gracias a ofertas que podrían llegar a considerarse bajas temerarias. Esa es la justificación dada a los trabajadores para mantenerles un salario cercano al mínimo interprofesional, en contra del mínimo del convenio sectorial; aumentarles la jornada laboral, incumpliendo el acuerdo alcanzado; eliminar pluses de experiencia ya pactados; o reducir las horas de formación. Así se lo trasladó la dirección al Comité de Empresa en una reunión. […]
La amenaza, tal y como recoge el acta de aquella reunión, es directa. “Son las medidas necesarias para no llegar a tener que hablar de despidos”, trasladó el representante legal de la Dirección. “Por lo que, si se impugna la decisión de la empresa, tendrán que tomar otra serie de medidas a las que no quieren llegar”, apostilló el letrado, por si no había quedado claro el cariz negociador. Unas actuaciones que retiran 2 de los 14 pluses de dirección y 2 de los 14 pluses de disponibilidad a los directivos y que arrebata todo a los trabajadores (literal a continuación):
Supresión del 9% del plus de experiencia consolidado, recogido en el Acuerdo de Mejora, a aplicar a la totalidad de la plantilla.
Ajuste del número de educadoras sociales de las Residencias ajustándose al mínimo posible según marcan los pliegos.
Aumento de la jornada laboral de 35 horas semanales a 38,5 horas según indica el XVI Convenio.
Reducción de las horas de formación de las 30 horas actuales recogidas en el Acuerdo de Mejora a 25 horas que fija el XVI Convenio.
Supresión de la contratación de educadores de refuerzo en vacaciones en las Residencias recogido en el Acuerdo de Mejora.
Y es que la jeta de la Dirección de Manantial Gestión llega al punto de querer acogerse al Convenio Sectorial según conveniencia y vulnerar acuerdos internos, de total validez e inalienables cuando mejoran las condiciones sectoriales (tal y como recoge el propio Estatuto de los Trabajadores en su artículo 3). Es decir, incumplimos el acuerdo interno consolidado, retrocediendo al Convenio, para la jornada laboral, el plus de experiencia, la formación y el número de trabajadoras; pero no ajustamos las nóminas a Convenio porque no hay dinero.
Una práctica a todas luces ilegal, pues vulnera acuerdos válidos suscritos y salvaguardados por el Estatuto de los Trabajadores, además del Convenio; y contraria a la normativa laboral, incurriendo incluso en amenazas con los representantes de los trabajadores, a los que se sugiere que o aceptan estos incumplimientos o se producirán despidos. La Inspección de Trabajo podría actuar de oficio o ante una denuncia anónima y sancionar gravemente. La Comunidad de Madrid, a la que no se espera, también podría tomar cartas en el asunto«, concluye el artículo.
Frente a este ataque contra los derechos laborales y la precarización de las plantillas, más de 300 trabajadoras han sido llamadas a lahuelga indefinida por CGT, con el apoyo de CNT Comarcal Sur, en múltiples centros dominados por el Grupo Manantial. Lo hacen «en lucha por sus salarios, contra la pérdida de poder adquisitivo y por la mejora de sus derechos laborales«.
La primera de las jornadas se activó el jueves 4 de diciembre, pero el plato fuerte llegó el viernes 5 por la mañana, cuando las huelguistas se concentraron frente a la sede de la Fundación.
En un comunicado, la CNT Comarcal Sur aclara que «las reivindicaciones que impulsan esta movilización son claras, legítimas y urgentes:
Defender de manera efectiva el poder adquisitivo de la plantilla, reclamando medidas que compensen la pérdida acumulada y garanticen salarios dignos.
Preservar la jornada laboral semanal vigente, rechazando cualquier retroceso que implique un empeoramiento de las condiciones laborales.
Exigir la adopción inmediata de medidas adecuadas de prevención de riesgos laborales y psicosociales, indispensables para garantizar la salud y la seguridad en el trabajo.
Reclamar el cumplimiento íntegro del Acuerdo de mejora de las condiciones laborales, recogido en los convenios colectivos aplicables y de obligado respeto en los centros de trabajo.
Asegurar que se respeten los pliegos establecidos por la Consejería, especialmente en lo referente a las condiciones técnicas y la dotación mínima de personal imprescindible para prestar una atención profesional y de calidad.
Somos profesionales de la salud mental: psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras, terapeutas, integradoras… Y sabemos que la precariedad es una agresión directa a la calidad del servicio. No vamos a permitir que se utilice la excusa de la “crisis” para desmantelar nuestras condiciones mientras se eluden responsabilidades y se pide sacrificio solo a la plantilla.
En un momento como este, resulta imprescindible la unidad de toda la plantilla. Solo con cohesión, apoyo mutuo y una posición colectiva firme será posible frenar el deterioro de las condiciones laborales y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
El sindicato reafirma su respaldo inequívoco a todas las trabajadoras y trabajadores en esta huelga, así como su compromiso en la defensa activa de sus derechos, la dignidad profesional y la calidad del empleo«.
En un artículo de El Salto, Néstor Camacho, delegado de CGT, explica que «los últimos años venimos sufriendo retrasos en las nóminas”, porque la empresa “no está en un buen momento económico, tienen dificultades de tesorería”. Asegura que Manantial Gestión explica que “la actualización del convenio es inasumible por su economía, que ya de por sí estaba tocada”. Por eso, afirma, llegaron a un acuerdo para que se asumieran mejoras poco a poco. “Se empezó a hablar de septiembre, para luego hablar de octubre, y estamos en diciembre y no ha ocurrido nada”, comenta. “Lo que nos han planteado hasta ahora es quitarnos el 9% de plus de experiencia; pasar de la jornada de 35 horas semanales que tenemos actualmente a tres horas y media más; bajar el número de horas de formación que tenemos, de 30 a 25; y no contratar a personal de refuerzo en épocas estivales o en Navidades”. Además, indica, “nos han dicho que estas medidas serían de manera indefinida”. Algo, que recuerdan, ya les pasó tiempo atrás y aceptaron bajarse el salario, una bajada que no llegaron a recuperar nunca.
