Extraído de El Salto

El Ministerio de Salud de Gaza sigue dando testimonio del impacto del genocidio que Israel ha perpetrado en Gaza desde el 7 de octubre de 2023. Tres meses después de la entrada en vigor del alto el fuego auspiciado por Trump, la muerte de un bebé recién nacido (de siete días) y otro niño de cuatro años ha elevado a seis el número total de muertes infantiles causadas por el frío desde el comienzo del invierno, según el recuento del Gobierno de la Franja.

Además, la semana pasada se informaba de la muerte de Ata Mai, un niño de siete años, quien se ahogó el 27 de diciembre durante las inundaciones en un campamento improvisado para desplazados internos en Sudaniyeh, al noroeste de la ciudad de Gaza.

Las inundaciones del 30 de diciembre y el 9 de enero han recrudecido las condiciones en un contexto en el que los materiales para refugios sigue siendo “críticamente insuficiente”, en palabras del Ministerio de Salud: “Casi un millón de personas necesitan urgentemente vivienda de emergencia, y las organizaciones humanitarias piden soluciones de refugio duraderas y la rehabilitación de las viviendas dañadas”.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) estima que un millón de personas en Gaza siguen necesitando urgentemente asistencia de emergencia para refugios.

Naciones Unidas ha dado la voz de alerta sobre la precariedad de la vida en los campamentos de refugiados: “Como estructuras de emergencia, las tiendas de campaña ofrecen una protección limitada contra las fuertes lluvias, las inundaciones o el frío, y se deterioran rápidamente con el uso prolongado”, advirtió la ONU.

La prohibición por parte del gobierno israelí de 37 organizaciones que proporcionaban ayuda humanitaria y suministros básicos, ordenada por Israel por una supuesta “explotación de los marcos humanitarios con fines terroristas”, ha empeorado una situación catastrófica también por la destrucción de las infraestructuras. Se calcula que el 80 % de la infraestructura de agua y saneamiento de Gaza ha sido destruida parcial o totalmente, incluidas las seis principales plantas de tratamiento de aguas residuales.

En la actualidad, Israel no ha cumplido el capítulo del alto el fuego con respecto a la autorización de entrada de camiones de ayuda humanitaria. La Cruz Roja alemana ha denunciado que no se ha llegado aun al mínimo requerido de 600 camiones diarios.

Las inundaciones del 30 de diciembre y el 9 de enero han recrudecido las condiciones en un contexto en el que los materiales para refugios sigue siendo “críticamente insuficiente”, en palabras del Ministerio de Salud: “Casi un millón de personas necesitan urgentemente vivienda de emergencia, y las organizaciones humanitarias piden soluciones de refugio duraderas y la rehabilitación de las viviendas dañadas”.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) estima que un millón de personas en Gaza siguen necesitando urgentemente asistencia de emergencia para refugios.

Naciones Unidas ha dado la voz de alerta sobre la precariedad de la vida en los campamentos de refugiados: “Como estructuras de emergencia, las tiendas de campaña ofrecen una protección limitada contra las fuertes lluvias, las inundaciones o el frío, y se deterioran rápidamente con el uso prolongado”, advirtió la ONU.

El domingo 11 de enero, la Comisión de Prisioneros Palestinos, denunciaba la confirmación de la muerte del preso palestino Hamza Adwan en una prisión israelí

La prohibición por parte del gobierno israelí de 37 organizaciones que proporcionaban ayuda humanitaria y suministros básicos, ordenada por Israel por una supuesta “explotación de los marcos humanitarios con fines terroristas”, ha empeorado una situación catastrófica también por la destrucción de las infraestructuras. Se calcula que el 80 % de la infraestructura de agua y saneamiento de Gaza ha sido destruida parcial o totalmente, incluidas las seis principales plantas de tratamiento de aguas residuales.

En la actualidad, Israel no ha cumplido el capítulo del alto el fuego con respecto a la autorización de entrada de camiones de ayuda humanitaria. La Cruz Roja alemana ha denunciado que no se ha llegado aun al mínimo requerido de 600 camiones diarios.

Pese al efecto cloroformo que supuso la solución Trump, las muertes de civiles en Gaza siguen goteando en la Franja. Cada día desde el alto el fuego Israel ha matado a una media de cinco personas.

La última masacre tuvo lugar el jueves 8 de enero, cuando las Fuerzas Armadas de Israel atacaron con un dron una tienda de campaña que albergaba a personas desplazadas en el sur de Gaza, causando la muerte de 13 personas, cinco de ellas menores de edad. El lunes, Al Jazeera informaba de que un dron cuadricóptero israelí había asesinado a tres palestinos en Khan Younis, al sur de la Franja.

Además, las autoridades de Gaza confirmaban que una milicia colaboracionista con Israel de la Franja había llevado a cabo un atentado en el que acabó con la vida de Mahmoud Al-Astal, de 40 años, director de Investigaciones Policiales.

Muertes en comisaría

El domingo 11 de enero, la Comisión de Prisioneros Palestinos (PPSMO, en inglés), denunciaba la confirmación de la muerte del preso palestino Hamza Adwan en una prisión israelí. El hecho tuvo lugar el 9 de septiembre de 2025, pero no ha sido hasta este 2026 cuando las autoridades penitenciarias confirmaron esa muerte, que supone la número 87 de presos palestinos desde el 7 de octubre de 2023, en lo que es la peor campaña de asesinatos en prisión en la historia del conflicto. 51 de esas 87 personas fueron detenidas en Gaza.

Las cifras, no obstante, es más elevada, según la PPSMO, que calcula que “decenas de detenidos mártires de Gaza siguen desaparecidos por la fuerza, junto con decenas de detenidos que fueron ejecutados sumariamente”.

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Las últimas declaraciones surgidas por Donald Trump y el resto de su Gobierno sobre anexarse Groenlandia en nombre de la seguridad frente a China y Rusia dejan claro que no descarta ninguna opción (incluso la bélica) para conseguir su propósito. «Ahora mismo vamos a hacer algo con Groenlandia, les guste o no. Porque si no lo hacemos, Rusia o China se apoderarán de Groenlandia y no vamos a tener a Rusia ni a China como vecinos. Me gustaría llegar a un acuerdo, ya saben, por las buenas, pero si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas«, manifestó durante una reunión con ejecutivos de compañías petroleras en la Casa Blanca.

Estas palabras han provocado estupor en amplios sectores de la opinión pública europea. Los aliados de Trump en Europa (Abascal, Meloni, Orbán, etc) se encuentran en la incómoda posición de elegir entre su amigo fascista o defender la integridad territorial de la sagrada «Europa», cuna de la civilización occidental y el supremacismo blanco. Por otro lado, la Europa supuestamente “progresista” también se ha encontrado con una realidad que prefiere eludir: Groenlandia continúa siendo, en pleno siglo XXI, una colonia.

Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca, pero su relación con la metrópoli responde a un patrón colonial prolongado. Dinamarca colonizó formalmente la isla en el siglo XVIII y, aunque desde 1979 cuenta con autogobierno y desde 2009 con competencias ampliadas, la política exterior, la defensa y la seguridad siguen en manos de Copenhague.

Bajo la superficie de la socialdemocracia nórdica se esconde un historial prolongado de asimilación forzosa, racismo institucional y negación de soberanía contra la población inuit. Durante el siglo XX, el Estado danés ejecutó programas de ingeniería social que hoy resultarían difíciles de conciliar con su imagen internacional: niños inuit fueron separados de sus familias y enviados a Dinamarca para ser “reeducados”, despojados de su lengua y su identidad cultural.

La Doctrina Donroe

Tras invadir Venezuela y secuestrar a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, Trump explicó a los medios que había vuelto la Doctrina Monroe ( la idea de que cualquier territorio estratégicamente relevante en su entorno debe estar bajo su control directo o indirecto para evitar las injerencias externas), pero actualizada al siglo XXI, llamándola «Doctrina Donroe«. Puro imperialismo. Y su exabrupto de hacerse con Groenlandia es una expresión descarnada de una estrategia para consolidar un portaviones inamovible en el Ártico desde el que vigilar el Atlántico Norte y sostener su arquitectura global de defensa. Y eso pese a que la presencia china en Groenlandia es fundamentalmente científica y comercial y Rusia apenas actúa allí.

Para completar las posiciones estratégicas, la retórica de la Alianza Atlántica en el Ártico es el manual perfecto del cinismo geopolítico. Mientras la OTAN invoca la soberanía y el derecho internacional en otros escenarios, en el extremo norte aplica una lógica de tutela colonial que ignora sistemáticamente la voluntad del pueblo inuit (según una encuesta publicada en enero de 2025 por la empresa demoscópica Verian, encargada por los diarios Berlingske y Sermitsiaq, un 56% de la población groenlandesa votaría hoy a favor de la independencia, frente a un 28% que se opondría).

Los líderes de los partidos groenlandeses, incluido el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, han emitido un comunicado conjunto tras las declaraciones de Trump en las que han rechazado el «desprecio» de Washington y han vuelto a instar a la diplomacia. «Queremos recalcar una vez más nuestro deseo de que cese el desprecio de Estados Unidos por nuestro país. No queremos ser estadounidenses ni daneses, queremos ser groenlandeses«, han declarado, asegurando que están «gobernados por la ley del autogobierno y el Derecho Internacional«.

La OTAN como protector ambiental

En los últimos años, la OTAN ha tratado incluso de envolver su despliegue en el Ártico con un lenguaje de “protección ambiental”. La paradoja es obscena: el aparato militar figura entre los mayores consumidores de combustibles fósiles del planeta y, sin embargo, presenta sus maniobras como salvaguarda del hielo.

Evidentemente, esas operaciones no persiguen frenar el deshielo, sino garantizar que, cuando el Ártico quede abierto, las rutas comerciales y los yacimientos estratégicos permanezcan bajo control occidental. Bajo el hielo se concentran enormes reservas de tierras raras, oro, uranio, hierro y otros minerales críticos esenciales para la industria tecnológica y la mal llamada “transición verde” del capitalismo global.

Esos minerales son hoy clave para nuestra vida tecnológica. Son 17 elementos químicos esenciales para fabricar móviles, ordenadores, baterías, aerogeneradores o coches eléctricos. Desde el escandio hasta el lutecio, pasando por el itrio, el lantano, el europio o el neodimio. Materias primas estratégicas que hoy dominan, en gran parte, países como China.

Pero hay más. Mucho más. Bajo esas capas heladas, los científicos creen que Groenlandia podría albergar grandes reservas de gas y petróleo. Y ahí entra en juego otro viejo conocido: la pasión del trumpismo por los hidrocarburos.

Informes del Financial Times y del U.S. Geological Survey detallan la creciente presión de grandes corporaciones mineras para abrir explotaciones que contaminarían territorios ancestrales y alterarían de forma irreversible el entorno ártico. La economía groenlandesa, donde alrededor del 25 % del PIB —según datos  recogidos por Reuters y el Nordic Council— depende todavía de transferencias procedentes de Dinamarca, queda así atrapada en un dilema: continuar bajo una tutela colonial que limita su soberanía o financiar la independencia mediante un extractivismo salvaje que pone en riesgo las bases mismas de su supervivencia ecológica y cultural.

¿La ruptura de Europa con EEUU?

En una declaración conjunta en respuesta a las amenazas de Estados Unidos, seis líderes europeos declararon que «Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde a Dinamarca y Groenlandia, y solo a ellas, decidir sobre los asuntos que afectan a Dinamarca y Groenlandia». Y, acto seguido, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia desplegaron tropas en Groenlandia.

Pocas horas después, la Casa Blanca declaró que «adquirir Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional de Estados Unidos y es vital para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica. El presidente y su equipo están debatiendo una serie de opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, recurrir al ejército estadounidense es siempre una opción a disposición del comandante en jefe». Unos días después, Trump anunció aranceles del 10% a los países que habían enviado soldados a Groenlandia. Y ha avisado además que subirá a partir del 1 junio a un 25% y «deberá pagarse hasta que se llegue a un acuerdo para la compra total y completa de Groenlandia» por parte de Estados Unidos.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, declaró que si Estados Unidos tomaba Groenlandia por la fuerza, la propia OTAN se derrumbaría.

Explica Rafael Poch que «si la dependencia de Estados Unidos con respecto a Ucrania obliga a los europeos a aceptar la ocupación estadounidense del territorio de un miembro europeo de la OTAN, la humillación sería tan profunda que la idea misma de Europa como factor significativo en los asuntos mundiales desaparecería«.

Autodeterminación frente a la lógica imperial

En el fondo, lo que está en juego no es una disputa técnica sobre seguridad o desarrollo, sino el choque entre dos principios irreconciliables: el derecho del pueblo groenlandés a decidir libremente su futuro —político, económico y ambiental— o quedar sistemáticamente subordinado a una lógica imperial que convierte el Ártico en un tablero de poder y en un almacén de recursos estratégicos.

Este artículo ha sido escrito a partir de otros publicados en Kaos en la Red, Diario Red y El Salto

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El 3 de enero de 2026 nos despertamos con el bombardeo estadounidense sobre Caracas y el sibsiguiente secuestro del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores. Se trata de la detención más cara de la historia, para la cual se movilizaron 150 cazas, otros tanto helicópteros y 200 soldados de los Delta Force. Entre 80 y 100 venezolanos y cubanos fueron asesinados y la hasta entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez ha asumido el mando del país.

Pese a que la operación viola el Derecho Internacional de forma flagrante, Trump insiste en que está por encima de estas normas y que su único límite es su «moralidad» (de la cual sabemos que anda muy justito). Esto y el hecho de que no haya ocultado que detrás de esta operación está su voluntad de apoderarse del petróleo venezolano constatan que nos encontramos ante la «ley del más fuerte».

«Vivimos en un mundo gobernado por la fuerza, por el poder», afirmó Stephen Miller en la CNN el 5 de enero de 2026, mientras exponía su programa fascista y justificaba la toma de Groenlandia por la fuerza. «Estas son las leyes de hierro que rigen el mundo desde el principio de los tiempos».

En la madrugada del 3 de enero, la Administración Trump llevó a cabo una incursión televisada en Venezuela, bombardeando al menos siete objetivos en Caracas y secuestrando al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Esta operación culminaba una campaña de presión de un año de duración, durante la cual la administración calificó a los inmigrantes venezolanos en Estados Unidos como «narcoterroristas», intentó aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros, bombardeó supuestos «barcos de drogas», confiscó petroleros y desplegó la Marina estadounidense para bloquear Venezuela.

El régimen de Trump acusó inicialmente a Maduro de dirigir el llamado «Cártel de los Soles», una invención tan ficticia como la designación de una supuesta organización denominada «Antifa» —es decir, la totalidad del movimiento antifascista— como organización terrorista. Aunque dos días después revisaron esta acusación para articular un caso legal algo menos endeble, este proceder es característico de su método: comenzar con una narrativa falsa y buscar después los medios para imponerla a la realidad.

