Los gobiernos de extrema derecha no han tardado en sentir una de las consecuencias más esperables de su política migratoria: problemas de falta de mano de obra que amenazan una economía ya debilitada por décadas de crisis. La derecha liberal y los partidos socialdemócratas coinciden en su visión utilitarista de la migración.
Castigos para personas que ocupan y requisitos que alejan a los migrantes de los pisos de protección pública son cada vez más habituales en España. El discurso de la ultraderecha es asumido por los gobiernos autonómicos del PP.
El partido de Carles Puigdemont no apoyará el decreto que agrupa las medidas del escudo social que se presentará en un plazo máximo de 30 días en el Congreso. Los sindicatos de inquilinos denuncian que los cambios en la moratoria dejan sin protección a miles de hogares.
El Gobierno dota con 300 millones de euros la línea de avales para propietarios, prepara la aprobación de una norma que endurece las penas por hurtos leves y la transferencia de las competencias en migración.
Más de cien organizaciones sociales piden que el Gobierno negocie un nuevo real decreto y ponga en marcha un plan de emergencia para hacer frente a la oleada de 60.000 desahucios que se esperan tras la derogación de las medidas del “escudo social”.
La derecha parlamentaria deja caer el megadecreto que incluye la moratoria de desahucios, de corte de suministros y la revalorización de las pensiones.