“Nos lleva a una situación insostenible, con los precios de las viviendas que hay en Madrid, que ha aumentado la cesta de la compra”, indica Néstor Camacho que asegura que “muchas compañeras tienen que tener dos trabajos para poder llegar a final de mes”. “El resultado es una plantilla extenuada”, afirma.
Los pasados 26 y 27 de noviembre las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid fuimos nuevamente a la huelga contra la asfixia económica a la que nos está sometiendo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En el horizonte amenaza, además, la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid (LESUC), un proyecto legislativo que busca abrir aún más el espacio universitario al expolio de los recursos públicos.
La situación en las universidades madrileñas
La situación de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid viene de lejos. Se tomen los datos que se tomen, la financiación nunca ha recuperado los niveles previos a los recortes implementados por las medidas de austeridad posteriores a 2008. En aquel momento, las universidades públicas madrileñas vivían una situación de equilibrio presupuestario y la financiación pública por estudiante era equivalente en Madrid y en el sistema nacional en su conjunto. Quince años después, hay un desfase del 22,5% en la región. La Comunidad de Madrid es la única región española que invierte menos ahora por estudiante de grado y de máster. Siendo una de las regiones más ricas, es también, junto con Cataluña, la que menos invierte por estudiante.
La financiación pública de las universidades madrileñas se situó el año pasado en un 0,37% en relación al PIB autonómico. Este índice parece aumentar ligeramente en 2025 (0,38% según estimaciones conservadoras sobre el crecimiento del PIB y la inflación), aunque en relación al presupuesto total, el universitario desciende una vez más: del 4,06% al 4,04%. Este dato es importante porque al consejero de Educación, Emilio Viciana Duro, le gusta decir que el porcentaje con respecto al PIB ni representa las necesidades reales de las universidade,s ni mide adecuadamente el esfuerzo presupuestario que realiza la Comunidad de Madrid. La realidad es que dicho esfuerzo ha pasado de estar 25 puntos porcentuales por encima de la media nacional en 1998, cuando las competencias estaban en manos del Ministerio de Educación, a situarse un 23% por debajo en 2023.
El gobierno de la Comunidad de Madrid atribuye los problemas económicos de sus universidades al aumento del gasto. Pero, una vez más, los datos desmienten sus afirmaciones. Mientras el total de los gastos a nivel estatal ha aumentado un 20%, en Madrid dicho incremento ha sido una quinta parte menor (16%). El problema es que mientras en el primer caso los ingresos han aumentado un 20%, el sistema universitario madrileño apenas ha visto incrementados sus ingresos en un 10%. Poniendo estas cifras nuevamente en relación al PIB autonómico, la caída de los ingresos de las universidades madrileñas es palmaria: del 0,90% de 2008 se ha pasado al 0,68% en 2023 (un retroceso del 25% en términos reales).
Si acudimos a los euros contantes y sonantes, hay que indicar que, en verano de 2024, los rectorados de las seis universidades públicas solicitaron un incremento de 200 millones en el presupuesto para poder funcionar con una mínima normalidad.1 El gobierno de Ayuso respondió con un pequeño incremento de 47,26 millones respecto de lo que había anunciado en primera instancia. Este año se anuncia otra pequeña subida de 75,3 millones. En total, poco más de la mitad de lo que las universidades solicitaban simplemente para poder abrir.
Esto ha hecho que aquellas universidades con un mayor déficit de financiación se encuentren en graves problemas. La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) tuvo un agujero de 33 millones de euros en 2023. Un año después, este déficit aumentó hasta los 45 millones. Es la universidad que menos dinero recibe de las administraciones autonómicas por estudiante (4.291 euros anuales). Este déficit estructural de financiación ha tenido que ser cubierto con los remanentes de diez años de ahorro. Pero la tesorería se agota rápidamente con esta deriva. Este pasado verano, el rector afirmaba que les quedaba entre un año y un año y medio de solvencia.
La situación en la UCM
El agujero en la Universidad Complutense (UCM) en los últimos dos años ha sido de 142,3 millones de euros (64,5 millones en 2023 y 77,8 millones de euros en 2024). El problema no es puntual y se va a ir agravando. Si se compara la cuantía de la transferencia de este año con la que tenía lugar en 2008, y se corrige la inflación, se aprecia un recorte del 18%. El gobierno de Ayuso puede seguir diciendo que está aumentando la financiación porque en 2024 asignó un 7,8% más (373,8 millones) de lo que transfería en 2008 (349,8 millones). Pero lo cierto es que la inflación ha aumentado un 31,3% en ese mismo período. No hace falta ser economista para deducir lo que ha ocurrido en estos 16 años. Y eso en un contexto en que la región ha vivido un crecimiento acumulado del 28,8% del PIB, una vez ajustada la inflación. No hay manera de justificar esta asfixia por la situación económica.
Por eso se ha visto obligada a pedir un préstamo a la misma institución que la ahoga económicamente. Un crédito de 34,46 millones de euros que tiene que devolver en los próximos cinco años. Pero no solamente tendrá que devolver ese dinero. Además tendrá que pagar 4,4 millones de euros en conceptos de intereses (2,8%). En una situación de insolvencia provocada por la propia Comunidad de Madrid, ésta pasa a convertirse en acreedora y asume la deuda de la universidad que ella misma ha generado a cambio de un nada módico precio (el Euribor se encuentra en estas fechas alrededor del 2%).