Uno de los principales objetivos de Donald Trump era difundir una fotografía de Nicolás Maduro encadenado, evocando las imágenes que las agencias federales han publicado de personas secuestradas por el ICE. En lugar de ofrecer mejoras reales en las condiciones de vida de la población, Trump ofrece a sus seguidores la satisfacción vicaria de identificarse con carceleros y torturadores. Su objetivo es deshumanizar a sus adversarios y desensibilizar al conjunto de la sociedad ante la violencia que será necesaria para sostener su dominio y el propio capitalismo en una era de beneficios decrecientes.

Los grandes medios de comunicación corporativos están desempeñando su papel habitual de oposición leal: cuestionan la legalidad de la operación mientras demonizan a Maduro y ensalzan a su rival derechista, María Corina Machado. Para quienes aspiran a oponerse al imperialismo —anarquistas y otros movimientos— resulta imprescindible situar el ataque contra Venezuela en un contexto más amplio, reflexionar sobre qué forma podría adoptar una oposición eficaz e identificar cómo responder.

El manual

El Gobierno de Estados Unidos tiene una larga trayectoria de intervenciones imperialistas en América Latina, que abarca más de un siglo de operaciones contra Cuba, el sangriento golpe militar en Chile en 1973 o la invasión de Panamá ordenada por George Bush padre en 1989. El ataque contra Venezuela se inscribe en la continuidad de iniciativas más recientes: desde las invasiones de Afganistán e Irak bajo George W. Bush en 2002 y 2003, hasta el desmantelamiento, por parte de Joe Biden, del llamado «orden internacional basado en normas» para permitir que Benjamin Netanyahu lleve a cabo un genocidio en Palestina a partir de 2023.

Al mismo tiempo, el programa de la administración Trump supone una ruptura con las formas anteriores. Al apostar por la extracción de recursos mediante la fuerza bruta, sin siquiera la pretensión de una agenda ideológica alternativa, Trump se alinea con Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu en la inauguración de una era de rapiña abierta y desacomplejada.

Aunque los subordinados de Trump han invocado las elecciones amañadas celebradas en Venezuela en 2024 para justificar el ataque, no existe ninguna intención real de promover elecciones libres ni «democracia» en el país. Algunas fuentes sostienen que la oposición liderada por María Corina Machado cuenta con el apoyo de cerca del 80 % de la población venezolana, pero Trump afirma que no dispone del respaldo suficiente para gobernar; presumiblemente, se refiere a la falta de apoyo de las Fuerzas Armadas. Trump preferiría tratar con un régimen autocrático que le fuera directamente leal. Al fin y al cabo, tampoco desea rendir cuentas ante las urnas, ni en Venezuela ni en Estados Unidos.

Trump está recurriendo a la guerra para esquivar una crisis interna. Aunque él mismo y un sector del Partido Republicano llevan tiempo impulsando un cambio de régimen y un refuerzo de la presencia naval en el Caribe, este golpe se ha diseñado para copar la atención mediática y desviar el foco del deterioro de las encuestas y de una serie de reveses judiciales relacionados con sus intentos de desplegar la Guardia Nacional. Paralelamente, las pruebas de su implicación en la red de abusos sexuales y violaciones vinculada a Jeffrey Epstein están empezando a resquebrajar su base de apoyo.

A medida que los autócratas ven amenazado su control del poder, se vuelven más peligrosos e imprevisibles. Las maniobras de Netanyahu para mantenerse a flote frente a sus escándalos de corrupción —incluida su disposición a sacrificar rehenes para prolongar el genocidio— son ilustrativas. Cuando la crisis se cierne sobre ellos, estos gobernantes generan nuevas crisis para distraer a la población. Toda oposición eficaz debe esforzarse por mantener la atención sobre aquello que Trump intenta ocultar. Eso es, precisamente, lo que más teme.

Entendido como una operación mediática, el ataque contra Venezuela es un ataque contra todas nosotras: un intento de intimidar a cualquiera que pudiera resistirse al régimen de Trump, de hacernos aceptar que la violencia estatal seguirá intensificándose hagamos lo que hagamos, de convencernos de que no somos protagonistas de nuestro propio tiempo.

Como ya señalamos en 2025, Trump ha copiado buena parte de su estrategia de líderes autoritarios como Vladimir Putin. Cuando Putin fue nombrado primer ministro en agosto de 1999, sus índices de aprobación eran incluso más bajos que los de Trump hoy. Resolvió ese problema mediante la segunda guerra de Chechenia, que disparó su popularidad. Desde entonces, cada vez que su apoyo se ha desplomado, ha recurrido al mismo patrón: Georgia en 2008, Crimea y el Donbás en 2014, Ucrania en 2022, consolidando progresivamente el control de la sociedad rusa hasta poder enviar a cientos de miles de personas al matadero de la guerra.

Putin ha utilizado la guerra en Ucrania como instrumento de control interno, y en Rusia este control va mucho más allá de la represión de protestas. A medida que empeoran las condiciones económicas, necesita proyectar fuerza y brutalidad constantes, al tiempo que gestiona una población cada vez más inquieta y desesperada. Reclutar a jóvenes de familias empobrecidas del interior para enviarlos al frente sirve para mantenerlos ocupados; si decenas de miles no regresan, tanto mejor: no engrosarán las cifras del desempleo ni protagonizarán protestas. El servicio militar obligatorio también ha empujado al exilio a miles de personas que podrían haber encabezado una revuelta. Es una estrategia que veremos reproducirse en otros lugares a medida que se profundice la crisis global del capitalismo.

La diferencia fundamental es que, aunque Estados Unidos es mucho más poderoso que Rusia, el control de Trump sobre el poder es mucho más frágil que el de Putin. Además, tras las desastrosas ocupaciones de Afganistán e Irak, el electorado estadounidense es hoy mucho menos tolerante con operaciones que pongan en riesgo la vida de soldados estadounidenses.

Trump no es un estratega disciplinado ni coherente. Recurre sistemáticamente a la amenaza y la intimidación, explotando la cobardía y la debilidad de sus interlocutores. Confía en que esa intimidación baste para someter a los gobiernos latinoamericanos sin necesidad de nuevas intervenciones militares. Si fracasa, probablemente recurrirá a tecnología militar, mercenarios privados y otros mecanismos para ejercer la fuerza sin desplegar tropas en el terreno. Pero la guerra, una vez iniciada, impone su propia lógica. Si la administración Trump persiste en este camino, las fuerzas estadounidenses podrían verse arrastradas a un conflicto abierto.

Tras el ataque a Venezuela, Trump y su entorno han amenazado con actuar de forma similar contra México, Cuba, Colombia, Dinamarca y otros países. Sin duda lo harán si creen actuar desde una posición de fuerza; pero incluso si las cosas se tuercen, Trump puede intentar utilizar estas maniobras como cortina de humo para ocultar su debilidad.

El regreso del saqueo

El capitalismo nació al calor del saqueo colonial y, a medida que los márgenes de beneficio se reducen en la economía mundial, los gobiernos están retomando esa vieja estrategia de acumulación.

Esto explica tanto la apropiación territorial de Putin en Ucrania como el intento de Netanyahu de utilizar el genocidio como herramienta de gentrificación, o la última aventura de Trump en Venezuela.

En un documento titulado Estrategia de Seguridad Nacional, publicado en noviembre de 2025, la administración Trump asumió explícitamente un «Corolario Trump» de la Doctrina Monroe, cuyo objetivo es «restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental» para «negar a competidores extrahemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio».

Trump ha bautizado esta estrategia como «Doctrina Donroe», proclamando que «el dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca volverá a ser cuestionado». Se trata, sin duda, del petróleo —Venezuela alberga alrededor del 17 % de las reservas mundiales—, pero también de una pugna geopolítica con China, principal inversor e importador del petróleo venezolano, que adquiere cerca del 80 % de sus exportaciones y ha concedido más de 60.000 millones de dólares en préstamos desde 2007. Esta orientación es anterior a Trump: la revitalización de la Doctrina Monroe, enfocada a competir con China y Rusia en el Sur Global, ya era un eje central de la Comisión 2024 sobre Estrategia de Seguridad Nacional creada bajo la administración Biden. Dicha comisión reclamaba explícitamente disputar a China y Rusia la influencia en América Latina en materia de explotación de recursos naturales y capacidades de proyección de poder. Trump representa el giro autoritario; la lógica económica y geopolítica ya estaba ahí.

En otras palabras, la brutalidad de Trump ofrece a la clase dominante una respuesta a un problema estructural del capitalismo contemporáneo: la evaporación de oportunidades rentables.

El plan de entregar la extracción de recursos venezolanos a empresas petroleras estadounidenses forma parte de una nueva fase de saqueo colonial, caracterizada por la apropiación directa de activos ajenos. Hay que entenderlo en el contexto del estancamiento económico y la financiarización. Históricamente, recuerda a periodos de «caos sistémico», cuando la caída de los beneficios empujó al capital hacia la especulación financiera y el sistema mundial solo logró recomponerse mediante una violencia masiva. El ejemplo más cercano es el periodo 1914-1945, que incluyó las dos guerras mundiales.

No se trata solo del petróleo, sino de reforzar las condiciones que permiten la especulación capitalista en general, y de anticipar una violencia de mayor escala. Estamos entrando en una fase de relaciones basadas en la fuerza desnuda, no en el «imperio de la ley» ni en la diplomacia. Este ataque, como la propia presidencia de Trump, es un síntoma, no la causa.

A diferencia del imperialismo populista del pasado, que redistribuía parte del botín para sostener el consenso interno, el ataque de Trump está diseñado para beneficiar a un grupo cada vez más reducido de capitalistas. La clase media y la clase trabajadora blanca han dejado de ser «socios menores» del proyecto colonial y tienen cada vez menos razones para identificarse con él.

La cuestión del liderazgo

En un primer momento, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez adoptó un tono desafiante, pero pronto dio un giro hacia una retórica más conciliadora. Esto ha alimentado especulaciones sobre una posible disposición a cooperar con el régimen de Trump, o incluso sobre negociaciones ya en marcha.

Existen múltiples escenarios posibles y resulta difícil discernir cuál es el real. Tal vez Estados Unidos haya colocado a Rodríguez ante una situación extrema que esté afrontando con valentía; tal vez existan acuerdos secretos; tal vez ocurra algo distinto. En cualquier caso, la vulnerabilidad del chavismo ante el secuestro de su líder —y la posibilidad de que sectores del gobierno venezolano se conviertan en cómplices del plan de Trump para apropiarse de los recursos del país— pone de manifiesto que toda jerarquía constituye un punto débil para los procesos de liberación.

La historia reciente ofrece ejemplos claros: antiguos gobiernos revolucionarios, como el de Daniel Ortega en Nicaragua, acabaron integrándose forzosamente en el neoliberalismo y aplicando políticas de austeridad y control estatal. Ante estas derrotas, algunas corrientes concluyen que la única soberanía posible pasa por alinearse con Estados fuertes y armados nuclearmente, lo que sustenta el llamado «campismo».

Sin embargo, Rusia y China operan bajo la misma lógica autoritaria y capitalista que Estados Unidos, y quienes las apoyen no tendrán mayor capacidad de influir en sus decisiones. El resultado es la defensa impotente de autócratas genocidas. La alternativa real no es elegir un bando estatal, sino construir una resistencia internacional desde abajo, capaz de trascender fronteras.

Para que esa alternativa sea viable, la población estadounidense deberá desarrollar la capacidad de impedir que su propio gobierno bombardee y saquee otros países.

Qué esperar, cómo prepararse

El ataque contra Venezuela marca una escalada en una guerra indirecta con China. Reconducir la base industrial —incluida la industria tecnológica— hacia la industria bélica es una forma de afrontar el estancamiento económico, pero solo será viable si la administración Trump logra reavivar el «espíritu nacional» y el patriotismo. En este sentido, puede sostenerse que la prisa por asegurar la financiación y expandir la inteligencia artificial busca, en última instancia, moldear una población más dócil, crédula y fácil de controlar.

A corto plazo, cabe esperar que la administración Trump intente de nuevo recurrir a la Ley de Enemigos Extranjeros contra la población venezolana y otros colectivos. El intento anterior de Trump y Miller fue rechazado por los tribunales porque, en aquel momento, Estados Unidos no se encontraba formalmente en guerra. Ahora que han fabricado una guerra, la utilizarán para declarar nuevas emergencias y justificar una escalada represiva. También es previsible un aumento de la violencia racista contra personas latinoamericanas y chinas, así como represalias contra la política exterior estadounidense por parte de actores no estatales o intermediarios, que la administración Trump tratará de instrumentalizar para reforzar su agenda.

Las elecciones de mitad de mandato están previstas para noviembre de 2026. Trump y el Partido Republicano no parten como favoritos, pero el expresidente ha cruzado tantas líneas rojas que no puede permitirse ninguna amenaza a su poder. Ya sea mediante interferencias electorales, fraude o —más probablemente— la creación de crisis que legitimen un estado de excepción, todo apunta a que estas elecciones serán las menos «democráticas» de los últimos tiempos. Confiar únicamente en las urnas no bastará para salir de esta situación.

A medida que Trump se vea acorralado por crisis, escándalos y obstáculos crecientes, su comportamiento será cada vez más violento, errático y peligroso. Esto es una señal de debilidad, pero se trata de una debilidad respaldada por toda la potencia del aparato militar estadounidense. Debemos anticipar enfrentamientos militares de mayor envergadura antes de octubre de este mismo año, incluidos nuevos despliegues de la Guardia Nacional y, quizá, incluso la imposición de la ley marcial.

Las guerras impopulares y carentes de un mandato claro, especialmente aquellas que implican bajas estadounidenses u otros sacrificios internos, pueden precipitar la caída de un régimen. Nuestra tarea consiste en convertir esta guerra —junto con los demás errores de Trump y los conflictos que se avecinan— en una carga insoportable para toda la clase dominante. Hará falta una fuerza popular enorme para desalojar a Trump del poder, por lo que debemos impulsar propuestas igual de ambiciosas y no limitarnos a reclamar un regreso a un statu quo centrista que ya es profundamente impopular. Las personas revolucionarias deben prepararse para superar las maniobras centristas destinadas a estabilizar el Estado sin transformarlo. Aunque ahora pueda parecer difícil de imaginar, los levantamientos y las revoluciones se desarrollan con rapidez: a lo largo de 2024, las revoluciones protagonizadas por la llamada «Generación Z» derribaron regímenes en distintas partes del mundo.

En todo Estados Unidos se han repetido consignas como «No más sangre por petróleo». Sin embargo, Trump ha llegado a la conclusión de que su base social desea ambas cosas: petróleo y sangre. Los movimientos contra la guerra tienden a adoptar un enfoque conservador, centrado en presionar a las instituciones estatales; pero, como ya hicieron administraciones anteriores, el régimen de Trump ha dejado claro que no se siente condicionado por la oposición. En lugar de limitarse a protestas simbólicas y a la formulación de demandas, es necesario construir movimientos horizontales capaces de responder a las necesidades reales mediante la acción directa. Estos movimientos deben centrarse en las condiciones compartidas por la gente común, desde Caracas hasta Minneapolis: pobreza, austeridad, expolio de recursos básicos, control ejercido por mercenarios violentos y gobiernos de magnates que no rinden cuentas. En este sentido, la resistencia contra la Oficina de Inmigración y Aduanas en distintos puntos de Estados Unidos constituye un paso prometedor.