A cambio de ese dinero, la UCM tiene que implementar un Plan Económico-Financiero de ajuste de gasto de alrededor de 33 millones de euros en los próximos 3 años. Por las informaciones de que disponemos hasta ahora el núcleo duro de esos recortes se va a concentrar en la plantilla: 16 millones en el personal docente e investigador (PDI) y 11 millones en el personal técnico, de gestión, administración y servicios (PTGAS). Lo que es seguro es que se mantendrá durante tres años la retención del 35% del presupuesto a departamentos y facultades que se anunció en diciembre del año pasado en previsión de la situación de insolvencia a la cual la conducía la Comunidad de Madrid. Ahora ha anunciado que dicha medida se mantendrá los próximos tres años. Esta retención presupuestaria ya supuso que se dejaran de financiar los grupos de investigación, que algunas bibliotecas tuvieran que anunciar que no se adquirirían novedades o que se cancelaran becas de excelencia para estudios de máster.
Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid (LESUC)
A nadie puede sorprender el desprecio de un gobierno del PP por los servicios públicos. Aun así, la situación resulta chocante incluso para los estamentos universitarios más conservadores. Los decanos y decanas de todas facultades de la Complutense se han concentrado en la Puerta del Sol para protestar por la falta de financiación. Con la boca pequeña, y un exasperante síndrome de Estocolmo en ocasiones cínico, los rectorados llevan un año y medio denunciando la insostenibilidad de la educación superior universitaria con estas cifras. ¿A qué responde entonces este ataque que parece llevar el recorte al punto del desmantelamiento?
Prácticamente al mismo tiempo que conocíamos el crítico escenario económico que afrontaban nuestras universidades, caía en nuestras manos un borrador incompleto del anteproyecto de ley que preparaba el gobierno de Ayuso. Un proyecto estructural que busca aprovechar los huecos habilitados por la legislación estatal para convertir la educación superior madrileña en un mercado del que se puedan obtener pingües beneficios. Llevan años intentándolo, no solo con la educación, también con la sanidad, y piensan que la crisis económica que han generado en la universidad les da la oportunidad perfecta tanto en la imposición de recortes como en la negociación legislativa.
Este es un ataque desde varios frentes a la autonomía universitaria. Busca poner a las universidades públicas bajo control directo de la Comunidad de Madrid y el tejido empresarial madrileño. La infrafinanciación de las universidades públicas abre espacio a la competencia de las entidades privadas y a la precarización de la fuerza laboral, tanto la propia de las universidades como aquella en formación, a la vez que ofrece trabajo gratuito o infrapagado. Pero la verdadera y preocupante novedad de la ley es el fomento del expolio de los recursos públicos.
El sometimiento de la educación superior, tanto universitaria como no universitaria, al mundo empresarial ya no pasa solamente por su orientación al mercado laboral y las exigencias productivas. Con esta ley es la propia educación superior la que se convierte cada vez más en un mercado en el cual lucrarse. Pero además no se pretende hacer únicamente favoreciendo a las entidades privadas en detrimento de las públicas. Las exigencias de programas conjuntos, uso compartido de equipamientos, trasvase de estudiantes y docentes y demás aspectos propuestos en el anteproyecto dejan a las claras que lo que se busca es permitir el parasitismo de entidades privadas, tanto universitarias como no universitarias, sobre las universidades públicas.
Para ello la Comunidad de Madrid debe reforzar su propio control externo sobre las universidades y el control interno por parte del tejido empresarial a través de los Consejos Sociales. Esta institución idealmente pensada para habilitar la participación de la sociedad en la universidad ha sido utilizada para permitir la entrada del mundo empresarial. El anteproyecto de ley amplía y deforma sus funciones hasta convertirlo casi en un Consejo de Gobierno de facto. Junto con la también exacerbada figura de la intervención, se busca transformar radicalmente el equilibrio de gobierno y el significado mismo del concepto de la autonomía universitaria. Las competencias económicas que se le otorgan le dan un control presupuestario prácticamente total. Las académicas le habilitan para controlar lo que se enseña o se investiga en las universidades. Y por si todo ello fuera poco, se le pretende convertir en un órgano que blinde y promocione los discursos de odio, puenteando los órganos de la propia universidad que regulan los derechos de reunión y libertad de cátedra o expresión. Pero el objetivo es el mismo que muestran el resto de artículos referidos al gobierno y el diseño institucional: debilitar la autonomía universitaria para blindar el control político de la Comunidad de Madrid y bloquear las vías de representación y participación efectiva de las trabajadoras y el estudiantado. Solo así podrá llevarse a cabo la puesta en disposición de los centros privados de enseñanza superior –universitaria o no universitaria (por eso se establece una normativa conjunta)– las infraestructuras (laboratorios, centros deportivos, talleres artísticos y otras instalaciones o herramientas digitales), la investigación y la formación para la investigación (programas de doctorado), los recursos humanos, los servicios, así como el prestigio de las universidades públicas.
El otro instrumento ideado para consumar el expolio es el modelo de financiación propuesto en el anteproyecto. Dividido en tres capítulos (financiación básica, por necesidades específicas y por objetivos), de los cuales solamente el primero estaría relativamente garantizado, esta propuesta, lejos de garantizar la autonomía financiera de las universidades, refuerza su dependencia del proyecto privatizador de la Comunidad de Madrid y mantiene una transferencia ordinaria insuficiente para su normal funcionamiento. Puesto que se pretende detraer de dicha transferencia los ingresos de los precios y tasas públicas, el anteproyecto pone un límite a la financiación autonómica por debajo de las necesidades de financiación básica. Lo mismo ocurre con los gastos de mantenimiento y reposición de activos ya existentes, que no podrán incluirse en el capítulo de necesidades específicas –en abierta contradicción con la legislación estatal–. Este se vería limitado exclusivamente a nuevas inversiones en infraestructuras y equipamientos que tendrán que ser aprobadas por la Comunidad de Madrid. Finalmente, la financiación por objetivos busca establecer unos contratos-programa orientados al cumplimiento de la colaboración con las empresas privadas y a la progresiva privatización de las propias fuentes de financiación de la universidad. Porque esa es la otra gran novedad que quiere implantar la LESUC: la creación de fondos de inversión y otros mecanismos financieros para que las universidades obtengan recursos por su cuenta en el mercado. Si la situación económica de las universidades públicas ya es insostenible hoy, un estudio de los mayores expertos en contabilidad universitaria ha llevado a cabo el ejercicio de aplicar los criterios de financiación del anteproyecto para la liquidación presupuestaria de 2023. El resultado es que las universidades públicas de Madrid perderían en total otros 179 millones de euros. La Complutense sería la más afectada con más de 54 millones menos. Si el mismo criterio se aplicase a nivel nacional, la pérdida sería de casi mil millones de euros.
¿Estamos ante un proyecto de ahorro y austeridad brutal en un momento de relativa bonanza, al menos en términos macroeconómicos y ciertamente para las arcas de la Comunidad de Madrid? Sin descartar que la animadversión por lo público de las élites políticas y económicas madrileñas pudieran conducir a decisiones irracionales como esta, lo cierto es que el motivo es mucho más prosaico. La universidad privada se ha convertido en un nicho de negocio de alta rentabilidad en España. Un estudio de hace seis años cifraba la rentabilidad media del sector en un 9,4%. Y es un mercado en crecimiento. Incluso enormes fondos de inversión se percataron de la situación y adquirieron en aquel momento dos de las más rentables, Alfonso X El Sabio y la Universidad Europea, por más de mil millones y casi ochocientos millones, respectivamente. Recientemente, la primera se ha vendido por el doble de lo que costó. En seis años, el fondo de inversiones CVC ha ganado mil millones de euros. Una rentabilidad del 100% de la inversión. Lo mismo ha sucedido con la Universidad Europea. Aunque las cifras de la venta no han sido publicadas en este caso, su valor de mercado actual se calcula también en alrededor de 2000 millones de euros. El fondo Permira habría casi triplicado su inversión de hace seis años.
Estamos ante un caso de intento de acumulación por desposesión de manual. Pero como siempre que el capital arremete contra nuestros derechos y condiciones de vida, los trabajadores y trabajadoras de las universidades públicas, de la mano del revitalizado movimiento estudiantil, vamos a resistir. Nos jugamos la universidad pública en Madrid. Las movilizaciones de este año que cerramos con la huelga general universitaria son solo el comienzo de la lucha. Vamos a parar la tramitación de la LESUC y vamos a obligar a la Comunidad de Madrid a revertir la situación de infrafinanciación que lleva años provocando. Y ojalá esto sea solo el comienzo también de una lucha por los servicios públicos en general en Madrid. Porque el gobierno de Ayuso representa el trumpismo más peligroso que el capital quiere usar para seguir esquilmando: aquel con poder institucional y de gobierno. Ahora le toca a la universidad, pero lo seguirán intentando con la sanidad y con cualquier otra forma de riqueza colectiva que escape a su depredación. Pero nosotras también nos organizamos. Lo hicimos con las mareas y lo estamos volviendo a hacer.
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1 Según cálculos de la Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas (CRUMA), transmitidos en Consejo de Gobierno por el rector de la Complutense en julio de este año, dicha cifra alcanzaría hoy los 460 millones de euros.
Fotografía: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el escrache sufrido en la UCM. EP/Archivo.
Artículo original publicado en elprural.com por Eva Aladro Vico
Desde hace más de treinta años, en que en la Comunidad de Madrid gobierna la derecha del PP, se ha producido una muerte lenta en la Educación y la Sanidad Públicas. La situación en la Enseñanza Universitaria Pública ha empeorado con los gobiernos de Esperanza Aguirre y especialmente de Isabel Díaz Ayuso, cuya estrategia supone unaverdadera eutanasia de los servicios públicos de la Educación Universitaria. Díaz Ayuso emplea desde 2019 una doble tenaza mortífera con la universidad pública, basada en dos eutanasias, activa y pasiva, que los lectores reconocerán en seguida.
Con los sucesivos gobiernos del PP en Comunidad de Madrid, las universidades han perdido ni más ni menos que un 40% de su poder adquisitivo. Desde la crisis mundial de 2007, en que los presupuestos públicos se hundieron en todas las instituciones, la Comunidad de Madrid sólo ha recuperado un 5% de incremento sobre los fondosque se destinan a las 6 universidades de Madrid. En su Gobierno se jactan ruidosamente de esta subida, pero si tenemos en cuenta la inflación en estos casi 20 años desde aquella crisis, que supera el 45%, entonces en realidad lo que se ha hecho es mermar los fondos destinados a la universidad pública. Al mismo tiempo, en los últimos 6 años se han creado y consolidado, a pesar de informes académicos negativos, hasta 16 universidades privadas.
Esta es la eutanasia pasiva que Díaz Ayuso ha aplicado, cada vez con mayor crudeza, a la universidad pública madrileña. En 2024 los rectores de los 6 centros públicos solicitaron un mínimo de 200 millones de euros para poder salir a flote en una universidad debilitada por décadas de infrafinanciación. La respuesta fueron 60 millones de euros, una cuarta parte de lo que los 6 académicos pedían en nombre de sus comunidades investigadoras y docentes. Díaz Ayuso pretendía subir los presupuestos de las universidades en sólo un 0,5,y los rectores consiguieron unos puntos más, aún insuficientes. Este otoño, se aprueba una “subida” de presupuestos de un 6% que, compensada con la inflación, se queda en la misma cantidad del año anterior. Recordemos que la economía en la región de Madrid está creciendo a un ritmo del 3%. No hay motivos para aplicar este régimen draconiano. ¿O sí?