Si, como sugiere Stephen Miller, los gobiernos no representan ni los deseos ni la voluntad de quienes gobiernan; si —como ya debería resultar evidente— no actúan en defensa de nuestros intereses, sino únicamente para acaparar la mayor cantidad de riqueza posible, entonces nadie está moralmente obligado a obedecerlos. La única cuestión es cómo acumular la fuerza colectiva suficiente —el poder popular, el poder horizontal— para derrotarlos.

Apéndice: lecturas adicionales

Como punto de partida, se recomienda consultar «Denunciamos la ofensiva imperialista contra Venezuela», una declaración internacional de organizaciones anarquistas latinoamericanas publicada en diciembre de 2025.

Para profundizar en la situación venezolana, las personas lectoras hispanohablantes pueden acudir al archivo de la ya desaparecida publicación anarquista venezolana El Libertario. Allí se encuentran, entre otros materiales, una evaluación crítica de las organizaciones sociales bolivarianas de 2006 y una recopilación de textos sobre el papel de la industria petrolera en la represión de los movimientos populares de base y su integración en la economía global. Por ejemplo:

«Venezuela forma parte de un proceso de construcción de nuevas formas de gobernanza en la región, que han desmovilizado a los movimientos sociales surgidos en respuesta a las políticas de ajuste estructural de la década de 1990, relegitimando tanto al Estado como a la democracia representativa para cumplir con las cuotas de exportación de recursos naturales hacia los principales mercados mundiales» — Ley Habilitante: dictadura para el capital energético, en El Libertario, nº 62, marzo-abril de 2011.

Desde esta perspectiva, el ataque de Trump contra Venezuela puede entenderse como una continuación contemporánea de ese mismo «proceso de construcción de nuevas formas de gobernanza en la región».

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Por Yadira Márquez. Extraído de Zona de Estrategia

Son cerca de las dos de la madrugada del sábado 3 de enero cuando los habitantes de Caracas despiertan con un estruendo espantoso; son bombas y misiles que caen en distintos puntos de la ciudad. Tres explosiones destruyen parte del aeropuerto de La Carlota, ubicada en una zona poblada del este de la ciudad. La onda expansiva hace retumbar casas y edificios a kilómetros a la redonda. El Fuerte Tiuna, zona ubicada en el sur, donde se concentra el poder militar (el ministerio de la defensa, la sede de las FFAA) y residencia de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, es atacado brutalmente por unos diez helicópteros militares estadounidenses. Caen las bombas y las instalaciones arden. Las familias de militares residentes en la zona huyen. Buena parte de la ciudad se queda sin energía eléctrica ni internet. Al tiempo, son bombardeadas otras instalaciones militares y de comunicación en otros puntos del país.

El pánico se apodera de la gente y poco a poco va dando paso al desconcierto. Para la mayoría de los venezolanos, aunque la invasión haya sido anunciada por Donald Trump durante meses, ser bombardeados por naves militares yankees era una distopía, algo absolutamente irreal o un delirio del gobierno.

Mientras, distintos puntos de Caracas, el estado Vargas, Aragua y Miranda arden y la gente que habita a sus alrededores sale a las calles despavorida, los medios oficiales guardan silencio. Por las redes del chavismo circula el llamado a la calma, el discurso de que se trata de pequeños ataques, e incluso, que se trata de naves venezolanas, es decir, lo de siempre; menospreciar o tapar lo que está pasando, aunque el gobierno pueda estar cayendo. En Venezolana de Televisión (el canal del Estado), una reportera apostada en una calle vacía hablaba de la normalidad y control de la situación.

La gente se vuelca a las redes para conseguir algo de información, para entender lo que pasa, para administrar la angustia. Van circulando videos de las explosiones, los ataques, los incendios. Vemos helicópteros enormes atravesando el cielo de la ciudad entre la oscuridad. Imágenes inconexas, sueltas, sin un hilo que vaya generando un sentido. Esas dos horas se hacen eternas por la magnitud de la violencia y el terror que siembra.

Solo pasadas las cuatro de la mañana se conocen las declaraciones de Donald Trump, que anuncia que las fuerzas de seguridad norteamericanas han secuestrado al presidente Maduro y a Cilia Flores y que los llevan a Estados Unidos para ser juzgados por crímenes como narcotráfico, posesión de armas de guerra y cualquier otra cosa.

Casi dos horas después de los bombardeos aparece el Ministro de la Defensa, solo, en un video grabado, denunciando de que se trata de una agresión imperial. Ninguna explicación de qué pasó, de por qué la defensa falló y mucho menos reconociendo su responsabilidad en esa falla. El canal del Estado anuncia que se ha decretado “Estado de Conmoción Externa”, lo que implica excepcionalidad y restricción de garantías constitucionales, de nuevo sin detalle ni explicación alguna. Hay un silencio hermético que aumenta el desasosiego y la incertidumbre, primero, y luego, la sospecha.

En su alocución posterior, un Donald Trump emocionado habla del éxito de la “operación”. “Fue perfecta”, “la vi en directo como si fuera una película”, “si ustedes hubieran visto la velocidad, la violencia”, “solo nosotros podíamos hacerlo” dice, con una excitación casi obscena. Es poder regocijándose sobre sí mismo, celebrando su propia barbarie, narcisista, delirante.

Dos días después de la invasión en Venezuela hay un ambiente de incredulidad por lo sucedido, de conmoción por la agresión y por la soberbia que la rodea, pero también de incertidumbre por lo que vendrá. Los medios de comunicación, controlados por el gobierno, mezclan documentales de animales con lectura de comunicados oficiales llenos de consignas y nada más. Tampoco encontramos información en otros medios públicos como Telesur que fue creada para combatir el cerco mediático. Las pocas alocuciones oficiales, después de los discursos  antimperialistas de rigor, han llamado a la calma y a la normalidad. No hay información. No hay datos, no hay cifras de heridos y fallecidos, no hay registro de las zonas destruidas, no hay análisis de lo qué ocurrió y de cómo ocurrió. Posiblemente porque explicar cómo penetraron el sistema de defensa sin bajas visibles en el equipamiento o personal militar estadounidense, o mejor dicho, explicar por qué los sistemas de defensa no se activaron, aunque la invasión había sido anunciada durante meses, es bastante comprometedor para quien controla los medios y detenta hasta ahora el poder.

La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, es designada presidenta “encargada” gracias a la maniobra legal del Tribunal Supremo de Justicia, que decreta ausencia temporal del presidente (y no la ausencia definitiva) y así evita la obligación de convocar a elecciones en 30 días. En su intervención del sábado por la tarde lanza las consignas antiimperialistas de rigor, pero el domingo invita al gobierno de Estados Unidos a construir una agenda de colaboración y dice que su prioridad es un vínculo armónico con ese país.

Por su parte, las declaraciones de Marco Rubio hacen que todas las narrativas creadas para justificar la agresión se desmoronen. No hay ninguna alusión a cómo desmantelaran el supuesto “cartel de los soles”, no se habla de elecciones, de derechos humanos, ni se menciona el destino de los más de 800 presos políticos encerrados en condiciones inhumanas.

Entre la gravedad de los hechos y el vacío de información las venezolanas, quedamos atrapadas en la incertidumbre y la necesidad de hallar sentido. Los opositores seguidores de María Corina Machado, hacen malabarismos retóricos para tratar de explicar cómo es que, a pesar de ser promotores de la invasión, los dejaron por fuera de la negociación. Los seguidores del gobierno tratan de hacer conciliar la indignación por la agresión imperial con los llamados a la normalidad. Es un país escindido hasta en el desconcierto.

Quienes no comulgamos ni con la oposición clasista y antidemocrática (y su ingenuo relato de salvación), ni con el gobierno impopular que se está resquebrajando, optamos por atar los retazos de información de aquí y de allá. La ausencia de un relato coherente que hile un suceso tan atroz, con el llamado a la calma y a la normalidad produce un vacío de sentido. La gente no sabe muy bien cómo describir lo que se siente, hay un estado general de conmoción y a la vez de pasividad general.

Es difícil no pensar en negociaciones para entregar a Maduro (o no resistir al secuestro, que es casi lo mismo). En especial, después de que los portavoces del gobierno estadounidense hayan dicho que esto se viene preparando con participación interna desde hace meses. Y, menos aún, después de que Marco Rubio declarara que ha estado en conversaciones con Delcy Rodríguez quien se ha mostrado siempre “dispuesta a colaborar”. Sabemos que el principal interés del gobierno estadounidense (además del geopolítico) es la riqueza petrolera venezolana. Ya Donald Trump anunció que va a invertir en la infraestructura petrolera para recuperarla y que genere riqueza para el país –¿el suyo?–. También dijo que para eso necesita en el poder a quien le garantice un mínimo de gobernabilidad y estabilidad.

Mientras tanto, queda la sensación de que nunca sabremos exactamente cómo se fraguó y ejecutó la agresión. Pero la incertidumbre hacia el futuro inmediato es muy grande para detenernos a pensar en ello. Las preguntas sobre lo que puede pasar se multiplican. En ese escenario, la idea de que el gobierno bolivariano se convierta en el nuevo administrador de las petroleras gringas se nos aparece como una imagen bizarra, como el más triste final de lo que alguna vez fue un sueño revolucionario.

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Este artículo sobre las intervenciones de Estados Unidos en América Latina ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.

A lo largo del último siglo, las intervenciones de Estados Unidos en América Latina han configurado buena parte de la historia política, económica y social del continente. Desde ocupaciones militares directas hasta golpes de Estado, guerras por delegación y sanciones económicas, la política exterior estadounidense ha tratado la región como un espacio de intervención legítima. No se trata de una suma de errores aislados, sino de una lógica persistente de dominación que atraviesa distintas épocas y gobiernos.

Hacemos un repaso a las principales intervenciones estadounidenses –directas o indirectas– en el continente americano.

Cuba, Puerto Rico y el origen del imperio (1898–presente)

La guerra hispano-estadounidense de 1898 marca el inicio del siglo americano en la región. Puerto Rico no fue “intervenido”: fue colonizado. Más de un siglo después sigue siendo un territorio no incorporado, sin soberanía plena y sometido a decisiones económicas y fiscales impuestas desde Washington.

Cuba, formalmente independiente, quedó bajo tutela estadounidense durante décadas, con bases militares, gobiernos condicionados y una economía subordinada. La Revolución de 1959 rompió ese marco y desencadenó una represalia prolongada: invasión en Bahía de Cochinos (1961), operaciones encubiertas, sabotajes y un embargo económico que persiste hasta hoy. El objetivo no fue solo derrocar a un gobierno, sino hacer inviable un modelo político alternativo.

México (1914–1917): ocupación y castigo ejemplar

En 1914, Estados Unidos ocupó militarmente Veracruz durante siete meses. Años después, lanzó la Expedición Punitiva contra Pancho Villa, con miles de soldados penetrando en territorio mexicano. No se trató de una guerra formal, sino de una demostración de poder: México podía ser castigado sin declaración de guerra.

Haití (1915–1934): ocupación, trabajo forzoso y Estado fallido

La ocupación de Haití por los marines supuso la disolución del Parlamento, la reescritura de la Constitución para permitir la propiedad extranjera de la tierra y la imposición de sistemas de trabajo forzoso (corvée). La represión de las revueltas campesinas dejó miles de muertos, según estimaciones históricas. Estados Unidos se retiró dejando un Estado debilitado y una estructura represiva que condicionaría todo el siglo XX haitiano.

Nicaragua (1912–1933): marines, Sandino y Somoza

Las ocupaciones estadounidenses en Nicaragua culminaron con la retirada formal de los marines, pero no con el fin del control. Washington dejó el monopolio de la violencia en manos de la Guardia Nacional, creada y entrenada por EE. UU. En 1934, esta fuerza asesinó a Augusto César Sandino. Poco después, su jefe, Anastasio Somoza García, instauró una dictadura familiar que duró más de cuatro décadas. La intervención no fue puntual: fue estructural.

República Dominicana (1916–1924 / 1965): invasión para frenar la democracia

Estados Unidos ocupó el país entre 1916 y 1924 y volvió a intervenir en 1965, cuando 42.000 soldados desembarcaron para impedir el retorno del presidente constitucional Juan Bosch. La invasión dejó miles de muertos civiles y consolidó un régimen alineado con Washington tras la dictadura de Trujillo.

Guatemala (1954): el golpe que abrió la era del terror

En 1954, la CIA organizó el derrocamiento del presidente Jacobo Árbenz, mediante bombardeos limitados, guerra psicológica y presión diplomática. El golpe puso fin a un gobierno democrático y abrió una cadena de dictaduras militares.

El resultado final fue una guerra interna de 36 años con más de 200.000 muertos y desaparecidos, mayoritariamente población indígena. La ONU calificó las campañas contrainsurgentes de los años ochenta como genocidio. Washington nunca asumió responsabilidad alguna.

Brasil (1964): el golpe preventivo

Estados Unidos apoyó logística y políticamente el golpe militar contra João Goulart. La dictadura resultante (1964–1985) dejó centenares de asesinados, miles de torturados, censura y persecución política. El mensaje fue claro: incluso reformas moderadas eran inaceptables.

Chile (1973): democracia aplastada

Estados Unidos financió la desestabilización económica y política del gobierno de Salvador Allende. El 11 de septiembre de 1973, los militares bombardearon el palacio de La Moneda. Allende murió ese día.

La dictadura de Pinochet dejó más de 3.000 asesinados y desaparecidos, decenas de miles de torturados y un país transformado en laboratorio neoliberal. No fue una desviación: fue una decisión estratégica.

Operación Cóndor (1975–1983): terrorismo de Estado coordinado

Chile no fue una excepción. Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil coordinaron secuestros, torturas y asesinatos a través de la Operación Cóndor. Estados Unidos no dirigió cada operación, pero facilitó inteligencia, formación y cobertura diplomática. En Argentina, el saldo fue de 30.000 desaparecidos. Washington sabía. Y calló.

Centroamérica en los años ochenta: guerras sucias por delegación

En El Salvador, Estados Unidos financió un ejército responsable de masacres como El Mozote, donde casi 1.000 civiles fueron asesinados. La guerra dejó 75.000 muertos. En Nicaragua, armó a la contra, un grupo paramilitar acusado de terrorismo sistemático contra la población civil. Honduras se convirtió en plataforma militar regional.

El resultado fue devastador: sociedades rotas y democracias frágiles.

Granada (1983): invasión exprés

Estados Unidos invadió Granada para derrocar al gobierno surgido tras el asesinato de Maurice Bishop. La operación, presentada como rescate humanitario, fue una intervención militar directa contra un pequeño Estado caribeño.