El segundo tipo de eutanasia, la activa, está llevando a las universidades a una privatización encubierta que completa la estrategia del Ángel de la Muerte: la misma Ley LESUC que normaliza la infrafinanciación de las universidades -porque legitima que las instituciones madrileñas no cubran más allá del 70% de los presupuestos universitarios anuales- realiza de un modo sutil un cambio radical: ante la situación, las universidades serán fiscalizadas y controladas por un Consejo Asesor Económico nombrado a dedo desde Gobierno CAM, en sus dos terceras partes, con poder, hasta ahora inédito, de censurar o recortar las decisiones de Rectorado en materia de grados, contrataciones, investigación, reglamento. Y aquí viene la Eutanasia activa, la inyección letal a la autonomía económica, académica y política de las universidades. Porque ese Consejo Económico será ocupado por representantes elegidos a dedo desde el gobierno CAM, de las universidades privadas, de empresas con intereses en el sector, y de representantes de otros poderes cercanos al PP, como medios de comunicación, empresas con intereses incluso cercanos a Israel. Así, si la LESUC sale adelante, personajes mediáticos que dirigen medios y son decanos en una universidad privada, tendrán poder decisivo sobre el consejo de gobierno y el rectorado de una universidad pública. Esta es la eutanasia activa de Díaz Ayuso sobre la universidad. Empobrecida y dirigida por la competencia, la universidad será un cadáver exquisito, leña que aprovechar en el negocio privado.
La doble estrategia del Ángel de la muerte, que primero debilita a sus enfermos y después les aplica la mortífera dosis de veneno, es clásica en los gobiernos neoliberales desde hace décadas: primero se estrangulan los servicios públicos, y luego, con un interés oculto, se fiscalizan y tiran por el precipicio con la excusa de que sólo tratan de ayudarlos. Esta estrategia ya ha incorporado sutilmente las herramientas exterminadoras en las universidades públicas, y ya tenemos a las personas encargadas del derribo final metidas en los Consejos Sociales de las universidades, haciendo campaña a favor de la LESUC y filtrando información y bulos a medios interesados en esta operación de triaje.
Sin embargo, las universidades públicas queremos enviar un mensaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid: el enfermo está muy fuerte y puede salirle muy cara la película de terror, como en anteriores ocasiones. Las universidades están unidas, en todo su capital intelectual, de investigación, de educación, para luchar contra una Ley que empobrece y que invade la autonomía universitaria. Vamos a luchar en la calle, en los medios, y en los tribunales, en una estrategia de tres puntas. Porque la LESUC es una Ley inconstitucional: incumple el objetivo de financiación de la Ley Orgánica LOSU que establece un 1% de financiación del PIB para las universidades- Pero incumple también la Autonomía política y de gestión de las universidades, al introducir intereses particulares en sus órganos de gestión, provenientes de claras especulaciones en el sector educativo. El conflicto de intereses es obvio, y la inconstitucionalidad de la LESUC también. Y si no, al tiempo. Tenemos muchos especialistas en Derecho para defender este punto.
or último, para nuestra querida Enfermera, tenemos un mensaje de futuro: haciendo este daño a las universidades públicas, hace daño al 75% de los jóvenes madrileños que estudian en ellas. Y con ellos, hace daño a millones de familias madrileñas. Si piensa que los familiares del enfermo eutanasiado sin motivo no van a reaccionar en las urnas, va lista. Las universidades son el corazón de la sociedad, y ésta late con fuerza por ellas.
“Carlos no murió, le mataron por defender lo que creía justo” – Mavi Muñoz, madre de Carlos Palomino.
Hace 18 años, el 11 de noviembre de 2007, ocurrió algo que marcaría a toda una generación de antifascistas.
El asesinato de Carlos
El antifascista Carlos Palomino se dirigía al barrio madrileño de Usera junto a varios de sus compañeros y compañeras. La Coordinadora Antifascista de Madrid (CAM) había organizado una respuesta ante un acto contra la inmigración que el partido neonazi Democracia Nacional había convocado en dicho barrio. La estrategia consistía en llevar a cabo una contramanifestación con el objetivo de hacer presión, señalarles y no permitir que su discurso de odio se normalizara.
Estos jóvenes decidieron coger el metro para llegar hasta el lugar. Al entrar en el vagón se dieron cuenta de la presencia de un neonazi que viste la marca Three Stroke. Más tarde se conocería su nombre: Josué Estébanez, un militar fascista del Ejército de Tierra de 23 años que se dirigía a la concentración racista. Instantes antes se había percatado de la presencia de los antifascistas, esperando en el andén la llegada del metro. Decidió aguardar con una navaja abierta. En cuanto Carlos se acercó, Josué le propinó una puñalada directa al corazón sin ningún tipo de titubeo. Los antifascistas salieron del vagón, pero antes, dos de ellos, recibieron navajazos, quedando heridos. Instantes más tarde, Josué huyó hasta la calle donde es alcanzado por el resto de compañeros de los agredidos hasta que la policía llega al sitio. Carlos es trasladado al hospital Doce de Octubre, donde más tarde se confirmó la desgracia: había muerto.
El relato mediático que equipara víctima y victimario
A su muerte le siguió un relato mediático que obviaba o disminuía el componente ideológico detrás del asesinato de Carlos. De esta manera, se aupaba una versión simplista, que reducía todo a una pelea entre “bandas rivales”, entre “dos extremos” o entre “tribus urbanas”. Se ponía al mismo nivel a los neonazis que a los antifascistas; se ponía en el mismo nivel al joven Carlos que a su asesino Josué.
Recorte de prensa antiguo, en este caso del asesinato de Vicente Cuervo, que nos recuerda que esta estrategia de equiparar víctimas a sus asesinos fascistas no es nueva
Otros medios, como El Heraldo, llegaron a poner de titular en una noticia estas declaraciones de Josue Estévanez: “Le ataqué porque me vi acorralado”, con subtítulos como “Soy español nada más, una persona a la que le gusta que gane la selección española”.