Panamá (1989): invasión abierta

Cuando Manuel Noriega dejó de ser útil, Estados Unidos invadió Panamá. Bombardeó barrios densamente poblados para capturar a un antiguo aliado. Las estimaciones independientes sitúan las víctimas civiles entre varios centenares y algunos miles. La operación fue presentada como quirúrgica. Fue una invasión clásica.

Haití (2004): derrocamiento en el siglo XXI

Estados Unidos participó activamente en la destitución forzada de Jean-Bertrand Aristide, junto a Francia y Canadá. El resultado fue una nueva ocupación internacional y el colapso institucional que aún persiste.

Honduras (2009): golpe legitimado

El golpe contra Manuel Zelaya fue condenado retóricamente, pero tolerado en la práctica. Desde entonces, Honduras ha vivido una intensificación de la violencia política y el asesinato de activistas como Berta Cáceres.

Bolivia (2019): presión y ruptura institucional

Estados Unidos no ejecutó el derrocamiento, pero respaldó el marco político y diplomático que legitimó la salida forzada del gobierno de Evo Morales y abrió un periodo de represión con decenas de muertos.

Venezuela (2002–presente): sanciones y asfixia

Desde el apoyo al golpe fallido de 2002 hasta las sanciones económicas, la estrategia ha sido el cambio de régimen. El impacto ha recaído de forma directa sobre la población civil. El secuestro del Nicolás Maduro es solamente el último acto de una larga historia de opresión, intervencionismo, e incumplimiento del derecho internacional.

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Por Juan Torres López, Consejo Científico de Attac. Publicado originalmente para ctxt.

El problema de fondo no es Trump, sino que el imperio en declive ya no puede pagar aliados, que debe defenderse a sí mismo y que hará lo que sea necesario para que Europa desaparezca del tablero internacional.

Hay muchos motivos por los que el año que está a punto de acabar merece ser recordado con frustración y dolor. Hemos vuelto a contemplar auténticos genocidios. Según el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), el número de conflictos armados ha vuelto a ser el más elevado desde la Segunda Guerra Mundial, involucrándose en algunos de ellos potencias nucleares, con el riesgo añadido que eso conlleva. Amnistía Internacional ha mostrado que la situación de los derechos humanos se deteriora en todo el mundo. Las causas, según esta organización, son la “inacción colectiva para abordar la crisis climática, revertir las desigualdades cada vez más profundas y restringir el poder de las empresas”, así como “la deriva hacia prácticas autoritarias y crueles medidas represivas contra la disidencia en todo el mundo”.

Hay, pues, numerosos elementos que podrían ser tomados como muestra de la desastrosa situación en la que se encuentra el planeta. Sin embargo, me parece que hay uno que tiene una especial relevancia geopolítica y estratégica, y que yo elegiría como referente de 2025: la renuncia de la Unión Europea a ser un baluarte libre y autónomo de la paz y la democracia, y el reconocimiento público de su sometimiento servil e indigno hacia Estados Unidos.

Costaría trabajo señalar un solo mes en el que no se haya producido una ofensa, un insulto, una amenaza, alguna muestra de enemistad de la administración Trump hacia la UE

Costaría trabajo señalar un solo mes del año en el que no se haya producido una ofensa, un insulto, una amenaza, alguna muestra, en fin, de desprecio, agresividad y enemistad de la administración de Donald Trump hacia la Unión Europea, sus valores fundacionales y su ciudadanía. Y el mismo esfuerzo llevaría encontrar alguna respuesta firme, digna y con coraje por parte de sus mandatarios. 

En febrero de 2025, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, el vicepresidente JD Vance criticó que Europa defienda la democracia, y señaló a la extrema derecha neofascista como la portadora de los valores que Estados Unidos quiere compartir en nuestro continente. Poco más tarde, Trump ridiculizó a Zelenski y después los líderes europeos lo visitaron para ser recibidos como alumnos a quienes el director de la escuela apercibe y da instrucciones. Después, la mayoría de los gobiernos europeos se arrodillaron ante “papito”, según llamó el secretario general de la OTAN a Trump, y aceptaron un caprichoso, irracional e injustificado compromiso de llegar al 5 % del PIB en gasto militar. Por si eso fuese poco, la presidenta de la Comisión Europea superó todas las marcas de la indignidad aceptando las imposiciones comerciales del presidente estadounidense en un campo de golf propiedad de este último. La Estrategia Nacional de Seguridad publicada hace unas semanas confirmó de la forma más nítida posible que Estados Unidos desprecia a la Unión Europea y que se dispone a apoyar a las fuerzas políticas que ponen en cuestión su propia existencia. El año termina con sanciones a dirigentes europeos que pusieron en marcha normas comunitarias en defensa de libertades y derechos de ciudadanía elementales.

Ante todo eso, la Unión Europea apenas ha abierto la boca. O ha callado, o no ha ido más allá de mostrar algunas respuestas tibias, tan tímidas, impotentes e ineficaces que, en lugar de reforzar o marcar su posición, lo que han conseguido es producir vergüenza y quedarse en una situación aún más insignificante, en ridículo y en evidencia en el escenario internacional. Ha sido tan sumisa ante las afrentas de Estados Unidos como silente ante las crueldades de Israel en Palestina. En ambos casos, cobarde y, por tanto, cómplice de la autocracia y del crimen.

La única reacción consistente de Europa ha sido el rearme

La única reacción consistente de Europa ha sido el rearme. Una respuesta, sin embargo, que la debilita aún más porque es una estrategia que carece de elementos esenciales para poder ser una sincera y útil apuesta para garantizar nuestra defensa: unidad política y un ejército auténticamente paneuropeo, no depender del material bélico y de la inteligencia de terceros y en concreto de Estados Unidos, autonomía energética e industria potente y, sobre todo, una ciudadanía dispuesta a tomar las armas bajo una misma bandera. El aumento del presupuesto militar sólo lleva a lo único que saben hacer bien los dirigentes y las instituciones europeos, aumentar las ganancias de las grandes corporaciones.

La Unión Europea ha capitulado ante Estados Unidos cuando este se ha mostrado como enemigo de Europa. Y lo peor no es que lo haya hecho ante los aranceles, las anunciadas sanciones a empresas o las ya establecidas sobre personalidades europeas, como he mencionado, o ni siquiera ante la que va a ser cada vez mayor intromisión trumpista en Europa para apoyar al neofascismo europeo. Lo que realmente está dando por bueno es lo que Estados Unidos ya expresa sin ningún disimulo: su nueva y obligada estrategia para sobrevivir como potencia imperial pasa por reducir Europa a la nada, económica y políticamente hablando.

La pregunta clave en esta situación es si la Unión Europea está en condiciones de responder de otro modo, o si necesariamente ha de darse por vencida, aun a sabiendas de que esto sólo la llevará a la irrelevancia internacional y quizá por un camino sin vuelta atrás hacia su progresiva desintegración.

Johnny Ryan, director de Enforce, una unidad del Consejo Irlandés para las Libertades Civiles que supervisa los derechos humanos en las grandes plataformas digitales, escribió en septiembre pasado un artículo significativamente titulado Europa debe tomar la bazuca o será humillada. De él se deduce que si Europa no se está defendiendo es porque sus dirigentes no lo desean, y no porque carezcan de medios para hacerlo.

El arma a la que se refería Ryan es, simple y llanamente, que Europa cumpla sus propias leyes –en concreto el Reglamento General de Protección de Datos– y que utilice los instrumentos anticoerción de los que dispone. 

Como señala Ryan en otro un artículo posterior publicado en The Guardian, se sabe que las grandes empresas tecnológicas estadounidenses están entrenando sus modelos de IA con grandes cantidades de datos personales, algo que es ilegal en Europa y que sólo salvan gracias a que la Comisión Europea viene haciendo la vista gorda con la normativa muy laxa en ese aspecto de Irlanda. 

Ante las amenazas y agresiones trumpistas, Europa podría recurrir al mismo tipo de restricciones que impone EEUU y bloquear la producción de chips

Si la Unión Europea “tuviera el coraje de ejercer esta presión –dice Ryan– estas empresas tecnológicas estadounidenses tendrían que reconstruir sus tecnologías desde cero para gestionar los datos correctamente”. Y a esto se podría añadir que Europa dispone de otra “bomba” que produciría un daño inmenso a la economía estadounidense si la utilizara: la empresa neerlandesa ASML –sujeta a legislación neerlandesa, normativa europea, y decisiones políticas del gobierno holandés y de la Unión Europea– es la única que fabrica las máquinas de litografía sin las cuales no se pueden grabar los microchips esenciales para las grandes empresas tecnológicas estadounidenses. Ante las amenazas y agresiones trumpistas, Europa podría recurrir al mismo tipo de restricciones que impone Estados Unidos y bloquear la producción de chips.

Como dice Ryan, es poco probable que la burbuja de la inteligencia artificial sobreviviera a este doble impacto. La Unión Europea podría frenar en seco la economía estadounidense, actualmente impulsada por la inversión en inteligencia artificial. 

Son sólo dos ejemplos que fácilmente demuestran que Europa sí dispone de instrumentos para enfrentarse inmediatamente a Estados Unidos y negociar en lugar de someterse, si sus dirigentes quisieran; como han querido los de Brasil, por ejemplo, cuando han plantado cara con dignidad a una potencia mucho más poderosa.

La inacción de Europa es el resultado de muchas décadas de sometimiento al imperio, de democracia inexistente 

No se trata, sin embargo, de una simple falta de voluntad y dignidad de las autoridades europeas. Su inacción es el resultado de muchas décadas de sometimiento al imperio, de democracia inexistente a escala paneuropea, de un diseño institucional concebido para satisfacer la avaricia corporativa en lugar de para generar bienestar y que, por tanto, ha dejado sin suficiente protección ni seguridad a la gente corriente, lo que ahora la lleva a caer cada vez más en brazos de la extrema derecha. En lugar de generar pulsión democrática que le ayudara a defenderse de agresiones exteriores, los dirigentes y las instituciones europeas se han convertido en la fuente de insatisfacción que alimenta al autoritarismo; y la vergüenza y repulsa ante el modo en que se comportan sus dirigentes sustituyen al afecto y la complicidad que son imprescindibles para forjar comunidades unidas, libres y estables.

Quienes han decidido y deciden ahora los destinos de Europa sometiéndose al imperio de las grandes empresas y al interés de Estados Unidos la han convertido en enemiga de sí misma. En una especie de enferma autoinmune, pues ella misma genera los elementos que la atacan, en lugar de producir los valores de la paz, la democracia, el bienestar y la seguridad como las mejores y más efectivas defensas ciudadanas y civilizatorias que son para protegerse de cualquier amenaza exterior. 

Y sólo hay un error mayor que eso: creer que se sufre una simple enfermedad pasajera que desaparecerá cuando Donald Trump abandone la Casa Blanca. En el supuesto optimista que no venga una etapa aún peor en 2028, la vuelta del Partido Demócrata podrá aliviar las formas, pero no evitar lo fundamental, como ya empezó a ocurrir con Obama y Biden, o hubiera sucedido si hubiese ganado Kamala Harris. El problema de fondo no es Trump, sino que el imperio en declive ya no puede pagar aliados, que debe defenderse a sí mismo y que hará lo que sea necesario para que Europa desaparezca del tablero internacional. Es lo que ocurrirá inexorablemente si aquí no se recupera la dignidad y si no se da completamente la vuelta al diseño de la Unión Europea.

La entrada 2025: El año en que sentimos vergüenza de ser europeos se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Por John Feffer, autor de la novela distópica Splinterlands y director de Foreign Policy In Focus en el Institute for Policy Studies. 

Traducido por Sinfo Fernández para ‘Voces del Mundo’

Extraído de Lo Que Somos

Donald Trump tiene sin duda ambiciones globales. Está utilizando los aranceles para remodelar la economía mundial. Está retirando a Estados Unidos del mayor número posible de organizaciones y acuerdos multinacionales con el fin de destruir el orden internacional liberal. Y ha alternado entre enfrentarse a adversarios (como Irán) y negociar un alto el fuego (como el de Gaza).

Pero también tiene objetivos hemisféricos: consolidar la hegemonía estadounidense en el “patio trasero” de América Latina y el Caribe. En cierto modo, estos objetivos no son más que una versión a pequeña escala de sus ambiciones globales. Aquí también está imponiendo aranceles tanto a aliados como a adversarios. Ha amenazado con retirar a Estados Unidos de pactos multinacionales como la Organización de Estados Americanos. Ha apoyado a amigos autocráticos —Nayib Bukele de El Salvador, Javier Milei de Argentina, Daniel Noboa de Ecuador— y ha tratado de castigar a cualquiera que se le haya enfrentado, incluidos Lula en Brasil y Gustavo Petro en Colombia.

En este contexto, su política hacia Venezuela parece apartarse de su enfoque habitual hacia los adversarios de Estados Unidos, que suele consistir en negociaciones transaccionales (como con Corea del Norte y Bielorrusia) o, más frecuentemente, en amenazas y acciones no militares (como con China y Rusia). En los últimos meses, por el contrario, la administración Trump ha atacado a casi dos docenas de embarcaciones en el Caribe y el océano Pacífico oriental, y ha matado a más de 80 personas, a la mayoría de las cuales la administración ha intentado vincular con Venezuela. Estados Unidos ha puesto precio (50 millones de dólares) a la cabeza del líder venezolano Nicolás Maduro. Ha enviado una considerable potencia de fuego a la región, incluyendo aviones F-35, ocho buques de guerra de la Armada, un buque de operaciones especiales, un submarino de ataque de propulsión nuclear y el portaaviones USS Gerald R. Ford, junto con aproximadamente 10.000 soldados estadounidenses y 6.000 marineros. Por si fuera poco, la administración también ha anunciado el envío de una misión de la CIA a Venezuela.

Esta fuerza militar es suficiente para llevar a cabo una guerra aérea sostenida contra Venezuela. Sin embargo, un asalto anfibio o una invasión terrestre requerirían de al menos 50.000 soldados, según el CSIS, por lo que aún no parece estar en el horizonte. Trump ha sugerido que la guerra es improbable, pero rara vez revela sus planes con antelación. Por el momento, esta demostración de fuerza parece diseñada para intimidar a Maduro y obligarlo a dimitir o para envalentonar a la oposición o a elementos del ejército para que tomen el poder.

En otros países, su gobierno no ha dudado en amenazar con acciones militares (como en Groenlandia) o incluso usar la fuerza (como en Irán). Pero la campaña contra Venezuela es de una magnitud mucho mayor. La declaración de “guerra” contra los “narcoterroristas” proporciona a ese gobierno una justificación casi ilimitada para matar a cualquiera que se considere una amenaza para los intereses nacionales de Estados Unidos. Trump ha criticado periódicamente a gobiernos anteriores por su participación en “guerras eternas”, un mensaje populista que caló hondo en muchos votantes. Sin embargo, esta nueva versión de la guerra eterna contra las drogas, con objetivos imprecisos y sin un cronograma claro, no ha suscitado muchas críticas por parte de los partidarios republicanos de Trump. Una votación en el Senado para invocar la Ley de Poderes de Guerra fracasó por un estrecho margen, al obtener sólo dos votos republicanos.

A primera vista, la estrategia de Trump para señalar a Venezuela parece más oportunista que estratégica. El gobierno venezolano, especialmente después de que las elecciones presidenciales de 2024 revelaran un descontento generalizado con el régimen, es relativamente débil. La economía venezolana sufre la tasa de inflación más alta del mundo y una grave erosión del nivel de vida. De la misma manera en que Trump bombardeó Irán sólo después de que Israel hubiera hecho que dicha misión estuviera prácticamente libre de riesgos, está presionando a Venezuela porque su modesto tamaño, debilidad militar y gobierno impopular la convierten en un blanco fácil.

Pero Cuba también sufre desafíos internos similares y (aún) no ha merecido una campaña de presión estadounidense a gran escala. Venezuela ha suministrado petróleo a Cuba durante las últimas dos décadas, evitando que su economía colapsara. Sin embargo, ese comercio ha disminuido sustancialmente, de 56.000 barriles diarios a tan sólo 8.000 en junio de 2025. Actores clave de la administración Trump, en particular el secretario de Estado Marco Rubio, llevan mucho tiempo abogando por un cambio de régimen en Cuba. Por lo tanto, una posible explicación de la campaña contra Venezuela es su capacidad para aislar aún más a Cuba y posiblemente desencadenar un cambio de régimen allí como parte de una nueva teoría del efecto dominó sostenida por algunos sectores de la administración.

Sin embargo, el equipo de Trump no está del todo unificado en su enfoque hacia Venezuela. Un ala neoaislacionista ha estado presionando contra las estrategias de cambio de régimen. Hasta hace poco, el enviado de Trump a Venezuela, Richard Grinnell, impulsaba esta postura, y Maduro se mostró más que receptivo a una solución diplomática. Según The New York Times, Maduro “ofreció abrir todos los proyectos petroleros y auríferos existentes y futuros a empresas estadounidenses, otorgar contratos preferenciales a empresas estadounidenses, revertir el flujo de exportaciones petroleras venezolanas de China a Estados Unidos y recortar drásticamente los contratos energéticos y mineros de su país con empresas chinas, iraníes y rusas”. Ni siquiera esta generosa oferta, que rozaba lo servil, logró convencer a Trump.

El oportunismo no explica del todo la magnitud de los esfuerzos de Trump en Venezuela y sus alrededores. Tampoco lo hace la conocida animadversión hacia Maduro que se remonta a su primer mandato. Aunque los instintos de Trump son generalmente transaccionales, de vez en cuando realiza cálculos geopolíticos. En este caso, Venezuela atrae su atención porque, a diferencia de Cuba, se encuentra en la encrucijada de varias obsesiones: la inmigración, las drogas, los combustibles fósiles y China.

Expulsar a China del hemisferio

China es ahora el principal socio comercial de Sudamérica y el segundo de América Latina en su conjunto. La región envía a China materias primas como soja, cobre y petróleo a cambio de productos manufacturados. La Iniciativa de la Franja y la Ruta de China ha canalizado inversiones considerables hacia proyectos de minería, agricultura e infraestructura en toda América Latina. Pekín también ha abierto múltiples líneas de crédito para los países de la región. Venezuela es el mayor prestatario, con una deuda de 60.000 millones de dólares con China, el doble de la del siguiente mayor receptor, Brasil.

La administración Trump se centra en desvincular la economía estadounidense de la china. Su mayor ambición es desvincular todo el hemisferio, empezando por América del Norte. Su estrategia hasta el momento en las negociaciones con Canadá y México, que se llevarán a cabo de forma bilateral o trilateral mediante la renegociación del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, ha sido cerrar el acceso de China a los mercados norteamericanos mediante el bloqueo del transbordo de productos terminados chinos, la reducción de la cantidad de piezas y componentes chinos en la cadena de suministro y la restricción de la inversión china en plantas de fabricación que luego exportan a Estados Unidos. Trump está obsesionado con los intentos chinos de entrar al mercado norteamericano a través de estas puertas traseras, aunque el uso chino de estas estrategias es bastante modesto. Los negociadores comerciales estadounidenses han estado presionando a sus homólogos mexicanos y canadienses para que bloqueen estos puntos de entrada al mercado estadounidense.

Trump está ejerciendo presiones similares sobre otros líderes latinoamericanos. Comenzó presionando a Panamá para que se retirara de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Más recientemente, ha centrado su atención en Argentina, que es el segundo socio comercial más importante de China en la región después de Brasil. China ha invertido en varios proyectos importantes de infraestructura en Argentina, incluyendo dos represas hidroeléctricas, un observatorio espacial y la construcción de otra central nuclear. Trump, mientras tanto, ha otorgado un paquete de rescate de 20.000 millones de dólares a Milei para prevenir una crisis económica, dejando clara su preferencia por que Argentina degrade su relación con China.

Se ha hablado mucho de que Trump recurra a una estrategia geopolítica de “esferas de influencia”, por la que China se centra en Asia, Rusia en sus “países circundantes” y Estados Unidos en América. Esta división del mundo quizás se alinee con la preferencia de Trump por considerar la geopolítica como un negocio por otros medios, con diferentes regiones funcionando como territorio corporativo.

Pero Trump no está retirando a Estados Unidos del resto del mundo. Ha asegurado derechos mineros en Ucrania, ha negociado la participación estadounidense en un corredor de transporte entre Armenia y Azerbaiyán, y ha establecido acuerdos sobre minerales con el “club de naciones” (Australia, Camboya, Japón, Malasia y Tailandia). Y su administración está redoblando sus esfuerzos para contener a China mediante alianzas, la expansión de bases en el Pacífico y un mayor gasto del Pentágono.

Mientras tanto, la estrategia de Trump hacia las Américas se enfrenta a una considerable resistencia. México ha afirmado su soberanía respecto a su relación económica con China y su rechazo a la intervención militar estadounidense contra el narcotráfico. El gobierno brasileño se ha negado a dar marcha atrás en el procesamiento del expresidente Jair Bolsonaro ante el aumento de los aranceles estadounidenses. Incluso Ecuador, donde el presidente Daniel Noboa tiene una fuerte afinidad ideológica con Trump, no puede permitirse poner en peligro su relación con China, que ha implicado un considerable volumen de comercio, inversiones en infraestructuras y 11.000 millones de dólares en préstamos.

El esfuerzo de Trump por reducir la influencia económica china en la región tiene menos que ver con una estrategia geopolítica de “esferas de influencia” que con el deseo del presidente de reducir la dependencia de Estados Unidos —y, por extensión, la dependencia hemisférica— de Pekín. Quiere que las corporaciones, los bienes y el capital estadounidenses ocupen el primer lugar en América Latina, no en el sentido de una producción globalizada, sino en un sistema radial donde todas las decisiones clave y la fabricación se realicen en Estados Unidos.

Otros factores que impulsan la política trumpista hacia Venezuela

Donald Trump ganó la reelección en gran medida gracias a su enfoque en asuntos internos, especialmente en inmigración, drogas y política energética. Minimizó deliberadamente los asuntos internacionales, salvo para prometer el fin de varias guerras que le costaban dinero y armas a Estados Unidos.

Sin embargo, Venezuela reúne muchos de los objetivos nacionales de Trump. Si bien el país no es la principal fuente de cocaína ni fentanilo que entra en Estados Unidos, Trump ha caracterizado la operación criminal venezolana Tren de Aragua y al gobierno de Maduro como responsables clave de asesinatos de estadounidenses a través de las drogas. También ha utilizado el Tren de Aragua para vilipendiar a inmigrantes y ha hecho un gran alarde de la deportación de venezolanos presuntamente vinculados con la pandilla a una prisión de alta peligrosidad en El Salvador (pocos, si es que alguno, de los deportados tenían tales conexiones). La orden del gobierno que canceló el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para aproximadamente 300.000 venezolanos residentes en Estados Unidos mencionaba repetidamente el Tren de Aragua.

Venezuela posee las mayores reservas comprobadas de petróleo del mundo, cinco veces más que las de Estados Unidos. Las compañías petroleras estadounidenses, principalmente Chevron, han colaborado con la petrolera estatal venezolana para producir y transportar petróleo. Trump inicialmente rompió esa relación, pero la restableció discretamente en julio. Simultáneamente, la administración Trump impuso un arancel adicional a los países importadores de petróleo venezolano. Sin embargo, las exportaciones petroleras venezolanas alcanzaron recientemente su máximo en cinco años, impulsadas principalmente por las ventas a China y favorecidas por la participación de Chevron en la producción.

Trump, por su parte, ha impulsado la expansión de sus intereses en combustibles fósiles en Estados Unidos, abriendo nuevas áreas de perforación, ofreciendo incentivos fiscales a las compañías de gas y petróleo, reduciendo la supervisión regulatoria y debilitando la competencia en energías limpias. Sin embargo, cualquier reorientación a largo plazo de la economía estadounidense hacia el petróleo requerirá acceso a otras fuentes. Rusia está fuera de la ecuación por el momento. Oriente Medio es impredecible. Venezuela es problemática si su gobierno decide restringir el acceso de Chevron o dar un trato preferencial a China o a algún otro cliente. Así pues, independientemente de lo conciliador que pueda ser Maduro en este momento, la administración Trump quiere garantizar un acceso seguro a los depósitos de Venezuela durante mucho tiempo en el futuro.

La administración Trump ha enmarcado su afán por asegurar materias primas críticas como el litio, las tierras raras y el petróleo como parte de su competencia con China. Sin embargo, China ha anticipado desde hace tiempo la centralidad de minerales clave —por ejemplo, al asumir el procesamiento de tierras raras de Estados Unidos hace algunas décadas— y se está alejando rápidamente de su propia dependencia de los combustibles fósiles. Por lo tanto, la administración Trump llega demasiado tarde y se centra demasiado en el objetivo equivocado.

Venezuela tampoco es el socio más importante de China en América Latina. Pero la administración Trump podría estar atacando a Maduro por ser el eslabón más débil. Según el adagio chino, hay que matar al pollo para asustar a los monos más poderosos. La creciente presión sobre Venezuela es una señal para que China y otros actores poderosos reduzcan sus inversiones en el hemisferio y, más aún, una advertencia para otros Estados latinoamericanos de que es mejor que sigan la línea de la administración Trump, o de lo contrario…

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Fotografía: Rosa Pascual, Albino Prada y Emilio Zunzunegui

Artículo original publicado en sinpermiso.info

Con motivo de la presentación del libro El regreso de China. La globalización imposible la (Universidade de Vigo, 2025, y distribuido por el Consorcio Editorial Galego), Rosa Pascual y Emilio Zunzunegui —miembros del Ateneo Atlántico de Vigo— mantuvieron a finales del pasado mes de octubre una conversación —en gallego— con su autor, que aquí transcribimos. 

¿Por qué elaboraste este ensayo y por qué lo titulas así?

En un momento dado reparé en que en mis cuatro ensayos precedentes, escritos y publicados entre 2020 y 2023, China aparecía más de doscientas veces, y muchas menos Estados Unidos. Por eso creí que debía abordar el tema de China en un ensayo específico, y hacerlo de forma crítica, ni sinofóbica, ni sinófila. Porque además no observé mucho donde elegir en las bibliotecas o librerías.

En cuanto al título, en la primera parte del ensayo recuerdo que China fue la primera potencia mundial en el siglo XV y luego decidió aislarse del mundo exterior, mientras que hoy vuelve a ser una potencia mundial, pero necesita del mundo exterior; de ahí El regreso de China. El subtítulo Globalización Imposible se debe a que su objetivo principal desde la revolución de la década de 1950 —la soberanía nacional— es ahora más que nunca imposible sin definir cuestiones clave que no estén subordinadas a Estados Unidos, como explico en la tercera parte. En otras palabras, hoy en día el vínculo entre la tecnología (digital, IA, big data, etc.) y la soberanía nacional ocupa un lugar central a nivel mundial y está provocando una globalización —un mundo plano— ya imposible.

¿Podrías describir a grandes rasgos las etapas de China desde la revolución?, en la actualidad, ¿representa Xi un cambio importante de rumbo?

En el ensayo distingo una primera etapa (entre 1950 y 1975) de Mao, con un punto de inflexión en la Revolución Cultural. Antes de él, Li Dazhao tomó nota de la experiencia bolchevique e inspirará a Mao para apostar por una revuelta rural contra el neocolonialismo y el fracaso burgués (consolidando el EPL y el PCCh). Se abrirá así una línea de desafíos para la independencia, primero de Japón (1938), luego de la URSS (1963) y ahora de Estados Unidos (desde 2008). Fue aquella una primera larga etapa de desarrollo de las fuerzas productivas, de mejora de la cobertura de las necesidades básicas (educación y salud) y control demográfico.

La segunda etapa (1978-1997) de Deng será igualmente decisiva y tendrá su momento crítico en la revuelta de Tiananmén. Implica una apertura rotunda, pero controlada, al exterior, la incorporación de tecnología y capital productivo (como predijo Ernest Mandel en 1979), una enorme dotación de infraestructura empresarial y urbana. Y como resultado, la recuperación del PIB per cápita, pasando de ser de una quinta parte a alcanzar la mitad de la media mundial.

Ya en la tercera y actual etapa (2000-2024), terminamos con el liderazgo de Xi, que experimenta un momento de inflexión global durante la pandemia de la COVID-19. Con una vertiginosa homologación con la media mundial en PIB por habitante (aun así, por debajo del 30% del de Estados Unidos y del 40% del de España). Pero también llegando a ser mucho más que la fábrica del mundo. Pasan a tener autonomía y liderazgo tecnológico, a gestionar la dependencia energética y alimentaria del exterior, y a afrontar la simbiosis galopante entre tecnología y soberanía nacional.

Desde Hu Jintao (2002-2012), en esta tercera etapa, se enfrentan a la contradicción entre el “crecimiento cuantitativo” y el “desarrollo armonioso” (en materia ambiental, de desigualdad y de bienestar social), lo que yo llamo una sociedad decente. Porque en la China actual, la desigualdad social ha alcanzado su máximo, como diagnostica Piketty (el 10% más rico y el 50% más pobre partían de un mismo 25% en 1980, y alcanzan el 40% y el 15%, respectivamente en 2017), algo en cualquier caso compatible con una disminución radical del porcentaje de la población en situación de pobreza extrema.

China está acelerando el desarrollo económico pareciera que con la idea de que antes de redistribuir la riqueza, esta debe generarse, ¿estamos ante un sistema económico socialista, un capitalismo de Estado o, más bien, un sistema híbrido?

En mi análisis, existen diferencias sustanciales entre el capitalismo financiero de EE. UU. (o el nuestro, donde las finanzas controlan al Estado y se maximizan los ingresos no salariales) y el capitalismo de Estado de China (donde el partido-Estado controla las finanzas y se destina a la formación y acumulación de capital un máximo de riqueza). Lo llamo capitalismo de Estado como Samir Amin en 2014 (lo que en 2020 Branco Milanovic denomina capitalismo político).