Condena de Josué
Dos años después, la Audiencia Provincial de Madridcondenó a Josué Estébanez a un total de 26 años de prisión: 19 por el delito de asesinato con el agravante de odio ideológico y 7 por tentativa de homicidio y una indemnización de 150.000 euros.
Doce años después de su crimen, el 15 de marzo de 2019, el austrialiano Brenton Tarrant llevó a cabo un ataque terrorista contra dos mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda, matando a 51 personas e hiriendo a otras 50. El día de su ataque, publicó un manifiesto de 74 páginas titulado El gran reemplazo, en el que deploraba «la expansión del Islam y el genocidio blanco«. Uno de los cargadores del fusil que utilizó en su matanza llevaba escrito, en letras blancas, «Josué Estébanez».
En el año 2022, coincidiendo con el 15º aniversario del asesinato de Carlos, la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Villabona (Asturias) concedió el primer permiso de salida a Josué.
Contra el racismo antiespañol, contra la inmigración. Esta fue la consigna con la que el partido neonazi Democracia Nacional llevó a cabo una manifestación hace 18 años. El 11 de noviembre de 2007.
Históricamente, el fascismo, con la intención de atraer a las masas, ha utilizado dos elementos discursivos clave para la propagación de sus ideas: estos son el miedo y el victimismo. Los cuales a su vez desembocan en la emoción movilizadora por excelencia de esta corriente ultra: el odio. La victimización nacional ha funcionado y funciona como elemento legitimador de la moral fascista, siendo esta victimización un trampolín que permite dar el pistoletazo de salida a las proclamas racistas. Así lo pusieron en práctica en sus respectivos países Hitler y Mussolini, entendiendo que sus naciones habían sido humilladas por la elite liberal, la Primera Guerra Mundial o la conspiración internacional judía. Las puertas del miedo y la inseguridad se abrían de par en par y con ellas llegaban los adeptos a los regímenes totalitarios.
Aunque las hostilidades por parte de los grupos más radicalizados siguen siendo dirigidas hacia la población semita, desde hace unos cuantos años las miradas de la extrema derecha, con su victimismo, miedo y odio, están puestas sobre las personas migrantes. Con una gran diferencia. Lo que antes eran unas pocas miradas irrisorias, ahora son millones de ojos.
En aquel 11 de noviembre que mencionamos al comienzo, términos como “inmigración masiva”, haciendo alusión a un plan de sustitución racial, o frases como “barrer la calle de esa escoria venidera de tierras lejanas” (inmigrantes), solo eran aplaudidas por unas pocas decenas de personas que se encontraban en aquella manifestación. En la actualidad, ya no sorprende que expresiones similares o calcadas reciban la aprobación de miles de personas, ya sea en actos físicos o a través de redes sociales.
Las crisis, ya sean estas económicas, sociales o institucionales, son momentos decisorios donde se pone en juego las lógicas políticas imperantes y sus relaciones de poder. Así en estos contextos entre lo viejo y lo nuevo nos encontramos con dos posibles desenlaces: una prolongación o una ruptura de lo hegemónico. La ruptura, no es algo que pueda atender a razones de un único espacio político, sino que es algo que se puede encontrar en disputa entre diferentes fuerzas ideológicas. Así, la extrema derecha, planteando un análisis distorsionado de la realidad, se bate en duelo aprovechando la degradación política, para llamar la atención de las masas.
Y de momento no le va mal. Utilizando un discurso en el que encontramos constantes guiños y paralelismos a los fascismos históricos (nacionalismo exacerbado, un pasado mítico que anhelan, división social entre un “nosotros” -los buenos- contra un “ellos” -los malos-, demonización de la democracia, etc.), han sabido dar la batalla cultural y mediática, normalizando lo que hace unos años no era normal. Transversalizando lo que hace no mucho era residual. Quien consigue influenciar, determinar, marcar la lectura que la población hace de los problemas de la sociedad y sus soluciones, gana.
Pero aquel 11 de noviembre no solo se escucharon aplausos de fascistas. También se escucharon lamentos, gritos de rabia y desolación. Un joven llamado Carlos se dirigía junto a varios compañeros y compañeras a la contramanifestación convocada por la Coordinadora Antifascista de Madrid con un único propósito, obstaculizar la propagación de odio que un partido neonazi pretendía expandir por las calles del barrio de Usera. No consentir que su discurso se normalizara.
En el metro de camino a la contramanifestación, los y las jóvenes antifascistas se topan con el neonazi Josué Estébanez, el cual se dirigía a la manifestación racista. En ese preciso instante en el que cruzan miradas, aun nadie lo sabía, pero se iba a producir un asesinato. Y su autor, no iba a titubear.
Los movimientos fascistas se sirven de una violencia simbólica promovida a través de la palabra para crecer como movimiento. Es una forma de movilizar las emociones de odio que necesitan para señalar al enemigo a batir, y por lo tanto dar sentido a su existencia (presentándose como salvadores). Cuando se asume esto como deber y sobre todo como identidad, recorrer el pequeño paso que separa la violencia simbólica de la física, no cuesta nada. Ya que la primera es la antesala de la segunda.
Cuando el militar neonazi apuñaló a Carlos, fue la culminación de todo un proceso que tuvo como desenlace el asesinato de un chaval de 16 años. El odio, que Estébanez llevaba tiempo gestando dentro de sí, llegó a su máximo nivel. El odio siguió el transcurso esperado. Porque cuando el fascismo se apodera de una persona, esta pasa a ver el mundo en blanco y negro. Y lo contrario a su figura y a lo que representa deja de tener ningún tipo de valor. La vida de una persona migrante, LGTBIQ +, de un izquierdista, de un demócrata, deja de tener relevancia. Es el enemigo y como tal, hay que lapidarlo.