En el primer caso, tenemos a un Obama obligado a rescatar a Wall Street en 2008 (y hoy tenemos a un Trump que no puede subordinar la Reserva Federal), y mucho menos a Blackrock o Vanguard. En la UE el actual canciller alemán proviene de Blackrock y en España cambiamos la Constitución en 24 horas. Hablo de capitalismo porque en ambos casos el sector privado empresarial ocupa a más del 70% de los trabajadores en China (en España alcanza el 80% según la EPA del INE), con lo que tenemos un 30% de empleo público en China y un 20% en España. En ambos casos, el poder legislativo-ejecutivo está muy condicionado (por las finanzas o por el Partido-Estado), y siempre con la absoluta subordinación de los trabajadores. Ni siquiera en el sector público de estos capitalismos (ya sea financiero o estatal), un sector que no es de mercado, con trabajadores asalariados y la lógica gerencial del capital, nos encontramos ante un sector socialista.

No obstante, mientras, por ejemplo, el coste de la deuda en España representaba en 2023 tanto como el esfuerzo en I+D e infraestructuras (un 3% del PIB) y se destinaba a los acreedores financieros, en China en ausencia de esos extractores pueden duplicar el esfuerzo en estos gastos.
Actualmente, con la irrupción de la IA, el big data y la tecnología digital, este capitalismo de Estado puede considerarse más disruptivo (y no menos invasivo de la privacidad) que el capitalismo financiero, ya que en él estos no compiten entre sí (por ejemplo, en el sector tecnológico —IA— o la banca).

¿Crees que permite el modelo chino una mayor autonomía para construir democracias igualitarias y sociedades decentes?

Para contestar a tu pregunta debemos enfrentamos a la diferencia entre crecimiento económico y desarrollo social (“sociedad armoniosa” en el argot chino, y “sociedad decente” para mí). Como acabo de decir el objetivo central del crecimiento económico, mediante el fomento de las fuerzas productivas en el capitalismo de Estado chino, se traduce (además de la reducción de su brecha en PIB per cápita con respecto al promedio mundial) en una formación bruta de capital fijo (privado y público) muy superior a los niveles de las economías capitalistas occidentales de escala similar (EE.UU. o la UE).

Hablamos de porcentajes anuales que representan más del 40 % del PIB en un caso y el 20 % en el otro. El doble en el modelo chino. Esto explicaría por qué allí los ingresos más altos se concentran en los sectores que controlan este capital creciente (público o privado), en detrimento de los ingresos de los muchos que dependen del consumo público (servicios públicos) o privado. Con lo que a la postre en los dos modelos de capitalismo (estatal o financiero), una cosa (el crecimiento) no garantiza la otra (el desarrollo social). Porque o bien una buena parte del PIB se destina al uno por ciento, o bien a la acelerada acumulación de capital.

Así pues, los salarios directos se gestionan a la baja (con una alta desigualdad personal y una territorial aún mayor), los salarios indirectos están controlados y limitados por el Estado (salud, educación, dependencia, vivienda), los salarios diferidos (sistema público de pensiones) también son escasos y los derechos de las generaciones futuras están infravalorados (medio ambiente, endeudamiento). En ambos casos se impulsan desigualdades crecientes que impiden la existencia de una democracia efectiva basada en la igualdad (ni dentro ni fuera de la empresa).

Además, en sus relaciones comerciales con el mundo exterior (con subordinación militar en un caso y subordinación blanda en el otro), ambos modelos impulsan una igualación global a la baja en derechos que nos aleja del avance hacia una sociedad decente a escala global.

¿Cuál es tu opinión sobre la sostenibilidad ambiental en estos dos modelos de capitalismo…?

En el dilema entre el negacionismo climático trumpista de un imperio en decadencia y el crecentismo de China, creo que debemos apostar por un menor crecimiento con un mayor desarrollo (también ambiental) en ambos casos. Pero sin nunca olvidar que, en las emisiones totales acumuladas por habitante entre 1850 y 2024 (que son las que causan el colapso climático actual), las de Estados Unidos son cinco veces mayores que las de China.

Esto, como criterio de gestión, obligaría a una disminución de la huella ecológica en el Norte (y de su consumismo) convergiendo por ejemplo hacia la media de Portugal, como ya se decía en el informe Meadows de los años 70, y por tanto descartando la media actual del Norte como posible para el Sur global. Tampoco para China, cuyo principal vector de consumo actual y a medio plazo sigue siendo los hidrocarburos, muchos de ellos importados. Por eso, el modelo de movilidad chino (automóvil, aéreo, marítimo, etc.) no puede imitar al occidental, ya que colapsaría los mercados de hidrocarburos y de materiales críticos (para baterías y energía fotovoltaica), lo que aceleraría aún más la crisis climática… o implicaría un enorme crecimiento del parque nuclear, con los consiguientes riesgos ambientales que heredarían las generaciones futuras.

¿Cómo opera la circulación de capital en estos dos modelos?

En cuanto a la circulación de capital (entradas o salidas), lo primero que hay que destacar es que China cuenta con una capacidad de ahorro que le permite no tener que financiar su deuda pública con recurso al exterior, mientras que es un crucial comprador de deuda estadounidense. En el caso de las inversiones en compras o acciones de empresas hasta el año 2000, eran principalmente receptores. Pero en sectores no estratégicos, en operaciones controladas, casi siempre con condiciones diseñadas (empresas conjuntas, transferencias de tecnología, etc.) para obtener capital industrial. Porque su Comisión Estatal de Supervisión y Gestión de Activos establece siete sectores estratégicos en los que el Estado debe tener control absoluto: armamento, carbón, petróleo, generación y distribución de energía, navegación, aviación y telecomunicaciones.

Es cierto que en los últimos veinte años ha aumentado el número de salidas de capital chino que, en ocasiones, han encontrado barreras de entrada en sectores estratégicos (UNOCAL o Rio Tinto en EE. UU. Aixtron en Alemania o recientemente en Nexperia en Países Bajos). No en sectores alimentarios o industriales no estratégicos. Pero siempre en el capitalismo de Estado chino la circulación de capital es controlada (especialmente las entradas a corto plazo e inestables), cosa que no sucede en nuestro modelo.

China suele ser muy celosa de su no dependencia del mundo exterior, y cuando no le queda más remedio que aceptarla (en energía, alimentación, etc.), intenta asegurarla con inversiones en infraestructuras en los países proveedores (de ahí la Iniciativa de la Franja y la Ruta), o bien atarla con el argumento de ser un cliente gigantesco y buen pagador.

¿Cuál es el grado de dependencia y competencia entre ambos modelos de capitalismo?

En mi libro recuerdo los cinco ejes que definen la dependencia o subordinación entre países según analizó en su día Samir Amin: la tecnología, las finanzas, los recursos naturales, las comunicaciones y las armas de destrucción masiva. Dentro de este marco de análisis, y como ya Ernest Mandel predijo en la década de 1970, lo más probable es desembocar en una “competencia Inter imperialista entre unas pocas superpotencias”. Algo que para Mandel sería más probable en la medida en que los sistemas financieros de esas dos superpotencias —como es el caso hoy entre Estados Unidos y China— fueran independientes.

Sabemos que China nunca ha renunciado al control estatal de las finanzas ni de los recursos naturales, mientras ha estado construyendo su no dependencia en tecnología y comunicaciones, áreas que hoy son inseparables de las armas de destrucción masiva (con un arsenal nuclear disuasorio) y de la IA, en relación al imperio estadounidense/OTAN.

En el caso de los financieros, como anota Dani Rodrik, China practica la “intervención en el mercado cambiario y en los flujos de capital a corto plazo”, lo que le permite mantener un tipo de cambio estable del yuan frente al dólar (algo que no estamos logrando en la eurozona). Por lo tanto, no asumen una devaluación competitiva del dólar como pretende Trump, y como está sucediendo con la UE. También evitan la dependencia de ser gigantescos tenedores de bonos norteamericanos (con creciente riesgo de impago o depreciación) al deshacerse de buena parte de ellos en los últimos años (siendo el sistema financiero de la eurozona el que los está reemplazando).

Y en el sector de las TIC, la IA, el big data, etc., su independencia pasa por barreras de seguridad en el software y evitar las aplicaciones GAFAM, e incluso últimamente (en el caso de Nvidia-Intel-EE. UU.) por no adquirir hardware que pudiera ponerlos en riesgo de vulnerabilidad estratégica (industrial o de seguridad).

En resumen, que si a Estados Unidos no le sirve otro papel mundial que el de ser única superpotencia hegemónica, la China actual es demasiado grande, competitiva y celosa de su autonomía para dejarse subordinar. Podríamos decir que Estados Unidos querría hacer de China otro Japón subordinado, algo que es imposible.

En este escenario, ¿sería posible que la Unión Europea se posicionase como tercer agente global?

Frente a la globalización proteccionista de Trump, China practica una globalización de libre comercio que le permite seguir creciendo con la oferta y la demanda externa (sin importarle las políticas internas de sus socios). Porque su demanda interna (salarios directos y sociales) sigue bloqueada por la enorme contribución a la FBCF. Creo que este es un eje claro en la actual competencia Inter imperialista.

Es cierto que la UE tiene una dimensión suficiente para ser un tercer agente global, pero su lógica confederal y no federal le impide actuar como tal. Y los conflictos en Ucrania-Rusia o Israel-Gaza-Irán vemos que constatan el pobre papel que la UE actual desempeña, más allá del ámbito comercial en un mundo bipolar. Y porque —aún en lo comercial— las dos globalizaciones del Pacífico no priorizan ni el medio ambiente, ni el trabajo decente, ni los servicios públicos o el salario social en el diseño de un sistema arancelario decente. Para así impedir la igualación a la baja que favorecen a las dos globalizaciones mencionadas. Además, en esta parte del mundo, abandonamos los servicios (digitales, IA) al control absoluto de las GAFAM.

En consecuencia, en la última cumbre de la OTAN y en los acuerdos comerciales UE/EE. UU. no se dibuja una Unión Federal Europea soberana en el mundo con un Parlamento sólido. Apenas el mantenimiento de una confederación posdemocrática al servicio de los grupos financieros globales de esta parte del mundo. En los cinco ejes de Samir Amin (militar, digital, energético, financiero, armas, recursos) fracasamos. Porque no asumimos ser un tercer polo en el contexto de la actual bipolaridad entre EE. UU. y China. Nos sumamos como un apéndice subordinado al capitalismo financiero global (Vanguard Group, Blackrock, GAFAM) y a la sociedad de mercado pilotada por Estados Unidos.

A lo largo de tu libro se comprueba la lejanía de esos dos capitalismos respecto a la construcción de una sociedad decente; si una sociedad socialista es imposible sin democracia y pluralismo político ¿es posible que China avance hacia esos dos horizontes?

De entrada, reitero que el sector público del capitalismo (ya sea financiero o estatal) (que puede ser decente y no mercantil, pero siempre con trabajadores asalariados y la lógica del capital) no tiene nada que ver con un sector socialista.

Sobra con decir que la transición de una sociedad decente (con necesidades preferentes no cubiertas a través del mercado) a una sociedad socialista implicaría una reducción radical de la jornada laboral y una renta básica universal que desalarice el trabajo, además de una socialización cooperativa del capital en la línea de las propuestas de John Rawls o de Thomas Piketty.
En otras palabras, mientras que una sociedad decente implica modificar la distribución de la riqueza y los límites del mercado, una sociedad socialista supone cambiar la producción de riqueza y que el trabajo deje de ser una mercancía más. Sobre todo, esto incluí en mi libro un apéndice final titulado Capitalismo, socialismo, democracia.

Por eso los líderes chinos asumen la necesidad de una etapa muy larga (quizás cien años) antes de lo que sería la etapa socialista; para Mao ya en 1963, “el socialismo sería imposible durante décadas e incluso siglos”, y para Deng, la etapa primaria previa (sociedad harmoniosa) sería muy prolongada y podría durar cien años. Deng llegó a decir que “alcanzaremos el socialismo dando un largo rodeo a través del capitalismo”. Aunque creo que con un creciente deterioro democrático y de la igualdad social se puede perder fácilmente ese norte.

¿El acelerado proceso de crecimiento económico chino sugiere alguna lección para el caso de España o la Unión Europea?

Como afirmó en 2018 Dani Rodrick, un autor nada sospechoso de marxismo o izquierdismo:, “China lo ha hecho extremadamente bien con una heterodoxa combinación entre las fuerzas de mercado y el dirigismo estatal. Han reformado la gestión de su economía, pero siempre a su ritmo. Creo que el resto del mundo no tiene mucho que enseñar a los chinos sobre cómo deben gestionar su economía. Y tampoco hay razones por las cuales los líderes chinos deberían escuchar esos ‘consejos’”.

Por eso creo que España, o el conjunto de la Unión Europea, debiéramos tomar buena nota de la conveniencia de, al menos, tener un control público sobre las finanzas y sobre los recursos energéticos. Y no dejarlos en manos de corporaciones privadas. Para no ser una sociedad desorientada y en decadencia.

Sin embargo, para avanzar hacia una sociedad decente creo que debieran ser ellos los que tomasen nota de nuestra actual cobertura —aunque sea insuficiente en muchos casos— de las necesidades básicas: educativas, sanitarias, dependencia, vivienda, desempleo, jubilación.

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“Seguramente ni tú ni yo cambiemos el mundo, mas toma nota: una causa no se vuelve injusta por la derrota. ¿Eres de los que se rebota porque nota que la tierra prometida huele a pota? La gente encima vota, confían en quien luego les azota y les deja la cara rota. Infinitas veces la misma piedra. Mi comprensión se agota” – Folie à Trois

El 29 de abril de este año, el Ayuntamiento de Atlanta (Georgia, EEUU) inauguró el Atlanta Public Safety Training Center, conocido por sus detractoras como Cop City (Ciudad de Polis), un enorme complejo policial valorado en más de 90 millones de dólares (financiado por el gobierno municipal, la Fundación de la Policía de Atlanta y varias empresas privadas), que cuenta con, entre otras instalaciones, una galería de tiro y un pueblo simulado para entrenar misiones cuasi-militares.

Su apertura, lograda tras cuatro de años de movilizaciones, boicots, sabotajes y duros enfrentamientos con activistas, a simple vista simboliza el fracaso de Stop Cop City, un movimiento que, en palabras de las compañeras de Crimethinc, llevó a cabo “la lucha social más importante de la era Biden”¹. Sin embargo, pese a que el fin del movimiento era impedir la creación de Cop City, el movimiento ha sido parcialmente exitoso a la hora de generar dudas y debate social acerca de la creciente militarización de los cuerpos policiales en el país. Es decir, tras cuatro años de lucha, Stop Cop City ha logrado instalar la duda de que la respuesta a todos los problemas sea la represión y acudir a la policía.

El inicio del conflicto

Todo comenzo en abril de 2021, cuando la entonces alcaldesa Keisha Lance Bottoms anunció la construcción del Atlanta Public Safety Training Center, apenas unos meses después de que estallaran, por todo el país, enormes protestas, tanto violentas como pacíficas, convocadas por los movimientos Black Lives Matter y Defund the Police como respuesta al asesinato de George Floyd a manos del agente Derek Chauvin en Minneapolis. 20 millones de personas participaron en las movilizaciones. Durante esa época, las manifestantes quemaron una comisaría en Atlanta y, de forma simultánea, la ciudad sufrió un episodio de violencia institucional similar al de Floyd, cuando un grupo de agentes mató a tiros a Rayshard Brooks.

Por eso, la noticia de que se iban a invertir elevados fondos públicos para financiar un centro diseñado para entrenar a la policía en tácticas de combate urbano (lo cual contribuirá a una mayor militarización de la policía, incrementando la violencia institucional en situaciones cotidianas) generó una enorme indignación en los movimientos antirracistas, antirrepresivos y antiautoritarios que, precisamente, reivindicaban la abolición de la institución o, al menos, una reducción de sus intervenciones y una disminución de su financiación.

La sensación de agravio fue a más cuando se conoció que Cop City se construiría en el corazón del bosque llamado Weelaunee Forest, lo cual tendría (y ha tenido) un importante impacto ambiental (dado que era uno de los pocos pulmones verdes de la ciudad, lo cual ha exacerbado problemas ambientales como la contaminación del aire) y porque ha privado de espacios verdes a los barrios de población negra colindantes (los cuales cuentan con una cantidad de parques y bosques muy inferior a la que tienen los barrios blancos de la ciudad).

Stop Cop City, un movimiento antirrepresivo y ecologista

El movimiento Stop Cop City nació al poco de anunciarse el proyecto. Si bien han participado en el mismo socialistas, comunistas, ecologistas, etc., sus principales organizadoras fueron anarquistas y la forma de organizarse siempre ha sido horizontal y asamblearia.

Las primeras acciones consistieron en realizar sabotajes con cócteles molotov contra las empresas constructoras (Reeves&Young y Long Engineering), aunque tras unas semanas se decidió cambiar de estrategia, dada la falta de apoyo popular a la causa; el número de personas que conformaban el movimiento no era suficiente para resistir a las embestidas de la policía. A partir de enero de 2022 las activistas ocuparon el Weelaunee Forest, construyendo campamentos, casas en árboles y barricadas para bloquear la entrada de maquinaria. Enseguida, la popularidad de su lucha fue en aumento y medios como The New Yorker comenzaron a cubrir las acampadas con una curiosidad casi antropológica.

El modus operandi de Stop Cop City consistía en buscar por el bosque a operarios talando árboles, acercarse a ellos, brazos en alto y obligarles a parar. Por lo general, esta estrategia era suficiente para conseguirlo. A veces tiraban petardos en dirección a los currelas para llamar su atención.

Un día, en junio de 2022, los operarios acudieron acompañados de policías², que encañonaron a las compañeras y las obligaron a retirarse. Esa misma noche, la maquinaria utilizada para la tala apareció quemada. El sabotaje, unido a una campaña de llamadas masivas a las constructoras, consiguió que no se emprendieran obras durante más de cinco meses.

Durante el verano de 2022 cientos de personas cortaron las vallas que impedían el acceso a parque del bosque y acamparon en él. Y durante unos días celebraron un festival musical de “Paz, Amor y Anarquía”.

Durante todos los meses de verano y otoño, organizaciones de derechas y empresarios de la ciudad empezaron a tachar a las activistas de eco-terroristas y a difundir bulos contra el movimiento (como que habían disparado a un obrero), allanando el terreno para una escalada represiva. Y ésta llegó en diciembre de 2022, cuando la Oficina de Investigaciones de Georgia, la policía municipal, la policía condal, la unidad anti-bombas y el Departamento Federal de Seguridad Nacional, acompañados de drones y helicópteros, rodearon el bosque e invadieron el campamento. Algunas activistas resistieron y tiraron piedras a los agentes, aunque la mayoría lo abandonaron, ya que al no haber operarios ese día entendieron que estratégicamente no podían hacer nada para paralizar las obras. Los distintos cuerpos policiales reventaron decenas de tiendas de campaña, pasaron un bulldozer por encima de la cafetería y la enfermería que habían levantado con palés, cortaron hamacas y muebles con sierras mecánicas, cerraron todos los accesos al bosque, dispararon gases lacrimógenos y pelotas de goma y soltaron a perros para perseguir a activistas. Seis de ellas fueron detenidas ese día, una siendo acusada de cometer actos de terrorismo doméstico.

Al día siguiente, las subcontratas entraron en el bosque – por primera vez en más de medio año – y con la maquinaria de obra empezaron a talar árboles a un ritmo frenético, matando a varios animales en el proceso. Únicamente detuvieron su orgía de destrucción cuando algunas periodistas consiguieron acercarse a ellos y empezaron a documentar lo que hacían.

Al día siguiente, la policía obligó a estas empresas a parar su actividad, dado lo caótica y desenfrenada que estaba siendo su actividad. Sin embargo, el empresario a cargo de las obras, Ryan Millsap, recurrió la decisión y un juez estimó su solicitud, alegando que “el bosque ha sido más dañado por las personas que acampaban en él que por lo que se está haciendo ahora” y le concedió permiso para seguir talando. Por ello, las obras se retomaron a principios de 2023. En respuesta, el movimiento Stop Cop City organizó vigilias frente al bosque todas las mañanas y algunas activistas volvieron a encaramarse a árboles.

El asesinato de Tortuguita

En enero de 2023 el conflicto había acaparado tanta atención mediática que importantes figuras de la extrema derecha, como la congresista Marjorie Taylor Greene y el entonces expresidente Donald Trump, quienes calificaron el bosque como “una zona autónoma del movimiento Antifa” que debía ser destruido. Tanto estos políticos como militantes fascistas comenzaron a presionar al gobernador Brian Kemp para que pusiera un fin a la resistencia. Por eso, el 18 de enero de 2023, Kemp envió a la policía estatal para atacar a las personas que se encontraban subidas a árboles.

En torno a las 9:04 de la mañana unos 30 disparos resonaron por el bosque. A las horas, trascendió que el anarquista venozolane Manuel Paez Terán, conocide por sus amigas como Tortuguita, había sido asesinade por la policía. Además, otras cinco personas que fueron detenidas por encaramarse a árboles fueron detenidas y acusadas de terrorismo.

Las autoridades, que ese día no portaban cámaras corporales, alegaron que Tortuguita disparó primero contra ellos. Sin embargo, una autopsia independiente reveló que fue alcanzado por 14 disparos mientras estaba sentade con las manos levantadas.

En los días siguientes se organizaron varias concentraciones en Atlanta, donde alrededor de 300 personas, vestidas de negro, lloraron por la muerte de Tortuguita y corearon “Cop City nunca se construirá” y “maderos, cerdos, asesinos”. Algunas quemaron un coche patrulla. Otras rompieron algunas ventanas de algunos bancos. 18 personas detenidas ese día fueron acusadas de formar parte del grupo que llevó a cabo esas acciones, por lo que bajo la Ley Terrorismo Doméstico de Georgia, que persigue los ataques contra “infraestructuras críticas”, se les acusa de un delito de terrorismo.

Las protestas tras la muerte de Tortuguita y balance de Stop Cop City

La muerte de Tortuguita marcó un antes y un después en el movimiento. Resulta imposible, dado nuestro limitado espacio, hacer un recorrido por todas las fases de lucha y las distintas tácticas que coexistieron: desde sabotajes y manifestaciones (que, además, pusieron en relación el papel del gobierno de EEUU en la aniquilación de Gaza y empezaron a movilizarse de forma conjunta contra la policía y por Palestina) hasta la recogida de 116.000 firmas para exigir que se celebrara un referéndum sobre la construcción del centro policial. Para leer sobre ello en profundidad, os recomendamos una lectura de todos los artículos sobre Cop City disponibles (algunos en castellano) en la web de Crimethinc³ que, además, incluyen análisis interesantes acerca de la importancia de la autoorganización negra en este movimiento para hacer frente al supremacismo blanco.

La conclusión que podemos leer en estas piezas es que el movimiento para detener Cop City fue ejemplar en varios aspectos. En primer lugar, porque arrancó con la premisa de que la victoria era algo factible, por lo que no se limitaron a realizar protestas simbólicas (como hacemos muchas veces) e intentaron luchar, de verdad, para lograr su propósito. Por ello, el movimiento se marcó objetivos concretos y experimentó con una variedad de estrategias para alcanzarlos⁴.

En segundo lugar, las participantes no suavizaron su discurso, ni sus tácticas, por un deseo de atraer a un amplio espectro de personas. Se propusieron crear un movimiento que fuera tanto popular como combativo, en el que la acción directa y el objetivo de abolir la policía eran sus elementos fundamentales. Se aseguraron de articular sus intenciones de forma clara y accesible, dándolas a conocer de manera amplia, con el objetivo de acoger a tantas personas como fuera posible en un movimiento destinado a generar un cambio profundo. “Si todos los movimientos comenzaran desde estos puntos de partida, es probable que muchos de ellos tendrían éxito”, concluyen las compañeras.

El movimiento fue exitoso a la hora de visibilizar que esto se trata de una lucha de clases, en la que hay una obscena desigualdad económica que solo se mantiene gracias al orden impuesto por la policía. Por ello, no sorprende que las autoridades emplearan todos los recursos a su disposición para imponer Cop City en Atlanta, derramando libremente sangre y violando sus propias leyes en el proceso.

A la vista de esto, no podemos juzgar el éxito del movimiento basándonos en si logró su propósito expreso o no, sino valorando el legado que deja tras de sí, cómo influirá las próximas luchas (en cuanto a la solidaridad desplegada y a la variedad de estrategias empleadas) y si ha contribuido a cuestionar la legitimidad de policía en la región.

En la era de Biden, esto bastó para superar la resistencia al proyecto, porque una gran parte de la población se mantuvo al margen del movimiento, conservando la fe en la democracia y el Estado de derecho. Sin embargo, al entrar en la segunda era de Trump, que ya se caracteriza por el abandono de todo compromiso y la erosión de la legitimidad que las instituciones del Estado aún pudieran poseer, nadie podrá mantenerse al margen de las luchas sociales durante mucho tiempo.

Represión y acusaciones

El movimiento Stop Cop City ha llegado a su fin, dada la construcción del centro, pero sus participantes siguen activas, esta vez centradas en la labor antirrepresiva, con manifestaciones en apoyo a las procesadas y recolectando fondos para cubrir gastos judiciales⁵.

Como hemos explicado, el Estado implementó importantes medidas represivas, incluyendo acusaciones de terrorismo doméstico y blanqueo de capitales contra activistas y organizadoras (como, por ejemplo, tres miembros del Atlanta Solidarity Fund, una organización que proporciona apoyo legal a manifestantes, que están acusadas de blanqueo de capitales por reembolsar gastos menores relacionados con las protestas).

En 2023, al menos 61 personas fueron acusadas de “conspiración” bajo las leyes RICO (una legislación diseñada para combatir organizaciones criminales, como la Cosa Nostra), un delito que puede conllevar penas de hasta 20 años de prisión. El perfil de las acusadas es muy variado y oscila de personas acusadas de lanzar cócteles molotov, a otras a las que se les imputa llevar comida a las activistas acampadas en el bosque o repartir panfletos. Sin embargo, en septiembre de 2025, un juez de Georgia archivó el delito de conspiración, manteniendo el resto de acusaciones, incluyendo las de terrorismo. El archivo fue recurrido por la Fiscalía, por lo que, a día de hoy, desconocemos si irán a juicio por supuestamente conformar una organización criminal.

“Stop Cop City everywhere”

Por último, una investigación llevada a cabo por el movimiento antirrepresivo ha desvelado la construcción de centros policiales de tipo militar en numerosas ciudades de otros estados, como San Pablo (California), Plainfield e Indianápolis (Indiana), Hutchinson (Kansas), Owensboro (Kentucky), Niágara (Nueva York), Las Vegas (Nevada), etc⁶. Y el legado de Stop Cop City se ha hecho notar en algunos de estos municipios, como por ejemplo en Lacey (Washington), donde un grupo de activistas boicoteó hace algo más de un año el anuncio de un centro de entrenamiento policial con cánticos como “LPD [Departamento de Policía de Lacey], KKK, IDF: sois todos iguales”, “sin justicia no habrá paz” y “no a la policía racista”.

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1Podéis leer los artículos de análisis (muy extensos e interesantes), publicados en inglés y castellano por Crimethinc en www.es.crimethinc.com/tags/cop-city

2En Estados Unidos las empresas pueden contratar a policías fuera de servicio como vigilantes de seguridad privada.

3En esta web se puede encontrar, además, varias líneas temporales que incluyen todas las acciones que se llevaron a cabo en el contexto de este movimiento: manifestaciones, destrucción de cajeros, pintadas, escraches a jefes de policía y políticos, etc.

4Por ejemplo, desde la web www.stopcopcity.net animan a mandar e-mails y DMs a los promotores de la obra, poniendo a disposición del público las cuentas de sus redes sociales.

5La web www.stopcop.city sigue siendo bastante activa

6En www.es.crimethinc.com/2024/02/07/stop-cop-city-por-doquier-resistiendo-los-centros-de-entrenamientos-policiales-en-todos-lados-con-un-informe-desde-lacey-washington podéis encontrar un mapa con todos los centros policiales que se van a construir.

La entrada El movimiento Stop Cop City en Atlanta: Una historia de resistencia y represión aparece primero en Todo Por Hacer.

En una maniobra que mezcló teatro político y ofensiva contra la disidencia, el pasado mes de septiembre Donald Trump colocó definitivamente la etiqueta de “organización terrorista doméstica”¹ a una supuesta organización que se llama Antifa y que, realmente, engloba a todo el movimiento antifascista. Según su orden ejecutiva, se trataría de una “iniciativa militante anarquista que llama explícitamente al derrocamiento del gobierno de Estados Unidos” y que hace uso de “la violencia y el terrorismo” para reprimir la libertad de expresión y a las fuerzas del orden.

El pretexto fue, como buen ejemplo de cómo funciona la doctrina del shock, el asesinato del influencer de extrema derecha Charlie Kirk el pasado 10 de septiembre y una narrativa diseñada para apuntar al “radicalismo de izquierdas” como amenaza principal del país norteamericano. Pero detrás de este barniz hay mucho más que un simple acto administrativo: hay un cambio de régimen en curso, una profundización autoritaria del aparato estatal y una advertencia dirigida a cualquiera que disienta o se oponga.