Carlos, desangrado, se encontraba entre la vida y la muerte. El asesino intenta escapar, pero previamente propina navajazos a otros dos compañeros. El resto lo consigue reducir una vez es alcanzado en la calle. Los servicios médicos trasladan a Carlos al hospital Doce de Octubre. Ya era tarde. Al rato se confirmó la desgracia que marcaría a toda una generación de antifascistas. Había muerto.
Los fascistas se llenan la boca hablando de amor a la patria, amor a la raza, amor a la bandera por encima de todo. Decía Erich Fromm que “quien sólo ama a un hombre no ama a ninguno”. Nosotros decimos que quien en nombre del amor solo sabe discriminar, no ama, odia.
En su libro «Pedagogía antifascista», Enrique Javier Díez, recuerda dos frases de Albert Camus haciendo referencia al fascismo: 1ª) La peste “nunca muere o desaparece para siempre; puede permanecer dormida durante años, hasta que vuelva a parecer otra vez” 2ª) “La serpiente muda de piel, pero no de veneno”. Se hace imprescindible recordar estas palabras en un momento donde, como señala Josep Ramoneda, la encrucijada capitalista nos deja vislumbrar dos caminos principales opuestos. Estos son, el avance con vista al futuro hacia el desarrollo de democracias alejadas de lógicas neoliberales o el retroceso al pasado con la instauración de autoritarismos post democráticos.
Hoy no son pocos los y las jóvenes que, ya no solo escapan de los cantos de sirena de la extrema derecha, sino que lejos de correr, se plantan, le miran de tú a tú y le dicen: ¡No pasaréis! Carlos fue (es) uno de esos jóvenes que predicó con el ejemplo. No tomo el camino de la indiferencia, tomo el de la lucha. No callo, gritó. No sucumbió ante la injusticia, la desafió.
Este 11 de noviembre, recordaremos su ejemplo. Como dice el poema de Mercedes Sosa:
Que no calle el cantor porque el silencio
cobarde apaña la maldad que oprime,
no saben los cantores de agachadas
no callarán jamás de frente al crimen
Carlos Palomino y la verdad que hubo que pelear: 18 años de memoria y resistencia
ace dieciocho años, un 11 de noviembre de 2007, ocurrió algo que marcó para siempre a toda una generación de antifascistas. Aquel día, Carlos Palomino, un joven de 16 años se dirigía junto a sus compañeros y compañeras hacia el barrio madrileño de Usera. Iban a participar en una movilización convocada por la plataforma Madrid Antifa como respuesta a un acto racista organizado por el partido neonazi Democracia Nacional.
Carlos no iba solo: lo acompañaban sus amigos, sus convicciones y la certeza de que el silencio nunca puede ser una opción frente al odio y la barbarie fascista. En el metro de Legazpi, un militar y militante neonazi, Josué Estébanez, decidió atacarle sin dudar. Le asestó una puñalada directa al corazón. Carlos murió minutos después.
El impacto fue inmediato. Miedo, rabia y desolación recorrieron los barrios antifascistas de Madrid. A ello se sumó la indignación al ver cómo la policía protegía a los neonazis y cómo parte de los medios trataban de criminalizar al joven asesinado, culpabilizando a su entorno y a su familia. No era la primera vez que ocurría: la misma estrategia mediática ya se había repetido tras los asesinatos de Lucrecia Pérez, Guillem Agulló, Richard, Aitor Zabaleta o Jimmy. Convertir a la víctima en sospechosa y deslegitimar el movimiento antifascista se convirtió —y sigue siendo— en una práctica habitual.
Los titulares de entonces hablaban de una “pelea entre bandas rivales”, de “enfrentamientos entre extremos” o de “tribus urbanas”. Se colocaba en el mismo plano a los agresores neonazis y a quienes se organizaban para combatir el fascismo. Un ejemplo fue el diario Hoja de Lunes, que tituló: “Muere un joven de Vallecas en enfrentamientos extremistas”.
Sin embargo, la verdad se defendió con fuerza frente a esa maquinaria mediática, política y judicial. Gracias a la lucha de familiares, amistades, colectivos y medios alternativos, se logró desmontar ese relato falso. La realidad era clara: Carlos Palomino fue asesinado por ser antifascista. Su muerte fue un asesinato político.
A pesar de todo, su nombre sigue vivo. Dieciocho años después, Carlos Palomino forma parte del imaginario colectivo: está en las pancartas de las manifestaciones, en los murales, en las gradas de los estadios con hinchadas antifascistas y en los conciertos de grupos como Non Servium, Kaos Urbano o Improbus, y tantos otros que mantienen viva su memoria.
Gracias a esa lucha por defender la verdad frente al relato oficial, hoy Carlos representa a todas las personas que no se callan ante la injusticia. Está en quienes enfrentan el racismo, el machismo y la desigualdad, en cada puño alzado y en cada consigna que recuerda que la memoria no se rinde.
Hoy, 11 de noviembre de 2025, se volverá a salir a la calle para gritar que Carlos vive. Porque su asesinato fue político, pero su vida, su ejemplo y su memoria son una victoria colectiva.
Intentaron silenciarlo, pero su voz sigue resonando. Intentaron apagarlo, pero su luz aún deslumbra. Intentaron pararlo, pero la lucha sigue.
Dieciocho años después, las calles de Madrid recordarán que no olvidamos ni perdonamos. Porque recordar a Carlos es seguir luchando contra el fascismo de ayer y de hoy.
Supongo que aún no he superado el no poder decirte adiós.
Mi corazón, despedazado, aquel día se quedó,
añorando un último abrazo que nunca llegó.
Pero hermano, sigues vivo, siempre vivo en mi corazón.
A 18 años del asesinato del compañero antifascista Carlos Palomino
El 11 de noviembre de 2007 el Partido Democracia Nacional, de clara ideología ultraderechista, había convocado una manifestación contra la inmigración, que fue autorizada por la Delegación del Gobierno de Madrid. En el mismo lugar un grupo de jóvenes antifascistas y de izquierda convocaron, a su vez, una contra-manifestación para mostrar su oposición a las ideas y a la presencia de un partido neonazi como Democracia Nacional.
Los hechos –según se refleja en el vídeo que grabó la escena- ocurrieron de la siguiente forma: uno de los manifestantes ultras, un militar profesional de 24 años, Josué Estébanez de la Hija, que luego negó dirigirse a participar de la manifestación, al ver la entrada de muchos jóvenes en el vagón de metro en el que se encuentra, en la estación de Legazpi, sacó del bolsillo trasero del pantalón una navaja que escondió detrás de su cuerpo. En ese momento un muchacho le increpa por la camiseta que lleva, en la que puede leerse el lema ‘Three Stroke’ de clara simbología neonazi. Josué, sin mediar palabra, agarra por el cuello al muchacho y le asesta una puñalada en el costado izquierdo, a la altura del corazón. Este hecho provocó la huida de los pasajeros del vagón, que estaba en aquellos momentos atestado de gente. Luego, Josué Estébanez propinó otra cuchillada a un joven que intentó reducirle y, tras vaciar un extintor, abandonó el vagón perseguido por una multitud de gente y los servicios de seguridad.
El muchacho que había recibido la primera puñalada, Carlos Palomino, fue trasladado lo antes posible fuera del metro a una carpa improvisada en el mismo Paseo de Las Delicias, muy cerca de donde está colocada la placa en su homenaje. Poco se pudo hacer, pues el filo del arma le había alcanzado el corazón. Murió cincuenta minutos más tarde. Su otro compañero, también herido, logró sobrevivir.
En cuanto al agresor, fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a 26 años de prisión, 19 por el delito de asesinato con el agravante de odio ideológico y 7 por tentativa de homicidio.
Carlos Palomino había nacido en Madrid, en el barrio de Vallecas: era hijo único de una familia trabajadora y tenía 16 años. Era un adolescente comprometido en la lucha por los derechos de igualdad y bienestar social, contrario al racismo y a las ideologías ultraderechistas. Su único delito fue defender sus ideas públicamente y, por ello, fue asesinado aquella mañana soleada de domingo del mes de noviembre. No pudo sospechar la rabia, la intolerancia y el odio de su agresor.
El pasado septiembre varios colectivos de montaña anarquistas de Madrid, nos reunimos con el objetivo de organizar y convocar al menos una salida al monte mensual durante el curso 2025-2026. La idea es que haya una cierta previsibilidad para que la gente pueda organizarse y acudir, y con ello ir conformando una comunidad de lucha que incida, por qué no, en el ámbito del montañismo, un espacio que cada vez está más mercantilizado, turistificado y “derechizado” (vamos, que cada vez los rocódromos y las escuelas de escalada están más llenas de polis y soldados).
Los colectivos que nos reunimos y que estamos organizando estas salidas son:
–Con Pies de Gata: Grupo que se encarga de la gestión del rocódromo del Centro Social EKO en Carabanchel (Madrid) y que también realiza actividades en la naturaleza como escalada, vías ferratas, espeleología, etc… Actualmente, entre otras cosas, tienen en marcha una campaña muy chula que se llama “Odio eterno al roco moderno”, donde critican que estos espacios son negocios con inversiones multimillonarias que provocan el cierre de los rocos más pequeños.
–Climbing Kamaleo: es una agrupación de montaña cuyo propósito es mostrar que los deportes de montaña son para todas las personas, sin importar sus características o condiciones. A todos nos gusta sentir la montaña tal como es, en su esencia más pura. Por eso desde la agrupación se realizan diversas actividades de divulgación de estos deportes y personas con discapacidad a través de entrevistas, talleres y experiencias compartidas.
–Grupo Excursionista Isaac Puente: Colectivo de ocio y tiempo libre, auspiciado por el Ateneo Libertario Carabanchel-Latina, que busca ser un espacio de encuentro en el que se funde ocio, contacto con la naturaleza, cultura y debate de ideas. Buscan tomar distancia con los valores y actitudes convencionales sobre la ocupación del tiempo libre, y poder disfrutar de un espacio de convivencia en el que cada individuo pueda sentirse a gusto y ser bien acogido, un lugar donde conocer a personas afines y hacer nuevas amistades.
–Amigos de las Milicias Anarquistas: Son un grupo libertario recientemente formado con el objetivo de recuperar y difundir la memoria anarquista y obrera de la sierra madrileña: su patrimonio histórico, cultural y natural, así como las luchas sociales que marcaron la región. Sus actividades incluyen excursiones, catalogación de patrimonio, proyectos de memoria, encuentros y espacios de formación.
–UGEL: La UGEL es un colectivo libertario que busca acercar la montaña al pueblo, fomentando la autogestión, el respeto por la naturaleza y la defensa del patrimonio común. A través de rutas, talleres y encuentros, impulsa la formación, la conciencia ambiental y la memoria histórica libertaria.
La primera salida programada fue organizada por Con Pies de Gata y se realizó el pasado 11-12 de octubre, donde varias personas fuimos a Tamajón, en la Sierra de Ayllón, a disfrutar de dos días de escalada, monte y buena compañía.
La próxima será el 8 de noviembre, donde el Grupo Excursionista Isaac Puente organizará una visita a la exposición “Leica, un siglo de fotografía 1925-2025”, y luego daremos un paseo por el Retiro y almorzaremos juntas.
Así, los mencionados colectivos, cada uno con su diferente idiosincrasia, pretendemos llenar este curso de actividades al aire libre donde podamos socializar y luchar por un montañismo desmercantilizado y no competitivo.
Y es que la montaña, como otros espacios y actividades, también es política.