Antifa, la organización sin organización

Es de perogrullo, pero en estos tiempos que corren a veces tenemos que aclarar lo más obvio: el antifascismo no es —ni ha sido nunca— una “organización”, y mucho menos una con una estructura jerárquica, un liderazgo claro, un listado de miembros, un cuartel general y un presupuesto. Incluso Cristopher Wray, el director del FBI durante el primer mandato de Trump, siempre lo ha definido como “una ideología o un movimiento”, heterogéneo y descentralizado, rehuyendo de la idea de que se pueda considerar una organización.

El historiador Mark Bray² —autor de Antifa— lo define así: “Antifa puede ser descrito como una especie de ideología, una identidad, una tendencia o un ambiente de autodefensa”. Su eje central es más práctico que ideológico: autodefenderse de los movimientos racistas, fascistas y autoritarios y evitar que crezcan lo suficiente como para que supongan una amenaza real contra personas oprimidas. En este sentido, “el antifascismo es proactivo, no espera a que el fascismo conquiste el poder para actuar e intenta pararlo de raíz”. Bray, además, resalta que el antifascismo además cuestiona las estructuras de poder y dominación que permiten que el fascismo exista, por lo que “el antifascismo no es solo la oposición a los fascistas, sino una lucha por un mundo sin fascismo, sin racismo, sin jerarquías autoritarias”.

Otro historiador, Michael Seidman —autor de Antifascismos, 1936-1945— define el antifascismo como “la ideología más poderosa del siglo XX”, aunque su “naturaleza extremadamente diversa”, a la que se podían adherir comunistas, capitalistas y anarquistas, lo hace difícil de acotar. Por ello, Seidman opta por una definición amplia: antifascismo es (1) la ideología que prioriza la lucha contra el fascismo, (2) que se opone a las teorías conspirativas racistas, antisemitas, anticomunistas, etc. que culpaban a determinadas minorías de los problemas sociales, económicos y políticos existentes y (3) que rechaza el pacifismo, creyendo que es necesario ejercer el poder o la violencia para frenar tanto a los fascismos domésticos como a su maquinaria de guerra internacional.

Cumbre de influencers fachas

A principios de octubre, unas semanas después de designar a Antifa “organización terrorista doméstica”, el presidente Trump, la fiscal general Pam Bondi y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem celebraron una mesa redonda en la Casa Blanca con influencers de extrema derecha y difusores de bulos, autoproclamados expertos en antifascismo, como Jack Posobiec y Brandi Kruse. En ella, declararon que Antifa es una organización que existe desde hace casi cien años, remontándose a la República de Weimar, que es “tan peligroso como la Mara Salvatrucha, ISIS y Hamás” e insistieron en que hay que “aplastarla” por todos los medios.

Contexto de autoritarismo

La designación de “terrorista” de Antifa no es un acto aislado, sino que forma parte de un paquete mucho más amplio de ofensiva del gobierno de Trump contra cualquier disidencia contra el “orden americano” que él lidera.

Tras el asesinato de Charlie Kirk, que Trump y sus aliados vincularon desde el primer momento, sin pruebas, a “las izquierdas” y al activismo antifascista, comenzó a vislumbrarse un plan: “vamos a utilizar todos nuestros recursos para investigar y desarticular estos ‘terrorismos domésticos’”, dijo entonces el consejero Stephen Miller, el personaje más siniestro de la Administración. A partir de ahí, siguiendo el manual de instrucciones del autoritarismo, se ha empezado a abrir un frente amplio contra la oposición, se ha fusionado la seguridad nacional con la represión interna y se han puesto los aparatos federales —FBI, Departamento de Justicia, Servicios de Seguridad Interior, el Departamento del Tesoro, etc— a funcionar a pleno rendimiento contra los críticos del actual ocupante de la Casa Blanca.

La persecución no se reduce al activismo de base: humoristas, periodistas, profesores, migrantes, abogados y organizaciones de migrantes han sido objeto de un control ampliado y muchos han perdido sus trabajos en las últimas semanas.

Incluso antiguos aliados de Trump, como el ex-director del FBI James Comey, o su ex-asesor de Seguridad, el halcón neocón John Bolton, están sufriendo persecuciones políticas de la Administración en los tribunales.

“Anarquistas a sueldo”

Varias ONGs, nada sospechosas de fomentar la violencia, se encuentran bajo investigación de las fuerzas y cuerpos de seguridad estadounidenses, después de que Trump anunciara, en la mencionada cumbre de podcasters fachas, que “los anarquistas a sueldo” quieren “destruir nuestro país”, alimentando el bulo de la financiación de ricos progres del movimiento antifascista. Sostuvo que los “carteles hechos de papel caro” que lucen los antifas han tenido que ser pagados por organizaciones con mucho dinero y que tenía preparados “un montón de registros y malas sorpresas” para ellas.

En consecuencia, el Gobierno ha dado instrucciones de investigar a ONGs (algunas progresistas, otras ni eso) y asociaciones pro derechos humanos, usando la normativa de organización criminal, como la Open Society (la fundación de George Soros), ActBlue (importante financiadora del Partido Demócrata), Indivisible (una organización juvenil vinculada al Partido Demócrata), la Coalition for Humane Immigrant Rights (colectivo de derechos de personas migrantes) y la Jewish Voice for Peace (una de las organizaciones de judíos antisionistas más importante), entre otras. Se están revisando minuciosamente las cuentas de estos colectivos para ver si han apoyado o financiado “el terrorismo” y, mientras la investigación siga en curso, sus exenciones fiscales quedan en suspenso, por lo que muchos acabarán en quiebra tarde o temprano.

Así, lo que se presenta como un ataque a “una organización anarquista violenta” es, en realidad, una estrategia de control político de amplio alcance: criminalizar a manifestantes y activistas sociales, eliminar a organizaciones y a la oposición política y aplastar a cualquier colectivo que se imponga a la agenda de Trump. Dinamitar la democracia liberal, vamos.

Y esto ocurre, además, en un contexto de recrudecimiento de la violencia estatal, en el que los agentes de ICE están organizando redadas racistas masivas en casas, colegios, centros de trabajo, etc., utilizando material militar (helicópteros black hawk, tanquetas, metralletas, etc), entrando en viviendas sin órdenes judiciales, llevándose a 3.000 personas detenidas al día por individuos enmascarados sin identificar, en vehículos no rotulados, trasladando a inmigrantes a centros de detención opacos y deportándolos a países que ni siquiera son los suyos de origen.

De forma paralela, Trump está desplegando al ejército en diversas ciudades del país —aquellas que votaron mayoritariamente al Partido Demócrata—, alegando un problema de seguridad pública, para que patrulle por sus calles, en un ambiente de terror distópico.

Consecuencias reales de la retórica anti-antifascista

En el último mes hemos asistido a casos palpables en los que la criminalización del movimiento antifascista sirve como excusa para perseguir a activistas, académicos o entidades de la sociedad civil. Un caso emblemático es el del propio Mark Bray: tras la firma de la orden ejecutiva de Trump y después de que medios de derechas y el Gobierno le señalaran como un miembro e ideólogo del “grupo terrorista Antifa”³, comenzó a recibir amenazas de muerte y acoso de grupos de extrema derecha en su domicilio (que fue publicado en Twitter). Le dijeron que le matarían delante de sus alumnos, o que quemarían su casa, entre otras lindezas. Por ello, finalmente acabó por exiliarse con su familia a Madrid, desde donde imparte sus clases de forma remota.

La buena noticia es que, pese al cariz que están tomando las cosas, todavía hay muchas personas dispuestas a plantar cara al autoritarismo monárquico de Trump. Un ejemplo de ello es la manifestación “No Kings” (“sin reyes”) que tuvo lugar el 18 de octubre, en la que participaron unas 5 millones de personas en más de 2.100 municipios del país.

¿Y Europa?

Lo que está pasando en Washington es una advertencia de lo que podría importarse dentro de poco a Europa. De hecho, a finales de septiembre, el húngaro Viktor Orbán y el grupo Patriotas por Europa (al que pertenece Vox) solicitaron que el Parlamento Europeo otorgase la designación de “organización terrorista” al movimiento Antifa en Europa.

El manual ya lo tienen estudiado: se empieza etiquetando a un movimiento difuso y sin estructura clara como “terrorista” y se le reviste de amenaza existencial; y el día que ocurra algo, ya sea un acto de violencia, unos desórdenes públicos, una manifestación, lo que sea, se abre el aparato de represión estatal (legislación especial, movilización del aparato policial) y se termina por extender al conjunto de la disidencia (organizaciones antifascistas, colectivos antirracistas, sindicatos, asociaciones de vecinas, colectivos de barrio, etc).

El movimiento anarquista del Estado español conoce muy bien cómo funcionan estos planes de criminalización. Ya lo vivimos hace una década, cuando en 2013 fueron detenidas dos anarquistas (Mónica y Francisco), acusadas de plantar una bomba en la Basílica del Pilar de Zaragoza. Tras ello, varios políticos y medios de comunicación comenzaron a informar, de forma constante, que el anarquismo se estaba organizando para planear atentados terroristas y que estaba “imitando a Al-Qaeda”. Un año después, en 2014, tuvo lugar la Operación Pandora, que en 2015 fue seguida por las Operaciones Piñata, Pandora 2 y Ice, en las que decenas de anarquistas fueron detenidas e imputadas por terrorismo por no se sabe muy bien qué motivos. Por suerte, finalmente todas las causas acabaron archivadas y quedaron en nada, pero la próxima vez el resultado podría ser otro.

Por suerte, hemos sacado aprendizajes de estos golpes y también sabemos cómo debemos actuar: con solidaridad, con determinación, con movilizaciones contra sus discursos criminalizadores y, sobre todo, planteando alternativas a su sistema de dominación, para convertir a los represores en irrelevantes. Es decir, frente a su fascismo, más antifascismo y más militancia en todos los colectivos que buscan erradicar.

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1Las leyes federales estadounidenses no permiten designar a organizaciones nacionales como “terroristas”; solo lo pueden hacer con internacionales. Sin embargo, este escollo legal no ha impedido a Trump hacerlo y ordenar a distintas agencias que comiencen a investigar a personas y organizaciones. En cualquier caso, Trump ahora sopesa designar a Antifa una organización terrorista internacional.

2Hace años, le entrevistamos en este medio.

3Fox News, por ejemplo, le llama Dr. Antifa.

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El pasado mes, Donald Trump volvió a colocarse bajo los focos del espectáculo internacional con la pompa que tanto le gusta. En El Cairo, en una cumbre organizada por el régimen de Al-Sisi, se rodeó de mandatarios de medio mundo —Sánchez incluido— para presentar lo que él mismo calificó de “plan de paz histórico para Gaza”. La prensa más complaciente lo describió como un “acuerdo global”, un “paso hacia la estabilidad” o incluso “el fin de la guerra”. Pero, tras el humo de las declaraciones diplomáticas y las fotos de familia, lo que realmente se ha sellado no es una paz justa, ni duradera, sino un simple alto el fuego. Un respiro temporal que salva vidas —y eso, sin duda, siempre es motivo de alivio—, pero que no pone fin a la maquinaria genocida, ni a la estructura colonial que sostiene a Israel desde 1948.

Los altos el fuego son, por definición, paréntesis. Suspensiones temporales de la violencia, no su final. Y en Gaza, tras dos años de bombardeos continuos, de hambre planificada y de desplazamientos forzosos, cualquier pausa se celebra como una victoria de la supervivencia. En las calles de Rafah o Khan Younis, la gente salió con cautela a respirar el aire polvoriento sin drones sobrevolando el cielo. Pero también con miedo. Miedo a que el silencio fuera solo el preludio del siguiente estallido. Porque los 21 puntos de Trump no alteran en lo más mínimo las causas del horror: la ocupación, el bloqueo, el apartheid y la impunidad de Israel.

Trump, que ya en su anterior mandato reconoció Jerusalén como “capital indivisible” del Estado israelí y avaló la anexión de los Altos del Golán, ha vuelto a poner al servicio de Tel Aviv todo su circo mediático. Su “plan” —negociado sin representantes palestinos y presentado como si fuera una transacción inmobiliaria— tiene más de marketing geopolítico que de diplomacia. El magnate ha hecho lo que siempre ha sabido hacer mejor: vender. En este caso, vender humo revestido de paz. Y detrás de ese humo, hay contratos, licitaciones y futuras inversiones multimillonarias de constructoras y fondos occidentales que ya planean cómo reconstruir (y rentabilizar) lo que las bombas israelíes han reducido a polvo.

El negocio de la reconstrucción es el reverso del negocio de la guerra. Los mismos países que han armado a Israel durante dos años —Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o España, entre otros— serán ahora quienes suministren cemento, tecnología y seguridad privada para “reconstruir” Gaza bajo control israelí. En otras palabras: convertir la devastación en un nuevo nicho de mercado. Las empresas que se enriquecen vendiendo misiles son las mismas que harán caja vendiendo ladrillos, y todo ello bajo la supervisión del “plan de paz” de Trump. El círculo perfecto del capitalismo militar.

Mientras tanto, el gobierno de Netanyahu, que ha firmado el acuerdo, sigue sin disimular que su plan de limpieza étnica perdura. Desde la entrada en vigor del alto el fuego, Israel lo ha violado repetidamente, con más de 256 personas asesinadas —104 de ellas solo el 28 de octubre, el día más mortífero desde el supuesto “fin de las hostilidades”–. Los ataques selectivos, las incursiones terrestres y los bloqueos de suministros básicos continúan con total normalidad, pero con un nuevo envoltorio discursivo digerible para las cancillerías europeas: el de la “defensa preventiva” o el “control de grupos terroristas”.

La hipocresía internacional alcanza niveles obscenos. Los mismos líderes que en Egipto se fotografiaron junto a Trump para celebrar la paz no reaccionan cuando el Parlamento israelí acaba de aprobar la anexión formal de Cisjordania, porque no quieren perder los jugosos contratos que están por llegar. La declaración del Knesset es un paso más en el plan histórico de limpieza étnica que pretende borrar cualquier posibilidad de un Estado palestino. La población palestina, confinada en cantones y zonas “autónomas” cada vez más pequeñas, vigiladas por drones y gestionadas por autoridades títeres, cada vez más cercana a su expulsión total. Y mientras tanto, la ONU emite comunicados, la UE “lamenta profundamente” y los medios hablan de “tensiones” como si se tratara de un conflicto entre iguales.

No hay simetría posible entre una potencia nuclear que ocupa, bloquea y asesina a una población sitiada y empobrecida. No hay “dos bandos”; hay opresores y oprimidos. Y cualquier alto el fuego que no reconozca esa asimetría, que no ponga fin al apartheid y al saqueo sistemático de tierras, no es un proyecto de paz, sino un paréntesis útil para que el ocupante se reorganice y para que Netanyahu pueda afrontar sus crisis políticas internas y mantener la cohesión del Estado.

Y sin embargo, incluso en medio de ese escenario, hay una certeza que se repite desde hace más de setenta años: el pueblo palestino no desaparece. Cada generación ha crecido bajo la ocupación y, aun así, sigue resistiendo. Y ni los muros, ni los drones, ni los “planes de paz” redactados en despachos extranjeros han podido borrar su dignidad.

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